Proceso No. 12696



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL



Magistrado ponente:

Dr. MARIO MANTILLA NOUGUES

Aprobado Acta No. 097



Santafé de Bogotá, D. C. primero (1°) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).



La procesada MONICA VICTORIA CORREA ALZATE quien se halla detenida en la Cárcel Reclusión de Mujeres en Manizales, recurrió en reposición el proveído de fecha primero (1°) de junio del corriente año, en lo referente a la negativa de otorgarle la libertad provisional, que constituye punto nuevo en la citada decisión en la que se resolvió favorablemente otro recurso de reposición, con relación al reconocimiento de rebajas de pena por trabajo y estudio.


Al escrito se le dio el trámite previsto en el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal.



CONSIDERACIONES DE LA CORTE:



En el proveído impugnado la Sala precisó que la peticionaria MONICA VICTORIA CORREA ALZATE tenía derecho a una redención de pena por trabajo y estudio equivalente a trece (13) meses y veintiséis (26) días, los que sumados al tiempo efectivo en reclusión, le permitían acreditar un total de ochenta (80) meses y diecinueve (19) días, superiores a las dos terceras (2/3) partes de la sanción que le fuera impuesta en la sentencia de segunda instancia del Tribunal Nacional, es decir, diez (10) años de prisión como autora del delito de omisión de informes sobre actividades terroristas de que trata el artículo 4° del Decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991.


Como fundamento para negarle a la peticionaria la libertad provisional, la Sala destacó que “A la aquí procesada se le capturó el 11 de octubre de 1993 en compañía de otras personas, durante el allanamiento que se realizó por orden de un Fiscal Regional a un inmueble ubicado en la vereda El Astillero, sector de Aguas Frías del Municipio de Medellín, para procurar la captura de Escobar Gaviria quien pudo escapar del citado lugar”.


“Es claro que quienes se dedican a cumplir actividades de narcotráfico y terrorismo, o quienes de una u otra forma prestan ayuda a aquellos, como ocurre en el presente caso, causan grave daño, incluso de manera irreparable, creando  no solamente un estado permanente de zozobra e intranquilidad a la mayor parte de los colombianos, sino que también acabaron con la vida y la ilusión de un basto sector de la población joven de la sociedad a la cual la peticionaria desea retornar tempranamente”.


“Fuera de los factores objetivos ya analizados, no existen dentro del plenario elementos de juicio concluyentes que permitan a la Corte realizar un pronóstico favorable a la rehabilitación de la procesada, razón por la cual, debe cumplir con la totalidad de la sanción que le fuera impuesta por el Tribunal Nacional en su sentencia de segundo grado, la que viene precedida de la doble presunción de legalidad y acierto, manteniendo su vigencia al menos hasta que se desate el recurso extraordinario de casación interpuesto contra ella” (fl. 147 y 148).


La recurrente en su escrito de reposición, expresa que “Frente al raciocinio hecho por tan alta Corporación en cuanto a que mi personalidad impide un pronóstico favorable para mi readaptación social, es aceptar que pese a mi ejemplar conducta observada durante todo el tiempo de privación de mi libertad, conducta y calificación que hecha por las autoridades y personas competentes, calificaciones éstas que reposan en el expediente, así como también el hecho de no aparecer en el mismo antecedentes penales en mi contra, que indiquen el alto grado de peligrosidad y que mi personalidad no es la adecuada, lo que para mi caso según la presente decisión no sirve ni servirá de obvice (sic) para rehabilitarme ni mucho menos reivindicarme de mi único desacierto cometido y antes sancionado”.


“Pero aún más descabellado es el hecho de afirmarse que debo cumplir con la totalidad de la sanción que me fuera impuesta por el Tribunal Nacional en su Sentencia de Segundo Grado, cuando es el Estado quien no pone a nuestro favor los mecanismos básicos e indispensables para lograr la rehabilitación y readaptación social, y que en las ocasiones que estos se observan a cabalidad y son presentados (como son presentar buena conducta durante la permanencia en el centro de reclusión donde se purga  la condena, la no existencia de antecedentes penales en contra de la penalizada y su personalidad, además el acta  No. 02 proferida por la Reclusión Nacional de Mujeres de Manizales, ficha de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza del 1° cuatrimestre del año de 1.999 y que reposa en el expediente), no se apoya con la decisión de tan magna Corporación mi petición, de LIBERTAD CONDICIONAL. Vulnerando la confianza y fe en el interno rehabilitado ni en el concepto dado por las Instituciones carcelarias con relación a las evaluaciones constantes que sirven para definir y calificar la personalidad de sus internos”.


“Condenarme al hecho de tener que cumplir con la totalidad de la pena, por creer que deseo retornar tempranamente, a mi libertad es condenarme a una sanción doblemente impuesta al desatender los postulados y requisitos cumplidos, negándome el derecho a mi libertad ganada y pretendida”.


Concluye la libelista que continuar marginada de su familia y de la sociedad a la que pertenece, es alargarle innecesariamente “la purga de mi condena”, además del desconocimiento de derechos fundamentales como su “GANADA LIBERTAD” la que considera ha alcanzado con el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos que exige la ley.


En primer término debe hacérsele claridad a la recurrente, que según el artículo 101 de la Ley 65 de 1993, los jueces, en este caso la Corte “..para conceder o negar la redención de pena, deberá tener en cuenta la evaluación  que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez.....se abstendrá de conceder dicha redención...” (negrillas fuera de texto).


Es claro entonces que la conducta observada por un interno durante el tiempo en reclusión y la evaluación que las autoridades carcelarias realizan respectos de las actividades cumplidas por aquél, permiten al Juez reconocer o no las rebajas de pena que reclame y pueda tener derecho el recluso, más no que esas precisas evaluaciones correspondan a la personalidad del interno para los fines del instituto de la libertad condicional o provisional como erradamente lo afirma la libelista, pues la competencia de Junta evaluadora del trabajo, estudio o enseñanza, lo es exclusivamente para determinar si dichas actividades han sido o no cumplidas en forma satisfactoria por el recluso, única manera para que las mismas sean consideradas por la autoridad judicial como válidas para redimir parte de la sanción impuesta en la sentencia o la que eventualmente le pueda corresponder si ésta última aún no se ha proferido.


En cuanto tiene que ver con la evaluación de la personalidad que el juzgador debe realizar respecto de cada procesado en particular, la Sala en reiterados pronunciamientos ha puntualizado que con base unas bondadosas referencias personales que las autoridades carcelarias puedan haber realizado para los fines antes indicados, no pueden resultar suficientes para una valoración integral de su personalidad, pues no resulta acertado prescindir de las condiciones bajo las cuales se llegó a cometer la infracción juzgada, “...porque jamás podrá equipararse esta valoración para los casos de un delito pasional u ocasional, con las que se refieren a un delito cuya comisión ha implicado el montaje de una verdadera empresa que no desaparece por el solo hecho de la entrega o captura de uno o algunos de sus integrantes, dado que en éste último caso, es responsabilidad del juez ante la ley y la comunidad, la de tomar certeza y contar con garantía en cuanto aquella organización preparada para la actividad ilícita haya desaparecido real y radicalmente, o distanciado por lo menos e irrevocablemente de su actividad al sentenciado, ya que de otro modo, flaco servicio se le prestaría a la sociedad y al cumplimiento de los fines de la pena, con simplemente anticipar la posibilidad de que el sentenciado se reincorpore a aquel ambiente y retome aquellos medios y propósitos que lo habían llevado a la comisión de su infracción".


".....Tan complejas organizaciones y actividades, elaboradas y cuidadosamente concebidas y ejecutadas, es racionalmente comprensible que tengan hundidas profundamente sus raíces, sin que hagan fácil, por lo mismo, su desmonte y desvertebramiento, circunstanciando, obviamente, dentro del análisis de esos 'antecedentes de todo orden' la complejidad que representa en casos como el presente la valoración del pronóstico de que se hiciera cita en un inicio"  (auto del 16 de marzo de 1995), criterio que se ha mantenido en los casos de narcotráfico, terrorismo y otros de suma gravedad, cuya conducta de sus autores y copartícipes, merecen mayor severidad no solo en la fijación de la pena, sino también en el reconocimiento de los subrogados penales, sin que esto último comporte una doble sanción como la libelista afirma.


Para tener derecho a la libertad condicional o provisional, es decir, de manera anticipada, han de estar acreditados suficientemente no solamente los requisitos objetivos de la pena, sino también aquellos del orden subjetivo cuya valoración, se reitera, corresponde exclusivamente al funcionario judicial con fundamento en las referencias procesales y “los antecedentes de todo orden”, que no pueden quedar limitados a la simple existencia o no de fallos condenatorios anteriores por delitos o contravenciones.


En consecuencia, la determinación atacada de no conceder la libertad provisional a la recurrente, será mantenida.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, NO REPONE su proveído del primero (1°) de junio del corriente año, en cuanto negó a la procesada MONICA VICTORIA CORREA ALZATE la libertad provisional.


Notifíquese y cúmplase.                                                          




JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO



FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL                RICARDO CALVETE RANGEL                        


JORGE E. CORDOBA POVEDA                    CARLOS A. GALVEZ ARGOTE               


                

EDGAR LOMBANA TRUJILLO                     MARIO MANTILLA NOUGUES                 



CARLOS E. MEJIA ESCOBAR                           NILSON PINILLA PINILLA                                   


PATRICIA SALAZAR CUELLAR

Secretaria






















Proceso No. 12696



       CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

       SALA DE CASACION PENAL



                          Magistrado Ponente:

                          DR.MARIO MANTILLA NOUGUES

                          Aprobado Acta No.124



                          Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999).



                          La procesada MONICA VICTORIA CORREA ALZATE mediante escrito dirigido a esta Corporación desde el Centro de Reclusión de Mujeres de Manizales, DESISTE del recurso de casación interpuesto en su representación contra la sentencia de fecha mayo 16 de 1996 proferida por el Tribunal Nacional, mediante la cual modificó la de primera instancia de un Juzgado Regional de Medellín que la condenó a la pena principal de 12 años de prisión por el delito de omisión de informes sobre actividades terroristas que contempla el artículo 4� del Decreto 180 de 1988 (introducido a la legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991), en el sentido de fijarle por dicha conducta diez (10) años de prisión.


                         Recibido el proceso en esta Corporación y cumplido el reparto, por auto de fecha 11 de febrero de 1997, se declaró ajustada a derecho la demanda presentada a nombre de la citada procesada, ordenando correr traslado al Señor Procurador Delegado en lo Penal a fin de que emitiera su concepto en el término del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.


                          En escrito recibido el 26 de julio del corriente año, la procesada consigna que desiste del "recurso interpuesto en esa Corporación".


                          De conformidad  con lo establecido por el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, es viable el desistimiento del recurso extraordinario de casación, únicamente mientras el proceso no haya ingresado a Despacho para fallo, requisito que no se dá en el presente caso, pues la Secretaría puso el asunto a disposición del Magistrado Sustanciador el 16 de julio del año próximo pasado, para la elaboración del respectivo proyecto de sentencia que ponga fin al recurso extraordinario de casación.

               

                         Así las cosas, ha de concluirse que la manifestación de desistimiento debe ser inaceptada por extemporánea y como consecuencia de ello, ordenarse que una vez en firme esta decisión, el expediente vuelva al Despacho del Magistrado sustanciador para los fines legales pertinentes.


                          En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,



                          R E S U E L V E :



                          1.-INACEPTAR el desistimiento del recurso extraordinario de casación impetrado por la procesada MONICA VICTORIA CORREA ALZATE, por las razones consignadas en precedencia.


                          2.- En firme esta providencia, vuelvan las diligencias al Despacho del Magistrado sustanciador para la elaboración del respectivo proyecto de fallo que deba proferirse.


                          Notíquese y cúmplase.                



                       JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO






FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL                JORGE E. CORDOBA POVEDA



CARLOS A. GALVEZ ARGOTE                        EDGAR LOMBANA TRUJILLO



CARLOS E. MEJIA ESCOBAR                        MARIO MANTILLA NOUGUES



ALVARO O. PEREZ PINZON                        NILSON PINILLA PINILLA




                       PATRICIA SALAZAR CUELLAR        

                           Secretaria













Proceso N° 12696


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL





Magistrado Ponente:

Dr. MARIO MANTILLA NOUGUES

Aprobado Acta No. 198




Santafé de Bogotá, D.C., diciembre catorce (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999).




Decide la Corte el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 16 de mayo de 1996 por el Tribunal Nacional, mediante la cual con modificación y parcial revocación de la de primera instancia se condena a MONICA VICTORIA CORREA ALZATE a la pena principal de 10 años de prisión  y multa por valor equivalente a 10 salarios mínimos legales como coautora del delito de omisión de informes sobre actividades terroristas  - artículo 4º Decreto 180 del 1988, Decreto 2266 de 1991.


En la misma providencia se declara la nulidad de lo actuado en relación con los coprocesados   Ana Ligia  Rueda  y   José Urbano Ortíz.



HECHOS Y ACTUACION PROCESAL



Al tener conocimiento el bloque de búsqueda de la Policía Nacional que en un inmueble rural ubicado en la vereda Artillero, sector Aguas Frías, Barrio Belén de Medellín se podía encontrar Pablo Escobar Gaviria, el 11 de octubre de 1.993, se practicó una allanamiento al referido predio logrando decomisar los siguientes elementos: tres radios de comunicación, dos antenas y un cargador de baterías, así como material de uso privativo de la Fuerza Pública consistente en un fusil Ak-47, tres proveedores para el mismo, un fusil Colt- R-15, un proveedor para éste y abundante munición calibre 223, dinero en considerable cantidad; y aunque el individuo buscado logró evadir a la autoridad, en el referido inmueble se logró la captura de las mujeres ANA LIGIA  RUEDA   y  MONICA  VICTORIA  CORREA  ALZATE y el conductor de un taxi que fue requerido por radio teléfono con el fin de prestarle ayuda, mensaje que fue interceptado por el citado Bloque de Búsqueda de esa manera se capturó a JOSÉ  URBANO  ORTIZ RUEDA.


Una Fiscalía Regional de Medellín  abrió la investigación y vinculó mediante indagatoria a los referidos, contra  todos los cuales  profirió resolución de acusación por los  delitos   de omisión de informes sobre actividades delictivas terroristas tipificado en el artículo 4º. del Decreto 180 de 1988, convertido en legislación permanente  por el Decreto 2266 de 1991  y  contra  la referida  ANA LIGIA  RUEDA   además por porte ilegal de arma de fuego de uso privativo de la Fuerza Pública,  en calidad  de  cómplice. (fls. 411 y ss.  cd. 1).   Esta   providencia fue  confirmada en  apelación el 18 de enero de 1995 por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal  Nacional..


Celebrado el juicio, un juzgado regional emitió fallo de condena contra todos los procesados por los mismos delitos, (fls. 114 y 150 cd. 2)  de la resolución   acusatoria;     pero  el  Tribunal Nacional,  al conocerlo en  apelación y por consulta,  considerando que  se  había transgredido el derecho de defensa de los procesados  ANA  LIGIA RUEDA  y  JOSE URBANO ORTIZ RUEDA por haber sido oídos en indagatoria   sin la asistencia de profesionales del derecho  - pese a haber sucedido  antes de la declaratoria de Inexequibilidad del artículo148 del C. de P. P. en el aparte que lo permitía -    declaró  respecto de  éstos la nulidad   de lo actuado  desde  su declaración indagatoria  excepción hecha “de las pruebas que fueron legal y oportunamente allegadas”,   mientras que en relación con   MÓNICA VICTORIA  CORREA  ALZATE, con modificación a la pena,   confirmó   la sentencia condenatoria.    (flls. 39-79 cd. Tr.).


Esta procesada   interpuso dentro de la oportunidad legal  el recurso extraordinario contra la  sentencia de segundo grado.




LA    DEMANDA



El defensor sostiene que la sentencia fue dictada en juicio viciado de nulidad con fundamento legal en el artículo 220 causal 3ª del Código de Procedimiento Penal.



CARGO PRIMERO:


La procesada fue oída en indagatoria el 13 de octubre de 1993 sin la asistencia de abogado, pues para la ocasión se le nombró como defensora a la ciudadana Liliana Calle, quien  no es abogada, con violación del  derecho de defensa  consagrado en el inciso 3º del artículo 29 de la Constitución Nacional.



Agrega  que la irregularidad  no fue subsanada  por el hecho de que  al día siguiente,   en ampliación de  su indagatoria la procesada fue asistida por el abogado Néstor Salgado,  “tanto menos  -precisa-   cuanto que en aquella  pretendida diligencia de ampliación  … no fue interrogada  acerca de las circunstancias  y hechos de que trata  el artículo 359 del C. de P. P., ni mucho menos en cuanto al delito  de omisión de información sobre actividades terroristas” por el cual posteriormente fue acusada y condenada.  Tampoco  se la interrogó sobre sus condiciones civiles y personales, con el pretexto de que había sido preguntada sobre esto en la primera sesión de la diligencia.



Con estas omisiones del funcionario investigador se transgredió a la procesada el derecho de defensa.    Estima que  la ampliación  del acto  inválido  “no tiene la virtualidad para convertirlo en vigoroso o eficaz  jurídicamente”.



CARGO SEGUNDO:


Sin embargo de haber planteado   en la censura precedente los  hechos  en que lo hace consistir,  lo reitera de manera independiente:


La sentencia se dictó en juicio viciado de nulidad por quebranto del derecho de defensa, en cuanto la procesada no fue interrogada ni el 13 ni el 14 de octubre de 1993, fechas en que rindió indagatoria, “acerca del delito de omisión de informes sobre actividades terroristas”   por el cual fue acusada y condenada. En apoyo a de su argumento transcribe en extenso un fallo del 27 de agosto del 92, de esta Corte,  por  encontrarlo pertinente.


Asegura que la incriminada “ninguna manifestación hizo sobre el delito”  de  omisión  de  información  sobre  actividades  terroristas


“por la sencilla razón de que nada le preguntaron acerca de ese aspecto.   Por  ejemplo , teniendo en cuenta lo expuesto por la H. Corte …en la sentencia transcrita ….  Hubiera podido explicar, como todo lo indica que es la realidad, que no tuvo conocimiento de que el señor  que llegó  a la casa  en la cual fue capturada hubiese realizado u ordenado llevar a cabo actos terroristas, y que , por lo mismo, no podía  informar a las autoridades acerca  de hechos inexistentes, o hipotéticamente , aceptar que sí existieron tales actividades por parte del mencionado sujeto  u otras personas, pero no los comunicó a la justicia por  temor  fundado  a que  atentaran contra su vida, etc., o planteando circunstancias de atenuación”.


Estimando transgredido el derecho de defensa a la procesada,  con apoyo en los dos reproches,  formula su solicitud casacional deprecando que la Corte decrete la nulidad de lo actuado  a partir e inclusive de la diligencia de indagatoria.



EL MINISTERIO PUBLICO




El señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal en su concepto  prohíja  el segundo cargo de la demanda  y por tanto, sugiere acceder a la solicitada casación.


Para desechar el primer aspecto tratado en el cargo  -no haber sido asistida  la procesada en la primera sesión de su indagatoria por un profesional del  derecho-, reconoce el funcionario que esta diligencia se cumplió antes de la declaratoria de Inexequibilidad parcial del  artículo  148 del C. de P. P. que lo autorizaba,  advierte que  el tema  “… se despacha desfavorablemente ….. dada la naturaleza de una ciudad con las características de   Medellín, en la que … prestan su servicio  buen número de abogados”, no obstante lo cual  considera  que la irregularidad  denunciada no tuvo  ocurrencia  porque  las dos sesiones de indagatoria conformaron  “una unidad espacio - temporal”  y en la segunda la procesada  sí contó con la asistencia de un abogado   que tuvo ocasión de  “controvertir las imputaciones  efectuadas en  la indagatoria inicial”.   En relación con la alegada omisión de las formas  exigidas por el artículo 359 del C. de P. P. para lar recepción de la indagatoria sostiene que  esa unidad conformada por las dos sesiones de la indagatoria  relevaba  a la Fiscalía de repetir  esas formas que se habían cumplido en la primera.


       En alusión a la falta de interrogatorio sobre el delito por el cual la procesada fue acusada y condenada,   a que también refiere  el censor en  este cargo, considera que  este reparo desconoce la técnica de la demanda de casación  por tratarse de una causa de nulidad  “con una base argumental totalmente diversa”  que no puede desarrollarse en el mismo discurso, sino por separado, como lo hizo al presentar un segundo cargo  sobre el tema.


Haciendo eco al segundo cargo de la demanda, considera  con el casacionista,  que la procesada no fue interrogada  en  su indagatoria  “por las circunstancias fácticas alusivas al delito o, respecto de  aquellas relacionadas con cualquiera de  las conductas que encierran el tipo por el que se le llamó a juicio y luego se le condenó”, y en el interrogatorio  “se basó primordialmente en auscultar algunas circunstancias fácticas  concomitantes  a su captura o que le  antecedieron, ilustrativas pero inconexas totalmente con las sindicaciones  …”.


Tras un breve análisis  de la necesidad del  correcto interrogatorio en la injurada y su importancia,  y advirtiendo con referencia  a un segmento jurisprudencial que trae en apoyo  de su criterio,  que no puede  exigirse que en  esa clase de diligencia  deba enterarse al procesado    “de la calificación jurídica que hasta el momento recibe la conducta objeto de reproche”,  y que  “si ya mediaba  una decisión sobre su situación  jurídica  enmarcando   provisionalmente  la  conducta en el tipo  …, se hacía menester  indagar nuevamente a la sindicada …  para así corregir  las deficiencias de las anteriores diligencias…”,  termina por admitir el motivo de nulidad alegado por la defensa, sugiriendo que debe declararse “hasta la indagatoria  a efectos de que se corrija el yerro”.


CONSIDERACIONES



Al  cargo primero  que afirma la nulidad del proceso por dos razones: la  primera,  por desconocimiento del derecho de defensa, al haber sido  escuchada  en  la primera sesión de esa diligencia  con la asistencia de una ciudadana carente de la  calidad de abogada, y la segunda,  por no haberla interrogado el  Fiscal en la indagatoria sobre los hechos  constitutivos del delito por el cual  fue acusada y condenada.


Aunque el factor  técnico de  la  demanda  se  resiente porque pese a tratarse de dos motivos  diferentes de  nulidad, los involucra en la misma censura, cuando lo debido, conforme a lo  preceptuado en el artículo 225-4 del C. de P. P.,  era  separarlos  y argumentar independientemente; no obstante es preciso reconocer que  la falla  aparece  enmendada  por el propio demandante  al formular como cargo segundo  sus objeciones por la deficiencia del  interrogatorio formulado  a la sindicada en la indagatoria.    Se  fijará  entonces la atención  de la Corte, en el primer aspecto  de este reparo:  el nombramiento de una persona no profesional del derecho para asistir a la  procesada en la primera sesión de su indagatoria, que  se cumplió el 13 de octubre de 1993.


El respeto por los derechos fundamentales como el de defensa del sindicado al momento de rendir su indagatoria, ha sido tema recurrentemente tratado por esta Sala,  que aún cuando el primer inciso del artículo 148 del C. de P. P. autorizaba la habilitación de ciudadanos honorables no servidores públicos para esa ocasión, no vaciló en reconocer su transgresión en los eventos en que consideró injustificada esa habilitación; sin embargo, a raíz de la expedición por la Corte Constitucional, de su sentencia C.049 del 8 de febrero de 1996, declarando la inexequibilidad de ese segmento normativo, esta Sala continúo aceptando la validez del nombramiento de esos ciudadanos como defensores para la indagatoria, salvo manifiesta irregularidad, claro está, siempre y cuando hubiera ocurrido antes del referido fallo constitucional. Así se ha precisado en varios pronunciamientos, unos de ellos el auto del 6 de mayo de 1998 (M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla).


En ese orden, la procesada  comenzó a rendir su indagatoria el 13 de octubre de 1993    a las siete de la noche,    cuando se encontraba en plena vigencia la  autorización  de habilitar personas honorables no servidoras públicas  para asistir en indagatoria, y aunque  la diligencia se surtió en Medellín, ciudad  en donde efectivamente  existen numerosos abogados,  ni el recurrente lo demuestra, ni el proceso lo  revela,  que   la designación de la ciudadana  que la asistió en esa oportunidad  fue fruto de la arbitrariedad  del funcionario investigador, de otro lado por la hora nocturna en que se inició la diligencia, (fls. 23 y ss. cd. 1), es muy posible que  los abogados en ejercicio no estuvieran en disponibilidad, de manera que  no  existió el pregonado quebranto del derecho de defensa, que  generosamente  el Tribunal  Nacional   dio por desconocido  por la misma causa  para los otros  procesados   al anular  la  actuación,  en desafortunada  decisión que si no cobijó  a la recurrente, fue porque  ésta  solicitó ampliación de la diligencia al día siguiente y designó abogado de confianza para que la asistiera (fls. 51 y ss. cd. Id..).


Síguese por consecuencia,  la improsperidad de este reparo.


Tampoco el  cargo segundo tiene la virtualidad de remover el fallo demandado.


Radica esta acusación en que la procesada  en su indagatoria no fue interrogada por el Fiscal  “acerca del delito  de omisión de informes sobre actividades  terroristas  previsto en el artículo 4º. del Decreto 180 de 1988”  por el cual fue enjuiciada y condenada.


Al desarrollar el planteamiento el demandante asevera que la incriminada “no hizo … ninguna  manifestación en cuanto  al delito precitado  … por la sencilla razón de que nada le preguntaron acerca de ese aspecto”, de donde colige que  se  le desconoció el derecho de defensa  y el proceso debe ser anulado desde la injurada.


La función de la indagatoria es permitirle a quien la rinde conocer y explicar unos hechos posiblemente delictivos que se le imputan, independientemente de su calificación jurídica, la cual se encuentra reservada para los momentos de la resolución de la situación jurídica, la acusación y la sentencia.  Así lo ha sostenido la  Corte y es preciso reiterarlo hoy ante la situación que refleja  el  proceso en el cual  se ha dictado la sentencia recurrida.


En ese orden el interrogatorio contiene los hechos materia del proceso y por lo tanto es errónea la apreciación del censor, con mayor razón cuando de las respuestas suministradas por la acusada, no hay duda sobre el conocimiento que ella tenía frente a los cargos que se le imputaban.


De esa manera, del texto de las diligencia de  indagatoria se evidencia que se le hicieron conocer los hechos  que motivaron su vinculación y a partir de ello suministró las explicaciones que estimó  del caso, consistentes en una persistente evasiva sobre  los motivos de su presencia en la finca allanada, no sin afirmar  que  conocía a través de los medios de comunicación  al  delincuente Pablo Escobar Gaviria  y que  éste portaba  dos armas, una de ellas, un fusil  que  ella pudo ver cuando su compañera de  permanencia en el inmueble lo puso al alcance de Escobar  en el momento en que se disponía a abordar el helicóptero en el cual se evadió del lugar  poco antes de llegar la Fuerza Pública..


En la primera sesión, luego de sus generales de suministró como  versión sobre los motivos de la captura:


“… Ya al  otro día nos encontramos  doña ANA LIGIA RUEDA y yo…. Yo me fui con ANA LIGIA  para San Antonio …  Llegamos a la finca iban siendo las seis de la tarde y en esa finca no  había nadie.  ANA LIGIA …  abrió  la  pieza  y la cocina ella  llevaba  llaves  a  la  casa grande  de la  finca  no entramos.   Hicimos  la comida nos acostamos  ya estaba oscuro.  Como a eso de las nueve de  la noche del domingo llegó un señor, tocó y nos dijo hola y no nos dio la cara entonces él tenía llaves de la casa grande …, abrió y entró  él se acostó y apagó las luces.   Al lunes el señor se levantó a las once de la mañana pidió un desayuno  doña  ANA LIGIA… se lo llevó  ….Como a la una de la tarde yo salí de la cocina y en la tablillita dejó el señor que había llegado dejó una ropa sucia  yo la cogí y la lavé junto con una mía  y de la señora  ANA ….  Yo me fui a lavarla y cuando terminé de lavarla  me senté  con la señora  en la cocina a ver televisión.  Cuando nosotras estábamos  en la cocina a eso de las cuatro …  de la tarde del  día lunes salió de la casa de él el señor que había llegado yo miré hacia la ventana de la cocina y vi  pasar  un señor que llevaba una camiseta roja y una chaqueta azul, como medio barbadito, como cumbambón  … sin bigote, con cabello crespo y estaba peinado ….y se fue  él salió por detrás de la casa.   Como a eso de las cinco  … llegó un helicóptero, yo estaba en la cocina y entonces salí y me senté en una banquita  … cuando al momento llegaron tres policías ….”.


A las preguntas más caracterizadas del interrogatorio replicó:



“PREGUNTA:  Cómo, cuándo y dónde conoció usted  a  ANA LIGIA RUEDA  ?    RESPUESTA:    Yo la conocí  en un almacén …De eso hace seis meses ….yo la volví a ver  y la saludé fue casualidad que nos hubiéramos encontrado en la oriental …y me dijo que si no quería acompañarla a cuidar una finca, y como ella está tan viejita , yo la acompañaba  y ahí quedamos de encontrarnos el domingo …, para irnos a esa finca  …PREGUNTA.:  Sabía usted a qué lugar iba a acompañar a  ANA … RESPUESTA.:  No señora,  Yo le pregunté para donde íbamos y ella me contestó que para una finca  de San Antonio , que era de propiedad de una señora Helena yo no le pregunté el apellido y ella tampoco me lo dijo  yo no la conozco a ella tampoco ….PREGUNTA.: Le dijo  a usted ANA … qué labores iban a desempeñar en la finca?  RESPUESTA.:  A cuidar la finca. …. PREGUNTA:: Por  qué motivo  ANA  … la escogió a usted para acompañarla a cuidar la finca?  RESPUESTA.: Yo no se.  PREGUNTA.: Qué la motivó a usted a acompañar a ANA  … RESPUESTA.:  Porque me dió pesar para acompañarla.  Ella no me obligó ni nada, yo me fui y no le hice ninguna pregunta al respecto … PREGUNTA.:  Sabe usted si ANA  … conocía al señor  que llegó a la finca que estaban cuidando?  RESPUESTA.:  No no se si lo conocía.  PREGUNTA.: Cuando el visitante llegó a la finca, qué actitud tomó la señora  ANA ..? RESPUESTA.: Nada, no dijo nada, él entró a la casa y nosotras nos quedamos en la pieza y nos acostamos … PREGUNTA.: Preguntó usted  en algún momento quién era el visitante…?  RESPUESTA.: A nadie.  PREGUNTA.: En este momento sabe usted quién fue el señor que visitó la finca?.  RESPUESTA.: El coronel me dijo que era PABLO ESCOBAR.  PREGUNTA.:  Conoce usted a Pablo Escobar?  RESPUESTA.:  No.  No lo visto nunca,  lo he visto por televisión.  PREGUNTA.: Usted dice haber visto a PABLO ESCOBAR por televisión, se le pareció al señor que visitó la finca ?  RESPUESTA.:  No, no.  PREGUNTA.:  Sabe usted  en qué lugar fueron encontradas las armas decomisadas en el operativo, al igual que el dinero?. RESPUESTA.:  En la casa de la finca  en donde estaba el señor que visitó la finca.   Todo lo sacaron de la casa y lo tiraron en el piso y ahí fue donde los ví en el corredor.   PREGUNTA.:  Sabe usted manejar armas?  RESPUESTA.:  No.  PREGUNTA.: Ha pertenecido o pertenece  usted algún grupo de narcotraficantes?. RESPUESTA.: No.  PREGUNTA.:  Pertenece o ha pertenecido usted a un grupo ilegalmente armado?. RESPUESTA.: No, yo no conozco eso.   PREGUNTA.: Conoce usted o ha tratado personalmente a integrantes de grupos de narcotraficantes? RESPUESTA.: No.  PREGUNTA.: Conoce usted o ha tratado personal y directamente a integrantes de grupos ilegalmente  armados? RESPUESTA.: No. “.(fls. 28-29 cd. 1)



       Al día siguiente, por  solicitud de la propia sindicada,  fue  conducida a ampliar su indagatoria (fl.49):


PREGUNTA.:  Sírvase hacernos un relato claro y preciso de los puntos que desea ampliar … RESPUESTA.: Que cuando llegó el helicóptero, la señora ANA LIGIA …, … fue ella a la pieza del señor que habitaba allá y sacó una arma larga y un maletín,  se fue detrás de la casa y junto  a un potrerito ahí los dejó.   Allí dejó el arma larga y el maletín y ya.  ….  También  deseo manifestar  …- aquí describe físicamente al individuo de que ha venido hablando -   Cuando el señor llegó así para la casa  él llegó con dos maletines, uno largo y otro pequeño, un maletín largo y entonces  el coronel dijo:  que ahí  estaba dizque un fusil…,  ahí habían unas carpas y un poco de cosas, los maletines eran más bien negros ,  el señor se entró a la pieza , para la casa de él  y ya  no volvió a salir más …. PREGUNTA.:  Había  visto usted esta persona con anterioridad?  RESPUESTA.:  No señor nunca.  PREGUNTA.: Sabe usted si el mismo señor conversó algo con la señora  ANA … RESPUESTA.: No señor, ella y yo estuvimos juntas …PREGUNTA.: Conoce usted personalmente o en fotografías a Pablo Escobar Gaviria? quien es requerido públicamente por la justicia colombiana ?   RESPUESTA.:  Vea  en el batallón me mostraron  unas fotos y ninguna de esas es ese señor, las fotos que me mostraron eran del señor  PABLO ESCOBAR,  ninguna de esas era, porque ninguna se parece a él, al señor Pablo  Escobar ,  yo lo conozco a él en fotografías. ….PREGUNTA.:   Dentro de  los dos maletines  que se le colocan  …reconoce usted alguno de estos, como el que  doña … lanzó  hacia el protrero?  RESPUESTA.:   Este maletín que me acaban de poner de presente , ese es el que sacó la señora … de la casa y lo levó al protrero …..Y el otro maletín … también con ese también llegó ese señor … …PREGUNTA.:   Libremente así es su voluntad sírvase decirnos  si las dos armas de fuego que le coloco de presente  las ha visto si los reconoce?… RESPUESTA.:   Sólo la negra, que es la que sacó esa señora …. De la pieza  del señor,  el tal  Pablo escobar, con el bolso negro  (la indagada indica el fusil Colt AR-15 calibre 323 …PREGUNTA:  Libremente díganos sabe usted qué contenían esos dos maletines? RESPUESTA. :No lo sé cuando el señor llegó que los llevaba…PREGUNTA.: Cuál  fue la reacción de ANA …. ,cuando sintió los motores o ruido del helicóptero?  RESPUESTA.:  no las dos salimos …. Ella vio cuando vio que el helicóptero  aterrizó  fue cuando entró a la misma pieza y sacó el maletín y el fusil …(fls. 51-55).


La persistente negativa de la sindicada en el interrogatorio demarcó la pauta del interrogatorio al investigador, y es evidente que a pesar de  su reticencia,  éste  le hizo saber que el sujeto del relato era la persona buscada ampliamente en el país; de tal suerte que al interrogarla  sobre las actividades que  cumplió éste sujeto durante el tiempo que permaneció en el lugar,   ella replicó  refiriendo  el episodio del porte de  unas voluminosas  armas  de fuego y su apresurada salida en helicóptero intentando llevarse una que su compañera ANA LIGIA pretendió entregarle en el lugar en donde aterrizó la aeronave.


De las preguntas y las respuestas surge con absoluta claridad que la mujer fue enterada por el fiscal, de los hechos que  en el devenir del proceso, fueron calificados como “omisión de información  oportuna sobre la presencia de  terroristas” que describe y sanciona el artículo 4º. del Decreto 180 de 1988, adoptado como legislación permanente por el 2266 de 1991, en estos términos: “El que conociendo de la presencia de terroristas, o sus planes y actividades para cometer alguna de las conductas contempladas en el artículo 1º omitiere informar oportunamente sobre ellos a la autoridad competente…; este artículo 1º establece: “Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de causar estragos incurrirá en prisión…”. Además,  es cierto que por la época de los hechos materia de la indagatoria era de conocimiento público en el territorio Nacional, por su amplia difusión en los medios de comunicación, - hecho  notorio - las actividades terrroristas de Escobar Gaviria, de quien la procesada admitió que lo conocía por haberlo visto en la televisión y en fotografías.


Es exagerado   pretender  que desde la misma indagatoria que se recibe al imputado al poco tiempo de  sucedidos  los hechos ,  deba entérasele de la calificación jurídica que hasta el momento recibe la conducta objeto de reproche, como equivocadamente lo  pretenden  el casacionista   y el   Procurador Delegado, que se empeñan en desconocer la evidencia del interrogatorio,   pues  es la propia  ley - artículo 360 del C. de P. P.-    la  que  dispone indagar por los hechos que originaron la vinculación, que no son otros que los  estructurantes  de la imputación, plasmada  posteriormente con su encuadramiento jurídico en  las decisiones  fundamentales que se adoptan  a lo largo del proceso, esto es,  la que define su  situación jurídica,   la  que  califica  el  mérito  probatorio, y finalmente la sentencia.


Sobre este aspecto la Sala ratifica lo dicho en anterior oportunidad:


“En efecto, es claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 360 del C.P.P. al imputado debe interrogársele ‘en relación con los hechos que originaron su vinculación’, pero no sobre los tipos penales concretos que se consideren infringidos por parte del instructor, pues además de que la disposición en cita en ninguna forma posibilita ese interesada hermenéutica no resulta lógica ni menos comprensible ante la realidad y dinámica de la investigación penal, toda vez que la explicación que el Estado requiere al imputado es sobre su conducta entendida dentro del contexto fáctico, que es lo que a la postre posibilita el correspondiente análisis jurídico positivo, conforme sucedió en este caso.


Esto no significa, por tanto, que al imputado no se le deba interrogar sobre todos los cargos que obre en su contra, sino que la ley no exige la precisión técnico jurídica de la estructura analítica del delito para que el indagado explique su actuar dentro de tan elevado y complejo marco conceptual; de ahí que resulte realmente infundado el cargo frente al caso concreto, pues resulta evidente que al procesado se le preguntó sobre los hechos constitutivos del atentado contra la vida e integridad personal” (sentencia del 3 de junio de 1998, M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).


Por lo anotado, no sobra advertir que el sindicado, al defenderse de los hechos concretos, por los que se le interroga desde ese momento ejerce su defensa, y tal como lo ha puntualizado la Corte, no es necesario encasillar los hechos en una figura delictiva  concreta,  pues lo que el estado requiere del imputado es la respuesta  sobre su conducta  “entendida dentro del contextofáctico, que es lo que a la postre posibilita el correspondiente análisis jurídico positivo” conforme sucedió en este caso.


Estas precisiones  dejan sin fundamento  la pretensión  casacional y demarcan  la discrepancia de la Corte con el concepto del Ministerio Público.


No se casará  pues, la sentencia.


En mérito, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,  en desacuerdo con el concepto de la Procuraduría,  administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,



RESUELVE



NO  CASAR   la  sentencia recurrida.


Devuélvase el expediente a la oficina de origen.


CÓPIESE  Y  CÚMPLASE.




JORGE ÁNIBAL GÓMEZ GALLEGO




FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL                        JORGE E. CÓRDOBA POVEDA




CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE                EDGAR LOMBANA TRUJILLO




MARIO MANTILLA NOUGUÉS                        CARLOS E. MEJÍA ESCOBAR




ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN                NILSON PINILLA PINILLA




PATRICIA SALAZAR CUELLAR

Secretaria