Proceso N° 15315


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL



Magistrado Sustanciador:

YESID RAMÍREZ BASTIDAS

Aprobado Acta N°191  .




Santafé de Bogotá, D.C., noviembre treinta (30) de mil novecientos noventa y nueve (1999).




VISTOS


Resuelve   la   Corte  la   aceptación    del   recurso   excepcional presentado por el Representante del Ministerio Público contra la sentencia de segunda instancia  proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, que confirmó la condena impuesta a EDGAR EDUARDO GONZÁLEZ RUIZ por violencia intrafamiliar.



HECHOS:


La noche del 12 de abril de 1997, en inmediaciones de la “Plaza Mayor Real de Minas” de Bucaramanga, ÉDGAR EDUARDO GONZÁLEZ RUIZ golpeó en el rostro a su cónyuge María Myriam Rodríguez y le produjo lesiones que ameritaron una incapacidad definitiva de 12 días.


ANTECEDENTES PROCESALES:


Rituado en debida forma el proceso penal correspondiente, el  Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, el 20 de febrero de 1998, condenó a ÉDGAR EDUARDO GONZÁLEZ RUIZ como  sujeto-agente del  hecho punible de violencia intrafamiliar (fs. 86 y Ss, cd. 1°), sentencia recurrida por el Procurador 54 en lo Judicial (Penal) y, el 28 de octubre de 1998, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga (fs. 11 y Ss, cd. Trib.).


Y al ser notificada, el Representante del Ministerio Público la impugnó extraordinariamente con el argumento del desarrollo de la jurisprudencia sobre la interpretación y  comprensión  jurídica de los comportamientos que surgen de las relaciones intrafamiliares, la proporcionalidad de las medidas de control al daño, el desistimiento, la no creación de delitos autónomos por la ley 294 de 1996, la violación de la Convención  Interamericana de Derecho Humanos y tocar aspectos referentes a la conciliación.


El expediente fue remitido a la Corte para que decida sobre la concesión del recurso de casación discrecional.



CONSIDERACIONES DE LA CORTE:


1° El recurso en referencia procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores de distrito judicial y tribunal superior militar, por delitos que tengan señalada multa o pena privativa de la  libertad inferior a seis años, y las sentencias de segundo grado de los juzgados penales del circuito proferidas por hechos delictivos.


Dentro de los quince días siguientes a la notificación de la sentencia, se debe presentar el recurso y sustentar el motivo que determine la viabilidad de la admisión, circunscrito al desarrollo de la  jurisprudencia o la garantía de un derecho fundamental infringido en las instancia.


Con relación al desarrollo de la jurisprudencia, es deber del impugnante indicar si pretende fijar el alcance interpretativo de un precepto, la unificación de posiciones disímiles de la Corte, el pronunciamiento sobre un punto concreto no desarrollado jurisprudencialmente, o la actualización de la doctrina de conformidad con las nuevas realidades fácticas y jurídicas, y además la incidencia favorable de la pretensión  doctrinaria de cara al caso concreto y la ayuda que prestaría a la autoridad judicial por trazar esos derroteros.


2° En el evento a estudio, la sentencia que se censura fue proferida por un Tribunal Superior y trata de un delito cuya pena máxima consagrada en la ley no alcanza a los 6 años de privación de la libertad, esto es, no procede la casación común sino la discrecional, y quien formula la petición respectiva está legitimado para hacerlo y presentó la solicitud dentro del término legal.


3° Con respecto a los motivos invocados, el recurrente no precisa ni fundamenta si no hay proporcionalidad entre el daño al bien jurídico tutelado y la pena prevista para el delito y si ello se refleja en las decisiones del a quo y del ad quem que condenaron al acusado.


El peticionario expresa que dicha normatividad viola la Convención Americana de Derechos Humanos y da a entender que ello obedece a que no se tipificaron tales comportamientos como contravención o falta administrativa, pero se trata de una mera afirmación en donde no se señalan los preceptos o derechos o garantías infringidas ni las razones que permitan vislumbrar lo que debería ser una conclusión de esa índole que amerite la intervención de la Corte.


Tampoco indicó el recurrente la incidencia de las soluciones jurisprudenciales en el asunto específico que terminó en las instancias con la condena en mención, con lo cual incumple con uno de los requisitos que permite la admisibilidad del recurso extraordinario por la vía excepcional.


4° No corresponde a la jurisprudencia señalar si los mecanismos del desistimiento y la conciliación en materia procesal penal son procedentes en la investigación y juzgamiento de  delitos contra la armonía y la unidad de la familia, porque  la cuestión ya fue definida por la ley y su pretensión de que sean implantadas deberá ser satisfecha o no por la legislación futura.


Sobre estos tópicos la corporación indicó:


“Como se observa, el peticionario no está planteando la violación de ningún derecho  fundamental, ni que la norma que tipifica el punible de violencia intrafamiliar se oscura o ambigua o que haya dado lugar a interpretaciones tan disímiles, que su sentido deba ser fijado por la Corte, para que trace derroteros con criterio de autoridad, sino que lo pretendido es que su punto de vista sobre la manera como debe estructurarse el delito citado y quien debe conocer del mismo, sea acogido por la Sala, lo cual puede ser importante por lege ferenda, pero que no justifica la concesión del recurso.”1



A mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN SALA DE CASACION PENAL,



RESUELVE:



NO  CONCEDER el recurso extraordinario de casación excepcional interpuesto por el Procurador 54 Judicial (Penal) de Bucaramanga, contra la sentencia que condenó por violencia intrafamiliar a ÉDGAR EDUARDO GONZALEZ RUIZ.


Cópiese, notifíquese y cúmplase.




JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO




FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL                        JORGE E. CÓRDOBA POVEDA




CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE    EDGAR LOMBANA TRUJILLO                   



MARIO MANTILLA NOUGUÉS          CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR



ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN       YESID RAMÍREZ BASTIDAS                





PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

Secretaria


1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, prov. sept. 30/99, M. P. Doctor JORGE E. CÓRDOBA POVEDA.