Proceso Nº 11929


CORTE  SUPREMA  DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL.


Magistrado Ponente

JORGE E. CORDOBA POVEDA.

Aprobado acta N° 172


Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil (2000).


VISTOS


A través del mecanismo de la respuesta inmediata, de que trata el artículo 10 de la ley 553 de 2.0001,resuelve la Sala la casación interpuesta por el Procurador Judicial 103 contra la sentencia  proferida el 9 de noviembre de 1.995 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en la que al confirmar integralmente la expedida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad, condenó a JOSE ALEXANDER  VANEGAS CORREAL  a la pena de 12 años y seis (6)  meses  de prisión  y la  accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por diez (10) años, al hallarlo responsable del delito de homicidio tentado, según hechos acontecidos el 30 de marzo de 1.994 en zona urbana de la capital del Tolima, habiendo sido ofendido José Oscar Castelar Londoño.


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Con arraigo en  la causal  tercera de casación y aduciendo  la existencia de comprobadas irregularidades que afectan el debido proceso, - numerales 1° y  2° del artículo 304 del C.P.P. - el demandante formula un único cargo reclamando nulidad de lo actuado  para que se realice la audiencia de sustentación oral en debida forma y se profiera la sentencia de segunda instancia   conforme a derecho.


Fundamenta el reproche en que al acto de sustentación oral de la apelación de la sentencia de primera instancia, sólo concurrieron dos de los integrantes de la Sala de Decisión, pues el tercero se excusó, pero en cambio el fallo de segundo grado si fue suscrito por los tres. Considera que la diligencia de sustentación debió suspenderse por falta de competencia en atención a que la Sala se  debía entender desintegrada y, además, que el magistrado que no asistió no podía suscribir el fallo por estar inhabilitado para decidir sobre lo que fue materia de sustentación.


EL MINISTERIO PUBLICO


Asegurando que  de ninguna manera los artículos 196B y 214 del Código de Procedimiento Penal, modificados por los artículos 27 y 31  la ley 81 de 1.993, condicionan el trámite de la audiencia de sustentación oral a la presencia de la totalidad de los integrantes de la Sala, solicita a la  Corte desestimar los argumentos  del censor, toda vez que  la  audiencia realizada el 3 de octubre de 1.995, no sólo lo fue por quienes tenían competencia para el efecto, sino además, se rituó con acatamiento de los imperativos procedimentales legales aplicables al caso concreto, toda vez que a ella concurrieron  tanto el magistrado que  actuó como ponente como otro de los integrantes de la célula corporativa, quienes conformaron el quórum mayoritario, garantizándose de esa forma no sólo la celeridad  en la decisión, sino también la inmediatez en torno a los argumentos que soportaban la  inconformidad.

Finalmente agrega que la alegada incompetencia para sesionar y para fallar, se reporta igualmente infundada, como quiera que el funcionario inicialmente ausente obró legalmente como miembro del Tribunal, contando con jurisdicción y  competencia, sin que  su temporal falta configure la causal invalidatoria prevista en el numeral 1° del artículo 304 del Código de Procedimiento Penal, ni atente contra el principio del juez natural, pues la ley no condiciona la posibilidad de fallar corporativamente a la precedente asistencia a la audiencia de sustentación de  la totalidad de los integrantes de la  Sala de Decisión.



CONSIDERACIONES DE  LA CORTE


  1. A partir de la vigencia del artículo 10 de la ley 553 de 2000,que reformó la casación, es procedente dar respuesta inmediata, siempre y cuando sobre el tema jurídico sobre el cual versa el cargo o los cargos propuestos en la demanda ya se hubiere pronunciarlo la Sala en forma unánime y de igual manera no considere necesario reexaminar el punto.

  1. Con relación a los dos temas jurídicos que plantea  el impugnante, ya se ha pronunciado la Sala de manera  unánime, así:


En cuanto al primero, referente al número de magistrados que deben estar presentes en la audiencia  de sustentación oral, ha manifestado que para su validez no es indispensable que intervengan todos los integrantes de la Sala, sino que se mantenga el quórum mínimo exigido por la ley2.

3. En cuanto al segundo aspecto, atinente a que los mismos magistrados que estuvieron en la audiencia sean los que deban decidir, ha dicho la Sala que no es motivo de nulidad que unos sean los magistrados que escucharon la sustentación oral de la  alzada y otros los que  suscribieron la sentencia  de segunda instancia, pues las razones del apelante y los demás intervinientes deben quedar consignadas en actas, cintas o videos, los cuales quedan a disposición de  todos los miembros de la Sala, resultando sólo de importancia que el fallo haga referencia a la totalidad de los hechos y asuntos ventilados en  el  proceso por las partes, tal como lo manda el artículo 55 de la ley 270 de 1.9963.


En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la  República de Colombia y por autoridad de la ley.


RESUELVE:


No casar la sentencia recurrida.


Cópiese y devuélvase a la oficina de origen. Cúmplase.




EDGAR LOMBANA TRUJILLO




FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL                        JORGE E. CÓRDOBA POVEDA

No hay firma





CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE                JORGE ANIBAL GÓMEZ GALLEGO





MARIO MANTILLA NOUGUÉS                        CARLOS E. MEJIA ESCOBAR





ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN                NILSON E. PINILLA PINILLA





TERESA RUÍZ NUÑEZ

Secretaria




1 Que crea el artículo 226 A del C. P.P.

2 Fallo del 4 de agosto de 1.993 M.P: Edgar  Saavedra Rojas., rad. 8575, segunda instancia.

3 Casación 13200 del 2 de abril de 1998, M. P. Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.