Proceso Nº 16936
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE ANIBAL GOMEZ
GALLEGO
Aprobado Acta Nro. 117
Santafé de Bogotá D.C., once de julio de dos mil.
VISTOS
Se ocupa la Corte de decidir lo concerniente a la casación
discrecional invocada por el defensor del procesado LUCAS A. ALZATE ISAZA, para impugnar la
sentencia de segundo grado proferida por el Juzgado 20 Penal del Circuito de
Medellín, por cuyo medio confirmó la condena que en proceso contravencional
le impusiera el Juzgado 27 Penal Municipal de la misma ciudad.
HECHOS Y ACTUACIÓN
PROCESAL
El 19 de octubre de 1999, el Juzgado 27 Penal Municipal de
Medellín, según el procedimiento establecido en la ley 228 de 1995 para las
contravenciones especiales definidas y sancionadas en la ley 23 de 1991, le
formuló el cargo de estafa a LUCAS ALZATE ISAZA
en calidad de persona ausente, porque fingiendo ser
abogado logró inducir y mantener en error a Leonel Moreno Pineda
prometiéndole hacerse cargo del asunto penal por el cual éste se
encontraba preso, y así poder obtener su pronta liberación.
Fue así como se puso en contacto con la familia del cautivo,
consiguiendo que la esposa de éste le entregara como anticipo al falso togado
parte del precio acordado por “honorarios”, y entre finales del año de
1997 y principios de 1998 ALZATE ISAZA recibió en la ciudad de Medellín y en diferentes contados, una
suma que en total ascendió a la cifra de $ 1’450.000.oo, bajo la promesa de que
tres meses después de la última cuota el encarcelado recuperaría su
libertad.
Vencido el plazo y como quiera que el supuesto letrado no aparecía
por parte alguna ni había realizado la gestión acordada y el reo permanecía
bajo encierro, el hecho se puso en conocimiento de las autoridades.
En audiencia de juzgamiento celebrada en el citado despacho
judicial el 2 de diciembre de 1999, el encartado fue sancionado con pena de
arresto de 8 meses como responsable de la conducta contravencional de estafa,
conforme con lo normado en el Art. 1º-14 de la ley 23 de 1991, y se le negó
el subrogado de la condena de ejecución condicional.
Apelado el fallo, el Juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín lo
confirmó por el suyo del 15 de diciembre siguiente, decisión esta contra la
cual el defensor del procesado pretende acudir en casación aduciendo
violación a las garantías fundamentales, siendo esa la razón para que la
Sala se ocupe del asunto.
CONSIDERACIONES DE LA
CORTE
La reciente ley que
reformó la casación preceptúa en su primer artículo que ésta procede
contra las sentencias ejecutoriadas proferidas en segunda instancia por los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los
procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo
exceda de 8 años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de
seguridad.
También establece el
referido canon en su inciso 3º que, de manera excepcional, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia puede discrecionalmente admitir demandas de casación
contra sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a
solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere
necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los
derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por
la ley.
Sea lo primero advertir
que por no haberse producido variaciones sobre el punto con la reforma, la Sala
reitera el criterio expuesto repetidamente en vigencia del modificado artículo
218 del C. de P. Penal (13 y 22 de octubre de 1996, 21 de enero y 7 de octubre
de 1997 y 16 de diciembre de 1999), según el cual la expresión
“sentencias distintas a las
arriba mencionadas” debe
entenderse referida a delitos y no a contravenciones; lo que en otros términos
significa que frente a la ley 553 de 2000, la casación excepcional procede, a
solicitud de cualquiera de los sujetos procesales y a discreción de la Corte,
contra sentencias por delitos, proferidas en segunda instancia tanto por un
tribunal cuando la sanción prevista en la respectiva disposición sea
diferente a la privación de la libertad o siendo de esta naturaleza su
duración es de 8 años o inferior a dicho término, como por un juez del
circuito, en este último supuesto con independencia de la penalidad adscrita
al tipo delictivo que da lugar al fallo cuya impugnación extraordinaria se
pretende; en todos los casos, siempre que la intervención de la Corte se haga
necesaria para el desarrollo de la jurisprudencia sobre el punto atacado en la
demanda o para garantizar la vigencia de los derechos
fundamentales.
Siendo así las cosas,
resulta evidente que la Sala en el presente evento no podría ocuparse de
ninguna demanda contra la sentencia impugnada, habida cuenta de la
improcedencia de la casación excepcional contra fallos dictados en materia
penal exclusivamente por asunto contravencional.
De otro lado, no debe
perderse de vista que en virtud de la reforma introducida por la ley 553 al
trámite de la casación, tanto su interposición como la sustentación
quedaron concentrados en un solo acto que se formaliza con la presentación de
la demanda en los términos del artículo 6º del nuevo estatuto, lo que
en punto al trámite de la casación discrecional impone un cambio sustancial
toda vez que a diferencia de lo que ocurría con la normatividad derogada,
donde el acceso a la impugnación extraordinaria se buscaba en la Corte dentro
de los 15 días siguientes a la última notificación de la sentencia y una vez
obtenido éste el recurrente disponía de 30 días para sustentarlo con el
respectivo libelo, ahora, por fuerza de que la casación se interpone y
sustenta con la demanda, no hay posibilidad de un rito previo para excitar
positivamente la discrecionalidad de la Corte con un escrito diferente porque
ésta ya no obra con libertad para “aceptar un recurso” como antaño,
sino para “admitir la
demanda” (Ley 553 art. 1°
inciso 3°) que se supone tiene a la vista, todo lo cual impone la necesidad de
que el libelo de casación excepcional tenga un capítulo preliminar, o
introito, donde el opugnador consigne los motivos suficientes (necesidad de
desarrollo jurisprudencial o de garantía a los derechos fundamentales) que
lleven a la Corte a franquear el acceso a la impugnación extraordinaria que
por modo general le niega la ley.
De ser satisfactorio
este último condicionamiento, así se reconocerá en la calificación de la
demanda que será ajustada si cumple los demás requerimientos del artículo
9° ibídem (226 C.P.P.); pero si no se anticipan los motivos para que la
Corte excepcionalmente se ocupe de la demanda o éstos son insuficientes para
convencerla de la procedencia de la casación, el libelo será inadmitido con
arreglo a la misma norma.
En el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, la voluntad de
acudir a la casación por la vía excepcional tampoco se sujetó a las
regulaciones de la nueva ley, en la medida en que quien pretende acceder a esta
extraordinaria forma de impugnación lo hizo por el procedimiento derogado,
siendo evidente que con arreglo al artículo 18 transitorio de la ley 553, su
preceptiva resulta aplicable “a los procesos en que
se interponga la casación a
partir de su vigencia” (se
ha resaltado), habiendo ocurrido lo primero el 18 de enero de 2000 y lo segundo
a partir de la promulgación de la norma (art. 20 ibídem) que se cumplió el
15 de enero del mismo año con su inserción en el Diario Oficial N°
43.855.
De lo anterior se colige que en este caso ni siquiera hay demanda
susceptible de ser inadmitida, como lo tiene previsto la reforma, motivo por el
cual la decisión a tomar no puede ser otra que rechazar el informal escrito
mediante el cual se solicita “el recurso de casación excepcional”,
declarando la improcedencia de esta extraordinaria forma de
impugnación.
En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,
RESUELVE
Rechazar el escrito con el cual el defensor de LUCAS ALZATE ISAZA
pretende impugnar por vía excepcional la sentencia de segunda instancia
proferida en su contra por el Juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín en
asunto contravencional, y declarar improcedente la casación en este asunto.
Cópiese, comuníquese y devuélvase
CÚMPLASE
EDGAR LOMBANA TRUJILLO
FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL
JORGE E. CÓRDOBA
POVEDA
CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE
JORGE ANÍBAL GÓMEZ
GALLEGO
MARIO MANTILLA NOUGUES
CARLOS E. MEJÍA
ESCOBAR
ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
NILSON PINILLA PINILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria