SALA DE CASACION PENAL
Magistrado ponente:
Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL
Aprobado acta No. 138.
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil uno (2001).
La Corte se ocupa de resolver el recurso de hecho interpuesto por el defensor del procesado JULIO DANIEL GOMEZ GONZALEZ contra el auto mediante el cual una sala de decisión penal del Tribunal superior de Bogotá D.C., negó la casación interpuesta contra la sentencia dictada por esa corporación en segunda instancia.
1. El 29 de julio de 1999, el Juzgado 30 penal del circuito de Bogotá D.C., condenó a JULIO DANIEL GOMEZ GONZALEZ a la pena privativa de la libertad de dos (2) años de prisión, como autor responsable del delito de homicidio culposo.
2. El defensor del procesado interpuso el recurso de apelación contra la anterior sentencia, y una sala de decisión penal del Tribunal superior de Bogotá la confirmó en la suya de treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
3. La última notificación del fallo de segunda instancia se surtió por edicto, que fue desfijado el 13 de diciembre de ese mismo año, a las seis de la tarde.
4. El 21 de enero de 2000, el defensor del procesado interpuso la casación contra la sentencia de segunda instancia, pero el Tribunal la negó con el argumento que el punible por el cual fue juzgado el procesado tenía señalada una pena máxima de prisión de seis (6) años, y que a partir del 13 de enero de ese año había entrado a regir la ley 553 de 2000, que en su artículo 1º restringió la casación para delitos “que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho (8) años”.
El Tribunal aclaró que, pese a que la notificación del fallo de segunda instancia se realizó bajo los parámetros de la anterior regulación, dicha preceptiva era aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 ibídem.
5. Inconforme con esa decisión, el defensor interpuso dentro del término de ejecutoria el “recurso de reposición y en subsidio el de queja”, aduciendo que por favorabilidad debía aplicarse la anterior normatividad, la cual autoriza la casación para el delito de homicidio culposo.
“… interpongo en subsidio el recurso de queja para su trámite ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, para lo cual pido se de el trámite correspondiente, con la expedición de copias a mi costa”, concluyó demandando el profesional del derecho.
6. Mediante decisión interlocutoria de veinticuatro (24) de marzo siguiente, el Tribunal se abstuvo de reponer el auto de fecha catorce (14) de febrero, ratificando sus argumentos, y tampoco concedió el recurso de queja “toda vez que el mismo no está previsto en la codificación procesal penal vigente”.
7. El defensor del procesado, entonces, presentó memorial el 11 de abril, en el que interpone el recurso de hecho, y solicita la expedición de las copias pertinentes con destino a esta corporación, pero el Tribunal se abstuvo de darle curso al sostener que el recurso era extemporáneo.
8. Frente a la nueva negativa, el procesado promovió la acción de tutela, que fue resuelta por la sala civil del Tribunal superior de Bogotá D.C., en fallo de primero (1º) de junio, a través del cual tuteló el derecho al debido proceso del accionante, y ordenó a la sala de decisión penal de esa misma corporación que imprima el trámite de rigor al recurso de hecho, bajo el entendido que cuando el postulante consignó la palabra “queja” pretendió significar que recurría de hecho.
9. En cumplimiento del fallo anterior se expidieron las copias pertinentes con destino a esta Corporación, donde se surtió el traslado ordenado por el artículo 209 del código de procedimiento penal.
Afirma el libelista que la sentencia de segunda instancia fue proferida en vigencia del decreto 2700 de 1991, y que dentro del término para interponer el recurso de casación entró a regir la ley 553 de 2000 “que modificó sustancialmente el recurso y particularmente eliminó este término convirtiendo la procedencia de la ‘casación’ solo para sentencias ejecutoriadas, es decir, que en vigencia de esta ley no era procedente (sic) la casación al momento que se interpuso el recurso puesto que este se impetró en los términos del decreto 2700 que tiene como requisito de procedibilidad la no ejecutoria de la sentencia”.
Considera entonces que el término de quince (15) días que otorga el artículo 223 del anterior código de procedimiento penal para interponer el recurso extraordinario de casación, debe considerarse “como una unidad indivisible en materia tanto temporal como en los requisitos de procedibilidad que apareja” (?), y que romper con esa unidad o introducir condiciones diferentes para la impugnación de la sentencia, vulnera la seguridad jurídica y el debido proceso. Todo ello para sostener que la ley 553 de 2000 varió significativamente dicho plazo, y que de esta manera, al aplicar el Tribunal la nueva ley, privó al procesado de que la Corte revise su caso.
Siguiendo al pie de la letra el contenido de la sentencia C-252/01, en relación con el artículo 18 transitorio de la ley 553 de 2000, estima que no es aplicable esta normatividad para el caso porque vulnera el principio de favorabilidad y restringe los derechos del procesado.
Como consecuencia, solicita a la Sala “admitir el recurso extraordinario de casación y darle el trámite pertinente”..
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Como se desprende de los anteriores antecedentes, la situación que se plantea tiene que ver con el tránsito de legislación, en cuanto corresponde determinar cual es la normatividad aplicable al caso, ajustado en un principio a las previsiones del decreto 2700 de 1991, con las reformas introducidas por la ley 81 de 1993, pero que con ocasión de la vigencia de la ley 553 de 2000 condujo al Tribunal a negar la casación interpuesta.
En efecto, el fallo de segunda instancia y la notificación del mismo, son actos procesales llevados a cabo durante la vigencia de la ley 81 de 1993, en tanto que la interposición de la casación por parte del defensor del procesado se realizó cuando había entrado a regir la ley 553 de 2000, lo cual suscita controversia en el presente evento, concretamente porque de aplicarse la anterior normatividad el defensor del procesado tendría derecho a recurrir en casación común, dada la pena máxima señalada para el delito (artículos 329 del anterior código penal y 109 de la ley 509 de 2000, en concordancia con el artículo 218 del decreto 2700 de 1991, reformado por el artículo 35 de la ley 81 de 1993), mientras que de tenerse en cuenta la ley 553 de 2000, concretamente el artículo 1º, la pretensión tendría que ser rechazada.
2. Pues bien, atendiendo al hecho que la casación fue interpuesta el día 21 de enero de 2000, en principio podría sostenerse que el procedimiento casacional aplicable es el previsto en la nueva ley de casación, hoy parcialmente declarada inexequible por la Corte constitucional a través de las sentencias C-252, C-260 y C-261 de 2001 (pero con efectos a futuro), pues el artículo 18 transitorio de la misma dispone:
“Esta ley sólo se aplicará a los procesos en que se interponga la casación a partir de su vigencia, salvo lo relativo a la respuesta inmediata y al desistimiento, que se aplicarán también para los procesos que actualmente se encuentran en curso en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia” (en negrillas, fuera de texto).
La ley 553 de 2000, como se recuerda, empezó a regir desde la fecha de su promulgación, hecho que se produjo por su inserción en el diario oficial No. 43855 de 15 de enero de ese año.
3. Sin embargo, esa disposición no resulta aplicable al caso en virtud de la regla básica prevista en el artículo 40 de la ley 153 de 1887, que el Tribunal desconoció de manera manifiesta.
De acuerdo con esta fuente normativa se establece que los términos, actuaciones, y diligencias que hayan sido iniciadas en vigencia de la ley anterior, deben seguir rigiéndose conforme a ella.
En tratándose del régimen de casación establecido por la ley 553 de 2000, entonces, en principio debe ser aplicada a todos los procesos en los cuales se interpuso a partir del 15 de enero de ese año, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 153 de 1887, en relación con las actuaciones, términos o diligencias iniciadas en vigencia de la normatividad anterior, que deben continuar aplicándose conforme a ella.
4. Sentada la anterior premisa, surge entonces la necesidad de determinar en este caso, cuál es el procedimiento aplicable, si como está establecido la sentencia de segunda instancia fue dictada en vigencia del decreto 2700 -con las reformas introducidas por la ley 81 de 1993-, así como también en su vigencia se realizó el trámite de su notificación y empezó a contarse el término para interponer la casación.
Al respecto, la Corte ha dicho al pronunciarse en casos similares en autos de 19 de junio de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego, y 27 de septiembre siguiente con ponencia de quien cumple hoy igual cometido, que si la sentencia de segunda instancia fue proferida en vigencia de la normatividad anterior, y con arreglo a ella se inició el trámite de su notificación, son dichas normas, y no las nuevas disposiciones, las que deben regular todo lo concerniente a ese aspecto, hasta su ejecutoria, siendo indiferente que la casación haya sido interpuesta antes o después de la vigencia de la nueva normatividad.
En el primer supuesto (cuando fue interpuesta antes de su vigencia), juzgó la Sala, porque la nueva ley no es aplicable a estos casos (artículo 18 transitorio); y, en el segundo, en virtud de lo establecido en el artículo 40 de la ley 153 de 1887, pues habiéndose iniciado el acto de notificación de la sentencia en vigencia de las normas anteriores, todo el trámite relacionado con ella debe continuar adelantándose bajo la vigencia de dichas disposiciones.
De manera concreta, se refirió al punto en los siguientes términos:
“Con la expedición de la sentencia de segundo grado por el Tribunal Superior, en vigencia de las normas anteriores a la reforma, se iniciaba una actuación procesal que debía continuar con su notificación; el transcurso del término de quince (15) días para interponer el recurso extraordinario de casación (si procedía) contados a partir de la última notificación; la concesión del recurso; el traslado a los sujetos procesales y la decisión (C. de P.P., artículos 187, 188, 228, 224 y 229).
“Así entonces, bien porque se entiende que una actuación se haya iniciado con el fallo de segunda instancia, en vigencia de las normas anteriores (como dice la ley 153 de 1887), ora porque el recurso se haya interpuesto
también en vigor de los mismos preceptos precedentes (como lo dice el artículo 699 del C. P.C.), serán tales disposiciones derogadas las que rijan el caso”.
Lo dicho por la Sala en aquella ocasión adquiere particular actualidad en el asunto examinado, no solo en cuanto al procedimiento aplicable sino también con respecto a la procedibilidad de la casación, pues si el acto de notificación de la sentencia de segunda instancia fue iniciado en vigencia de las disposiciones derogadas, el trámite subsiguiente debe adelantarse de conformidad con las mismas.
Por otra parte, frente a la legislación anterior, por el factor punitivo, la casación común era procedente, pero ante las regulaciones de la ley 553, ello no es posible en consideración a que el delito de homicidio culposo tiene prevista pena privativa de la libertad de 2 a 6 años de prisión (artículos 329 del decreto 100 de 1980 y 109 de la ley 509 de 2000), por lo que resulta obvio que el caso debía seguir rigiéndose con fundamento en la legislación derogada.
Este aspecto también ha sido dilucidado por la Corte en anteriores oportunidades; precisamente, con motivo del pronunciamiento de veintisiete (27) de septiembre de dos mil (2000), dijo lo siguiente:
“El artículo 1º de la ley 553 del 2000 exige como requisito para poder acceder a la casación, que el delito por el que se proceda tenga señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho (8) años. La normatividad anterior (artículo 218 del código de procedimiento penal, modificado por el 35 de la ley 81 de 1993), exigía, para los mismos efectos, un tope igual o superior de seis (6) años.
“Pues bien ¿Qué ocurre cuando la norma que venía regulando el caso permitía la interposición de la casación, por tener señalado el delito investigado pena privativa de la libertad igual o superior a seis (6) años, pero frente a las nuevas disposiciones resulta improcedente por no exceder el límite de ocho años requerido por ellas? En relación con esta concreta situación, plurales han sido los pronunciamientos de la Corte en los cuales ha sido sostenido que la posibilidad de impugnar una decisión debe regirse por la ley bajo cuyo imperio fue pronunciada, como quiera que es a partir de ese momento que surge el derecho a hacerlo, y que la ley posterior no puede suprimir a la parte su ejercicio cuando al momento de dictarse el fallo la ley vigente lo reconocía (Cfr. Autos de julio 12 y 26 de 1994, Magistrado Ponente doctor Guillermo Duque Ruiz, y 30 de agosto del mismo año, Magistrado Ponente doctor Edgar Saavedra Rojas, entre otras).
“De acuerdo con estas directrices jurisprudenciales, se tiene que si la sentencia de segunda instancia, en la situación de tránsito legislativo que es objeto de análisis, fue dictada en vigencia del artículo 35 de la ley 81 de 1993 (modificatorio del 218 del Código de Procedimiento Penal), es el requisito punitivo señalado en dicha disposición (6) años, y no el establecido en el 1º de la ley 553 del 2000 (monto superior a 8 años), el que debe ser tenido en cuenta para determinar la procedencia de la casación ordinaria, independientemente que su interposición haya tenido lugar antes o en vigencia de la nueva ley.”.
Así entonces, sin entrar en consideraciones relativas a la ley más favorable, en tal evento, como sucede con el caso que concita la atención de la Sala, será la ley derogada la que se siga aplicando a todos aquellos supuestos fácticos que cumplan la exigencia de haberse iniciado el trámite de notificación de la sentencia durante su vigencia.
Lo anterior si se toma en cuenta, por lo demás, que el objeto de la impugnación común no es otro distinto que la sentencia de segunda instancia, como así lo viene en sostener la jurisprudencia de esta Sala (Cfr. auto casación agosto 18/94. Rad. 9645. M.P. Edgar Saavedra R.) al señalar que el tránsito legislativo que conduce a reflexionar sobre el particular no es el relacionado con el “hecho punible”, sino el que alude al enfrentamiento normativo que se ha podido producir con respecto a las disposiciones que regulan la impugnación de la “sentencia”.
En ese orden de ideas, la Sala considera que el Tribunal de instancia erró al negar la casación con fundamento en los artículos 1 y 18 transitorio de la ley 553 de 2000, pues no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 153 de 1887 respecto al término iniciado en vigencia de la ley anterior.
La simple constatación de que el término para interponer la casación inició a correr en vigencia del decreto 2700 de 1991 (con las reformas introducidas por la ley 81 de 1993), le habría permitido al Tribunal definir que el régimen aplicable al caso era el establecido en dicha normatividad, conforme lo ordena el artículo 40 en cita.
Sin embargo, perdiendo de vista que debía resolver un asunto relativo al tránsito de legislación para lo cual el ordenamiento le otorgaba valiosa instrumento normativo vigente de vieja data, de manera tozuda y en muestra de decisionismo puro se aferró al contenido literal de una nueva disposición destinada a regular supuestos diferentes.
En razón de ello, la Sala declarará la procedencia de la casación en los términos del decreto 2700 de 1991, con las modificaciones introducidas por la ley 81 de 1993.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,
RESUELVE:
1. Conceder la casación denegada por el Tribunal superior de Bogotá en auto de catorce (14) de febrero de este año contra la sentencia de treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), oportunamente interpuesta por el defensor del procesado JULIO DANIEL GOMEZ GONZALEZ
2. Comuníquese esta determinación al Tribunal, con el fin de que imprima el trámite correspondiente al artículo 224 del decreto 2700 de
1991.
CUMPLASE.
CARLOS E. MEJIA ESCOBAR
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CORDOBA POVEDA
HERMAN GALAN CASTELLANOS CARLOS A. GALVEZ ARGOTE
JORGE A. GOMEZ GALLEGO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
ALVARO O. PEREZ PINZON NILSON PINILLA PINILLA
TERESA RUIZ NUÑEZ
Secretaria