Proceso No 15234


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL




Magistrado Ponente

Dr. JORGE E. CÓRDOBA POVEDA


Aprobado acta N° 24




Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dos (2002).




V I S T O S



Decide la Corte el  recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Nacional, el 6 de julio de 1998, en la que al confirmar parcialmente la de un Juzgado Regional de Medellín, fechada el 20 de noviembre de 1997, condenó a ORLANDO ENRIQUE VÁSQUEZ VELÁSQUEZ a las penas principales de 8 años 6 meses de prisión y multa de $115’330.771,oo y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones pública por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad, como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.



H E C H O S


Los días 29  y  30  de abril, 13  y  14  de  julio  y  9 de septiembre de 1993, el  doctor  Orlando  Enrique  Vásquez  Velásquez se hospedó en el Hotel Intercontinental de la ciudad de Cali, estadías que fueron canceladas por la empresa Inversiones Ara Limitada de dicha ciudad, la que era de propiedad de la familia Rodríguez Orejuela y que sirvió de fachada para las actividades ilícitas del llamado Cartel de Cali.


Además, se estableció que en ese mismo lapso ingresaron a la campaña  electoral  que  adelantaban  los  doctores  Orlando  Vásquez  Velásquez  y  Arlen  Uribe  Márquez  para acceder al Senado y a la Cámara de Representantes, respectivamente, para el período 1994-1998, dineros provenientes de cuentas bancarias pertenecientes a la citada organización delictual, por la suma de $115’000.000,oo.


De otro lado, el informe que en el año de 1994 presentó el doctor Vásquez Velásquez al Consejo Nacional Electoral, con el objeto de cumplir los requisitos legales relacionados con la demostración de los aportes económicos destinados a la financiación de su campaña electoral, por valor de $19’412.245,oo, no se sujetó a la verdad, toda vez que los costos de la misma superaron los montos que allí se consignaron.



ACTUACIÓN   PROCESAL


Con apoyo en la documentación remitida por la Unidad Especial de Fiscalías que existía en ese entonces, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 27 de junio de 1995, dispuso la apertura de investigación previa.


Luego de practicadas varias pruebas y establecido que los hechos objeto de averiguación no guardaban relación con las funciones que desempeñó el doctor Orlando Vásquez Velásquez como Senador de la República en el año de 1993, la Corte, el 24 de enero de 1996, envió, por competencia, el diligenciamiento al despacho del Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.


El 19 de marzo siguiente, el Fiscal General de la Nación avocó el conocimiento y, consecuencialmente, comisionó a un Fiscal Delegado ante esta Corporación para el adelantamiento de la actuación, funcionario que, mediante resolución del 29 del mismo mes y año, dispuso  la apertura de la instrucción, etapa en la cual allegó múltiples medios de prueba, escuchó en indagatoria al doctor Vásquez Velásquez y le resolvió la situación jurídica.


No obstante, conforme a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y atendiendo la solicitud del defensor del sindicado, el Fiscal General de la Nación, el 11 de septiembre de 1996, declaró la nulidad de lo actuado a partir de la resolución que ordenó la apertura de la investigación, por cuanto que el Fiscal Delegado al que comisionó, no estaba facultado para iniciar la instrucción y adoptar otras determinaciones de fondo.


Posteriormente, con fundamento en los medios de prueba allegados al diligenciamiento, el Fiscal General de la Nación profirió, el 25 de septiembre de 1996, resolución de apertura de instrucción. Para la práctica de pruebas, comisionó a un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.


Incorporados  otros  elementos  de  juicio,  se  escuchó  en  indagatoria al procesado, resolviéndosele la situación jurídica, el 21 de  octubre de  dicha  anualidad, con  medida  de  aseguramiento de detención preventiva, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, decisión que, por resolución del 10 de enero de 1997, se adicionó en el sentido de imputarle  también el punible de falsedad documental.


Cabe señalar que el 10 de diciembre anterior, el Fiscal General de la Nación remitió el proceso a la Fiscalía Regional de Bogotá, toda vez que el procesado había dejado de ser Procurador General de la Nación.


Allegadas otras pruebas, un Fiscal Regional, el 21 de enero de 1997, clausuró la investigación y, el 21 de febrero siguiente, calificó el mérito del sumario con resolución en contra del sindicado, por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 10° del Decreto 2266 de 1991) y falsedad en documento privado (artículo 221 del Decreto 100 de 1980), decisión que cobró ejecutoria el 27 de febrero del mismo año.   


El diligenciamiento le correspondió a un Juzgado Regional de Medellín que,  luego  de  tramitar  el  juicio, dictó la sentencia, el 20 de noviembre de 1997, en la que condenó a Orlando Enrique Vásquez  Velásquez  a  las  penas  principales  de  8  años de prisión y  multa  de  $115’330.771,oo, y  a  la  accesoria  de  rigor,  como autor  del  delito  de  enriquecimiento ilícito de particulares. Así mismo, lo absolvió por el punible de falsedad imputado en el pliego de cargos.


En razón a la consulta y por virtud del recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado (la de éste fue rechazada por extemporánea) y el Ministerio Público, el Tribunal Nacional, el 6 de julio de 1998, la confirmó parcialmente tal como se reseñó en precedencia.



LA   DEMANDA   DE   CASACIÓN


Al amparo de las causales tercera, primera y segunda de casación, el defensor del procesado presenta catorce cargos contra la sentencia del Tribunal Nacional, los que se sintetizan, así:

Causal tercera

Primer cargo (principal)

Manifiesta que la actuación se encuentra viciada de nulidad, al tenor de los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 304 del C. de P. Penal, vigente para la época, toda vez que había una “radical incompatibilidad del Fiscal General de la Nación, doctor ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO y sus Fiscales dependientes para iniciar y adelantar esta investigación”, ya que él estaba vinculado a una investigación disciplinaria que adelantaba su defendido como Procurador General de la Nación, lo que conllevó a  que se vulneraran el artículo 228 de la Constitución Política y las garantías fundamentales del juez natural, del debido proceso, del derecho de defensa y de la legalidad.


En lo que llamó “SUSTENTACIÓN DEL CARGO”, luego de citar a unos doctrinantes, dice que para el 31 de enero de 1996, su defendido profirió auto de cargos contra el doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, por faltas disciplinarias relacionadas con su desempeñó como Ministro de Educación, por lo que, a su juicio, se encontraba legalmente impedido para adelantar la investigación penal, tal como lo hizo uno de los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, por comisión que le impartiera aquél.


Agrega:


“En consecuencia, al acusado doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ desde el propio inicio de la instrucción que en su contra asumió el doctor ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO, se le desconoció la garantía del funcionario judicial competente, independiente e imparcial (arts. 29 y 228 de la Constitución Política, 11 del C. Penal y 1° del C. de P. Penal). Esa misma garantía está reconocida por... el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas..., la Convención Americana de Derechos Humanos... y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.  



Por lo tanto, estima que al haberse violado la garantía consistente en que a su prohijado no lo hubiera investigado un funcionario independiente, competente e imparcial, se resquebrajó la estructura del procedimiento, con incidencia en el debido proceso, en lo que atañe a la etapa de instrucción.


Insiste en que el Fiscal General de la Nación se encontraba cobijado por una causal de impedimento, tal como se lo informó el doctor Vásquez Velásquez en escrito fechado el 5 de febrero de 1996, lo que fue rechazado por aquél, el 12 de marzo siguiente, máxime cuando se sabe que el comisionado “es un mero nuncio del comisionante, que no lo despoja de sus deberes y de la consiguiente responsabilidad por la comisión, que bien conocemos que fue una verdadera delegación”.


En síntesis, reitera que dicha irregularidad, además de afectar el debido proceso, transgredió el derecho de defensa, razón por la cual se debe declarar la nulidad de lo actuado a partir de “las resoluciones de apertura de instrucción, o sea, del 29 de marzo y el 25 de septiembre de 1996”.


Segundo cargo (subsidiario)

Afirma que en el proceso se configuran las nulidades previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 304 del Decreto 2700 de 1991, “derivadas de la violación al debido proceso, al proferirse la sentencia condenatoria de segunda instancia (también la de primer grado), con fundamento en diversos medios de prueba que carecían por completo de validez, por haber sido decretados, practicados o aducidos por funcionario sin competencia para ‘instruir’ el proceso. Esa falta de competencia de los funcionarios judiciales y las irregularidades sustanciales en que incurrieron, derivadas de su incompetencia subjetiva y funcional, afectan al debido proceso...”.


En el capítulo que denominó “SUSTENTACIÓN DEL CARGO”, dice que el Fiscal General de la Nación, doctor Alfonso Valdivieso, por resolución del 19 de marzo de 1996, comisionó al doctor Fabio Espitia Garzón,  Fiscal Delegado ante esta Corporación, para que continuara la investigación previa, facultándolo para que, si hubiere lugar, tomara las decisiones del caso, incluido el cierre de la investigación y ordenara los correspondientes traslados. Agrega que el Fiscal comisionado, después de desplazar al doctor Jaime Camacho Flórez, quien se había declarado impedido, dictó resolución de apertura de instrucción, momento a partir del cual, en múltiples ocasiones, decretó y practicó, con la ayuda del Cuerpo Técnico de Investigación y de Fiscales subcomisionados, varias pruebas, las que a continuación relaciona. 


Asevera que dicha subcomisión es irregular, por cuanto el Fiscal General de la Nación no facultó al Fiscal Delegado ante la Corte para tal efecto, implicando el desconocimiento del artículo 251 de la Constitución Política.


Añade:

“Se olvida por el comisionado que este tipo de actuaciones -o mecanismos de búsqueda, como las denomina- deben ser efectuadas con tal ceñimiento a las garantías constitucionales y legales, sin dejar de lado a los sujetos procesales que conservan las mismas facultades y derechos que tienen ante los funcionarios judiciales, como lo indica el artículo 314 del C. de  P. Penal. Y más grave aún si no se pierde de vista que es requisito sine qua non la participación obligatoria del agente del Ministerio Público cuando las Unidades Investigativas de Policía Judicial adelantan investigaciones de competencia de los jueces regionales”. 



A continuación procede a reseñar las pruebas practicadas tanto por el Fiscal comisionado como por el subcomisionado y las que realizó el Cuerpo Técnico de Investigación.


Sostiene que cuando el Fiscal General de la Nación declaró la nulidad de la actuación a partir de la resolución de apertura de investigación, por incompetencia del funcionario que la dictó, dejó a salvo las pruebas válidamente practicadas, apoyándose en lo estatuido en el literal b) del artículo 305 del C. de P. Penal, aspecto que, a su juicio, resulta equivocado, pues, además de que el doctor Valdivieso se encontraba legalmente impedido, no podía comisionar a un subalterno suyo para que adelantara el expediente hasta el cierre de la investigación, lo que le permite colegir que las pruebas también debían correr la misma suerte, al tenor de la teoría de los frutos del árbol envenenado.


“En resumen, con fundamento en una prueba obtenida con violación de los derechos constitucionales fundamentales, mal se puede además edificar un proceso penal, a todas luces indebido, porque la prueba fundante de éste es nula de pleno derecho, como lo indica el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.


“Es decir, esta consagración superior equivale a lo que se conoce universalmente como REGLAS DE EXCLUSIÓN, para poder tener como verdadero fundamento del orden político y de la paz social los derechos inviolables de la persona humana.


“Bien rígida en esta materia es nuestra Constitución: ‘es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso’ (art. 29), cuánto más si no se olvida que en dicha fase sumarial (entre el 29 de marzo y el 10 de septiembre de 1996) casi siempre se impidió la presencia y actuación del señor defensor, burlando así el derecho de contradicción”.  


Advierte que si dentro de una actuación se decreta la nulidad por factor de competencia o por errónea denominación de los hechos, es lógico que las pruebas practicadas continúen válidas. Sin embargo, desde el instante en que se conocía que el doctor Orlando Vásquez Velásquez estaba investigando disciplinariamente al doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, en manera alguna éste podía asumir la investigación en contra de su investigador y, menos, delegar la competencia en un subalterno suyo. “Convalidar las pruebas en un caso así es burlar la obligación funcional básica de la imparcialidad y soslayar las profundas incidencias procesales de la parcialidad”.


Por lo tanto, concluye que al estar demostrada la incompetencia y las irregularidades sustanciales, lo procedente es declarar la “nulidad parcial de la actuación sumarial”.


Tercer cargo (subsidiario)

Acusa que el proceso se encuentra viciado de nulidad, al tenor de los numerales 1° y 3° del artículo 304 del Decreto 2700 de 1991, derivada “de la incompetencia de la Fiscalía General de la Nación para iniciar y adelantar la investigación y calificar su mérito jurídico. La competencia para la investigación y el juzgamiento, con soporte en el numeral 3° del artículo 235 de la Constitución Política de Colombia, correspondía a la H. Corte Suprema de Justicia porque para el año de 1993 el ciudadano hoy condenado era miembro del Senado de la República. Al quebrantar las reglas constitucionales y legales de la competencia, por supuesto se ha afectado la garantía fundamental del juez natural y del debido proceso...”.


Afirma que se encuentra demostrado en el diligenciamiento que el doctor Vásquez Velásquez fue Senador de la República entre el 1° de diciembre de 1991 y el 19 de julio de 1994. Así mismo, obra que él se hizo presente, en razón de su investidura, en la ciudad de Cali para un foro que, entre otros, se llevó a cabo el 9 de septiembre de 1993.


Así, entonces, concluye que los desplazamientos de su procurado a dicha ciudad tenían como fines especiales el desarrollo de sus funciones congresionales y no a título personal, como equivocadamente lo señaló la Fiscalía General de la Nación.


Igualmente, resalta que en la actuación también se encuentra acreditado que Vásquez Velásquez intervino en una charla en la Universidad Santiago de Cali, “de suerte que esa asistencia académica a un centro de educación superior tampoco puede recibir el calificativo de personal; al contrario, era actividad institucional de un miembro del Senado de la República”.


Acota:


“En las páginas 78, 79 y 80 de la sentencia de segunda instancia se acepta (y lo propio se consignó en primera instancia), que para el 9 de septiembre de 1993, el doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ sí estuvo en Cali atendiendo actividades delegadas por la célula legislativa a la que pertenecía -y con tiquetes aéreos pagados por la misma, claro está-; pero a renglón seguido trae a colación que los pagos del Hotel Intercontinental no los hizo él sino una oscura organización de dicha capital, lo que constituye un claro falseamiento de la realidad histórica y procesal, ya que está demostrado plenamente que los pagos efectuados por ‘Inversiones Ara’ fueron de los días 29 de abril y 13 de julio, justo los correspondientes a las invitaciones de la Universidad Santiago de Cali”.




En consecuencia, como quiera que se encuentra demostrado que los viajes que realizó su defendido a la ciudad de Cali fueron por razón de su investidura de Senador de la República, la Fiscalía General de la Nación no era el ente llamado a investigarlo, irregularidad que afecta el debido proceso desde que el mismo tuvo existencia jurídica, esto es, a partir del 29 de marzo de 1996.


Cargo cuarto (subsidiario)

Sostiene que el proceso está viciado de nulidad, con fundamento en los numerales 1° y 2° del artículo 304 del decreto 2700 de 1991, “derivada de la incompetencia del Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia para adelantar la investigación y menos subcomisionar a un Fiscal adscrito a la Justicia Regional, subcomisionado que decretara y practicara pruebas directamente o a través del mismo C.T.I., todo por fuera de ‘la comisión’ conferida por el Fiscal General de la Nación. Al quebrantar las reglas constitucionales y legales de la competencia, se ha afectado desde luego la garantía fundamental del juez natural y del debido proceso...”.


Después de señalar cuáles son las funciones del Fiscal General de la Nación y de hacer una breve reseña de dos jurisprudencias de la Corte Constitucional, asevera que el Fiscal General Nación sólo podía comisionar, y así desprenderse momentáneamente de su competencia, señalando con precisión las pruebas y el término de la misma, al tenor del artículo 82 del C. de P. Penal, modificado por el artículo 12 de la Ley 81 de 1993.


En el caso de autos, reitera que el Fiscal General se limitó a autorizar genéricamente al Fiscal Delegado ante la Corte para que resolviera si abría o no investigación penal, y para que adelantara la totalidad de las actuaciones relacionadas con la instrucción, “cuando lo que ha debido indicarle era a qué personas había que escucharlas en declaración juramentada (según específico cuestionario) o qué lugares, rastros u otros efectos materiales debía inspeccionar, a guisa de ejemplo”.


Recuerda que el 11 de septiembre de 1996, el entonces Fiscal General de la Nación declaró la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de la apertura de instrucción, con excepción hecha de las pruebas allegadas, para que el 25 del mismo mes y año procediera a abrir nuevamente la investigación, comisionando para su perfeccionamiento al tantas veces citado Fiscal Delegado, lo que, a su juicio, vicia la actuación por falta de competencia, del funcionario judicial. Además, “la original nulidad por razón del impedimento legal seguía -y sigue- subsistente; luego, lo único que válidamente podía hacer el Fiscal General en ese momento era manifestarlo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.


Luego de citar a varios doctrinantes y de hacer referencia a decisiones de la Corte Constitucional y de la Sala, agrega que el Fiscal General delegó, erróneamente, la competencia y se despojó del principio de inmediación, aún para la diligencia de indagatoria y de las ampliaciones. Lo más grave, dice, fue que el Fiscal Comisionado, motu proprio, “subdelegó” a un Fiscal Regional y al C.T.I., llamándolo “comisión”.


Finalmente, resalta:


“Pudiera argüirse que hemos equivocado el camino al reclamar un motivo de nulidad si, lo que se ataca son diversos medios de prueba; pero no hay tal. Lo que hemos señalado, con claridad y precisión, es que si es el factor de competencia el que permite válidamente a un funcionario judicial adelantar una investigación, y carecía de él, todo lo que haga (practicar pruebas, resolver peticiones de los sujetos procesales, tomar decisiones que resuelvan algún incidente o cuestión sustancial o de mero impulso o trámite, entre otros), es nulo de pleno derecho porque la investigación nunca la pudo arrancar en forma legítima en virtud del fueron constitucional del que gozaba el doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ en su condición de Procurador General de la Nación”.   


En consecuencia, estima que lo procedente es la declaratoria de “nulidad de todas las pruebas” relacionadas en el cargo segundo, por cuanto las allegaron funcionarios incompetentes, quebrantándose el debido proceso.


Quinto cargo (subsidiario)

Asevera que el proceso adolece de nulidad, “derivada del numeral 3° del artículo 220 del C. de P.P. del consciente menosprecio del sujeto procesal llamado Ministerio Público, cuya presencia en el proceso asegura que no se vulneren los derechos y garantías fundamentales y el orden jurídico. Al dejarlo de lado en toda la fase investigativa (igual que ocurrió con la defensa técnica), por ausencia de control y de oportuna y debida controversia, fueron posibles numerosísimas arbitrariedades en la recolección de la prueba, constitutiva de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, y de paso el derecho de defensa”.


En lo que llamó “SUSTENTACIÓN DEL CARGO”, advierte que su defendido, el 30 de enero de 1996, le solicitó al Presidente del Senado el nombramiento de un procurador ad hoc, con el fin de garantizar la imparcialidad y la transparencia del proceso que se adelantaba en su contra, petición que fue unánimemente aceptada y objeto de sesión extraordinaria al día siguiente, hecho que también se lo había notificado al Fiscal General de la Nación cuando recibió el diligenciamiento proveniente de la Corte.


Sin embargo, anota que el Fiscal General, el 12 de marzo de 1996, argumentó que no veía obstáculo legal para que un subalterno del doctor Vásquez Velásquez fuera el agente del Ministerio Público, con claro abandono del principio constitucional de imparcialidad.


Agrega que el 8 de abril de 1996, los Procuradores Delegados Cuarto y Quinto se declararon impedidos, lo que fue de conocimiento del Fiscal Delegado que adelantaba la actuación. Igualmente, destaca que el Viceprocurador notificó también su impedimento y abstención en la designación de un nuevo Ministerio Público.


Manifiesta que ese mismo día el Senado de la República aceptó el impedimento del señor Viceprocurador, lo que fue comunicado al Fiscal Delegado.


Dice que el 17 de abril siguiente su defendido rindió indagatoria, no obstante que solicitó al instructor se abstuviera de realizarla hasta tanto se hiciera presente un agente del Ministerio Público, petición que fue desechada, lo que se repitió después de la conocida declaratoria de nulidad y abierta nuevamente la investigación. Estima, entonces, que la ausencia del Ministerio Público ameritaba la suspensión de la diligencia, como así lo permitía la legislación de la época, la que cita.


Agrega:



“El más desprevenido lector de este escrito advierte que ante parcialidad tan manifiesta y en presencia de respuestas oficiales tan sesgadas o alejadas del tenor de la Constitución y de la ley procesal, lo mínimo a que podía aspirar el doctor ORLANDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ era a que se le rodeara de las mínimas garantías, como a cualquier otro ciudadano. Sin embargo, se arguyó que la actividad procesal no daba espera, porque ‘el proceso sin impulso oficioso, se estanca. La afección que se posa sobre el mismo va en detrimento de la administración de justicia y de los sujetos procesales, pues un sinnúmero de circunstancias adversas se derivan de un fenómeno de dicha naturaleza’”.



Después de realizar una serie de razonamientos respecto de la intervención del Ministerio Público en el proceso penal, para lo cual se apoya en decisiones de la Corte Constitucional y en estudios doctrinarios, resalta que también se practicaron unas pruebas sin la presencia e intervención de la Procuraduría, mostrándose, en su criterio, desprecio de la Fiscalía por dicha ausencia, yerro que transgredió la estructura y las reglas fundamentales del debido proceso, “desde la resolución de apertura de instrucción fechada el 29 de marzo de 1996 hasta el 18 de diciembre del mismo año, fecha en la que la Fiscalía Regional dispone notificar la situación jurídica al Ministerio Público, pues ‘no aparece debidamente notificado’”.


Sexto cargo (subsidiario)

Asevera que en la actuación se vulneró el debido proceso, “al haberse proferido la sentencia condenatoria de segunda instancia -también la de primer grado- teniendo en buena medida como soporte numerosa prueba testimonial y documental recogida con flagrante violación del principio constitucional de contradicción al no estar presente durante su práctica el defensor convencional; por haber dejado de practicar múltiple prueba testimonial y documental solicitada por el procesado desde la indagatoria o por el defensor sin que se inadmitieran las mismas por falta de conducencia o pertinencia; porque pese a que se ordenó la práctica de algunas pruebas personales, no se recepcionaron las mismas, todo lo cual también constituye estrujamiento del derecho de defensa y cercena el principio constitucional y legal de investigación integral, cual función garantizadora que compensa el poder punitivo del Estado”.


En el título que llamó “PRÁCTICA DE PRUEBAS SIN LA ASISTENCIA DE LA DEFENSA AL NO SER CITADA”, después de reiterar que la fase instructiva se llevó a cabo sin la presencia e intervención del agente del Ministerio Público y que a la defensa se le dijo que estuviera atenta a todas y cada una de las pruebas que se fueran a incorporar, señala que los testimonios de Clementina Giraldo Isaza, Ángela María de Fátima Mesa de Toro, Eliana Giraldo, John Norbey Castaño y Guillermo Alejandro Pallomari, se allegaron a la actuación sin que la defensa pudiera estar presente.


Del mismo modo, advierte que el doctor Vásquez Velásquez solicitó los testimonios de Patricio Gaviria, Alberto León Arango, Libia Nelly Restrepo, Leticia Acevedo, Stella Osorio, Lía Ríos de Ch., Pilar Calle y Stella de Guarín, recibiéndose sólo los dos primeros, quienes corroboraron plenamente la “malquerencia de CLEMENTINA hacia el doctor VÁSQUEZ. y con toda seguridad la otras seis personas que no fueron citadas por la Fiscalía a declarar lo hubiesen hecho en el mismo sentido”.


Respecto al testimonio de la señora Mesa de Toro, afirma que el fallador de primera instancia lo calificó como de cargo, toda vez que el dinero del cheque que le entregó Arlen Uribe M. para que abriera una cuenta en una corporación financiera, tenía como finalidad el financiamiento de la campaña electoral del procesado. Sin embargo, manifiesta que el doctor Vásquez Velásquez solicitó su ampliación con el fin de interrogarla sobre este confuso aspecto, prueba que no se decretó, lo que se repitió con las solicitadas declaraciones de Eliana Giraldo y Norbey Castaño.


En cuanto al testimonio de Guillermo Alejandro Pallomari, dice que fue recibido a espalda de la defensa y sin intervención del Ministerio Público, razón por la cual su defendido solicitó su ampliación, sin que la misma se decretara.


Precisa:


“De habernos permitido interrogarlo de manera sistemática, hubiese quedado claro que si MIGUEL RODRÍGUEZ O., tenia aproximadamente seis oficinas en la ciudad de Cali, mal podía él observar cotidianamente quién o quiénes lo visitaban. Se le hubiera preguntado por la insalvable contradicción que ello encierra si, no se olvida, que afirmó hacía cuatro años no se veía con los hermanos RODRÍGUEZ. Hubiera precisado cuántos asientos contables advirtió en el código ‘VÁSQUEZ O.’ y cuánto era el dinero entregado, al menos en forma aproximada, ya que hace gala de una prodigiosa memoria para citar nombres, cifras, lugares y oficios de múltiples personajes, menos respecto del procesado. Nos hubiera respondido su equivocación respecto de que VÁSQUEZ VELÁSQUEZ era un hombre ‘blanco’ y si antes de abandonar a Colombia lo había visto repetidamente en televisión en sus funciones de Procurador General de la Nación, y si era en esta condición o en la de ex Senador de la República que lo conocía como una persona ‘muy habladora’. No hubiese quedado en el vacío el motivo de su entrevista con integrantes de la Fiscalía en Miami, cual constancia que dejara el Ministerio Público al final de su indagatoria ni cuáles preguntas lo facultaron para responder en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De igual manera, se le hubiese podido inquirir por el conocimiento que tuvo del parlamentario URIBE MÁRQUEZ, de CARLOS ALBERTO RAMÍREZ H. y de JUSTO PASTOR GUARÍN G.; y en razón de qué precisas y particulares circunstancias, y si elaboró cheques para alguna o algunas de estas personas”.


Le merecen especial atención las llamadas labores de inteligencia que el Fiscal Delegado le encomendó al C.T.I., pues éstas no se hicieron y, en su lugar, se adelantaron pesquisas secretas, ya que en ningún momento se documentaron los informes rendidos en lo relativo a las personas que aportaron los datos que les permitieron hacer seguimientos a diversas personas y a las cuentas bancarias, lo que le resulta repudiable al no poder controlar esa arbitrariedad.


Además, anota que el procesado refutó los citados informes por ser contrarios a la verdad histórica y por querer manipular la interpretación judicial que de ellos se hicieron.


En consecuencia, señala que si las pruebas solicitadas por el acusado y la defensa se hubiesen apreciado conjuntamente y con apego a las reglas de la sana crítica, necesariamente habría cambiado el sentido de la sentencia impugnada. Tal irregularidad, en su criterio, contrarió lo preceptuado en el artículo 29 de la Constitución Política.


En el capítulo que denominó “PRUEBAS DECRETADAS Y NO PRACTICADAS”, manifiesta que el Fiscal Delegado ordenó recibir los testimonios de Mario Ramírez y Horacio Zapata y allegar las partes pertinentes de las indagatorias de Gilberto y Miguel Rodríguez, José Santacruz, Julián y Tulio Murcillo y Alberto Giraldo, diligencias que nunca se incorporaron y que habrían demostrado que Miguel Rodríguez  jamás le envió dinero a Vásquez Velásquez, que Pallomari es un mentiroso y que las campañas electorales de su defendido y de Arlen Uribe eran separadas económicamente.


En el acápite “PRUEBAS SOLICITADAS Y NO DECRETADAS”, advierte que su defendido, en la diligencia de indagatoria, solicitó que se recibieran cuarenta y seis testimonios de personas que, según Pallomari, asistieron a varias reuniones con Miguel Rodríguez Orejuela y que Alberto Giraldo, Julián Murcillo, Jaime Lara o Mario Ramírez eran los encargados de entregar los dineros a los aspirantes al Congreso. Igualmente, asevera que Vásquez Velásquez solicitó el testimonio de María del Rocío Álvarez, con el fin de demostrar que los directores de la Fiscalía ejercían presión indebida e ilegal contra sus comisionados para que, a toda costa, encontraran alguna prueba que lo comprometiera.


Finalmente, afirma que se pidió a la Fiscalía que solicitara a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público el informe presentado sobre la posibilidad de avalar la legalidad y legitimidad de la indagatoria de Pallomari, lo que tampoco aconteció.


En conclusión, sostiene que este proceso fue un monólogo de la Fiscalía y del Juez Regional, razón por la cual demanda la nulidad invocada a partir de la resolución de cierre de investigación, inclusive.


Séptimo cargo (subsidiario)

Dice que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad, al tenor del numeral 2° del artículo 304 del C. de P. Penal, “derivada de la ausencia de motivación (o en todo caso en la francamente insuficiente motivación) en la aplicación del inciso 1° del artículo 61 del C. Penal, en la concreta previsión de la ‘gravedad del hecho punible o grado de injusto’ como criterio dosimétrico”.


Luego de copiar unos fragmentos del fallo de primer grado y de hacer referencia al de segundo, dice que existe ausencia de motivación de dicho criterio para fijar la pena, toda vez que lo que hizo el a quo fue “parangonar un delito contra la vida con otro contra la Administración Pública, citando el particular ejemplo de una abuso genérico de autoridad, de suyo no comparables”.


A continuación procede a citar a unos doctrinantes sobre el tema y una jurisprudencia de la Corte, para seguidamente afirmar que la sentencia no contiene la más mínima referencia a los hechos que permitan sustentar el mayor grado de injusto. Lo que hicieron los falladores, dice, fue realizar una indebida doble valoración de la gravedad del hecho, la que tuvo en cuenta el legislador, “y de nuevo traída a cuento dentro de los criterios para fijar la pena, sin fundamentación alguna. En otras palabras, lo que advertimos es que la decisión adolece de motivación, o que es insuficiente la misma, como error de actividad que se enfrente dentro del marco de la causal tercera de casación”, pues cuando el funcionario judicial no motiva su decisión, quebranta el postulado del debido proceso, en lo atinente a la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, razón por la cual solicita a la Corte que se case la sentencia y se dicte la sustitutiva.


Octavo cargo (subsidiario)

Sostiene que el proceso se encuentra viciado de nulidad, al tenor del numeral 2° del artículo 304 del C. de P. Penal, “derivada de la ausencia de motivación (o en todo caso en la francamente insuficiente motivación) en la aplicación del inciso 1° del artículo 61 del C. Penal, en la concreta previsión del ‘grado de culpabilidad’ como criterio dosimétrico”.


Después de copiar una parte de la sentencia de primera instancia, asegura que el cargo se concreta en la falta de motivación de dicho criterio para fijar la pena, pues todo lo que hizo el a quo fue señalar que frente a hipótesis delictivas diversas los juicios deben ser igualmente diferentes.


Anota que el fallo no contiene referencia a la manera como incide el grado de culpabilidad en la conminación del delito tipo, como para que deba incrementarse. Además, insiste en que los juzgadores olvidaron que el legislador tuvo en cuenta, abstractamente, la gravedad del enriquecimiento ilícito, al señalar una pena entre cinco y diez años, “y si volvemos a considerar que quien cometa esta clase de conductas ofende la moral y el orden económico, de nuevo se está valorando la misma consideración genérica o abstracta y de paso vulnerando el principio de no dos veces por lo mismo. Vale decir, el ‘razonamiento’ se muestra a más de ilógico e incompleto en ambas sentencias, como inescindibles que son”.


Por lo expuesto, solicita a la Corte casar la sentencia y, en consecuencia, dictar la sustitutiva.


Noveno cargo (subsidiario)

Asevera que el proceso se encuentra viciado de nulidad, de conformidad con el numeral 2° del artículo 304 del C. de P. Penal, “derivada de la ausencia de motivación (o en todo caso en la francamente insuficiente motivación) en la aplicación del inciso 1° del artículo 61 del C. Penal, en la concreta previsión de la ‘personalidad del agente’ como criterio dosimétrico”. 


Como en los dos cargos anteriores, luego de copiar fragmentos de los fallos de primera y segunda instancia afirma que todo lo que hizo el a quo fue señalar que no se puede confundir personalidad con peligrosidad, ya que el juicio sobre la primera es independiente de que el agente sea o no peligroso socialmente.


Al respecto comenta que “eso es así, empero nosotros no podemos adivinar -porque no somos expertos en esas artes- de qué manera influía la personalidad del doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ en la concreción de la pena por encima de su mínimo legal y con apoyo en la misma, si el fallador de alzada se cuidó en demostrarnos cómo funciona esa diferencia y de qué manera influye para elevar la pena por encima de su mínimo”.


Explica que no se trata de acudir a una criminalidad virtual o latente, como lo hizo el Tribunal al aludir al indicio moral y subjetivo de capacidad para delinquir, teniendo en cuenta la vida anterior y las cualidades personales, lo que califica como errado, ya que la vida de su procurado siempre estuvo enmarcada en los cánones de la moralidad, de la justicia y del derecho. Igualmente, dice que su vida ha estado al servicio público, sin mácula.


Anota:


“Al contrario, H.H. Magistrados, el doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ siempre estuvo inclinado a obrar bien y cabalmente, si no fuese así no pocos antecedentes penales estarían legajados en las páginas sumariales; o al menos sindicaciones de hechos punibles, pero no hay tal. No obstante, con el mayor desparpajo se agrega en la misma página 150 que ‘supuesta la prueba externa de la circunstancia de inculpación’, ‘puede resultar que la persona a quien se refieren había cometido anteriormente acciones ya criminosas, ya simplemente inmorales, de una o varias especies y una o varias veces’.


“O sea que no sólo se supone la prueba de incriminación, sino que se supone igualmente que el doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ ha sido un criminal o un inmoral, así no tenga soporte en el expediente semejante manera de ‘motivar’ una particularidad del fallo”.


De acuerdo con esa razones, estima que el Tribunal vulneró el artículo 5° del C. Penal, el que proscribe toda forma de responsabilidad objetiva, con abandono total del principio de presunción de inocencia.


En consecuencia, agrega que si se motivó indebida y arbitrariamente el indicio moral o de la capacidad para delinquir, no se puede dar por motivado el criterio de personalidad como determinante para incrementar el mínimo de la pena.


Argumenta que el concepto de personalidad es muy complejo, el que no se puede valorar con un criterio vago, tal como se hizo en los fallos, pues no se dijo en qué consistía la mala personalidad de su defendido, esto es, no se realizó un escrutinio de ella, “sino que se limitaron a decir que ésta es diversa a la peligrosidad, lo cual dice todo y no dice nada, es decir, involucra una petición de principio; dado que no es suficiente hacer mención a ella para rematar elevando la pena sin  la menor demostración y sustentación”.


Termina sosteniendo que el criterio de personalidad que contiene el artículo 61 del C. Penal, está referido a la personalidad del delincuente y no solo del delito, como lo ha enseñado la jurisprudencia.


Por lo dicho, solicita a la Corte casar la sentencia y, por ende, dictar la sustitutiva.


Causal primera


Primer cargo (subsidiario)

Acusa al Tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por error de derecho por falso juicio de legalidad, yerro que recae en “la denominada piedra angular de toda la actuación, o sea, el ‘testimonio’ de GUILLERMO ALEJANDRO PALLOMARI GONZÁLEZ”, al haberse supuesto que fue aducido conforme a las prescripciones de la ley colombiana, medio de convicción que fue determinante para sostener que su representado estuvo en Cali y, por lo mismo, recibió dineros del cartel de dicha ciudad. Agrega que de no haberse cometido el citado error, necesariamente la sentencia habría sido absolutoria.


Como normas transgredidas de manera directa, cita los artículos 246, 247, 292, 294 y 359 del C. de P. Penal, y de forma indirecta el 1° del Decreto 1895 de 1989, convertido en legislación permanente por el artículo 10° del Decreto 2266 de 1991 y el 221 en consonancia con el 23 y el 26 del C. Penal.


Después de asegurar que el citado testimonio fue tenido por la Fiscalía como la prueba reina de la investigación, afirma que cuando la Comisión de Fiscales procedió a recibir la indagatoria de Pallomari en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, y Billings, Montana, de los Estados Unidos de América, en esta última ciudad sin la presencia del Ministerio Público, a quien habían dejado “tirado”, las autoridades de ese país prohibieron adelantar la diligencia conforme a los parámetros de la ley colombiana, esto es, identificarlo, tomarle sus huellas dactilares, averiguar bajó qué condiciones había ingresado al territorio extranjero, qué contraprestaciones recibiría por su entrega y en qué consistía el acuerdo celebrado entre la Fiscalía General de Colombia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre las preguntas que podía formular dicha Comisión.


Por lo anterior, se hace los siguientes cuestionamientos: a quién se le recibió indagatoria?, quién es en verdad ese personaje enigmático?, si se trata de un agente encubierto de la D.E.A., sí se le identificó en debida forma, al tenor de los artículos 292 y 359 del C. de P. Penal, y “de veras la legitimidad y la legalidad de la indagatoria quedaron a salvo en presencia de la constancia del agente del Ministerio Público”, cuando intervino en una de las diligencias?.


Recuerda que la identificación constituye una tarea legal de los fiscales, lo que se erige en un requisito esencial para la valoración de sus afirmaciones, máxime cuando se sabe que el ciudadano Guillermo Alejandro Pallomari González estaba muerto, según constancia de la D.E.A. de Chile.


Así, entonces, asevera que la versión de dicho personaje, la que fue trasladada a este proceso, es inexistente, de acuerdo con el mandato del artículo 255 del C. de P. Penal.


Manifiesta que el error del Tribunal consistió en tomar diversas afirmaciones de este personaje para sustentar la confirmación de la condena de primer grado, para lo cual copia un fragmento de aquella providencia, dándole un valor probatorio que, a la luz de la ley, no lo tiene.


Luego de citar un segmento de dicho testimonio y de transcribir apartes de una sentencia de esta Corporación respecto al error de derecho, reitera que el mismo fue allegado sin los requisitos legales.


Advierte que no se trata de una divergencia de criterios con el Tribunal. Por el contrario, pretende demostrar que no se cumplieron los ritos para la aducción de esa prueba testimonial.


Argumenta que el error es fundamental, toda vez que la multicitada declaración fue clave para el juicio de responsabilidad de su procurado, pues de haber sido eliminada del estudio mancomunado de los medios de convicción, la absolución era la decisión a adoptar, ya que no existen otros elementos de juicio que demuestren que su defendido se enriqueció ilícitamente, en razón a que Eliana Giraldo y Ángela María de Fátima Mesa, quienes no pudieron ser contrainterrogadas por la defensa al momento de recibírseles testimonio, eran amigas del doctor Arlen Uribe y eran testigos de oídas, lo que les resta valor probatorio.


Igual situación predica respecto de las declaraciones de Gloria Cecilia Velásquez B. y Carlos Alberto Uribe Márquez, “toda vez que aluden a una referencia que su esposo y hermano les hizo, quienes no atinan en suministrar circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los dineros de URIBE MÁRQUEZ también cubrían los gastos de la campaña de mi mandante”.


En síntesis, estima que el Tribunal debió dar cabal cumplimiento al postulado de la presunción de inocencia, revocando la decisión de primera instancia y, consecuencialmente, absolviendo a su representado, razón por la cual solicita a la Corte casar el fallo impugnado y, por ende, dictar el que deba reemplazarlo.


Segundo cargo (subsidiario)

Acusa al Tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por error de hecho por haber desconocido el principio “positivo” del in dubio pro reo, “como quiera que, a la luz de las reglas de la sana crítica, no se logró demostrar la plena e indiscutible responsabilidad de mi acudido en los hechos que se le imputan; y, por el contrario, se adujeron al proceso pruebas que tienden a demostrar su inocencia y que no fueron debidamente apreciadas. De haber dado aplicación a las reglas de la sana crítica en la valoración particular y conjunta de la prueba, el Tribunal Nacional no podría haber supuesto que lo manifestado por GUILLERMO PALLOMARI era un verdadero y legítimo testimonio; o que lo expresado por los testigos CLEMENTINA GIRALDO, GLORIA VELÁSQUEZ, ÁNGELA MARÍA MESA, ELIANA GIRALDO, CARLOS ALBERTO URIBE M. constituye ‘la verdad revelada’, cuando son personas que declararon guiadas por el desafecto por el procesado, el interés o el desconocimiento de los hechos; ni tampoco, haber infravalorado o desconocido las pruebas de descargo, y así la sentencia acusada habría tenido que ser absolutoria...”.


Luego de realizar unas explicaciones conceptuales respecto de la certeza y el in dubio pro reo, apoyado en la legislación procesal vigente para la época y en un doctrinante, manifiesta que el error del ad quem consistió en dictar sentencia sin que existiese la certeza probatoria, con claro desconocimiento del segundo de los postulados citados, yerro que trajo consigo “errónea aplicación del artículo 1° del Decreto 1895 de 1989” y la falta de aplicación de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 23 del C. Penal.


Enseguida, reprocha al Tribunal por haber considerado que el punible de enriquecimiento ilícito es de difícil prueba, por lo que se hace necesario el examen de tres elementos: las declaraciones de renta,  las huellas, rastros o vestigios que lo demuestren y las explicaciones  del procesado que, de resultar ciertas, alejan todo compromiso penal, o si son mendaces, hacen probable el enriquecimiento .


Arguye que la Fiscalía General de la Nación escudriñó hasta el cansancio las cuentas y bienes de su procurado, las de su cónyuge, hijos, madre y los relacionados con él, sin que encontrara nada significativo que llevara a una sentencia condenatoria, pero que el ad quem concluyó que tal medio de pesquisas no es confiable por las fallas que le son conocidas, pero sin que señalara cuáles datos están alejados de la verdad histórica - económica o fueron dolosamente falseadas.


En lo referente a las huellas o vestigios, el Tribunal Nacional consideró que debidamente manejados llevan a establecer, con la utilización  de las reglas de la experiencia, si hubo o no enriquecimiento injustificado.


Al respecto, acota:


“Lo que no se agregó fue a qué reglas de la experiencia se hacía referencia o cómo manejan las mismas. Por nuestra parte, sabemos que ellas son un componente de las reglas de la sana crítica, al lado de las prudentes luces de la razón, la sicología y la ciencia. Con el concurso de las cuatro reglas se busca la plena demostración de la existencia del hecho, de sus circunstancias significativas de los móviles y de sus autores y partícipes, con un grado de certeza más allá de toda razonable duda. Es por ello que dichas reglas han sido calificadas como ‘garantía de idónea reflexión’ y ‘precepto de higiene mental’ que la ley impone al juez. Sólo así se acata el postulado de que ‘son reglas del correcto entendimiento humano’”.

  

En lo atinente a la consideración del Tribunal, en el sentido de que las explicaciones del procesado si resultan mendaces constituyen un indicio que hace probable el enriquecimiento ilícito, comenta el censor que no se puede llegar a tanto, pues el artículo 247 del C. de P.  P, exige certeza y ahora “se nos viene a hablar de posibilidad y de probabilidad de enriquecimiento ilícito como sustituto de la certeza probatoria”.


Igualmente, dice que el ad quem, para inferir la responsabilidad penal, se apoyó en prueba testimonial, documental e indiciaria, la que critica de la siguiente manera:


La testimonial que sirvió de apoyo para el fallo fue la declaración de Pallomari, la que, como se sabe, se incorporó ilegalmente, habiendo éste asegurado que los dineros eran transferidos a las personas que se postularon al Congreso en especie o en cheque. Así, entonces, afirma que si el doctor Vásquez Velásquez fue uno de los aspirantes al Senado, resulta lógico y natural que dicho numerario hubiera aparecido en sus arcas, lo que no aconteció, pues no existe registro alguno sobre que se le entregaron cheques o dinero en efectivo, lo que es bastante para descartar las afirmaciones de Pallomari en tal sentido, si no fuera por las “motivaciones irracionales de la actividad judicial”.


Recuerda que al citado deponente el Tribunal del Distrito Sur de la Florida le formuló cargos por narcotráfico. Sin embargo, asevera que no comparte la afirmación del ad quem cuando sostiene que las respuestas dadas por dicho declarante no eran por enemistad o por animadversión contra su procurado, pues, a su juicio, está demostrado que “a tal individuo no se le pudo preguntar, por la Comisión de Fiscales, cómo había llegado a Estados Unidos de Norteamérica y bajo qué condiciones, y ni siquiera cuáles eran sus bienes en Colombia, entre otras indagaciones prohibidas”. Además, advierte que no puede perderse de vista la comprobada parcialidad del Fiscal General de la Nación y de sus Delegados contra el doctor Vásquez Velásquez, y las calidades morales de Pallomari, sabiéndose que es un delincuente de cuello blanco, “lo cual poco importó a investigadores y fallador, no empecé a que ellas son determinantes para el Juez”, al tenor del artículo 294 del C. de P. Penal, que establece, dentro de los criterios para apreciar el testimonio, la exigencia de auscultar la personalidad del declarante.


Así mismo, se cuestiona cómo es posible que se crea el dicho de Pallomari, según el cual, su procurado, entre 1993 y 1994, recibió dineros provenientes de la cuenta identificada con el código “VÁSQUEZ O.”, los que eran girados de las cuentas LTD4 ó LTD4 ESPECIAL, cuando nunca aparecieron los respectivos registro contables, al menos que tal ausencia o desaparición se le atribuya a su defendido.


En cuanto a la prueba documental, la que se hizo consistir en que la empresa Inversiones Ara cubrió los gastos de estadía del procesado en el Hotel Intercontinental de Cali, arguye que “aunque esa sea la realidad probatoria, dónde está la prueba irrecusable de que el doctor ORLANDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ sabía de antemano -o siquiera posteriormente- que tal cosa iba a ocurrir?. Dónde está la prueba de que Inversiones Ara pagó los gastos del doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ y no la Universidad Santiago de Cali, que era la entidad anfitriona?”.


Asegura que tampoco hay elemento de juicio que relacione a su defendido con Robinson Pineda Naure, Javier de Jesús Zapata Rua y Jesús Armando Piedrahita Solarte, personas que aparecen girando los cheques para el pago de los citados consumos del Hotel Intercontinental, sin que la prueba pueda ser el testimonio de Pallomari, el que, como ha insistido, no resiste crítica testimonial, además de que permanece inidentificado.

Respecto de la prueba indiciaria, señala que es un sofisma que el Tribunal haya considerado que los dineros provenientes de las citadas cuentas ingresaron indirectamente a la campaña de su asistido, a través del doctor Arlen Uribe, a quien la Fiscalía le encontró siete cheques girados por el Cartel de Cali, entre septiembre de 1993 y febrero de 1994, por valor de $115’000.000,oo, a personas estrechamente vinculadas con él, toda vez que si existía el llamado “carrusel”, “es evidente, que el mismo funcionaba en el círculo más íntimo del doctor Uribe Márquez, lo venimos de resaltar de la mano del ad quem; no en el círculo del doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ. No hay una sola indicación probatoria de que Uribe Márquez le participara de esos dineros al doctor VÁSQUEZ”.


Continúa:


“Dentro de la prueba indiciaria, en las páginas 131 y siguientes, se trae como elemento de compromiso penal ‘el indicio de la mala justificación’, que se hace consistir en que luego de una diligencia de inspección a los libros de la Universidad Santiago de Cali, no se encontró registro contable alguno de pago de alojamiento en el Hotel Intercontinental al doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, por los días 29 de abril y 13 de julio de 1993, fechas en las cuales asegura que estuvo en esa ciudad dictando conferencias sobre ‘Estados de Excepción’ y ‘Reformas al Régimen Local’, y en cambio, los pagos aparecen hechos por la firma Inversiones Ara, de propiedad de MIGUEL RODRÍGUEZ; luego, la constancia expedida por el Secretario del centro universitario es apócrifa.


“Esta reiterada conclusión judicial es especiosa porque del hecho de que tales asientos numéricos no se hayan encontrado en los libros de la Universidad Santiago de Cali, no se sigue, necesariamente, que sea falsa la certificación expedida, cuanto más si es verdad inconcusa que mi poderdante sí estuvo en las fechas conocidas disertando sobre varios temas en el auditorio ‘Pedro Elías Serrano’. En efecto, testimonialmente se acreditó tal suceso con las declaraciones de los doctores Gonzalo Rodrigo Paz  Mahecha, Gilberto de Jesús Gómez González, Ulises Arteaga Sierra y Ricardo Maya Correa todos directivos de tal institución de estudios superiores; y también con las declaraciones de los doctores Álvaro Mazo Bedoya y Herney Hoyos, Magistrados del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quienes asistieron a los foros como espectadores.


“Y tampoco se sigue, necesariamente, que si el hospedaje  -y otros gastos- fue pagado por una persona jurídica perteneciente a MIGUEL RODRÍGUEZ, mi asistido judicial hubiese estado al tanto de tal operación, ya que de un lado lo ha negado con empeño, y del otro, nadie ha osado desmentir que en los círculos académicos (o en cualesquiera otros) se acostumbra que al personaje invitado se le recibe en el aeropuerto, se le sitúa en el hotel, se le moviliza a los lugares requeridos, y de nuevo regresa al aeropuerto, sin que en todo el itinerario se le ocurra preguntar quién va a pagar sus gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje. Por qué, entonces, con el doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ se ha querido destruir la universal costumbre, para de allí derivar datos de convicción judicial contra él. Pudo incluso ser posible que la Universidad, o alguien por ella, recibiera o autorizara los pagos de Inversiones Ara, sin que esto tenga nada que ver con el doctor VÁSQUEZ V.”.


Agrega que la actitud judicial en disfavor del procesado se hace más ostensible al querer inferirle “indicios de mala justificación”, por haber aportado la certificación de la Universidad Santiago de Cali, cuando rindió versión libre ante la Corte Suprema de Justicia, como si ésta y la indagatoria no fueran medios de defensa, en lo que se puede hacer constar todo lo que se tenga por conveniente para la defensa o para la explicación de los hechos y sin que la persona esté obligada a declarar contra si misma.


Igualmente, dice que en la página 148 de la sentencia recurrida, se construyó el indicio de las manifestaciones posteriores al delito, con apoyo en el de mala justificación, toda vez que el “ad quem: le justifica al doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ que mienta; pero, si miente, eso se convierte en ‘indicio de mala justificación’, que es distinto del indicio de las ‘manifestaciones posteriores al delito’, pero que es lo mismo”.


Después de exponer que el hecho indicador no se puede imaginar o suponer sino que su existencia ha de provenir de prueba legalmente aportada al proceso y de que la indagatoria no es un medio de prueba, pues no hubo confesión, sostiene que de ella no se pueden derivar dos indicios: el de mala justificación y el de manifestaciones posteriores al delito, que acaban siendo lo mismo.

Reitera que si en la investigación no se demostró que su defendido se haya enriquecido ilícitamente, el fallador no podía tener tal circunstancia como hecho indicador para construir un indicio de responsabilidad. No son mentiras ni malas justificaciones que el procesado sostenga que ignora por qué aparece Inversiones Ara cubriendo los gastos de su estadía en Cali, ni es mala justificación aportar una prueba documental sobre la presencia en una Universidad, cuando, además, lo corroboran seis personas, entre ellas dos magistrados. Así mismo, anota, no se puede privilegiar la inspección judicial sobre la prueba testimonial.

Sobre el indicio de capacidad para delinquir, advierte que también se equivocó el juzgador, en razón a que su procurado ha tenido  por hábito la actividad intelectual, lo que ha merecido ocupar altas dignidades en el Estado pero que “por arte de magia hoy resulta inclinado a delinquir”, lo que tacha de decisionista e irracional, por oposición a garantista y racional.

En el mismo sentido, agrega que no comparte las afirmaciones del Fiscal Especial, las que encontraron eco en los fallos, según las cuales, el señor Uribe Márquez era el tesorero en la recepción de dineros del narcotráfico y que luego, bajo el sistema del carrusel, le entregaba una parte a su defendido, ya que no hay ninguna prueba documental que respalde tal inferencia subjetiva, máxime cuando en la sentencia de primera instancia se dijo que no había podido establecer, de manera concreta, quién hizo las veces de tesorero, apreciaciones que, en su criterio, riñen con el mandato constitucional y legal que enseña que las pruebas se deben valorar sin contenidos subjetivos o arbitrarios.


En seguida pasa a enumerar los testimonios y pruebas documentales que, en su criterio, “constituyen verdaderos descargos”.


En el acápite que denominó “Pruebas decretadas y no practicadas”, sostiene que los testimonios de Mario Ramírez, María Ruth Hurtado T., Nicolás Escobar, Carlos Eduardo Gómez, Jeanette Carrascal, Adolfo Legarda, Sigifredo Bedoya, Camilo Villa, Eduardo Guzmán, Edison Rojas, Alejandro Molina, Beatriz Tobón de Estrada y Horacio Zapata nunca se llevaron a cabo pese a que se decretó su realización, los que habrían confirmado las explicaciones de su representado y, al mismo tiempo, restado, algunos de ellos, valor probatorio a  las afirmaciones de Carlos Alberto Uribe, Eliana Giraldo y Ángela María de Fátima Mesa.


En el título “Pruebas practicadas y no valoradas”, advierte que las declaraciones de Orlando Arenas T., Fabio Estrada Chica, Iván Muñoz,  Guillermo León Álvarez,  Nancy Álvarez,  Héctor  Jaime  Guerra L., Carlos Mario Rivera, Leticia Acevedo, Hugo Barrera Gómez, Harlen Uribe Suárez,  Jorge Juan Barrera,  Libia Nelly Restrepo, Benhur Arboleda, Héctor Higinio Bedoya, Uriel Jiménez Mayorga, Clara Patricia de Fátima Restrepo P., Patricio de Jesús Gaviria Patiño, Jaime León López Carmona, Alberto León Arango E., Ángela María Jaramillo, Beatriz E. Londoño M., Luz Elena Córdoba, José Javier Escobar, Nancy Osorio, Oscar Villegas, Justo Pastor Guarín, Carlos Alberto Ramírez H. y Silvio Nabor Alomía, nunca fueron valoradas, no obstante que, en su criterio, dan fe “en el sentido de que el doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ les canceló gastos de campaña y publicidad, lo cual contradice la afirmación de CARLOS ALBERTO URIBE (ya varias veces citado), y toda inferencia subjetiva -por ausencia de demostración- atinente a la comunidad económica imputada. Es decir, la fuerza probatoria que los falladores le brindaron a dicho testimonio sólo es aparente, porque no lo podían tomar de manera aislada sino en confrontación con voces disidentes, siguiendo el mandato del artículo 254 del C. de P. Penal, esto es, apreciación en conjunto de las pruebas y de acuerdo a la sana crítica”.


Por tales motivos, concluye que los sentenciadores valoraron sesgadamente las pruebas allegadas al diligenciamiento, pues sólo tuvieron en cuenta las que contenían imputaciones de responsabilidad.


En el capítulo denominado “Pruebas aducidas, convalidadas y no valoradas”, señala que además de las anteriores pruebas testimoniales fueron aportadas por la defensa y validadas por el Juzgado Regional, varias pruebas documentales, que no fueron valoradas judicialmente “no obstante su innegable trascendencia”.


Enumera las siguientes: certificación del Senado, en la que se da cuenta de las comisiones autorizadas al doctor Vásquez a diferentes ciudades, en su calidad de ponente de importantes proyectos, certificación de la Universidad Santiago de Cali,  sobre su presencia allí  dictando conferencias; documentación que acredita la posesión de bienes muebles e innumerables por parte de Arlen Uribe; copia de la sentencia condenatoria contra Carlos Alberto Uribe Márquez, a raíz del ocultamiento de los auxilios otorgados a su hermano Arlen; copia de la resolución inhibitoria a favor de Margarita Rosa de Francisco, a quien Inversiones Ara le pagó su estadía en el Hotel Intercontinental de Cali; copia de la indagatoria de Gilberto Rodríguez,, con la que se acredita que el procesado estuvo ausente de todo contacto, en lo referente a favores de los narcotraficantes; infirme al Consejo Nacional Electoral de Arlen Uribe, donde relaciona las personas que fueron beneficiarias de sumas millonarias para su campaña y que son las mismas que se prestaron para el carrusel “en su círculo más íntimo”; documentos que demuestran la existencia de la Corporación SOS - Viva la Ciudadanía - que organizó varios foros, entre ellos el de Cali del 9 de septiembre de 1993; informe interno del defensor público de Pallomari, sobre que a dicho sujeto no se le pudo identificar; y documento sobre la no correspondencia en las firmas que ordenan alojamiento por parte de la empresa “Ara Limitada”.


Finalmente, reitera que los juzgadores no aplicaron el postulado del in dubio pro reo, lo que constituye un error de hecho en la “apreciación de la prueba testimonial y documental, legalmente producida, llevándose de calle las reglas de la sana crítica (lógica, ciencia, psicología y experiencia).


Termina solicitando que se case la sentencia y se dicte la que deba sustituirla, absolviendo al acusado.


Tercer cargo (subsidiario)

Acusa al Tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial, “mediante error de hecho, por desconocimiento del principio positivo IN DUBIO PRO REO, como quiera que, a la luz de las reglas de la sana crítica, no se logró demostrar la plena e indiscutible responsabilidad de mi acudido en el delito de falsedad documental que se le imputa; y, por el contrario, se adujeron al proceso pruebas que tienden a demostrar su inocencia y que no fueron debidamente apreciadas. De haber dado aplicación a las reglas de la sana crítica en la evaluación particular y conjunta de la prueba, el Tribunal Nacional no podría haber supuesto que la documentación presentada ante el Consejo Nacional Electoral adolecía de información que afectara el bien jurídico-constitucional de la fe pública; y así, la sentencia acusada habría tenido que ser absolutoria, al menos por aplicación del principio ecuménico in dubio pro reo”.


Luego de referirse a la certeza y al principio de la duda, apoyado en las normas pertinentes y en la doctrina, argumenta que el Tribunal Nacional violó de manera indirecta la ley sustancial por “errónea aplicación del artículo 221 del C. Penal y la correlativa inaplicación de los artículos 2°, 3°, 4°, 5°y 23 del C. Penal”.


Precisa:


“El Tribunal Nacional se ocupa (de la página 184 a la 189) en presentar la prueba de la responsabilidad penal del doctor ORLANDO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ en el delito de falsedad en documento privado de manera arbitraria, visto que sólo tuvo en cuenta el fallador de segundo grado -el de primer grado absolvió porque consideró atípica la conducta- las primeras manifestaciones de JUSTO PASTOR GUARÍN GÓMEZ y BEN HUR ARBOLEDA VÉLEZ  y no sus posteriores y detalladas explicaciones sobre su vinculación con la actividad política y con sus aportes a la misma...”.



Afirma que el señor Guarín Gómez en su primera declaración, sin la intervención de la defensa y del Ministerio Público, manifestó que le había entregado a su procurado la suma de $30’000.000,oo en cheques por valor de $10’000.000,oo cada uno, para que financiara su campaña en el año de 1994. Por petición de la defensa, el citado deponente aclaró que la finalidad del dinero era que el doctor Vásquez Velásquez, “atendiera los gastos de las labores permanentes de su directorio, esto es, sus aportes no eran ocasionales para los momentos de las justas electorales. Complementó en el sentido de que nunca hizo beneficiario de dineros al doctor URIBE MÁRQUEZ”.


En consecuencia, sostiene que las autoridades judiciales se equivocaron al deducir que las campañas políticas funcionaban de manera conjunta en lo atinente al tema económico. Igualmente, erraron al colegir que el acusado había faltado a la verdad en el informe presentado al Consejo Nacional Electoral, sobre el origen, volumen y destino de los ingresos obtenidos para la financiación de su campaña al Senado de la República, ya que en el mismo no apareció la suma entregada por Justo Pastor Guarín, toda vez que dicho informe tiene como fin el de establecer que los dineros no tengan origen delictivo y que no se abuse en los gastos de la campaña.


Agrega que si su representado rindió informe por la suma de $19’412.245,oo y si se le agregan los multicitados $30’000.000,oo, se advierte que en manera alguna sobrepasó los topes, los que estaban fijados en $100’000.000,oo.


Por lo tanto, advierte que es claro que Guarín sólo le daba dinero a Vásquez Velásquez, para su actividad permanente del Directorio Liberal Popular, como lo corroboró Gloria Cecilia Velásquez, esposa de Arlen. Del mismo modo, teniendo en cuenta lo explicado por Benhur Arboleda, se sabe que él, en manera alguna, hizo aportes a la campaña del procesado, toda vez que era de público conocimiento que aspiraba a la Cámara de Representantes, al estar inscrito en el tercer renglón.


Asegura que de la declaración de Beatriz Helena Londoño se infiere que ella le colaboraba económicamente al sindicado, pero no a su campaña, lo que fue tergiversado por el sentenciador.


Añade:


“Una vez más notamos que el juez de segunda instancia documenta falazmente, en razón a que la doctora LONDOÑO no se coloca como contribuyente de la campaña  del doctor VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, luego mal la tenía que registrar ante el Consejo Nacional Electoral. Mas asumamos, para discutir, que si fue aportante en escasas ocasiones, entonces con esas exiguas sumas, con los seis millones de la familia ARBOLEDA, los treinta millones de GUARÍN y los cerca de veinte millones declarados, todavía estamos muy lejos de quebrantar el tope electoral en materia de gastos”.


Por estas razones, no comparte las motivaciones que tuvo el Tribunal para revocar la absolución de primera instancia y, por ende, condenar a su protegido por el delito de falsedad, máxime cuando el incumplimiento en los reportes al Consejo Nacional Electoral acarrea sanciones meramente administrativas y, además, no abordó en debida forma el estudio de la teoría del concurso de tipos penales, de manera que apareciera racionalmente demostrado que realmente concurrían el enriquecimiento ilícito y la falsead en documento privado.

En el capítulo que denominó “DE LAS NORMAS VIOLADAS”, dice que el Tribunal aplicó los preceptos contenidos en los artículos 23, 26 y 221 del C. Penal, sin prueba legal que permita dar como demostradas la tipicidad y la responsabilidad, yerro que, a su juicio, condujo a la transgresión directa, por falta de aplicación, del artículo 247 del C. de P. Penal, norma de la que se desprende el postulado del in dubio pro reo, sin perjuicio de las normas internacionales y constitucionales que lo reiteran y de los artículos 2° y 445 del C. de P. Penal.


Así mismo, estima como vulnerados los artículos 254 y 294 del C. de P. Penal.


Como normas sustanciales indirectamente transgredidas menciona los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 23, 26 y 221 del C. Penal, ya que, en su criterio, no se encuentra demostrada la tipicidad de la conducta y, consecuencialmente, la responsabilidad de su procurado.


Dice que el error del Tribunal consistió en la falta de aplicación del postulado del in dubio pro reo, como “consecuencia de la errática y amañada apreciación de la prueba testimonial, llevándose de calle las reglas de la sana crítica ... no haciendo otra cosa que distorsionar el contenido y valor del acervo demostrativo”.

Concluye que al no haberse probado la responsabilidad penal del doctor Vásquez Velásquez, pues a lo sumo  podría hablarse de una responsabilidad objetiva prescrita por el artículo 5° del C. Penal, debe casarse el fallo y absolverse al acusado.


Por lo expuesto, solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y, por los mismo, absolver  a su defendido por el delito de falsedad imputado.


Causal segunda

Primer cargo (subsidiario)

Sostiene la falta de consonancia entre la resolución de acusación y la sentencia, “como quiera que en la primera no se incluyeron las circunstancias genéricas de agravación punitiva contempladas en los ordinales 4°, 7° y 11 del artículo 66 del C. Penal, debiendo hacerlo, ya que ‘requieren de una valoración o análisis previo a su deducción’; y en cambio, en la sentencia aparecen deducidas, para agravar la pena, sin más. De haber respetado el fallador de segundo grado -también el de primera instancia- la relación de causalidad que debe existir entre la resolución de acusación y la sentencia, no hubiera tenido en cuenta tales motivos genéricos de agravación”.


En lo que denomina “FUNDAMENTACIÓN DEL CARGO”, advierte que la Corte Suprema de Justicia aceptó que tratándose de las circunstancias genéricas subjetivas de agravación punitiva, se hace necesario que se imputen en la resolución de acusación, para que quede debidamente delimitado el contradictorio y así no se sorprenda a la defensa.


Explica:


“No es que sea conveniente que las agravantes genéricas se deduzcan en la resolución de acusación, como lo pone en boca de la H. Corte Suprema de Justicia algún escritor; hacerlo es inexcusable obligación del Fiscal, para no sorprender al acusado con una condena por situaciones distintas nunca ventiladas en la etapa sumarial o en el juicio.


“Y si en la etapa de la causa la acusación no fue adicionada, le estaba vedado al señor Juez Regional y, por su puesto, al Tribunal Nacional, proceder a rubricar un exagerado aumento de la pena con base en circunstancias ignoradas por el ciudadano acusado, lo cual quebranta, deslealmente, las reglas del debido proceso en la que se enmarca el derecho de defensa”.   


Después de referirse a otros fallos de la Corte y de insistir en que ese incumplimiento de la ley conllevó a la violación del derecho de defensa, solicita a la Corte casar la sentencia, “esto es, prescindiendo de las agravantes que, con deslealtad para la defensa, se sacaron a relucir a la hora de nona, cuando ya no podían ser controvertidas”.


Segundo cargo (subsidiario)

Igual que en el reproche anterior, acusa que no hay consonancia entre la resolución de acusación y la sentencia, “como quiera que en el pliego de cargos se concluyó que en presencia de una campaña mancomunada, al procesado le correspondería pagar la mitad del enriquecimiento ilícito como pena principal de multa; y, finalmente, se impuso en la sentencia condenatoria la obligación de pagar la totalidad de la misma. De haber respetado el fallador de segundo grado -también el de primera instancia- la relación de causalidad que debe existir entre la resolución de acusación y la sentencia, habría condenado a una pena principal de multa tal como se dedujo en la resolución de cargos, y no duplicándola en el último momento, quebrantando también así el derecho de defensa”.


Luego de sostener que la resolución de acusación constituye la ley del juicio, resalta que en esta pieza procesal se dijo que Arlen Uribe Márquez había recibido, para su campaña a la Cámara de Representantes, la suma de $115’000.000,oo, provenientes de cuentas fachada del llamado Cartel de Cali, guarismo del que, en lo que atañe al procesado, le correspondía $57’500.000,oo.

Anota:


“Dicha suma la incrementó el funcionario calificador con trescientos treinta mil setecientos setenta y un mil pesos ($330.771,oo), ‘valor de dos de las tres estadías del sindicado en el Hotel Intercontinental de Cali..., obteniendo una suma de cincuenta y siete millones ochocientos treinta mil setecientos setenta y un pesos ($57.830.771,oo) como cuantía imputable a título de enriquecimiento injustificado, con el que se produjo un grave atentado contra la moral social y el orden económico”.


Afirma que en las sentencias de primer y segundo grado se le impuso al procesado la pena principal de multa por $115’330.771,oo, sin que exista razón lógica para ello, tal como lo advirtió la Comisión de Fiscales.


En consecuencia, solicita a la Corte casar la sentencia recurrida y, por ende, prescindir “de la duplicación de la pena principal de multa que, con deslealtad para la defensa, se sacó a relucir a la hora de nona, cuando ya no podían ser controvertidas”.

En la finalización de su extenso libelo, reitera las peticiones elevadas en cada uno de los cargos presentados.



CONCEPTO DE LA PROCURADORA CUARTA

DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL


Causal tercera


Primer cargo (principal)

Advierte que no le asiste razón al libelista para predicar que el Fiscal General de la Nación se encontraba impedido para investigar al procesado, razón por la cual la censura no está llamada a prosperar.


Dice que el escrito que dirigió el doctor Vásquez Velásquez al Fiscal General, en el que le informaba que le había formulado cargos disciplinarios por hechos relacionados con su desempeño como Ministro de Educación, le fue respondido por éste, en el sentido de que conservaba la competencia, toda vez que no se encontraba incurso en ninguna de las causales de impedimento que preveía el artículo 103 del C. de P. Penal, vigente para la época, añadiéndole que tampoco advertía ningún motivo para separarse del conocimiento del proceso.


Así las cosas, concluye que contrario a lo afirmado por el libelista, el numeral 10° del artículo 103 del citado estatuto, “en manera alguna comprendía un supuesto de hecho como el que se verificó aquí, pues si pacíficamente se conoce, más por constancia... que por documentos, que el procesado cuando fungía como Procurador General de la Nación dictó pliego de cargos en contra del Fiscal General de la Nación, dígase que también tal decisión no se había producido como consecuencia de una ‘denuncia’ -léase queja por tratarse de una investigación disciplinaria- que presentara previamente el propio enjuiciado a la iniciación del proceso penal, de donde se sigue que mal podía sostenerse que se daba impedimento alguno y menos por la causal indicada, como con vehemencia lo aseguró el impugnante, pues la literatura de la norma en cita es meridiana en ese sentido, sin que admita la interpretación extensiva que éste quiso que se le concediera”.


Después de referirse a los requisitos objetivos y subjetivos que contemplaba la causal aducida, acota que de ser cierta la afirmación del casacionista, tampoco procedía la invalidez de la actuación, ya que al interior del trámite los sujetos procesales tuvieron la oportunidad de adelantar el incidente de recusación, de manera que si guardaron silencio convalidaron dicha incompatibilidad.


Dice que la jurisprudencia y los doctrinantes que cita el actor fueron interpretados sesgadamente, ya que les dio un alcance que no expresan.


Señala como un desacierto técnico sostener que se incurrió en las tres causales de nulidad que preveía el artículo 304 del Decreto 2700 de 1991, toda vez que, teóricamente, solo se estaría en presencia de la primera, en lo que atañe al juez competente, por lo que se vulneró el principio de autonomía.


Finalmente, califica como improcedentes los argumentos que presenta el casacionista respecto a la figura de la comisión, pues, a su juicio, dicha institución en manera alguna se relaciona con los impedimentos.


Segundo cargo

Conceptúa que el desarrollo del reproche resulta equivocado y con claro desconocimiento del principio de autonomía, pues alegó, de manera simultánea, la incompetencia de los funcionarios instructores y la invalidez de la prueba, aspectos que han debido sustentarse por aparte y bajo los postulados de la causal tercera y primera, respectivamente.


Así mismo, dice que también desconoció el postulado de razón suficiente, al dar por demostrada la causal impeditiva alegada en el cargo anterior, “así como su imposibilidad para comisionar, de donde se dedujo tanto su incompetencia para adelantar la investigación, como la invalidez de los elementos de convicción, cuando era deber del censor enseñar, con claridad, precisión y de forma completa, de qué manera se verificaba cada una de estas críticas”.


También califica como desacertado el argumento, según el cual, el señor Fiscal General de la Nación no podía comisionar a sus Delegados ante la Corte para la práctica de pruebas, ya que, como lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, sí era posible, razón por la cual concluye que no existe la irregularidad acusada.


Estima que tampoco le asiste razón cuando demanda la nulidad de las pruebas recaudadas en la etapa de instrucción, en razón a la nulidad decretada por el Fiscal General de la Nación, puesto que los medios de convicción al no tener incidencia en la estructura del proceso, mal podrían resultar afectados, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala.


En cambio, afirma que sí le asiste razón a la defensa cuando advierte que el Fiscal General de la Nación no facultó al Fiscal Delegado para que subcomisionara para la práctica de pruebas, tal como lo señalaba el artículo 82 del Decreto 2700 de 1991, máxime cuando se trataba de investigaciones “contra aforados constitucionalmente, pues sólo se puede comisionar a los Fiscales Delegados ante la Corte. Sin embargo, repárese que aún restando del proceso el acervo probatorio que se produjera en esas condiciones, no se modificarían las conclusiones del fallo...”.


En efecto, sostiene que las pruebas que practicaron los funcionarios subcomisionados, tales como los testimonios de Justo Pastor Guarín, Eliana Giraldo García, Clementina Giraldo de Isaza, Francisco Guillermo Mejía Mejía, Angela María de Fátima Mesa Toro, Gloria Cecilia Velásquez Bermúdez y Benhur de Jesús Arboleda Vélez, entre otros,  no fueron pilar fundamental del juicio de responsabilidad, pues simplemente, en el proceso valorativo, corroboraron las conclusiones que ofrecieron los demás medios de convicción.


Acota:


“En cuanto a la criticada intervención del C.T. I. a expensas de la solicitud que en tal sentido elevara el Fiscal Delegado ante la Corte, aclárese que ésta se trató de un apoyo a la investigación, conforme al artículo 313 del Decreto 2700 de 1991, y no de una comisión conforme al artículo 82 del mismo Decreto, como lo quiso dar a entender la defensa, de tal forma que en ese entendido no hubo irregularidad alguna, pues no debe olvidarse que los organismos de policía judicial no actúan con jurisdicción sino bajo la tutela directa del funcionario judicial correspondiente, en tanto que la comisión de que trata el artículo 82 se hace entre funcionarios judiciales”.


Luego de criticar que el funcionario subcomisionado no podía encomendarle labores al C. T. I. y que el demandante confunde labores de inteligencia con las pruebas, señala que resulta equivocada su afirmación, según la cual, la presencia del agente del Ministerio Público era obligatoria, de acuerdo al artículo 134 del Decreto 2700 de 1991, “puesto que lo que la norma exigía era la perentoria asistencia de un agente, pero durante la investigación preliminar en procesos de conocimiento de la extinta justicia regional y si se repara, en el caso particular ni se estaba en dicha etapa, pues se había decretado la apertura de la investigación, ni en aquél entonces el expediente era conocido por la referida justicia”.


Finalmente, como otro defecto de técnica, destaca que el libelista escasamente señaló las normas que consideró infringidas, sin  ningún otro comentario.


Tercer cargo

Señala que el actor partió de plurales equívocos procesales en la fundamentación del reproche, por lo que el mismo no está llamado a prosperar.


Conceptúa que no es posible predicar que el punible de enriquecimiento ilícito imputado al procesado, lo cometió en su condición de congresista, pues, de acuerdo con las pruebas, resulta claro que la estadía del doctor Vásquez Velásquez en Cali, el 9 de septiembre de 1993, no fue de carácter oficial, ya que el costo de su alojamiento fue cubierto por Inversiones Ara, situación que no ocurrió con los otros miembros del Senado que asistieron a dicha ciudad, para lo cual se apoya en las consideraciones del Tribunal.

Respecto a las demás visitas que hizo el procesado a la mencionada ciudad, a las que, según él, “había sido invitado por la Universidad Santiago de Cali para disertar sobre algunos proyectos de ley que cursaban para la época, asumiendo de paso que los gastos corrían por cuenta de este claustro, la prueba enseñó todo lo contrario, pues claramente evidenció que no se habían surtido las conferencias y que las cuentas habían sido canceladas por Inversiones Ara”. También resultó claro que éste no desconocía quién sufragaba los gastos, esto es, el señor Miguel Ángel Rodríguez Orejuela.


Además, anota la Procuradora Delegada que el actor cometió “un doble error de técnica”, al apoyar simultáneamente el cargo en dos causales de nulidad, es decir, el juez competente y el debido proceso, con claro desconocimiento del principio de autonomía.


Así, entonces, sugiere a la Sala no casar la sentencia.


Cuarto cargo

Después de conceptualizar sobre los alcances jurídicos de la comisión y de la delegación y de citar una doctrina al respecto, asevera que el libelista le da una peculiar interpretación a los fallos de la Corte Constitucional, toda vez que resulta desatinado predicar que el Fiscal General de la Nación en vez de comisionar, delegó sus funciones al Fiscal Delegado ante esta Corporación.


Así mismo, observa que no existe quebranto del artículo 82 del C. de P. Penal, vigente para entonces, ya que el término precisión en manera alguna está referido a la estipulación detallada de las diligencias, “sino que ésto también se satisface indicando lo que se persigue, como sucedió aquí, lo cual se puede predicar más de la primera de las comisiones que de la última, pues en la comisión inicial se dijo que se realizarán las actuaciones a que hubiere lugar, indicándose las interlocutorias que se encargaban, en tanto que en la última se hizo referencia a los numerales donde estaban contenidas las que se ordenaron, extendiéndose el auxilio a las que resultaran de esas, ocurriendo lo propio con el ‘término’ del encargo, pues en una y otra fue especificado”.


Agrega que tampoco resulta acertado que la defensa afirme que la indagatoria y sus ampliaciones fueron practicadas por un Fiscal Delegado sin competencia, toda vez que, como dijo en precedencia, estaba facultado para recibirla.


Complementa:



“Dígase a su vez, que la objeción del actor, en relación con el decreto de pruebas por parte del Fiscal Delegado ante la Corte, nada de irregular comportó, pues visto como quedó que en él sí podía recaer la comisión y que fruto de ella podía ordenar pruebas, tal como se lo ordenara el comitente, permite concluir pacíficamente que la queja del censor no pasó de ser la expresión de su particular expresión de los fallos de la Corte Constitucional, y aún de los de la Corte Suprema de Justicia -auto del 25 de julio de 1996, M.P. Dr. Dídimo Páez Velandia-, pues transcribió un pasaje de uno de éstos convenientemente a fin de ocultar su real alcance, ya que allí se avalaba la comisión instructiva, mas no que ella comprendiera el imponer medida de aseguramiento a procesados que gozaran de fueron constitucional”.


 

Después de resaltar que al censor le asiste la razón en el sentido de que el Fiscal comisionado no podía subcomisionar, arguye que la nulidad propuesta no tiene ninguna incidencia, ya que cuando el procesado dejó de tener la calidad de Procurador General de la Nación, la competencia quedó radicada en la misma jurisdicción que lo investigó y juzgó.


Por lo expuesto, conceptúa que el reproche no tiene vocación de éxito


Quinto cargo

Inicialmente afirma que una cosa es que en el proceso no exista Ministerio Público, como lo asevera el actor, y otra bien distinta que existiendo se abstenga de intervenir, como en efecto ocurrió en este caso, toda vez que el Procurador Cuarto Delegado en lo Penal se notificó personalmente del auto por medio del cual la Corte ordenó remitir el diligenciamiento a la Fiscalía. Por su parte, el Procurador General encargado se enteró de la resolución que resolvió el asunto de las “incompatibilidades”. Así mismo, en el expediente obra que al citado sujeto procesal se le informó de la apertura de la instrucción y de una inspección judicial, lo que implica que se le dio oportunidad para que interviniera en el trámite del asunto.


Considera un equívoco que se diga que por el impedimento manifestado por el agente del Ministerio Público, el trámite debía suspenderse, toda vez que ello no estaba previsto en el artículo 112 del Decreto 2700 de 1991. Todo lo contrario, la citada normativa contemplaba que la actuación debía continuarse frente a incidentes de tal naturaleza.


Además, estima que al libelista le era imperioso demostrar  la existencia de un perjuicio derivado de la no participación del Ministerio Público, evidenciando que tal agravio sólo puede subsanarse por la vía de la nulidad, aspecto que no aconteció.


Añade:


“Además, obsérvese puntualmente que la extrañeza del actor por la no presencia del representante de la sociedad en la indagatoria del procesado, no habría obtenido ninguna consecuencia de cara a las formalidades de esta diligencia o para los derechos del mismo incriminado, pues de un lado, ninguna denuncia se formuló en este sentido en las distintas etapas procesales y de otra parte, ahora tampoco se evidencia irregularidad alguna, de modo que el reclamo por la presencia nominal per se del Ministerio Público, no servirá de sustento para la invalidez pretendida”.


Advierte, así mismo,  que tampoco es acertada la crítica que hace el actor a la falta de intervención del Ministerio Público en la práctica de las pruebas, ya que la ley no lo exigía y, de ser cierto, su ataque sería por la vía del error de derecho y no por la causal tercera.


Agrega que no siempre se debe predicar la violación del derecho de defensa por la no intervención del representante de la sociedad, pues “si bien este sujeto procesal puede actuar a favor del procesado, en el caso particular no se dijo o vislumbra cómo su no participación afectó en grado superlativo la garantía en mención, al extremo de exigir la reposición de la actuación”.

En consecuencia, sugiere a la Corte la desestimación de la censura.


Sexto cargo

Estima la representante de la sociedad que la censura formulada por la omisión en la práctica de algunas pruebas y por la falta de participación de la defensa en la producción de otras, no tiene la trascendencia suficiente para modificar las conclusiones adoptadas en el fallo impugnado, además que el actor especula “en uno y otro caso sobre los alcances de las mismas y, de otra parte, éstas confrontadas con el restante acervo probatorio válidamente practicado, conforme se dejó expresado en el cargo segundo, definitivamente no alterarían las conclusiones de la sentencia”.


En lo que atañe a los testimonios de Clementina Giraldo de Isaza, Ángela María de Fátima Mesa de Toro, Eliana Giraldo García, Carlos Alberto Uribe Márquez y Jhon Norbey Castaño Arias dice que el actor, en su argumentación, no hizo otra cosa que oponerse a la credibilidad que el juzgador les otorgó para la construcción de indicios y el juicio de responsabilidad en contra del procesado, además que, en otras ocasiones, las mismas resultan intrascendentes frente al estudio valorativo que el Tribunal le dio al conjunto de los medios de convicción, método que así expuesto resulta desatinado en esta sede, por venir la sentencia amparada por la doble presunción de acierto y legalidad.

   

Respecto a la petición de la ampliación de declaración de Guillermo Alejandro Pallomari González, asevera que el censor también exhibe argumentos intrascendentes, tales como pretender que el testigo indicara qué personas visitaban a Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, cuando es bien sabido que contaba con varias oficinas, olvidando la defensa que por aquél entonces aquél mantenía contacto directo y permanente con éste.


“Pero también carecieron de incidencia las restantes glosas, pues aquella relativa a que Pallomari González explicara la contradicción en que incurrió, al sostener inicialmente que no había visto a Miguel Ángel Rodríguez Orejuela hacía cuatro años -contando desde el 8 de julio de 1994 hacia atrás, fecha en que testificó ante la Fiscalía Regional de Cali- y, sin embargo, después declaró que había notado la presencia de éste en sus oficinas, de modo que por esto pudo dar cuenta de las visitas del aquí procesado, hace preciso señalar que la manifestación original que realizara Pallomari González la hizo bajo la ‘presión’ de Rodríguez Orejuela, a quien sindicó de la muerte de su esposa y su escolta, mientras que cuando fue escuchado en el territorio de los Estados Unidos de América, el 7 de diciembre de 1995, lo hizo sin ningún apremio y de allí la diferencia de versiones, pues inclusive aclaró que esta última era la cierta”.


Del mismo modo, califica como insustancial el argumento del libelista, según el cual, el citado deponente debía ampliar su versión con el fin de que indicara el numero de registros contables que se realizaron bajo el código “VÁSQUEZ O” y su valor, ya que lo manifestado por éste lo sustentó en su memoria, “advirtiendo en aquella oportunidad que sólo se percataba de los giros cuando ya se habían realizado por Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, y de otra parte, constando en el expediente de cuáles cheques se trataba, como en detalle lo reconstruyó el Tribunal, inane se haría una nueva salida procesal del declarante para este efecto”.


Finalmente, conceptúa que también resultaba inocuo para el proceso que Pallomari González indicara la forma como conoció al procesado, pues él mismo fue tajante en sostener que ello ocurrió cuando Vásquez Velásquez era congresista. Igual situación se presenta con Arlen Uribe Márquez, toda vez que la averiguación concluyó en que los cheques terminaron en sus arcas.


En cuanto a las pruebas que fueron ordenadas y que no se practicaron, advierte que corren la misma suerte de las anteriores.

En efecto, en lo atinente a los testimonios de Mario Ramírez, Alberto Giraldo, Julián y Tulio Murcillo Posada, Gilberto José y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, ya que, como se sabe, los dineros de origen ilícito llegaron de manera indirecta a la cuenta de la campaña de José Arlen Uribe Márquez y desde allí se nutrió la del acusado.


Añade:


“En punto de las pruebas que no obstante se solicitaron y no se ordenaron, es del caso mencionar que el testimonio de las 46 personas que dice la defensa su pupilo refirió en la injurada, en nada cambiarían el fallo, pues si lo que pretendía con ello era demostrar que no hubo un encuentro entre el procesado y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, en primer término, recuérdese que Pallomari González refirió que la reuniones fueron en las oficinas de aquél y en privado, lo que no es extraño que así ocurriera dado que para la época ya se sabía de las sindicaciones contra Rodríguez Orejuela por narcotráfico; en segundo lugar, repárese que el tema del proceso no fue precisamente demostrar si hubo o no reunión, sino uno más objetivo, esto es, la recepción de beneficios y dinero de parte de aquél; y por último, en todo caso de nada servirían esas probanzas frente al relato de Pallomari González que permitió al juzgado llegar a una conclusión distinta a la reclamada por el impugnante, de modo que como esta sede no está instituida para prolongar el debate probatorio, ante la doble presunción de acierto y legalidad que acompaña el fallo, en forma alguna su propuesta devino en trascendente.


“Si bien hasta aquí la defensa en realidad procuró hacer prevalecer su particular entendimiento sobre los hechos y las pruebas, nada contrario ocurrió cuando especuló acerca de unas supuestas presiones de que fuera víctima un funcionario de la Fiscalía para que investigara hasta encontrar alguna prueba que incriminara al procesado, según lo refiriera María del Rocío Álvarez, ya que ninguna constancia hay de que ello haya sido así, pero más aún, si el interés de la defensa era de que Álvarez declarara, ha debido insistir en ello, pero no lo hizo. Además, no se vislumbra de qué manera esa prueba habría tenido la fortaleza para retrotraer la actuación, como es la pretensión de este cargo”.   


Por último, tampoco indicó el censor cuáles fueron los requisitos de la indagatoria de Pallomari omitidos por los funcionarios investigadores, lo que debió sustentar al amparo de la causal primera de casación.


En consecuencia, sugiere a la Sala no casar la sentencia.


Séptimo, octavo y noveno cargos

Precisa que como las citadas censuras se sustentaron en las mismas argumentaciones, emitirá su concepto de manera unificada.


Advierte que la nulidad demandada por quebranto del debido proceso, por cuanto que la sentencia no motivó los criterios de gravedad del hecho punible, grado de culpabilidad y personalidad del agente, al tenor del artículo 61 del Decreto 100 de 1980, no está llamada a prosperar, toda vez que el juzgador al momento de individualizar la pena no los consideró, al apoyar su determinación en las circunstancias de agravación, tal como se desprende del fallo de primera instancia.


Luego de comentar dicha decisión, puntualiza que en lo relativo a los cargos séptimo y octavo, el libelista denuncia que el Tribunal había incurrido en una doble valoración al imponer la pena, “pues el actor sostuvo que la ‘gravedad del hecho punible’ y el ‘grado de culpabilidad’ ya se habían apreciado por el legislador al fijar una pena para el delito de enriquecimiento ilícito de particulares entre cinco y diez años de prisión, frente a lo cual es preciso advertir, en primer término, que tal como quedó dicho, estos ‘criterios’ no fueron empleados en el caso particular, pero además, dígase que una es la función del legislador, quien dentro de su libertad de configuración y auspiciado por la política criminal del Estado, establece las conductas punibles y el límite máximo y mínimo de las sanciones que a ellas corresponda y otra bien diversa es la incompetencia del juez, quien dentro de aquellos parámetros debe individualizar la pena, teniendo en cuenta las circunstancias que se hayan verificado en cada caso, por lo tanto, en forma alguna se presentó la doble valoración que insinuara la defensa”.


Después de sostener que lo mismo ocurre cuando el actor demanda que el indicio de capacidad para delinquir fue utilizado para deducir el criterio de la personalidad del agente, sugiere a la Corte la improsperidad de los citados cargos.


Cargo décimo

Estima que no le asiste la razón al censor cuando denuncia error de derecho por falso juicio de legalidad en la indagatoria y el testimonio de Guillermo Alejandro Pallomari González.  Así, en lo relacionado con la primera diligencia citada, asevera que la individualización e identificación se cumplieron conforme lo preveía el artículo 359 del Decreto 2700 de 1991, tal como se desprende del acta, para lo cual procede a su transcripción. Ahora bien, agrega que el hecho de que no hubiera estampado las huellas dactilares, en manera alguna desacredita la individualización hecha en esta diligencia, máxime cuando la ley no lo exige. Igualmente, tampoco se tiene noticia que el proceso de donde se trasladó la injurada, haya sido invalidado.

Igualmente, asegura que en la indagatoria no era necesario que el imputado presentara un documento de identidad, conforme a la norma citada. Tampoco se puede poner en entredicho su existencia, pues fue el mismo libelista quien puso de presente la manera como se solucionó dicha cuestión, “pero más aún, para zanjar este asunto definitivamente, fue la propia defensa que allegó copia del testimonio que Pallomari González rindiera el 8 de julio de 1994, que dígase, coincide con el mismo día en el que según el censor, se llevó a cabo el allanamiento en las oficinas de éste, jornada en la que también un oficial del ejercito informara del deceso del testigo en cita, conforme versión proveniente de la D.E.A. de Chile, donde se sigue que si Pallomari González declaró para tal fecha, indiscutiblemente no estaba muerto”.


En lo que respecta a su testimonio, conceptúa que el asunto no reviste la trascendencia que se le quiere dar, ya que la ley no exigía que el declarante fuera sometido a un proceso de individualización, sino que fuera simplemente identificado, cosa que aquí se hizo, tal como quedó constancia en el acta.


Por otra parte, califica como desatinada la aseveración del censor, según la cual, los testigos de oídas no tienen valor probatorio, pues el contenido de sus declaraciones sí tienen fuerza demostrativa, en la medida en que se conoció la fuente y su fidelidad, aspecto que cobró fuerza con el estudio mancomunado de las demás pruebas allegadas al diligenciamiento.


Así, considera que los cargos no están llamados a prosperar.


Décimo primer cargo

Conceptúa que la defensa en lugar de demostrar los errores de hecho que denuncia, los que supuestamente llevaron a la aplicación indebida del artículo 1° del Decreto 1895 de 1989 y a la falta de aplicación del artículo 445 del Decreto 2700 de 1991, centró la argumentación en prolongar el debate probatorio, sin ignorar los múltiples yerros de técnica en que incurrió.


Considera oportuno recordarle al libelista que una cosa es que se desconozcan las reglas de la sana crítica y otra es el convencimiento que despierta en el juez la prueba recaudada, “que es en realidad a lo que apuntó el censor y de allí su insistente queja porque se llegara a unas conclusiones diversas a los intereses que representaba”.


Es así como en lo que respecta a la prueba testimonial, la que centra en el relato que hizo Pallomari, presenta una serie de argumentos que lo alejan de la técnica de casación, siendo imposible vislumbrar cuál era su propósito final.


Igual sucede con la prueba documental, centrada en quién pagó la estadía del procesado en la ciudad de Cali, esto es, Inversiones Ara o la Universidad Santiago de Cali, apoyándose para el efecto en la declaración de Pallomari González, a quien le resta credibilidad en su dicho.


En lo relativo a la prueba indiciaria y respecto de los indicios de mala justificación, de manifestaciones posteriores al delito y de capacidad para delinquir, advierte que también es un reproche carente de técnica, toda vez que no indica en cuál de los elementos de la prueba se originó el yerro del Tribunal, lo que adiciona con comentarios deshilvanados        que en manera alguna demuestran el error demandado.


Así mismo, contrariando su enunciado y la lógica, dice que el actor presenta un capítulo que llamó pruebas practicadas y no valoradas, donde pretende proponer un error de derecho por falso juicio de existencia por omisión, quedando la censura a mitad de camino, ya que sus argumentos los centró en personales opiniones, sin que evidencie el error demandado, apartándose así, nuevamente, de las reglas que gobiernan el recurso de casación.


Por lo anterior, estima que el cargo no debe prosperar.


Décimo segundo cargo

Manifiesta que el mismo no está llamado a tener éxito, debido a que el discurso no resulta pertinente, pues lo desarrolla como si se tratara de una tercera instancia, sin dejar pasar por alto que no solo no consulta la técnica casacional, sino que tampoco comulga con la realidad procesal.


En efecto, teniendo en cuenta que el reproche está dirigido a que el Tribunal tomó la versión inicial de Justo Pastor Guarín López, dejando por fuera su posterior ampliación, por lo que el dinero que éste le entregó al procesado no tenía porqué incluirlo en el informe que presentó ante el Consejo Nacional Electoral, razón por la cual, no es posible condenarlo por el delito de falsedad, advierte que la labor demostrativa del cargo la centró en refutar la razones que tuvo el ad quem para otorgarle crédito a la versión inicial del citado deponente, “actitud totalmente fuera de lugar, pues conocido que el fallo viene precedido de la doble presunción de acierto y legalidad, no hay lugar a cuestionamientos por la vía del debate probatorio en esta sede”.


Sostiene que igual crítica debe hacerse a los argumentos que presenta en torno al testimonio de Benhur de Jesús Arboleda, ya que entró a discutir las apreciaciones del fallador, sin que se observe alguna censura al fallo por errores en la apreciación de la prueba. Agrega que aunque le asiste la razón sobre el contenido de la declaración de María Nury Elina Gómez Arango, ello para nada altera las conclusiones de la sentencia, pues con el dicho de Guarín Gómez y el de Arboleda Vélez, “bastaba para deducir que el enjuiciado había consignado una falsedad en el informe presentado ante las autoridades electorales, sin que importe para mucho que Beatriz Elena Londoño Mira indicara que sus aportes eran para gastos urgentes”.


Acota:



“Por eso, tal como lo sostuviera el Tribunal, bastaba consignar un hecho que no es cierto en un documento que pueda servir de prueba, el cual en el caso particular debía reposar en el Consejo Nacional Electoral para que se configure el delito de falsedad en documento privado, no siendo posible aceptar la tesis de la defensa sobre el concurso aparente de tipos, puesto que la conducta bajo examen no se subsume en la del tipo de enriquecimiento ilícito de particulares, ya que se trata de tipos penales que protegen bienes jurídicos distintos, valga decir, la fe pública y el orden económico y social, respectivamente, pero es más, en el presente asunto se evidencia que la falsedad se cometió para evitar que las autoridades se enteraran del valor real del dinero invertido en la campaña, el cual como se conoce, en gran parte provenía de cuentas controladas por Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, de tal forma que la fe pública se ofendió para ocultar el enriquecimiento, actuando por esta razón la falsedad documental a manera de delito medio y el enriquecimiento ilícito de particulares como delito fin, de modo que en estas condiciones no es posible apoyar la tesis pregonada por la defensa”.    


Finalmente, no comparte que el actor haya citado como normas vulneradas los artículos 247, 254 y 294 del Decreto 2700 de 1991, toda vez que el primero hace referencia a los requisitos para dictar sentencia, en el segundo no dijo en qué consistía la violación  y en el tercero no citó cuáles fueron las reglas de la sana crítica transgredidas.


Por lo anterior, conceptúa que el reproche no puede tener éxito.


Décimo tercer cargo

Después de señalar cuándo existe armonía entre la resolución de acusación y la sentencia, apoyada en una decisión de la Corte, advierte que al tratarse de la deducción de las agravantes genéricas, es preciso que estén consignadas fácticamente en el pliego de cargos, tal como aquí aconteció.


Sostiene que los numerales 4°, 7° y 11 del artículo 66 del Decreto 100 de 1980, se encuentran descritos en los hechos imputados en el pliego de acusatorio. Es así como se demostró que tanto el procesado como José Arlen Uribe Márquez tuvieron que abrir varias cuentas para efectos de recibir, de manera directa e indirecta, los títulos valores de empresas fachada del Cartel de Cali, dineros que sirvieron para el financiamiento de la campaña política, en la que tuvieron que desplegar una serie de actividades definidas y precisas, con el objeto de hacerse al mismo. También se adujo la participación del procesado y del citado Uribe Márquez en la comisión de las conductas. Finalmente, precisa que en repetidas ocasiones se señaló la condición de Senador de la República y de Procurador General de la Nación de Vásquez Velásquez.


Por lo tanto, considera que el reproche no debe prosperar.


Décimo cuarto cargo

Conceptúa la Procuradora Delegada que la cuantía del incremento injustificado no forma parte de la definición típica, por lo que el valor de la multa no puede ser tenido como parte de la imputación jurídica.


Sobre este aspecto, dice:


“Ahora, en el caso particular es claro que la deducción de la suma a que ascendió la condena de multa se sustentó en la apreciación probatoria que hizo el juzgador oponiéndose a la valoración del instructor, quien entendió que ella debía ascender a una cantidad equivalente a la mitad, en tanto que el primero interpretó que al estarse frente a un mismo designio correspondía al procesado responder por la totalidad, de manera que el solo hecho de que no haya ‘identidad entre la apreciación probatoria del acusador y del juzgador’, no implica falta de correspondencia, pues con ello tampoco se modifica la imputación fáctica, de manera que como se conoce, en el presente caso es palmar que estuvo fuera de discusión tanto la existencia como el monto de lo enriquecido ilícitamente, es evidente que el Tribunal al ‘concluir’ que la pretensión de los imputados era una sola, es decir, el patrocinio de la campaña, no incurrió en discordancia al condenar a Vásquez Velásquez por el total de la suma ilegalmente conseguida”.    


Por lo tanto, estima que el cargo no tiene vocación de éxito.


Casación oficiosa

Por último, sugiere casar oficiosamente el fallo, toda vez que, en su criterio, al procesado se le vulneró el principio de la prohibición de reformar en perjuicio.

Sostiene que la sentencia de primer grado condenó al doctor Vásquez Velásquez a la pena de 8 años de prisión, como autor del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, providencia contra la cual el defensor y el representante del Ministerio Público, quien abogó a favor del procesado, interpusieron el recurso de apelación, razón por la cual se debe hablar de apelante único.


Sin embargo, manifiesta que el Tribunal Nacional, al desatar el recurso interpuesto, condenó al procesado, además, por el delito de falsedad en documento privado, por el que fue absuelto en primera instancia, imponiéndole en definitiva como pena privativa de la libertad 8 años y 6 meses de prisión.


Por ello, dice que, así opere, en este caso, el grado jurisdiccional de la consulta, no puede agravarse la situación del procesado apelante único, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional.


Por lo tanto, conceptúa que la Sala debe casar, de manera oficiosa, la sentencia y, en su lugar, mantener la de primer grado, en la que se absolvió al procesado por el delito contra la fe pública.


CONSIDERACIONES  DE  LA  CORTE


Causal tercera

Como lo ha sostenido la Sala, aunque las nulidades permiten alguna amplitud para su proposición y desarrollo, no puede la demanda en que se invoquen equipararse a un escrito de libre formulación, sino que están sujetas, como las demás causales, a unos insoslayables requisitos, pues si se trata de un medio para preservar la estructura del proceso y las garantías de los sujetos procesales, quien las aduzca no sólo debe acatar los principios generales que rigen este medio de impugnación extraordinario, sino que debe sustentarlas en debida forma, indicando el motivo de la nulidad, la irregularidad sustancial que alega, la manera como ésta socava la estructura del proceso (error de estructura) o afecta las garantías de los sujetos procesales (error de garantía) y la actuación que en virtud del yerro queda viciada.


Si no se cumplen esos requisitos, la censura no puede tener éxito, toda vez que a la Corte, por virtud del principio de limitación, le está vedado corregir los defectos del libelo.


Primer cargo

1. Con fundamento en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 304 del Decreto 2700 de 1991, aplicable para la época, acusa que la sentencia se profirió en un juicio viciado de nulidad, toda vez que el Fiscal General de la Nación, doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, así como sus Delegados, se hallaban impedidos para iniciar y adelantar la investigación, por cuanto que aquél se encontraba vinculado a un proceso disciplinario que adelantaba el doctor Vásquez Velásquez, en su condición de Procurador General de la Nación, relacionado con su desempeñó como Ministro de Educación, yerro que, a su juicio, condujo a la violación de la garantía del funcionario judicial competente, independiente e imparcial, así como al quebrantamiento del debido proceso y del derecho de defensa.  


2. El cargo adolece de desaciertos técnicos como son el de entremezclar, al interior del mismo cargo, de manera confusa, los tres motivos de nulidad, a saber, la falta de competencia del funcionario instructor, el quebrantamiento del debido proceso y el del derecho de defensa, sin acatar que si bien el primero y el tercero se derivan del segundo, han sido claramente diferenciados por la ley y la jurisprudencia, razón por la cual su vulneración amerita postulación y desarrollo autónomos, sin descartar que hay irregularidades que al mismo tiempo pueden afectar varias de esas garantías, pero sin que evidencie que éste sea uno de esos casos.


Así mismo, no demuestra que se haya incurrido en una irregularidad sustancial, ya que toda la disertación la reduce a aseverar que el Fiscal General de la Nación era incompetente para adelantar la fase instructiva, debido a que contra él cursaba un proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación.


Tampoco muestra la trascendencia del pretendido vicio, esto es, cómo afectó la estructura del proceso o las garantías del procesado, en forma tal que la única manera de remediarlo sea invalidando la actuación.


3. Además, tampoco le asiste razón al defensor, así:


3.1. Como lo ha enseñado la jurisprudencia de la Sala, el instituto de los impedimentos se estatuyó con el fin de garantizar al conglomerado social que el funcionario judicial llamado a resolver el asunto jurídico, es ajeno a cualquier interés distinto al de administrar una recta justicia y, en consecuencia, que su imparcialidad y ponderación no están afectadas por circunstancias extraprocesales.


Por tal motivo, la manifestación de impedimento del funcionario judicial debe ser un acto unilateral, voluntario, oficioso y obligatorio ante la concurrencia de cualesquiera de las causales que de modo taxativo contempla la ley, para negarse a conocer de un determinado proceso. Igualmente, dicha manifestación impeditiva, debe estar apoyada en el postulado de la buena fe, que rige para todos los sujetos procesales y para el funcionario judicial, pues este instituto no debe servir para entorpecer o dilatar el transcurso normal del proceso penal o para sustraerse, indebidamente, a la obligación de decidir.


3.2. Como atinadamente lo destaca la representante del Ministerio Público, el motivo de impedimento a que hace referencia el libelista, es decir, el 10ª  del artículo 103 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 15 de la Ley 81 de 1993, a la sazón vigente, consistía en “que el funcionario judicial haya estado vinculado jurídicamente a una investigación penal o disciplinaria por denuncia formulada antes de que se inicie el proceso, por alguno de los sujetos procesales”.


Por lo tanto, para que concurra esta causal impeditiva se requiere que alguno de los sujetos procesales haya denunciado penal o disciplinariamente al funcionario que debe conocer del proceso, supuesto de hecho que no se daba en el caso concreto, razón por la cual el Fiscal General de la Nación no tenía porqué declararse impedido, toda vez que la queja disciplinaria no fue presentada por el aquí acusado, sino por tercera persona ajena a esta actuación.


3.3. Por otra parte, la defensa dejó precluir la oportunidad procesal con que contó para recusar al Fiscal, limitándose el sindicado a enterarlo que le había proferido cargos disciplinarios por hechos atinentes a su desempeño como Ministro de Educación, acto que no podía considerarse como una recusación. 


En consecuencia, el cargo no prospera.


Cargos segundo y cuarto

1. En el cargo segundo, con apoyo en los numerales 1° y 2° del artículo 304 del Decreto 2700 de 1991, demanda la nulidad de la actuación, por violación del debido proceso, toda vez que los medios de convicción recaudados en la instrucción carecen de validez, al haber sido practicados por funcionarios sin competencia, por cuanto el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, a quien se comisionó para su incorporación, no estaba facultado para subcomisionar. Agrega que, como lo indicó en la censura anterior, el Fiscal General se encontraba impedido, razón por la cual no podía comisionar, lo que también afectó el material probatorio.


Igualmente, califica como irregularidad que el Fiscal, al momento de declarar la nulidad de la actuación a partir de la resolución de apertura de instrucción, por incompetencia del funcionario instructor, haya dejado a salvo las pruebas recaudadas en ese lapso.


Del mismo modo, acusa que las pruebas fueron allegadas sin la participación obligatoria del agente del Ministerio Público.


En el cuarto reproche, acudiendo también a los numerales 1° y 2° del artículo 304 del multicitado Decreto 2700 de 1991, anota que el proceso se encuentra viciado de nulidad, por incompetencia del Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia para adelantar la investigación, ya que después de haberse decretado la nulidad, por no estar facultado el Fiscal General para delegar, abrió directamente la investigación y comisionó a un Fiscal Delegado ante la Corte para que la perfeccionara, lo que vicia de nulidad la actuación, porque el impedimento legal del Fiscal General seguía vigente, por lo que lo único que válidamente podía hacer era manifestarlo y porque esa comisión fue una delegación que lo despojó del principio de inmediación, inclusive para la indagatoria y sus ampliaciones que debían ser recibidas directamente por el Fiscal General de la Nación. Además, el fiscal comisionado motu propio, subdelegó  a un Fiscal Regional y al C. T. I, por lo que pide la nulidad de todas la pruebas relacionadas en el cargo segundo.


2.- Como quiera que los dos reproches tienden a que se declare la nulidad de las pruebas practicadas por el Fiscal Delegado ante la Corte y adolecen de las mismas fallas técnicas, serán tratados conjuntamente.


Entre sus desatinos están los siguientes:


2.1. Si los cargos estaban dirigidos a denunciar que los medios de convicción allegados en la fase instructiva no eran válidos, por cuanto el funcionario comisionado no tenía competencia para incorporarlos, debió presentar la censura a través del cuerpo segundo de la causal primera de casación, por error de derecho generado en un falso juicio de legalidad, ya que se trata de un vicio in iudicando, al no haberse respetado, a juicio  del actor, las reglas legales que condicionan la validez de las pruebas.


2.2.        Entremezcla, al interior del mismo cargo, dos motivos de nulidad, a saber, la falta de competencia y la violación de la garantía del debido proceso, sin percatarse que si bien el primero se deriva del segundo, han sido claramente diferenciados por la ley y la doctrina, por lo que su vulneración amerita postulación y desarrollo autónomos.


2.3. No aparece claro si la alegada incompetencia del Fiscal Delegado ante la Corte la funda en que el Fiscal General carecía de competencia por estar impedido, por lo cual no podía comisionar, o en que a pesar de ser competente no podía comisionar, o si el vicio consistió en que siendo competente y  habiendo válidamente comisionado, el Fiscal Delegado excedió la comisión al subcomisionar.


2.4. Vulnera el principio de no contradicción, como quiera que  en ambas censuras afirma y niega la competencia, pues asevera que no podía delegar la competencia so pretexto de la comisión, lo que supone que la tenía, pero, al mismo tiempo, que carecía de ella, por estar impedido.


2.5. Incurre en petición de principio, pues da por demostrado que el Fiscal General estaba impedido y, por ende, carecía de competencia.


2.6. No lo explica ni se entiende qué tiene que ver la alegada participación obligatoria del agente del Ministerio Público en la práctica de las pruebas y la denunciada falta de competencia del Fiscal Delegado ante la Corte.


Si consideraba que esa intervención era condición de validez de las pruebas practicadas por el funcionario judicial comisionado, en acatamiento al principio de autonomía de las causales, al tenor del cual  no se pueden entremezclar dentro del mismo cargo ataques correspondientes a motivos distintos, ha debido plantear el reproche  de manera separada y por la causal primera.


2.7. Vulnera el principio de autonomía de los cargos, cuando afirma que no se podía comisionar para la recepción de indagatoria y sus ampliaciones, reproche que, dado su alcance invalidatorio, ha debido formular de manera separada y respetando su prioridad.


3.        Por otra parte, no le asiste razón al casacionista cuando asevera que el Fiscal General de la Nación, al amparo de la figura de la comisión, repitiendo el error ya cometido, delegó sus funciones, cuando precisamente se había decretado la nulidad del proceso, el 11 de septiembre de 1996, a partir de la resolución de apertura de la investigación, por ser indelegables las consagradas en el artículo 251 de la C. P., en particular la de investigar, calificar y acusar a los altos funcionarios del Estado que gocen de fuero constitucional.


Al respecto, es preciso reiterar que lo inconstitucional, en este evento, es que el Fiscal General delegue, esto es, que las decisiones de fondo y el compromiso político y jurídico debe asumirlos siempre, y en todos los casos, en forma personal, pero, en  cambio, es procedente comisionar para la práctica de pruebas y diligencias, como lo señaló la Corte Constitucional y lo ha reiterado la jurisprudencia  de la Sala.


Sobre este tema, ha dicho la Sala :


“La imposibilidad física en que se encuentra el Fiscal General para acometer directamente las averiguaciones de la perpetración de hechos susceptibles de ser punibles imputados a los altos funcionarios cobijados con fuero constitucional y la urgencia que comporta el aseguramiento de la prueba para evitar que las huellas, vestigios y rastros que deja el delito desaparezca, ciertamente justifica que por comisión específica, un delegado de su dependencia intervenga en la fase preliminar o en la postrera de investigación para atender los fines que le son propios”.



En el caso que ocupa la atención de la Corporación, el Fiscal General de la Nación comisionó y no delegó, como lo pretende el demandante, a un Fiscal Delegado ante la Corte, para la práctica de determinadas diligencias, extendiéndose la comisión a las que resultaran de ellas, y se señaló el término de la misma, pero las decisiones de fondo, como la apertura de la investigación y la definición de la situación jurídica del indagado, las asumió directamente el Fiscal General, por lo que en ningún vicio se incurrió.


4. En lo concerniente a que al declarar la nulidad, ésta ha debido comprender las pruebas practicadas por el comisionado, tampoco tiene razón, pues si la invalidez sólo se extendió hasta la resolución de apertura de instrucción, no tenía porqué cobijarlas. Además, porque no hacen parte de la estructura del proceso, ni son presupuesto de validez de la actuación posterior.


Al respecto la Sala, de manera reiterada ha sostenido, que si ab inicio se establece que se trata de persona aforada y no obstante lo cual, un funcionario incompetente dicta resolución de apertura de instrucción, recibe indagatoria y practica pruebas, lo único inválido será aquella decisión y la indagatoria, pero no los restantes medios de convicción, los que conservan su validez y se entienden incorporados a las diligencias de indagación preliminar.


5. Finalmente, en cuanto al reclamo de que no se podía comisionar para recibir indagatoria, diligencia que sí hace parte de la estructura del proceso, además de que el censor no lo demuestra, tampoco es cierto que no se pueda comisionar para ello, pues si se trata de una diligencia cuya práctica por el comisionado no implica que el comitente se despoje de la función decisoria y del compromiso jurídico y político inherente a ella, no se entiende la excepción alegada.


Los cargos no prosperan.


Tercer cargo

  1. Igualmente, basado en los numerales 1° y 3° del artículo 304 del Decreto 2700 de 1991, acusa la nulidad del proceso, toda vez que el Fiscal General de la Nación no era el competente para adelantar la investigación, sino la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en razón a que los viajes que realizó el acusado, a la ciudad de Cali, hospedándose en el Hotel Intercontinental, los días 29 de abril, 13 de julio y 9 de septiembre de 1993, para asistir a foros y dar conferencias, lo fueron en ejercicio de sus funciones oficiales.


2. Esta censura no puede tener éxito, por falta de técnica y de razón, así:


2.1. Entremezcla, al interior del mismo cargo, de manera confusa, dos motivos de nulidad, a saber, la falta de competencia y el quebrantamiento del derecho de defensa, sin que explique ni se entienda cómo la alegada incompetencia afectó la garantía de defensa.


2.2. Tampoco le asiste razón en el planteamiento, pues como lo destacó el Tribunal Nacional y lo conceptúa la Procuradora Delegada, aun aceptando que el 9 de septiembre de 1993 asistió a un foro en la ciudad de Cali, en el que intervinieron varios parlamentarios, el casacionista no lo demuestra , ni aparece que relación podría existir entre sus funciones como congresista y el hospedaje en el Hotel Intercontinental , el que fue cancelado por “Inversiones Ara”, que era una cuenta del cartel de Cali, creada por los narcotraficantes para pagar las facturas de las personalidades invitadas por el señor Miguel Rodríguez Orejuela.


Por lo demás, no se demostró que los días 29 de abril y 13 de julio hubiera sido invitado a disertar en la Universidad Santiago de Cali, pero si que su estadía en el Hotel Intercontinental fue cancelada con dineros de la citada cuenta.


El cargo no prospera


Quinto cargo

1. Fundado en el numeral 3° del artículo 220 del Decreto 2700 de 1991, acusa que la actuación adolece de nulidad, por violación del debido proceso “y de paso el derecho de defensa”, ya que en el diligenciamiento “se trató con menosprecio al sujeto procesal llamado Ministerio Público”, en razón de los impedimentos que manifestaron algunos de los delegados, yerro que se cometió en la fase investigativa, incluida la indagatoria, e implicó la ausencia del debido control, además de la imposibilidad de ejercer la contradicción, el que de no haberse presentado habría evitado numerosas arbitrariedades en la recolección de la prueba. Añade que tal irregularidad se hace extensiva a la defensa técnica.


2. Esta censura será desestimada, por las siguientes razones:


2.1. Nuevamente, entremezcla, de manera confusa, dos motivos de nulidad a saber, el quebrantamiento del debido proceso y el del derecho de defensa, sin que evidencie en su discurso que el yerro acusado violó las dos garantías.


2.2. Si estimaba que la defensa técnica se vulneró en la etapa instructiva, debió presentar la censura de manera separada, en acatamiento al principio de autonomía.


2.3. Tampoco ilustró a la Sala sobre cómo la intervención del Ministerio Público en el citado lapso, se constituye, por mandato legal, en  aspecto estructurante del proceso, de manera tal que su ausencia conlleve necesariamente a su derrumbamiento, particularmente frente a la discrecionalidad que, como principio general, para intervenir le otorga la C. P, y a que, como lo ha dicho la Sala, la ley fija el catálogo básico y mínimo de actuaciones en las que imperativamente debe intervenir, sin que en él se encuentren las alegadas por el demandante.


Además, si bien entre los casos en que era obligatoria su participación estaban, conforme al art. 134 del Decreto 2700 de 1991, entonces vigente, las investigaciones previas por hechos punibles de competencia de los jueces regionales, aquí tal fase fue adelantada inicialmente por la Sala, pasando luego las diligencias a la Fiscalía General de la Nación, por lo que la censura carece de fundamento.

3. Por otra parte, tampoco es cierto que la etapa instructiva haya estado acéfala de la intervención del Ministerio Público, pues en el proceso existen múltiples constancias de su participación. Por ejemplo, se notificó de la providencia mediante la cual la Corte ordenó el envío de las diligencias a la Fiscalía General de la Nación y así mismo, de las siguientes resoluciones: la que no accedió a la suspensión de la actuación incoada por el procesado y relacionada con el impedimento de los Procuradores Delegados, la que resolvió la situación jurídica, la que ordenó el cierre de la investigación y de acusación, sin perder de vista que presentó alegatos precalificatorios y que su ausencia en algunos momentos de la instrucción se debió a que los designados se declaraban impedidos, como se recoge en el mismo texto de la demanda y sin que ello comportara que se suspendiera el diligenciamiento, al tenor de lo que disponía el artículo 109 del Decreto 2700 de 1991, entonces vigente.


Por lo expuesto, el cargo no tiene éxito.


Sexto cargo

1. Dice el actor que en el presente asunto se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, este último en lo atinente al postulado de la investigación integral, toda vez que el fallo recurrido se dictó con prueba testimonial y documental allegada con violación del principio constitucional de la contradicción, al no estar presente durante su aducción el defensor convencional.


Así mismo, demanda la nulidad de la actuación, por no haberse decretado la práctica de numerosos medios de convicción (testimonial y documental) solicitados por el procesado y por su defensor y, además, por no incorporase otros que se habían ordenado.


Finaliza aseverando que aquellos elementos de juicio, según cada caso y apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, habrían modificado el sentido de la sentencia de manera favorable al procesado.


2. El cargo adolece de fallas técnicas que lo conducen al fracaso, así:


2.1. Como una constante, entremezcla, de manera confusa e indebida, dos motivos de nulidad a saber, el quebrantamiento del debido proceso y el del derecho de defensa, sin que evidencie en su argumentación que el yerro acusado violó ambas garantías.


2.2. Olvida el libelista que, como lo ha sostenido la Sala, el principio de contradicción no es reductivo, por lo que no sólo se efectiviza cuando se interviene en la práctica de las pruebas, sino cuando se solicita su aducción, cuando se analizan críticamente, en sí mismas y con relación al resto del material probatorio, cuando se alega, etc.


Al no haberse demostrado ni aparecer en el expediente que a la defensa se lo impidió ejercer la función de contradicción, este reproche no puede tener éxito.


2.3. En lo que respecta al principio de investigación integral, no basta enumerar las pruebas que, a juicio del casacionista, se omitieron, sino que es necesario demostrar su pertinencia, conducencia y utilidad y, particularmente, su trascendencia, que no deriva de la prueba en sí misma considerada, sino de su confrontación lógica con los elementos de convicción que sustentaron el fallo, de modo que se evidencie que de haberse llevado a cabo, la orientación hubiera sido distinta, por lo que la única manera de remediar el vicio es invalidar lo actuado para que se aduzcan.


En esta censura, el demandante no sólo no muestra la trascendencia del denunciado vicio, sino que se dedica a hacer especulaciones  sobre el alcance de las pruebas que considera omitidas y a oponer sus conclusiones probatorias a las del sentenciador, como cuando afirma que de haberse ampliado el testimonio de Fátima Meza de Toro “hubiera quedado claro que el doctor Uribe Márquez era muy dicharachero, muy amigo de magnificar su persona y sus actividades, con un desmedido afán por el dinero y por gastarlo en francachelas y comilonas al lado de sus queridas;  pero ante todo y sobre todo hubiésemos podido concretar en qué contexto de acción le hizo Arlen la aislada referencia” (hace relación a que la testigo manifestó que con el dinero de un cheque había abierto una cuenta, por recomendación del doctor Arlen Uribe, con la finalidad de financiar la campaña de él y del procesado). O que si se hubieran recibido los otros cinco testimonios de los siete solicitados por el procesado, se hubiera corroborado lo que aseguraron los que declararon, esto es, “la malquerencia de Clementina hacia el doctor Vásquez”. O que sí Carlos Alberto Uribe Márquez aseveró que toda la publicidad de la campaña política de 1994 fue pagada por su consanguíneo, al haberse permitido a la defensa contrainterrogarlo, en una diligencia de ampliación que no se decretó, “como mínimo hubiera quedado en evidencia su exageración”.


En consecuencia, el cargo no prospera.


Cargos, séptimo, octavo y noveno

1. En estas tres censuras, acusa que la sentencia se encuentra viciada de nulidad, por ausencia de motivación en la aplicación del inciso 1° del artículo 61 del Decreto 100 de 1980, aplicable en este caso, en lo atinente a la gravedad del hecho punible (séptimo cargo), al grado de culpabilidad (octavo cargo) y a la personalidad del agente (noveno cargo), yerro que condujo a la violación del debido proceso.


Igualmente, en lo atinente a los cargos séptimo y octavo, acusa la transgresión del principio del non bis in idem, en razón a que el tipo penal de enriquecimiento ilícito conlleva implícitamente la gravedad del hecho y el grado de culpabilidad, por lo que no se podían considerar nuevamente para fijar la pena. Así mismo, en lo concerniente al  noveno cargo, advierte que en el proceso no existe prueba que demuestre que la personalidad del agente conduzca necesariamente al incremento punitivo.


2. No le asiste razón al actor, por lo siguientes motivos:


2.1. Si bien escogió la causal de nulidad correcta, esto es, violación al debido proceso por vicios de motivación en la sentencia, en lo referente a los criterios que analiza para la individualización de la pena, sin embargo, el cargo carece de fundamento, pues las mencionadas pautas no fueron tenidas en cuenta, en el proceso de dosificación, para incrementar la pena.


En efecto, como lo destaca la Procuradora Delegada, tanto el juzgador de primera como el de segunda instancia, fundaron el aumento punitivo en que concurrían las circunstancias genéricas de agravación punitiva previstas en los numerales 4°, 7° y 11 del artículo 66 del Decreto 100 de 1980, las que fueron debidamente motivadas, como emana de la simple lectura de los respectivos fallos.


2.2. Igual respuesta merece la pretendida vulneración del postulado del non bis in idem, pues, como quedó visto, si los criterios que menciona el casacionista, no fueron tenidos en cuenta en el proceso de individualización de la pena, mal puede afirmarse que fueron valorados doblemente.


En esas condiciones, el cargo no tiene de éxito. 


Causal primera


Primer cargo

1. Acusa al Tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por error de derecho por falso juicio de legalidad, toda vez que se tuvieron las declaraciones de Guillermo Alejandro Pallomari González como la piedra angular en el juicio de responsabilidad de su defendido, versiones (indagatoria y declaración) que no se allegaron conforme a las prescripciones de la ley colombiana, esto es, identificarlo, tomarle sus huellas dactilares, averiguar bajo qué condiciones había ingresado al territorio extranjero, qué contraprestaciones recibiría por su entrega y en qué consistía el acuerdo celebrado entre la Fiscalía General de Colombia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre las preguntas que podía formularle la Comisión de Fiscales que lo interrogó.


Concluye que de no haberse valorado el citado testimonio dentro del estudio mancomunado de los medios de convicción, la absolución era la decisión a adoptar, por cuanto las declaraciones de Eliana Giraldo y Ángela María de Fátima Mesa, quienes, además de que no pudieron ser contrainterrogadas por la defensa, eran amigas del doctor Arlen Uribe y testigos de oídas, lo que les resta valor probatorio, situación que, a su juicio, también se predica de Gloria Cecilia Velásquez V. y Carlos Alberto Uribe Márquez, por lo que debió darse cumplimiento al postulado de la presunción de inocencia.

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2. Esta censura será desestimada por falta de técnica y de razón:


2.1. De manera antitécnica se aparta del enunciado, no sólo cuando ataca la credibilidad que el Tribunal le otorgó a determinados testigos, sino cuando asevera que no pudieron ser controvertidos por la defensa, con lo cual, además, se desvía  a la  causal tercera.


2.2. No demuestra que la identidad del testigo y demás circunstancias que relaciona (tomada de huellas dactilares, bajo qué condiciones ingresó a territorio extranjero, etc) sean condiciones de validez de la prueba testimonial.


2.3. No evidencia la trascendencia del vicio, esto es, cómo teniendo en cuenta la múltiple prueba testimonial, documental e indiciaria en que se basó el Tribunal para condenar, al suprimir la declaración atacada, la resolución a tomar hubiera sido la absolución.


2.4. Como con respecto a la indagatoria, se trata de una prueba trasladada, no muestra que haya sido desconocido el rito de incorporación a este proceso o que haya sido invalidada en el  proceso de origen, al tenor del artículo 255 del C. de P. Penal, que a la sazón regía.


2.5. Tampoco le asiste razón, pues no es cierto que Pallomari no haya sido identificado e individualizado, pues en la indagatoria se cumplió lo que al efecto disponía el artículo 359 del C. de P. P., entonces vigente, que no exigía que el imputado presentara el documento de identidad, sino que el funcionario lo interrogara sobre el  mismo, y que se le individualizara, lo que aquí aconteció, como consta en el acta respectiva, en la que se lee: “Acto seguido se procede a interrogar conforme lo ordena el artículo 359 de la obra citada, ante lo cual, CONTESTÓ: Mi nombre completo es GUILLERMO ALEJANDRO Pallomari GONZÁLEZ, nací en María Elena, Chile, el 1° de octubre de 1949; tengo 46 años de edad, soy hijo de LILIÁN GONZÁLEZ ALLENDES y GUILLERMO Pallomari ASTUDILLO; viven junto, tengo cédula de extranjería 159.664 de Bogotá (Constancia: No la  exhibió), toda mi documentación (sic) del servicio de alguaciles, estudié..., soy casado con GLADIS PATRICIA CARDONA CÁCERES, tengo dos hijos, ANDRÉS, de quince años y MAURICIO de once años; presté servicio militar en Chile; los últimos 22 años los viví en  Cali, Colombia y actualmente estoy en Estados Unidos; cuando ingresé a Colombia trabajé en ..., después entré a trabajar a DROGAS LA REBAJA como gerente de sistemas a nivel nacional, de 1982 a 1990 aproximadamente y de 1990 a 1994 fui asesor personal de MIGUEL RODRÍGUEZ y de la empresa de su familia, principalmente en la parte financiera, de sistemas y computación, tengo una sociedad .... En relación con los bienes de mi propiedad, me gustaría solicitar a la Fiscalía omitir esa información por encontrarme (sic) bajo amenaza de todos mis bienes en Colombia, iban a tener atentados dinamiteros por parte de los señores del Cartel de Cali y me disculpan ... No he sido procesado, fui indagado en el año de 1994, entre julio y diciembre en Cali, en un proceso por COHECHO en la Fiscalía Seccional por el cheque del señor MIGUEL RODRÍGUEZ encontrado en mi oficina para el pago de unos policías; no he sido condenado. CONSTANCIA: El  indagado es un individuo de sexo masculino, de 1.80 metros de estatura, peso alrededor de 87 kilos, de tez blanca, cabello liso, castaño oscuro y entrecano incipiente, frente amplia con entradas laterales, ojos de color verde, usa anteojos recetados,  nariz recta, base pequeña, boca mediana, labios delgados, orejas grandes con lóbulo adherido, cejas semipobladas y arqueadas, se le observa bien de salud y en ejercicio de sus  facultades físicas y mentales ....”.


En lo que concierne al testimonio, fue debidamente identificado como se consignó en la pertinente acta, al tenor de lo que disponía el artículo 292, ibidem, que a la letra dice:


“CONSTANCIA: El declarante presenta una fotocopia simple de un pasaporte No. 0002656 a nombre de GUILLERMO ALEJANDRO PALLOMARI GONZÁLEZ (en manuscrito), en la cual se observa una fotografía idéntica a la que reposa en la investigación penal radicada en la Dirección Regional de Fiscalías de Santafé de Bogotá con el No. 24.249 (que fue la puesta de presente en la diligencia de indagatoria referida en precedencia) y en donde se leen los siguientes datos personales con su traducción en idioma inglés bajo cada uno de los ítems en español, a saber: ‘REPÚBLICA DE CHILE. DATOS PERSONALES. Cédula Nacional de Identidad 5.573.589-1. Nacionalidad: Chilena. Fecha de Nacimiento: 01/Octubre/1949. Estado Civil: Casado. Profesión: Ingeniero de Sistemas. Domicilio: Cali-Colombia, Calle 12 No. 89-50, Apto. 103. Observaciones: Remp. Pasap. 33/77 exp. en Cali’. Bajo la fotografía y sobre la leyenda ‘Firma del Titular’ aparece una rúbrica idéntica a la que el declarante ha impreso en actas de  otros testimonios rendidos ante esta Comisión”.


El cargo no prospera.


Cargo segundo

1. Acusa al ad quem de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por error de hecho cometido con relación a varios medios de prueba, lo que condujo a que se desconociera el principio del in dubio pro reo  y, en consecuencia, a que se condenara al procesado por enriquecimiento ilícito. En cuanto al testimonio de Guillermo Pallomari dice que se vulneraron los principios de la sana crítica, entre ellos el atinente a la personalidad del  deponente. En lo concerniente a que Inversiones Ara pagó la estadía del acusado en el Hotel Intercontinental de Cali, afirma que no se encuentra la prueba que demuestre que él lo supiera. Con  respecto a la prueba indiciaria, asegura que es un sofisma que el Tribunal haya concluido que los dineros provenientes de la actividad del narcotráfico hubieran ingresado a la campaña del doctor Vásquez a través de Arlen Uribe y por el sistema del llamado “carrusel”. En lo relacionado con el indicio de mala justificación, por cuanto no se encontró en los archivos de la Universidad Santiago de Cali constancia de que el procesado hubiera estado allí los días 29 de abril y 13 de julio, disertando sobre “Estados de Excepción” y “Reforma al Régimen Local”, y que la certificación expedida en ese sentido por el Secretario de ese centro educativo es apócrifa, califica de “especiosa” la conclusión, pues varios testigos lo vieron dictando las conferencias.

En lo referente al indicio de “manifestaciones posteriores”, señala que se le justifica que mienta, pero si presenta un documento para demostrar su presencia en la Universidad, lo que no es ni mala justificación ni manifestaciones posteriores, se tiene como indicio en su contra. En lo que atañe al indicio de “capacidad para delinquir”, asevera que se equivocó el juzgador, pues mientras el doctor Vásquez ha tenido por hábito la actividad intelectual que lo ha llevado a ocupar muy altas dignidades en el Estado, “por arte de magia” resulta inclinado a delinquir.


Finalmente, menciona las que considera “pruebas decretadas y  no practicadas”, “pruebas practicadas y no valoradas” y “pruebas aducidas, convalidadas y no valoradas”.


2.  El cargo no solo no es confuso e impreciso, sino que adolece de otros desatinos técnicos que lo tornan impróspero, así.


2.1. No señala, con respecto a cada una de las pruebas que comenta, cuál fue la modalidad del falso juicio  que determinó el error de hecho que denuncia, si de existencia, por suposición u omisión del medio, o de identidad, al falsearse su contenido material, o si se debió a un falso raciocinio, al desconocerse los postulados de la sana crítica.


2.2. En cuanto a la declaración de Guillermo Pallomari, si bien aparece claro que quiso referirse al falso raciocinio, pues manifiesta que en su apreciación se desconocieron los postulados de la sana crítica, en vez de indicar cuáles fueron las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o las reglas de la experiencia vulnerados, dedica la disertación, al estilo de un alegato de instancia, a oponerse al mérito que los sentenciadores le otorgaron.


2.3. En lo atinente a que el procesado ignoraba que “Inversiones Ara”, hubiera cancelado el valor de la estadía del acusado en el Hotel Intercontinental, los días 29 de abril y 13 de julio, aunque parece que se refiere al falso juicio de existencia por suposición de la prueba, no obstante lo extenso del discurso, no lo desarrolla. De todos modos, el Tribunal teniendo en cuenta que en la Universidad Santiago de Cali no apareció ninguna constancia de que ese centro hubiera invitado al procesado como conferencista en los días señalados, ni que hubiera pagado el transporte o el alojamiento y que el doctor Vásquez afirmó que se había encontrado coincidencialmente con Carlos Alberto Ramírez, siendo que la autorización de hospedaje y alimentación expedida por Inversiones Ara, hace relación a ambas personas “lo que indica que viajaron conjuntamente”, concluyó, conforme a lo afirmado por Pallomari, que el motivo de la ida era entrevistarse con Miguel Rodríguez, esto es, que sabía quien pagaba.


2.4. En cuanto a la prueba indiciaria, no dice si el ataque lo dirige contra la prueba del indicante, debiendo haber señalado, en tal caso, el error de hecho o de derecho cometido y el falso juicio que lo determinó, o contra la inferencia lógica , o contra su apreciación conjunta, al valorar su articulación,  convergencia y concordancia, con la carga de mostrar el  falso raciocinio en que, en esos eventos, se incurrió, limitando la disertación a oponerse a las conclusiones probatorias del Tribunal.


2.5. En lo que concierne al indicio de mala justificación, lo que pretende es que se le de crédito al certificado expedido por el secretario del centro universitario mencionado y a los testigos y se le niegue a la diligencia de inspección judicial, en la que no se encontró constancia alguna de que el procesado hubiera estado allí, los días 29 de abril y 13 de julio de 1993, desconociendo que otorgarle mérito a unos elementos de convicción y negárselo a otros no configura yerro demandable en casación, pues el fallador goza de libertad para apreciar  la prueba, dentro del sistema de la persuasión racional que nos rige, sólo limitada por los postulados de la sana crítica, cuya vulneración no evidencia el casacionista.


2.6. En lo referente al indicio de manifestaciones posteriores al delito no es cierto que se confunda con el de mala justificación, ya que, como lo señaló el Tribunal, una cosa es que se afirme que se viajó como conferencista a la ciudad de Cali, invitado por una Universidad y con los gastos pagos por la misma, cuando aparece demostrado que no es verdad,  y otra distinta que con posterioridad se allegue una certificación  apócrifa para intentar demostrar la mentira, de modo que en ningún yerro se incurrió.


2.7. En cuanto al indicio de capacidad para delinquir, como en los demás,  no sólo no dice cuál fue el desatino del fallador, sino que  pasa por alto que se tomó, como lo destaca la Procuradora Delegada, de sus relaciones anteriores, concomitantes y posteriores a la comisión del punible con personas que no gozaban de buen prestigio moral y social. Además, tampoco  muestra su trascendencia frente a la parte conclusiva del fallo.


2.8. Quebrantando el principio de autonomía, se desvía a la causal  tercera, cuando denuncia que numerosas pruebas fueron decretadas y no practicadas, reproche que ha debido presentar de manera separada y por la causal tercera, por desconocimiento del principio de investigación integral.


2.9. En lo que respecta a las que enuncia como pruebas aducidas pero no valoradas, con lo que parece acusar un error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, además de que no demuestra la incidencia en la parte conclusiva del fallo, tampoco se ciñe a la verdad, ya que muchos de ellas si fueron apreciadas, pero no se les otorgó credibilidad, como las certificaciones del Senado de la República y de la Universidad Santiago de Cali.


Por las anteriores razones, el cargo no prospera.


Cargo tercero

Denuncia violación indirecta de la ley sustancial por desconocimiento de los postulados de la sana crítica, en lo que respecta a varios testimonios, así: Justo Pastor Guarin Gómez, en cuanto primero atestiguó que le había entregado al procesado treinta millones de pesos para que financiera su campaña, pero que, posteriormente, por petición de la defensa, aclaró que el dinero fue para que el doctor Vásquez  atendiera su actividad permanente del Directorio Liberal Popular, como lo corroboró  Gloria Cecilia Velásquez Bermúdez, esposa de Arlen Uribe. Que algo semejante ocurrió con  Benhur  Arboleda Vélez, quien ante las confusiones protagonizadas por la Fiscalía en su primera declaración, fue sometido a un nuevo  interrogatorio a instancias de la defensa, habiendo sostenido que no fue aportante para la compaña al Senado del procesado, pues él se había inscrito en el tercer renglón para la Cámara; y que Beatriz Elena Londoño tampoco lo fue, como lo señaló el ad quem, ya que lo que ella manifestó fue que le colaboraba al doctor Vásquez, pero a título personal y conocidas sus afugias económicas, pero que de todos modos, los seis millones de Arboleda, los treinta millones de Guarín y los veinte millones que declaró, sumados, no llegaban al tope permitido de los cien millones, por lo que no incurrió en falsedad, al no  reportar tales contribuciones, en los documentos presentados al  Consejo Nacional Electoral.


2. El reproche no puede tener éxito, en razón de los defectos técnicos de que adolece, así:


2.1.        Aunque el casacionista dice que se desconocieron los postulados de la sana crítica, de lo que se deduce que quiso referirse al error de hecho por falso raciocinio, no lo desarrolla, pues no muestra cuáles fueron los principios de esa naturaleza infringidos, de qué manera lo fueron y cómo esa transgresión llevó a declarar una verdad distinta de la que revela el proceso, limitando la exposición a pretender revivir un debate probatorio ya agotado en las instancias y a que se le otorgue credibilidad a unas versiones, a las que le interesan, y se le niegue a otras, sin percatarse que la simple discrepancia entre el fallador y el censor sobre el mérito de los elementos de convicción no constituye ningún yerro y que el criterio del fallador prevalece, por venir la sentencia amparada por la doble presunción de acierto y legalidad.


2.2. Desconoce el principio de no contradicción, pues al interior del mismo reproche sostiene que sólo debió creerse la versión en que los testigos manifestaron que no habían donado dinero para la campaña al Senado del doctor Vásquez, pero no aquélla en que aseveraron lo contrario, para a continuación insinuar que debe creerse esta última, tan sólo que considera que  la omisión de los nombres de los aportantes y de las sumas entregadas, en los documentos enviados al Consejo Nacional Electoral, no tipifica el delito de  falsedad en documento privado.


Si estimaba que aún entregadas las sumas y omitida la información en los documentos enviados al Consejo Nacional Electoral, no se habría cometido delito, ha debido plantear un cargo separado y subsidiario, por violación directa de la ley sustancial.


El cargo no prospera.


Causal segunda


Cargos primero y segundo

1. En el primer reproche sostiene la falta de consonancia entre la resolución de acusación y la sentencia, por cuanto en aquélla no se incluyeron las circunstancias genéricas de agravación punitiva contempladas en los numerales 4°, 7° y 11 del artículo 66 del Decreto 100 de 1980, vigente para la época, por lo que el fallo no las podía deducir, rompiendo así la relación de causalidad que debe existir entre las dos decisiones.


En el último cargo, también acusa desarmonía entre el pliego de cargos y el fallo, ya que en aquél, según lo dice el libelista, “se concluyó que en presencia de una campaña mancomunada, al procesado le correspondía pagar la mitad del enriquecimiento ilícito como pena principal de multa; y, finalmente, se impuso en la sentencia condenatoria la obligación de pagar la totalidad de la misma”.


2. No le asiste razón al actor por las siguientes razones:


2.1. No  es cierto que haya inconsonancia entre estos dos actos procesales.


En efecto, en lo atinente al primer reproche, aparece claro que en el pliego de cargos sí se imputaron las circunstancias genéricas de agravación que soportaron el proceso de individualización de la pena, toda vez que en tal pieza se encuentra que los dineros provenientes de empresas fachada del Cartel de Cali ingresaron  a cuentas bancarias que no pertenecían al procesado, esto es, a la de Ángela María de Fátima Mesa de Toro y a las de Juan Arlen Uribe Márquez, para así aparecer ajeno al delito. Tal proceder necesariamente impone colegir la existencia de una preparación ponderada de la conducta punible, enmarcándose ese comportamiento en el numeral 4° del artículo 66 del Decreto 100 de 1980.


Igualmente, en dicha pieza procesal se recoge que para la comisión del punible de enriquecimiento ilícito, actuó en connivencia con otras personas, entre ellas las atrás mencionadas, por lo que se le imputó la circunstancia del numeral 7° del artículo 66 del C. Penal, entonces vigente.


Finalmente, figura en la resolución de acusación que la mengua de la moral pública y los valores éticos se hace más ostensible y  censurable cuando proviene del comportamiento de alguien que, como el sindicado, ha sido depositario de la confianza popular y encargado de altas funciones en el gobierno, lo que tipifica la circunstancia de agravación punitiva prevista en el numeral 11°, ibidem.


En consecuencia, para la Sala no hay duda de que en la resolución de acusación se imputaron dichas circunstancias genéricas de agravación punitiva, sin que la omisión en la cita de las correspondientes disposiciones legales implique inconsonancia, pues, como lo ha dicho la Sala, cuando el cargo se imputa en el pliego acusatorio pero, por inadvertencia, se omite mencionar el precepto que lo describe, no se rompe la armonía, pues ello implicaría sacrificar la sustancia por el simple formalismo, lo esencial por lo adjetivo. De ahí que se considere conveniente, pero no necesaria, la mención del artículo, parágrafo o inciso que contiene la agravante.


2.2.        Tampoco se presenta la demandada incongruencia frente al monto de la multa impuesta,. En efecto, si la consonancia se refiere a la armonía que debe existir entre los cargos contenidos en la resolución de acusación y los resueltos en la sentencia, sin que, por lo tanto, se puedan agregar hechos nuevos, ni suprimir atenuantes, ni deducir agravantes ni (conforme a la legislación entonces vigente), cambiar la denominación jurídica, al no configurarse aquí ninguna de esas hipótesis, pues la cuantía del incremento ni es parte de la estructura típica, ni es circunstancia específica de agravación,  se deberá concluir que no hay inconsonancia.


Ha dicho la Sala:


“En primer lugar, como se percibe en la transcripción, la cuantía del incremento injustificado no forma parte de la definición típica.


“En segundo lugar, la cuantía del delito es indiferente para su estructuración típica. Mientras afecte el bien jurídico, esta afectación puede ser baja o alta.


“En tercer lugar, en ninguna parte el ordenamiento penal prevé el monto de lo injustamente obtenido como causal específica de agravación del delito de enriquecimiento ilícito de particulares”.


Además, lo que se exige es armonía entre los cargos y no  con respecto a la sanción impuesta, siendo la multa una pena principal.


Finalmente, imponer la sanción que se encuentra establecida en la norma vigente, en acatamiento al principio constitucional de legalidad, no puede desconocer el principio de congruencia.

Los cargos no prosperan.



De la casación oficiosa


1. La Procuradora Cuarta Delegada para la Casación Penal sugiere a la Corte casar, de manera oficiosa, la sentencia  impugnada, toda vez que, en su criterio, al procesado se le vulneró el principio de la prohibición de reformar en perjuicio.


Sostiene que la sentencia de primer grado condenó al doctor Vásquez Velásquez a la pena de 8 años de prisión, como autor del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, providencia contra la cual el defensor y el representante del Ministerio Público, quien abogó a favor del procesado, interpusieron el recurso de apelación, razón por la cual se debe hablar de apelante único.


Sin embargo, manifiesta que el Tribunal Nacional, al desatar el recurso interpuesto, condenó al procesado, además, por el delito de falsedad en documento privado, por el que fue absuelto en primera instancia, imponiéndole en definitiva como pena privativa de la libertad 8 años y 6 meses de prisión.


Por ello, dice que, así opere, en este caso, el grado jurisdiccional de la consulta, no puede agravarse la situación del procesado apelante único, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional.


2. Sobre este particular punto, la Sala dijo:


“Para resolver la censura, se tendrán en cuenta las siguientes reflexiones:


“1. Esta curiosa tesis de que la mera interposición del recurso de apelación bastaría para burlar el mandato legal de la consulta, desafortunadamente ya fue prohijada por la Corte Constitucional en sentencia de unificación de tutela (SU-1722 de 2000), obviamente sin efectos imperativos erga omnes, de acuerdo con la previsión del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia).


“2. En efecto, la Corte Constitucional, de acuerdo con lo que expone en el fallo mencionado, estima que la consulta es una herramienta residual y subsidiaria al recurso de apelación, motivo por el cual la interposición de este último excluye la primera, y así, en caso de impugnación única a favor del condenado, el superior deberá limitar la revisión a los aspectos desfavorables y no podrá agravarle la pena.


“3. Sin embargo, una interpretación integral, coherente y no sesgada del texto del artículo 31 constitucional, indica que el Constituyente estableció de manera independiente y al mismo nivel la apelación y la consulta, como medios que podían abrir la segunda instancia en el proceso penal colombiano, el primero por obra del ejercicio libre de las partes y el segundo por la insustituible voluntad de la ley.  Por ello, el inciso primero del citado canon dice sentenciosamente: ‘Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley’ (se subraya).


“4. Y la prohibición de reformatio in pejus sólo se contempla para el caso alternativo único de la apelación, sin que la voluntad del apelante pueda sustituir una consulta establecida por ministerio de la ley, sino que serían fenómenos concurrentes, ya que la segunda le permite al superior decidir sin limitación alguna, como lo prevé el artículo 217 del anterior Código de Procedimiento Penal, en el mismo sentido del artículo 204 del actual ordenamiento.


“5. Como la sentencia SU-1722 no quiso aproximarse a la trajinada naturaleza jurídica de la consulta, según la cual ella es un mecanismo automático de revisión sin límites asignado a la segunda instancia, que opera por ministerio de la ley y, por ende, no depende de la voluntad de las partes, entonces la Corte Constitucional cayó en el sofisma de presentar la institución como repelente con el recurso de apelación, a pesar de lo cual les atribuye el mismo mérito de evitar la reforma en peor, pero olvida que procesalmente sí es posible que una decisión de primera instancia sea examinada por el superior en virtud del doble grado de la apelación y la consulta, pues ésta se establece previa y oficiosamente en la ley y no por ello se inhibe la voluntad de los sujetos procesales para impugnar la providencia si lo estiman agraviante.


“6. En medio de la confusión entre el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de la consulta, y su relación con la no reformatio in pejus, la Corte intentó una interpretación literal de los artículos 206, 217 y 227 del Código de Procedimiento Penal (a la postre no tan literal), para señalar:


‘Para entrar a definir la situación planteada la Corte entra a analizar los siguientes aspectos:


‘a) El antiguo artículo 206 del Código de Procedimiento Penal disponía lo siguiente:


‘En los delitos de conocimiento de los fiscales y jueces regionales son consultables cuando no se interponga recurso alguno, la providencia  mediante la cual se ordena la cesación del procedimiento, la preclusión de la investigación, la providencia que ordena la devolución a los particulares de bienes del imputado o sindicado presuntamente  o que sean objeto material del mismo y las sentencias que no sean anticipadas". (subrayadas fuera del texto)


‘El actual el artículo 217 C.P.P. dispone lo siguiente:


‘la consulta permite al superior decidir sin limitación sobre la providencia o la parte pertinente de ella, la apelación le permite revisar únicamente los aspectos impugnados. Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá en caso alguno agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal o el agente del ministerio público o la parte civil cuando tuviere interés para ello, la hubieren recurrido". (subrayadas fuera del texto)


‘Y el artículo 227 del C.P.P, relativo a la no reformatio in pejus en sede de casación  dispone:


‘Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal, el ministerio público o la parte civil, cuando tuvieren interés, la hubieren recurrido’.

‘La situación jurídica planteada en las citadas disposiciones tiene a juicio de Corte, las siguientes explicaciones:


‘- Como se observa en primer lugar, el grado jurisdiccional de consulta operaba en los asuntos que eran de competencia de los jueces regionales, como un mecanismo residual y subsidiario. Lo anterior, indica que fue el propio  legislador quien en forma clara restringió la posibilidad de acceder a dicho nivel de control jurisdiccional, al condicionar la consulta, a que el fallo de primera instancia no hubiere sido impugnado dentro del término legal.


‘- A su vez, el artículo 217 del C.P.P.,  es claro al ordenar que no  puede agravarse la situación del condenado, salvo en el evento en que el fiscal, o el agente del ministerio público o la parte civil, hubieren recurrido la decisión de primera instancia.


‘- Similares consideraciones caben acerca del art. 227 del C.P.P.” (las subrayas pertenecen al texto original de la sentencia, pero las negrillas son agregadas).

“7. La expresión ‘son consultables cuando no se interponga recurso alguno’, utilizada en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, corresponde al modo verbal del subjuntivo presente, que como tal revela una hipótesis o suposición, de modo que simplemente hace énfasis en la automaticidad u operatividad ope legis del grado jurisdiccional de la consulta, así no se haya interpuesto recurso alguno.  Es decir, aunque las partes no interpongan recurso alguno, de todos modos en relación con las decisiones señaladas en la norma procederá la consulta.


“8. No obstante, la Corte Constitucional, en su afán de interpretar acorde con el propósito de mostrar una repulsa entre impugnación y consulta, trastornó el modo verbal porque convirtió el subjuntivo presente en un subjuntivo pretérito perfecto, para hacerle decir, verbigracia, ‘cuando no se haya interpuesto recurso alguno’, que significa una acción real (u omisión, como en este caso) ya pretérita o consumada.  Por ello se atrevió a postular equívocamente que ‘Lo anterior, indica que fue el propio legislador quien en forma clara restringió la posibilidad de acceder a dicho nivel de control jurisdiccional, al condicionar la consulta, a que el fallo de primera instancia no hubiese sido impugnado dentro del término legal’ (se subraya).


“9. Por otra parte, no es cierto que el artículo 217 sea claro en cuanto que no puede agravarse la situación del condenado en sede de consulta, porque, en primer lugar, el precepto encabeza con una facultad ilimitada del superior para decidir la consulta (‘sin limitación’) y, en segundo lugar, la prohibición de agravación de la sentencia condenatoria se condiciona a que la decisión ‘la hubieren recurrido’, es decir, a que se haya interpuesto un recurso que no puede confundirse con la consulta que es ajena a la voluntad de las partes.


“10. De igual manera, el fallo acude a un argumento de las consecuencias y señala:



‘De no entenderse así, sería desvirtuada la naturaleza jurídica de la no reformatio in pejus que como garantía establece la imposibilidad jurídica de hacer más gravosa la situación del condenado, en aquellos casos en que éste actúe como apelante único. Adicionalmente, admitir que por el grado de consulta, cuando concurre con la apelación, que es automático y no provocado, pueda favorecer un aumento en la condena del procesado, resta toda eficacia al principio constitucional, como que comienzan a serle introducidas excepciones  que repugnan con el contenido mismo de dicha  garantía’.


“Sin embargo, la ajenidad de la consulta con la prohibición de reformatio in pejus no le resta eficacia a ésta, porque, en primer lugar, aún dentro del rango de la apelación, fueron el constituyente y la ley quienes la limitaron a los casos de impugnación única a favor del condenado, y segundo, la consulta se ha establecido legalmente para algunas decisiones de la justicia especial regional de antes, o de los jueces penales del circuito especializados de ahora (art. 206 C. P. P. de 1991), de modo que la oportunidad para la prohibición seguiría vigente en relación con el mayor volumen de providencias que emiten el resto de los funcionarios judiciales (fiscales y jueces) y que no son consultables.


“11.  Por último, la sentencia de la Corte Constitucional, en criterio que resulta coincidente con el señalado en la demanda, declara:


‘En este sentido, el Estado, la sociedad y los particulares cuentan con sus representantes y los medios jurídicos que le otorga la ley, para impugnar la apelación cuando consideren que ella no se ajusta al principio de legalidad de la pena.  Si esta inconformidad no la plantean los referidos sujetos procesales, dentro de la oportunidad legal que les otorga, habrá de entenderse su conformidad con la decisión del juez de conocimiento, pues su silencio hace entender que no tienen reparo alguno respecto de lo allí contenido.


‘En este estado de cosas, el legislador según lo consagrado en el artículo 206 del C. P. P. con el fin de proteger y garantizar el principio constitucional de la no reformatio in pejus, restringe el grado de control de la consulta, a que no sea interpuesto recurso alguno.  Lo cual marca un límite ineludible en el ejercicio de la función punitiva del Estado, y a su vez, un límite en la labor interpretativa del operador jurídico’.


“Se afirma entonces que en la dinámica del proceso penal colombiano, tanto el Estado como la sociedad y los particulares tienen los representantes que defiendan sus respectivos intereses y que, si ellos guardan silencio y sólo recurre el acusado u otro sujeto a su favor exclusivamente, no habría razón para que la segunda instancia le restara alcances a la prohibición de reformatio in pejus y, por el pretexto de la consulta, agravara la situación del condenado como único apelante.  Sin embargo, lo dicho se perfila más como argumento de lege ferenda y de la más pura estirpe acusatoria, para propugnar por la abolición del instituto de la consulta que no sólo es extraño a la mencionada estructura asépticamente considerada, sino que tiene un tinte francamente inquisitivo. Debería buscarse una interpretación sistemática de la institución a la luz de la Carta Fundamental, porque definitivamente ésta la consagra y la ley procesal penal la desarrolla en consecuencia (Const. Pol., artículo 31, inciso 1° y C. de P. P. de 1991, arts. 206 y 217)”.


En consecuencia, el Tribunal Nacional, dentro de la revisión de la providencia por vía de la consulta, podía hacer más gravosa la situación del procesado, sin que ello haya implicado violación al principio de la prohibición de la refomatio in pejus.


Por estas razones, la Sala no accederá a la sugerencia de la Procuradora Delegada.


En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



R E S U E L V E



NO CASAR el fallo impugnado.


Contra esta decisión no procede recurso alguno.


Cópiese, devuélvase al Tribunal de origen, comuníquese y cúmplase.






ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

Salvamento parcial de voto





FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL                JORGE E. CÓRDOBA POVEDA






HERMAN GALÁN CASTELLANOS                CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE

Salvamento parcial de voto









JORGE ANIBAL GÓMEZ GALLEGO                EDGAR LOMBANA TRUJILLO        






CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR                NILSON E. PINILLA PINILLA                





TERESA RUÍZ NUÑEZ

Secretaria