Proceso No 19218
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS
Aprobado Acta # 10
Bogotá D.C., enero veintitrés (23) de dos
mil tres (2003).
VISTOS:
Resuelve la Sala el recurso de casación
interpuesto por el defensor del procesado ÓSCAR CÓRDOBA MIELES, contra la
sentencia de septiembre 14 de 2001, mediante la cual el Tribunal Superior
de Valledupar lo condenó a 53 meses de prisión, por los cargos de peculado
por apropiación y peculado por aplicación oficial diferente.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:
1. Una
comisión de la Contraloría Departamental del Cesar, designada a solicitud de
varios concejales del municipio de El Paso, le realizaron una investigación
Fiscal a la Tesorería y a la Alcaldía de ese lugar y rindieron como
conclusión el informe del 4 de mayo de 1993, en el cual dieron cuenta de
algunas irregularidades y adelantado el proceso se declararon comprobadas las
siguientes:
a) Faltante en la
tesorería de $864.755.oo, correspondiente a un préstamo de $807.458.oo hecho
al Alcalde y $57.297.oo dejados de consignar, según arqueo del 20 de marzo de
1993.
b) Se giró en enero
de 1993 a favor de Iván Darío Benítez Guerra el cheque del Banco de Colombia
#5129805 por $17.000.000.oo, supuestamente para adquirir una camioneta para la
Alcaldía, sin que existiera soporte alguno ni rubro presupuestal al cual
imputarle ese gasto.
c) Giro de los
cheques números 5094339 y 5124208 por $250.000.oo y $1.265.276 a favor de
WILSON CASTRILLO, dueño de un taller de mecánica, por supuestos arreglos
realizados a uno de los vehículos de la Alcaldía. Para la obtención de
estos pagos se elaboraron cuentas, el Alcalde MARTÍNEZ SUÁREZ dictó las
resoluciones 830 y 1395 de julio 3 y diciembre 4 de 1992, y se endosaron los
títulos con firmas y cédulas que no corresponden al beneficiario.
CASTRILLO admitió que realizó esos trabajos pero que sólo recibió como pago
$300.000.oo.
2. Al proceso
fueron vinculados LUIS MIGUEL MARTÍNEZ SUÁREZ, ÓSCAR CÓRDOBA MIELES y
VÍCTOR MANUEL SILVA RESTREPO, a quienes se les profirió detención
preventiva1 y posteriormente, mediante providencia del 24 de diciembre de
19972, resultaron acusados así:
- MARTÍNEZ SUÁREZ por los cargos de peculado por apropiación,
falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento
privado.
- CÓRDOBA MIELES por los cargos de peculado por apropiación y
peculado por aplicación oficial diferente. Y,
- SILVA RESTREPO como cómplice de peculado por apropiación y autor
de falsedad en documento privado.
El 25 de febrero de 1998 el instructor
declaró desierto el recurso de reposición que contra el auto calificatorio
interpuso el defensor de LUIS MIGUEL MARTÍNEZ al momento de la
notificación. Esta determinación quedó ejecutoriada el 9 de marzo
siguiente3.
3. Tramitado el
juicio, el 15 de junio de 2000 el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná
(Cesar) los condenó4
, así:
- MARTÍNEZ SUÁREZ a 8 años de prisión y multa de
$1.126.783.06.
- CÓRDOBA MIELES a 5 años de prisión, multa de $1.126.783.06 y,
solidariamente con el procesado anterior, a pagar esta misma suma por concepto
de daños y perjuicios. Y,
- SILVA RESTREPO a 4 años de prisión y multa de
$40.000.oo.
4. Esta decisión
fue apelada por los defensores y el Tribunal Superior de Valledupar, a través
del fallo recurrido en casación, la confirmó con las siguientes
modificaciones:
- A MARTÍNEZ SUÁREZ y a CÓRDOBA MIELES, por iguales cargos a los
de la acusación, les impuso 86 y 53 meses de prisión, respectivamente.
- Y a SILVA le impuso 45 meses de prisión por el delito de peculado
por apropiación, debido a que la Corporación estimó que no cometió el de
falsedad en documento privado.
LA DEMANDA:
1. Denuncia el casacionista, con sustento en la
primera parte de la causal primera de casación, que el Tribunal aplicó por
favorabilidad la ley 599 de 2000 y sancionó a su representado
–quien restituyó el valor del peculado en la
instrucción— con 53 meses
de prisión, cuando con sustento en el inciso 2º del artículo 133 de la ley
43 de 1982 le habría impuesto 30 meses.
Señala que por la razón
anterior el fallo presenta “un falso juicio de legalidad por indebida
aplicación de la ley”, o “falsa motivación”, e invoca el artículo 4º
de la ley 153 de 1887, según el cual “los casos dudosos se resolverán por
interpretación benigna”.
2. Bajo el título “ubicación del error”,
transcribe los apartes de la sentencia correspondientes a la dosificación de
la pena de prisión impuesta a su representado y, acto seguido, en capítulo
aparte y luego de titular “cargo por la causal invocada”, dice que “se da
la violación directa por evidente error de la ley sustancial” y
aduce:
“Se ha venido
sosteniendo que se violó el principio de legalidad al dosificarse la pena,
pues en lugar de proferirse con los criterios establecidos en la ley 100 de
1980, artículo 133, inciso 2º, modificados por la ley 43 de 1982, que
establece una pena de 4 a 15 años de prisión por el delito de peculado por
apropiación, 6 meses a 3 años de prisión por el delito de peculado por
aplicación oficial diferente, artículo 136, consagrando además en su
artículo 139, como circunstancia de atenuación punitiva en su inciso 2º, una
reducción de pena, ‘hasta en la
mitad’ si el reintegro se realiza antes de dictarse
sentencia de segunda instancia.
“El falso juicio de
legalidad o falsa motivación de la sentencia y que motiva la puntualización
del cargo por la causal invocada, está precisamente en el hecho de aplicar la
ley nueva, cuando ésta precisamente no favorece en nada al procesado. Ya que
con la aplicación de la ley vigente, 100 de 1980, 43 de 1982, la pena a
imponer, por el delito más grave, por concurrir circunstancias de atenuación
punitiva, teniendo en cuenta el reintegro de la suma apropiada, sería de 24
meses de prisión, más otro tanto por el concurso, que aún siendo de 6 meses,
mínimo establecido en el artículo 136 de la ley 100 de 1980, nos daría un
total de 30 meses de prisión. Lo que no hizo el Tribunal incurriendo en
error evidente en la aplicación de una norma sustancial por error de
derecho”.
“Al aplicarse la ley 599
del 2000, nueva, erróneamente aplicada con un falso raciocinio , por parte del
Tribunal Superior de Valledupar, Sala Penal de Decisión, si bien es cierto
trae en el peculado por apropiación (artículo 397 Código Penal), en su
inciso 3º una pena de prisión de 4 a 10 años , cuando lo apropiado no supera
los 50 salarios mínimos mensuales, el peculado por aplicación oficial
diferente tiene una pena de uno a 3 años de prisión (art. 399) y conlleva
como circunstancia de atenuación punitiva una disminución de pena de una
tercera parte (art. 401 Código Penal)”.
Para el censor, en
conclusión, “el Tribunal Superior de Valledupar violó los principios de
legalidad consagrados en los artículos 6º del Código Penal, 29 de la
Constitución Nacional, 2º de la ley 43 de 1982, 136 y 139 de la ley 100 de
1980”. Su solicitud es, entonces, que se case el fallo impugnado y se
dicte el que legalmente corresponda.
CONCEPTO DEL PROCURADOR 3º DELEGADO EN LO
PENAL:
Para el Delegado la demanda consta de dos cargos.
1. Del primero, que
corresponde al capítulo inicial del libelo, resalta el deficiente manejo
técnico en su presentación. Le resta claridad a la proposición, porque
eso alude a otros fenómenos, afirmar que “el Tribunal incurrió en falsa
motivación de la sentencia” o que de acuerdo con la ley 153 de 1887 los
casos dudosos deben resolverse con la interpretación de la ley más
benigna. Igualmente invocar la violación del artículo 207 del Código
Penal, que en el de 1980 era un delito contra la fe pública y en el vigente
uno contra la libertad sexual.
La parte crítica de la censura es, sin
embargo, la total falta de demostración del error que el demandante le
atribuye al Tribunal. Sólo afirma que de haberse aplicado la ley 43 de
1982 la pena de prisión habría ascendido a 30 meses, pero no hizo los
cómputos necesarios para arribar a esa conclusión y la Corte no puede, en
virtud del principio de limitación, suplir esa deficiencia.
2. El segundo cargo
o segundo capítulo de la demanda es, a juicio del Procurador, una
prolongación del anterior y aunque ostenta la misma falta de argumentación,
en este el libelista al menos se aventura a proponer la forma como debió
dosificarse la sanción con sustento en el decreto 100 de 1980.
También en este evento –concluye el Delegado—“el censor pierde de vista que se
encuentra dentro del trámite de un recurso extraordinario que no solamente
exige, para casos como el que es objeto de la demanda, el cálculo de la pena
que de acuerdo con el juicio del recurrente corresponda al procesado, sino
–lo que es más
importante—la forma como
se llegó al desconocimiento del principio de favorabilidad invocado como
fundamento de la censura, esto es, demostrar que existían cuando menos dos
leyes sucesivas con penas distintas, la forma como esta sucesión temporal de
las disposiciones podría afectar la situación jurídica del sentenciado, y
las razones por las cuales, de la comparación de las consecuencias punibles,
ha debido preferirse la aplicación de la que estima llamada a regular el
caso”.
La demanda, entonces, debe ser
desestimada.
3. El Procurador, no
obstante, considera que la sentencia debe casarse de oficio, en cuanto fue
dictada con un vicio que impone su anulación, consistente en el
desconocimiento del principio de favorabilidad.
Precisa que la Sala ha sostenido que cuando
se produzca un quebranto de esa naturaleza el sujeto procesal lo debe denunciar
en casación al amparo de la causal 1ª “pues en el fondo se trata de un caso
de exclusión de una norma de derecho sustancial que, como referente típico,
recoge el numeral 1º de las causales de casación, destinada a plantear los
vicios in iudicando”.
La postura, empero, omite considerar que el
principio de favorabilidad es ante todo una garantía procesal constitucional y
que su violación implica el desconocimiento de las bases fundamentales del
proceso penal y, por lo tanto, el quebranto del debido proceso “con lo cual
se genera un vicio con capacidad suficiente para anular la actuación o la
parte afectada de ella, por encima de consideraciones de otra índole pues la
‘aplicación indebida de
la norma’ desfavorable es
consecuencia directa de esa inconstitucionalidad del
procedimiento”.
Para el Delegado, entonces, la situación
tiene que plantearse y resolverse con apoyo en la causal 3ª de casación y, en
consecuencia, es viable que la proponga de oficio sin que ello constituya
una intromisión arbitraria del Ministerio Público, ni de la Corte si declara
la irregularidad en desarrollo de la facultad legal de oficiosidad que le
otorga la ley.
3.1. Hecha la
aclaración precedente el procurador señala, frente a los delitos de peculado
por apropiación y por aplicación oficial diferente por los cuales fue
condenado CÓRDOBA MIELES, ocurridos en 1993, que en cuanto podrían
aplicarse al caso diferentes leyes que han estado vigentes desde el momento de
los hechos (decreto 100 de 1980, ley 43 de 1982, ley 190 de 1995 y ley 599 de
2000), es necesario definir cuál de ellas es más favorable punitivamente.
Para el efecto, hace referencia al contenido de las normas pertinentes y arriba
a las siguientes conclusiones, que sintetiza así:
PECULADO POR
APROPIACIÓN
Norma jurídica
|
Pena -
Prisión
|
Pena -
Multa
|
Pena – Interdicción de derechos y F.
públicas
|
D. 100/80 y Ley
43/82
|
24 a 120
meses
|
$1.000 a
$1.000.000.
|
12 a 60 meses
|
Ley 190 de
1995
|
18 a 90 meses
|
$216.179.25 a
$432.358.50
|
18 a 90 meses
|
Ley 599 de
2000
|
48 a 120
meses
|
$864.717.oo
|
48 a 120
meses
|
PECULADO POR APLICACIÓN
OFICIAL DIFERENTE
Norma jurídica
|
Pena – Prisión
|
Pena – Multa
|
Pena – Interdicción de derechos y F.
públicas
|
D. 100/80 y Ley
43/82
|
6 a 36 meses
|
$1.000 a
$50.000.
|
12 a 36 meses
|
Ley 190 de
1995
|
6 a 36 meses
|
10 a 50 salarios
MLM
|
12 a 36 meses
|
Ley 599 de
2000
|
12 a 36 meses
|
10 a 50 Salarios
MLM
|
12 a 36 meses
|
3.2. En el caso del peculado por
aplicación oficial diferente, dice el Delegado, es fácil concluir que la ley
más favorable es el Código penal de 1980 en relación con todas las sanciones
previstas. Pero no es lo que pasa frente al peculado por apropiación,
respecto del cual “las penas más favorables se encuentran en diversas
leyes”, circunstancia ésta que lleva al representante de la sociedad a
referirse a la posición asumida por la Corte en la sentencia del 3 de
septiembre de 20015, de la que disiente pues a su
parecer socava el principio de legalidad y pone en peligro el estado de derecho
“en tanto que la ley pierde su carácter de instrumento de regulación
integral de una situación concreta, para convertirse en un instrumento
maleable en manos del sentenciador, so pretexto de la defensa de derechos
fundamentales del acusado”. Su pensamiento es, en suma, que la ley más
favorable al procesado “debe tomarse en su integridad, esto es, tanto en la
descripción de la conducta punible como en la sanción a ella
asignada”. Y que la resolución de los denominados por la doctrina
“casos difíciles” puede hacerse a través de criterios generales de
acuerdo con los cuales la ley más favorable para el acusado es la que comporte
la menor pena de prisión, si tienen la misma será entonces la de menor
cantidad de multa y si persiste la igualdad, aquélla que imponga una menor
afectación de los derechos políticos.
3.3. En el caso concreto, de acuerdo con
ese discernimiento, el Procurador Delegado “no considera posible que al
acusado se le fije la pena para el delito de peculado por apropiación con
fundamento en la ley 190 de 1995 en materia de prisión y, simultáneamente,
con el decreto 100 de 1980 en tratándose de la multa y la interdicción de
derechos y funciones públicas. La ley más favorable para esta conducta
punible es, en su integridad, la ley 190 de 1995, tal como se advierte de la
comparación hecha y de los criterios expuestos”.
De haberla seleccionado adecuadamente el Tribunal le habría
impuesto 33 meses de prisión al procesado y entonces es evidente que se le
afectó a este una garantía constitucional, “razón por la cual se impone la
casación de la sentencia y la declaración de su nulidad, de manera que la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pueda dictar el fallo
de reemplazo en el que se fije adecuadamente la pena”.
4. La misma violación del principio de
favorabilidad es predicable en relación con los procesados LUIS MIGUEL
MARTÍNEZ SUÁREZ y VÍCTOR MANUEL SILVA, debiéndose extenderles los efectos
del recurso en concordancia con las previsiones legales vigentes.
“En el caso de MARTÍNEZ SUÁREZ
–precisa el
Delegado—el Tribunal
partió, para la determinación de la pena, de la establecida en el artículo
286 de la ley 599 de 2000 que es de 4 a 8 años e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años, ignorando que la
conducta cometida en el año de 1993 estaba cobijada por el contenido del
artículo 219 del decreto 100 de 1980, que establecía para esta conducta
punible una sanción de prisión de 2 a 8 años, evidentemente más favorable
que la anterior.
“Además, para efectos del cómputo de la
pena por el delito de peculado por apropiación, el Tribunal determinó que la
ley aplicable era también la ley 599 de 2000, incrementando injustamente la
pena al desconocer que resultaba más benéfico al procesado que su conducta se
hubiera juzgado con sustento en la ley 190 de 1995.
“VÍCTOR MANUEL SILVA –finalmente—también fue sancionado con fundamento
en el artículo 397 de la ley 599 de 2000, cuando ha debido serlo con apoyo en
la ley 190 de 1995, según se analizó anteriormente”.
La solicitud del Delegado es, en resumen,
que se desestimen los cargos formulados en la demanda y que se case de oficio
el fallo para que la pena sea establecida para todos los sentenciados con
fundamento en la ley más favorable.
LA CORTE CONSIDERA:
1. La Sala
tiene que advertir, en primer lugar, que la demanda no consta de dos cargos,
como lo concluyó el Procurador, sino de uno. Aunque es verdad que el
censor incluyó en la proposición dos capítulos, es claro que el segundo no
es un reproche distinto sino la continuación del primero, como lo revela sin
dificultad la síntesis que se hizo de la censura en esta providencia.
2. Aunque la Corte
admite, de otra parte, que el censor no tiene claridad sobre ciertas nociones,
como las de falso juicio de legalidad, falsa motivación y falso raciocinio,
que incorpora en el contenido del cargo de manera indebida, el ataque se
entiende y no merece ser desestimado como lo propone el Delegado.
Lo sostenido por el actor es que a su
defendido se le tasó la pena con sustento en las sanciones previstas en la ley
599 de 2000, cuando le resultaba más favorable el decreto 100 de 1980, con la
modificación introducida por la ley 43 de 1982, de acuerdo con el cual
–según sus
cálculos—la pena
privativa de la libertad habría sido de 30 meses de prisión, en lugar de los
53 que se le impusieron.
El planteamiento,
referido al principio de legalidad –del cual hace
parte el de favorabilidad según el artículo 6º del Código
Penal—, es un reproche claro a la dosificación
punitiva, desde la perspectiva de un conflicto de leyes en el tiempo que el
Tribunal enfrentó y resolvió con desconocimiento de la garantía
constitucional señalada, resultando en tales circunstancias viable proceder a
su examen.
3. Antes de entrar en materia, sin embargo,
debe anotarse que el recurrente acertó en la escogencia de la causal de
casación, pues es claro que el principio de favorabilidad es una garantía
fundamental de naturaleza sustancial, cuya transgresión, como de antiguo lo ha
venido sosteniendo la Sala, debe alegarse con fundamento en el primer motivo de
casación y no en el tercero, en consideración a que los errores que respecto
del mismo puede cometer el juzgador son in iudicando o de juicio y no de
actividad o in procedendo.
Así las cosas, no tiene
razón el Procurador al señalar que la vía por la cual debe proponerse y
resolverse en casación una posible violación de la favorabilidad es la de la
nulidad procesal. Y si la idea que subyace a esa conclusión es la de
pensar que sólo así no incurre como Ministerio Público en una intromisión
arbitraria en el ámbito del sujeto procesal demandante, al solicitarle a la
Sala que case oficiosamente la sentencia, olvida que el artículo 216 del
Código de Procedimiento Penal –al igual que
lo hacía el 228 del anterior— le impone a
la Corte, sin sujeción al principio de limitación, declarar de oficio no
solamente la procedencia de la causal 3ª de casación, sino igualmente
“casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma atenta contra las
garantías fundamentales”, lo cual sucede, como quedó visto, cuando se
lesiona un derecho fundamental sustancial, sin importar que el motivo de
casación para discutir el punto sea el primero del artículo 207
ibídem.
4. Pues bien, de acuerdo con la sentencia recurrida,
ÓSCAR CÓRDOBA MIELES fue condenado por los cargos de peculado por
apropiación en concurso con peculado por aplicación oficial diferente.
El Tribunal estimó, al realizar la dosificación punitiva, que la ley 599 de
2000 estableció unas penas para el peculado por apropiación, atendida la
cuantía inferior a 50 salarios mínimos del que fue objeto del proceso, más
favorables que las previstas en el Código Penal de 1980. Así las cosas,
con sustento en tal ley cuantificó la pena de prisión en los siguientes
términos:
“En el caso de ÓSCAR
CÓRDOBA MIELES, quien fue condenado por los delitos de peculado por
apropiación y peculado por aplicación oficial diferente, penado el primero con prisión de 4 a 10 años,
por cuanto el valor de lo apropiado no sobrepasa los 50 salarios
mínimos y el segundo (…)
sancionado con prisión de uno a 3 años, la dosificación de la pena entonces
debe arrancar del hecho punible más grave por cuanto se trata de un concurso
de delitos.
“Dicho esto, siendo el
hecho más grave el peculado por apropiación … , habría que averiguar cuál
es el ámbito de movilidad punitiva que tiene el juez para sancionar, hecha la
operación respectiva este es igual a 72 meses, el cual dividido en cuartos,
resultan estos ser de 18 meses cada uno; como se trata de unos hechos en los
cuales concurren circunstancias de menor y mayor punibilidad, hemos de movernos
dentro de los dos cuartos medios para determinar la pena a imponer, la que no
podrá ser menor de 66 meses ni mayor de 102 meses.
“Ahora, atendiendo los
criterios de ponderación de que trata el artículo 61, inciso 3 del C.P.
–finaliza la cita—la pena a imponer será la de 70 meses, pero como el procesado hizo
devolución de lo apropiado ya iniciada la investigación, pero antes de que se
produjera la sentencia de segunda instancia, en atención a lo establecido en
el artículo 401 del nuevo C.P., le rebajaremos la tercera parte de la pena
impuesta por el delito de peculado por apropiación, lo que equivale a 23
meses, 10 días, lo que nos arroja un total de 46 meses, 20 días, pero como se
trata de un concurso de delitos, porque además cometió el delito de peculado
por aplicación oficial diferente, le agregaremos otro tanto por este concepto,
lo que entendemos satisfecho con una adición de 6 meses y 10 días, para que
quede como pena a descontar por CÓRDOBA MIELES, la de 53 meses de
prisión”.
Sobre las demás penas no
hizo ningún pronunciamiento el Tribunal, siendo claro por lo tanto que
quedaron confirmadas las de multa de $1.126.786.03 (el valor de lo apropiado) y
la de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 6
años, impuestas por la primera instancia con apoyo en la ley 190 de
1995.
5. El reclamo del censor es que el decreto
100 de 1980, con la modificación introducida por la ley 43 de 1982, es más
favorable al procesado que la ley 599 de 2000 y le asiste la razón. Para
cuando sucedieron los hechos en 1993 la cuantía del peculado por apropiación
que se le imputó a CÓRDOBA MIELES estaba muy lejos de alcanzar el valor de
87,71 salarios mínimos legales mensuales, que representaban en 1981, cuando
empezó a regir el Código Penal de 1980, la suma de $500.000.oo que se
estableció como cuantía a partir de la cual el peculado por apropiación
descrito en el artículo 133 se consideraba agravado, en concordancia con la
interpretación que hizo la Sala en la sentencia del 12 de junio de
20006,
coincidente con la doctrina expuesta por la Corte Constitucional en los fallos
C-070 y C-118 de 1996. La pena de prisión prevista para esa conducta punible en la
legislación de 1980, entonces, estaba establecida entre 2 y 10
años.
Sin embargo, como
acertadamente lo concluyó el Agente del Ministerio Público, la pena privativa
de la libertad es aún más benigna en la ley 190 de 1995. En efecto, si
lo apropiado no superó el equivalente a 50 salarios mínimos la pena de 6 a 15
años de prisión prevista en el artículo 19 de ese Estatuto “se disminuirá
de la mitad (½) a las tres cuartas (¾) partes”, lo cual traduce que los
nuevos extremos punitivos son 18 meses y 7½ años, si se tiene en cuenta
que la porción máxima se aplica al mínimo y la mínima al máximo, tal como
lo determina el artículo 60-5 del Código Penal.
Significa lo precedente,
en todo caso, que el conflicto de leyes en el tiempo que enfrentó el Tribunal
al dosificarle la pena al procesado CÓRDOBA por el delito de peculado por
apropiación (el más grave del concurso delictivo por el cual se le condenó),
lo resolvió con prescindencia del principio de favorabilidad.
Simplemente porque de las leyes posibles a aplicar seleccionó la que le
resultaba menos benéfica, es decir, el último inciso del artículo 377 del
Código Penal de 2000 (4 a 10 años de prisión), por encima del artículo 133
del decreto 100 de 1980 (2 a 10 años) y del artículo 19 de la ley 190 de 1995
(1½ a 7½ años).
6. Para remediar la violación del derecho
fundamental sustancial de favorabilidad, en consecuencia, la Corte tasará la
pena de prisión a imponerle a ÓSCAR CÓRDOBA MIELES, con sustento en los
criterios establecidos en el Código Penal de 1980 –que lo benefician—y atendiendo
las razones expresadas en la sentencia recurrida en el proceso de imposición
de las penas.
Los extremos punitivos
del peculado por apropiación que cometió CÓRDOBA MIELES son, como se dijo,
18 y 90 meses, según el artículo 19 de la ley 190 de 1995. Y el
punto de partida es el extremo mínimo previsto, que cabe aumentarlo en un mes
y 10 días, cifra ésta que proporcionalmente corresponde de manera aproximada
al incremento de 4 meses hecho por el juzgador de 2º grado en concordancia con
los criterios de ponderación previstos en el inciso 3º del artículo 61 del
Código Penal de 2000, que en lo esencial se identifican con los del 61 del
Código Penal de 1980.
En virtud de las dos
circunstancias genéricas de agravación punitiva que se declararon
concurrentes (art. 66-9/11 cp de 1980), procede un aumento de 6 meses más, 3
por cada una, para un resultado de 25 meses y 10 días, a los cuales debe
restarse la mitad, de conformidad con el inciso 2º del artículo 139 del
Código Penal de 1980, en consideración al reintegro de lo apropiado antes de
dictarse sentencia de segunda instancia. Esta consecuencia tiene su
regulación más favorable en ese estatuto, que es la ley preexistente a la
conducta, en comparación con el Código Penal de 2000 que fue el aplicado
erróneamente por el juzgador de 2ª instancia, siendo del caso señalar que el
punto no fue tratado por la ley 190 de 1995.
Resultan imponibles,
entonces, 12 meses y 20 días de prisión por el delito más grave y por razón
del concurso con la conducta de peculado por aplicación oficial diferente se
incrementa esa cifra en 2 meses más, que corresponde proporcionalmente al
incremento de 6 meses y 10 días deducidos en la providencia impugnada por el
mismo concepto, para un total de 14 meses y 20 días, que es la pena de
prisión que se le impondrá a ÓSCAR CÓRDOBA MIELES.
6.1. En cuanto a las demás penas, para cuya
deducción aplicará la Sala el principio de favorabilidad en la forma como lo
definió en la sentencia de septiembre 3 de 20017, cuyos términos se ratifican en esta
oportunidad, se tiene que le resulta más benigno al procesado la aplicación
del Código Penal de 1980, el cual las establece para el peculado por
apropiación multa de 1.000 a 1.000.000 de pesos e interdicción de derechos y
funciones públicas de 1 a 5 años; y para el peculado por aplicación oficial
diferente multa de 1.000 a 50.000 e interdicción de derechos y funciones
públicas de 1 a 3 años.
La Sala considera del
caso imponerle a CÓRDOBA MIELES, siguiendo los criterios que para el efecto se
utilizaban en vigencia del Código de 1980, es decir estableciendo la
proporción respectiva en relación con la pena de prisión impuesta, multa de
$800.oo e interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 10
meses.
7.
En desarrollo de la función
de garante de los derechos fundamentales que cumple la Corte y atendiendo el
planteamiento que en ese sentido realizó el Procurador Delegado, la casación
del fallo impugnado se hará extensiva a los procesados no recurrentes, a
quienes oficiosamente se les restablecerá el principio de favorabilidad, que
también resultó transgredido por las instancias en la imposición de las
penas.
7.1. Procesado LUIS
MIGUEL MARTÍNEZ SUÁREZ.
Resultó condenado por
los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por
apropiación y falsedad en documento privado a prisión de 86 meses, multa de
$1.126.783.06 e interdicción de derechos y funciones públicas por el término
de 6 años
El Tribunal, con
desconocimiento del principio de favorabilidad, seleccionó como delito más
grave el de falsedad ideológica en documento público previsto en el artículo
286 de la ley 599 de 2000, cuando es evidente que la ley preexistente a la
conducta punible (art. 219 cp de 1980) le resultaba más benéfica al procesado
por ser su parámetro de pena mínimo (3 años), inferior al consagrado en la
ley aplicada (4 años), no resultando trascendental que el parámetro punitivo
máximo sea inferior en ésta (8 años) que en aquél (10 años), dado que la
dosificación no alcanza ese límite superior en el caso concreto.
Adicionalmente la norma del Código de 1980 es más favorable porque no
consagra como sanción la inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas, como sí lo hace el Código Penal vigente, que la fija
entre 5 y 10 años.
A este procesado no le
resulta benéfica la tasación punitiva con fundamento en el sistema del
Código Penal vigente, dado el notable incremento que le significa cada cuarto
de movilidad en el ámbito punitivo, que corresponde a 21 meses y conduce a
establecer como cuartos medios 57 y 99 meses de prisión, entre los cuales
tendría que dosificarse la sanción. Siguiendo el procedimiento del
Tribunal la pena resultante, con las reglas vigentes de dosificación, sería
de 83 meses de prisión.
De conformidad con los
criterios para fijar la pena del decreto 100 de 1980, estima la Corte que al
mínimo de 3 años es dable incrementarlo en 7 meses más por la gravedad de la
conducta y el grado de culpabilidad, cifra que es proporcional a la de 12 meses
que aumentó el Tribunal con sustento en el inciso 3º del artículo 61 del
Código Penal de 2000. Y procede sumarle igualmente 6 meses más, en
virtud de las dos causales de agravación punitiva concurrentes (art. 66-9/11
cp 1980), a razón de 3 meses por cada una. A los 49 meses resultantes
cabe adicionarles 9 meses y 15 días por efecto del concurso de conductas
punibles, que es proporcional a los 14 meses en que aumentó la pena el
Tribunal por el mismo concepto, para un total de pena a imponer de 58 meses y
15 días de prisión.
Adicionalmente, con
sustento en el artículo 133 del Código Penal de 1980, se le impondrá multa
de $3.000.oo en relación con el peculado por apropiación que se le atribuyó,
e interdicción de derecho y funciones públicas por el mismo lapso de la pena
principal, en concordancia con el artículo 52 ibídem.
- Procesado VÍCTOR MANUEL SILVA
RESTREPO.
Fue condenado como cómplice de peculado por
apropiación a 45 meses de prisión y para ello, como sucedió en los demás
casos, se tomó en cuenta –equivocadamente—la pena prevista en la ley 599 de 2000, cuando la más favorable es
la 190 de 1995 que consagra prisión entre 18 y 90 meses para esa conducta
punible.
La primera instancia,
aunque aplicando también una norma que no era la más benéfica al procesado,
le había impuesto la mínima prevista, disminuida en la mitad con fundamento
en el artículo 24 del Código Penal de 1980, debido a la forma de
participación, sin deducirle ninguna circunstancia genérica de agravación
punitiva. El Tribunal, entonces, transgredió en este caso la
prohibición constitucional de reforma en peor de la sanción pues resulta
claro que dedujo como agravante la coparticipación criminal. Al hacerlo y
dosificar la pena apoyado en el sistema de la ley 599 de 2000 se movió a los
cuartos medios y no redujo en la mitad la cantidad de la pena en virtud de la
complicidad.
La Corte, por lo tanto, simplemente
reparará el quebranto imponiéndole a SILVA RESTREPO 9 meses de prisión,
interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 6
meses y multa de $500.oo. Estas últimas penas son las previstas en
el artículo 133 del decreto 100 de 1980, que es la ley más favorable en ese
aspecto, aunque reducidas a la mitad por efecto del mencionado artículo 24
ibídem y fijadas en proporción a la sanción privativa de la libertad.
A mérito de lo expuesto, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida, expedida por el Tribunal Superior de
Valledupar el 14 de septiembre de 2001, para fijar las penas de 14 meses
y 10 días de prisión, multa de $800.oo e inhabilitación de derechos y
funciones públicas al procesado ÓSCAR CÓRDOBA MIELES.
2. Hacer extensivos los efectos del
presente fallo a los procesados no recurrentes, para fijarles las siguientes
penas:
A LUIS MIGUEL MARTÍNEZ
SUÁREZ 58 meses de prisión, multa de $3.000.oo e inhabilitación de derechos
y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la
libertad.
Y a VÍCTOR MANUEL SILVA RESTREPO 9 meses de
prisión, inhabilitación de derechos y funciones públicas por el término de
6 meses y multa de $500.oo.
3. En lo demás la
decisión recurrida se mantiene incólume.
4. Contra la
presente decisión no procede ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
Salvamento parcial de
voto
FERNANDO E. ARBOLEDA
RIPOLL HERMAN
GALÁN CASTELLANOS
CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ
ARGOTE JORGE ANÍBAL GÓMEZ
GALLEGO
ÉDGAR LOMBANA
TRUJILLO
MARINA PULIDO DE BARÓN
YESID RAMÍREZ
BASTIDAS
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria
1 .
Folios 353,365, 374/1 y 572, 582/2.
2 .
Folio 1.408/5.
3 .
Folio 1.428/5.
4 .
Folio 1.736/5.
5 .
M.P., Dr. JORGE ANIBAL GÓMEZ GALLEGO.
6 .
M.P., Dr. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL. Única instancia 9.976.
7
. M.P., Dr. JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO. Única instancia
16.837.