Proceso No 20249
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado ponente:
Dr. MAURO SOLARTE
PORTILLA
Aprobado acta No. 76.
Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de
dos mil cuatro (2004).
Procede la Corte a decidir el recurso
extraordinario de casación interpuesto por los defensores de GLADYS EDILMA
ÁLVAREZ PIMENTEL y ROGELIO ANÍBAL CASTRO RODRÍGUEZ contra la sentencia
proferida el 26 de abril de 2002, por medio de la cual una sala de decisión
penal del Tribunal Superior de Cundinamarca le impartió confirmación al fallo
que a su turno profirió el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado y que
condenó a los procesados como autora y cómplice, respectivamente, del delito
de testaferrato, y adoptó otras determinaciones.
HECHOS Y ACTUACION
PROCESAL
1. Los hechos que dieron origen a este proceso
fueron resumidos en la sentencia de segunda instancia de la siguiente
manera:
“1. El 17 de febrero de 1990, se efectuó
por parte del Ejercito Nacional –Grupo Mecanizado Rincón Quiñones- diligencia de ocupación en la
Finca Santa Rosa, ubicada en la vereda El Cabrero, comprensión municipal de
Pacho (Cund.), encontrando 28 kilos de oro, 6.697.950 dólares en canecas y 102
reses de propiedad de Gonzalo Rodríguez Gacha (fls. 4 a 6 c.1); pormenores de
este operativo se consignan en el acta No. 1743 de la misma fecha.
1.2. El 23 de agosto de 1989, la Brigada XII
del Ejercito Nacional, allanó y ocupó las Fincas Mi Mazatlán, ubicada en la
vereda la Rama del municipio de Pacho, operativos desarrollados en uso de
disposiciones de emergencia encaminadas a la ubicación de bienes del extinto
José Gonzalo Rodríguez Gacha, adquiridos con dinero proveniente del
narcotráfico donde igualmente se encontraron dólares por $.4.924.000 (fl. 4
c. anexo 6).
1.3. Igual procedimiento de ocupación se
surtió en la Hacienda Cuernavaca, vereda Patasca, el 22 de agosto de 1989, (c.
anexo 10 fl. 7). Estos son los supuestos fácticos a que se constriñe el
calificatorio de primera y segunda instancia.
Así mismo, se determinó que los predios
fueron adquiridos por las firmas Inmobiliaria Andina S.A. INANSA y la empresa
de Cría y Levante S.A., bienes que habían sido de propiedad de Rodríguez
Gacha y que Gladys Edilma Álvarez Pimentel y Rogelio Aníbal Castro
Rodríguez, compraron en representación de las sociedades mencionadas,
incrementando así, de esta manera ilícita su patrimonio.”.
2. El 1º de septiembre de 1992 la Unidad
Regional de Fiscalías de Bogotá inició diligencias preliminares y el 23 de
mayo de 1995, luego de recaudadas algunas pruebas, la Unidad Especializada de
Previas de la Dirección Regional de Fiscalías declaró la apertura del ciclo
instructivo.
A la investigación fueron vinculados por
medio de indagatoria FRANCISCO JOSÉ FEOLI BONILLA, JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ
PARDO y HELÍ SALOMÓN MUÑOZ SIERRA.
Por declaratoria de persona ausente fueron
vinculados GLADYS EDILMA ÁLVAREZ PIMENTEL y ROGELIO ANÍBAL CASTRO RODRÍGUEZ,
contra quienes se profirió el 18 de septiembre de 1996 medida de aseguramiento
de detención preventiva por los delitos de testaferrato y enriquecimiento
ilícito.
Mediante resolución de preclusión de la
investigación de 25 de febrero de 1997 fueron desvinculados FEOLI BONILLA y
GONZÁLEZ PARDO.
El 4 de noviembre siguiente se declaró
cerrada parcialmente la investigación en relación con el procesado MUÑOZ
SIERRA, al tiempo que se ordenó la continuación de la instrucción respecto
de los restantes dos implicados.
Luego de algunos incidentes procesales, el 27
de agosto de 1999 se declaró cerrada también la instrucción respecto de
GLADYS EDILMA ÁLVAREZ PIMENTEL y ROGELIO ANÍBAL CASTRO RODRÍGUEZ, y el 22 de
febrero de 2000 un Fiscal Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito
Especializados calificó el mérito del sumario con resolución de acusación
en contra de la primera como autora del delito de enriquecimiento ilícito y
del segundo como autor de ese mismo delito en concurso real homogéneo con el
de testaferrato.
Al resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la anterior resolución, la Unidad Nacional Delegada ante
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial le impartió confirmación en la
suya de 26 de julio de siguiente, modificándola en el sentido de acusar a los
procesados como autora y cómplice, respectivamente, del delito de testaferrato
(artículo 6º del decreto 1856 de 1989, adoptado como legislación permanente
por el 7º del decreto extraordinario 2266 de 1991).
3. A la ejecutoria de la resolución de
acusación, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca
asumió el conocimiento de la causa.
Una vez realizada la audiencia de juzgamiento
en varias sesiones, ese despacho profirió sentencia condenatoria el 28 de
diciembre de 2001 en correspondencia con los cargos formulados por la
Fiscalía, e impuso como penas principales a GLADYS EDILMA ÁLVAREZ PIMENTEL 72
meses de prisión y multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales
mensuales y a ROGELIO ANÍBAL CASTRO RODRÍGUEZ 30 meses de prisión y
multa equivalente a 1.000 salarios mínimos mensuales; y la accesoria de
inhabilitación para el ejercicio derechos y funciones públicas por el
mismo lapso de la principal de prisión.
Interpuesto el recurso de apelación por los
defensores contra la anterior sentencia, una sala de decisión penal del
Tribunal Superior de Cundinamarca le impartió confirmación integral en la
suya de 26 de abril de 2002.
En oportunidad, la señora ÁLVAREZ PIMENTEL y
el defensor de CASTRO RODRÍGUEZ interpusieron el recurso extraordinario de
casación y dentro del término de traslado los representantes judiciales de
los procesados presentaron la demanda.
Concedida la impugnación extraordinaria y
encontrándose ajustadas las demandas a las formalidades de ley, se corrió
traslado para concepto al Procurador, el cual ha sido rendido y por ello se
apresta la Sala a emitir el fallo correspondiente.
LAS
DEMANDAS
1. Demanda presentada
a nombre del procesado ROGELIO ANÍBAL CASTRO RODRÍGUEZ.
Con apoyo en la causal primera, cuerpo
primero, el defensor de este procesado formula tres cargos contra la sentencia
de segundo grado, en el siguiente orden:
1.1. Primer cargo.
En sentir del togado el Tribunal incurrió en
violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del artículo
83, inciso 1º, del código penal.
Con esa finalidad afirma
que por haber sido acusado y condenado CASTRO RODRÍGUEZ como cómplice del
delito de testaferrato en los términos del artículo 6º del decreto 1856 de
1989 –adoptado como legislación permanente por el
artículo 7º del decreto 2266 de 1991-, en armonía con el artículo 24 del
código penal de 1980, la acción penal prescribía en su caso en el término
de 8 años y 4 meses, pena máxima a imponer por ese delito.
En su sentir, si el delito
se consumó a más tardar en el mes de junio de 1990 y la resolución de
acusación quedó ejecutoriada el 2 de julio de 2000, cuando ocurrió esto
último ya la acción penal se encontraba prescrita.
Para demostrar que la
conducta se consumó a más tardar en el mes de junio de 1990, el libelista
controvierte las razones contenidas en la resolución de acusación y las
sentencias de primera y segunda instancia, en el sentido de que la acción
penal no se encuentra prescrita porque el último acto del delito de
testaferrato no ha ocurrido en tanto el procesado sigue teniendo
representación accionaria en las empresas propietarias de los terrenos y la
extinción del dominio de los bienes no ha sido adoptada
judicialmente.
En ese sentido advierte el
censor que la ocupación y registro de los predios por parte del Estado datan
del 23 de agosto de 1989 y 17 de febrero de 1990.
Asimismo, que el procesado
CASTRO RODRÍGUEZ se retiró voluntariamente de las empresas
“Inansa” y “Ganadería de Cría y Levante” el 11 de diciembre de 1987, de acuerdo a las inspecciones
judiciales que reposan a folios 15 y 52 del cuaderno anexo
4.
Y, finalmente, que mediante
decreto 1272 de junio 15 de 1990 los bienes vinculados directa o indirectamente
a actividades de narcotráfico y conexos fueron dejados por fuera de
comercio a partir de su decomiso y ocupación.
Con apoyo en
pronunciamiento de esta Sala de 7 de octubre de 1999, sostiene que la causa que
hizo cesar la permanencia del delito en este caso “fue la doble intervención estatal (jurídica y material) que se dio desde
comienzos del año de 1989 (cfr. Certificados de libertad anexos 2 y 3),
finales del mismo (’ocupación y
registro’) y
comienzos de 1990, con la expedición del decreto 1272”.
Adicional a ello, sostiene que la “simulación de titularidad”
que tipifica el delito de testaferrato y que se inició en este caso en 1984,
“subsistió hasta el referido periodo marzo de
1989, agosto de 1989, febrero de 1990 y 15 de junio de 1990”, fechas éstas que constituyen los “últimos actos” que marcan los hitos
dentro de los cuales, según el casacionista, se sustenta la prescripción de
la acción penal por la imposibilidad posterior de causar algún daño real al
bien jurídico tutelado.
Solicita, en consecuencia, casar el fallo
impugnado y, en su lugar, disponer la cesación de procedimiento a favor de su
poderdante por prescripción de la acción penal, adoptando las demás medidas
inherentes a esta forma de terminación del proceso.
1.2. Segundo cargo
–subsidiario-.
Postula la violación
directa por aplicación indebida del artículo 6º del decreto 1856 de 1989 y
falta de aplicación del artículo 177 del código penal de
1980.
Para el demandante el yerro
cometido por el juzgador se produjo al haber adecuado erróneamente el
comportamiento de su representado al artículo 6º del decreto 1856 de 1989 que
tipifica el delito de testaferrato, en lugar de haber seleccionado el artículo
177 del código penal de 1980 que recogía el ilícito de encubrimiento por
receptación -sancionado con prisión de 6 meses a cinco
años-.
En ese sentido sostiene que
el error devino de haber prolongado equivocadamente la permanencia de la
conducta delictiva hasta hoy y considerar que para el 24 de agosto de 1989
(fecha de entrada en vigencia del citado artículo 6º) el quehacer del
procesado siguió consumándose bajo la modalidad de
testaferrato.
Recuerda el actor que antes
de esa fecha los bienes que adquirieron los procesados en simulación quedaron
a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes y, asimismo, que su
representado se retiró definitivamente de las citadas empresas, sin que al
respecto se pueda decir que siguió figurando en la Cámara de Comercio y
consumando el encubrimiento, en cuanto esa mera formalidad se torna inane de
cara al real retiro establecido en las inspecciones
judiciales.
Esa realidad conlleva, en su sentir, a que en
especial para el año de las resoluciones del Consejo Nacional de
Estupefacientes –1989 el
delito de encubrimiento por receptación se haya consumado y que ante la
intervención estatal se tornara imposible física y jurídicamente
“ocultar o asegurar el objeto material del delito o
el producto del mismo”, al igual que su adquisición
o enajenación, de modo que el bien jurídico de la administración de justicia
no podía ser objeto de quebrantamiento.
Asegura el censor que la afirmación que en
contrario hace el sentenciador resulta equivocada, porque es aquél el bien
jurídico tutelado con la norma y no la propiedad u otro cualquiera, frente a
los cuales sí podría resultar determinante que el nombre del procesado
continúe figurando en la Cámara de Comercio.
Concluye afirmando que si
en 1987 y 1989 se consumó el delito de encubrimiento por receptación
–art. 177-, la acción penal prescribió en el mes
de marzo de 1994, esto es dentro de los cinco años
siguientes.
En consecuencia, el actor convoca a la Sala
para que se reconozca que el delito materia de condena debió ser el
encubrimiento por receptación y, por tanto, que la acción penal se encuentra
prescrita desde el mes de marzo de 1994, por lo que solicita que se case la
sentencia impugnada y se dicte en su lugar cesación de procedimiento por la
presencia de este fenómeno.
1.3. Tercer cargo
–subsidiario-.
El casacionista acusa la falta de aplicación
del artículo 63 del código penal, “proveniente de
la errada interpretación del mismo” (sic).
En ese sentido afirma que en el fallo de
primera instancia se negó al procesado el mecanismo sustitutivo de la pena
privativa de la libertad únicamente por su renuencia a comparecer al proceso,
al paso que el Tribunal no hizo referencia alguna al punto pues orientó su
atención a negar la prisión domiciliaria.
Para el casacionista, si el sentenciador de
primera instancia reconoció que no concurren en el caso de su poderdante
circunstancias de agravación punitiva -que sí de atenuación-, resulta
evidente que no necesitaba ejecutar la pena impuesta.
Agrega que de Gonzalo Rodríguez Gacha se
puede predicar “todo lo malo que se pueda”,
pero resulta ilegal e injusto que tal predicamento se
extienda a su familia y mucho menos a un pariente lejano como el procesado que
no disfrutó de la riqueza material de aquél, aparte que el haber prestado su
nombre para figurar con una sola acción en una de las empresas constituía una
orden imposible de desacatar proviniendo de un personaje todopoderoso como era
su tío.
Tras criticar que la necesidad de ejecutar la
pena haya provenido de la ausencia procesal del acusado, termina solicitando
que se case parcialmente el fallo impugnado y en su lugar se conceda a su
representado el sustituto previsto en el citado artículo.
2. Demanda presentada a nombre de la procesada
GLADYS EDILMA ÁLVAREZ PIMENTEL.
Al amparo de la causal
primera de casación, cuerpo primero, cuatro cargos formula el defensor de la
procesada, como pasa a sintetizarse:
2.1. Primer cargo.
Asevera el casacionista que
el sentenciador incurrió en violación directa de la ley sustancial por haber
aplicado indebidamente los artículos 6º del
decreto 1856 de 1989, adoptado como legislación permanente
por el artículo 7º del decreto extraordinario 2266 de 1991; 1º y 2º del
decreto ley 100 de 1980 –actuales 6º
y 9º de la ley 599 de 2000-; 11, numeral 2º, de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, aprobado por la ley 74 de 1968; 6º, literal c), del protocolo II,
adicional a los cuatro convenios de Ginebra de junio 1977 y aprobado por la ley
171 de 1994; 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de
noviembre 22 de 1969, aprobada por la ley 16 de 1972; y 29 de la Constitución
Política.
Al formular el cargo advierte el censor, con
apoyo en reiterada jurisprudencia, que parte de aceptar los hechos y las
valoraciones probatorias tal como fueron asumidos por el juzgador de segundo
grado y que su discurso jurídico se centrará únicamente en acreditar
“los errores de selección normativos en sus
expresiones de aplicación indebida”;
Para demostrar el cargo
transcribe apartes de las sentencias de primero y segundo grado en punto de la
materialidad del delito y se refiere al sentido y alcance de las normas
enunciadas, en orden a concluir que si las adquisiciones de los bienes
inmuebles objeto de este proceso se realizaron entre 1985 y 1988, como fue
aceptado por los juzgadores de instancia, refulge clara la indebida aplicación
del artículo 6º del decreto 1856 de 1989 y de las demás normas
constitucionales y legales, especialmente aquellas que regulan el principio de
reserva o estricta legalidad de los delitos. Ello como quiera que el delito de
testaferrato no tenía existencia jurídico-sustancial, en el entendido
irrefutable que sólo hasta el 24 de agosto de 1989, fecha de expedición de
dicho decreto, fue erigido como tal.
Se aplicó enseguida el
censor in
extenso a señalar los
contenidos descriptivos, valorativos y efectos vinculantes de aquel principio,
con vista en la legislación y doctrina existentes, para afirmar que en
atención a sus elementos sólo es viable hablar de acto que se imputa, de acto
que se consuma y de acto que se adecua típicamente, en la medida en que
concurra material y jurídicamente una ley escrita, cierta y previa en la que
el legislador hubiese descrito el respectivo injusto penal. Precisa que su
aplicación resulta imperiosa y vinculante, bien se trate de delitos de mero
peligro, de resultado, de mera conducta, de ejecución instantánea o de
conducta permanente, pues de lo contrario implicaría ubicar el reproche penal
al margen de los contenidos básicos de la teoría del
delito.
Adicional a ello considera
que si al tenor del artículo 26 del actual código penal todo delito tiene un
tiempo de realización “o
un momento de acto o actos de consumación”, resulta indudable que de este mandato no se
excluyen los delitos de conducta permanente.
Tras recordar las fechas de
los actos de escrituración de los inmuebles objeto de este proceso, y sin
entrar a controvertir lo dicho por los juzgadores de instancia, advierte que
las adquisiciones de los mismos se perfeccionaron entre el 18 de septiembre y
el 29 de octubre de 1985, como al igual se consigna en el fallo de segunda
instancia, reiterando que respecto de estos actos se tornaba jurídicamente
inaplicable el artículo 6º del decreto 1856 de 1989, sin que por el hecho de
seguir siendo su defendida propietaria de algunas las acciones de las
sociedades aludidas con posterioridad a su vigencia autorizara a pensar lo
contrario.
Con apoyo en
pronunciamientos de esta Sala, el actor advierte que ha sido la propia
jurisprudencia la que ha señalado que el delito de testaferrato
“se perfecciona, en el
momento en que mediante contrato o escritura, un bien pasa a figurar a nombre
de quien no es su verdadero propietario”, por lo que en su sentir debe contarse también
con la existencia previa y preexistente del injusto típico, de modo que la
conducta atribuida a su poderdante no puede perfeccionarse el día que entró
en vigencia el decreto 1856, esto es el 24 de agosto de 1989. Esa posición
jurisprudencial la encuentra coherente con el contenido de la norma, en cuanto
a su verbo rector –adquirir
bienes-.
Para el casacionista el
haberse aplicado ese precepto a GLADYS EDILMA por el mero hecho de seguir
siendo propietaria de algunas acciones de las sociedades cuestionadas en este
proceso, con soporte en el predicado jurisprudencial de que la naturaleza de la
acción del delito de testaferrato es de conducta permanente, se incurrió en
violación indirecta de esa norma sustancial, como quiera que no es posible
hablar de continuidad de unas conductas que histórico-materialmente nunca se
perfeccionaron como delito. Desde el punto de vista naturalístico, precisa,
para que un ser siga siendo o continúe siendo, tiene que haber sido, en el
entendido esencial y existencial, lo cual se aplica al delito como ente
jurídico, cuya esencia, como su existencia, jamás es
intemporal.
Lo anterior conduce al
libelista a postular la indebida aplicación del artículo 2º del decreto 100
de 1980 (9º de la ley 599 de 2000), por haber afirmado el ad quem que no se violó el principio de legalidad y que el comportamiento
de la procesada podía catalogarse como conducta punible.
El yerro
in
iudicando resulta
trascendente para el actor, si se toma en cuenta que de no haberse incurrido en
él, otros habrían sido los extremos vinculantes de lo decidido en la
sentencia, en tanto que indefectiblemente ésta habría sido de carácter
absolutorio.
Sustentado de esta manera
el cargo solicita a la Corte que case la sentencia y emita fallo de reemplazo
absolutorio.
2.2. Segundo cargo –subsidiario-
Acusa el casacionista la
violación directa de la ley sustancial derivada de la indebida aplicación de
los artículos 5º y 36 del decreto ley 100 de 1980 –12 y 22 de la ley 599 de 2000-.
Comienza por advertir que
acepta los hechos y las valoraciones probatorias tal y como fueron asumidas por
el fallador de segundo grado, para aplicarse enseguida a transcribir apartes de
las sentencias de instancia en punto de la imputación subjetiva
dolosa.
En desarrollo de lo que
denomina los postulados fundantes y limitantes de la dogmática dolosa
culpabilística, recuerda que es necesario tener en cuenta dos referentes
histórico materiales de tiempo: aquél en que se perfeccionó la conducta y
aquél en que entró en vigencia el tipo sustancial del que se afirma haberse
realizado en modalidad dolosa.
Para la cabal comprensión
de la censura considera el censor que debe preguntarse si al tiempo que se
perfeccionaron los actos de adquisición de los bienes de que se trata, se pudo
consolidar el acto real de conocimiento de su defendida respecto de los
elementos integradores y estructurales del injusto de testaferro.
En ese sentido responde que
para los años de 1985 a 1988, cuando se produjeron tales actos como se dejó
consignados en las sentencias de instancia, era absolutamente imposible que
GLADYS EDILMA ÁLVAREZ conociera los elementos del tipo de testaferrato
contenido en el artículo 6º del decreto 1856 de 1989, dado que para esas
anualidades no tenía existencia jurídica.
De allí se sigue para el
libelista la indebida aplicación sustancial de la categoría jurídica dolosa
de que tratan los citados artículos del código de 1980, vigentes para el
momento en que se consolidaron los actos de adquisición de los
bienes.
Con apoyo en
pronunciamiento de esta Sala de 7 de noviembre de 1990, en el sentido de que el
testaferrato se perfecciona en el momento en que por medio de contrato o
escritura un bien pasa a figurar como propiedad de quien realmente no lo es,
sostiene que en estricto derecho tiene que convenirse que la procesada no
podía conocer los elementos integradores de una normatividad que no tenía
existencia jurídica.
El haberse atribuido a su
representada la consumación dolosa del artículo 6º del decreto 1856 de
agosto 24 de 1989 por el hecho de que ella siguió siendo propietaria de
algunas de las acciones de las sociedades puestas en cuestión en este proceso,
devino en la aplicación indebida de aquellos preceptos, toda vez que para
poder efectuar una atribución a título de dolo se debe tener en cuenta el
momento del perfeccionamiento de la conducta o conductas.
Con apoyo en la doctrina el
actor señala que su defendida no pudo actuar dolosamente y tampoco se le puede
imputar un dolo subsiguiente después de la entrada en vigencia y hacia futuro
del artículo 6º ya citado por el hecho de seguir siendo propietaria de
algunas de las acciones de las sociedades, toda vez que los extremos de saber y
querer del dolo deben estar presentes al tiempo de la acción y más
precisamente en el momento decisivo de la misma, lo cual no se aplica respecto
de actos que voluntariamente se produjeron con anterioridad al 24 de agosto de
1989.
El error es trascendente en
tanto que de no haberse consolidado el mismo, la decisión necesaria e
incuestionablemente habría sido absolutoria.
En consecuencia, el recurrente solicita a la
Corte que case la sentencia objeto de impugnación y emita fallo de reemplazo
absolutorio, en el entendido que la conducta de la procesada no puede
reportarse como punible por no haberse realizado con culpabilidad
dolosa.
2.3. Tercer cargo –subsidiario-
Acusa al Tribunal de haber
incurrido en aplicación indebida de los artículos 6º del decreto 1856 de
1989 –adoptado como legislación permanente mediante el
artículo 7º del decreto 2266 de 1991-, 2º y 3º del decreto ley 100 de 1980
–actuales artículos 9 y 10º de la ley 599 de
2000-.
Tras advertir que acepta
irrestrictamente los hechos y las apreciaciones probatorias en la forma como
fueron asumidos por el ad
quem y efectuar la
transcripción de apartes del fallo de segunda instancia, sostiene que se
evidencia la aplicación indebida en la medida que el Tribunal equiparó el
ingrediente normativo “actividad delictiva” correspondiente al injusto típico de enriquecimiento ilícito
de particulares, con el ingrediente normativo de “delito de narcotráfico y
conexos” propio del
testaferrato, que reporta en su sentir alcances, contenidos y extremos
conceptuales y sustanciales opuestos.
En desarrollo del cargo, el
actor se muestra partidario que de cara a la estructuración del delito
de enriquecimiento ilícito de particulares no resulte necesaria la existencia
de sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada que demuestre la actividad
del narcotráfico.
En ese sentido advierte que
el contenido conceptual del ingrediente “actividades delictivas” fue fijado en una primera fase por la Corte
Constitucional en la sentencia C-127 de marzo 30 de 1993, al señalar el
carácter derivado del injusto y la necesidad de que conforme al artículo 248
de la Carta “las
actividades delictivas deben estar judicialmente
declaradas”.
Agrega, empero, que en una
segunda fase, en sentencia C-319 de julio 18 de 1996, al referirse a este
elemento normativo, la Corte fijó una concepción autónoma del delito y
señaló respecto de dicho ingrediente que “en manera alguna debe interpretarse en el
sentido de que deba provenir de un sujeto condenado previamente por el delito
de narcotráfico o cualquier otro delito”.
Se ocupa de señalar, por
lo demás, que este delito fue contemplado en un decreto legislativo diferente
al testaferrato, concretamente en el artículo 1º del decreto legislativo 1895
de agosto 24 de 1989, adoptado como legislación permanente por el artículo 10
del decreto 2266 de 1991, y actualmente regulado en el nuevo código en el
artículo 327.
Por su parte, afirma, el
delito de testaferrato aparece recogido en el artículo 6º del decreto 1856 de
agosto 26 de 1989, adoptado como legislación permanente por el decreto 2266 de
1991, y el ingrediente normativo que habla de dineros provenientes del
“delito de narcotráfico y
conexos”, traduce de cara a
su estructuración que aparezca declarado como tal en el contexto de una
sentencia debidamente ejecutoriada, de conformidad con el artículo 248 de la
Carta Política.
Al insistir en estas
diferencias, el censor afirma que si la voluntad expresa del legislador fue
describir en forma individual y por separado dos ingredientes normativos, los
mismos no pueden ser equiparados o aparejados como lo hizo el Tribunal en su
fallo, con lo cual incurrió en un error in iudicando por
indebida aplicación de la norma sustancial.
De manera que si a criterio
del Tribunal no se contaba en el proceso con sentencia definitiva en punto de
la procedencia de los dineros con los que se adquirieron los bienes objeto de
este proceso, en manera alguna, so pretexto de que el ingrediente
“dinero provenientes del
delito de narcotráfico” se confunde con el propio de las “actividades delictivas”, podía adecuarse el comportamiento de la
procesada a la descripción del injusto típico de
testaferrato.
El error resulta
trascendente en su criterio, porque de no haberse incurrido en él el fallo
habría sido absolutorio, en el entendido que la conducta de GLADYS EDILMA
ÁLVAREZ PIMENTEL no era típica de testaferrato.
Solicita, por tanto, casar
la sentencia y, en su lugar, absolver a su representada del cargo por el cual
fue acusada y condenada.
2.4. Cuarto cargo –subsidiario-.
Sostiene en esta censura
que el Tribunal incurrió en aplicación indebida del artículo 29, inciso 3º,
de la ley 599 de 2000 y, correlativamente, en la falta de aplicación de los
artículos 6º del decreto ley 100 de 1980, 29 de la Carta y 43 de la ley 153
de 1987.
En desarrollo del cargo
sostiene el censor que, aceptando que su defendida en su calidad de
representante legal de las sociedades Inmobiliaria Andina S.A. y Ganadería de
Cría y levante S.A. participó en la adquisición de los predios mediante
operaciones mercantiles comprendidas entre los años de 1985 a 1988 y que aún
hoy se hallan inscritos como de propiedad de tales firmas -tal como fue
declarado por los juzgadores de instancia-, en estricto derecho debe decirse
que cuando se llevaron a cabo tales operaciones no se encontraba vigente en
manera alguna el artículo 29, inciso 3º, del nuevo código penal
–ley 599 de 2000 que cobró vigencia a partir del
24 de julio de 2001-.
Para el libelista tampoco
estaba vigente este precepto cuando entró a regir el delito de testaferrato,
ni para cuando se hizo la imputación de este delito en la resolución de
acusación de segunda instancia el 26 de julio de 2000.
De allí deriva que se haya
aplicado indebidamente el inciso 3º del artículo 29 del nuevo código penal e
inaplicado el artículo 29 de la Carta Política, en tanto ordena que nadie
podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
imputa y que en materia penal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.
Al respecto precisa que el
factum probado en los fallos de instancia se
adecuó a un quantum
normativo desfavorable que no
tenía vigencia sustancial de cara a los mismos, con lo cual se estructuró
también la falta de aplicación de los artículos 6º del decreto 100 de 1980
y el 43 de la ley 153 de 1987.
Observa el actor, además,
que el juzgador de primera instancia reconoció en la página 27 de su
sentencia que respecto de la conducta punible por la que se procede no era
aplicable el artículo 326 del nuevo código penal, por lo que considera que
con igual lógica se debe concluir que tampoco resulta aplicable el artículo
29, inciso 3º, del mismo código, el que entró a regular la novedosa forma de
autoría allí consagrada.
Para abundar en razones
advierte que los falladores de instancia definieron que todas las operaciones
de los predios fueron actos de compraventa efectuados por las sociedades
mencionadas en los términos referidos en los fallos de instancia y que en
dichos actos interactuó la señora GLADYS EDILMA ÁLVAREZ PIMENTEL en su
condición de representante legal de las mismas, por lo cual en su sentir
no actuó a título personal sino como miembro u órgano de representación de
una persona jurídica en los términos de los artículos 98 del código del
comercio e inciso 2º del artículo 2079 del código civil, y los alcances
doctrinarios que transcribe.
De allí se sigue para el
demandante que, conforme a lo declarado en los fallos de instancia, al
intervenir su representada a ese título, el yerro que denuncia alcanzó
consolidación, en el entendido que se aplicó retroactivamente y en forma
desfavorable el artículo 29, inciso 3º, del nuevo código penal a los
comportamientos endilgados a su representada. En estricto derecho, agrega, así
se trate de un delito de conducta permanente, no se puede hablar de continuidad
de autoría por el hecho de haber seguido siendo la procesada propietaria de
algunas acciones de las sociedades objeto de este proceso.
De no haberse incurrido en
dicho yerro, resulta indudable para el censor que los fallos de instancia
hubieran sido absolutorios. He ahí la trascendencia de la
incorrección.
Solicita a la Corte, por tanto, casar la
sentencia objeto de censura y proferir en su lugar el fallo absolutorio que
corresponde, en el entendido de que al excluirse su autoría se excluye
también el reproche penal en su contra.
RESPUESTA DE LA DELEGADA A LAS
CENSURAS
La Procuradora Primera para la Casación Penal
solicita en su concepto no casar la sentencia impugnada, en punto de lo cual
analiza los cargos en el siguiente orden:
1. Demanda presentada a nombre de ROGELIO
ANÍBAL CASTRO RODRÍGUEZ.
- Primero y segundo cargos: prescripción de la acción
penal.
Comienza el Delegado por señalar que es
factible responder conjuntamente los dos cargos, si se toma en cuenta que en
ambos se incurre en los mismos defectos técnicos
En ese sentido sostiene que el censor equivoca
la vía de ataque, pues aún cuando la Corte había admitido en sentencia de 21
de marzo de 2001 que la extinción de la acción penal por razón de la
prescripción podía hacerse por la vía de la causal primera de casación, lo
cierto es que a partir del fallo de 29 de octubre de 2001 –fecha anterior a la presentación de
la demanda-, retomó la tesis que anteriormente venía pregonando, en el
sentido de que la prosecución de un proceso a pesar de haberse extinguido la
acción penal constituye un error de actividad y no de juicio, con lo cual
correspondía al actor formular el reproche al amparo de la causal tercera de
casación por la vía de la nulidad. En apoyo cita también sentencias de
octubre 13 de 1994, enero 13 y abril 24 de 2003.
Cosa distinta, afirma la Delegada, es que para
fundamentar el reproche se acuda a los lineamientos de la causal primera, como
ha sido dicho también por la Sala.
Al margen de la anterior
falencia técnica, considera el Ministerio Público que tampoco le asiste
razón en el reclamo de fondo al censor, porque no es cierto que la acción
penal estuviera prescrita para cuando quedó en firme la resolución de
acusación.
En ese sentido sostiene que
si la jurisprudencia tiene definido desde el 9 de noviembre de 1990 que el
delito de testaferrato es de carácter permanente, en el entendido que
continúa cometiéndose mientras subsista la condición de testaferro o de
ilícita simulación, y que si el artículo 84 del código penal, al igual que
lo hacía el 83 de decreto 100 de 1980, establece que en las conductas de
ejecución permanente la acción penal empezará a correr desde la
perpetración del último acto, el fenómeno jurídico en cita aún no se
ha presentado.
Lo anterior por cuanto el
procesado CASTRO RODRÍGUEZ no ha dejado de figurar como propietario de los
bienes, tal como se afirma en la sentencia impugnada.
Recuerda al respecto que el
Tribunal dijo que, aún cuando los predios fueron ocupados por el Estado,
permanecen hoy día a nombre de las sociedades cuyos accionistas continúan
siendo los procesados. También que, pese a afirmarse en la demanda que CASTRO
RODRÍGUEZ dejó de ser testaferro porque voluntariamente dejó de pertenecer a
las juntas directivas desde el año de 1987, el Tribunal aseveró que ello
consta en documentos privados que no fueron debidamente legalizados.
De modo que en este caso,
si el demandante pretendió fundamentar su alegación por la vía de la
violación directa ha debido comenzar por respetar los hechos en la forma como
fueron definidos por el fallador y no darles, como lo hizo, una estimación
diferente.
Agrega, además, que lo que
configura el testaferrato es la simulación de la propiedad de los bienes
adquiridos con dineros del narcotráfico, aún cuando este artificio se haga a
través de sociedades o empresas fachada, y no el hecho de ser miembro de las
juntas directivas o llevar la representación legal de
ellas.
Al recordar que el delito
de testaferrato es de ejecución permanente, la Delegada sostiene que tampoco
el término prescriptivo puede ser contabilizado a partir de la última fecha
de intervención en las empresas, es decir desde el 15 de junio de 1990, pues
la incautación de bienes por parte del Estado es provisional hasta tanto no se
produzca una sentencia definitiva que decrete la extinción del derecho real de
dominio, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya
adquirido.
En apoyo recuerda el
contenido de los artículos 1º del decreto 1856 de 1989; 4º, inciso 2º, del
decreto legislativo 2390 de ese mismo año –modificado por el 6º del decreto ley 42 de 1990; 5º ejusdem;
artículo 25, parágrafo primero, de la ley 333 de 1986 –modificado por el 15 de la ley 785 de 2002; y 22
ejusdem.
De manera que -concluye
diciendo en este primer apartado- si entre la fecha de ocupación y la
sentencia que declara la extinción de dominio sólo hay una administración
provisional de los bienes por parte del Estado, ello significa que el
testaferrato se sigue ejecutando hasta tanto no se cancelen los títulos de
propiedad, en cuanto que a través de ello jurídicamente se sigue ocultando al
verdadero dueño de los bienes adquiridos con dineros del narcotráfico. Y, por
tratarse de un delito de carácter permanente, la condición no desaparece sino
hasta cuando el implicado rescinda los títulos que lo acreditan como
propietario o se produzca la sentencia que ponga fin al trámite de extinción
de dominio en los términos de la ley 333 de 1996.
Tras referirse al sentido
de la sentencia C-374 de 1997 de la Corte Constitucional en punto del artículo
9 de esta misma ley, sostiene que si bien es cierto el término de
prescripción en la etapa del sumario para la complicidad del testaferrato es
de 8 años y 4 meses, también lo es que en este caso este fenómeno no ha
tenido ocurrencia, ni siquiera en la etapa del juicio, pues el último acto, en
los términos dichos, no ha tenido ocurrencia.
Aclara que la acción de
“prestar el
nombre” para adquirir
bienes con dineros provenientes del narcotráfico o conexos, en sentido
gramatical no está referida a una conducta elementalmente comprendida, sino a
toda una situación fáctica que perdura en el tiempo, en cuanto que la forma
verbal está utilizada de modo infinitivo, sentido que responde a razones de
política criminal.
En apoyo cita
pronunciamientos de la Corte de noviembre 12 de 1998 y noviembre 9 de 1990,
para resaltar que el testaferrato sigue siendo una forma autónoma de
encubrimiento que se fundamenta en la necesidad de proteger varios bienes
jurídicos, sancionando de manera específica el camuflaje de fortunas
provenientes del narcotráfico, y que en su sentir recoge integralmente los
hechos que se atribuyen al procesado CASTRO RODRÍGUEZ, quien desde el año de
1985 “prestó su nombre”
para ocultar bienes que en
realidad pertenecían a Rodríguez Gacha, ampliamente conocido por sus
actividades de narcotráfico.
Agrega que, aún cuando el
encubrimiento de estos bienes se inició en el año de 1985, lo cierto es que
la tipificación concreta del testaferrato a través del artículo 6º del
decreto legislativo 1856 de 1989, no logró disuadir al procesado de su
empeño, y por tanto es la norma que se le debe aplicar por ser especial y
definir una conducta de carácter permanente, lo cual significa que no le
asiste razón al impugnante.
Por las anteriores razones
estima que los reproches no prosperan.
1.2. Tercer cargo –subsidiario-:
falta de aplicación del artículo 63 del código penal.
Insalvable fallas técnica
impiden, en sentir de la agente del Ministerio Público, la prosperidad del
cargo.
En tanto el demandante
considera que el Tribunal dejó de aplicar esa norma sustancial por haber
interpretado erróneamente su contenido, la Delegada responde que aquél alegó
simultáneamente falta de aplicación e interpretación errónea del mismo
precepto legal, lo cual estima ilógico porque se trata de dos errores
excluyentes.
Al margen de lo anterior,
recuerda que el ad
quem tuvo en cuenta, en
orden a la efectividad de la pena, factores de naturaleza subjetiva y que
basado en criterios de prevención general consideró la necesidad de ejecutar
la sanción impuesta.
Tales motivos, en sentir de
la representante de la sociedad, no se oponen a la facultad discrecional
consagrada en el citado precepto, en la medida que explican la
“modalidad y gravedad de
la conducta punible”, requisito que también sustenta el principio de la necesidad de la
pena, por estar referido a la calidad de los bienes jurídicos afectados y a la
intensidad de la culpabilidad desplegada por el acusado en este
caso.
2. Demanda presentada a nombre de GLADYS EDILMA
ÁLVAREZ PIMENTEL.
2.1. Primer
cargo.
Con relación a este
reproche, el Ministerio Público, si bien reconoce que el demandante acierta en
su formulación y desarrollo, considera que no le asiste razón en el
planteamiento de fondo que formula, esencialmente por considerar que su
discurso es en extremo artificioso.
En ese sentido señala que
el censor, pese a advertir que no trata de cuestionar la naturaleza permanente
del testaferrato, inconcebiblemente termina diciendo que a su representada no
se le podía imputar este delito por el mero hecho de continuar siendo
copropietaria de las sociedades a través de las cuales se adquirieron los
bienes que dieron
origen al proceso.
Señala la Procuradora que
no discute el alcance del principio de legalidad, por virtud del cual no es
posible hablar de conducta punible mientras el legislador no la haya definido
como tal de manera escrita, estricta, cierta y previa, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica.
No obstante precisa que la
tipificación del delito de testaferrato como conducta punible
–y no simplemente como injusto penal-, cumple con
tales presupuestos derivados del principio de legalidad.
Y, pese a resaltar que es
absolutamente claro que la norma que lo consagró sólo es aplicable a partir
de su vigencia –18 de agosto
de 1989-, recuerda que tal comportamiento ya venía siendo sancionado en forma
genérica como una de las modalidades del encubrimiento por receptación desde
el decreto 100 de 1980 y por razones de orden público elevado a la categoría
de delito autónomo e independiente a través del artículo 6º del decreto
1856 de 1989. Esto último en razón de que desde 1984 el territorio colombiano
había sido declarado en estado de sitio, entre otras cosas, por la acción
persistente de grupos relacionados con el narcotráfico.
Recuerda también la
Delegada que a pesar de su origen excepcional, el citado decreto fue convertido
en legislación permanente a través del artículo 7º del decreto
extraordinario 2266 de 1991, y confirmada su vigencia como delito independiente
de la receptación por leyes ordinarias.
Paralelo a su desarrollo
legislativo, anota la Delegada que la jurisprudencia de esta Sala ha venido
fijando su criterio en torno al sentido y alcance de la disposición que lo
consagra en pronunciamientos de 9 de noviembre de 1990, 12 de noviembre de 1998
y 21 de febrero de 2002, al insistir en el carácter autónomo y permanente del
testaferrato.
Concluye en principio
afirmando que, como lo señala el Tribunal y lo acepta el casacionista, la
señora GLADYS EDILMA ÁLVAREZ prestó su nombre para suscribir las escrituras
públicas en los años de 1985 a 1988, a través de las cuales simuló adquirir
varios inmuebles que en realidad eran de propiedad de Rodríguez Gacha. Y que a
pesar de entrar a regir el artículo 6º del decreto 1856 de 1989, prolongó en
el tiempo dicho comportamiento, convirtiéndose de esta manera en sujeto activo
de este delito, pues si bien firmó las escrituras entre esos años, también
lo es que desde entonces mantiene su condición de testaferro.
Agrega que, no obstante
esta conducta venía siendo sancionada genéricamente desde 1980 a través del
artículo 177 del código penal de ese año, resulta indudable que la norma
aplicable a la procesada después del 18 de agosto de 1989 es el artículo 6º,
en cuanto que siendo de ejecución permanente, y a sabiendas de que quedó
integrada al sistema de represión del narcotráfico, es la que recoge
integralmente su comportamiento porque a la fecha de la sentencia de segunda
instancia continuaba “prestando su nombre” para ocultar la real procedencia de los
bienes.
Para la Delegada, entonces,
en razón de principio de especialidad previsto en el artículo 5º de la ley
57 de 1887, debe concluirse que el Tribunal aplicó correctamente la norma que
define y sanciona el testaferrato, por lo que el cargo en su sentir no está
llamado a prosperar.
2.2. Segundo cargo
–subsidiario-.
En sentir del Ministerio
Público la presentación y desarrollo del cargo respeta los lineamientos
técnicos exigidos.
No obstante, considera que
el censor no acierta en el reparo que formula, pues parte de una premisa
equivocada al considerar que la conducta atribuida a la procesada quedó
perfeccionada en los años de 1985 y 1988.
Al respecto afirma que el
demandante pasó por alto que los delitos de ejecución permanente sólo se
perfeccionan con “la
perpetración del último acto”, como disponen los artículos 83 del decreto 100 de 1980 y 84 del
actual código penal, que para esta clase de infracciones corresponde al tiempo
concreto de realización de la conducta punible a que se refieren en su orden
los artículos 20 y 23 de los mismos estatutos.
Si el delito de
testaferrato es de conducta permanente, resulta evidente para la representante
de la sociedad que únicamente se perfecciona cuando la persona haya
dejado de prestar el nombre para ocultar bienes provenientes del narcotráfico
o cuando legalmente se produzca la extinción de dominio y se ordene cancelar
los títulos de propiedad que aparezcan a su nombre.
Precisa al respecto que el
Tribunal concluyó que desde la firma de las escrituras en los años de 1985 a
1988 la procesada, sin solución de continuidad, es propietaria de las empresas
que se crearon para ocultar los bienes de Rodríguez Gacha, conociendo el
origen de tales caudales.
El censor incurre en su
sentir en el sofisma de afirmar que se aplicó retroactivamente el artículo
6º del decreto 1856 de 1989 bajo la consideración de que el testaferrato
quedó consumado en los años de 1985 a 1988 en que se firmaron las escrituras.
Reitera en ese sentido que la conducta es de carácter permanente y aclara que
ella sólo se imputó desde cuando entró a regir la norma que la definió, es
decir desde el 18 de agosto de 1989 -fecha de su publicación en el Diario
Oficial-.
Si además se dijo que la
conducta del testaferro, que tenía connotación delictiva desde 1980, era
necesario incorporarla de manera especial al sistema de represión del
narcotráfico, mal puede sostenerse en criterio de la Delegada que la procesada
no tuvo la oportunidad de saber que desde agosto de 1989 la conducta
consistente en prestar el nombre para adquirir bienes con dineros provenientes
del narcotráfico y conexos atentaba contra el ordenamiento
jurídico.
Y como la imputación se
hizo con posterioridad a la vigencia de la norma que la consagró, pese a lo
cual ella decidió voluntariamente continuar prestando su nombre para ocultar
los bienes de su compañero Rodríguez Gacha, no hay duda de que su conducta
resulta dolosa, tal como se decidió en la sentencia.
2.3. Tercer cargo
–subsidiario-.
Asevera la Procuradora que
a pesar de estar adecuadamente formulado el reproche, al igual que en los
anteriores la fundamentación no es idónea para obtener su
prosperidad.
Al respecto no duda que la
expresión “actividades
delictivas” utilizada en el
artículo 10 del decreto 1895 de 1989, que definió el delito de
enriquecimiento ilícito de particulares, constituye una referencia genérica
frente a la de “dineros
provenientes del delito de narcotráfico y conexos” que aparece en el artículo 6º
citado.
No obstante, de esa
relación género-especie no se sigue necesariamente para la Delegada que para
configurar el testaferrato se requiera de una sentencia condenatoria
ejecutoriada por narcotráfico por virtud del artículo 248 de la Constitución
Política.
Al respecto precisa que
esta norma se refiere al concepto de “antecedentes penales” orientado a garantizar los derechos fundamentales del honor,
el buen nombre o el habeas data, pero no directamente el debido proceso penal,
ni a limitar al funcionario judicial en su tarea de valorar la prueba y aplicar
el derecho a un caso particular y concreto, como se dijo en sentencia C-319 de
1996 por la Corte Constitucional.
Agrega que si bien la
noción de “actividad
delictiva”, entendida como
ingrediente normativo obliga a acudir al mismo ordenamiento para completar su
significado, ello no significa en modo alguno que la condena por
enriquecimiento ilícito de particulares debe estar condicionada a la previa
condena por narcotráfico o cualquier otro delito de terceras personas. En
apoyo cita apartes de la misma sentencia.
La Delegada considera que
las mismas razones de orden jurídico deben ser aplicadas en el caso del
testaferrato, pues la expresión “dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos”
es igualmente un ingrediente
normativo y forma parte del concepto amplio de “actividad delictiva”. Además, prosigue diciendo, pese a estar
consagradas ambas figuras en decretos diferentes, tienen el mismo origen
excepcional y fueron integradas al sistema de represión del narcotráfico ante
la necesidad de combatir la delincuencia dedicada a esta actividad, que desde
entonces venía radicando sus bienes en cabeza de terceras personas ajenas al
negocio.
Por ello encuentra
razonable que el Tribunal haya sostenido en la sentencia que en este caso no
era necesario condenar previamente a Rodríguez Gacha por narcotráfico, de
cuya actividad delictiva nadie duda.
Si ello es lo demostrado en
el expediente, resulta evidente que el comportamiento de la procesada, que se
concreta en haber prestado su nombre como socia de las empresas fachada, la
hace responsable del delito de testaferrato, concluye diciendo para negar la
prosperidad del cargo.
2.4. Cuarto cargo
–subsidiario-.
Frente a esta censura la
Delegada afirma que el inciso 3º del artículo 29 de la ley 599 de 2000
ciertamente consagró por primera vez la figura del “actuar por otro”, según el cual los comportamientos ilícitos
realizados en cumplimiento de una gestión encomendada por otro, también hacen
responsable al representante, aunque no concurran en él los elementos
especiales que fundamentan la penalidad.
Sostiene, empero, que esta
nueva figura en modo alguna desconoce el axioma de la responsabilidad personal
del agente por su hecho, el cual ha sido postulado básico del derecho penal
culpabilista que nos rige desde 1980.
Precisa que en este caso a
la procesada no se le imputó responsabilidad penal por el mero hecho de ser
representante legal de una persona jurídica, en virtud de su estructura
organizada, sino porque ella personalmente firmó las escrituras a través de
las cuales se crearon las sociedades con el propósito de transferir a éstas
los bienes que en realidad eran de propiedad de Rodríguez Gacha y también los
instrumentos públicos a través de los cuales se consolidaron las ilícitas
transferencias.
Concluye diciendo que si la
procesada, individualmente considerada, tenía pleno conocimiento de que al
firmar las escrituras estaba prestando su nombre para adquirir bienes
provenientes de actividades de narcotráfico, así hubiese sido a través de
las susodichas empresas, resulta evidente que debe responder a título de
autora por testaferrato en los términos de los artículos 5º y 23 del código
penal de 1980, actuales 12 y 29, tal como acertadamente lo dedujo el
Tribunal.
En razón a ello considera
que el cargo tampoco prospera.
SE
CONSIDERA:
1. Demanda presentada a nombre del procesado
ROGELIO ANÍBAL CASTRO RODRÍGUEZ.
1.1. Primer cargo:
prescripción de la acción penal.
A través de este primer
cargo, de los tres que conforman su propuesta casacional al amparo de la causal
primera –cuerpo
primero-, el defensor acusa el fallo de segundo grado de haber incurrido en
violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación del inciso 1º
del artículo 83 del código penal.
En sentir del censor la
acción penal se habría extinguido por prescripción antes de la ejecutoria de
la resolución de acusación, porque la actuación indica que el último acto
de la condición de testaferro de su poderdante habría ocurrido en el peor de
los casos el 15 de junio de 1990 –si no antes
cuando Castro Rodríguez se retiró de las empresas fachada o fueron ocupados
los predios por parte del Estado-, fecha en la cual se emitió por el Gobierno
Nacional el decreto 1272 de junio 15 de 1990, a través del cual dejó fuera
del comercio los bienes vinculados a actividades de narcotráfico y delitos
conexos. En ese orden el término correspondiente al máximo de la sanción
prevista en el artículo 6º del decreto 1856 de 1989, en armonía con el
artículo 24 del código penal de 1980 –8 años y 4
meses- se habría superado al quedar en firme el pliego de
cargos.
Como ya en repetidas
ocasiones lo ha dicho la Sala, la postulación de la prescripción en casación
debe orientarse a través de la causal tercera por vía de nulidad, como quiera
que adelantar y culminar una causa sin que la respectiva acción penal se halle
vigente constituye un quebrantamiento de las normas y principios que rigen la
legitimidad del juicio y el derecho de defensa.
De modo que en este caso el
recurrente se equivocó en la selección de la causal. De ser posible que se
pueda demandar la presencia de aquél fenómeno al amparo de la causal primera
de casación, específicamente por violación directa de la ley sustancial, de
prosperar el cargo la Corte incurriría en un contrasentido pues necesariamente
debe dictar fallo de sustitución, con lo cual se vería abocada a
proferir sentencia de reemplazo en un proceso en el que el Estado ha perdido
facultades para adelantarlo.
La declaratoria de nulidad,
en cambio, implica retrotraer la actuación al momento procesal en que se
produjo la irregularidad y como consecuencia de ello ordenar el envío
del expediente al funcionario encargado, por competencia, de proferir el
proveído mediante el cual declara terminado el proceso.
Sobre el particular se
reitera lo dicho en pronunciamientos de 12 y 27 de mayo de la presente
anualidad1.
Aunque esto sería
suficiente para desestimar la censura, no puede dejar la Corte de advertir,
además, que si el censor denuncia la violación directa de la ley sustancial
ha debido empezar por respetar los fundamentos fácticos y probatorios de la
decisión impugnada, porque como ha sido dicho por la Sala dicha forma de
infracción supone que las conclusiones en este campo fueron correctas y que el
error se presentó en el marco del raciocinio puramente
jurídico.
Un repaso desprevenido de
los contenidos del fallo y de la censura permite advertir que el demandante
incumple esta exigencia, toda vez que bajo el ropaje de la falta de aplicación
del artículo que regula la prescripción terminó por controvertir la
conclusión probatoria a la que arribó el ad quem respecto de la fecha de consumación del
delito.
En el fallo impugnado se
dijo que la condición de testaferro de CASTRO RODRÍGUEZ, como al igual de la
otra procesada, no terminó con la ocupación y allanamiento de los bienes
“pues la persona jurídica
continúa existiendo y allí tienen sus acciones uno y otro procesado, pues, no
han hecho una declaración de voluntad debidamente registrada ante la Cámara
de Comercio o la Superintendencia de Sociedades, ni tampoco lo han manifestado
en el proceso…prueba de ello es la reclamación que han venido solicitando de
los inmuebles, a la cuales se hace alusión incluso en la audiencia pública,
por parte de la procesada”.
Y se agregó en torno al
procesado ROGELIO ANIBAL CASTRO:
“…frente a ROGELIO ANIBAL CASTRO, cuestión
similar ocurre porque no se demostró a través de la documental, registros de
la Cámara de Comercio, su desvinculación pues las actas con las cuales se
presente comprobar que dejó de tener representación y acciones, tan sólo
constan en los documentos privados, que no fueron debidamente legalizadas
protocolizados –sic-, ante la
Cámara de Comercio que es la llamada a registrar todos los actos de
certificaciones, modificaciones de las personas jurídicas de sus gerentes y
representantes. De ahí que no se pueda compartir el criterio de que está
probada su desvinculación, continuando por tanto, con la vulneración al bien
jurídico, la cual solo finalizará en el momento en que quede ejecutoriado el
fallo que ordene el decomiso de los bienes y es que, no puede dejarse de lado
que varios de los inmuebles fueron adquiridos por ellos y así se conservan”.
(páginas 33 y
34).
Frente a esa conclusión
termina alzándose en protesta el censor, al sostener que la misma resulta
equivocada pues en el peor de los casos el delito se consumó el 15 de junio de
1990, fecha de expedición del decreto 1272, de no aceptarse que el último
acto ocurrió cuando fueron ocupados los bienes por parte del Estado
–23 de agosto de 1989 y 17 de febrero de 1990- o
cuando el procesado se retiró voluntariamente de las empresas atrás
mencionadas –11 de
diciembre de 1987-.
Para ello afirma, entre
otras cosas, que no por continuar figurando el nombre de su representado
en la Cámara de Comercio como vinculado a la firma “Ganadería de Cría y Levante”, se puede sostener, como lo hizo el Tribunal,
que no ha dejado de figurar como propietario de los bienes, como quiera que
ello “a más de hacer
prevalecer una mera formalidad sobre una neta realidad, desoye que, como dije
antes, ya con la nombrada intervención estatal (jurídica y material) dejó de existir siquiera la posibilidad de
lesionar cualquier bien
jurídico”.
Pero, además, dígase que
no asiste razón al demandante cuando plantea la presencia del fenómeno
jurídico de la prescripción en este evento.
De conformidad con el
artículo 80 del decreto 100 de 1980 –actual
artículo 83-, la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de
la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad pero, en ningún
caso, será inferior a cinco (5) años no excederá de veinte
(20).
A su turno el artículo 83
ejusdem –84 actual-
precisa que en las conductas punibles de ejecución permanente, el término
prescriptivo empezará a correr “desde la perpetración del último acto”. Y, finalmente, el artículo siguiente, que corresponde al 86 de la
ley 599 de 2000, establece que ese término se interrumpe con la resolución de
acusación o su equivalente debidamente ejecutoriada.
Según lo declarado en las
instancias, ROGERIO ANIBAL CASTRO RODRÍGUEZ fue condenado como cómplice del
delito de testaferrato descrito en el artículo 6º del decreto 1856 de 1989,
incorporado a la legislación permanente por virtud del artículo 7º del
decreto 226 de 1991, porque en su condición de socio y representante legal de
las empresas “Ganadería
de Cría y Levante S.A.” e “Inmobiliaria Andina S.A.” participó, junto con la otra procesada, de la “decisión de adquirir para dichas empresas la
propiedad de los bienes raíces rurales denominados ‘laguna verde’,
‘Jalapa’,
‘La Cima’,
‘La Selva’,
‘Santa Rosa’,
‘La Cabaña’,
‘Las Guacas’,
‘La Pastora’ y el
‘Refugio’, todos los
cuales, hasta entonces –junio y julio
de 1985-, figuraban en el
haber patrimonial de la Sociedad Comandita constituida por JOSE GONZALO
RODRÍGUEZ GACHA”. (pag. 19
del fallo de primera instancia).
Es también verdad
incontrovertible judicialmente declarada que hasta el momento de emitirse la
sentencia de primera instancia el procesado continuaba teniendo participación
accionaria en la firma “Ganadería de Cría y Levante S.A.” y que parte de los anteriores bienes seguían
inscritos como de propiedad de ésta cuando se emitió la sentencia de primera
instancia (pág. 18 y ss. de la sentencia de primera
instancia).
E, incluso, que, como lo
declara el Tribunal, “participó con Gladys Edilma, en los trámites para recuperar
los bienes de la familia aduciendo propiedad de buena fe, ante el juzgado que
lleva la correspondiente sucesión, conforme a constancias procesales y así lo
hacen saber en la audiencia pública, es decir, que han continuado ejecutando
actos de propietarios en la defensa de los bienes”.
Ese es el marco de
referencia que necesariamente debía tener en cuenta el censor para todos los
efectos jurídicos, si lo que se trataba era de controvertir en el plano
estrictamente jurídico las conclusiones del fallo.
De manera que si el delito
de testaferrato “continúa
perfeccionándose mientras subsista su condición de testaferro, puesto que el
bien jurídico protegido por la norma continúa vulnerándose mientras dura la
ilícita simulación”, como
ha sido dicho por la Sala, es claro que la conducta de haber prestado su nombre
para la adquisición de bienes inmuebles con dineros provenientes del
narcotráfico, continuó proyectándose en el tiempo.
La conclusión que sin
dificultad se impone es que en el transcurso del proceso, más exactamente en
la etapa de instrucción, no hizo presencia el fenómeno de la prescripción de
la acción.
Lo anterior impide que se
acepte la propuesta del demandante quien acude a sus propias inferencias sobre
los últimos actos, desconocidas por el Tribunal en la medida que
advirtió que el delito no termina con la ocupación material de los bienes, en
tanto la persona jurídica continúa existiendo como propietaria de los bienes
y los acusados mantienen su participación accionaria, siendo latente de esta
manera su condición de testaferros.
Se dijo también por el
juzgador de segunda instancia que no se demostró a través de los
correspondientes registros de la Cámara de Comercio la desvinculación del
procesado “pues las
actas con las cuales se pretende comprobar que dejó de tener representación y
acciones, tan sólo constan en documentos privados, que no fueron
debidamente…protocolizados, ante la Cámara de Comercio”.
Ese es el marco de
referencia que necesariamente debía respetar el censor al formular el cargo,
que por lo visto no hace, en tanto acude a plantear finalmente que los bienes
quedaron fuera del comercio con la expedición del decreto 1272 de 15 de junio
de 1990, cuando por la expedición de esta normatividad de carácter general y
abstracto no significa que el procesado haya dejado de ostentar la condición
de accionista de las empresas a cuyos nombres se encuentran inscritos los
predios sobre los cuales sigue prestando su nombre para ocultar al verdadero
propietario de los mismos.
El cargo no prospera.
1.2. Segundo cargo
–subsidiario: aplicación indebida del artículo
6º del decreto 1856 de 1989 y falta de aplicación del artículo 177 del
código penal de 1980.
De la postulación y el
desarrollo del cargo se advierte una evidente falta de técnica, porque no se
sabe si lo que plantea es aplicación indebida de la norma que recoge el
testaferrato o interpretación errónea de la misma como postula a
continuación.
Si como consecuencia de la
errónea interpretación de la ley sustancial, ésta se deja de aplicar o se
aplica indebidamente, el censor debe dirigir su acusación hacia una de estas
dos hipótesis y no hacia la interpretación equivocada de la ley pues lo
importante, en últimas, es si el juez no aplicó la norma o la aplicó
indebidamente.
De otra parte, si lo que el
censor pretende en últimas es postular la extinción de la acción penal por
la presencia del fenómeno prescriptivo, bajo la consideración que la
conducta del procesado se consumó bajo la figura de encubrimiento por
receptación, resultan válidas las mismas razones que se expusieron en el
cargo anterior, a las cuales se remite la Sala.
Sobre el particular se
advierte que el actor parte de la idea equivocada de que el quehacer del
procesado, que antes aparecía recogido genéricamente como una forma de
receptación por encubrimiento, no se siguió consumando bajo la modalidad de
testaferrato, alegando que los bienes quedaron a disposición del Consejo
Nacional de Estupefacientes antes de entrar en vigencia el artículo 6º del
decreto 1856 de 1989 y, asimismo, que su representado se retiró
definitivamente de las empresas fachada.
Ya se dijo, empero, que el
delito continúa cometiéndose bajo la modalidad de testaferrato, en cuanto que
el procesado no ha dejado de figurar como propietario de los bienes que dieron
origen al proceso a través de las citadas sociedades, sin que para ello
importe que el Estado haya ocupado provisionalmente los mismos o el imputado
dejado de representar o pertenecer a las juntas directivas de las sociedades a
través de las cuales se detenta la titularidad de los
mismos.
Por lo primero, como bien
lo advierte la Delegada, la incautación de los bienes por parte del Estado es
una medida provisional, como quiera que hasta tanto no se produzca una
sentencia definitiva que decrete la extinción del derecho de dominio no se
puede decir válidamente que ha dejado de pertenecer a quien en el registro
figura como titular de tal derecho, máxime cuando en cualquier momento éste
puede hacerlo valer, como sucedió en este caso según los términos de la
sentencia.
La intervención
provisional del Estado en ese sentido encuentra respaldo en el mismo decreto
1856 en su artículo 1º, al igual que los artículos 4º y 5º del decreto
legislativo 2390 de 1989, con las modificaciones introducidas por el
artículo 6º del decreto ley 42 de 1990, y aún antes el artículo 25 de la
ley 333 de 1986, parágrafo 1º.
De conformidad con el
artículo 22 de la ley 333 de 1996, la entrega definitiva de los bienes se debe
hacer en sentencia que declara la extinción de dominio, con lo cual hasta que
ello no ocurra jurídicamente se sigue ocultando al verdadero dueño de los
bienes adquiridos con dineros del narcotráfico, a no ser claro está que el
inscrito desista voluntariamente de la acción mediante la cancelación
de los títulos de propiedad y su entrega al Estado, lo cual no ha ocurrido en
este evento.
Prestar el nombre para
adquirir bienes con dineros provenientes del narcotráfico o de infracciones
conexas con éste, que es la conducta que le fue endilgada al procesado, podía
encontrar acomodo en la descripción típica del delito de receptación por
encubrimiento antes de la entrada en vigencia del artículo 6º del decreto
1856 de 1989.
No obstante, dada la
generalidad de esta conducta referida al encubrimiento de bienes de procedencia
ilícita, al entrar en vigencia el artículo 6º surge clara la aplicación de
esta norma por virtud de su especialidad y su mayor riqueza descriptiva para el
caso concreto.
Por lo segundo, cabe anotar
finalmente que, como se recuerda por el juzgador de segundo grado, desde cuando
entró en vigencia el decreto 1856 CASTRO RODRÍGUEZ ha tenido la condición de
testaferro, como quiera que su desvinculación de las empresas sólo consta en
documentos privados que no fueron legalizados ante la Cámara de Comercio
respectiva.
El cargo no
prospera.
1.3. Tercer cargo
–subsidiario-: falta de aplicación del artículo
63 del código penal “proveniente de la errada interpretación del
mismo”.
A la violación directa de la ley sustancial,
como ha sido dicho por la Sala de manera reiterada, se puede llegar por falta
de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de un
determinado precepto.
En la falta de aplicación y la aplicación
indebida subyace un error en la selección de la norma, ya porque el juzgador
deja de aplicar al caso la disposición que lo rige o porque elige un precepto
equivocado.
En la interpretación errónea, el yerro
únicamente es de hermenéutica, pues se parte del supuesto de que la norma
aplicada es la correcta, sólo que con un entendimiento que no es el que
jurídicamente corresponde, llevando con ello a hacerla producir por exceso o
defecto consecuencias distintas de las que le pertenecen.
Este último concepto supone, necesariamente,
que el precepto que se reputa vulnerado por el sentenciador fue correctamente
seleccionado y aplicado al caso en la sentencia, sino que con unos efectos
jurídicos distintos o contrarios a los que se derivan de su contenido.
Valga lo anterior para precisar que, como
sucedió en el anterior cargo, es equívoco el planteamiento del demandante,
puesto que no es posible al mismo tiempo denunciar falta de aplicación e
interpretación errónea del mismo precepto.
Además, la apreciación del censor de que
para hacer efectiva la pena se tuvo en cuenta únicamente que el procesado ha
evadido la acción de la justicia, carece de fundamento, pues en la sentencia
de segunda instancia, si bien en referencia a
la prisión domiciliaria, se aludió a su personalidad
y a su comportamiento “laboral y social, al
dedicarse a este tipo de empresas”, al igual que a
la gravedad de la conducta, factores todos estos que se integran al
diagnóstico-pronóstico que debe hacer el fallador en punto del numeral 2º
del artículo 63 para determinar la necesidad de la ejecución de la
sentencia.
De esta manera se puede concluir que, si las
sentencias de instancia se integran en una unidad inescindible, el actor debió
partir de aceptar tales conclusiones al pretender denunciar la violación
directa de la ley sustancial, lo cual no hace.
Este cargo tampoco prospera.
2. Demanda
presentada a nombre de la procesada GLADYS EDILMA ÁLVAREZ PIMENTEL.
2.1. Primer cargo: aplicación indebida del
artículo 6º del decreto 1856 de 1989 y de las normas que consagran el
principio de legalidad.
La censura radica en que si las adquisiciones
de los bienes registrados a nombre de las sociedades mencionadas
ocurrieron antes de la entrada en vigencia de ese precepto que tipificó el
delito de testaferrato, refulge clara la indebida aplicación del mismo y de
las demás normas que aluden al principio de legalidad.
Si bien el actor acierta en
la formulación y desarrollo del cargo, como quiera que respeta los hechos en
la forma como fueron apreciados por los juzgadores de instancia y se dedica
únicamente a cuestionar la selección de la norma aplicada al caso en el
entendido que no se podía aplicar el delito de testaferrato a su poderdante
porque no estaba definido como delito cuando la procesada desplegó su
comportamiento encubridor, el reproche carece de
fundamento.
Al respecto dígase que la
Sala no encuentra razón para rectificar su consolidada y unánime posición
expresada a partir del pronunciamiento de noviembre 9 de
19902 y
reiterada en numerosas providencias3, según la cual el testaferrato es un “delito de conducta permanente, porque el delito
se perfecciona, como ya se dijo, en el momento en que por medio de contrato,
escritura o cualquier otro medio legal, un bien pasa a figurar como propiedad
de quien realmente no lo es, pues se trata simplemente de una persona que
presta su nombre para que figuran en su cabeza bienes que en realidad
pertenecen a terceras personas. Y este delito continúa perfeccionándose mientras subsista su
condición de testaferro, puesto que el bien jurídico protegido por la norma
continúa vulnerándose mientras dure la ilícita
simulación”(negrillas
fuera de texto).
Si se parte de aceptar que
los bienes materia de este proceso fueron adquiridos antes de 1988 y que la
procesada continuó siendo copropietaria de las sociedades a través de las
cuales se detenta su titularidad, no cabe duda de que a partir de la vigencia
de esta norma adecuó su comportamiento a esa especial forma de encubrimiento
por receptación que es el testaferrato.
Esta conducta, como ha sido
dicho, remonta su establecimiento como delito al artículo 6º del decreto 1856
de 1989 (adoptado como legislación permanente por el artículo 7º del decreto
extraordinario 2266 de 1991), bajo la necesidad de proteger bienes jurídicos
perfectamente diferenciados, tales como la administración de justicia, la
salud, la seguridad pública, la moral social y el orden económico, entre
otros, por la acción persistente e indiscriminada de grupos antisociales
relacionados con el narcotráfico que para la época venían perturbando
gravemente el normal funcionamiento de las instituciones.
La conducta asumida por la
procesada venía siendo sancionada genéricamente a través del artículo 177
del código penal de 1980 –actual
artículo 447-, pero a partir de la vigencia del aludido artículo 6º, se
torna imprescindible descartar tal modalidad del encubrimiento por
receptación, para preferir el delito de testaferrato por su especialidad.
Al formular el cargo el
censor no logra demostrar que el Tribunal se haya equivocado, pues olvida que
la conducta prevista en la referida norma es de ejecución permanente, porque
continúa cometiéndose mientras subsista la condición de testaferro, o la
ilícita simulación, que aquí se produjo cuando la procesada continuó aún
en vigencia del precepto manteniendo la titularidad de los bienes a través de
sociedades creadas para ocultar al verdadero propietario de los
mismos.
En esta infracción incurre
quien “preste su nombre
para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y
conexos”, lo cual no
significa que la norma limite su realización a la acción de adquirir, en
tanto el verdadero sentido de la condición de testaferro alude a la persona
que bajo su nombre oculta el real dominio sobre bienes adquiridos con recursos
provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico, conducta
encubridora que se prolonga en el tiempo hasta que tal condición se
mantenga.
En ese sentido, como ha
sido dicho por la Sala, la “interpretación de la ley no puede
limitarse a la subsunción simple de un término gramaticalmente entendido, con
lo que se ha llamado en la dogmática tradicional el verbo rector…no debe
olvidarse que el legislador en la fórmula descriptiva utilizada se vale de una
expresión gramatical, que no siempre implica una acción elementalmente
comprendida, sino toda una situación fáctica…la administración de justicia
se afecta con la simulación de operaciones civiles o mercantiles que ocultan
la procedencia ilícita de capitales y encubre a sus verdaderos propietarios y,
como lo dijo el Tribunal, este es un comportamiento que se prolonga en el
tiempo, vale decir, es permanente. ‘Mutatis
mutandi’, como
ejemplo, podría compararse con el delito de secuestro, también de carácter
permanente que se realiza mediante acciones de arrebatar, sustraer o retener.
Considérese la hipótesis según la cual, cuando la norma que tipifica el
secuestro entró a regir, se hubiere efectuado ya la retención o arrebato de
una persona y que en vigencia de la norma penal se continuara manteniendo
secuestrada a la víctima, porque el mensaje punitivo no disuadió al
secuestrador sobre la importancia de la libertad de locomoción que, por
consiguiente, mantiene conculcada. No habría duda alguna, desde luego, para
afirmar que a partir de la vigencia de la norma del ejemplo, el sujeto activo
de ese comportamiento es un secuestrador”4.
Por estas breves razones,
no considera necesario la Sala volver sobre el estudio de la permanencia de la
figura, máxime si se toma en cuenta que las argumentaciones que presenta el
censor son en esencia las mismas que han sido expuestas en otras oportunidades
para defender la tesis de que el delito de testaferrato es de ejecución
instantánea.
De manera que si no se
advierten motivos sobrevinientes que impongan un cambio en su postura, la Sala
desestimará el cargo.
2.2. Segundo cargo
–subsidiario-: indebida aplicación de los
artículos 5º y 36 del anterior código penal (12y 22 del
actual).
Como era absolutamente
imposible que su representada conociera los elementos propios del tipo de
testaferrato contenido en el artículo 6º del decreto 1856 de 1989 cuando se
produjeron los actos de adquisición de los bienes materia de este proceso,
porque este delito no tenía existencia jurídica para ese tiempo, los
juzgadores de instancia aplicaron indebidamente las normas que regulan el dolo
en el delito, argumenta el censor al postular este segundo
reproche.
El actor incurre en la
misma equivocación que en el cargo anterior, al considerar que la conducta
punible atribuida a su representada quedó perfeccionada en el momento en que
prestó su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes de
narcotráfico, esto es entre los años de 1985 y 1988.
Si el Tribunal concluyó
que a partir de esas fechas, sin solución de continuidad, la procesada ha
venido figurando como accionaria de las empresas a través de las cuales se
viene ocultando al verdadero propietario de los bienes obtenidos de actividades
de narcotráfico, conociendo el origen de los mismos, no se entiende cómo
puede sostenerse válidamente que su conducta no es dolosa, máxime cuando ella
fue la compañera permanente de José Gonzalo Rodríguez Gacha ampliamente
conocido por sus actividades en ese campo.
En ese sentido, no es que
el censor controvierta la conclusión a la que los juzgadores de instancia
arribaron sobre la imputación dolosa de la conducta desplegada por la
procesada, lo cual no está en discusión si se toma en cuenta que parte de
aceptar los hechos tal como fueron apreciados por el Tribunal en la
sentencia.
Lo que en realidad
controvierte, así no lo exprese de manera manifiesta, es la permanencia de la
conducta de testaferrato en el tiempo, por lo cual en el fondo este cargo
constituye una reiteración del anterior, frente a lo cual caben los mismos
razones que se dejaron expuestos.
En consecuencia, el cargo
así propuesto conduce inevitablemente a su fracaso, pues la Sala no encuentra
motivo para rectificar la que ha sido su consolidada y pacífica postura, en el
sentido de que si a pesar de criminalizarse esta forma especial de
encubrimiento a través del tantas veces mencionado artículo 6º, la persona
persiste en mantener la condición de testaferro, continúa cometiendo el
delito.
El cargo tampoco
prospera.
2.3. Tercer cargo
–subsidiario-: indebida aplicación de los
artículos 6º del decreto 1856 de 1989, 2º y 3º del decreto 100 de 1980 (9º
y 10 de la ley 599 de 2000).
En sentir del censor los
falladores de instancia se equivocaron al equiparar el ingrediente normativo de
“actividades
delictivas” propio
del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, con el de
“delito de narcotráfico y
conexos” empleado en
la descripción del testaferrato, con lo cual habría aplicado indebidamente el
artículo 6º porque mientras que el primero no requiere de sentencia
condenatoria ejecutoriada para su estructuración, el segundo sí, en los
términos del artículo 248 de la Carta Política.
Ninguna razón asiste al
recurrente, como quiera que no es cierto que para dar por estructurado el
delito de testaferrato se requiere, como también ocurre en el ilícito de
enriquecimiento ilícito de particulares, la existencia de una sentencia
condenatoria debidamente ejecutoriada predicable del verdadero propietario de
los bienes adquiridos de actividades derivadas del delito de narcotráfico y
conexos, como bien reparó el Tribunal.
Nadie duda de que los
delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y de testaferrato son
delitos especiales y autónomos, pues describen modelos comportamentales a los
que pueden adecuarse los sujetos agentes sin necesidad de recurrir a otro tipo
penal ni ordenamiento jurídico.
No obstante, de allí no se
sigue que respecto al delito de testaferrato se requiera esperar un fallo
previo de otro sujeto por otro delito, mientras que no en torno al
primero.
En ese sentido, no existen
razones de orden jurídico que permitan hacer la diferencia, pues como acota
con razón la Delegada la expresión “dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos”
constituye igualmente
ingrediente normativo del tipo y también forman parte del concepto amplio de
“actividades
delictivas”; aparte que
ambas figuras delictivas hacen parte del conjunto normativo dictado para
combatir las graves manifestaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico
y otros delitos, al punto que actualmente hacen parte del mismo capítulo que
reprime el lavado de activos.
Si bien el precepto que
recoge el testaferrato condiciona su realización a que los bienes hayan sido
adquiridos con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos,
entonces, no puede condicionarse su independencia a que previamente se haya
dictado sentencia condenatoria en contra de quien es el verdadero propietario
de los bienes adquiridos con dinero ilícitos. En otras palabras, la ilicitud
del comportamiento de que trata, como al igual ocurre en el enriquecimiento
ilícito, proviene pues de la conducta misma de quien encubre y no de la
condena concreta que por otro delito se le haya impuesto a terceras personas.
En ese orden, resulta
aplicable el criterio sentado por la Corte Constitucional en la sentencia
citada por el censor de que “No puede confundirse el concepto de “actividad delictiva” con
el de “antecedentes penales” de que trata el artículo 248 de la Carta
Política; el primero no sólo es un ingrediente normativo del tipo cuyo
alcance y contenido le corresponde precisar al funcionario penal al momento de
aplicar la norma, sino que además, se refiere a la actividad en sí misma,
como comportamiento típico y antijurídico, y no se extiende al sujeto. El
concepto de “antecedentes penales”, se predica de la persona en sí misma
y, de conformidad con el artículo 248 de la Constitución Política,
únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma
definitiva tienen esa calidad de antecedentes. El artículo 248, por otra
parte, no tiene que ver directamente con el debido proceso, sino con los
derechos fundamentales al honor, al buen nombre o al habeas data, pues, se
repite, la norma constitucional se refiere únicamente a ‘antecedentes’.
De exigir la existencia
previa de una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada contra el
verdadero propietario de los bienes adquiridos con dineros provenientes de
actividades relacionadas con el narcotráfico, se llegaría a absurdos que la
simple lógica rechaza, como, por ejemplo, postular la inexistencia del delito
de testaferrato por ocurrir antes o en el trámite del proceso la muerte
de quien ostenta la titularidad de los bienes, como en este evento ocurrió
respecto de José Gonzalo Rodríguez Gacha.
Si el demandante, entonces,
no logra acreditar el yerro, pues le asiste razón al Tribunal cuando afirma
que en este caso no era necesario condenar previamente a Rodríguez Gacha,
quien amasó una incalculable fortuna a partir de su dedicación a actividades
relacionadas con el narcotráfico, el cargo tampoco está llamado a
prosperar.
2.4. Cuarto cargo
–subsidiario-: indebida aplicación del artículo
29, inciso 3º de la ley 599 de 2000 y correlativa falta de aplicación de los
artículos 6º del decreto-ley 100 de 1980, 29 de la constitución política y
43 de la ley 153 de 1887.
Para el censor el Tribunal
aplicó en forma desfavorable y retroactiva la novedosa forma de participación
establecida en el inciso 3º del artículo 29 de la ley 599 de 2000, la cual no
regía para cuando se consolidaron las adquisiciones de bienes por parte de las
sociedades de las que hacía parte la procesada, ni a la fecha en que quedó
ejecutoriada la resolución de acusación.
En sentir del actor no se
podía condenar a la procesada como autora del delito de testaferrato porque
ella actuó como miembro u órgano de representación autorizados de las
citadas sociedades, mas no a título personal.
A través del inciso 3º
del artículo 29 del actual código penal, el legislador consideró autor
también a “quien actúa
como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona
jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya
representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque
los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible
respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo
representado”
.
Esta figura del
actuar por otro,
que solo es posible en
tratándose de delitos especiales que no pueden ser cometidos por cualquier
persona, sino que requieren en el autor la presencia de determinadas calidades
objetivas, de manera alguna puede confundirse con la responsabilidad personal
del agente por el hecho que ha sido postulado básico del derecho penal
culpabilista que rige desde el código de 1980, como acertadamente señala la
Delegada.
Si a la procesada se la
condenó por haber prestado su nombre para adquirir bienes provenientes de
actividades de narcotráfico, a través de las mencionadas sociedades, y no por
la simple relación con las mismas a título de representante o accionaria,
como se deduce de la sentencia de segunda instancia, no resulta cierto que el
Tribunal haya incurrido en el yerro que denuncia el casacionista.
La equivocada referencia
que hizo el juez de primer grado de dicho precepto, que no el Tribunal, no es
esencial en este caso, ni varía la situación de la procesada, pues ella es
autora en sentido estricto tanto en los términos del anterior artículo 23
como en el actual artículo 29, y no a través de otro o por otro, como quiera
que esta figura se predica únicamente de los delitos especiales propios, a los
cuales no pertenece el delito de testaferrato.
Lo importante aquí es que,
conforme a la reseña de los hechos que hacen los juzgadores de instancia, la
procesada ideó, en connivencia con otras personas, la creación de las
empresas fachada, para a través de ellas adquirir los bienes del extinto
narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha, siendo éstas apenas un mero
instrumento que sirvió para ocultar la verdadera titularidad de dichos bienes
y así poder burlar la acción del estado.
En esa medida, no se puede
sostener válidamente que el Tribunal erró al condenar a la procesada como
autora del delito de testaferrato.
El cargo no
prospera.
Por lo expuesto y atendiendo el concepto del
Ministerio Público, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
RESUELVE:
NO CASAR el fallo
impugnado.
Contra esta decisión no proceden recursos.
Devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
HERMAN GALÁN CASTELLANOS
SIGIFREDO ESPINOSA
PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
EDGAR LOMBANA
TRUJILLO ALVARO O. PÉREZ
PINZON
Excusa justificada
Comisión de servicio
MARINA PULIDO DE
BARÓN JORGE L. QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ
BASTIDAS MAURO SOLARTE
PORTILLA
TERESA RUIZ
NÚÑEZ
Secretaria
1 Corte
Suprema de Justicia, Radicaciones 19543 y 20879, M.Ptes. Jorge L. Quintero
Milanés y Marina Pulido de Barón.
2 Corte
Suprema de Justicia, M.P. Edgar Saavedra Rojas.
3 Ver,
entre otros, autos de 12 de noviembre de 1998 (Rad, 14852), 23 de agosto de
2000 (Rad. 16301) y sentencias de 18 de enero de 2001 (rad. 17091), 19 de
diciembre de 2001 (Rad. 14658) y 24 de noviembre de 2003 (Rad.
19603).
4 Corte
Suprema de Justicia, Sentencia de febrero 21 de 2002, Rad. 16867. M.P. Herman
Galán Castellanos.