Proceso No 9121


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL



Magistrado Ponente:

JORGE LUIS QUINTERO MILANES

Aprobado Acta N°  062



Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil cuatro (2004).



V I S T O S


Procede la Sala a resolver el recurso de reposición que el sentenciado, doctor ALBINO GARCÍA FERNÁNDEZ, interpuso contra la providencia fechada el 22 de junio del año en curso.



A N T E C E D E N T E S


1.  Mediante  providencia  del  pasado  22  de  junio,  la  Corte  no  accedió  a  la solicitud  elevada  por  el  sentenciado,  doctor  Albino  García  Fernández,  en  el  sentido  de  adicionar  el  fallo  condenatorio  en  unos temas  que,  en  su  criterio,  no  fueron  objeto  de pronunciamiento  por  parte  de  la  Sala.

2.  Inconforme con ésta decisión, dentro del término legal, interpuso recurso de reposición, cuyos argumentos sustentatorios se sintetizan así:


Recuerda  que  las  dos  nulidades  solicitadas  en  la  audiencia  pública por  el  vocero  y  su  defensor,  relativas  a  que,  en  este  asunto,  se profirió  apertura  de  investigación  y  se  calificó  el  mérito  del  sumario  sin ser congresista, fueron diferidas para la sentencia, siendo claro, entonces,  que  tales  peticiones  se  resolverían  en  el  fallo  que  se dictó el  2  de  junio  del  presente  año.


No obstante, estima que tales aspectos no fueron objeto de atención por parte de la Sala cuando dictó la citada sentencia condenatoria.


En  efecto,  dice  que  en  el  párrafo  primero  del  fallo  la  Corte  se  ocupó del  artículo  tercero  transitorio  de  la  Constitución  Política  de  1991,  sin que  hubiese tomado  una  posición  sobre  el  asunto  objeto  de  la  petición  elevada  por  su  vocero  y  coadyuvada  por  su  defensor,  por  lo que no hubo decisión sobre el punto.


Asevera que en el siguiente párrafo “se ocupa la Sala de que mis actividades no eran funcionales y que entonces mi defensa sostuvo que ha debido estudiarse el peculado por extensión. Tampoco se toma una decisión sobre el tema de la diferente adecuación al tipo penal, ni explica por qué es así”. Añade que en los siguientes párrafos, hasta la página 54, se limita a repetir el argumento, según el cual, el hecho de que el sentenciado sea en la actualidad congresista, ese aspecto le otorga competencia a la Corte.

Sostiene que lo planteado por la defensa “no es que ahora, es decir a la fecha del 2 de junio de 2004, pueda juzgarme la Corte y dictar la sentencia, aun por delitos comunes cometidos durante mi ejercicio como parlamentario, sino que si la Sala podía continuar conociendo del proceso desde el momento de dictar el auto de apertura de investigación penal, en contrario de la decisión en el caso exactamente igual al mío en relación con el ex representante de mi región, Jaime Buenahora Febres Cordero que, ese sí, fue remitido por competencia a las autoridades de la Fiscalía del Norte de Santander de aquella época. El problema radica en que la Sala no podía continuar con la investigación por falta de competencia desde aquella época...”.


Por ello, afirma que al no poder seguir conociendo de la investigación, necesariamente todos los actos procesales posteriores están viciados de nulidad por incompetencia de la Corte, no siendo legítimo ni legal el diligenciamiento que se le adelantó, reteniéndose la competencia en contra vía de la Constitución y de la ley.


Señala que la Sala aplicó tesis diferentes en su caso y en el de Jaime Buenahora Febres Cordero, aspecto que rompe el principio de igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, sin que encuentre respuesta en la sentencia del 2 de junio.


Reitera que la defensa “no pedía que se pronunciara la Corte si al dictar la sentencia del 2 de junio de 2004 tenía la Corte competencia, sino si esa sentencia del día 2 de junio de 2004 era válida ante el hecho evidente de que en etapas anteriores del proceso se retuvo incostitucional e ilegalmente y contra la jurisprudencia de la Sala una competencia de que se carecía desde antes, desde la fecha del auto de apertura y desde la fecha de calificación del proceso”, competencia que usurpa la Constitución y la ley, afectando no sólo el principio de preclusión de sino también su derecho a la defensa y a la posibilidad de la segunda instancia e, incluso, del recurso de casación.


Luego de insistir que la Corte no resolvió dichas nulidades, por lo que la decisión relacionada con estos temas hace parte de la sentencia, solicita la reposición de la providencia impugnada con el fin de que se resuelva lo atinente al “por qué se retuvo el proceso sin competencia de la Sala desde aquellas fechas, contra la Constitución y la jurisprudencia de la misma Sala, desconocimiento del principio de igualdad y que yo merezco el mismo trato que se dio por la Sala a otros casos iguales”.



CONSIDERACIONES DE LA CORTE


Surge claro que las argumentaciones sustentatorias del recurso de reposición interpuesto por el sentenciado, doctor Albino García Fernández, no modifican la decisión adoptada, por lo que la impugnación no está llamada a prosperar.


En efecto, como se indicó en la providencia recurrida, las afirmaciones hechas por el memorialista no comulgan con la verdad plasmada en la sentencia condenatoria que en su contra profirió la Sala el 2 de junio del presente año, ya que las peticiones elevadas por el vocero y el defensor del procesado, relacionadas con la nulidad de la actuación por razón de la supuesta ausencia de competencia de la Corte para conocer del proceso, fueron atendidas en el citado fallo.


De la lectura amplia y pormenorizada de la sentencia cuestionada, se colige que la Sala dedicó varias páginas al estudio de la competencia, destinando el primer capítulo de las consideraciones al examen del citado asunto, dentro del cual se precisó cómo la Corte siempre conservó la competencia no solo para adelantar la investigación y calificar el mérito del sumario, sino también para asumir el correspondiente juicio.


Es  cierto  que  el  doctor  Albino  García  Fernández, en algunos momentos  del  curso  del  proceso,  dejó  de  pertenecer  al  Congreso  de la República, como así se admitió en la sentencia. Sin embargo, allí se concluyó, de manera clara, que la competencia de la Corte siempre se mantuvo por cuanto que las conductas punibles por las que fue condenado el procesado tienen estrecha y directa relación con el cargo que desempeñó para la época de la comisión de las mismas, aspecto que, sin lugar a dudas, impuso la improsperidad de las nulidades invocadas por la defensa, como así se consignó tanto en la parte considerativa como en la resolutiva del fallo.


En consecuencia, contrario a lo afirmado por el memorialista y toda vez que en la sentencia condenatoria proferida en su contra se resolvieron las solicitadas nulidades, las que fueron motivo de amplio análisis, la Sala no repondrá el auto por medio del cual no accedió a la petición de adición del fallo elevada por el doctor García Fernández.

En  mérito  de  lo  expuesto,  la  Sala  de  Casación  Penal  de  la  Corte Suprema  de  Justicia,



R E S U E L V E


NO REPONER la providencia del pasado 22 de junio, por medio de la cual no se accedió a la solicitud elevada por el sentenciado, doctor ALBINO GARCÍA FERNÁNDEZ, de acuerdo con lo anteriormente expuesto.


Contra esta providencia no procede ningún recurso.


Notifíquese y cúmplase.






HERMAN GALÁN CASTELLANOS






SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ                        ALFREDO GÓMEZ QUINTERO                         Permiso





EDGAR LOMBANA TRUJILLO                        ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN






MARINA PULIDO DE BARÓN                        JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS








YESID RAMÍREZ BASTIDAS                        MAURO SOLARTE PORTILLA







TERESA RUÍZ NÚÑEZ

Secretaria