Proceso No 17718
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Aprobado acta N° 031
Bogotá D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil cinco (2005).
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados del Circuito de Cali contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de la misma ciudad, el 15 de mayo de 2000, en el que al revocar integralmente la sentencia condenatoria de primera instancia dictada por el juzgado regional, absolvió al señor CLAUDIO BORRERO QUIJANO del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
El juzgador de primera instancia, así los reseñó:
“Los autos dan cuenta que mediante compulsa de copias que hiciera la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 16 de septiembre de 1996, en la cual resultó acusado el señor ARMANDO HOLGUÍN SARRIA, con la conducta de enriquecimiento ilícito de particulares, y debido a dicha compulsa de copias en contra del señor CLAUDIO BORRERO QUIJANO, por encontrar similitud en la conducta por la cual se acusó al ex senador Holguín Sarria, pues al parecer el señor CLAUDIO BORRERO QUIJANO había recibido dos cheques, uno por 4 millones de pesos y el otro por un millón de pesos al parecer de cuentas pertenecientes al señor MIGUEL RODRÍGUEZ OREJUELA, (reconocido narcotraficante a nivel mundial). Así se inició la instrucción hasta llegar a la etapa de juicio.”
Después de unas contingencias procesales y abierta la correspondiente investigación, el sindicado Claudio Borrero Quijano fue escuchado en diligencia de indagatoria, el 1 de julio de 1997, por la Fiscalía Delegada ante los jueces regionales de Cali.
La situación jurídica fue resuelta por el mismo despacho, el 8 de julio de 1997, con medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del procesado por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
La investigación se cerró el 20 de noviembre de 1997 y, el 16 de enero de 1998, la fiscalía de conocimiento calificó el mérito del sumario con resolución de acusación contra el procesado por el delito referenciado.
La anterior decisión, al ser impugnada por el defensor del procesado, fue confirmada por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, mediante proveído del 18 de junio de 1998.
El expediente pasó al juzgado regional de Cali que, luego de tramitar el juicio, mediante sentencia de primera instancia dictada el 18 de junio de 1998, condenó a Claudio Borrero Quijano a las penas principales de 72 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, al igual que al pago de multa de 7 millones de pesos como autor del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
Apelado el fallo por el defensor del procesado, el Tribunal Superior de Cali, el 15 de mayo de 2000, lo revocó y, en su lugar, absolvió a Claudio Borrero Quijano del cargo formulado en la resolución de acusación.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
La Fiscal Delegada ante los Jueces Especializados del Circuito de Cali, al amparo de la causal primera de casación, presenta un único cargo al que denomina “yerros en la apreciación de la prueba”.
Acusa a la sentencia del Tribunal de ser violatoria en forma indirecta de la ley sustancial, al incurrir en errores de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación de la prueba testimonial, toda vez que, en su criterio, otorga absoluta credibilidad a la versión del procesado, desechando así, la prueba de cargo.
Es así como resalta que el fallo demandado, aplica de forma indebida los artículos 247 y 254 del Decreto 100 de 1980 y el artículo 1° del Decreto Legislativo 1895 de 1989, adoptado como legislación permanente por el artículo 10 del Decreto Extraordinario 2266 de 1991, al considerar que los testimonios de los señores Ricardo Maya Correa, Armando Holguín Sarria, Miguel Angel Rodríguez Orejuela y Julián Murcillo Posada, no alcanzan a desvirtuar la declaración del procesado.
En ese orden de ideas, retoma las versiones de cada uno de los testigos anteriormente señalados, con el objeto de demostrar la ocurrencia de los hechos al igual que la responsabilidad del procesado en los mismos.
TESTIMONIO DE JULIÁN MURCILLO POSADA:
Sobre el particular, acota la recurrente que el testigo en mención manifestó conocer desde hace varios años al procesado, producto de la actividad política.
Así mismo, sostiene que el señor Claudio Borrero Quijano, en repetidas ocasiones le solicitó su intermediación para conseguir recursos económicos para el sostenimiento de su campaña electoral, durante los años 1991 y 1992.
Fue así como consiguió la colaboración pecuniaria por parte del señor Miguel Rodríguez Orejuela, manifestada en dos cheques, uno por valor de cuatro millones de pesos y el otro por valor de un millón, haciéndose efectiva la entrega de los mismos en la residencia del procesado, de manos del propio Murcillo, según se lo había indicado con anterioridad Borrero Quijano.
Acota que a pesar de la incriminación planteada por el señor Murcillo en su declaración, el Tribunal en la sentencia acusada, solamente destaca lo relacionado con el supuesto conocimiento que tenía del procesado.
Al respecto, transcribe apartes del fallo recurrido:
“Es este individuo precisamente, que en su testimonio juramentado no alcanza a señalarse sino como CONOCIDO de Borrero Quijano, al que con todo y la muy precaria relación existente supuestamente acude éste en busca de ayuda y al que entonces y paradógicamente, (sic) conmueven estos ruegos y hace suyo el problema buscando a Miguel Rodríguez Orejuela para motu propio (sic) demandar la ayuda para el HOMBRE JUSTO.
“En el contexto probatorio reportado donde, lo que se DICE por el procesado y se RECONOCE en términos generales por el resto de la prueba allegada es la relación cordial y respetuosa que vincula a este con MAYA CORREA y HOLGUÍN SARRIA como hombres públicos y un CONOCIMIENTO PRECARIO con MURCILLO POSADA; no tiene sentido que el hoy acusado haya acudido a este precisamente y no a aquellos en busca de ayuda.”
Concluye la libelista que la prueba en sí misma verdaderamente demostraba la intermediación de Julián Murcillo, ante el requerimiento de Borrero Quijano, con el objeto de recaudar fondos provenientes de Miguel Rodríguez Orejuela, para el financiamiento de su campaña política, observándose la tergiversación realizada por la sentencia del contenido probatorio de la declaración, incurriendo a su vez, en un “falso juicio de identidad por tergiversación de la prueba”.
Así mismo, anota que la incidencia de la tergiversación planteada en el fallo acusado, radica en que de haberse tenido en cuenta la declaración de Murcillo, se desestimaría la injurada de Borrero Quijano y de igual forma, se hubiera inferido el dolo en la conducta del procesado.
TESTIMONIO DE MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OREJUELA:
Acota la recurrente que la declaración rendida por el señor Miguel Rodríguez Orejuela no fue objeto de debida valoración por parte del juzgador de segunda instancia, toda vez que fue tergiversado su contenido para llegar a colegir que la conducta del procesado estuvo ausente de dolo.
Así mismo, afirma que el testigo referido reconoció colaborar económicamente con la entrega de cheques provenientes de sus cuentas corrientes girados a favor de la campaña política del procesado, ante la intermediación del señor Julián Murcillo Posada, quien ante petición del mismo Borrero Quijano, puso en su conocimiento las dificultades económicas que dicha campaña atravesaba.
De igual forma, resalta la Fiscalía recurrente que a pesar que Rodríguez Orejuela fue enfático en aclarar que los señores Ricardo Maya Correa y Armando Holguín Sarria en ningún momento intermediaron en la entrega de los mencionados títulos valores, el tribunal de segunda instancia concluyó de manera errada que la intervención de los antes señalados en la entrega de los cheques girados a favor de Borrero Quijano, efectivamente se produjo, dejando de advertir entonces que el procesado faltó a la verdad, pues en su criterio, la única persona que participó en la solicitud y entrega de los mismos fue Julián Murcillo Posada.
Al respecto, transcribe fragmentos de la sentencia acusada, en donde en su criterio, se presentó un yerro valorativo en la prueba en comento, toda vez que otorgó plena credibilidad a la versión rendida por el procesado.
TESTIMONIO DE ARMANDO HOLGUÍN SARRIA:
Anota la libelista que el testigo en mención negó haberle entregado cheque alguno al procesado Borrero Quijano. De igual forma, destaca que al momento de ser escuchado en su declaración, manifestó desconocer los títulos valores que se le pusieron de presente.
TESTIMONIO DE RICARDO MAYA CORREA:
Reitera el ente instructor que ahora recurre en casación, que el juzgador de segunda instancia igualmente tergiversó el contenido sustancial de la prueba, cuando desacertadamente colige que si los cheques llegaron a su destinatario por vía de Armando Holguín Sarria y Ricardo Maya Correa, personas de indiscutible prestigio, la conducta de Borrero Quijano, al desconocer la verdadera procedencia de dicha contribución, se encontraba ausente total e inequívocamente de culpabilidad, no obstante que ambos testigos negaran su participación en los hechos comentados.
En esas condiciones, la casacionista colige que las declaraciones de Ricardo Maya Correa y Armando Holguín Sarria en lo que refiere a su no intervención en la entrega de los cheques girados a favor del procesado, provenientes de cuentas corrientes del confeso narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, aunadas a los demás testimonios recolectados dentro del diligenciamiento, revelan que el señor Claudio Borrero Quijano, efectivamente tenía conocimiento de la procedencia de los cheques que, según la recurrente, le fueron entregados por Julián Murcillo Posada, situación fáctica que pone de manifiesto el yerro en la valoración probatoria por el cual acusa la sentencia del Tribunal, e igualmente, evidencia la responsabilidad del procesado en el delito imputado.
Con base a lo anteriormente expuesto, la Fiscalía Especializada ante los Jueces del Circuito de Cali peticiona a la Corte casar la sentencia absolutoria de segunda instancia, puesto que considera reunidos los elementos probatorios que dan certeza de la responsabilidad de Claudio Borrero Quijano en la comisión del punible de enriquecimiento ilícito de particular y, por lo mismo, se dicte el fallo sustitutivo en ese sentido.
CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA PARA LA CASACIÓN PENAL
Manifiesta la Delegada que resulta evidente el error de valoración probatoria en que incurrió el tribunal, haciendo la salvedad que en el presente caso no se presenta un falso juicio de identidad como lo plantea la recurrente, sino que el citado yerro constituye un falso juicio de raciocinio por desconocimiento de las reglas de la sana crítica.
Resalta la representante de la sociedad que el juzgador de segunda instancia otorgó plena credibilidad a la versión de Borrero Quijano, quien aseguró recibir dos cheques por valor de cuatro y un millón de pesos, provenientes del denominado “Cartel de Cali”, desconociendo su origen ilícito, puesto que los mencionados títulos, según el procesado, le fueron entregados por Ricardo Maya Correa y Armando Holguín Sarria, reconocidos y prestantes personajes políticos de la comarca valllecaucana.
Así mismo, afirma que el Tribunal desestimó erradamente el valor probatorio de las declaraciones de Maya Correa y Holguín Sarria, quienes enfáticamente negaron haber intermediado en la entrega de dichos cheques, al igual que las versiones de Miguel Rodríguez Orejuela y Julián Murcillo Posada, quienes coinciden en que fue el primero de éstos el que hizo llegar los títulos valores a través del segundo.
De igual forma, cuestiona la Delegada las consideraciones realizadas por el Tribunal, en lo que concierne a la demostración documental de las explicaciones del procesado, puesto que considera que los medios probatorios a que el juzgador alude, esto es, los antecedentes penales de Miguel Rodríguez Orejuela expedidos por el DAS, los registros de Cámara de Comercio de Cali sobre el desempeño mercantil del mismo y los extractos del Banco Unión que reportan los movimientos de cuenta de Borrero Quijano durante el período cuestionado, en ningún momento se orientan a corroborar la versión rendida por el absuelto, en lo referente al recibo de los cheques de manos de Holguín Sarria y Maya Correa, lo que a juicio de la Delegada, no permite concluir la exculpación del cargo que se le imputó.
Considera igualmente el Ministerio Público que el argumento del sentenciador al realizar una serie de cuestionamientos frente a la actividad investigativa, por cuanto no se ahondó en tópicos como la insolvencia económica planteada por el procesado, para luego inferir que dichas confirmaciones no corroborarían lo fundamental en cuanto al origen de los cheques, pero servirían para perfilar a su referente como digno de credibilidad, resulta a todas luces inconsistente, puesto que echa de menos la práctica de pruebas tendientes a demostrar asuntos intrascendentes, tan sólo para valorar la credibilidad de Borrero Quijano.
Al respecto, anota:
“No consulta la lógica en la apreciación de las pruebas el que se pretenda dar por sentada una credibilidad general del procesado amparada en su veracidad respecto de hechos y circunstancias insustanciales o accesorias, dejando de lado la prueba que revela lo contrario, esto es, su falta de veracidad en la explicación de su conducta en punto del delito imputado.”
En esas condiciones, advierte el Ministerio Público que la problemática planteada y controvertida no se circunscribe a la necesidad o a la inversión de los recursos para solventar la campaña electoral de Borrero Quijano para la alcaldía de Cali, sino a la forma como fueron adquiridos y de que personas recibió los mismos, aspectos éstos que en criterio de la delegada, desmienten abiertamente la versión del procesado aceptada por el juzgador de segunda instancia, lo cual de manera ostensible, vulnera los postulados de la lógica.
Así mismo, critica algunas “especulaciones” del Tribunal en lo referente a la valoración de algunas situaciones presentadas en el marco de los intereses políticos en las campañas de Armando Holguín Sarria y el procesado, que en criterio del juzgador probablemente implicaría el giro de dinero por parte del primero al segundo, considerando la Delegada que en el quehacer político entran en juego diversos factores que no siempre constituyen reglas estrictas de comportamiento entre sus actores, como la intentada en la sentencia acusada.
Finalmente, la representante de la sociedad acusa al juzgador de segunda instancia de suponer en la sentencia recurrida que los señores Ricardo Maya Correa y Armando Holguín Sarria negaron la entrega de los cheques ampliamente referidos porque al hacerlo estarían inmersos en una autoincriminación. De igual forma, según criterio de la Delegada, el Tribunal supuso que Miguel Rodríguez Orejuela mintió al afirmar que los títulos valores fueron enviados al procesado, no a través de aquellos sino por intermedio de Julián Murcillo Posada, con el supuesto objetivo de favorecer a sus amigos (Maya y Holguín), otorgando entonces credibilidad a la versión de Borrero Quijano, “para el tribunal todos mienten menos el procesado (...)”, no obstante encontrarse ésta sin ningún respaldo probatorio.
En esas condiciones considera que se vulneró de manera ostensible, los parámetros de la sana crítica, al desestimar una pluralidad de pruebas que convergen armónica y objetivamente a demostrar la responsabilidad penal del procesado por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
Por lo anteriormente expuesto, la Procuraduría Primera Delegada para la Casación Penal, solicita casar la sentencia impugnada y en fallo sustitutivo, confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia.
LA CORTE CONSIDERA
1.- Cabe precisar ab initio que si bien la Fiscalía Especializada ante los Jueces del Circuito de Cali determinó el cargo formulado como violación indirecta de la ley sustancial por falso juicio de identidad en la valoración probatoria, de la lectura del libelo colige la Sala que tanto el desarrollo de la demanda como la pretensión del recurrente se encuentran delineados con soporte en los parámetros establecidos por el sendero del falso raciocinio.
En efecto, reitérese que el falso juicio de identidad emerge cuando el juzgador al apreciar la prueba falsea su expresión literal, poniéndola a decir lo que ella no reza, lo que constituye un yerro de carácter objetivo; contrario sensu, el falso raciocinio surge cuando al analizar una prueba sujeta a la apreciación racional, se hace con desconocimiento de los postulados de la sana crítica, por lo que su carácter es del orden apreciativo y su demostración impone acreditar que la inferencia realizada no corresponde a lo que las leyes de la ciencia, los principios de la lógica, las reglas de la experiencia o del sentido común, estatuyen siendo éste el evento que se deriva del planteamiento del reproche realizado por el actor.
2.- Ante todo recuérdese que la apreciación probatoria se debe realizar a través de los postulados en que se soporta la sana crítica, es decir, el sometimiento a los medios de convicción a las leyes o reglas que “regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y las conductas frente a la sociedad, de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer viable su existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma ‘sana’, esto es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables y ‘críticas’, es decir, con base en los hechos objeto de valoración, entendidos como ‘criterios de verdad’, sean confrontados para establecer si un hecho y acción determinada pudo suceder, o si ello fue posible de una u otra manera, explicable dentro de las reglas de la lógica, de la ciencia y la experiencia, no ante la personalísima forma de ver cada uno la realidad, sino frente a estos postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos”.1
En otras palabras, la apreciación probatoria es la actividad intelectual que lleva a cabo el operador de justicia para medir la fuerza demostrativa de un medio de convicción. Por tanto, por mérito probatorio ha de entenderse como la aptitud que tiene un hecho para demostrar judicialmente otro o para que el mismo quede demostrado. Por ello, los postulados de la sana crítica no es libertad para la arbitrariedad, ni para tener en cuenta conocimientos personales que no se deduzcan del material probatorio aportado al proceso, ni para eximir al sentenciador de motivar las decisiones y de someterlas a la revisión del superior jerárquico.
3. Ahora bien, como acertadamente lo destaca la Delegada, en el caso en comento resulta evidente el error de valoración probatoria en que incurrió el Tribunal Superior de Cali que, a pesar de no obrar dentro de la actuación el recaudo probatorio suficiente que apoyara su posición, otorgó absoluta credibilidad a la versión rendida por el procesado, en cuanto al presunto desconocimiento del origen ilícito de los cheques girados a favor de su campaña política encaminada a ocupar la primera dignidad de la capital vallecaucana, cuya procedencia, según consta en el expediente, es atribuible a cuentas corrientes utilizadas como fachada por el denominado “Cartel de Cali”.
Es así como el juzgador de segunda instancia transcribe y refiere a apartes de las diferentes intervenciones del procesado, donde manifiesta que el cheque por valor de cuatro millones de pesos responde a una colaboración efectuada por parte del señor Ricardo Maya Correa, reconocido catedrático y propietario de la empresa “Prosalud”, mientras que el otro título cuestionado, cuyo valor ascendió a un millón de pesos, sostiene haberlos recibido de manos del otrora Senador de la República, Armando Holguín Sarria, luego de mediar “ofrecimiento prácticamente público”, con el propósito de costear la encuesta del partido liberal, contratada con la firma “Napoleón Franco” para la elección del candidato único a la alcaldía de la ciudad de Cali.
Textualmente dijo el Tribunal:
“Al comentar lo atinente a las explicaciones del procesado se impone señalar que la gran mayoría de sus aseveraciones a lo largo del proceso y en torno a este complejo devenir fueron o, corroboradas directamente con prueba documental pesquisada y obtenida por él mismo como ocurrió verbigracia con los certificados expedidos por el DAS en torno a los antecedentes de Miguel Angel Rodríguez Orejuela 89 5º C.O. con las certificaciones de la Cámara de Comercio de Cali respecto a los registros en que este figuraba como propietario, socio o administrador, f173 3er. C.O. con aquellos provenientes del Banco Unión Colombiano que reportan los movimientos de su cuenta corriente en el período cuestionado o soportadas en precisiones adicionales, sobre las que el Estado no solo quedaba en libertad de ahondar sino en la OBLIGACIÓN perentoria de hacerlo si con ello se favorecía al procesado; siendo de destacar en relación con este último aspecto que nada en realidad de verdad se hizo a este nivel para corroborar o desvirtuar aquellos asertos del incriminado con los que intentó avalar o respaldar sus explicaciones.
“En este propósito debe señalarse que no obstante haber indicado que de la entrega del cheque por 4 millones por parte de MAYA CORREA fueron testigos dos (2) personas a saber: LUIS ERNESTO MARÍN MARÍN Y MANUEL BOTERO –f 151 3º er. C.O. quienes fueron muertos violentamente; nada hizo la investigación para confirmar o desvirtuar toda esta incidencia. Tampoco, en este mismo orden de ideas, NADA se cumplió a efecto de avalar o contradecir aquellos asertos que circunstanciaron el ofrecimiento de la segunda donación, la contenida en el cheque No. 2580823 por valor de un (1) millón de pesos.”
No obstante, como bien lo resalta la representante de la sociedad, ninguno de los documentos a que alude el Tribunal se encamina a demostrar la veracidad de lo dicho por Claudio Borrero Quijano, respecto al supuesto recibo de los mencionados títulos valores de manos de Armando Holguín Sarria y Ricardo Maya Correa, por lo cual, no se permite inferir la exculpación del procesado del cargo que se le imputa.
En efecto, si se estudia lo plasmado en los citados instrumentos se advertirá:
1. Que las certificaciones expedidas por el D.A.S., reseñan las investigaciones que cursaban en contra del señor Miguel Ángel Rodríguez Orejuela.
2. Que las certificaciones emitidas por la Cámara de Comercio, consignan que el señor Miguel Ángel Rodríguez Orejuela es propietario del establecimiento “Miguel Ángel Rodríguez Orejuela” y socio de la “Revista del América LTDA” y de “Inversiones de la Sexta”.
3. Finalmente, que en la cuenta del Banco Unión Colombiano número 703752-6, cuyo titular era el procesado, se evidencia que efectivamente los dineros plasmados en los títulos valores a que se contrae este proceso ingresaron a dicha cuenta.
De igual forma, contraviene los postulados de la sana crítica el hecho que el sentenciador cuestione una presunta insuficiencia labor investigativa frente a tópicos a todas luces intrascendentes con el objeto del proceso, como lo son la realización de la encuesta del partido liberal contratada con la firma Napoleón Franco o su insolvencia económica, para de esta manera dar por sentada una credibilidad abstracta de Borrero Quijano.
“Ahora bien, es cierto que con estas confirmaciones no se corrobora el aspecto NODAL debatido respecto al origen o procedencia del cheque. Pero sí, no hay duda la precisión, seriedad, coherencia y verdad del DECIR GENERAL INJURADO; lo que autoriza a perfilar a su referente como digno de credibilidad”. (Subraya la Corte).
Inexplicable resulta entonces que el Tribunal en vez de centrar el fundamento de sus apreciaciones en las conductas que realmente revisten de relevancia y trascendencia jurídica como lo son el origen de los cheques, la forma en que los mismos le fueron entregados y de manos de quien fue surtida su tradición, ocupara su atención en situaciones que en ningún momento constituyen el objeto de la problemática planteada en el ilícito investigado, toda vez que ésta no se circunscribía a la necesidad de la adquisición de los fondos ni a la manera como éstos hubieran sido invertidos.
En esas condiciones, el juzgador de segunda instancia allana el sendero de sus razonamientos, aduciendo una serie de reflexiones que en ningún momento trascienden de la mera órbita especulativa, evidenciándose en las mismas, la carencia absoluta de presupuestos probatorios objetivos que permitan inferir consistencia lógica alguna.
Es así como infundadamente concluye que los señores Armando Holguín Sarria y Ricardo Maya Correa faltan a la verdad al negar de manera enfática su participación en la entrega de los cheques en cuestión al procesado, toda vez que de haber sostenido lo contrario, de forma tácita se habrían autoincriminado de servir como intermediarios en el ingreso de capital ilícito a la campaña electoral.
Respecto al testimonio rendido por Ricardo Maya Correa, dijo el Tribunal:
“Sobre esta comprobación por qué se pregunta la Sala, CONSIDERAR que éste testigo en sus versiones para el proceso DIJO SOLO LA VERDAD; y máxime si se tiene en cuenta que en su caso como en el de HOLGUÍN SARRIA, decirla implicaba AUTOACUSARSE por el cargo considerable de HABER POR SU INTERMEDIO INGRESADO DINEROS ILÍCITOS A LA CAMPAÑA ELECTORAL, y del que todos en este país, invadido de este tipo de corrupción pretenden exonerarse a toda costa?
Así mismo, no obstante transcribir algunos apartes en la parte motiva de su decisión, pasa por alto el sentenciador, a pesar de no haber sido desvirtuado, la gravedad del testimonio de Miguel Angel Rodríguez Orejuela, quien ofrece una versión opuesta a la rendida por Borrero Quijano, en la cual admite haber colaborado económicamente con la campaña política en referencia, siendo precisamente el señor Julián Murcillo Posada la persona que actuó como intermediario para efectuar la operación. Veamos:
“(...) PREGUNTADO: Colaboró económicamente usted en campaña política alguna adelantada por el doctor CLAUDIO BORRERO QUIJANO, CONTESTÓ: Creo recordar si la memoria no me traiciona de que entre los años 90 al 92 o 93, le pude haber colaborado a través de terceras personas debido a las afugias económicas que en determinado momento me mandó a expresar a través de esas mismas personas (...) PREGUNTADO: quien era la persona que servía de intermediario entre usted y el doctor BORRERO QUIJANO, CONTESTÓ: como bien es sabido en autos anteriores me une una buena amistad con el señor Julián Murcillo Posada (...), y fue él precisamente la persona que me solicitó muy respetuosamente se le ayudara al mencionado doctor BORRERO QUIJANO (...), el señor JULIÁN MURCILLO me manifestó lo que anteriormente dije y que como yo tenía confianza en Julián en esas mismas oportunidades le colaboré a través del señor JULIÁN MURCILLO pero no puedo confirmar con exactitud si Julián lo hizo o no lo hizo (...)”
Por su parte, el señor Julián Murcillo Posada corrobora el testimonio anteriormente citado, puesto que en su declaración sostuvo que obró como intermediario en la petición de ayuda económica elevada por Borrero Quijano a Rodríguez Orejuela. Del mismo modo, reconoció que fungió como la persona encargada de perfeccionar la entrega de los mencionados cheques a su destinatario, los cuáles dejó en la portería del edificio donde residía para ese entonces el procesado, por expresa disposición de éste.
De ese modo, se tiene que contra toda hermenéutica jurídica, el Tribunal de manera obstinada, da fe de la versión exculpatoria del procesado, desestimando los testimonios coherentes, articulados y armónicos de los señores Miguel Angel Rodríguez Orejuela, Julián Murcillo Posada, Armando Holguín Sarria y Ricardo Maya Correa, acervo probatorio que, valorado individual y mancomunadamente, sin que en momento alguno hubiere sido refrendado, permite dilucidar la responsabilidad penal de Claudio Borrero Quijano como autor del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
Al respecto, sostuvo el juzgador:
“Esta versión injurada coherente, circunstanciada, contextualizada, reiterada y avalada salvo en lo atinente precisamente a lo NODAL por los testigos referenciados, no puede considerarse DESVIRTUADA y ni siquiera DISMINUIDA por el escueto, infundado y genérico decir de estos mismos deponentes, quienes como TALES concurrieron a este proceso a exponer parcialmente la defensa de sus propios cargos.”
En esas condiciones, se desprende que el Tribunal mediante hipótesis insolventes, no solo sostiene que los señores Armando Holguín Sarria y Ricardo Maya Correa negaron su participación en la entrega de los cheques con el fin de evitar una autoacusación, sino que también supone que la declaración rendida por el señor Miguel Angel Rodríguez Orejuela se encuentra encaminada a favorecer a sus dos amigos (Holguín Sarria y Maya Correa), siendo a la vez secundado por “su dependiente incondicional”, Julián Murcillo Posada, cuya versión, según criterio del sentenciador, se vislumbra en igual sentido.
Al respecto, dijo el Tribunal:
“Deja claro lo que viene de reportarse y analizarse que la PRUEBA de incriminación contra Borrero Quijano se conformó a partir de las NEGATIVAS de Maya Correa y Holguín Sarria en relación con comportamientos o aspectos que los incriminaban y gravemente en la medida, que de reconocerse como las personas que entregaron los cheques de ipso facto quedarían reportados como INTERMEDIARIOS del Cartel de Cali en la infiltración de DINEROS ILÍCITOS en un proceso electoral y también que al avalar la estrategia defensiva de sus dos amigos y también partícipes de otras actividades ilícitas, concurrió Miguel Angel Rodríguez Orejuela y por su conducto Julián Murcillo Posada, su DEPENDIENTE INCONDICIONAL, quienes, en lo único que contravienen a Borrero Quijano fue al señalarse a este último como al conocido aquel al que acudió a lamentarse por su situación económica y al señalarse entonces, como el BUEN SAMARITANO que haciendo suya la causa justa, gestionó ante el Jefe del Cartel para obtener la ayuda que luego personalmente llevó hasta su destino; EXCLUYENDO de paso y tácitamente la INTERVENCIÓN que en el procedimiento tuvieron Maya Correa y Holguín Sarria y es en lo que se estructura también la DEFENSA del acusado, expuesta desde un primer momento de manera amplia, circunstanciada, seria, concatenada y coherente que nadie ha podido desvirtuar.”
Luego, al concluir el esbozo de la parte motiva de su decisión, el juzgador de segunda instancia, estimó:
“Lo que aquí se discute y en lo que radica la ilicitud, es lo atinente a la forma o cauces por los que los mencionados títulos valores llegaron a su destinatario; porque debe quedar claro que si los cheques llegaron al beneficiario por la vía que este acusa, a través de Maya Correa y Holguín Sarria desde sus condiciones en su orden, de secretario tesorero del partido liberal, además de académico, hombre de negocios, empresario de gran recorrido y reconocimiento y de hombre público, diplomático académico, senador CONSTITUYENTE y aspirante a la Gobernación del departamento, y además aquel desconocía su REAL PROCEDENCIA, nos encontramos ante una ausencia inequívoca y total de culpabilidad”. (Subraya y resalta la Corte).
De las anteriores consideraciones se desprende entonces que le asiste razón a la casacionista en el único cargo que formula, pues resulta evidente que en el fallo acusado subyace una violación indirecta de la ley sustancial, en el momento en que el juzgador de segunda instancia al realizar la valoración de la prueba de cargo, contrarió de forma ostensible los parámetros filosóficos en que se ampara la sana crítica, en lo atinente a la lógica y respecto del postulado de no contradicción, toda vez que la decisión recurrida no encuentra su cauce en fundamento lógico alguno, sino en especulaciones y juicios hipotéticos que conllevan a la observancia de un falso raciocinio.
La prueba allegada al diligenciamiento indica que los cheques números 2580823 y 2509903 de las cuentas corrientes números 8023-017807-1 y 8023-023175-6 cuyos títulares eran Miguel Ángel Rodríguez Orejuela y Jorge Castillo, por valores de $1.000.000,oo y $4.000.000,oo, respectivamente, ingresaron al patrimonio del procesado, dineros de procedencia ilícita (narcotráfico), conclusión a la que se arriba luego de examinarse de manera individual y mancomunado los elementos de juicio aducidos en la investigación.
En esas condiciones, el cargo está llamado a tener vocación de éxito. Por lo tanto, se impone casar la sentencia acusada y, en su lugar, en virtud de lo consagrado en el artículo 217 del Ordenamiento Procesal Penal, se dictará fallo sustitutivo, mediante el cual se dispondrá que, la decisión condenatoria proferida en primera instancia, recobrará vigencia.
No obstante, la Sala procederá a individualizar la pena, por cuanto el juez regional partió de la pena mínima, esto es, 5 años de prisión le aumentó 12 meses más, “POR LA CALIDAD DEL SUJETO QUE COMETIÓ EL DELITO…”, circunstancia de agravación punitiva (hoy artículo 58, numeral 11 de la Ley 599 de 2000), que no fue atribuida en la resolución de acusación, aspecto que, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala, “…en el campo punitivo dentro del código actual, las circunstancias genéricas de agravación, tiene una repercusión importante, tanto cualitativa como cuantitativa en la pena, que en el régimen anterior podría no tener la misma connotación, dada la discrecionalidad concedida al juez para aumentar la pena dentro de los límites de la norma que tipificaba el tipo y la penas aplicables. Empero, conforme al artículo 61 actual, el ámbito punitivo puede moverse hasta los cuartos medios y aun al cuarto máximo, cuando sólo concurran circunstancias de mayor punibilidad, lo cual eleva considerablemente la pena cuando por la naturaleza de la conducta punible, la naturaleza de la conducta punible, la pena principal es significativamente alta. Por esta razón, la acusación debe ser lo suficientemente explícita, cuando al concretar al autor aluda a circunstancias tales como la posición distinguida, el motivo abyecto, los móviles de intolerancia o discriminación o cualquiera otro de los mencionados en el artículo 58, pues estas no surgen de la discrecionalidad, puesto que para que cumplan sus efectos, deben estar supeditadas a la apreciación probatoria y, sobretodo, a la discusión, contradicción y debate”2.
Del mismo modo, la pena de multa excedió el límite de lo legalmente previsto, habida cuenta que el artículo 1° del Decreto 1895 de 1989, convertido a legislación permanente por el Decreto 2266 de 1991, estatuye que aquella sanción será “equivalente al valor del incremento logrado”, preceptiva que fue desconocida por el juzgador, por cuanto la fijó en $7.000.000,oo.
De otro lado, para efecto de individualización de la pena, la Sala tendrá en cuenta lo extremos punitivos reglados en el citado artículo 1° del Decreto 1895 de 1989, elevado a legislación permanente por el artículo 10 del Decreto 2266 de 1991, que contempla una pena privativa de la libertad que oscila entre cinco (5) y diez (10) años; en tanto el artículo 327 de la Ley 599 de 2000, estatuye un mínimo de seis (6) años, evento aquel que hace más favorable la situación procesal de Claudio Borrero Quijano.
En cuanto a la pena de multa las dos normativas establecen que será “equivalente al valor del incremento ilícito logrado”, advirtiéndose de igual manera que el artículo 327 de la Ley 599 de 2000, contempla que el mismo no “supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes”.
En consecuencia, a efecto de la individualización de la pena y en virtud del principio de favorabilidad, en lo que atañe al sistema previsto en el nuevo Código Penal, divididos en cuartos los cinco (5) años que constituyen el ámbito de movilidad, cada uno equivale a quince (15) meses, significando que el primer cuarto va de sesenta (60) a setenta y cinco (75), el segundo entre setenta y cinco (75) meses y un día (1) a noventa (90) meses, el tercero entre noventa (90) meses y un (1) día a ciento cinco (105) meses, y el cuarto entre ciento cinco (105) meses y un (1) día a ciento (120) meses.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en este asunto no se dedujo circunstancia alguna de agravación punitiva genérica en la resolución de acusación, tal aspecto comporta, como lo ha dicho la Sala, a que no haya lugar a valoración alguna sobre el particular en el fallo, a fin de garantizar el principio de consonancia entre la acusación y la sentencia.3
Así mismo se advierte que en este evento concurre la circunstancia de atenuación punitiva determinada por la buena conducta anterior o la ausencia de antecedentes penales del procesado (artículo 64, numeral 1° del Decreto 100 de 1980 o, artículo 55, numeral 1° de la Ley 599 de 2000). Por consiguiente, de acuerdo con la normatividad vigente el ámbito de movilidad estará determinado por el primer cuarto, esto es entre sesenta (60) meses y setenta y cinco (75) meses de prisión.
De otro lado, analizado el tópico de la dosificación punitiva de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 61 del anterior Código Penal, se tiene que el procedimiento es más simple, por cuanto el marco punitivo no está afectado por factores reales4, puede partirse del mínimo de pena, es decir, sesenta (60) meses de prisión, porque no concurre circunstancias genéricas de mayor punibilidad y resultaría también necesario ponderar cuantitativamente la referida circunstancia de menor punibilidad, ello evidencia un tratamiento similar al correspondiente para el primer cuarto de movibilidad establecido en el Código Penal vigente.
Así, para efecto de establecer la pena imponible y al evaluar el principio de favorabilidad de la ley, en lo atinente a los procedimientos para determinar la pena, por resultar imperioso partir en ambos ordenamientos del mínimo de sanción establecido para el punible de enriquecimiento ilícito de particulares, esto es, sesenta (60) meses de prisión, no se advierte que uno de los dos resulta más favorable.
En síntesis, la pena imponible al procesado Claudio Borrero Quijano es de sesenta meses de prisión. En cuanto a la pena de multa, se le impondrá la de cinco millones de pesos ($5.000.000,oo), es decir, el valor del incremento ilícito logrado. Y la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas (antes interdicción de derechos y funciones públicas) quedará en el mismo lapso de la pena privativa de la libertad.
Finalmente, atendiendo a que la prisión domiciliaria es una pena sustitutiva creada por el nuevo Código Penal para que los condenados a penas de prisión las purguen en su residencia o morada y no en un centro de reclusión, es obvia su consideración inmediata en este caso por favorabilidad siempre y cuando se reúnan los requisitos legales que hagan viable su reconocimiento.
Según el artículo 38 del nuevo Código Penal, la prisión domiciliaria como
sustitutiva de la de prisión, se podrá reconocer en los siguientes eventos:
a) Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años o menos.
b) Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.
c) Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las obligaciones a que hace referencia ésta preceptiva.
Así, se observa que el elemento objetivo para el otorgamiento de la prisión domiciliaria se cumple, por cuanto la conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares, como se ha dicho, tiene pena mínima de prisión de cinco (5) años.
En lo relativo al elemento subjetivo, es decir, que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita inferir seria, fundada y motivadamente, que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena, no se cumple como enseguida se analizará.
En efecto, la finalidad del examen de las características familiares, laborales y sociales, en orden a la sustitución de que se trata, se encuentra enmarcada en la necesidad de que el procesado no vuelva a colocar en peligro a la comunidad mediante la continuación de su actividad delictual. Igualmente, que en un momento determinado no evadirá el cumplimiento de la pena.
Teniendo en cuenta los datos que obran en el expediente, los cuales han sido ampliamente reseñados en esta determinación, se puede concluir que el procesado colocará en riesgo a la comunidad si se le sustituye la pena de prisión por la domiciliaria, habida cuenta que se advierte desde una consideración de tipo general que la conducta punible por la que fue condenado Borrero Quijano produce mayor desasosiego entre los miembros de la comunidad, pues con extrañeza y desaprobación se observa que personas que aspiran a cargos de elección popular financian sus campañas políticas con dineros provenientes de actividades ilícitas, en especial, del narcotráfico, lo cual pone en evidencia el despreció que se tiene por los mínimos valores que deben llevar consigo aquellos sujetos que precisamente van representar a la comunidad en el manejo del Estado.
Así, como lo ha dicho la Corte, “el mérito de la prevención general, al lado de los demás fines de la pena radica en su vocación por la paz jurídica de la comunidad, cuya garantía incumbe fundamente al derecho penal, y la cual puede verse quebrantada o seriamente afectada cuando los asociados ven regresar inopinadamente a casa (así sea en detención o prisión domiciliaria) a quien, inicialmente visto y aceptado por ellos como guardián de la legalidad, después la ha vulnerado abiertamente, sin escrúpulos para acrecentar significativamente en la sociedad los males que él tenía como misión atacar. En realidad se deja a la comunidad afectada un sabor amargo de desequilibrio en la aplicación del derecho, una sensación de apertura a la impunidad que de pronto estimularía a otros, en medio del desconcierto, a seguir el mal ejemplo”5
Del mismo modo, se advierte en la ambición desmedida del procesado de enriquecerse de manera fácil e ilegal, proyectando la imagen de una persona que volvería a delinquir sin medir consecuencias de sus actos.
En fin, la buena conducta anterior a la comisión de la conducta punible observada por el procesado, no logra infundir a la Sala la tranquilidad necesaria de que se abstendrá de cometer nuevos hechos delictivos al regresar al seno de la comunidad, así sea al restringido ambiente de su hogar, y que al tiempo no evadirá el cumplimiento de la pena.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1.- CASAR la sentencia impugnada y, en consecuencia, condenar a Claudio Borrero Quijano a las penas principales de cinco (5) años de prisión y multa de cinco millones de pesos ($5.000.000), de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2.- De igual manera, imponer como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas (antes interdicción de derechos y funciones públicas) por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad.
3.- Declarar que el sentenciado Claudio Borrero Quijano no tiene derecho a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la de prisión, motivo por el cual para el cumplimiento de la pena se ordena inmediatamente su captura.
4.- Por Secretaría de la Sala, comuníquese esta decisión a las entidades correspondientes.
5.- En lo demás, el fallo del Juzgado Especializado de Cali no sufre ninguna modificación.
6.- Contra esta decisión no procede ningún recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
MARINA PULIDO DE BARÓN
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ HERMAN GALÁN CASTELLANOS
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
1 Sentencia del 4 de septiembre de 2002. M.P. Dr, Carlos Augusto Gálvez Argote. Radicación 15884.
2 Sentencia del 23 de septiembre de 2003. M. P. Dr. Herman Galán Castellanos. Rad. 16320.
3 Ver, entre otras, sentencia del 22 de septiembre de 2003, M. P. Dr. Hermán Galán Castellanos.
4 Sentencia del 3 de septiembre de 2001, M. P. Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego.
5 Auto del 23 de 2000. Rad. 16.997. M.P. Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego.