Proceso No 19869


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL



Magistrados Ponentes

MAURO SOLARTE PORTILLA

SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ


Aprobado acta número 06



Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil cinco (2005)



       Decide la Corte la demanda de casación interpuesta por el defensor de Luis Hebert España Peña, en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 29 de julio de 2001 por la sala de decisión penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual confirmó la del Juzgado quinto penal del circuito especializado que condenó al sindicado a la pena principal de 48 meses de prisión como autor del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.



HECHOS



Del llamado ‘proceso 8000’ se ordenó compulsar copias con el fin de averiguar el destino de múltiples cheques girados a varias personas desde diferentes cuentas corrientes bancarias, que al desconocerse el nombre del girador fueron consideradas como “cuentas fachadas” del denominado ‘Cartel de Cali’, las cuales utilizó esa organización para movilizar sumas millonarias de dinero, de las cuales al menos 246 millones, 758 mil, 272 pesos, ingresaron al patrimonio de Luis Hebert España Peña mediante la utilización de cuentas que fueron abiertas a nombre de Fernando Fernández.



ACTUACION PROCESAL



       1. Mediante auto del 7 de octubre de 1999, dentro del proceso 24249, uno de los fiscales especializados de la Sub unidad de delitos contra la salud pública, ordenó compulsar copias de varios títulos valores girados a favor de Fernando Fernández, lo cual motivo que el 25 de octubre del mismo año se abriera investigación previa por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.


       2. Durante la fase de investigación previa se logró establecer que Luis Hebert España Peña se identifica con la cédula de ciudadanía número 3.559.721 de Rionegro (Antioquia) y según las centrales de información financiara poseía vínculos con el Banco del Estado, Davivienda, Ahorramás y Granahorrar, aspectos que no se lograron acreditar respecto de Fernando Fernández.


       3. El Fiscal delegado ante los Jueces penales del circuito especializado, abrió investigación penal el día 20 de enero de 2000 y ordenó vincular mediante diligencia de indagatoria a Fernando Fernández, Marta Rosario peña y Luis Hebert España Peña.


       4. El 25 de enero, Luis Hebert España Peña, quien compareció voluntariamente, rindió diligencia de indagatoria, luego de lo cual la Fiscalía le resolvió la situación jurídica imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva como probable autor de los delitos de enriquecimiento ilícito de particular, en concurso con los de receptación y falsedad personal.


       5. El Ministerio Público recurrió en reposición y en subsidio en apelación la decisión al considerar que el delito falsedad personal había prescrito y el de receptación era atípico. El instructor aceptó el planteamiento que fue confirmado el 10 de junio de 2000  por la fiscalía de segunda instancia.


       6. El 21 de junio de 2000 se llevó a cabo la diligencia de formulación y aceptación de cargos en la cual se le imputó al sindicado la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.


       7. El Juzgado quinto penal del circuito especializado, mediante sentencia del 22 de febrero de 2001, condenó al procesado, y el Tribunal superior de Bogotá, el 29 de junio de 2001 la confirmó en su integridad.



DEMANDA DE CASACION



       Cargo Unico


       Violación indirecta de la ley sustancial por exclusión evidente del artículo 280 del código de procedimiento penal.


       A juicio del demandante, en la sentencia se acepta que el procesado aportó datos fundamentales para establecer la realidad histórica de los hechos por los cuales fue investigado y juzgado, aun cuando en ella se aclara que no escatimó esfuerzos para argumentar que actuó en ejercicio de una actividad lícita.


A su juicio, es claro que pese a que la confesión debe apreciarse teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, el Tribunal no analizó integralmente su contenido y solo tuvo en cuenta su “literalidad aislada”, tergiversando su sentido. En efecto, en ninguna parte de la sentencia se hace un estudio lógico del por qué el sindicado no escatimó esfuerzos para justificar el hecho, con lo cual se incurre en errores por falso raciocinio, que se hubiesen podido evitar respetando la crítica testimonial.


       Aduce que la confesión se produjo desde el primer momento de la indagatoria sin adiciones innecesarias; no se justificó la conducta, ni se alegó la inocencia. Sin embargo y pese a que el Tribunal acepta que el procesado aportó datos significativos para el esclarecimiento de los hechos, luego señaló que no fueron suficientes para establecer la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta, cuando expresamente el procesado consignó en la primera versión que por los medios de comunicación se enteró que recibir dineros del Cartel de Cali constituía delito.


       El Tribunal yerra cuando asume que la conducta se probó con los restantes medios de prueba que obran en el proceso, cuando lo cierto es que el procesado en la primera diligencia de indagatoria reconoció los diferentes cheques que ya se encontraban en el expediente, en señal demás evidente de que confesó un hecho que el Tribunal descartó para desestimar la diminuente por confesión.

       

       En su concepto, ha debido considerar la confesión como factor de disminución de la pena por las siguientes razones:


       Porque fue el fundamento de la sentencia, aun cuando en ella se le niegue esa eficacia. Las premisas del Tribunal, por lo tanto, no son mas que la reproducción de frases de la Fiscalía según las cuales los dineros se recibieron por honorarios originados en una actividad lícita. Pero si el procesado trabajó por honorarios, ese es un tema que no tiene mayor incidencia, porque el fundamento de la sentencia es la aceptación por parte del procesado de hechos que lo perjudican.


       De igual manera no es óbice para negarle el derecho a la rebaja de pena, que el escrito que entregó el procesado ya figurara en el proceso, porque el documento estaba sometido a la posibilidad de controversia, razón por la cual, antes de la indagatoria, ese escrito no tenía ningún valor; pero al aceptar su contenido, el escrito adquirió validez y eficacia para tenerlo como parte integral de la aceptación de los hechos.



CONCEPTO DE LA PROCURADORA PRIMERA DELEGADA



       Es evidente que el demandante ataca la sentencia por haber incurrido el sentenciador en un error de hecho por falso raciocinio, a lo cual se debe contestar, como lo tiene dicho la jurisprudencia, que tal error recae no sobre la materialidad de la prueba, sino al desconocer las reglas de la sana crítica, declarando una verdad contraria a la que refleja el proceso. (Sentencia del 29 de mayo de 2003, radicado 19199. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego)


       Es de elemental exigencia, frente a este tipo de error, que el demandante señale cuáles fueron las máximas de la experiencia que el Tribunal infringió, o las leyes de la ciencia o de la lógica, destacando a su vez cuál la regla o la ley de la ciencia o las máximas de la experiencia que debió tener en cuenta para suplir la que fue omitida, indicando de ese modo como ese defecto trasciende hasta el punto de afectar el sentido de la decisión final.


       Pero el censor desconoce esos presupuestos, pues señala que el sentenciador tergiversó la prueba, siendo que esa temática corresponde a un error de hecho por falso juicio de identidad. Y no solo eso, pues en últimas lo que el libelista ensaya es un discurso en el cual trata de mostrar que las pruebas, documentales o testimoniales, tienen una convicción que no es mejor que la confesión de su defendido y que por lo tanto ha debido degradarse la pena por virtud de la aceptación de los hechos que le fueron imputados y los cuales efectivamente aceptó.


       De esta manera, el ataque simplemente lo que muestra es la particular discrepancia que el demandante tiene con respecto a los fundamentos expresados en la sentencia, impidiendo por tanto un examen a fondo del asunto al desarrollar su análisis por fuera del marco teórico de la causal y del sentido del error invocado.


       De otra parte, la rebaja por confesión procede cuando ella se constituye en el fundamento de la sentencia, como lo expresó la Corte desde antes de entrar en vigencia el actual código de procedimiento penal, o cuando de ella se puede decir que es útil, según la terminología de ahora. Mas como en ningún caso el procesado admitió ser el autor del comportamiento investigado, la rebaja no procede.


Por último, solicita que se case oficiosamente la sentencia para preservar el principio de legalidad, que impera sobre el de reformatio in pejus, pues a la pena principal debe adicionarse la de interdicción de derechos y funciones públicas, que los juzgadores de instancia dejaron de considerar, siendo perentoria su imposición.



CONSIDERACIONES DE LA CORTE



       La Corte no casará la sentencia por razones de técnica y de fondo.


Razones de técnica


De acuerdo con el artículo 212 del código de procedimiento penal, los cargos deben plantearse con claridad, coherencia y precisión, explicando en todo caso sus fundamentos y las normas que se estima infringidas, con el fin de cumplir con el principio de autosuficiencia. Pero no solo por esa razón, sino porque de acuerdo con el principio de limitación, que es inherente al recurso de casación, la Corte no puede complementar los cargos ni suplir las deficiencias argumentativas del censor.


       Por supuesto que la dogmática de la casación no busca que ella sea un fin en sí mismo, sino que encauza el recurso en procura de lograr su propósito de unificar la jurisprudencia, amparar las garantía debidas a las personas que intervienen en el proceso penal y reparar los agravios inferidos a las partes, para lo cual es necesario que en la demanda se señale en forma inequívoca la causal y que los cargos se desarrollen de acuerdo a la temática escogida, todo en aras de lograr los fines últimos de la casación.


       Estos propósitos se impiden cuando el censor no logra demostrar el defecto y las incidencias del mismo en la declaración de justicia final, como cuando, como ocurre ahora, el demandante no logra articular su propuesta ni desarrollarla como corresponde al marco de la causal seleccionada. En efecto, con apoyo en la causal primera de casación, el libelista ataca la sentencia de segundo grado por haber incurrido el sentenciador en errores de hecho por falso raciocinio al no haber apreciado la confesión del procesado. Si tal era su finalidad, ha debido indicar cuáles fueron los principios de la lógica, las leyes de la ciencia o las máximas de la experiencia que el juzgador ignoró, para elaborar una nueva interpretación de la prueba, destacando la regla, la ley o la ciencia ignorada, con el fin de demostrar, mas que solo denunciar, el error indicado, que es por esencia apreciativo. 1

       

       Es mas, como muy bien lo anota el Ministerio Público, al considerar el demandante que el Tribunal al analizar la confesión del sindicado tuvo en cuenta tan solo apartes de su literalidad que lo llevaron a tergiversarla, se desliga del punto de partida, como quiera que una tal noción no corresponde a una modalidad del error de hecho por falso raciocinio, sino a una expresión del error de hecho por falso juicio de identidad, que es por esencia objetivo contemplativo.        


       La propuesta del demandante termina, por fuerza de esas imprecisiones, siendo un ensayo de libre elaboración en el cual trata de demeritar el valor persuasivo de los demás medios de prueba, para sacar avante su tesis de que la confesión fue esencial a la hora de dictar la sentencia, en perjuicio de la diminuente de la pena a que el procesado tendría derecho, según su particular criterio.        


Razones de fondo


       Es necesario precisar que los hechos ocurrieron cuando aún estaba vigente el artículo 299 del decreto 2700 de 1991, norma que con respecto a la rebaja de confesión disponía lo siguiente:


       “A quien fuera de los casos de flagrancia, durante su primera versión ante el funcionario judicial que conoce de la actuación confesare el hecho, en caso de condena, se le reducirá la pena en una sexta (1/6) parte.”


La Sala había interpretado esa disposición, en principio, en el sentido de que para que operara la diminuente por confesión se requería, además de los presupuestos allí indicados, que ella fuera el fundamento de la sentencia. Al respecto expresó:


“La confesión, como otros mecanismos procesales ideados por la ‘justicia consensuada’, forma parte del generalmente denominado ‘derecho penal premial’ o de ‘los arrepentidos’, institución que, pragmáticamente hablando, encuentra como sustento la agilidad que se quiere imprimir a la administración de justicia, con el fin de evitar y disminuir su congestión. Si una persona, entonces confiesa solo parte del hecho punible, por ejemplo la mera realización física del mismo, y condiciona su responsabilidad a la demostración de circunstancias impedientes de la antijuridicidad o disolventes de la culpabilidad, no tiene derecho al reconocimiento o estímulo estatal pues con ello en vez de colaborar en la búsqueda de pronta justicia, hace que el proceso se tramite en condiciones normales e, inclusive que, en veces, se trastorne mas su desarrollo.”


“Como consecuencia de lo anterior, nace otra exigencia: que la confesión sea el soporte de la sentencia. Si no es así, la supuesta aceptación o narración del ‘hecho’ resulta írrita, exigua, es decir, sin valor atendible para la construcción probatoria del fallo.” 2


Así mismo, la Sala estimó que la rebaja por confesión procedía no solo ante confesiones simples y llanas, sino también cuando a pesar de ser calificadas, las mismas resultaban de “utilidad decisiva para la justicia.” 3


Un tercer momento está ligado con la expedición de la ley 600 de 2000, que modificó sustancialmente el contenido del artículo 299 del anterior estatuto procesal, lo cual llevó a la Corte a precisar al respecto lo siguiente:


       “… la expresión confesare su autoría o participación en la conducta punible que se investiga que contempla el artículo 283 de la ley 600 de 2000, no guarda correspondencia con la expresión ‘confesare el hecho’ que preveía el pluricitado artículo 299, habida cuenta que la última locución citada, permitía identificar hecho con hecho punible …”


       En síntesis, al tenor del artículo 283 del nuevo código de procedimiento penal, el procesado tiene derecho a la rebaja de la pena allí contemplada, salvo en los casos de flagrancia, cuando en la primera versión que rinda ante la autoridad judicial competente confiese, sea de manera simple o cualificada, el hecho o la participación de la conducta punible que se investiga y que la misma sea útil y determinante para los fines de la investigación y el convencimiento del juzgador.” 4


       Bajo el marco teórico indicado, se debe precisar que no obstante que los hechos ocurrieron con anterioridad a la fecha en la cual entró a regir la ley 600 de 2000, no por ello se puede eludir el estudio de las disposiciones del nuevo estatuto, pues éstas contienen elementos que implican un tránsito legislativo con efectos sustanciales favorables. En efecto, como se ha visto, no se requiere ahora la confesión de un “hecho punible”, sino la aceptación de la “autoría o participación”, que es una exigencia de menor entidad que la que exigía la anterior codificación, la cual a su vez permite, sin ambages, que se acepte el reconocimiento de la diminuente frente a confesiones cualificadas, pero siempre y cuando, se reitera, ellas sean útiles en sí mismas para obtener la certeza que un fallo de condena reclama.


       En este contexto, aceptar la autoría o participación significa que se acepta la ejecución, ya sea como autor, determinador, cómplice o interviniente de la conducta punible que se investiga, es decir, de un comportamiento con relevancia jurídico penal. No se trata, entonces, de admitir un hecho neutro, como ocurre ahora, en donde el procesado simplemente aceptó haber recibido dineros de Miguel Rodríguez Orejuela como contraprestación a sus servicios. Si se quiere, admitió ser el autor de una actividad lícita, pero confesar no es eso, sino asumir las consecuencias desfavorables que se derivan como consecuencia de admitir la autoría de un comportamiento penalmente relevante.


       Véase:


En la diligencia de indagatoria el sindicado manifestó:


       “Las únicas actuaciones de mi vida las cuales creo que solo pueden ser objeto de una investigación son las que se encuentran contenidas en el disket y escrito que acabo de entregar y se refieren a unos cheques que yo recibí del señor Miguel Rodríguez Orejuela como honorarios de una asesoría de seguridad y la suplantación que hice del hermano de mi señora esposa, José Fernando Fernández Montoya, consistente en la apertura de unas cuentas corrientes en las cuales consigné cheques que recibí del señor Miguel Rodríguez Orejuela…”


Luego indicó lo siguiente:


       “…En 1984 conocí al señor Miguel Rodríguez Orejuela únicamente con el vínculo de que yo le realicé un estudio de seguridad, no tuve ningún otro vínculo con el señor Rodríguez, distinta al asesoramiento que presté por varios años, cuyo valor no lo puedo precisar por no haber tenido la precaución de llevar una anotación detallada de esos honorarios. Puedo hacer un cálculo que puede estar en una cantidad de ciento treinta a ciento ochenta millones de pesos.”


       Como se comprende, de ese texto no se deduce que el sindicado haya confesado la autoría de una conducta punible, pues el delito de enriquecimiento ilícito de particulares requería aceptar que obtuvo un incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas, que fue precisamente lo que en su diligencia de indagatoria no aceptó. Admitió si, haber suplantado a su familiar Fernando Fernández, pero sobre ese particular la Fiscalía precluyó la investigación al considerar que la acción penal había prescrito.


       Es mas, tan es que el procesado no aceptó ser el autor de esas conductas delictivas, que el Tribunal con sobradas razones expresó:


“Es claro, entonces, que en el caso a estudio, el señor Luis Hebert España Peña, en su primera versión procesal no reveló las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran establecer la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de su conducta, las que se determinaron con certeza por los restantes medios de prueba que se allegaron al investigativo. Por lo tanto, no es dable reconocer las rebaja de pena por confesión.”


       No es necesario considerar si la confesión fue el fundamento de la sentencia, o si fue útil, pues estos son predicados de la confesión, que desde luego el procesado jamás reconoció. En consecuencia, mal se puede decir que se dejó de aplicar la rebaja de pena y que con ello se violó directamente la ley sustancial por exclusión evidente, como el censor lo aduce, de modo que el cargo no prospera.



Casación oficiosa


       El Ministerio Público solicita que se case la sentencia oficiosamente y la Sala procederá en consecuencia. Claro, porque como muy bien se indica, a la pena principal, las instancias dejaron de agregarle la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, en perjuicio del principio de legalidad (artículos 52 del decreto 100 de 1980 y 53 de la ley 599 de 2000).


       Aun cuando se podría pensar que como el recurrente fue apelante único y que como nadie mas que él controvirtió la sentencia no sería posible adicionarle la pena accesoria sin desconocer el principio de la reforma en perjuicio (artículo 31 de la Carta Política), la Sala tiene una posición muy distinta al respecto cuando la situación expresa un conflicto entre el principio de legalidad y el de la reformatio in pejus. En efecto, es fundamental al respecto la providencia del 28 de octubre de 1997, en la cual se manifestó lo siguiente:


       “La Sala ha venido considerando que dada la Constitucionalización del principio de legalidad y habida cuenta del mandato que sobre el carácter normativo de la Carta contiene la propia Constitución, no es posible sostener la prevalencia de la prohibición de la reforma en peor de las sentencias (artículo 31) para aplicar esta última disposición en perjuicio de aquel. La garantía fundamental que implica el principio de legalidad (artículo 29), no se puede agotar en la recordada perspectiva de la ‘protección del procesado’ en un evento determinado, sino que ella trasciende en general a todos los destinatarios de la ley penal a fin de que el estado (a través de los funcionarios que aplican la ley, estos es, los jueces) no pueda sustraerse de los marcos básicos (mínimo y máximo) de la pena declarada por el legislador para cada tipo penal o para cada hecho punible.”


“Grave perjuicio a la igualdad de todos ante la ley penal (basilar en el Estado de Derecho) se originaría de admitir que por la vía particular de la sentencia, un sujeto de derecho pudiera recibir penas mas allá de los límites máximos dispuestos por el legislador, o que estén por debajo de sus límites mínimos, o no consagrados en la ley. De ahí que se acuda al principio de coexistencia de las disposiciones constitucionales para intentar un marco de aplicación que no sacrifique ninguna de las garantías (legalidad de la pena y exclusión de reformatio in pejus) en detrimento de la otra, y que de paso tampoco desconozca principios, valores y derechos también fundamentales como los de separación de poderes (artículos 1 y 113), sometimiento del juez al imperio de la ley (entendiendo en ella a la Constitución misma) (artículos 4 y 230), primacía y aplicación de los derechos fundamentales (artículos 84, 93 y 94) y reserva del legislador para la expedición de códigos (artículos 28 y 50), entre otros” 5

       

       En orden a restaurar el imperio del principio de legalidad, la Sala casará oficiosamente la sentencia ante la exclusión evidente del artículo 52 del decreto 100 de 1980, como forma de restaurar la garantía quebrantada. Por lo tanto, complementará, fungiendo como Tribunal de instancia, la pena impuesta al recurrente único, en el sentido de adicionarle a la pena principal impuesta la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de aquella.



Por lo expuesto, LA SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,



RESUELVE



       1. Desestimar la demanda de casación presentada en el presente asunto.


       2. Casar oficiosamente la sentencia. En consecuencia, adicionar a la pena principal que le fuera impuesta a Luis Hebert España Peña la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones publicas por el mismo lapso de la pena principal.


       

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.




MARINA PULIDO DE BARON





SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ                HERMAN GALAN CASTELLANOS

Permiso




ALFREDO GÓMEZ QUINTERO                   EDGAR LOMBANA TRUJILLO





ALVARO O. PÉREZ PINZON                        JORGE L. QUINTERO MILANÉS





YESID RAMÍREZ BASTIDAS                             MAURO SOLARTE PORTILLA




TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria









1 Cfr, En este sentido, Corte Suprema de Justicia, casación del 2 de mayo de 2003, radicado 17375, M.P. Fernando Arboleda Ripoll.

2 Corte Suprema de justicia, casación 11199, 31 de enero de 2002, M.P. Jorge Gómez Gallego.

3 Corte Suprema de Justicia, casación 9869, 20 de noviembre de 1996, M.P. Ricardo Calvete Rangel

4 Corte Suprema de Justicia, casación 15293, 22 de septiembre de 2004, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. En éste sentido es fundamental la sentencia del 10 de abril de 2003, radicado 11960, M.P. Yesid Ramírez Bastidas

5 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 28 de octubre de 1997, M.P. Carlos Mejía Escobar. Esta interpretación se ha consolidado como una línea jurisprudencial que por mayoría la Sala ha adoptado, entre otras en las providencias del 20 de febrero de 2003, radicación 17580, M.P. Jorge Anibal Gómez Gallego; 29 de mayo de 2003, radicado 13708, M.P. Carlos Augusto Galvez Argote; 12 de junio de 2003, radicación 15564 y 31 de junio de 2003,; 31 de julio de 2003, radicación 15063, M.P. M.P. Herman Galán Castellanos; 26 de noviembre de 2003, radicación 14066, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés; 10 de marzo de 2004, radicación 17490, Alfredo Gómez Quintero; 4 de agosto de 2004, radicación 15415, M.P. Yesid Ramírez Bastidas