Proceso No 20608


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL



Magistrada Ponente:

MARINA PULIDO DE BARÓN

Aprobado Acta No. 027.


       Bogotá D.C., abril veinte (20) de dos mil cinco (2005).



VISTOS



La Sala se pronuncia de fondo sobre la demanda de casación presentada por el Procurador 117 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de la misma ciudad el 9 de octubre de 2002, mediante la cual condenó a LUIS JAVIER GONZÁLEZ MONSALVE a la pena principal de veintiséis (26) meses de prisión como autor penalmente responsable del delito de homicidio doloso en Cesar Augusto Velásquez Estrada, cometido en estado de ira, decisión que modificó el fallo dictado el 21 de agosto del mismo año por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito del referido municipio, que lo había condenado por tal punible a la pena principal de trece (13) años de prisión, sin reconocer la mencionada diminuente punitiva.

La Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal solicita en su concepto no casar la sentencia impugnada por considerar que carecen de razón los argumentos planteados por el Ministerio Público.



HECHOS



       Los hechos que motivaron este diligenciamiento fueron adecuadamente declarados por el ad quem así:


“En la noche del veintiocho de octubre de 2001, ebrio, llegó a su residencia situada en el Barrio San Cristobal Luis Javier González Monsalve. Como no hubiere amanecido en la residencia, su cónyuge le reclamó la ausencia, Luis Javier entonces se enojó originándose así una agria discusión, Nancy Elena González Muñoz, hija de ambos y quien reside cerca de ellos se percató de lo ocurrido (sic) salió hacia ese lugar. Tras de ella partió su cónyuge Cesar Augusto Velásquez Estrada, quien al llegar donde sus suegros se deshizo en improperios contra Luis Javier hasta el punto que se fueron a golpes. Gracias a la intervención de terceros la situación se apaciguó temporalmente. Ambos se retiraron a sus aposentos. Empero, al poco (sic) Cesar Augusto apareció de nuevo desde la calle reiteró los graves insultos y provocaciones contra su afín, quien entonces salió al encuentro. Luego de un forcejeo, Velásquez Estrada resultó lesionado en el pecho con arma corto-punzante, a consecuencia de lo cual en pocos minutos falleció”.

ACTUACIÓN PROCESAL



El mismo día de los hechos la Fiscalía Seccional de Medellín dispuso la apertura de investigación previa, fecha en la cual fue aprehendido LUIS JAVIER GONZÁLEZ MONSALVE. Al día siguiente de declaró abierta la instrucción, en cuyo marco aquél fue vinculado mediante indagatoria y se le definió su situación jurídica el 2 de noviembre de 2001 con medida de aseguramiento de carácter detentivo como presunto autor del delito de homicidio simple.



Cerrada la investigación, el sumario fue calificado el 19 de febrero de 2002 con resolución de acusación en contra del procesado como posible autor de la misma conducta punible que motivó la medida asegurativa.


La etapa del juicio fue adelantada por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín, despacho que una vez surtido el rito correspondiente y celebrada la audiencia pública profirió sentencia el 21 de agosto de 2002, por cuyo medio condenó a LUIS JAVIER GONZÁLEZ MONSALVE a la pena principal de trece (13) años de prisión, a la accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas “por un lapso igual al de la pena principal” y al pago de la respectiva indemnización, como autor penalmente responsable del delito por el que fue acusado.

Al conocer del recurso de apelación interpuesto contra el fallo por la defensa, el Tribunal Superior de Medellín decidió modificarlo, en cuanto condenó a GONZÁLEZ MONSALVE a la pena de veintiséis (26) meses de prisión por el delito de homicidio cometido en estado de ira y además, le concedió el subrogado penal de la condena de ejecución condicional. Esta providencia es ahora objeto de impugnación extraordinaria por parte del Ministerio Público.


LA DEMANDA


El Procurador 117 Judicial Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín plantea un cargo único contra la sentencia proferida por el ad quem, formulado al amparo de la causal primera, cuerpo primero, por violación directa de la ley sustancial determinado por la falta de aplicación del inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.


Para demostrarlo expone que el ad quem en la parte resolutiva del fallo atacado señaló que modificaba la decisión de primer grado en el sentido de rebajar la pena privativa de la libertad de trece (13) años a veintiséis (26) meses de prisión y concedió al procesado la condena de ejecución condicional, pero anotó que “en lo demás rige la providencia de instancia”.


De lo expuesto concluye que la sentencia de segundo grado mantuvo la pena accesoria en ciento cincuenta y seis (156) meses, con lo cual desconoció lo establecido en el artículo 52 del estatuto penal vigente que limita la referida sanción a un máximo igual al de la pena a la que accede y hasta por una tercera parte más.


Agrega que con el yerro denunciado se quebrantó el principio de legalidad, pues correspondía al Tribunal ajustar la pena accesoria de conformidad con el quantum establecido para la sanción principal, omisión que derivó en un protuberante agravio para el procesado.


Con base en lo expuesto, el demandante solicita casar parcialmente el fallo atacado, para que se dosifique la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal.


CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO


La Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal solicita en su concepto no casar la sentencia impugnada por considerar que si bien el Ministerio Público tiene interés para impugnar en casación, pues aunque no impugnó la sentencia de primer grado, el Tribunal modificó la dosificación de la pena efectuada por el a quo, es lo cierto que “hizo una lectura equivocada de los fallos de instancia” que constituyen una unidad jurídica inescindible.


       Resalta que si en el numeral segundo del fallo de primera instancia se condenó al procesado “a la pena de interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal” (subrayas de la Delegada) y el ad quem decidió modificar dicha sanción, en el sentido de imponer al acusado veintiséis (26) meses de prisión, a la vez que revocó el numeral quinto y dispuso otorgarle la condena de ejecución condicional, es evidente que la pena accesoria también fue modificada, esto es, que su duración corresponde a la misma de la pena principal, veintiséis (26) meses de prisión.


Y agrega que lo anterior es así, dado que el a quo no tasó la pena accesoria en ciento cincuenta y seis (156) meses, pues simplemente dispuso que la pena accesoria correría por un término análogo al de la principal, en atención a que “lo accesorio sigue a lo principal”.



CONSIDERACIONES DE LA CORTE



Previo a abordar el estudio de fondo de la censura planteada por el Ministerio Público, es necesario precisar que en el ámbito de la interposición de los recursos dentro del proceso penal, es imprescindible cumplir las exigencias, tanto de legitimación en el proceso, como de legitimación en la causa.


La legitimación en el proceso constituye uno de los presupuestos de procedencia de la impugnación de las providencias judiciales, en virtud de la cual, es preciso que el recurrente ostente la condición de sujeto procesal habilitado para actuar.


La segunda, esto es, la legitimación en la causa, corresponde a un presupuesto en virtud del cual es necesario que al impugnante le asista interés jurídico para atacar el proveído, esto es, que la decisión le cause perjuicio a sus intereses, pues no hay lugar a inconformidad frente a providencias que le reporten un beneficio o que simplemente no lo perjudiquen. Sobre el particular, el artículo 186 del estatuto procesal penal dispone que “los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico”.


Al respecto tiene dicho la Sala que para acudir a este recurso extraordinario es necesario, por regla general, que el demandante haya impugnado el fallo de primer grado, pues si guarda silencio frente a tal decisión, se entiende que se encuentra conforme con lo decidido y en virtud de ello, renuncia a su interés en atacar la providencia, motivo por el cual no puede pretender luego hacer uso de una oportunidad que ya tuvo y que dejó voluntariamente precluir.



El Ministerio Público no está exento del deber de recurrir el fallo de primer grado, si aspira a adquirir legitimidad para un eventual recurso de casación, pues el interés general que representa o su reconocida condición de imparcialidad, no trastocan la calidad de sujeto procesal que debe actuar en igualdad de condiciones respecto de los demás, sin privilegios que no hayan sido reconocidos por la propia ley1.


No obstante, también se ha precisado que la referida exigencia para acceder a este mecanismo impugnaticio extraordinario se exceptúa en los siguientes casos: Primero, cuando se acredite que de manera arbitraria se impidió al impugnante el ejercicio del recurso de instancia. Segundo, cuando el fallo proferido por el ad quem modifique de manera negativa, desventajosa o más gravosa la situación de quien pretende demandar en casación. Tercero, cuando se surte el grado jurisdiccional de la consulta y resulta agravada la situación de quien no impugnó. Y cuarto, cuando la propuesta del demandante en casación se orienta a conseguir la declaratoria de nulidad2.


Advertido lo anterior se tiene en el caso objeto de estudio, que si bien el Procurador Judicial no impugnó el fallo de primera instancia, es lo cierto que se encontraba posteriormente habilitado para demandar en casación la sentencia proferida por el Tribunal, dado que su interés emerge de la modificación introducida por dicha Colegiatura a la pena impuesta al procesado LUIS JAVIER GONZALAEZ MONSALVE, la cual lo llevó a concluir que la sanción accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas no fue adecuadamente dosificada, pues le correspondía un quantum inferior y que un tal proceder había violado de manera directa la ley sustancial en desmedro de los intereses del acusado.


Así las cosas, sin dificultad se observa que al interponer el recurso extraordinario de casación, el Ministerio Público actúa con pretensiones de defensa, de donde resulta que, como ya se dijo, le asiste interés para acceder a la mencionada impugnación (legitimación en la causa).


       También es preciso señalar que si bien el Procurador Judicial impugnante representó al Ministerio Público ante el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín, igualmente fungió como tal ante el Tribunal Superior de la misma ciudad, ya que se notificó de la sentencia de segunda instancia, razón por la cual se encontraba legitimado para impugnar dicha providencia en casación3

(legitimación en el proceso).


       Una vez dilucidados los anteriores presupuestos para acceder a este recurso extraordinario, observa la Sala en punto de la censura objeto de estudio que la Ley 599 de 2000 establece que las penas pueden ser principales, sustitutivas o accesorias. Las primeras, es decir, aquellas señaladas por el legislador como consecuencia de un determinado supuesto de hecho definido como punible, son la prisión, la multa y las demás privativas de otros derechos que como principales se consagren en la respectiva disposición legal.

       Las penas sustitutivas, esto es, las que reemplazan la forma en que deben ejecutarse las penas principales de prisión y multa, son la prisión domiciliaria respecto de la pena de prisión y el arresto de fin de semana con relación a la sanción de multa.


       Y las penas accesorias, que corresponden a aquellas dispuestas por el juez para la privación de otros derechos cuando: i) Guarden relación directa con la conducta punible en razón del abuso de tales derechos, ii) Hayan facilitado la comisión del delito o iii) Su restricción contribuya a la prevención de conductas similares a la que motivó la condena.


       El inciso 3º del artículo 52 del Código Penal señala que “en todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede”.


       De conformidad con el artículo 103 del estatuto penal, el delito de homicidio sólo tiene como pena principal la de trece (13) a veinticinco (25) años de prisión, motivo por el cual, imprescindible resulta imponer la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.


       En el caso objeto de estudio se tiene que en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo de primer grado el a quo dispuso condenar a LUIS JAVIER GONZALEZ MONSALVE “a la pena accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal” (subrayas fuera de texto), la cual fue tasada en ciento cincuenta y seis (156) meses de prisión.


       A su vez, el ad quem decidió confirmar la sentencia impugnada, “pero con la modificación en el sentido de que la pena privativa de la libertad será de VEINTISÉIS (26) MESES DE PRISIÓN (…) En lo demás rige la providencia de instancia” (subrayas en el texto).

       Por tanto, puede concluirse que si la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas en tratándose, entre otros, del delito de homicidio, no es autónoma, sino que tiene la condición de dependiente de la pena de prisión, es claro que aquella accede a esta, en cuanto lo accesorio sigue a lo principal.



       Entonces, si el fallo de segundo grado únicamente modificó la pena  principal en el sentido de rebajarla de trece (13) años a veintiséis (26) meses de prisión por reconocer que el procesado actuó en estado de ira y dejó incólume en lo demás la providencia impugnada, encuentra la Sala que la pena accesoria, precisamente por tener tal carácter y ser dependiente de la sanción principal, corrió la misma suerte, es decir, también fue rebajada a veintiséis (26) meses, sin que entonces la queja del actor tenga asidero alguno, como no sea una indebida lectura de la parte resolutiva del fallo de primera instancia y su concatenación lógica con lo decidido por el Tribunal.


       En efecto, como acertadamente lo resalta la Procuradora Delegada, el a quo “en ningún momento fijó la pena accesoria en 156 meses, como equivocadamente lo entiende el Procurador recurrente. Lo que hizo fue disponer que la pena accesoria correría por un término análogo al de la pena principal”.


Con base en lo anterior, estima la Sala que si el cargo postulado y desarrollado por el recurrente carece de fundamento no está llamado a prosperar.


       En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE


NO CASAR la sentencia recurrida.


Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.





MARINA PULIDO DE BARÓN




SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ                HERMAN GALÁN CASTELLANOS





ALFREDO GÓMEZ QUINTERO                ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO





ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN        JORGE LUIS QUINTERO MILANES





YESID RAMÍREZ BASTIDAS                MAURO SOLARTE PORTILLA





TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria





1 Cfr. Auto del 2 de junio de 1998. Rad. 14072. M. P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

2 Cfr. Sentencia de agosto 29 de 2002. Rad. 16370. M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll, entre otras.

3 Cfr. providencia del 29 de enero de 2004. Rad. 20438. M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego.