Proceso No 22779


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL



MAGISTRADO PONENTE

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

APROBADO ACTA No. 053


Bogotá, D. C., treinta (30) de junio del dos mil cinco (2005).


ASUNTO


Se deciden los recursos de casación interpuestos por los defensores de los señores RENÉ ARMANDO LÓPEZ ÁVILA, FLORENCIO VENTÉ URREGO y DAGOBERTO PALOMINO CHAGUALA contra el fallo dictado por el Tribunal Superior de Bogotá el 22 de agosto del 2003, que confirmó la sentencia condenatoria expedida el 22 de agosto del 2001 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad.


HECHOS


Como resultado de una operación encubierta llevada a cabo por la División Antinarcóticos de la Policía Nacional, se logró que el 24 de octubre de 1998 la DEA incautara 96.6 kilogramos de cocaína en la ciudad de Miami.


Más tarde se produjo la aprehensión de RENÉ ARMANDO LÓPEZ ÁVILA, FLORENCIO VENTÉ URREGO, DAGOBERTO PALOMINO CHAGUALA, CARLOS ARTURO TORRES RÍOS y LUZ MARINA PARRA LÓPEZ, a quienes se les imputó ser miembros de la organización de narcotráfico que había hecho el envío.


Al momento de su captura, el señor LÓPEZ ÁVILA entregó la suma de $ 10.000.000 para que no se le vinculara con las actividades ilícitas.


ACTUACIÓN PROCESAL


El 3 de abril del 2000, un fiscal adscrito a la Unidad Nacional de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima formuló resolución acusatoria contra las mencionadas personas por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir en actividades de narcotráfico. El señor LÓPEZ ÁVILA, además, fue acusado por el delito de cohecho.


Aunque la providencia fue apelada por el defensor de éste, el posterior desistimiento que luego presentó fue aceptado por la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de julio del 2000, fecha en que, en consecuencia, adquirió firmeza el vocatorio a juicio.


Mediante sentencia del 22 de agosto del 2001, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a los señores VENTÉ URREGO, PALOMINO CHAGUALA, TORRES RÍOS y PARRA LÓPEZ a 18 años de prisión, multa por valor de 18.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas por igual término al de la pena privativa de libertad, como coautores de los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir en actividades de narcotráfico.


Por los mismos ilícitos y también por el de cohecho, LÓPEZ ÁVILA fue condenado a 19 años de prisión, multa por valor de 18.050 salarios, interdicción de derechos y funciones públicas y prohibición para celebrar contratos con la administración, estas dos últimas penas por tiempo igual al de la primera.


Además, el A quo decretó la extinción del derecho de dominio sobre unos vehículos y el dinero incautados.

Los defensores de todos los procesados, exceptuada la señora PARRA LÓPEZ, recurrieron el fallo. El Tribunal, mediante sentencia del 22 de agosto del 2003, lo confirmó en todas sus partes, menos en cuanto a la extinción de dominio de los vehículos, orden que revocó.


Contra la sentencia de segunda instancia todos los condenados interpusieron recurso de casación, pero la Corte sólo admitió las demandas presentadas por los defensores de los señores LÓPEZ ÁVILA, VENTÉ URREGO y PALOMINO CHAGUALA.

LAS DEMANDAS


1. A nombre de RENÉ ARMANDO LÓPEZ ÁVILA.


Con apoyo en el cuerpo primero de la causal primera de casación, su defensor acusó la sentencia de segunda instancia por la violación directa de la ley sustancial derivada de la aplicación indebida de los artículos 33 y 38 de la Ley 30 de 1986 y otras disposiciones de la Carta Política y de los estatutos procesales de 1991 y del 2000.


En desarrollo del cargo, señaló que el fallo de condena se sustentó en la prueba documental que en idioma inglés se aportó al proceso, al parecer remitida por las autoridades de la DEA en Miami, con la que se pretendía demostrar la incautación de los 96.6 kilogramos de cocaína y la existencia del concierto.


Los juzgadores no tuvieron en cuenta, sin embargo, que el aporte de los documentos no se hizo de acuerdo con las reglas previstas en el estatuto procesal, según las cuales, por haber sido practicadas fuera del país, era necesario, entre otros requisitos, agregarlas en copia auténtica y verterlas al castellano por traductor oficial, incorporar certificaciones en el sentido de haber sido recaudadas válidamente y que obran en actuación penal o administrativa y obtenerlas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.


Como se incumplieron estas exigencias, los documentos no podían ser apreciados.


Por lo tanto, se debe casar la sentencia para que, excluida la prueba ilegal, se absuelva a los procesados, pues los testimonios de Eduard Rodríguez y Agustín Barajas son insuficientes para sostener el fallo de condena, que tampoco puede soportarse en informes de policía judicial ni en la entrega del dinero que LÓPEZ ÁVILA hizo para evitar su captura.


2. A nombre de FLORENCIO VENTÉ URREGO.


Dos cargos le hizo su defensor a la sentencia de segunda instancia:


El primero, con base en el cuerpo segundo de la causal primera, porque el Ad quem incurrió en error de derecho por falso juicio de legalidad al apreciar como prueba trasladada unos documentos, sin observar los requisitos de validez. Y como los testimonios de Eduard Rodríguez y de Agustín Barajas son contradictorios, ningún medio de convicción permite declarar la responsabilidad del señor VENTÉ.


Solicita, en consecuencia, se case la sentencia impugnada y en su lugar se absuelva al procesado.


El segundo reproche lo edificó en la violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho en la apreciación de la prueba, derivados de falsos juicios de existencia, identidad y valoración.


El primer error por falso juicio de existencia sobre un hecho indicador, lo hizo consistir en que el Tribunal concluyó que el señor VENTÉ era parte de la empresa criminal que despachó la droga a Estados Unidos, no obstante que Agustín Barajas, el oficial encubierto que dio la información, afirmó que quienes lo contactaron fueron José Sánchez y Jorge Bolívar, responsables del envío, y quienes manipularon la droga para introducirla en los aviones que la transportarían a Miami fueron Agustín Barajas, César Figueredo y César Figueroa. Ninguna mención se hizo del señor VENTÉ realizando tareas de cooperación, colaboración o participación en el tráfico de la sustancia.


Estas circunstancias le hicieron decir al magistrado disidente de la sala Ad quem que no existía prueba de autoría, como ya lo había expresado la fiscalía en la audiencia pública al solicitar la absolución de los procesados por el delito de narcotráfico. 


Otro yerro de la misma naturaleza cometió el Tribunal cuando, con fundamento en la declaración del agente encubierto Eduard Rodríguez Dicelis, admitió que VENTÉ URREGO integraba la organización de narcotráfico.


El Ad quem hizo énfasis en la afirmación de Rodríguez Celis sobre el reconocimiento que le hiciera CARLOS ARTURO TORRES RÍOS, en el sentido que el cargamento decomisado en Estados Unidos era de su organización. Pero en declaración del 18 de diciembre de 1996, el propio Rodríguez sostuvo que –según TORRES- un envío proyectado para el 26 de octubre de ese año no se había realizado por un supuesto operativo que se haría en el aeropuerto El Dorado, de manera que no es verdad que el plan hubiera abortado por el decomiso en Miami, como sin prueba alguna se pregonó en las instancias.


El error de hecho recae sobre la inferencia, no sobre el hecho indicador, pues esa incautación se asoció con los hechos imputados a los procesados gracias a las versiones de Barajas y Rodríguez que, en todo caso, registran desaciertos e inverosimilitudes como que éste no mencionó a VENTÉ y aquél hizo tantas conjeturas y exageraciones, que los policiales que fueron involucrados por sus afirmaciones resultaron finalmente absueltos. Por la misma razón, tampoco respecto de VENTÉ URREGO se puede construir ninguna inferencia incriminatoria a partir del dicho de Barajas.


Un tercer error de hecho, que denominó “falso juicio de valoración” de pruebas testimoniales y documentales, lo hizo consistir en el poco valor que las instancias dieron a los documentos que acreditaban las lícitas actividades comerciales de su cliente y sus graves quebrantos de salud que lo obligaron a viajar a Perú en octubre de 1998 en busca de medicinas, y a los testimonios de José Javier Soriano y Harold Bélico Riascos que se refirieron a los mismos aspectos, pruebas a las que los falladores restaron credibilidad sin formular refutación alguna.


En último término adujo un falso juicio de identidad respecto del testimonio de Eduard Rodríguez Dicelis, porque el A quo, a cuya providencia se remitió el Tribunal, puso en boca del testigo que el embarque del 26 de octubre no se había enviado por el decomiso de la droga en Miami, cuando en realidad señaló en su declaración que la causa había sido un supuesto operativo que se desarrollaría ese día en el aeropuerto de Bogotá.


También se tergiversó el testimonio de Rodríguez Celis porque él no dijo que la droga incautada en Miami perteneciera a VENTÉ URREGO, de manera que no entiende la defensa cómo se adquirió la certeza para condenarlo.


La incidencia de los errores, concluyó el libelista, radica en que ellos determinaron el sentido del fallo, pues no eran actividades de narcotráfico sino de contrabando las que realizaba su defendido.


Después de afirmar que la restante prueba recaudada no permitía mantener la sentencia de condena, se limitó a reseñarla para pedir que se casara y en su lugar se absolviera al señor VENTÉ URREGO, por falta de certeza o por duda probatoria.


3. A nombre de DAGOBERTO PALOMINO CHAGUALA.


Un cargo único, por error de hecho originado en el falso raciocinio del Tribunal en la valoración de la prueba, formuló su defensor contra la sentencia de segundo grado.


Dijo que las declaraciones de los agentes Rodríguez y Barajas –hecho indicador- sólo se refieren a la asistencia del procesado a reuniones preparatorias para un posible envío de droga al exterior, diferente al que fue decomisado en octubre de 1998, razón por la que se acepta la condena por el delito de concierto.


Sostiene que de las declaraciones de Rodríguez y Barajas, en las que se vinculan varias personas con el envío de la droga que fuera incautada en Miami, el Ad quem infirió la participación de PALOMINO CHAGUALA en los hechos, operación mental en la que transgredió un postulado lógico que expresó así el censor:


“como a, b, c, d y f pertenecen a una organización delincuencial dedicada al narcotráfico, razón por la cual se les condena por el delito autónomo de concierto para delinquir para tal fin, y como c, según los hechos indicadores participó además en el delito de violación a la ley 30/86 agravado, entonces a, b, d y f también son responsables, porque pertenecen a la señalada organización delincuencial”.


Por el contrario, las reglas de la lógica enseñan que si los hechos demuestran que todos hacen parte de una organización delincuencial que les valió la condena por concierto y uno solo de ellos aparece como partícipe de violación a la Ley 30 de 1986, entonces tan sólo éste debe ser responsable de ese delito.


Que ningún medio de prueba acredite su participación en el envío de los casi 100 kilos de cocaína en octubre de 1998, impide que se le pueda condenar por ese delito porque también en la coautoría impropia es necesario que se demuestre el aporte delictual a la ilicitud, prueba que en este proceso no obra.


La trascendencia del error radica en que, de haberse razonado con apego a la lógica, la sentencia por el delito de narcotráfico hubiera sido absolutoria si se advierte, además, que los restantes medios de convicción no relacionan al señor PALOMINO con el envío de la droga.


Solicita que, en consecuencia, se case el fallo impugnado y en su lugar se absuelva al procesado del cargo por tráfico de estupefacientes.


EL MINISTERIO PÚBLICO


Para la señora Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, ninguna de las demandas está llamada a prosperar.


1. Con relación a la presentada a favor del señor LÓPEZ ÁVILA y al primer cargo de la formulada a nombre del señor VENTÉ URREGO, dice que a pesar de no cumplir la documentación aportada del extranjero con las exigencias legales para su incorporación al proceso, lo que impediría su apreciación, en todo caso otros medios de prueba ratifican la existencia del delito de tráfico de estupefacientes cuya ejecución se inició en Colombia pero culminó en Estados Unidos.


Sacar del país -uno de los verbos rectores incluidos por el legislador en el tipo de narcotráfico que implica colocar fuera de las fronteras nacionales, desplazar el bien a territorio extranjero- es un tema que al igual que la incautación en Miami aparece suficientemente acreditado con el testimonio del agente Rodríguez Dicelis, respaldado por el teniente Héctor Álvarez y el subintendente Gil Valencia.


Según Rodríguez, fueron varias las entrevistas que sostuvo con miembros de la organización, en particular la del 26 de octubre con LÓPEZ ÁVILA, quien actuaba en representación de un narcotraficante norteamericano, conversación cuyo contenido reveló en las declaraciones que rindió.


2. El segundo cargo de la demanda presentada a favor del señor VENTÉ URREGO tampoco tiene vocación de éxito respecto del primer yerro denunciado, porque la responsabilidad del procesado fue deducida por el Tribunal del análisis de prueba testimonial, documental e indiciaria que le permitió inferir que la droga incautada pertenecía a la organización que integraba aquél.


Limitar la crítica a la prueba testimonial, para decir que la conclusión es errónea porque ningún testigo mencionó al señor VENTÉ en sus declaraciones, constituye apenas una visión diferente sobre el alcance de las pruebas de cargo.


En el segundo error el censor revela una confusión sobre la secuencia de los acontecimientos, porque la incautación de la droga en Miami se produjo el 25 de octubre de 1998 y el envío frustrado a que alude el recurrente se programó con posterioridad, de manera que no existe ninguna contradicción en el dicho del agente Rodríguez Dicelis.


Lo que permitió deducir la responsabilidad de VENTÉ URREGO fue su asistencia regular a reuniones celebradas con otros implicados, como la del centro comercial Renovación 2000 a la que concurrieron CARLOS ARTURO TORRES RÍOS y RENÉ ARMANDO LÓPEZ ÁVILA y cuyo objetivo era establecer una ruta permanente hacia Miami; la del centro comercial Salitre Plaza con CARLOS ARTURO TORRES, referida al transporte de droga por American Air Lines y una tercera en un apartamento de Balcones del Salitre.


La excusa del señor VENTÉ, quien sostuvo que las reuniones con los demás procesados pretendían el ingreso de un contrabando, fue bien desechada por el Ad quem porque no es lógico que en esas circunstancias el agente encubierto recibiera la información que transmitió ni la cuantiosa suma de dinero que le fue entregada al concluir la tercera reunión.


Finalmente, las críticas del impugnante porque no se aceptaron las explicaciones del procesado ni se dio suficiente mérito a los testimonios de José Javier Soriano y Harold Riascos, resultan intrascendentes por referirse a un problema de credibilidad que reduce el ataque a una diferencia de criterios inadmisible en casación.


3. Respecto de la demanda del señor DAGOBERTO PALOMINO CHAGUALA, la distorsión que se reprocha de los testimonios de los agentes infiltrados en realidad no se presentó. Lo que ocurrió fue que el Tribunal los valoró dentro del contexto del funcionamiento de una organización de narcotráfico, para concluir que la de CARLOS TORRES, a la que pertenecía PALOMINO, era la responsable de los dos envíos de droga de que trata este proceso, lo que dedujo a partir de tres supuestos: la utilización como medio de transporte de la compañía Florida West; la suspensión de los preparativos del envío en que intervenía Rodríguez Dicelis debido al decomiso en Miami de una remesa anterior y el secreto comentario que le hizo TORRES a Rodríguez sobre la propiedad de la droga incautada.


La vinculación de TORRES y PALOMINO aparece probada además a partir de las propias explicaciones del segundo sobre sus encuentros con el primero, referidas a una supuesta negociación de un automotor, pues las versiones suministradas por ambos no concuerdan.


Para la defensa, que PALOMINO CHAGUALA fuera mencionado sólo como asistente a las reuniones preparatorias del envío que finalmente no se hizo pero no con relación al cargamento decomisado el 24 de octubre de 1998, revela que el procesado no tenía ninguna relación con éste. Otra cosa, sin embargo, revela el testimonio de Rodríguez Dicelis del 18 de diciembre de 1998, adecuadamente analizado en las instancias para colegir la vinculación permanente del procesado a esa organización y su participación en los envíos de droga.


Por estas razones, concluyó, el cargo no debe prosperar.


Finalmente, el Ministerio Público reclama la casación oficiosa del fallo de segunda instancia porque la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas no podía ser superior a los 10 años de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Código Penal vigente para la fecha de los hechos, y porque la pena accesoria de prohibición para celebrar contratos con la administración, impuesta al señor LÓPEZ ÁVILA, no fue prevista en el tipo de cohecho consagrado en la Ley 599 del 2000.


CONSIDERACIONES


La Sala desestimará las censuras formuladas contra la sentencia de segunda instancia, por las siguientes razones:


1. Con relación a la demanda presentada a nombre del señor RENÉ ARMANDO LÓPEZ ÁVILA y al primer cargo de la correspondiente a FLORENCIO VENTÉ URREGO.


Reprochan los libelistas que la documentación aportada del extranjero no reunía las exigencias legales para ser incorporada a la actuación, lo que impedía su válida apreciación en el proceso.


Los documentos a que se alude fueron remitidos por el jefe de seguridad de la Dirección de Policía Antinarcóticos, DIRAN, al fiscal regional delegado ante esa dependencia mediante oficio del 17 de diciembre de 1998, en el que informa que adjunta el


Reporte de investigación del día 102798 emanado de la oficina de la DEA (Drug Enforcement Administation) en Miami, firmado por el Agente S/A RENE L. RIVERA donde dan cuenta del decomiso de 96.6 kilogramos de clorhidrato de cocaína para el día 241098 encontrados en dos cajas de madera (...) enviado por la empresa Florida WEST en dos vuelos de las aerolíneas INTERNACTIONAL AIRAWYS (...) en 22 folios, (fl. 51 cuaderno No. 1), 


así como la correspondiente traducción y otros anexos, todo en fotocopia informal (fls. 57 y ss.).


En orden a precisar la normativa que para el año de 1998 regulaba el traslado de pruebas practicadas en el extranjero, inicialmente debe aclararse que el artículo 1º. del Decreto 1.676 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 6º del Decreto 2.271 del mismo año, señalaba el procedimiento a seguir respecto de los colombianos por nacimiento vinculados a trámites de extradición dada la prohibición que acababa de consagrar el artículo 35 de la Constitución Política; y el artículo 3º del Decreto 303 de 1990, que subrogó el artículo 5º del Decreto 3030 del mismo año, adoptado como legislación permanente por el artículo 4º del Decreto 2265 de 1991, regulaba lo concerniente al proceso de sometimiento a la justicia que por entonces se diseñó en el país.


El Decreto 1.303 de 1990, en cambio, igualmente adoptado como legislación permanente por el Decreto 2.265 de 1991, sí consagraba un procedimiento general referido a la práctica y traslado de pruebas recaudadas en el exterior, muchas de las cuales normas fueron recogidas en el Código de Procedimiento Penal expedido por el Decreto 2.700 de 1991.


Así, el artículo 538 de este decreto, semejante al artículo 1º del 1.303, disponía:


Las relaciones de las autoridades colombianas con las extranjeras, para todo lo relacionado con la aplicación de la ley penal, con la práctica y el traslado de pruebas o de medios de prueba, se regirán por lo que dispongan los tratados públicos, las convenciones internacionales, los acuerdos entre gobiernos y los usos internacionalmente consagrados. A falta de éstos o en lo no previsto en ellos, se aplicarán las disposiciones del presente título.   


Y en el parágrafo del artículo 541 del estatuto procesal, que reprodujo los parágrafos I y II del artículo 4º del Decreto 1.303 de 1990, se estableció:


Se presume la autenticidad de los documentos que sean o contengan pruebas practicadas por autoridad extranjera, siempre que su traslado o trámite se realicen por petición de autoridad colombiana.


La petición de traslado de prueba o práctica de la misma, formulada a las autoridades extranjeras, incluirá la solicitud que certifique que ellas fueron practicadas válidamente, de conformidad con la respectiva ley procesal.


En referencia exclusiva a la prueba trasladada, el artículo 255 del código de 1991, en fórmula idéntica a la que trae el artículo 239 del código del 2000, disponía:


Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este código.


Si se hubieren producido en otro idioma, las copias deberán ser vertidas al castellano por un traductor oficial.


Como se ve, la petición de autoridad colombiana como requisito para presumir la autenticidad del documento producido en el extranjero, ha sido una constante en nuestro sistema procesal por lo menos en los últimos tres lustros, inclusive en el que recientemente se adoptó a través de la Ley 906 del 2004, cuyo artículo 427 dispone:


Los documentos remitidos por autoridad extranjera, en cumplimiento de petición de autoridad penal colombiana, basada en convenio bilateral o multilateral de cooperación judicial recíproca, son auténticos, a menos que se demuestre lo contrario.


En consecuencia, como los documentos que acreditan el decomiso de los 96.6 kilogramos de cocaína en Miami no aparecen autenticados, ni fueron traducidos oficialmente, ni se probó que se hubieran enviado a instancias de alguna autoridad nacional, no podían ser apreciados por los falladores.


Pero que aparezca demostrado el cargo por falso juicio de legalidad, no significa ni mucho menos que forzosamente deban salir avante las pretensiones de los impugnantes, pues para quebrar la estructura de la sentencia es preciso, además, que la prueba ilegalmente aportada haya sido el exclusivo pilar en el que se haya sustentado el fallo. Dicho en otros términos, que los elementos de convicción que subsistan no sean suficientes para respaldar la decisión.


Tal es la consideración que hacen los demandantes, para quienes con los testimonios de los agentes en cubierta, incoherentes por lo demás, no es posible tener por acreditada la materialidad del tráfico de cocaína.


Será preciso, en consecuencia, examinar las sentencias condenatorias producidas en las instancias que, como se sabe, por estar orientadas en una misma dirección, conforman una unidad y como tal deben ser apreciadas, para concluir si la prueba restante soporta la decisión adversa a los recurrentes.


Con relación al envío de los 96.6 kilogramos de cocaína que luego fueron incautados en Miami, la materialidad de la infracción, si bien fue examinada en las instancias a partir del informe de la policía antinarcóticos y los documentos remitidos por la DEA que, según lo dicho párrafos atrás se deben tener por inexistentes, no sólo a ellos se limitaron los juzgadores pues también aludieron a los testimonios de los agentes encubiertos y a la valoración en conjunto de toda la prueba válidamente recaudada.


Admitido por los impugnantes que así se procedió, aunque desde luego restándole eficacia probatoria a los testimonios de los agentes Rodríguez Dicelis y Barajas porque –se dijo en la demanda presentada a nombre de LÓPEZ ÁVILA-


[e]stos no tienen el peso para establecer la ocurrencia de los delitos, ante la ausencia de la comprobación real de ese envío y su incautación, con precisión del contenido en su denominación, conformación, peso, características, remitente, destinatario y demás condiciones que lo identifiquen y particularicen... (lo que impide)... hablarse de la droga en sí, con sus características, especificaciones y condiciones que hacen que sea cocaína o sustancia estupefaciente en cantidad y calidad que no quede duda de su existencia...


no será necesario señalar de nuevo las referencias testimoniales que a esos tópicos se refieren, como que la carga argumental del reproche se dirige, reitérase, a la capacidad probatoria de los testimonios o, dicho en otras palabras, a la insuficiencia de acreditar con este medio de prueba lo que sólo podría demostrarse en virtud de la aprehensión física de la sustancia y de los exámenes técnicos que a ella se le practicaran para determinar fundamentalmente su naturaleza y cantidad.


El problema jurídico al que entonces debe dar respuesta la Corte, se plantea en estos términos: La materialidad del delito de narcotráfico puede acreditarse únicamente a través de prueba técnica o, por el contrario, opera también a este respecto la libertad probatoria que consagra el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal?1


Con todo, el tema no es en manera alguna novedoso. Ya había sido examinado por la Sala en la sentencia del 18 de septiembre de 1996, radicado 9.582, cuyas consideraciones más pertinentes, por tratarse de un caso que por guardar bastante semejanza con éste como que la droga estupefaciente había sido enviada al exterior y, por no haberse logrado su decomiso, no existía sustancia sobre la que se pudiera practicar experticia alguna, conviene reproducir in extenso. Se dijo entonces:


[l]a incautación de sustancias estupe­facientes no consti­tuye un acto necesario ni preclusi­vo que condicione la iniciación de cualquier proceso por esta clase de delitos, ni la práctica y validez de aquellos actos que de ordinario le subsiguen.


En tal sentido, cuando el censor inicia por reclamar que al procesado se le condenó pese a que ni en Colombia ni en los Estados Unidos se le halló en posesión de sustancias estupefacientes, hace la exhibición de un argumen­to que para nada se vincula con una posible causa de nulidad de la actuación (...)


Pero como a partir de esa afirmación divide el censor en tres sus argumentos, vale la pena referir a ellos de modo separa­do, respondiendo, para comenzar, que para tener como irregular la omisión de una diligencia de reconocimiento, pesaje, toma de muestras y destrucción de sustancias estupefacientes, a fin de valorar la entidad de ese desobedecimiento normativo, sería exigible como supuesto fáctico, la previa operancia de la incautación, ya que de otro modo esa obligación decaería por simple sustracción de materia.


Tal es en realidad la situación que en el caso de autos se presenta, donde la ausencia de la diligencia que el censor extraña, guarda elemental relación con lo sucedido, pues bien se sabe que estas diligencias no surgie­ron del descubrimiento flagrante de una actividad de tráfico de narcóticos, sino de la reclamación internacional que hicieran los Estados Unidos de Norteamérica del procesado señor CORREA ALZATE como persona vinculada con esa clase de conductas, de modo que si jamás fue puesta a disposición de las autoridades nacionales alguna cantidad de sustancia incautada, mal podían estas verse forzadas a realizar la diligencia que el impugnante extraña, pues basta ver el texto de los preceptos cuya transgresión demanda, para observar que su aplicación está condicionada a aquellos eventos en que "la policía judicial decomise" sustancias alucinógenas o planta­ciones, en cuyo caso surge el deber especial de cuidado y los procedimientos de identificación, pesaje, destruc­ción o guarda que en el capítulo VII de la Ley 30 de 1986 se indica.


Si esa incautación no se ha dado, sea porque el delito agotó su fin ilícito con la comercia­lización o el consumo de los alucinógenos, ora porque los ilegales tenedores destruyeron la sustancia, bien porque el hecho culminó en el exterior, etc., es innegable que no podrá llevarse a cabo la diligencia que la defensa extraña, pero ello de ningún modo obstruye la apertura de la instruc­ción respectiva, ni la eventual represión de la conducta, sentido en el cual resultan acertadas las aprecia­ciones contenidas en los fallos de primera y de segunda instancia (folios 138 y 142, respecti­vamente), significando que de la predicada omisión no emana irregularidad alguna que afecte el trámite cumplido.


Sabido es, además, y ello se afirma para otorgar respuesta a la segunda inquietud de la defensa, que en la legislación procesal penal colombiana opera el princi­pio de la libertad de prueba (artículo 253 del Decreto 2700 de 1991), del cual deriva que "Los elementos constitutivos del hecho punible, la responsabilidad del imputado y la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cual­quier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial y respetando siempre los derechos fundamenta­les", siendo evidente que a ese precepto se atuvieron los fallos de instancia, como por vía de ejemplo puede verse a partir del folio 129 en la sentencia del Juzgado cuando invoca la coincidencia entre las versiones de cargo suminis­tradas por el "Fiscal extranjero...la acusación que emitiera el Gran Jurado ante el Tribunal del Distrito medio de La Florida, división de Jacksonville y con los datos  que proporcionaron UBALDO MOLANO AGUILAR, GUILLERMO ALFONSO GOMEZ HINCAPIE, JORGE RODRIGUEZ ARANGO y la publicación que en los Anales del Congreso hiciera el Jefe del D.A.S. del testimonio ampliado de DIEGO VIAFARA SALINAS..." para de ellas concluir que constituyen "elemento de juicio que convergen a sostener que JAIRO CORREA ALZATE sí se dedicaba a actividades relacio­nadas con el tráfico de estupefacien­tes..." lo que descuenta otra posible falla en la actividad de los jueces.


Y se agregó:


Volviendo a lo ya dicho en relación con el cargo primero, conviene insistir en que el procedimiento previsto en el capítulo VII de la Ley 30 de 1986, lejos está de constituirse en prueba privilegiada, única o indispensa­ble para la persecución de los delitos descritos en dicho Estatuto. Como el epígrafe de aquel Capítulo lo anuncia y así se explica desde la presentación del respectivo proyecto de ley ante el Congreso,  lo que justificaba la sustitución del hasta entonces vigente Decreto 1188 de 1974 era la inade­cua­ción de sus preceptos ante el auge del narcotráfico, y la aparición de nuevas sustan­cias estupefacientes, lo mismo que la necesidad de una mayor severidad en el trata­miento punitivo frente a la legislación foránea; pero desde ese entonces, el referido capítulo se enunció en su epígrafe como "Procedi­miento para la destrucción de las sustancias incauta­das" y nada más que eso, nominación que sin variaciones de fondo, apenas se adicionó para incluir la destrucción también de "plantacio­nes".


Claro se ve, entonces, que los artículos 78 y siguientes citados por el censor no son de carácter sustan­cial sino instru­mentales, aplicables con exclusividad a aquellos eventos en los que opera la incautación de la sustancia, así que al no darse esa condición en este asunto, era esa falta de decomiso de la droga motivo suficiente para hacer impropia la aplicación de los procedimientos del comentado capítulo VII­.


Por otra parte, razón le asiste al Ministerio Público cuando resalta la confusión que embarga al casacionista respecto de la existencia del cuerpo del delito y su demostra­ción, parecien­do que en sentir del recurrente el hecho desaparece cuando no se tiene la posibi­lidad de recuperar el objeto sobre el cual recae la conducta, lo cual sería tanto como pretender que solamente en los casos de flagrancia fuese predicable la respon­sabilidad de los copartí­ci­pes.


Lo que era imperioso demostrar era la existencia de los elementos externos de la infracción, pero sin que en el Estatuto existan preceptos restrictivos de la libertad de prueba, también se ha dicho que ese principio del artículo 253 del Código de Procedimiento Penal (antes artículo 254) es el que impera, y que a él se atuvo el tribunal en su amplio análisis de los medios (ver folios 126 a 140 del cuaderno respectivo), luego si el censor quería desquiciar el fallo, debía referir­se en su integridad a esas pruebas para acredi­tar la ocurren­cia de errores de hecho o de derecho que las pudieran hacer desestimables.


También en la sentencia del 5 de mayo de 1994, radicado 8.361, se sostuvo:


Cierto que la pericia requerida y exigible del Instituto de Medicina Legal, sobre la naturaleza de la sustancia y pureza no obra en autos. Esta situación, contra lo que afirma la memorialista, no constituye un elemento de convicción de tan imprescindible verificación que, de no obrar en los autos, no sea factible proferir una sentencia de condena por conducta contemplada en la citada Ley 30/86. Ese medio probatorio, innegablemente, constituye una pieza fundamental y de notoria conveniencia, al punto de ser la prueba por excelencia para ciertos aspectos técnicos que el comentado comportamiento genera. Pero de ahí a reconocer que la comprobación de la materialidad del ilícito sólo (demostración excluyente) pueda hacerse a expensas del dictamen, comporta la aserción un mayúsculo desacierto. En efecto, dicha actividad científica tiene el carácter de demostración preferente, pero no única. Existen, por las varias circunstancias en que puede desenvolverse una averiguación y por el principio de libertad probatoria, plurales factores que con sobrado mérito llegan a reemplazar la intervención o ausencia del Instituto de Medicina Legal, logrando llevar convencimiento al funcionario sobre los tópicos de los cuales se ocuparía esa entidad, entre los cuales importa advertir, no está el determinar la total cantidad de la sustancia, porque al referido organismo no suele enviarse el total de lo decomisado sino muestras de ese material...


Y en la del 25 de mayo de 1999, radicado 12.885, se anotó:


Ahora bien, la lógica final del recurrente es que si no existió incautación de cocaína de acuerdo con la prueba documental omitida, no era viable deducirle a su representado la agravante del numeral 3º del artículo 38 de la ley 30 de 1986, la cual establece como condición para poder duplicar las penas que “la cantidad incautada” de cocaína sea superior a 5 kilos. Ya la Sala en otra oportunidad se refirió a una interpretación similar y le dio los alcances pertinentes a la noción de cantidad incautada. En esta ocasión se reafirma la posición jurisprudencial, encontrándola como suficiente para responder a la inquietud del impugnante. Dijo la Corte:


“…la ley no puede interpretarse aislando las expresiones de su contexto, esto es, que para el caso concreto, toda la labor crítica interpretativa recaiga sobre la definición del verbo ‘incautar’, como si se tratara de una expresión suelta dentro del texto y sistemática legal, ya que lo que interesa en la función hermenéutica es buscar el sentido de la norma y no la de las expresiones independientemente consideradas. Así, lo primero que corresponde determinar es la razón de ser del numeral 3º del artículo 38 de la ley 30 de 1986, esto es, que se trata de una circunstancia agravante de la pena del tipo básico descrito en el artículo 33 y que como tal dispone el aumento de la pena por la cantidad de droga o sustancia constitutiva del objeto material del delito.


“Esto significa que el verbo incautar objeto de la censura, si se tomare aisladamente, no sería aplicable a todos aquellos eventos en que se probare la existencia del corpus delicti, no obstante que haya desaparecido su materia posteriormente, o a aquellas hipótesis típicas de que trata el referido artículo 33 como la de ‘financiación’, o inclusive en punto de los sujetos determinadores, o en el caso de la venta en el cual la sustancia, una vez hecha la negociación, se encuentra en poder del adquirente, quien pudo haberla consumido, etc.


“Trátase en consecuencia, de que en la sistemática de la ley, el ‘incautar’ no es nada menos que una típica imprecisión legislativa, que no obvia el encuentro de su real sentido, el cual no es otro que el de especificar un incremento de la pena cuando la droga objeto del delito exceda las cantidades previstas en el artículo 38-3 del estatuto nacional de estupefacientes”. (Sentencia de diciembre 10 de 1997. M.P. Dr. Dídimo Páez Velandia).


Nada es necesario agregar ahora para concluir que, acreditada testimonialmente la actividad de narcotráfico imputada a los procesados, el reproche no prospera.


2. Con relación al segundo cargo de la demanda presentada a nombre de FLORENCIO VENTÉ URREGO.


Como se recordará, el impugnante señaló cuatro errores de hecho que, suprimidos de la sentencia, confluirían a demostrar que las actividades ilícitas que realizaba el procesado no estaban relacionadas con narcotráfico sino con contrabando.


Hizo consistir los dos primeros, por falso juicio de existencia, en que el Tribunal supuso que VENTÉ URREGO era parte del grupo que despachó la droga a Estados Unidos, a pesar de que Agustín Barajas, el agente encubierto que participó en el envío, no lo mencionó, y el dicho del otro agente, Rodríguez Dicelis, es tan inverosímil, exagerado y plagado de conjeturas, que los policiales involucrados en el proceso que se adelantó contra ellos a partir de sus afirmaciones, fueron absueltos.


Dígase, al respecto, que del hecho cierto de que Agustín Barajas no incluyera a VENTÉ URREGO en el grupo de personas relacionadas con el cargamento decomisado en Miami, no implica que el Ad quem hubiera imaginado la existencia de la prueba que tal hecho revela, pues sobre el punto no es el de Barajas el único testimonio recaudado ni el único medio valorado por el Tribunal.


Por el contrario, la sentencia de segundo grado aclara con suficiencia y con apoyo en la realidad probatoria, que si el testigo no conoció al procesado fue porque la de Barajas y la de Rodríguez eran dos labores investigativas separadas, aunque apuntaban a la misma organización.


Que no obstante la división de trabajo y la independencia en las actividades que cada uno realizaba se descubriera en cada investigación el papel cumplido por José Sánchez, quien contactó a Barajas pero de cuya existencia Rodríguez sólo supo por los comentarios que le hizo CARLOS TORRES, es una circunstancia que permite, como se destacó en las instancias, darle plena credibilidad a los testimonios de los mencionados agentes.


Por otro lado, respecto de la crítica que se formula con relación al testimonio de Rodríguez Dicelis por la importancia que se le dio en este proceso, a diferencia de la que tuvo en el que se adelantó contra los agentes de la policía acusados por él y finalmente absueltos, la Sala prohíja el juicioso análisis hecho por el Tribunal en el acápite 2.2 del fallo, que explica la razón de las decisiones disímiles en casos igualmente distintos.


Que se incurrió en falso juicio de existencia porque se supuso que un envío de drogas que debía hacerse el 26 de octubre de 1998 se frustró por el decomiso que se produjo en Miami, a pesar que otra había sido la causa que TORRES le informó a Rodríguez, es una afirmación que no consulta la realidad probatoria y denota confusión en el casacionista, pues ciertamente Rodríguez Celis dijo que CARLOS TORRES lo llamó


[p]ara decirme que la vuelta no se podía ya hacer ya que uno de los Policías lo había llamado y le había dicho que iba a haber un operativo en el aeropuerto y que por lo cual iba a haber mucho movimiento y de pronto se caía la mercancía...


Pero ese relato, que se lee al folio 135 del cuaderno No. 1, se refiere a “un sábado a la semana siguiente que ya es al final de noviembre” (fl. 134), cuando Rodríguez fue buscado “en horas de la mañana en mi residencia ya que necesitaban hacer la vuelta por FLORIDA WEST la del hueco este mismo día” y antes de despedirse le entregó los 10 millones de pesos que le pagarían como anticipo por su gestión y el croquis del avión en el que se indicaba el lugar donde se ocultaría la droga. Recuérdese que el decomiso en Miami se produjo el 24 de octubre.


Esta ocasión, como se ve, es diferente a una anterior, el segundo encuentro con CARLOS TORRES, más próxima desde luego a la fecha del decomiso, oportunidad en la que TORRES le informó


[q]ue la vuelta que se estaba planeando hacer por carga seca ya no se podía ya que se habían caído 100 kilos en Estados Unidos por la Aerolínea FLORIDA WEST, entonces que si era factible hacerla por hueco, que él me daba un lugar específico en la vión para meter la droga... (fls. 130 y 131 C. 1).


Después se volverían a reunir a los ocho días (fl. 132), luego “más o menos a los dos días” (ib.), y “al día siguiente” (fl. 133) y más tarde “un sábado a la semana siguiente que ya es al final de noviembre” (fl. 134).


Ninguna incoherencia o contradicción se advierte, entonces, en el relato de Rodríguez Dicelis, lo que conduce a que también este segundo error, tal como el primero, sea desestimado por falta de fundamento.


Igual lo será el último, referido en su primera parte al falso juicio de identidad en que habría incurrido el Tribunal por haber respaldado al A quo en la distorsión del testimonio de Rodríguez sobre la causa del no envío de droga del 26 de octubre, tema que por las transcripciones que se acaban de hacer queda suficientemente aclarado.


También se desestimará en su segunda parte, relacionada con la supuesta tergiversación porque el testigo no señaló a VENTÉ como dueño del cargamento incautado, pues los jueces de instancia no dijeron que Rodríguez lo hubiera declarado sino que dedujeron la participación de este y de los demás procesados en el tráfico de droga prohibida a partir de su pertenencia al grupo que la envió en octubre de 1998.


El lamento del casacionista en la presentación del tercer error porque no se les dio credibilidad a su cliente ni a sus testigos sobre la licitud de las actividades a las que se  dedicaba “queda reducido -como lo dice la delegada del ministerio público- a una diferencia de criterio, inatendible en esta sede extraordinaria”.


Por lo tanto, desechado también este error, el cargo no prospera.


3. Demanda presentada en nombre de DAGOBERTO PALOMINO CHAGUALA.


Reducido el cargo a un error de hecho por falso raciocinio porque el Tribunal contrarió los principios de la lógica en el proceso de inferencia que elaboró a partir de los testimonios de Eduard Rodríguez y Agustín Barajas, cuya legalidad y contenido no discute el demandante que los admite como un válido hecho indicador, debe decirse que para la Sala no aparece contrario a la lógica que si una organización está dedicada al tráfico de cocaína y se acredita que por lo menos en una oportunidad sacó del país la sustancia, se deduzca que sus integrantes son los propietarios de la droga y que deben responder, entonces, como coautores de la conducta punible.


Diferente podría ser la conclusión si se tratara de uniones puramente ocasionales, pues del hecho de que una persona participe con otras en un envío no puede inferirse que siempre que alguna de éstas lo haga, las demás también han intervenido.


En este asunto, el proceso deductivo elaborado por los jueces de instancia es inobjetable: probada la pertenencia de PALOMINO al grupo concertado para exportar cocaína a los Estados Unidos de manera permanente, membresía que el censor reconoce sin reticencia, debe concluirse que todos los envíos que hace una pluralidad de integrantes de la organización en un mismo espacio temporal –que para el caso sería entre octubre y diciembre de 1998- le deben ser atribuidos al grupo en su conjunto y, por tanto, a cada uno de sus miembros.


Eso fue exactamente lo que concluyó el Tribunal, especialmente a partir del análisis del testimonio de Rodríguez Dicelis, que reveló la vinculación permanente del procesado con la organización delictiva y su participación en los envíos de droga que se estaban preparando, de lo que sin contrariar la lógica bien se podía inferir, como lo hizo, que igualmente había intervenido en el que fue incautado en Miami el 24 de octubre de 1998.


El cargo, en consecuencia, no prospera.


Casación oficiosa.


La delegada del ministerio público solicita, y en ello le asiste razón, que se case oficiosamente el fallo impugnado en cuanto impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un término que supera el límite fijado en el artículo 44 del Decreto 100 de 1980 que por entonces regía.


Así proveerá la Corte, obviamente extendiendo la decisión a todos los condenados, como lo autoriza el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal.


También pide sea retirada del fallo la prohibición para celebrar contratos con la administración que se le impuso al señor LÓPEZ ÁVILA por ser condenado por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pues la Ley 599 del 2000 no previó esa especie de sanción.


Igualmente acertada la solicitud, por cuanto el artículo 407 de la citada ley no consagró esa pena principal, que no accesoria como erradamente la califica la delegada, la Sala decidirá en el sentido sugerido por el ministerio público.


En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE


1. Desestimar las demandas presentadas por los defensores de los señores RENÉ ARMANDO LÓPEZ ÁVILA, FLORENCIO VENTÉ URREGO y DAGOBERTO PALOMINO CHAGUALA contra el fallo dictado por el Tribunal Superior de Bogotá el 22 de agosto del 2003.


2. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia indicada, para fijar en 10 años el término de duración de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas que todos los procesados habrán de cumplir.


Así mismo, se deja sin efecto la prohibición para celebrar contratos con la administración, que se le impuso al señor LÓPEZ ÁVILA.


Contra esta decisión no procede ningún recurso.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE





MARINA PULIDO DE BARÓN





SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ          HERMAN GALÁN CASTELLANOS

Permiso




ALFREDO GÓMEZ QUINTERO           ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO

Permiso




ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN                     JORGE L. QUINTERO MILANÉS





YESID RAMÍREZ BASTIDAS                  MAURO SOLARTE PORTILLA





TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria


1 ART. 237. Libertad Probatoria. Los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos fundamentales.