Proceso No 23006
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Aprobada acta No. 008
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil cinco (2.005).
VISTOS:
La Sala se pronuncia sobre la viabilidad de la demanda sustento del recurso de casación instaurado por el defensor del procesado GONZALO ALFREDO CEDIEL ROJAS, contra el fallo proferido el 22 de junio de 2004 por el Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante el cual confirmó el emitido el 5 de diciembre de 2003 por el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa, que lo condenó a la pena de treinta y seis (36) meses de prisión al hallarlo autor responsable de un doble homicidio culposo.
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN:
La tarde del 25 de abril de 1998 en el municipio La Mesa sobre la vía que de esta capital lleva a Girardot, colisionaron el vehículo manejado por GONZALO ALFREDO CEDIEL ROJAS y la moto en la cual se movilizaban Fabio Sosa Rodríguez -conductor- y José Jaime Bustamante Fajardo, personas éstas -las dos últimas- que fallecieron a consecuencia del accidente.
Al amparo de la causal tercera se propone como primer cargo la nulidad de la sentencia, por haberse incurrido en violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa.
Para el actor, la vulneración de la estructura del proceso en ambas etapas tiene origen en que el fallo se sustenta en pruebas que fueron aportadas a la actuación sin la observancia de las formalidades legales, entre las cuales señala el informe del accidente, o porque dejaron de incorporarse el dictamen médico legal que permitiera establecer el grado de embriaguez de una de las víctimas o de practicarse en la instrucción las pruebas sugeridas por la Fiscalía de segunda instancia.
En la demanda se manifiesta que la inspección judicial efectuada años después a petición de la parte civil en el juicio no colma los presupuestos requeridos por el artículo 246 de la ley 600 de 2000, como tampoco se determinó la idoneidad del procesado para conducir ni mediante perito físico se estableció la velocidad a la cual se movilizaba el autor.
El libelista advierte que esos hechos redujeron las posibilidades de defensa, desconocieron los principios de investigación integral y de aseguramiento de la prueba, pues no fueron practicadas legal y regularmente las aportadas ni aquellas que podían ofrecer luces a la investigación.
Con fundamento en el numeral primero del artículo 207 de la ley 600 de 2000, se postula un segundo cargo por error de hecho por falsa apreciación de la prueba que llevó al tribunal a suponer la existencia de la conducta punible sin que existiera certeza.
Para el censor, el error se estructura en haber supuesto el fallador que la víctima no infringió la ley no obstante hallarse comprobado su estado de embriaguez, la realización de un cruce prohibido y la ejecución de una maniobra peligrosa y -además- que el acusado sí actúo con culpa al exceder los límites permitidos de velocidad y conducir a pesar de la prótesis que limitaba su maniobrabilidad.
El exceso de esos límites -a su juicio- es una hipótesis elaborada a partir de tres testigos que no aparecen dentro del proceso y la responsabilidad es una conjetura construida a partir del valor probatorio otorgado a los informes del CTI -inexistente- de la Policía adscrita a La Mesa y de una inspección judicial que no podían practicar los miembros de la policía judicial o de aquel organismo, la cual tampoco hace parte de la actuación.
La falta de prueba demostrativa de que el conductor de la moto sabía hacerlo, la omisión de los testimonios mencionados en la demanda y el poco valor probatorio de la inspección judicial practicada en el juicio nada prueba; todo ello -según el actor- le impedían al fallador atribuir culpabilidad al encausado.
PRECISIONES PREVIAS:
Tradicional -aunque mayoritariamente- la Sala ha venido sosteniendo que para efectos de la concesión y trámite del recurso de casación por la senda ordinaria la norma adjetiva a tener en cuenta con miras a establecer si se cumple o no con la exigencia del quantum punitivo impuesto por la misma, es la que rija al momento en que se dicta la sentencia de segunda instancia, bajo el entendido que era -y es- ésta la decisión objeto de inconformidad y que sólo una vez proferida surge la posibilidad de la impugnación y se cristaliza o materializa el derecho del respectivo sujeto procesal. Así -para estos efectos y por estas razones- la mayoría ha estimado que ninguna incidencia comporta la ley procesal vigente al momento de la comisión del hecho punible.
De esta manera, el marco de aplicación de la ley ha girado alrededor de lo que la Sala ha denominado hecho jurídica o procesalmente relevante, consideración y actuación que comportan desdeñar la valoración y aplicación de la ley vigente al momento de la comisión del delito, para acoger -en cambio- la que en su oportunidad gobierna el mencionado hecho o momento procesal, también bajo el entendido que el artículo 6° de la Ley 600/00 señala que “Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal...” (se resalta).
Un nuevo análisis del fundamento tenido hasta ahora en cuenta, sobre todo orientado hacia y por la norma base -que no es otra que la constitucional- reclama un replanteamiento del tema y un redireccionamiento que bien puede entenderse como una precisión sobre los alcances reales de la mencionada teoría. En efecto, el debido proceso, reglado por el artículo 29 de la Carta Política -entre otras manifestaciones- gira alrededor de la legalidad del delito, de la pena, del juez y del procedimiento, siendo necesario aceptar que este cuarteto de garantías debe ser previo a la comisión de la conducta punible, no sólo porque de ese modo lo impone expresamente la propia Constitución, sino porque únicamente de +
esa forma puede el potencial delincuente decidirse definitivamente por la incursión en el campo delictivo, o -en cuanto menos- estar en capacidad de prever las consecuencias de sus actos. De esta forma lo precisa la Carta:
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.
A su vez, la Ley 600 de 2000 al reglar el principio de legalidad, en el inciso 2° del artículo 6° prevé:
“La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aún cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.
De ese contexto positivo bien pueden desbrozarse las distintas especies de normas que han de regir un proceso penal, al igual que el alcance de cada una de ellas, así: i) las sustanciales, cuyas permanencia -aún previa a la ejecución del delito- y aplicación -ya al interior de la actuación- perduran inclusive hasta el agotamiento de la fase de ejecución de la sentencia (art. 6 C.P.), a menos que una norma de similar naturaleza la reemplace para que sea aplicada esta última bajo la condición de ser más favorable. ii) las simplemente instrumentales, que igualmente antecedentes al hecho, deben gobernar el proceso, aunque sujetas a ser desestimadas en su aplicación cuando se expida una norma de su mismo carácter, tal como lo señala el artículo 40 de la Ley 153 de 1886, sin que de ellas -dada su neutralidad- sea demandable la favorabilidad. iii) las procesales de efectos sustanciales, cuyo manejo -desde luego al interior de la actuación- se asimila a las materiales, conforme lo señala el dispositivo últimamente trascrito.
Así, refulge que cometido un delito, toda la normatividad que lo regula en su descripción típica, en su sanción y en las normas procesales de efectos sustanciales, acompañan ad infinitum a ese comportamiento y a su autor, salvo que con posterioridad surja norma nueva que favorablemente modifique tales atributos para que ésta sea aplicada retroactivamente, tal como lo autoriza la norma superior, lo precisa la Ley 600/00 y lo reitera para el futuro el nuevo código de procedimiento (ley 906/04). En cambio, lo que sí choca contra aquélla -y aún con el sentido común- es que se aplique retroactivamente una nueva normatividad con efectos desfavorables. A su turno, lo que atañe a las disposiciones legales simplemente instrumentales, así como al cambio del juez (por razones de competencia) por otro igualmente existente antes de la comisión del delito, son de aplicación inmediata, sin que de su mutación -como se dijo- pueda reclamarse ingrediente alguno de favorabilidad.
La favorabilidad, como se sabe, constituye una excepción al principio de la irretroactividad de la ley, pudiéndose aplicar en su acogimiento una ley posterior al hecho cometido (retroactividad) o prorrogarle sus efectos aún por encima de su derogatoria o su inexequibilidad (ultractividad), siempre que en algún momento haya regido la actuación y que -desde luego- sea, en uno u otro caso, más favorable al sindicado o condenado.
Tal como se desprende de lo reglado en los últimos estatutos, tampoco cabe duda que la ley procesal de efectos sustanciales debe recibir igual tratamiento que la penal sustantiva, siendo esa la razón por la cual no puede dársele a una y a otra valoraciones, alcances y aplicaciones distintos, como que desde aquella óptica están en un mismo plano de igualdad.
Ahora bien, consignadas las anteriores premisas ha de recordarse que para efectos de determinar la procedencia del recurso de casación en su modalidad ordinaria, la Sala mayoritaria tomaba como referente la ley adjetiva vigente al momento de la emisión de la sentencia de segunda instancia, con lo cual estimaba que las normas reguladoras del extraordinario recurso comportaban una naturaleza simplemente instrumental, motivo que a su vez hacía nugatoria la invocación y aplicación de la favorabilidad. Sin embargo, una nueva visión de tal situación permite inferir que la clasificación de la normatividad atinente a los recursos encuentra cabida en la especie de las normas procesales con efectos sustanciales.
En efecto, nadie discute el carácter instrumental de las disposiciones legales que consagran los medios de impugnación de las providencias judiciales, como que a través de aquellas se determinan principalmente: i) la viabilidad, en sus manifestaciones de procedencia, oportunidad, interés jurídico y sustentación; ii) la forma y el trámite, en sus expresiones de oralidad, escritura, traslados, etc.; iii) la decisión, en sus componentes de término para adoptarla, notificaciones, ejecutoria, etc.
Pero al mismo tiempo, los componentes de tales formalismos aparejan efectos esencialmente trascendentes, persiguen metas más altas y alcanzan sus objetivos cuando se convierten en mecanismo protector de garantías fundamentales, como cuando abren paso al acceso a la administración de justicia a través de la intervención y pronunciamiento de una instancia superior, como sucede con la segunda instancia y la casación, o como cuando fortalecen y materializan el derecho de defensa, pues a no dudarlo constituye prenda de mayor garantía una decisión con doble instancia o con casación que de única; o como cuando se permite a través de la impugnación hacer efectivo el derecho a la contradicción, no sólo de los propios argumentos y conclusiones de la providencia sino a través de aquélla, de los medios de convicción valorados -o dejados de valorar- por el servidor judicial.
En ese contexto, entonces, bien cabe pregonar en concreto que los dispositivos legales que regulan la casación (y a la par con ella los demás recursos) hacen parte de la normatividad procesal que apareja efectos sustanciales, en la medida en que por razón de su limitación, ampliación, consagración, eliminación, etc. pueden verse afectadas -positiva o negativamente- garantías fundamentales, característica ésta que es -en el fondo- lo que permite calificar que una norma instrumental alcance esa condición.
Ahora bien, en pos de las orientaciones legales y constitucionales ya citadas, surge imperativo el pregón de favorabilidad, de donde se desprende que referirse a la favorabilidad es hablar -por regla general- de un tránsito de legislaciones originado en una sucesión de leyes que regulan de un modo distinto una concreta situación o institución jurídicas, dando lugar a aplicar ultractivamente la ley vigente al momento de la comisión del hecho (que sería el punto de referencia inicial) o retroactivamente la posterior porque comporte consecuencias más ventajosas.
Así, pues, si las reglas relativas a la impugnación son instrumentales de efectos sustanciales, al existir variación legal de la norma primigenia por una posterior que impone nuevas exigencias, la elección en el proceso comparativo previo debe inclinarse a favor del acusado por aquella que le ofrezca mejorar su situación procesal, bien sea para abrirse campo el recurso cuando la providencia le es adversa, ora para enervar -respecto de otros sujetos procesales- la posibilidad de impugnar cuando la decisión judicial protege los intereses del sindicado, como ocurriría en el caso de una sentencia absolutoria frente a la eventual impugnación del Ministerio Público o la Fiscalía.
En efecto, si proferido un fallo absolutorio de segunda instancia, para ese momento una nueva ley (que desde luego no regía al cometerse el hecho) le abre el paso a la casación -porque por ejemplo rebaje el quantum requerido- la favorabilidad para el procesado operaría en el sentido de tornar improcedente el recurso, en la medida en que habría de entenderse como más ventajosa la norma previa al delito y aplicarse esta ultractivamente. Desde luego que la consideración anterior se predicaría respecto de las reglas de la casación ordinaria, si en cuenta se tiene que alrededor de la excepcional no cabe prédica de exigencia en torno a un quantum punitivo.
En el caso específico de la casación puesta hoy en conocimiento de la Corte se tiene que cuando los delitos (homicidios culposos) se cometieron se sancionaban con prisión de 2 a 6 años, y que para esa fecha regía el modificado artículo 218 del C.P.P. que permitía la casación ordinaria en aquellos cuya prisión máxima fuese o excediese de 6 años. Del mismo modo, es evidente que cuando la sentencia de segunda instancia se profirió (junio 22/04) regía ya la Ley 600/00, cuyo artículo 205 exige para acceder al recurso en aquella especie que la pena máxima exceda de 8 años de prisión, pues de no, ha de acudirse a la excepcional, que como se sabe, comporta más exigencias en la formulación y demostración de cargas adicionales.
En esas condiciones, la procedencia de la impugnación extraordinaria está guiada por dispositivos distintos, con origen en diferentes legislaciones, situación que da vida a la confrontación comparativa y a que la conclusión se incline por seleccionar y aplicar la norma más favorable para el recurrente, que para el caso de autos no es otra que la que regía al momento de la comisión del delito, motivo por el cual se hará el estudio de la formalidad impuesto por el artículo 213 de la Ley 600.
Agréguese a lo anterior -para articular el recurso con la comisión del delito y con el delito mismo- que la casación (y en su contexto los demás medios de impugnación) es un juicio de legalidad a la sentencia; pero también, que ésta no es aislada dentro del contexto de la actuación, como que es el epílogo o la conclusión de un proceso, originado -a su vez- en la comisión del delito, al que -a su turno- ha precedido una normatividad material y procesal, y dentro de esta última algunas normas con efectos sustanciales, conforme a lo señalado en precedencia.
Dígase, de igual manera, que de esta clasificación (normas procesales de efectos sustanciales) hacen parte -en concreto- las atinentes a las rebajas de pena por confesión y por sentencia anticipada, cuando cometido el delito la reducción se establecía en un monto determinado, el que se ve posteriormente modificado por una ley, bien para aminorarlo, ora para eliminarlo respecto del momento en que se confiesa o que se solicita el trámite abreviado, casos en los cuales el análisis comparativo de favorabilidad se impone para reconocer la rebaja mayor.
Asimismo, no hay duda que tratamiento igual han de recibir las causales de libertad, bien porque estando consagradas el día de comisión del hecho se hayan eliminado por una ley posterior en el momento en que se solicitan, o bien porque no estando establecidas normativamente el día del hecho una ley posterior les dé cabida en el ordenamiento legal, pues en el primer evento habrá de concederse por aplicación ultractiva de la ley y en el segundo por la retroactividad por favorabilidad, desde luego que -en cada caso- cuando se satisfagan las exigencias que imponga el legislador para la causal.
Finalmente, si bien es cierto que el instituto jurídico que se expone a continuación debe quedar cobijado por los efectos de la favorabilidad, bien ultractiva (porque vigente al momento del delito esté prohibido posteriormente por una ley al intentarse su reconocimiento), ora retroactivamente porque una norma posterior al hecho reconozca el beneficio, también lo es que el manejo de los efectos favorables difiere, en tanto su clasificación hace parte del grupo de normas sustanciales. Se refiere la Corte específicamente a las prohibiciones contenidas en la Ley 733 de 2002 y en particular a las relativas a la prohibición de conceder subrogados tales como la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la libertad provisional o condicional a sindicados o condenados por los delitos allí señalados, como el secuestro, la extorsión, etc. en los eventos en que las conductas punibles se ejecutaron antes de la expedición de la mencionada ley, como que para esa fecha no existía la trascendente limitante legal.
Ese tipo de disposiciones, vale reiterar, las que consagran o regulan mecanismos sustitutivos de la pena, así como la sanción misma, las que prevén penas accesorias, las que modifican el tipo penal, para citar algunas de las más usuales, son expresiones o manifestaciones legales que encierran verdaderos contenidos sustanciales, respecto de las cuales -sin motivo de discusión- es aplicable la favorabilidad en cualesquiera de sus dos sentidos.
Así las cosas, concluye la Sala que en relación con las normas sustanciales o con las procesales de estos mismos efectos, la mencionada garantía constitucional debe aplicarse aún oficiosamente, so pena de que la omisión en torno a esta carga genere desconocimiento del debido proceso y por esa vía se incurra en causal de nulidad. En cambio, alrededor de las simplemente instrumentales es predicable su aplicación inmediata, descartándose en todo momento cualquier posibilidad de invocación de favorabilidad, pues al ser expedidas, su contenido -además de neutro- sólo tiene como objetivo el hacer más expedito el trámite de la actuación y permitir que el funcionario judicial -con la colaboración de las partes- pueda ir agotando sucesiva y preclusivamente cada uno de los pasos que integran el esquema procesal, pudiéndose afirmar, entonces, que es a este tipo de normas al que queda reducida la aplicación del hecho jurídica o procesalmente relevante, precisándose así -en esos límites- la jurisprudencia.
Definidos así los aspectos centrales que permiten examinar la demanda presentada a nombre de CEDIEL ROJAS, con apoyo en la ley favorable (Art. 218 del D. 2700/91, modificado por el artículo 35 de la Ley 81/93), a ello se procederá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES:
La evidente falta de técnica en la demanda constituye motivo para su inadmisión, en razón a que el casacionista se apartó de las pautas fijadas por la Sala para la postulación y desarrollo de los cargos, entre las cuales está el deber de su formulación con indicación clara y precisa de sus fundamentos que le permitan a la Corte ordenar su trámite.
De la causal tercera se ha dicho de tiempo atrás que aun cuando admite cierta flexibilidad en su proposición y desarrollo no es de libre alegación, pues la naturaleza y la especialidad de la casación hacen ineludible la observancia de las exigencias técnicas que gobiernan a este medio de impugnación extraordinario.
Al censor se le impone en su postulación identificar la clase de vicio, esto es, si se trata de una irregularidad que afecta la estructura del proceso o desconoce las garantías fundamentales del procesado, proponerlo de acuerdo a su alcance y autonomía invalidatoria debiendo hacerlo en cargos separados cuando son varios, señalar sus fundamentos y las normas que se estiman lesionadas y demostrar de qué manera la irregularidad repercute en el trámite y cómo ella trasciende a la sentencia impugnada conduciendo a su anulación.
Le será -asimismo- imprescindible indicar la etapa procesal a partir de la cual se debe invalidar la actuación y demostrar que no existe otro medio para subsanar la irregularidad sustancial distinto que proceder a su reconocimiento, conforme a los principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.
Sin embargo, en la demanda en el desarrollo de la primera censura se entremezclan indebidamente el debido proceso y el derecho de defensa, a pesar de haber sido diferenciados por la ley y la jurisprudencia porque éste es una derivación de aquél, siendo imprescindible en esas condiciones su postulación en cargos separados por obedecer a naturaleza distinta, sin desconocer que puedan existir vicios que los afecten a ambos.
Además, se tiene establecido que los errores atinentes a la legalidad de las pruebas no se difuminan a la estructura del proceso, como tampoco el incumplimiento de las formalidades en su aducción incide en la actuación procesal, en cuyo caso lo que se impone es la sustracción del medio probatorio sin otra consecuencia distinta a su no apreciación, pero sin que ello -se insiste- conduzca a la invalidación del proceso.
Lo anterior explica que los cuestionamientos a la legalidad de la prueba deban proponerse con apoyo en la causal primera -cuerpo segundo- de casación por ser propios de un error de hecho por falso juicio de legalidad, pero no con fundamento en la tercera causal como erróneamente se hace en la demanda.
El actor sin un desarrollo lógico ni coherente indistintamente se refiere a la ausencia de formalidades en el proceso de formación y de incorporación de algunas pruebas, a la inexistencia de otras que considera necesarias y a la falta de práctica en la instrucción de las indicadas por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, supuesto relacionado con el principio de investigación integral, lo cual hace patente las falencias de técnica que dan al traste con la demanda.
De igual manera procedió en el desarrollo del segundo reproche que impide a la Sala precisar la especie de vicio dentro del género del error de hecho, pues si bien es cierto lo enuncia como falsa apreciación de la prueba -falso raciocinio- no lo postula conforme a la técnica casacional requerida e inapropiadamente involucra hechos relacionados con sus otras modalidades: falso juicio de existencia y falso juicio de identidad.
Cuando en casación se propone el error de hecho por falso raciocinio, es deber del actor indicar lo que expresa de manera objetiva el medio, qué fue lo deducido del mismo en la sentencia, cuál fue el mérito probatorio otorgado por el fallador y señalar la regla de la experiencia, el principio de la ciencia o el postulado de la lógica omitidos, demostrando -a su vez- la trascendencia del vicio en ella ya que su sentido sería otro de no haberse incurrido en él.
El reparo se queda en la simple enunciación al dedicarse el demandante a hacer crítica probatoria, olvidando que el juzgador goza de una libertad relativa en la apreciación de la prueba en razón de la sana crítica o de la persuasión racional que rige en el ordenamiento jurídico y que por virtud de la doble presunción de legalidad y acierto de que se halla investida la sentencia, en la impugnación extraordinaria se juzgan únicamente errores de juicio o de procedimiento.
De esos requerimientos se aparta el casacionista cuando a la manera de un alegato propio de instancia, cuestiona al fallador al dar por establecida la responsabilidad del procesado a partir de pruebas que considera irregulares o inexistentes, motivos estos ajenos a la clase de error propuesto, y reconocerle alcance probatorio a las que conducían a dudar del supuesto exceso de velocidad como una de las causas del accidente.
Las deficiencias de técnica llevan a la Sala a inadmitir la demanda ante el carácter rogado del recurso que le impide subsanarlas, corregirlas o enmendarlas.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
RESUELVE:
Inadmitir la demanda de casación presentada por el apoderado judicial del procesado GONZALO ALFREDO CEDIEL ROJAS.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Notifíquese y devuélvase el expediente al juzgado de origen.
Cópiese y Cúmplase.
MARINA PULIDO DE BARÓN
Salvamento de voto
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ HERMAN GALÁN CASTELLANOS
Salvamento parcial de voto
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
Aclaración de voto
Teresa Ruiz Núñez
Secretaria