SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente:
DR. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Aprobado Acta Nº: 51
Bogotá D.C., veintidós de junio de dos mil cinco.
VISTOS
Se pronuncia la Corte en relación con el aspecto formal de la demanda de casación formulada por el defensor de RICHARD VALENCIA CAICEDO, contra el fallo del 14 de septiembre de 2004 proferido por el Tribunal Superior de Pasto, confirmatorio de la condena de 26 años de prisión que el Juzgado 2º Penal del Circuito de dicha ciudad le impuso al procesado en sentencia del 23 de junio del mismo año, como autor del homicidio de su hermano Silvio Valencia Caicedo, cuyos despojos mortales fueron descubiertos diseminados entre el 31 de julio y el 5 de agosto de 2003 por miembros del CTI y la SIJIN, en diversos sectores de la Capital nariñense.
Al amparo de la causal primera, cuerpo segundo, el censor propone como único cargo la violación directa -sic- de una norma de derecho sustancial, en cuanto que conforme a las directrices de la Corte -uno de cuyos pronunciamientos transcribe en sus apartes pertinentes- reclama el reconocimiento de “las condiciones que impone la confesión para la cuantificación de la pena.”
En desarrollo de la censura sostiene que tanto el Tribunal -Colegiatura que al resolver la alzada interpuesta por el procesado, arguye, y teniendo en cuenta la limitación que el propio recurso le imponía en relación con los aspectos impugnados, únicamente desechó los fenómenos de la preterintención y la legítima defensa planteados de manera incongruente por el recurrente-, como el juez de la causa, desconocieron la existencia de una prueba “proveniente de la confesión del sindicado, que no se descalificó con otro tipo de pruebas y es expresamente su crítica dialéctica lo que la descarta y en consecuencia no atendieron la afección que sobre la sanción tiene dicha prueba, más la preterintención, ausencia de validez del agravante específico.”
Si del examen que se hizo en la sentencia demandada del testimonio de la compañera o esposa del procesado, prosigue, se admite su cohesión con la confesión del acusado, debió dársele pleno valor probatorio a ésta y atender cada uno de los planteamientos en ella expuestos, “si éstos son coherentes y tienen referencia con los hechos”.
En capítulo aparte que intitula “FUNDAMENTO DE HECHO”, advierte el demandante no haberse discutido el carácter de confesión de las diferentes manifestaciones orales y escritas expuestas por el procesado, pues si bien en la sentencia impugnada no se hace expresa referencia a ello, es lo cierto que en la decisión del 5 de diciembre de 2003 obra de la Fiscalía 1ª Seccional de Pasto, se acepta que el sindicado en diligencia de indagatoria “confiesa de manera calificada ser el autor del homicidio de su hermano (...); pero eran las providencias de primera y segunda instancias, las llamadas a ubicar, qué referente jurídico corresponde al contexto del dicho del procesado.”
La totalidad de las reflexiones jurídicas que se hacen en el fallo impugnado, giran en derredor de esa confesión, aduce el actor luego de indicar que el acusado hizo expresa mención de las costumbres y aberraciones del interfecto, de los antecedentes criminales de ambos -occiso y victimario-, del deterioro personal, social y marital de aquél, y de las circunstancias que rodearon el cruento episodio, no existiendo prueba alguna que contradiga su dicho, lo cual ni siquiera se logra con los testimonios de su propia compañera o el de su padre. Por consiguiente, necesario resulta su reconocimiento y otorgarle el valor que corresponde en derecho “como causal de reducción de pena, así la sentencia haya obviado el correspondiente estudio de este fenómeno.”
En orden a la demostración de que la susodicha confesión se constituyó en fundamento de la sentencia atacada en sede de la extraordinaria impugnación, alega el casacionista que los funcionarios que a su cargo tuvieron el asunto a ella se refieren en sus providencias, cuando como tal manejan “las expresiones del ciudadano condenado, para admitir la absolución del cargo relacionado con la indefensión de la víctima, no vinculara a terceros y llegar a la conclusión de responsabilidad. De tal manera que no referirse en la resolución de condena al derecho de VALENCIA CAICEDO para que haya reconocimiento de la confesión como fundamento, sería negar la realidad de todo el proceso. El fundamento más que semántico, entonces, resulta dialéctico.”
Si el juzgador, a partir del dicho del procesado vertido en su indagatoria, y del de su compañera, infirió los hechos, debió reconocer que ello es el verdadero fundamento de la sentencia, máxime si desde esa primera versión allanó el camino del instructor. Otra cosa es que éste no hubiera agotado, como era su obligación, los medios de prueba que confirmasen o infirmaran el contexto de la confesión y, el no hacerlo, simplemente la valida. Por lo tanto, sólo basta acudir a la verdad procesal para poder sostener que se está frente a una confesión legalmente válida, que permite reclamar los beneficios punitvos que la misma entraña para el justiciable. Reafirma su aserto, en el hecho de que el Tribunal para deducir el propósito homicida en el agente y correlativamente desechar la preterintención argüida, fincó sus argumentos en lo que el propio implicado adujo acerca del arma utilizada en la ejecución de la reprochada conducta, la cual desencadenó la ingesta alcohólica. Una vez más, reitera, se acepta el dicho del procesado.
Dentro de lo que el actor concibe como “FUNDAMENTO JURÍDICO” de la censura, razona que si se parte de la premisa de que la confesión de su asistido no ha sido infirmada, y sus expresiones se manejan “en un contexto real y lógico”, no existen pruebas que permitan dudar de la veracidad de las cosas por él aceptadas, por lo que la conclusión no puede ser otra que darle el valor jurídico que corresponde, situación que, en su sentir, se nota en la posición asumida por el juez colegiado en un fragmento de su providencia que para el efecto cita.
Concurriendo con el dicho de VALENCIA CAICEDO, cuya relación de los acontecimientos permitió condenar al verdadero responsable y no a un tercero, amén de explicar el aspecto objetivo de la conducta por él desplegada y mostrar la trascendencia de esos eventos, también faculta a reclamar que se declare que no hubo intención ni conciencia en el agente de producir la muerte de su consanguíneo, lo cual bien puede deducirse del comportamiento que con posterioridad al hecho asumió el acusado, alega el demandante previa descripción de las circunstancias en que sustenta su afirmación.
Finalmente y a manera de colofón de sus argumentaciones, expresa el censor que siendo la confesión del acusado el fundamento del fallo de condena, cuya trascendencia jamás se puso en duda por el sentenciador, y acreditados los demás requisitos que la ley exige para acceder a la reducción punitiva que aquella entraña, es menester así reconocerlo, pues si bien se afirma en los fallos de instancia que la versión del procesado es confusa, ello debe entenderse como producto de su baja cultura, del contexto social y de los problemas socio-páticos que padece, como se desprende de la completa experticia siquiátrica que se le practicó y oportunamente allegada al proceso.
Como precepto infringido el actor señala el Art. 283 del C. de P. Penal, por desconocimiento de la rebaja de pena en ella dispuesta habiendo lugar a hacerla en el presente caso, pues miradas las cosas conforme a las previsiones contenidas en los Arts. 280 a 282 ibidem, indica, las pocas pruebas practicadas por la Fiscalía en nada contradicen los aspectos fundamentales de la auto-acusación. Confrontadas las razones científicas plasmadas en las correspondientes pericias con el desarrollo de la confesión, “no hay motivo para despreciarla conforme a las reglas de la sana crítica”, lo cual implica que debe otorgársele el valor jurídico que le corresponde, reitera.
Casar la sentencia impugnada, “reconociendo la existencia del grado preterintencional de la responsabilidad” y la reducción de pena por confesión a efecto de que la respectiva sanción se ajuste de manera legal, es la aspiración del casacionista.
Conforme con las preceptivas del Art. 212 de C. de P. Penal, para que una demanda de casación tenga la capacidad de concitar su estudio de fondo por parte de la Corte, valga decir, para que pueda catalogarse de formalmente idónea, deviene necesario que se cumpla a cabalidad con los presupuestos que para tal efecto se relacionan en el referido canon, primordialmente el establecido en su ordinal 3º, pues la enunciación de la causal y la formulación del cargo ha de estar precedida por la claridad y precisión en sus fundamentos, exposición que debe obedecer a las reglas de técnica casacional propias del extraordinario recurso.
En el presente caso, el demandante acusa la sentencia de violar directamente el artículo 283 del Código de Procedimiento Penal anterior, en cuanto que los juzgadores de instancia no tuvieron en cuenta que la confesión vertida por el procesado le daba derecho a una rebaja de la pena que finalmente se le impuso.
El planteamiento así formulado, desconoce que para que la no aplicación de la rebaja de pena por confesión se pueda atacar por violación directa, es imprescindible que en el fallo se haya reconocido que la confesión se produjo desde la primera versión que el sindicado rindió ante el funcionario judicial competente, que no se trate de una hipótesis de flagrancia, y que la misma se constituya en fundamento de la sentencia, de manera que el error del fallador se circunscriba a la falta de aplicación del artículo 283 del estatuto procesal penal -299 del anterior-, como en incontables ocasiones lo ha precisado la Sala, entre otros pronunciamientos, en los realizados el 1º de diciembre de 1994, Rad. 8.678, M. P. Ricardo Calvete Rangel; 21 de julio de 2000, Rad. 11.056, M. P. Carlos Augusto Gálvez Argote; y 10 de abril de 2003, Rad. 11.960, M.P. Yesid Ramírez Bastidas.
Con base no sólo en esa reseña jurisprudencial, sino también con lo reglado en el propio texto de la norma que reputa objeto del supuesto quebranto, le era menester al demandante identificar el segmento del fallo atacado en el cual el juzgador dio por establecido los elementos que hacían viable la rebaja de pena que ahora reclama, no obstante lo cual omitió reconocer sus efectos favorables en la sanción. Ello brilla por su ausencia en el escrito por medio del cual se pretende en el presente asunto sustentar la impugnación extraordinaria
Ahora, si para demostrar que la versión del procesado es el fundamento del fallo atacado -no porque así lo hubiese admitido el juzgador en el mismo sino porque así lo estima el censor- en el libelo se aducen los siguientes argumentos: a) Que el pretextado yerro consistió en que no se atendió a que existía una prueba proveniente de la confesión del sindicado que no fue descalificada por otra, pues sus manifestaciones guardan entera “cohesión” con las de su esposa Maricel Sánchez, situación que el propio Tribunal reconoce; b) Que “las pocas pruebas” practicadas por la Fiscalía en nada controvierten los aspectos fundamentales de aquella “auto-acusación”; y c) Que si las “razones científicas” plasmadas en el acta del examen siquiátrico al que se sometió al procesado se cotejan con “el desarrollo de la confesión”, conforme con las reglas de la sana crítica “no hay motivo para despreciarla”; resulta evidente, entonces, que un planteamiento de esa naturaleza contraviene la técnica que debe observarse en casación cuando de recurrir por la vía de la violación directa se trata, supuesto que en tal evento, como de antaño lo tiene dicho la jurisprudencia de la Sala, no se pueden discutir los hechos, las conclusiones e inferencias a las que arribó el juzgador, porque de lo que en este caso se precisa es de formular un cuestionamiento jurídico respecto de la norma, y no sobre el aspecto probatorio que se dice defectuoso.
En ese orden de ideas, si el actor era del criterio que por yerros de apreciación probatoria no fue tenida en cuenta la confesión de su asistido, como parece ser su propuesta, debió acudir al cuerpo segundo de la causal primera de casación, esto es, a la violación indirecta de la ley sustancial, por alguna de sus hipótesis.
Deviene aún más patente la informalidad con la que se asumió la sustentación de la censura, cuando a través del único reparo planteado en la demanda aspira el casacionista a que se case la sentencia declarándose que el agente actuó con preterintención, sin realizar el más mínimo esfuerzo por señalar, y menos acreditar, los errores de juicio en que pudo haber incursionado el juzgador al deducir el grado de culpabilidad atribuido al procesado en el fallo cuestionado.
Por modo que, los desaciertos técnico-conceptuales que presenta la demanda cuyo aspecto formal viene de examinar la Sala, imponen su inadmisión y de contera la deserción del recurso.
Finalmente, no se observa violación a garantía fundamental alguna que en virtud del artículo 216 del Código de Procedimiento Penal conduzca a la Sala a actuar oficiosamente.
En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre de RICHARD VALENCIA CAICEDO por su defensor. En consecuencia, se declara desierto el recurso, conforme a las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído. Contra este auto no procede recurso alguno, en virtud a lo dispuesto en los Arts. 213 y 187, inc. 2º de la Ley 600 de 2000.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
MARINA PULIDO DE BARÓN
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ HERMAN GALÁN CASTELLANOS
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO EDGAR LOMBANA TRUJILLO
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria