Proceso No 23752
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
Aprobado Acta # 43
Bogotá D.C., junio primero (1º) de dos mil cinco (2005).
VISTOS:
Resuelve la Sala si admite o no la demanda de casación presentada por el defensor del procesado AQUILINO BARÓN GALINDO.
ANTECEDENTES:
1. La siguiente es la síntesis de los hechos de acuerdo con la sentencia:
“En el año de 1991, AQUILINO BARÓN GALINDO en representación de Efraín Acevedo Rivero promovió proceso ejecutivo prendario contra Augusto López Cardozo ante el Juzgado 22 Civil del Circuito y como medida cautelar solicitó que se oficiara al Juzgado 21 Civil del Circuito para que se cancelara la medida de embargo que sobre el vehículo de placas SDU-1494 pesaba en razón al proceso ejecutivo singular. Previo a tomar alguna decisión, el funcionario requerido ordenó oficiar a la Inspección de Tránsito y Transportes de la localidad de Fusagasugá para que certificara sobre los gravámenes que pesaban sobre dicho automotor y por intermedio del abogado se recibió el oficio calendado el 1º de noviembre de 1991 contentivo de la anotación ‘la prenda a favor del señor Efraín Acevedo R. se encuentra vigente’, cuya apocrifidad se demostró como quiera que medida cautelar como la inscrita jamás se realizó”.
2. BARÓN GALINDO fue vinculado al proceso a través de indagatoria el 3 de junio de 1999, se le resolvió la situación jurídica el 4 de noviembre siguiente y el 25 de mayo de 2000 la Fiscalía lo acusó como determinador de la conducta punible de falsedad material de servidor público en documento público, agravada por el uso (arts. 218 y 220, inciso 2º, del C. P. de 1980)1. Esta providencia quedó ejecutoriada el 8 de junio de 2000.
3. Tramitado el juicio, el 19 de julio de 2001 el Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó a 38 meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término y suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado durante dos años2. Y,
4. La defensa apeló ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Bogotá, a través del fallo recurrido en casación, expedido el 20 de octubre de 2004, tras otorgarle al procesado el descuento punitivo previsto en el último inciso del artículo 30 del Código Penal de 2000, fijó la pena privativa de la libertad en 28 meses y 15 días de prisión y en lo demás confirmó las determinaciones de la primera instancia.
LA DEMANDA:
Cargo único.
1. Dice el censor, con sustento en la causal 3ª del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal de 2000, que el juzgador carecía de competencia para dictar la sentencia pues la acción penal se encontraba prescrita.
2. Al referirse el Tribunal al tema en la sentencia, en la cual no accedió a cesar el procedimiento, hizo alusión a los artículos 83 y 86 del Código Penal de 2000, de conformidad con los cuales la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad fijada en la ley, pero en ningún caso en uno inferior a 5 años ni superior a 20; y que a partir de la ejecutoria de la acusación se interrumpe el lapso transcurrido y empieza a correr nuevamente por un término igual a la mitad del anotado, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 10.
Agregó esa Corporación que la conducta punible por la cual se condenó al acusado la sancionaba la ley 599 de 2000, aplicable por favorabilidad, con pena máxima de 12 años, la cual debía disminuirse en 3 años en virtud de la reducción de la cuarta parte por tratarse de interviniente sin las calidades exigidas en el tipo penal (art. 30 ibídem).
Y concluyó:
“Ahora, la conducta punible investigada tuvo ocurrencia el 1º de noviembre de 1991, y de otro lado, la ejecutoria de la resolución de acusación dictada en contra de AQUILINO BARÓN GALINDO (fl. 199 del c.o. #1) cobró ejecutoria el 8 de junio del 2000, de donde se establece que antes de dicha providencia habían transcurrido 8 años y 7 meses, de donde se concluye que no ha operado el fenómeno prescriptivo de la acción a favor del procesado”.
3. Advierte el casacionista que se atiene a lo que dice la sentencia pero que de acuerdo al artículo 86 del Código Penal de 2000 el término de prescripción se reduce a la mitad y eso significa que en el presente caso el mismo es de 4 años y medio pues la pena máxima prevista para la infracción imputada son 9 años.
Así las cosas, la acción penal se encuentra prescrita desde el 8 de noviembre del 2004 y, en consecuencia, es nulo lo actuado a partir de esa fecha.
4. No es aplicable la limitante de 5 años contemplada en el artículo 86 citado
“en razón del artículo 531 de la ley 906 del año 2004 que redujo la prescripción mínima a tres años y que también es aplicable por favorabilidad al procesado, y en cuyo caso la prescripción se reduce de nueve años a siete años, seis meses, la mitad de éstos serían tres años nueve meses, los cuales se cumplieron el 8 de marzo del año 2004, de tal manera que todo lo actuado con posterioridad a dicha fecha se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia, y en esto si erró el H. Tribunal porque no dio aplicación a los artículos 531 y 533 de la ley 906 del año 2004, siendo su deber hacerlo si consideramos que esta ley fue publicada en el Diario Oficial #45.658 del 1º de septiembre del 2004”.
Resultaron quebrantados, en fin, los artículos 6º, 83 y 86 del Código Penal de 2000; 6º, 38 y 39 del Código de Procedimiento Penal del mismo año; y 531 y 533 de la ley 906 de 2004.
La solicitud del defensor es que se case la sentencia, que se decrete la nulidad de lo actuado a partir del 8 de marzo de 2004 y que se cese el procedimiento a su representado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. Sobre el fenómeno prescriptivo de la acción penal y el recurso de casación, dijo la Sala en otra oportunidad3:
“La prescripción desde la perspectiva de la casación, puede producirse: a) antes de la sentencia de segunda instancia; b) como consecuencia de alguna decisión adoptada en ella con repercusión en la punibilidad; o, c) con posterioridad a la misma, vale decir, entre el día de su proferimiento y el de su ejecutoria.
“Si en las dos primeras hipótesis se dicta el fallo, su ilegalidad es demandable a través del recurso de casación, porque el mismo no se podía dictar en consideración a la pérdida de la potestad punitiva del Estado originada en el transcurso del tiempo.
“Frente a la tercera hipótesis la situación es diferente. En tal evento la acción penal estaba vigente al momento de producirse el fallo y su legalidad en esa medida resulta indiscutible a través de la casación, porque la misma se encuentra instituida para juzgar la corrección de la sentencia y eso no incluye eventualidades posteriores, como la prescripción de la acción penal dentro del término de ejecutoria.
“Cuando así sucede, es deber del funcionario judicial de segunda instancia o de la Corte si el fenómeno se produce en el trámite del recurso de casación, declarar extinguida la acción en el momento en el cual se cumpla el término prescriptivo, de oficio o a petición de parte. Pero si no se advierte la circunstancia y la sentencia alcanza la categoría de cosa juzgada, la única forma de remover sus efectos e invalidarla es acudiendo a la segunda de las causales que hacen procedente la acción de revisión”.
2. Ahora bien: si el recurso extraordinario es procedente para denunciar eventualidades de prescripción ocurridas antes del fallo o que se originen en alguna decisión adoptada en él, es claro que dicha circunstancia debe demostrarla el casacionista en el reproche respectivo, así como el error de juicio, probatorio o jurídico, que condujo a la irregularidad.
En la primera parte del argumento de la defensa se menciona como fecha de prescripción el 8 de noviembre de 2004, esto es, una posterior a la sentencia que se dictó el 20 de octubre del mismo año. Por ende, se trata de un asunto marginal al recurso de casación que conduce a la inadmisión de la demanda.
Y aunque luego, al intentar convencer de que no aplica en el presente caso el término mínimo de 5 años consagrado en el artículo 86 del Código Penal de 2000, acaba ubicando en marzo 8 de 2004 el momento de ocurrencia del fenómeno extintivo de la acción penal, lo hace a través de una fundamentación jurídica que no consigue acreditar que el Tribunal se equivocó.
No expresó, en efecto, por qué el lapso mínimo previsto en la norma penal antes referida, que todavía no se ha alcanzado si se tiene en cuenta que la resolución acusatoria cobró ejecutoria el 8 de junio de 2000, fue objeto de modificación por el artículo 531 de la ley 906 de 2004, que si bien es cierto está vigente desde su publicación en el Diario Oficial 45.658 del 1º de septiembre de 2004, igual lo es que sustrajo de la reducción del término de prescripción fijado en la ley, las actuaciones donde se hubiera proferido resolución de cierre de investigación, aspecto éste que no le mereció ninguna explicación al recurrente.
Para la Sala, entonces, no hay lugar a la admisión de la demanda.
A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre del procesado AQUILINO BARÓN GALINDO.
Contra la presente decisión no proceden recursos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
MARINA PULIDO DE BARÓN
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ HERMAN GALÁN CASTELLANOS
Comisión de servicio
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO ÉDGAR LOMBANA TRUJILLO
Comisión de servicio
ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Salvamento de voto
YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA
TERESA RUIZ NÚÑEZ
1 . Folios 104, 128 y 199/1.
2 . Folio 156/2.
3 . CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sent. – Casación 18.368, junio 30 de 2004, M.P., Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS.