Proceso No 23880




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL



Magistrado Ponente

MAURO SOLARTE PORTILLA

Aprobado acta número 56



Bogotá. D.C., diecinueve de julio de dos mil cinco.



       Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alcides Elías Pimienta Rosado, contra la decisión del 24 de mayo de 2005, mediante la cual la Sala de decisión penal del Tribunal Superior de Riohacha le negó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria.



ANTECEDENTES



       El procesado, quien se desempeñaba como Fiscal delegado ante los Juzgados penales del circuito de Cúcuta, fue vinculado al proceso penal por la posible comisión de los delitos de prevaricato por acción y por omisión.


       Después de escucharlo en diligencia de indagatoria, por asignación especial, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le impuso, mediante providencia del 31 de agosto de 2004, medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, como presunto autor responsable de la conducta de prevaricato por acción, en concurso real, sucesivo y homogéneo.


       El 13 de septiembre del mismo año, la Fiscalía accedió, por petición de la defensa, a la sustitución de la medida de aseguramiento de detención efectiva por la de detención domiciliaria.


       Ya en la fase del juicio, la defensa le solicitó al Tribunal la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria, con fundamento en los efectos favorables de las disposiciones de la ley 906 de 2004, que según el artículo 6 de ese estatuto son, a su juicio, aplicables a las actuaciones en curso.


       Dijo, en ese orden, que el numeral 2 del artículo 313 de la nueva ley prevé la detención preventiva para aquellos delitos cuya pena mínima es o excede de 4 años de prisión, de modo que como el que se le imputa al sindicado, según el artículo 131 de la ley 599 de 2004, se sanciona con una pena mínima de 3 años de prisión, la medida que le fue impuesta es improcedente y en consecuencia debe ser revocada.


        Adujo, además, que la Corte Suprema de Justicia, en un caso similar, avaló esa interpretación, de manera que no ve obstáculo para que su solicitud sea atendida favorablemente.



DECISION DE PRIMERA INSTANCIA


       

       El Tribunal negó la solicitud con base en los siguientes argumentos:


       No ignora la Sala el antecedente jurisprudencial elaborado por la Corte Suprema de Justicia sobre la base del principio de favorabilidad, al cual hace referencia el defensor del sindicado. Pero piensa que si bien los casos son similares, no por ello son idénticos, al punto que los efectos de la providencia mediante la cual se resolvió una petición parecida no pueden asimilarse, porque en aquella se trataba de resolver el caso de una persona aforada, que no es precisamente el caso de ahora.


       Además, según los textos de los artículos 81 de la ley 600 de 2000 y 42 de la ley 906 de 2004, la Corte tiene competencia en todo el territorio nacional, lo cual le permite aplicar indistintamente cualquiera de esa dos legislaciones, mientras que los Tribunales no, pues éstos solo tienen competencia en el ámbito de los distritos judiciales correspondientes.


       En conclusión, como la ley 906 de 2004 tiene una vigencia gradual, ello significa que en el Distrito Judicial de Riohacha no se encuentra vigente y es inaplicable, ya que en esa sede solo entrará a regir el 1 de enero de 2008. Y eso no crea una discriminación odiosa ni vulnera el principio de igualdad, pues la Constitución manda que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa.


       Esta afirmación, que es un principio y un pilar del estado social de derecho, “resultaría igualmente violada si se aplica el principio constitucional de favorabilidad, debido a que el Tribunal competente para juzgar al ex fiscal Alcides Pimienta Rosado, es esta sala penal, cuya competencia para aplicar la ley 906 de 2004, está consagrada (sic) a partir del 1 de enero de 2008 en su artículo 530 ibidem.”



FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION



       Además de reiterar los argumentos fundamentales de su petición inicial, el defensor aduce que no tiene presentación que los jueces, subordinados al imperio de la Constitución y de la ley, se abstengan de aplicarla pretextando una cobertura territorial que desconoce el efecto ‘erga omnes’ común a toda ley positiva.


       Además, tratándose de interpretación de normas procesales, no es de recibo la teoría de la competencia nacional, reservada a la Corte Suprema de Justicia y menos frente al principio de favorabilidad, que siendo imperativo, están todos los jueces obligados a aceptarlo.


       Pide, en consecuencia, que se revoque la decisión.



CONSIDERACIONES DE LA CORTE




       El derecho penal es una parte del sistema penal que realiza materialmente la política criminal concebida conforme a los valores y principios constitucionales de determinado modelo de estado. De otro modo: si a cada modelo de estado corresponde un modelo de derecho penal, la política criminal de un estado democrático y constitucional solo puede conducir a un derecho penal limitado por el respeto a los derechos humanos; a un derecho penal de orientación garantista.

       

       Desde la perspectiva dogmática, por ejemplo, el derecho penal sustancial está diseñado en perspectiva de ofrecer tutela a bienes jurídicos fundamentales,1 sobre la base de la necesidad de su protección y de la proporcionalidad de su respuesta, como elementos insustituibles de una política criminal inspirada en valores y principios propios de estados cimentados en el respeto por la dignidad humana, cuya defensa les compete a los jueces en el ámbito de su autonomía jurídica y política.


       El derecho procesal penal no lo es menos. En efecto, aun cuando con el modelo de estado pueden ser compatibles diversos métodos de investigación y enjuiciamiento, solo pueden ser concordantes con un estado social y democrático los procedimientos que establecen mecanismos de protección para quienes intervienen en los procesos penales, y que determinan como excepción reglas acerca de la detención preventiva, como elementos nucleares de una política criminal que también busca la eficiencia de la administración de justicia. 2


       Como se comprende, en la elaboración del derecho penal, tanto sustancial como procesal, el legislador no es omnipotente. En efecto, está condicionado por la barrera infranqueable de los principios y valores del estado, la filosofía sobre derechos humanos y el bloque de constitucionalidad. Ello significa, entonces, para lo que ahora importa, que si de elaborar un procedimiento penal se trata, el legislador no puede desconocer, los supuestos propios del debido proceso, entre los cuales se destacan los principios de legalidad (la ley previa al acto que se imputa y juzga, y la irretroactividad de la ley) y favorabilidad (ultractividad y retroactividad de  la ley benéfica), pues ellos realizan el fin supremo de la política criminal, que no es otro que el de “garantizar la protección de las personas que intervienen en el proceso penal”.


       Pero si en la fase de formación de la ley penal, el legislador no puede ignorar esos principios, menos puede hacerlo el Juez, como protector de los derechos, a la hora de aplicar la ley. Por el contrario, a éste le corresponde garantizar su vigencia mediante argumentaciones que miren menos hacia el trazo linguístico de los enunciados y mas hacia los efectos benéficos de la materialización de los principios, que trascienden la ley y le dan sentido a través de su interpretación.


       Pues bien:


       El principio constitucional de favorabilidad no fue derogado – como no puede ser –, sino reafirmado por el artículo 6 de la ley 906 de 2004, en el marco del principio de legalidad. Si se quiere, la favorabilidad, en el diseño del artículo citado, como lo impone también el 29 del Ordenamiento Superior, se erige como una regla que confirma la validez del principio de legalidad en el marco del debido proceso como valor. Por lo mismo, no se entiende por qué el Tribunal, partiendo del precepto constitucional, afirme que el debido proceso se vulnera al reconocer el principio de favorabilidad, cuando éste lo que hace es confirmarlo.


       Podría pensarse que en términos generales esa es una expresión ecuménica que no ofrece dificultad, pero que la lectura no es tan clara frente a la vigencia gradual de la ley, pues aquella no estaría vigente sino en cuatro distritos judiciales – en todo caso no en el de Riohacha –, tal como lo dispuso el artículo 530 de la ley 906 de 2004, con fundamento en el artículo 5 del acto legislativo 03 de 2002. 3 


       En orden a resolver ese punto, conviene distinguir entre existencia, validez, vigencia e implementación de la ley. Desde ese punto de vista, la ley existe cuando ella se introduce en el orden jurídico luego de cumplir las condiciones y requisitos para su producción; es válida cuando formal y sustancialmente respeta normas superiores que le anteceden o le sobrevienen; está vigente cuando genera o produce efectos jurídicos; y se implementa mediante “una serie ordenada de pasos, tanto jurídicos como fácticos, pretederminados por la misma norma, encaminados a lograr la materialización, en un determinado periodo de tiempo; de una política pública que la norma refleja.” 4


       Así, a partir del concepto unitario de Estado (artículo 1 de la Constitución Política), puede afirmarse que las leyes están destinadas, por regla general, a regir en todo el territorio nacional desde que se promulgan (artículo 165 idem), razón por la cual la ley 906 de 2004 existe. Cuestión diferente es que algunas de sus disposiciones, como las que perfilan institutos propios y exclusivos del nuevo sistema de investigación y juzgamiento, requieran de su indispensable implementación, lo cual es en todo caso distinto a decir que la ley 906 de 2004 no rige ni es válida en aquellas materias relacionadas con el diseño de los principios constitucionales y con instituciones que son comunes con la legislación procesal precedente. 5


       Claro que lo aconsejable es que la existencia, vigencia e implementación coincidan, en el marco de la llamada vigencia sincrónica de la ley, pero porque ello no siempre es posible es que el legislador dispone su vigencia sucesiva (gradualidad), dejándole al interprete la tarea de encontrar su cabal aplicación. 6

Ahora, si bien corresponde al ámbito de autonomía del legislador indicar la forma como la ley ha de entrar a regir, lo que no puede hacer, ni aún acudiendo a las facultades consagradas en el artículo 5º, del acto legislativo 02 de 2003, que modifica la parte orgánica – que no la dogmática – de la Constitución, es restringir los alcances de los derechos fundamentales de aplicación inmediata como el de favorabilidad (artículo 85), ante la coexistencia de leyes que regulan de igual manera un mismo fenómeno.


En efecto, “los valores, principios y derechos constitucionales deben ser garantizados por el legislador al ejercer su función de hacer las leyes y, concretamente, al regular temas atinentes a la política criminal del Estado. En consecuencia, si el constituyente dispuso la eficacia directa de los derechos fundamentales la ley no podría establecer cosa distinta.” 7


       En ese orden de ideas, la ley 906 de 2004, en lo que respecta al principio de favorabilidad 8, rige en todo el país y permite aplicar las disposiciones que regulen los mismos institutos, como el de las medidas de aseguramiento, que hacen parte del núcleo de la política criminal en el marco del estado social y democrático de derecho, como quedó dicho con anterioridad.


       De manera que el proceso de implementación de la ley 906 de 2004, que corresponde a la gradualidad del lenguaje propio del acto legislativo 03 de 2002, no puede excluir la favorabilidad de normas procesales sustanciales, pues la gradualidad supone que la ley por implementar está vigente, ya que no se puede implementar la que no rige.

       

       Tal sistema, por lo demás, no es inusual en el derecho comparado y en particular en la América Latina, tributaria de una política destinada a materializar la idea de globalización de los procedimientos (pero la cual se debe asumir para realzar los contenidos garantistas del procedimiento). En efecto, el código de procedimiento penal ecuatoriano, en la “disposición final” señaló que el código entrará a regir 18 meses después de su promulgación, salvo los derechos constitucionales de aplicación inmediata. 9


       Otros, como el código procesal Boliviano, el Chileno, y el Peruano consagran expresamente, como no podía ser de otra manera, el principio de favorabilidad, e incluso el Peruano, que también acoge el sistema de gradualidad (primera disposición final), con fundamento en el principio de favorabilidad propicia soluciones puntuales, como la relacionada con la aplicación de la figura de la sentencia anticipada para los procesos en curso (numeral 4 de la primera disposición final).


       Desde luego que a partir de esas referencias no se trata de proyectar soluciones puntuales acerca de hipotéticos y probables aplicaciones del principio de favorabilidad, ni de postular una teoría general acerca de posibles variables que pueden presentarse en el proceso de implementación del proceso penal, sino de resaltar que la favorabilidad, como el derecho comparado lo muestra, el bloque de constitucionalidad lo indica y la Constitución Política lo enseña, es un valor que no está sometido a condiciones y cuya validez y eficacia no depende de la ley, sino de normas superiores, que el juez como destinatario de la ley debe aplicar en el caso concreto. 10


       De manera que, de lo expuesto, se puede concluir que la ley 906 de 2004, en la definición de normas que desarrollan principios constitucionales, como el debido proceso y de institutos que son comunes con los de la ley 600 de 2000, como las medidas de aseguramiento, rige en todo el territorio nacional (artículos 1, 2, 29, 85, 2, 29, 85 y 150-2 de la Constitución Política), en coexistencia de leyes, por lo menos mientras la ley 906 de 2004 entra en plena operatividad, y aún después, hasta cuando culminen los procesos que vienen en tránsito procesal.


       El caso concreto:


       De acuerdo con la ley 600 de 2000, procedía la medida de aseguramiento de detención preventiva frente al delito de prevaricato por acción (por la naturaleza de la conducta y no por la pena), que es la conducta por la cual fue acusado el ex fiscal, cuando fuese necesaria para cumplir los fines de la misma y existiesen al menos dos indicios graves de responsabilidad (artículos 355, 356 y 357).


       El régimen de las medidas cautelares de carácter personal en la ley 906 de 2004 es prácticamente el mismo - salvo que quien las decide no es el fiscal, sino el Juez de garantías -, pues probatoriamente se exige la construcción de una inferencia razonable acerca de la responsabilidad y demostrar el cumplimiento de los excepcionales fines de la medida de aseguramiento, frente a conductas investigables de oficio cuya pena mínima es de cuatro años (artículos 308, 309 y 310 y 312-2).


       Como tal instituto, desde el punto de vista material y formal, se regula en forma idéntica, entonces no se opone su aplicación por favorabilidad a situaciones que se decidieron en su momento con base en la ley 600 de 2000, como la Corte mayoritariamente lo ha aceptado.11


       Como el delito por el cual se procede tiene asignada una pena mínima de tres años, la medida de aseguramiento no es procedente. En consecuencia, se revocará la decisión impugnada y se ordenará la libertad inmediata del sindicado.



DECISION



       Por lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal,



RESUELVE



       Revocar la decisión de fecha y origen impugnada. En consecuencia, se deja sin efecto la medida de aseguramiento impuesta a Alcides Pimienta Rosado y se ordena su libertad inmediata.



NOTIFIQUESE y CUMPLASE





MARINA PULIDO DE BARÓN







SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ      HERMAN GALÁN CASTELLANOS







ALFREDO GÓMEZ QUINTERO       EDGAR LOMBANA TRUJILLO







ALVARO O. PEREZ PINZON        JORGE QUINTERO MILANÉS

    Salvamento de voto






YESID RAMÍREZ BASTIDAS        MAURO SOLARTE PORTILLA







TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria





1 Cfr. Por todos, Corte Constitucional, Sentencia  873 de 2003.

2 De acuerdo con la Jurisprudencia constitucional, forman parte del concepto de política criminal.. b.- las que establecen regímenes sancionatorios y los procedimientos necesarios para proteger bienes jurídicos, las que señalan criterios para aumentar la eficiencia de la administración de justicia, d., las que consagran los mecanismos para la protección de las personas que intervienen en los procesos penales, e, las que regulan la detención preventiva, o f., las que señalan términos de prescripción de la acción penal.

3 Cfr., sentencia C 1092 de 2003, mediante la cual se declaró la exequibilidad del acto legislativo 03 de 2002. 

4 Sentencia C 873 de 2003. En igual sentido, auto del 4 de mayo de 2005, radicado 19094, M.P. Yesid Ramírez Bastidas.

5 Cfr, en este sentido, por todos, Corte Suprema de Justicia, auto del 4 de mayo de 2005 citado.

6 “Esta última ocurre (la vigencia sincrónica) cuando todas las disposiciones constitutivas de la ley entran en vigencia simultáneamente, mientras que la primera (vigencia sucesiva) se presenta cuando tal vigencia va dándose parcialmente, en el tiempo, a medida que las circunstancias previstas por el legislador lo hacen exigible.” Corte Constitucional, sentencia C 302 de 1999.

7 Corte Constitucional, sentencia C 581 de 2001.

8 La Corte Constitucional, mediante sentencia C 592 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis, declaró la exequibilidad del artículo 6 de la ley 906 de 1996 , bajo el entendido que la aplicación del nuevo sistema no excluye la aplicación del principio de favorabilidad. en el caso de sucesión de leyes en el tiempo. Así igualmente lo había solicitado la Procuraduría en el concepto 3749 de febrero 8 de 2005. Desde diferentes perspectivas, igualmente adiciones de voto, radicados  23247 y 23312, Magistrados Alfredo Gómez Quintero y Yesid Ramírez Bastidas, respectivamente.

9 Este código entrará en vigencia luego de transcurridos 18 meses después de su publicación, dice la regla general de la disposición final del código de procedimiento penal ecuatoriano. Pero en el inciso tercero aclara que las normas que desarrollan el debido proceso (entre ellas las de favorabilidad), son de aplicación inmediata.

10 Cfr, Sentencia Corte Constitucional, C 581 de 2001. “Que el principio de favorabilidad como parte integrante del debido proceso, es de aplicación inmediata, significa solamente que puede exigirse o solicitarse su aplicación en cualquier momento, pero con la condición de que la nueva ley se encuentre rigiendo. La decisión de si procede o no la aplicación de tal derecho es un asunto que corresponde determinar al juez competente para conocer del proceso respectivo..”

11  Corte Suprema de Justicia, auto del 4 de mayo de 2005,  única instancia, radicado 19094, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, y respecto de la sustitución de la medida, auto del 4 de mayo de 2005, segunda instancia, radicado 23567, M.P. Marina Pulido de Barón.