Proceso No 26831




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrada Ponente:

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS

       Aprobado Acta N°. 119.


Bogotá D.C., mayo quince (15) de dos mil ocho (2008).


VISTOS


       Resuelve la Sala el recurso de casación excepcional interpuesto por el defensor del procesado VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE contra el fallo de segundo grado proferido por el Tribunal Superior de Neiva el 1° de septiembre de 2006 por medio del cual confirmó el dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad el 15 de septiembre de la anualidad anterior, que lo condenó como autor penalmente responsable del delito de infidelidad a los deberes profesionales agravado.


HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL


Lo primeros fueron compendiados por el Tribunal en la decisión impugnada, de la siguiente forma:

Mediante “escrito de fecha 18 de agosto de 2001, suscrito por residentes en el municipio de Palermo (H), dirigido al Consejo Superior de la Judicatura, se da cuenta de la inquietud que le asistía a esa comunidad para que el ente territorial se constituyera en parte civil dentro de la investigación penal que por el delito de celebración indebida de contratos, falsedad y otros punibles, adelantaba la Fiscalía Décima Seccional contra el Alcalde electo para dicha localidad durante el periodo comprendido 2001 – 2004, señor José Reynel Cerquera Perdomo, habiendo accedido a dicho pedimento cuando aún se encontraban las diligencias en la etapa de la causa y a cargo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad. Destacan los signatarios del documento que con asombro advirtieron que la designación recayó en el abogado VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE, hijo de Orlando Fernández Polanía, a su vez miembro activo de los cuadros de la campaña política del referido burgomaestre, por ende cuota burocrática suya, resultando vinculado como asesor jurídico del municipio, quien, como era de esperarse ‘lo único que se atrevió a hacer es (sic) pedir una prueba de orden conceptual a uno de los profesores de la Universidad Externado de Colombia, el cual por coincidencia es nada más y nada menos que el señor Jorge Pino Ricci hermano de un ex diputado Fernando Pino Ricci’, por lo que estiman faltó de esa manera a la ética profesional.

Señalan igualmente como otro caso de deslealtad cometido por el referido profesional con los intereses que le encomendaron, el omitir hacer pronunciamiento alguno sobre la colisión de competencia negativa, suscitada entre los Juzgados Cuarto y Tercero Penal del Circuito de esta capital, dirimida por el Tribunal confiriéndole razón a aquella autoridad por lo que correspondió a ésta última continuar conociendo del asunto”.


Los hechos anteriores sirvieron de fundamento para que la Fiscalía Seccional de Neiva dispusiera la correspondiente indagación preliminar y luego la apertura formal de instrucción, dentro de la cual vinculó, mediante diligencia de indagatoria, al doctor VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE a quien le resolvió su situación jurídica absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento.


Durante el trámite de la instrucción, la Contraloría Departamental del Huila, a través de apoderado, presentó demanda contra FERNÁNDEZ ANDRADE con el fin de constituirse como parte civil dentro del proceso, la cual fue admitida mediante resolución de 22 de enero de 2002.


Cerrada la fase sumarial, su mérito fue calificado el 23 de septiembre siguiente con resolución de acusación en contra del procesado como presunto autor del delito de infidelidad a los deberes profesionales agravado.


Contra esta determinación, la defensa  del procesado interpuso recurso de apelación, sobre el cual se pronunció la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva, mediante proveído confirmatorio del 26 de junio de 2003.


Al Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad le correspondió adelantar la fase del juicio, despacho donde, una vez surtido el trámite legal correspondiente, se dictó fallo de primer grado el 15 de septiembre de 2005, a través el cual se condenó al procesado VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE a la pena principal de doce (12) meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como autor penalmente responsable del delito objeto de acusación. En la misma decisión, le otorgó el subrogado penal de la condena de ejecución condicional.



Contra la anterior determinación interpuso recurso de apelación la defensa pero, antes de su resolución, se allegó escrito de fecha noviembre 11 de 2005 por medio del cual el alcalde del municipio de Palermo manifiesta que “desisto de cualquier acción civil o penal  contra el procesado de la referencia, por indemnización integral de perjuicios”, amparado en ello, el procesado solicitó cesación de procedimiento a su favor.  Posteriormente, se allegó constancia expedida por la Contraloría Departamental del Huila, de fecha diciembre 6 de 2005, a través de la cual se certifica que “la suma devuelta al municipio de Palermo corresponde al mismo valor tasado como perjuicio material en la demanda de constitución de parte civil”.


En la sentencia del 1º de septiembre de 2006 el Tribunal Superior de Neiva declara que no se presenta en este evento causal alguna para extinguir la acción penal a favor del procesado, al tiempo que confirma el fallo de primera instancia objeto de alzada.


Inconforme con la determinación del ad quem, la defensa interpuso recurso extraordinario de casación para cuya sustentación oportunamente presentó libelo, el cual fue admitido por auto del 1° de febrero de 2007.


Encontrándose el proceso surtiendo traslado al Ministerio Público para la rendición del concepto a que refiere el artículo 213 del estatuto procesal penal, el defensor presentó escrito por cuyo medio solicitó cesar procedimiento a favor de su defendido por aplicación del principio de favorabilidad, petición sobre la cual se pronunció en forma adversa la Sala el 23 de mayo siguiente.


Contra la anterior determinación, el procesado interpuso recurso de reposición, pero se declaró desierto el 20 de junio subsiguiente.


Allegado el concepto del Ministerio Público, procede la Sala a pronunciarse de fondo sobre el recurso extraordinario interpuesto por el defensor de VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE .



LA DEMANDA


El actor formula un único cargo al amparo de la causal prevista en el artículo 205, inciso tercero, de la Ley 600 de 2000, al estimar que la sentencia impugnada se dictó en un proceso viciado de nulidad por la existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso en virtud del desconocimiento de la existencia de una causal objetiva de extinción de la acción penal.


       Para el actor, el Tribunal “en el mismo cuerpo de la sentencia y de manera previa a ocuparse del tema de la responsabilidad del procesado…aborda las peticiones de    cesación del procedimiento y las responde incurriendo en múltiples, lamentables e injustificados errores”.


Luego de transcribir algunos fragmentos de la decisión recurrida, indica que sus inconsistencias versan sobre los siguientes aspectos:


a) En la aseveración de la autoridad judicial según la cual “en materia de favorabilidad, en caso de sucesión de leyes procesales de efectos sustanciales, se tiene en cuenta el inicio de la actuación respectiva y no el momento en que ocurrió el delito imputado”  



Para el casacionista, la proposición opera  precisamente en sentido contrario a esta afirmación del Tribunal, pues el principio de favorabilidad impone aplicar la norma vigente al momento de los hechos, o la norma posterior, dependiendo de cuál sea la más benigna al procesado, según así lo dispone el artículo 6°, inciso segundo, de la Ley 600 de 2000 y lo han enseñado por igual la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la sentencia C-252 del 28 de febrero de 2001 y esta Sala en la determinación adoptada el 16 de febrero de 2005, rad. 23008, en donde modificó su criterio al respecto y acogió el de aquélla.


b) El anterior yerro, prosigue, “abrió el camino para sus demás desaciertos, pues lo tomó como fundamento para desestimar la aplicación retroactiva de la Ley 906 de 2004 por favorabilidad” en consideración a la fecha en la cual entró a regir, poniendo en evidencia su desconocimiento de las diversas decisiones adoptadas por las Corporaciones referidas en el sentido de que dicha ley puede ser aplicada favorablemente a situaciones ocurridas bajo vigencia de la Ley 600 de 2000 “siempre que no comporten afectación de lo vertebral del sistema acusatorio”, como así lo precisó la Sala en las decisiones de 4 de mayo de 2005, rads. 23567 y 19094 y del 19 de julio de 2005, rads. 23880 y 23910.


c) En la sentencia impugnada, además, se confunde el desistimiento de la querella con la indemnización integral, lo cual condujo a asignarle la oportunidad temporal que la ley señala para la primera a la segunda y, por esa vía, desestimar su aplicación.


Para el actor es suficiente, en orden a evidenciar el yerro anterior, consultar el artículo 37 de la Ley 600 de 2000, referido a la figura del desistimiento de la querella, en cuanto procede hasta antes de que se profiera fallo de primera o única instancia y, en contraste, el 42 ibídem referente a la indemnización integral, respecto de la cual la norma no señala ningún límite, habiendo sido la jurisprudencia de esta Sala, a través de la sentencia del 10 de noviembre de 2005, rad. 24032, la que interpretó como es válido aplicarla incluso cuando el proceso se encuentra en el trámite de casación.


En este caso, asegura, fue muy claro el acalde del municipio afectado en manifestar que desistía de la acción civil o penal por indemnización integral de perjuicios, sin que se trate de desistimiento de la querella, esto último porque el burgomaestre no actuó como  querellante.      


d) No es cierto que el origen del desistimiento provino de la Contraloría Departamental ni que fijó los perjuicios, pues “como puede verse en los documentos la información sobre la indemnización integral suscrita por el Alcalde y el sindicado fue entregada en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva en los primeros días de noviembre de 2005, mientras que la certificación de la Contraloría tiene fecha diciembre 6, y en la misma fecha fue entregada en la Secretaria del Tribunal Superior de dicha ciudad, luego es evidente que su expedición es posterior a la aceptación de la indemnización por parte del representante legal del Municipio presuntamente afectado”.


Mediante dicha certificación, añade, sólo se constata que de acuerdo con los recibos de pago expedidos por la Secretaria de Hacienda del municipio de Palermo, la suma reintegrada al municipio coincide con el valor estimado por el ente de control como perjuicios en la demanda de constitución de parte civil, el cual no reviste trascendencia a efectos de la indemnización integral, porque a quien correspondía aceptarla y certificarla es al alcalde.


       Además, tampoco es cierta la afirmación según la cual la Contraloría sólo puede constituirse como parte civil cuando se trata de delitos contra la Administración Pública, pues si bien en tales eventos es obligatoria, no la excluye de constituirse en otros procesos cuando se atenta contra los intereses patrimoniales del Estado, como lo establece la Ley 610 de 2000.


       En cuanto a la aplicación del principio de favorabilidad, recuerda cómo el delito de infidelidad a los deberes profesionales en vigencia del artículo 33 del Decreto 2700 de 1991 estaba sometido al cumplimiento de la condición de procesabilidad denominada querella de parte, presupuesto que desapareció con la entrada en vigor de la Ley 600 de 1991 en tanto no lo incluyó dentro de la lista de delitos querellables.


Por lo tanto, continúa, aceptando que el delito ocurrió en septiembre de 2001, bajo vigencia de la Ley 600 de 2000, la investigación de dicho delito podía iniciarse a instancia de querella de parte o de manera oficiosa.


Con el artículo 74 de la Ley 906 de 2004 se restableció la exigencia para dicho delito, lo cual trae las        siguientes consecuencias:


Las acciones penales iniciadas de oficio mediante denuncia por los delitos incluidos ahora por la Ley 906 de 2004 como querellables, continuarán su trámite sin que resulte admisible la retroactividad.



Sin embargo, los efectos sustanciales de la condición de procesabilidad impuesta por la Ley 906 genera a favor de los procesados la posibilidad del desistimiento de la acción penal, la conciliación y la extinción de la acción por indemnización integral, al punto de que “De no ser así, no sólo se viola el mandato constitucional que consagra el principio de favorabilidad, sino también el principio de igualdad ante la ley, pues frente al mismo delito unos procesados podrían ser favorecidos por el desistimiento o tomando la vía de la indemnización integral, y otros no, simplemente porque la norma que abrió esa posibilidad es posterior a la comisión del hecho”.


En este caso, añade, el procesado indemnizó integralmente los perjuicios ocasionados por el delito que hoy requiere querella de parte;  en consecuencia, es desistible y, por ende, procede la extinción de la acción penal por indemnización integral efectuada en cualquier momento, incluso en el trámite de casación, razón por la cual el Tribunal Superior de Neiva debió haber ordenado  la preclusión en lugar de proferir sentencia de segunda instancia, como se consideró en la sentencia de esta Corte del 16 de febrero de 2005, previendo incluso la posibilidad de que se aplique oficiosamente, so pena de desconocer el debido proceso e incurrir en causal de nulidad.

  

       Con fundamento en lo expuesto, el casacionista solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y, en su lugar, decretar la cesación de procedimiento a favor de su defendido “por haber realizado oportunamente la indemnización integral de los perjuicios ocasionados con el punible que se atribuye”.


CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO


El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal comienza por señalar que el objeto de este proceso es un delito cometido con anterioridad al primero de enero de 2005, por lo cual se rige por la Ley 600 de 2000; no obstante, posteriormente entró a regir la Ley 906 de 2004, en cuyo artículo 74 se establece como condición de procesabilidad la presentación de querella para el delito de infidelidad a los deberes profesionales, situación que “torna imperativo el estudio de la viabilidad de dar aplicación al principio de favorabilidad, como lo solicita el casacionista”.


       El artículo 42 de la Ley 600 de 2000, afirma, prevé la indemnización integral como forma de extinción de la acción penal procedente para las conductas punibles que admiten desistimiento, esto es, entre otras, las querellables, conforme lo indica el artículo 37 ibídem (actual art. 76 de la Ley 906 de 2004).


El delito de infidelidad a los deberes profesionales, por el cual se condenó a VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE, recuerda el Procurador Delegado, es de aquellos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 600 de 2000 no requería querella de parte para la iniciación de la acción penal y, por ello, conforme lo estipula el artículo 37, en concordancia con el 38 ibídem, no procede el desistimiento.


Sin embargo, prosigue, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, en la actualidad es un punible querellable, lo cual hace admisible el desistimiento de toda acción penal y civil por indemnización integral, tal y como lo consideró esta Sala en el auto del 23 de mayo de 2007 en donde se negó la solicitud de cesación de procedimiento del aquí demandante con el argumento de no ser necesaria la ratificación de la querella, por ser ésta una exigencia irrazonable, motivo por el cual no era posible acceder a la caducidad de la misma.


En la misma decisión, recuerda cómo la Corporación hizo referencia a cuatro momentos procesales, en los cuales la querella, como requisito de procesabilidad, cobra especial importancia, precisando que la aplicación del principio de favorabilidad sólo es viable respecto de los tres últimos, esto es, tratándose de los institutos extintivos de la acción penal (desistimiento, reparación integral y conciliación seguida de desistimiento) y no en relación al primero cuando se inicia la investigación, por tratarse de un situación consolidada.


Desde esa perspectiva, la Representación del Ministerio Público encuentra viable la procedencia de la petición de extinción de la acción penal por indemnización integral de perjuicios y, consecuencialmente, la cesación de procedimiento,  pues el referido artículo 42 de la Ley 600 de 2000 (conc. art. 82 de la Ley 599 de 2000) contempla que dicho instituto procede respecto de los delitos desistibles, entre otros los querellables, tal como ocurre con el delito de infidelidad de los deberes profesionales (art. 74 de la Ley 906 de 2004) y por cuanto, en este caso, se encuentran acreditados los requisitos establecidos en la primera disposición.


Sobre esto último, advierte el Procurador, el delito por el cual se procede corresponde a uno de los relacionados por el legislador en tal precepto, se ha reparado integralmente el daño ocasionado “de conformidad con el dictamen pericial – a menos que medie acuerdo sobre su valor o el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado –” y no obra constancia procesal en el sentido de que dentro de los cinco años anteriores se ha proferido en otro proceso preclusión de investigación o cesación de procedimiento en favor del procesado por el mismo motivo.


       En punto de la reparación integral, pone de presente, la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela Nº 1062 del 2 de diciembre de 2002 admitió la procedencia de la extinción de la acción penal incluso cuando no se haya presentado una reparación total del perjuicio causado, porque los titulares de la acción civil pueden disponer de su derecho, renunciando a éste o realizando una transacción sobre el mismo, aunque con ella no se obtenga una reparación plena del daño.


Posteriormente se ocupa de la oportunidad para solicitar la aplicación de la figura prevista en el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal por la reparación total de los perjuicios, pues para el ad-quem la petición formulada en este sentido resultó extemporánea por haberse presentado cuando se encontraba en trámite el recurso de apelación del fallo condenatorio.


Al respecto, observa cómo esta Sala se ha ocupado del tema en varias oportunidades para indicar que procede hasta antes de que se profiera la sentencia de casación, como así lo señaló en el  pronunciamiento del 21 de julio de 1998, rad. 9660, “de manera que con este precedente resultaba oportuna la solicitud entregada por el procesado Fernández Andrade, durante el trámite del recurso de apelación de la sentencia condenatoria de primera instancia, y en vigencia de la Ley 906 de 2004”.


Adicionalmente, porque, continúa, mediante fallo del 30 de marzo del 2005, rad. 20743, se declaró extinguida la acción penal en un proceso en turno para calificar la demanda de casación presentada por el defensor de la condenada, con lo cual “se reafirma la tesis de que, mientras no se profiera sentencia de casación, el procesado tiene la oportunidad para solicitar la declaración de cesación de procedimiento, siempre y cuando demuestre que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal”.


Por consiguiente, como a juicio del Procurador se evidencia vulneración de garantías fundamentales del procesado, solicita casar la sentencia impugnada y, en su lugar, declarar extinguida la acción penal por el delito de infidelidad a los deberes profesionales a favor de VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE por indemnización integral de los perjuicios. Consecuentemente, depreca cesar todo procedimiento en su favor.



CONSIDERACIONES DE LA SALA


       La temática central sobre la cual debe ocuparse la Sala en esta decisión gira en derredor de la aplicación del principio de favorabilidad de las normas de la Ley 906 de 2004 frente a las de la Ley 600 de 2000, en cuanto a la posibilidad de decretar la extinción de la acción penal seguida en contra del procesado VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE por el delito de infidelidad a los deberes profesionales en virtud de haber operado el fenómeno de la indemnización integral previsto en el artículo 42 de la segunda legislación a través del pago efectuado antes del proferimiento del fallo de segundo grado, para cuya resolución es preciso abordar los siguientes tópicos:   


       1. Posibilidad de aplicar por favorabilidad la Ley 906 de 2004 al caso específico.

   

2. Cumplimiento de los presupuestos previstos legalmente para extinguir la acción penal por indemnización integral.    


En ese orden, se procederá a exponer los fundamentos del presente proveído.



1. Posibilidad de aplicar por favorabilidad la Ley 906 de 2004 al caso específico.

   


De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Carta Política, “en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.


Este principio también encuentra consagración en los      artículos 9° de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica1 y 15-1 del Pacto Internacional de Derechos Humanos2 y, en el orden interno, en el artículo 6° de la Ley 599 de 2000.


De acuerdo con tal apotegma, si bien por regla general la ley rige para las conductas cometidas durante su vigencia -principio de legalidad-, es posible excepcionar tal postulado mediante su retroactividad o ultraactividad. En el primer caso, la norma es aplicada a hechos acaecidos antes de entrar a regir, mientras que, en el segundo, su aplicación tiene lugar cuando ya no se encuentra vigente, respecto de sucesos ocurridos cuando regía, siempre y cuando ese proceder reporte un tratamiento benéfico para su destinatario.


       La aplicación de la ley penal permisiva o favorable supone sucesión de leyes en el tiempo, esto es, que una disposición sea sustituida por otra, o bien, que coexistan preceptos de diferentes ordenamientos con identidad en el objeto de regulación, como ocurre eventualmente con algunas de las normas contenidas en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, imponiéndose la aplicación de una de ellas en cuanto resulte benigna.  


En materia procesal, por su parte, también se ha consagrado este principio, como así lo reconoce el artículo 6° de la Ley 600 de 2000, con carácter de norma rectora, en los siguientes términos:

“Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio.


La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.


La ley procesal tiene efecto general e inmediato”.



En virtud de tal condición de norma rectora, esta preceptiva se torna obligatoria y prevalece “sobre cualquier otra disposición” del mencionado estatuto, a la vez que presta utilidad como “fundamento de interpretación”, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 ibídem.



A su turno, el artículo 6° de la Ley 906 de 2004, prescribe:



“Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio.

La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

 

Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia”.


Como se puede observar, este estatuto implementó una importante variación al principio de legalidad, al introducir la fórmula según la cual la ley procesal aplicable a cada caso es la vigente al momento de los “hechos”, a cambio del texto adoptado en el artículo 6° de la Ley 600 de 2000, en el sentido de que nadie podría ser investigado ni juzgado sino “conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal”, criterio último que a más de hallar arraigo en disposiciones legales de notoria aceptación y vigencia, no empece estar inmersas en un cuerpo normativo que data del siglo XIX –Ley 153 de 1987, artículo 40-, ha informado múltiples decisiones en las cuales esta Corte se ha pronunciado sobre el alcance del “juez natural” y, en muchas otras, con ocasión a los criterios aplicables en tránsitos de legislaciones penales.


La variación introducida por el legislador de 2004 al contenido del principio de legalidad respecto de leyes procesales encuentra explicación en la decisión del constituyente de que la nueva forma de enjuiciamiento a que es sometido el sujeto pasivo de la acción penal, regida por la oralidad, no opere de manera inmediata, no obstante su marcado carácter instrumental, sino que se verifica paulatinamente, como ha venido ocurriendo hasta su última fase de ejecución en el presente año, en procura de ir proveyendo a los órganos de la jurisdicción de la infraestructura que demanda el modelo implantado.



Esa situación sui generis, aplicable a las normas de estricto contenido procesal, generada por la coexistencia de dos sistemas de enjuiciamiento disímiles en su naturaleza, no se refleja por igual respecto de las llamadas normas procesales de efectos sustanciales. 



De esa forma, desde el aludido artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se precisa que, como ya se adujo, las leyes de carácter procesal tienen vigencia inmediata y rigen hacia el futuro; no obstante, cuando de ellas se derivan “efectos sustanciales” para el incriminado, opera también el principio de favorabilidad, como igual se reconoce en los incisos segundo del artículo 6°, tanto de la Ley 600 de 2000 como de la 906 de 2004, cuyo contenido fue transcrito en precedencia.  

En atención al anterior marco legal, la Sala ha decantado la siguientes pautas en orden a la aplicación o inaplicación del principio de favorabilidad en materia penal dependiendo de la naturaleza de la norma:

“i) las sustanciales, cuya permanencia -aún previa a la ejecución del delito- y aplicación -ya al interior de la actuación- perduran inclusive hasta el agotamiento de la fase de ejecución de la sentencia (art. 6 C.P.), a menos que una norma de similar naturaleza la reemplace para que sea aplicada esta última bajo la condición de ser más favorable. ii) las simplemente instrumentales, que igualmente antecedentes al hecho, deben gobernar el proceso, aunque sujetas a ser desestimadas en su aplicación cuando se expida una norma de su mismo carácter, tal como lo señala el artículo 40 de la Ley 153 de 1886, sin que de ellas -dada su neutralidad- sea demandable la favorabilidad. iii) las procesales de efectos sustanciales, cuyo manejo -desde luego al interior de la actuación- se asimila a las materiales, conforme lo señala el dispositivo últimamente trascrito.


Así, refulge que cometido un delito, toda la normatividad que lo regula en su descripción típica, en su sanción y en las normas procesales de efectos sustanciales, acompañan ad infinitum a ese comportamiento y a su autor, salvo que con posterioridad surja norma nueva que favorablemente modifique tales atributos para que ésta sea aplicada retroactivamente, tal como lo autoriza la norma superior, lo precisa la Ley 600/00 y lo reitera para el futuro el nuevo código de procedimiento (ley 906/04). En cambio, lo que sí choca contra aquélla -y aún con el sentido común- es que se aplique retroactivamente una nueva normatividad con efectos desfavorables. A su turno, lo que atañe a las disposiciones legales simplemente instrumentales, así como al cambio del juez (por razones de competencia) por otro  igualmente existente antes de la comisión del delito, son de aplicación inmediata, sin que de su mutación -como se dijo- pueda reclamarse ingrediente alguno de favorabilidad.


La favorabilidad, como se sabe, constituye una excepción al principio de la irretroactividad de la ley, pudiéndose aplicar en su acogimiento una ley posterior al hecho cometido (retroactividad) o prorrogarle sus efectos aún por encima de su derogatoria o su inexequibilidad (ultractividad), siempre que en algún momento haya regido la actuación y que -desde luego- sea, en uno u otro caso, más favorable al sindicado o condenado.


Tal como se desprende de lo reglado en los últimos estatutos, tampoco cabe duda que la ley procesal de efectos sustanciales debe recibir igual tratamiento que la penal sustantiva, siendo esa la razón por la cual no puede dársele a una y a otra valoraciones, alcances y aplicaciones distintos, como que desde aquella óptica están en un mismo plano de igualdad”3.


Ahora bien, como el casacionista alude a variación legislativa en relación con la naturaleza de la acción penal adelantada por el delito de infidelidad a los deberes profesionales, en cuanto con la Ley 600 de 2000, vigente para la época de comisión de la conducta imputada al procesado VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE, en su artículo 35 no se incluyó en la lista de los delitos querellables y, por ende, se lo considera como perseguible de oficio, mientras que con la Ley 906 de 2004 recobró tal connotación4, según lo establece su artículo 74, procede establecer la naturaleza de dicha modificación para de ahí determinar si ab initio resulta viable invocar la aplicación del principio de favorabilidad.    


Sobre el particular, por vía jurisprudencial se ha venido sosteniendo lo siguiente:


“Para la Sala innegable es que tal condición de procesabilidad comporta los dos efectos: ‘Si se le mira como presupuesto para que el Estado pueda adelantar la acción penal, o como requisito previo a la adopción de una determinación, desde luego que las disposiciones que regulan la institución en comento tienen alcance de mera sustanciación y ritualidad para el juicio.  


Un ejemplo de los efectos procesales de la querella, viene dado en los motivos que la ley previó para disponer la terminación de la acción penal.


La querella legítima habilita la iniciación, adelantamiento y terminación de la investigación penal.  Su ausencia está legalmente prevista como motivo de terminación de la actuación cumplida, impidiendo al funcionario resolver de fondo el asunto sometido a su consideración. Así por ejemplo, los artículos 327 y 36 del C.P.P. (artículos 34 y 352 del decreto 050 de 1987) ordenan dictar resolución inhibitoria, preclusión de la acción penal o cesación de procedimiento, cuando se establezca que la acción no podía iniciarse o proseguirse.  Más aún, no es posible proferir sentencia, si está ausente el presupuesto de procesabilidad de la querella’, (Sentencias de junio 13 de 2.001 y abril 24 de 2.003, radicaciones Nos. 15.833 y 15.820, respectivamente).


Y si de sustanciales se trata ‘cuando el efecto de un acto procesal incide en la decisión final que se ha de adoptar en un proceso penal, por ejemplo, impidiendo al funcionario judicial la declaración de responsabilidad de una persona y la consiguiente imposición de la sanción, en relación con un hecho determinado, contribuyendo de paso a mantener incólume el buen nombre (ingrediente de la dignidad humana), dado que no genera antecedente penal, o porque habilita la ejecución de otros actos procesales que producen tales consecuencias, debe admitirse, que estas superan el ámbito procesal, se trasladan con naturaleza sustancial al asunto objeto del proceso penal. Estos efectos son precisamente los que se generan en el caso de los delitos querellables en relación con el desistimiento, la conciliación o la indemnización integral.


En ese orden -dijo también la Corte en los reseñados antecedentes- ‘los efectos procesales de la querella, se deben resolver conforme al artículo 40 de la ley 153 de 1887, principio de aplicación inmediata de la norma ritual, en caso de una nueva legislación. Igualmente, a los trámites agotados se les aplica el principio de preclusión, según el cual, el proceso se desarrolla a través de una sucesión ordenada y continúa de actos procesales que deben ejecutarse en un plazo predeterminado para ellos. Por consiguiente, al expirar el término o agotarse la actuación, queda clausurada la oportunidad procesal y habilitado el estadio subsiguiente, en pos de la culminación del trámite a que haya lugar. De esta manera se confiere seguridad, precisión al procedimiento y firmeza a las decisiones judiciales, cuyos efectos deben ser respetados en el proceso en que se profieran, en la medida en que se respeten los derechos y las garantías fundamentales de los intervinientes’…”5. 


Así las cosas, no se remite a duda que la determinación de si un delito ostenta o no carácter querellable a pesar de que aparentemente concierne a un asunto de estricto estirpe procesal, se proyecta, como el que más, con efectos sustanciales en cuanto abre la posibilidad de acceder a variadas formas de obtener la extinción de la acción penal, tales como el desistimiento expresado por el querellante, la indemnización integral y la conciliación.


Es por eso mismo que la Sala ratifica su criterio expuesto en el auto de fecha mayo 23 de la anualidad anterior adoptado dentro de este mismo trámite, en punto de la viabilidad de aplicar el principio de favorabilidad respecto de tres de los cuatro momentos procesales en los cuales cobra especial valía la querella como condición de procesabilidad.  En dicha providencia se expuso:   


“Primero, cuando el perjudicado (o quienes se encuentran legalmente autorizados para representarlo) pone en conocimiento de las autoridades la conducta por cuyo medio resultó lesionado o puesto en peligro el bien jurídico del cual es titular, caso en el cual el Estado asume las correspondientes labores de investigación, acusación y juzgamiento, pues tal ha sido la voluntad del querellante.


Segundo, cuando aquel desiste por escrito de la querella en cualquier estado de la actuación, antes de que se profiera sentencia de primera o única instancia (artículo 37 de la Ley 600 de 2000).


       Tercero, cuando se impone extinguir la acción penal por indemnización integral respecto de los delitos que admiten desistimiento, entre los cuales se encuentran los querellables (artículo 42 ejusdem).


       Cuarto, cuando opera el instituto de la conciliación, el cual es procedente respecto de delitos que admitan desistimiento o indemnización integral (artículo 41 ejusdem)”.


Acto seguido, se agregó:


De conformidad con las anteriores precisiones, observa la Sala que de los referidos cuatro momentos o situaciones procesales en los que cobra especial operatividad la querella, en tratándose de aquellas situaciones de las que el proceso se inició por denuncia u oficio bajo la égida de una legislación que no exigía querella, pero ulteriormente una nueva normatividad dispuso que tal delito necesitaba tal condición de procesabilidad, la aplicación del principio de favorabilidad sólo es viable respecto de los tres últimos, esto es, tratándose de los institutos extintivos de la acción penal (desistimiento, reparación integral y conciliación seguida de desistimiento), no ocurre lo mismo en relación al primero de dichos momentos procesales” (subrayas fuera de texto).


Conclusión a la cual se llegó consecuentemente con el criterio pacífico de la Sala en el sentido de que el principio de favorabilidad es viable entre institutos consagrados en la Ley 600 de 2000 y la 906 de 2004, bajo la condición de que se trate de los mismos supuestos de hecho y de que no comprometan aspectos vertebrales del sistema acusatorio implementado en el territorio nacional a través de la segunda ley, temática respecto de la cual recientemente se precisó:


“Antes de entrar al punto que es materia de discusión en este caso, parte la Sala de reafirmar, como lo ha hecho en múltiples casos, que la gradualidad en la aplicación del llamado sistema acusatorio, introducido a través de la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo No. 3 de 2002 y desarrollado en la Ley 906 de 2004, no es óbice para que, por favorabilidad e igualdad, se apliquen específicas normas de tal sistema a procesos que en principio no se encuentran bajo su imperio por razones espaciales o temporales, pero ello, desde un principio, quedó condicionado a que se trate de idénticos supuestos normativos y que el precepto del nuevo Estatuto Procesal cuya aplicación favorable se invoca, no se entienda solamente en el marco de la nueva sistemática de investigación y juzgamiento.


       El concepto amplio que tiene la Sala frente a la aplicación del principio de favorabilidad, no puede conllevar a que, con su pretexto, se pueda invocar, por ejemplo, la aplicación íntegra del nuevo sistema procesal a un caso no cobijado por su vigencia, pues, de un lado, el principio de favorabilidad es predicable de cara a institutos contenidos en uno u otro método de juzgamiento –los contenidos en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004- en tanto discurran coetáneamente, y, de otro, la igualdad sólo es predicable frente a individuos que se encuentran en condiciones similares, o mejor expresado, como el fin último de cualquier sistema procesal es el de servir de ámbito de garantía a los derechos del individuo, es claro que cada sistema por sí mismo contiene una estructura interna propia que materializa y desarrolla el catálogo de garantías fundamentales consagradas en la Carta Política.  


       Por lo tanto, no puede perderse de vista que tanto la Ley 600 como la 906 responden a sistemas procesales expedidos por el legislador con arreglo y en desarrollo de normas constitucionales diferentes, por lo que la comparación para establecer cuál de las normas sustanciales coexistentes inserta en alguno de los dos sistemas de juzgamiento que hoy operan en el país resulta más favorable, abarca la necesaria comparación del régimen constitucional dentro del cual fue emitida.


De allí que la aplicación de la favorabilidad respecto de determinadas normas contenidas en la Ley 906 a casos regulados por la Ley 600, depende de la equivalencia de los respectivos institutos…”6.


Corolario de lo anterior, se arriba a la conclusión de que es perfectamente viable aplicar por favorabilidad la Ley 906 de 2004 en este caso, por cuanto al otorgar la condición de delito querellable al reato imputado al procesado se abre la posibilidad de acceder a una gama de posibilidades de extinción de la acción penal (Ley 906 de 2004), improcedentes cuando se lo considera un delito perseguible de oficio (Ley 600 de 2000).


De acuerdo con los planteamientos que vienen de consignarse, asiste plena razón al casacionista y al  Ministerio Público cuando alertan sobre el craso error del sentenciador ad-quem al señalar que “en materia de favorabilidad, en caso de sucesión de leyes procesales de efectos sustanciales, se tiene en cuenta el inicio de la actuación respectiva y no el momento en que ocurrió el delito imputado”, pues so pretexto de cerrar el paso a la aplicación del principio de favorabilidad confundió la naturaleza de las normas estrictamente procesales con las procesales de efectos sustanciales.  


Dicha comprensión inadecuada del fallador, incidió en su postrer determinación de inaplicar el principio de favorabilidad deprecado por la defensa sustentado en haber indemnizado integralmente los perjuicios ocasionados con la infracción desde antes del proferimiento del fallo de segundo grado cumpliendo los presupuestos exigidos legalmente en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, punto que será objeto de análisis en el siguiente acápite.          


      

2. Cumplimiento de los presupuestos previstos legalmente para extinguir la acción penal por indemnización integral:


Previamente a establecer si se satisfacen o no los presupuestos contemplados en la normativa referida, bien está comenzar por señalar que nuevamente asiste razón al casacionista y al Procurador Delegado cuando de manera uniforme sostienen que el Tribunal se equivocó al colegir la improcedencia del instituto de la extinción de la acción penal por indemnización integral por no haberse suscitado dentro de la oportunidad prevista legalmente y en cuanto para ello carecía de potestad la Contraloría Departamental del Huila.   Sobre los puntos aludidos, textualmente indicó el ad-quem:


“De igual manera, los argumentos atrás presentados sirven para desestimar la indemnización integral alegada como manera de extinción de la acción penal, consagrada en el artículo 38 de la Ley 600 de 2000, menos aún, cuando de aceptarse en gracia de discusión la posibilidad de la figura, por el factor temporal de la manifestación, el artículo 37 de la referida reglamentación pone límites en el tiempo, hasta antes de que se profiera la sentencia de primera o única instancia, y  aquí se tiene que tanto el procesado como su defensor, hicieron la petición luego de proferida ésta, expresadas en ese entonces como motivos de apelación.  Por su parte, la novísima legislación ritual que implemente (sic) el sistema acusatorio oral en nuestro país -Ley 906 de 2004-, acorta la oportunidad para presentar el desistimiento aludido, conforme a lo dispuesto en el artículo 76, hasta antes de concluir la audiencia preparatoria, teniendo su similar en el actual procedimiento en el artículo 401, fase procesal suficientemente rebasada cuando se dio el desistimiento -tiempo después de proferir sentencia de primera instancia-.


(…)


De otra parte, analizado el origen del desistimiento se tiene que proviene de la Contraloría Departamental, ente fiscalizador que no podía constituirse en parte civil dentro del proceso que se siguiera a FERNÁNDEZ ANDRADE, puesto que el delito imputado es el de infidelidad a los deberes profesionales, cuyo bien jurídico protegido no es la administración pública, sino la eficaz y recta impartición de justicia, atendiendo a lo establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal, declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-228 de 20002.  En consecuencia, dicho organismo no puede fijar los perjuicios, pese a sostener que equipara la suma devuelta al municipio de Palermo, con el monto tasado como perjuicio material en la constitución de la parte civil”.    


Sobre el primer aspecto, prima facie conviene aclarar que ninguna duda surge frente a la claridad del  motivo invocado para la aplicación de la figura extintiva en favor de FERNÁNDEZ ANDRADE, como así se desprende del memorial visible a folio 342 del cuaderno de la causa, suscrito por el burgomaestre del municipio de Palermo y allegado antes de proferirse el fallo de segundo grado dentro de esta actuación, al indicarse allí textualmente  que “desisto de cualquier acción civil o penal contra el procesado de la referencia, por indemnización integral de perjuicios”.


Si ello es así, resulta incomprensible la decisión de esa Colegiatura consistente en acudir al artículo 37 del mismo ordenamiento procesal con el objeto de imponer límites temporales a la acreditación del pago en pos de inaplicar la figura demandada cuando dicha preceptiva reglamenta un instituto distinto, como en efecto lo es el desistimiento de la querella, estableciendo como límite para tal efecto el proferimiento de la sentencia de primera o de única instancia.

Si bien estas dos figuras guardan estrecha relación, a saber: el desistimiento y la indemnización integral, en cuanto proceden respecto de delitos querellables, no lo es menos que son absolutamente autónomas. 


Esto último dicho no sólo por su naturaleza, sino porque, entre otros aspectos, el desistimiento está circunscrito a las conductas querellables al cabo que la indemnización integral tiene una cobertura mucho mayor, pues no se limita, como así lo estatuye el artículo 42 del mismo estatuto procesal a tal clase de conductas, sino que también procede frente a otras conductas, como el homicidio culposo y las lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico, exceptuándose los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección.  


Así la cosas, surge diáfano que el Tribunal no sólo   ha debido aplicar el principio de favorabilidad en los términos atrás indicados, sino que ipso facto ha debido acudir a las previsiones especiales del artículo 42 de la Ley 600 de 2000 -que no a las del 37 del mismo estatuto- referentes al instituto de la indemnización integral, cuya aplicación claramente deprecaba la defensa con base en el pago de $ 18.000.000 por parte del procesado, suma ajustada al valor señalado como perjuicios en la demanda de constitución de parte civil presentada por la Contraloría Departamental del Huila.


Y aun cuando esta preceptiva legal,  ni ninguna otra de la Ley 600 de 2000, alude a la oportunidad para solicitar la extinción de la acción penal por indemnización integral, no lo es menos, como bien lo precisan el censor y el Ministerio Público, que ese vacío ha sido integrado con la jurisprudencia de la Sala, cuando sobre ese particular ha sostenido:  


"(L)a petición de cese por indemnización integral, no obstante ser una causal objetiva de extinción de la acción penal, a diferencia de las demás, es un acto de parte cuya manifestación depende de la propia voluntad del procesado y no de hechos externos o ajenos a él, como ocurre con la muerte o la prescripción, etc. Por lo tanto, esa declaración debe presentarse antes del fallo de casación" (subrayas fuera de texto)7.


Por consiguiente, si como está demostrado el pago procedió antes de dictarse el fallo de segundo grado, sin dificultad alguna se constata que no existe argumento razonable para desconocer su oportunidad.


De otra parte, en la sentencia de segunda instancia se niega la improcedencia de la causal extintiva de la acción penal con sustento en que provino de la Contraloría Departamental, la cual “no podía constituirse en parte civil dentro del proceso que se siguiera a FERNÁNDEZ ANDRADE, puesto que el delito imputado es el de infidelidad a los deberes profesionales, cuyo bien jurídico protegido no es la administración pública, sino la eficaz y recta impartición de justicia, atendiendo a lo establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal, declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-228 de 20002”.


Esta interpretación del Tribunal no es acertada, pues si  bien es verdad en este caso se procede por una conducta cuyo bien jurídico protegido no es exactamente la Administración Pública, sino la Eficaz y Recta Impartición de Justicia, también lo es que indirectamente se afectó aquella, pues la gestión encomendada al doctor VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE consistía en constituirse como parte civil en representación del ente territorial, municipio de Palermo, dentro proceso penal que por el delito de celebración indebida de contratos        -esta si lesiva de la administración pública- se surtía en contra de José Reynel Cerquera Perdomo, en su condición de alcalde electo para dicha localidad durante el periodo comprendido entere los años 2001 a 2004.


De modo que, al presuntamente actuar en forma desleal el procesado FERNÁNDEZ ANDRADE en el cumplimiento de dicha tarea a desarrollar dentro de dicho proceso penal, menoscabó el bien jurídico de la Administración Pública, sin que, además, pudiera constituirse como parte civil en esta actuación, según lo dispone el referido artículo 137, inciso segundo de la Ley 600 de 2000, el representante legal del ente territorial perjudicado por encontrarse sub judice, lo cual constituiría un enorme contrasentido. 


En consecuencia, asistía plena legitimidad a la Contraloría Departamental del Huila para asumir tal rol dentro de este proceso, de conformidad con el aparte siguiente de la preceptiva al disponer que “(s)i el representante legal de esta última (se refiere al ente territorial) fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución de parte civil”.


Máxime lo anterior si se tiene en cuenta que en el siguiente aparte de la misma norma se otorga a estos entes fiscales la facultad de si “lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión podrán intervenir como parte civil” (subrayas fuera de texto).


De la misma forma, porque el artículo 65 de la Ley 610 de 2000, dispone que los contralores, por sí mismos o por intermedio de sus apoderados, podrán constituirse en parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten “por delitos que atenten contra intereses patrimoniales del Estado, tales como enriquecimiento ilícito de servidores públicos, peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, contrato celebrado sin requisitos legales, delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, siempre y cuando la entidad directamente afectada no cumpliere con esta obligación, según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 190 de 1995” (subrayas fuera de texto). 


Adicionalmente, cabe señalar que la causal extintiva de la acción penal por reparación integral, como bien lo recuerda el Procurador Delegado, también se torna procedente porque a tenor de lo preceptuado en el tercer inciso del multicitado artículo 42 ibídem no obra constancia procesal en sentido de que en favor del procesado se haya proferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación por este motivo, dentro de los cinco años anteriores.


Y, en tanto el monto pagado por el procesado por tal concepto se efectuó, acorde con lo dispuesto en el último inciso de la misma normativa, a falta de avalúo de perjuicios elaborado por un perito y de acuerdo sobre el mismo, bastando con la manifestación del perjudicado de haber sido indemnizado.


Sobre este tema específico, asiste razón al casacionista y al Ministerio Público cuando precisan en torno al monto pagado como indemnización integral que por tratarse de un asunto de naturaleza civil y regido por los cánones del derecho privado es disponible por parte de los titulares de la acción civil, como así lo señaló la Corte Constitucional a través de la sentencia de tutela T-1062 del 2 de diciembre de 2002.


Conforme a lo expuesto, nada impide, como lo sugieren el demandante y el Procurador Delegado, la procedencia de la causal de improcesabilidad de la acción penal prevista en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 por indemnización integral.

       

Merced a lo expuesto, se concluye que el cargo prospera.

       Así la cosas, se casará el fallo en cuanto se concretó una circunstancia de improcesabilidad de la acción penal previamente a su emisión y, en consecuencia, se dispondrá la cesación de procedimiento en favor de VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE por la conducta de infidelidad a los deberes profesionales.


       

Resta señalar que es del resorte del juez de primera instancia proceder a la cancelación de los compromisos adquiridos por el procesado en razón de este diligenciamiento.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE



1.- CASAR el fallo de segundo grado en el sentido de reconocer a favor del procesado VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE la circunstancia de improcesabilidad de la acción penal derivada del delito de infidelidad a los deberes profesionales prevista en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000. 



2.- ORDENAR, en consecuencia, la cesación del procedimiento adelantado contra el mencionado procesado por dicha conducta.


       

3.-        PRECISAR que corresponde al juez de primera instancia proceder a la cancelación de los compromisos adquiridos por el procesado en razón de este diligenciamiento.


Contra esta decisión no procede recurso alguno.


Cópiese, notifíquese y cúmplase.




SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Salvamento de voto



JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ                      ALFREDO GÓMEZ QUINTERO          

Aclaración de voto



MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS      AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN               




JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS                             YESID RAMÍREZ BASTIDAS            



JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA                 JAVIER ZAPATA ORTÍZ




TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria







1 Ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1972.

2 2 Ratificado por Colombia a través de la Ley 74 de 1968.

3 Sentencia de fecha febrero 16 de 2005, rad. 23006, entre otras.

4 En el artículo  33 del Decreto 2700 de 1991, estatuto procesal anterior a la Ley 600 de 2000, el delito de infidelidad a los deberes profesionales estaba incluido en el catálogo de delitos que requerían querella. 

5 Sentencia de fecha noviembre 30 de 2006, rad. 24608.

6 Sentencia de fecha noviembre 14 de 2007, rad. 26190.

7 Auto de fecha julio 21 de 1998. En el mismo sentido, entre otros, auto del 20 de febrero de 2008, rad. 29003 y sentencias del 10 de noviembre de 2005, rad. 24032 y del 24 de febrero de 2000,rad. 13711.