Proceso No 29617



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL



Magistrado Ponente:

ALFREDO GOMEZ QUINTERO

Aprobado acta No. 151


Bogotá D. C., nueve (9) de junio de dos mil ocho (2008)



VISTOS


Decide la Sala la admisibilidad del recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de FERNAN URRIAGO GUTIERREZ contra la sentencia del dos (2) de noviembre de dos mil siete (2007) por medio de la cual el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó el fallo condenatorio proferido el 30 de abril anterior por el Juzgado Penal del Circuito de Funza, que lo sentenció a las penas de cuarenta (40) meses de prisión, inhabilitación de derechos y de funciones públicas por igual término, al pago indemnizatorio de daños y perjuicios morales en cuantía de ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes y le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena  y la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, por encontrarlo responsable del delito de actos sexuales con menor de catorce años, agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.



       HECHOS



El Tribunal los refirió así:


“Se pusieron en conocimiento a través de la denuncia formulada por la menor…1

, el día 3 de mayo de 2004, en la cual relató que su padrastro FERNAN URRIAGO GUTIERREZ la ha acosado, desde que tenía 9 años, realizándole tocamientos en sus partes íntimas.  A raíz de aquellos actos la madre de la menor la llevó a vivir con su abuela en el municipio de Agua de Dios, pero los hechos se repetían cada vez que la niña iba a pasar vacaciones con su mamá.


La menor relató que su padrastro intentó accederla ofreciéndole dinero ella no quiso hacerlo y lo rechazó”.




ANTECEDENTES



La Fiscalía profirió resolución de acusación el 16 de agosto de 2006 por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, agravado, en concurso homogéneo y sucesivo según los artículos 209 y 211 numerales 2, 4 en concordancia con el artículo 31 de la Le 599 de 2000  (Folios 78 – 84 / 1).  Mediante oficio del 24 de abril de 2007 el acusado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.  (Fol. 14 / 2)



El Juzgado Penal del Circuito de Funza profirió sentencia condenatoria  por  el  trámite de la terminación anticipada del proceso por aceptación de cargos con posterioridad a la formulación de acusación, el 30 de abril de 2007 (Folios 15 – 33 / 2)



El Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la condena el 2 de noviembre de 2007 (Folios 8 – 12 / 3)



       LA IMPUGNACION


Cargo único.  Violación directa de la Ley sustantiva por exclusión del artículo 351 de la Ley 906.  Principio de favorabilidad


Adujo el recurrente que su pupilo fue condenado a la pena de cuarenta meses de prisión;  al tasar la condena el fallador desconoció la garantía fundamental de la favorabilidad porque en el trámite de aceptación de cargos  el artículo 351 de la Ley 906 consagra un descuento punitivo de hasta de la mitad de la pena cuando la aceptación de cargos se hace en la audiencia de formulación de la acusación.


Por esa razón solicitó a la Corte casar el fallo para reformar la pena que debe quedar en treinta meses definitivos.


CONSIDERACIONES


1.  La Sala de Casación Penal NO SELECCIONARÁ la demanda de casación porque de su estudio se advierte que no se precisa de la intervención de la Corte para hacer efectivo algún derecho material a favor del procesado, simplemente porque el juzgador aplicó de forma favorable las normas del sistema acusatorio que regulan el caso, como se demostrará en la providencia.


Ello sin perjuicio de advertir que en los eventos en que la Sala encuentre razón a la censura, al hilo de lo previsto en el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y de conformidad con la nueva orientación jurisprudencial, por tratarse de una evidente vulneración de la garantía fundamental de la favorabilidad y de la igualdad que imponen la inevitable intervención de la Corte para corregir el agravio, sin correr traslado al Ministerio Público para concepto y en aras de dar aplicación a los postulados de eficacia y eficiencia en la administración de justicia, la Sala casará la sentencia de manera oficiosa2.



2.  Ante la coexistencia de dos sistemas de enjuiciamiento, el uno reglado por la Ley 600 de 2000 y el otro –con implementación progresiva en algunos Distritos Judiciales- por la Ley 906 de 2004, el demandante sostiene que como su prohijado “aceptó los cargos que la Fiscalía le formuló en la resolución de acusación”, se le debe aplicar el descuento punitivo del sistema de la Ley 906 que es más favorable.


Con ocasión de la vigencia simultánea de los dos sistemas de enjuiciamiento penal (Ley 600, Ley 906), en reciente oportunidad la Sala de Casación Penal unificó su criterio3 y reconoce de manera pacífica que la favorabilidad debe aplicarse ante la vigencia simultánea de los dos sistemas de enjuiciamiento, porque el instituto de allanamiento a cargos en el sistema de aceptación de cargos de la Ley 906 es equivalente en términos de esencia y aún de plurales circunstancias a la antigua sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000.


3.  La aceptación de cargos se produjo con posterioridad a la resolución de acusación, el juzgado declaró legal el trámite y sentenció el 30 de abril de 2007, es decir en el lapso en el cual se viene implementando el sistema de enjuiciamiento acusatorio de la Ley 906 de 2004(4), por manera que al Juez le corresponde aplicar el sistema favorable de determinación de la pena con ocasión de la vigencia simultánea de los dos sistemas de enjuiciamiento vigentes en el país.


4.  La Sala viene precisando que para aplicar la favorabilidad resulta indispensable tener en cuenta lo siguiente:


4.1. La sentencia anticipada del artículo 40 de la Ley 600 de 2000 contempla dos beneficios, según la etapa procesal en que se presentara la solicitud y trámite:


Una tercera (1/3) parte en la instrucción

Una octava (1/8) parte en el juicio.


4.2.  El régimen genérico de aceptación de cargos de La Ley 906 de 2004 regula diversos efectos benéficos, dependiendo de la especie escogida y de la oportunidad de su trámite, así:


4.2.1. Por allanamiento, referidas todas ellas a actuaciones o audiencias específicas:

4.2.1.1. En la audiencia de formulación de imputación, la que comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible (arts. 288-3 en concordancia con el art. 351).


4.2.1.2. En la audiencia preparatoria, cuyo descuento será de hasta la tercera parte de la pena (art.356-5).


4.2.1.3. En la fase de alegación inicial al inicio del juicio oral, beneficiándose el acusado con una sexta parte de reducción de la sanción (art. 367 inc. 2°).


4.2.2. Por preacuerdo, acuerdo o negociaciones:


4.2.2.1. Desde la formulación de imputación y hasta antes de la presentación del escrito de acusación: rebaja de hasta la mitad de la pena (arts. 350 y 351 inc. 1).


4.2.2.2.- Una vez presentada la acusación (esto es, radicado el respectivo escrito) y hasta antes de que en el juicio oral se interrogue al acusado sobre la aceptación de su responsabilidad: beneficio de una tercera parte de pena (art. 352)


4.2.2.3.- Al inicio del juicio oral (alegación inicial) como manifestación de culpabilidad preacordada (art. 369), caso en el cual el beneficio punitivo  será también de una sexta parte.


4.3.  De cara a la aplicación del principio de favorabilidad adviértase que el procedimiento de los preacuerdos no tiene aplicación en los trámites adelantados bajo el imperio de la Ley 600/00, en la medida en que no encuentra en ésta un procedimiento similar y ni siquiera medianamente parecido, como sí -contrario sensu- sucede entre la sentencia anticipada del anterior sistema y el allanamiento a los cargos del actual. En este contexto, el régimen de equivalencias entre los dos sistemas de enjuiciamiento (de cara a las mencionadas figuras) se expresa de la siguiente manera:



4.3.1.  La aceptación de cargos en la fase de instrucción (artículo 40 incisos 1 al 4 de la Ley 600) se corresponde con la aceptación pura de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación (Arts. 288.3 en conc. con el 351), dejándose en claro que para  esta etapa la menor rebaja será -por lo menos- de una tercera parte más un día, para superar así el máximo de la reducción señalado para la segunda oportunidad. Y no hay duda que ese plus reductor (así sea de un día) marca la diferencia favorable respecto de la estricta reducción de la tercera parte reglada para la sentencia anticipada.



4.3.2. El acogimiento a sentencia anticipada en el juzgamiento (artículo 40 inciso 5 de la Ley 600) se asimila con el allanamiento a los cargos previsto en el artículo 356-5 de la Ley 906 de 2004, atendida la correspondencia existente entre las dos fases del proceso dentro de las cuales se lleva a cabo la admisión, aclarándose igualmente que en esta oportunidad la menor rebaja será -por lo menos- de una sexta parte más un día, para de esa forma superar el tope máximo de la reducción prevista para la tercera ocasión. Asimismo, no vacila el juicio para afirmar que aún frente a la recompensa mínima, ésta se muestra abiertamente más ventajosa que la octava prevista para la sentencia anticipada.


Ahora, si bien es cierto que en la Ley 906/04 se prevé, como se reseñó atrás, que el acusado puede allanarse a los cargos en el juicio oral y hacerse acreedor a una recompensa punitiva de la sexta parte, no lo es menos que para quien es juzgado por los cauces de la Ley 600/00 tal compensación de pena no tiene cabida porque no es posible que ya en la audiencia de juzgamiento haga manifestación válida de acogimiento a sentencia anticipada, dada la inexistencia de esa oportunidad en el trámite de la actuación procesal por la ley anterior, oportunidad que solo se extiende hasta antes de la ejecutoria del auto que fija fecha y hora para la audiencia de juzgamiento (art. 40 inc 5 L600).


Asimismo, la persona juzgada por Ley 600 no puede aspirar a un premio punitivo por sentencia anticipada en esa audiencia final, pues ello comportaría crear un procedimiento especial que desvertebraría el esquema procesal que rige la actuación (L 600/00).


Pero, además, no es aceptable la comentada actitud procesal del acusado con miras a la obtención de la rebaja en razón a que no existe la similitud de presupuestos procesales exigida por la jurisprudencia para aplicar la favorabilidad, pues si bien podrán mostrarse algunas coincidencias entre la audiencia de juzgamiento antigua y el juicio oral actual, lo cierto es que son diligencias que lejos están de poder identificarse o asimilarse así, por ejemplo, obsérvense las siguientes diferencias sustanciales, predicables todas ellas del juicio oral, en contraposición con las características de la de juzgamiento anterior:


- Sólo allí –necesariamente- se aducen las pruebas al proceso, pues salvo la excepción de la prueba anticipada, es el juicio oral la única oportunidad válida para hacerlo (art. 16).


- No existe un momento procesal definido para llevar a cabo interrogatorio al acusado con la posibilidad abierta de cuestionamiento por todos los sujetos procesales.


- El defensor puede abstenerse de ofrecer sus argumentaciones conforme lo autoriza el art. 443.


- No está prevista oportunidad para que el incriminado ejerza su defensa material a través de su intervención en las alegaciones.


- Está descartada por completo la posibilidad de que el acusado designe un vocero.


-  La petición de absolución que eventualmente llegare a presentar el fiscal es vinculante para el juez (art. 448).


-  En términos generales, ante un cambio de juez en el curso del juicio oral, éste ha de repetirse (art. 454 in fine).


-  Es la oportunidad para hacer valer las estipulaciones probatorias pactadas en la audiencia preparatoria (art. 356-4)


-  Al finalizar las alegaciones el juez debe anunciar el sentido del fallo respecto de todos los cargos (art. 445)


Así las cosas, las diferencias sustanciales entre una y otra diligencia permiten predicar la inexistencia de la similitud de presupuestos procesales y por esa vía la no aplicación de la favorabilidad, de obligatorio reconocimiento en los casos anteriormente reseñados.



5.  EL CASO


FERNAN URRIAGO GUTIERREZ fue sentenciado por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.


5.1.  El Juez dosificó las penas de prisión e inhabilitación para el desempeño de funciones públicas de la siguiente manera:


La conducta de “actos sexuales con menor de catorce años” tiene prevista una pena de prisión que va de 3 a 5 años (36 a 60 meses), como es conducta agravada de conformidad con el artículo 211 numerales 2, 4, la pena se incrementa de una tercera parte a la mitad, de suerte que los nuevos límites punitivos van de 48 a 90 meses de prisión.


Determinado un ámbito punitivo de movilidad de 42 meses, cada factor equivale a 10.5 meses, por suerte que el cuarto mínimo va de 48 a 58.5meses;  los cuartos medios de 58.5 meses a 79.5 meses y el último cuarto va de 79.5 meses a 90 meses.


La pena la tasó en el menor guarismo del primer cuarto dosimétrico:  cuarenta y ocho (48) meses. A esta cifra le incrementó 12 por razón del concurso homogéneo y sucesivo de conductas punibles, para un total de 60 meses.


Y por razón de la sentencia anticipada, el juez descontó una tercera parte de la pena, con el siguiente razonamiento:


“Por último y como quiera que el procesado se acoge a la figura de la sentencia anticipada en la etapa del juicio, este Despacho Judicial en aplicación del principio de favorabilidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 352 de la Ley 906 de 2004 descuenta a favor del mismo la tercera parte de aquél guarismo, quedando un total para la pena de prisión a imponer de cuarenta (40) meses de prisión”.  (Página 13, quinto párrafo de la sentencia de primera instancia).


Por manera que aplicó de manera correcta la ley favorable realizando el descuento en el tope máximo de la tercera parte.


5.2.  En relación con la indemnización de perjuicios morales


La obligación de indemnizar es consecuencia civil del delito, no es pena en sentido estricto;  por manera que a la indemnización no se le aplica el régimen de descuentos por la aceptación incondicional de la responsabilidad penal.


El Juzgado determinó la indemnización por daños y perjuicios morales en cuantía de ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes y le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión.


El fallo se mantiene inmodificable.

6.  En suma, la Sala INADMITIRA la impugnación porque el censor no ofreció razón alguna que justifique -en cuanto menos- una de las finalidades que se persiguen con el recurso extraordinario a la luz del artículo 180 del C. de P.P. y porque del contexto argumentativo se advierte con claridad meridiana que no se precisa de la intervención de la Sala de Casación para hacer efectivo algún derecho material a favor del sentenciado.


En consecuencia, a tenor del artículo 184 inc. 2 ib., aquella será la suerte procesal de la demanda de casación interpuesta contra la sentencia del 2 de noviembre de 2007 proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca.


Contra esta determinación se hace legalmente viable la insistencia prevista en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, importando advertir -como se hizo desde la providencia de diciembre 12 de 2.005, radicado No. 24.322- que ante la carencia de regulación en su trámite la Sala lo ha señalado así:



a- La insistencia sólo puede ser promovida por el demandante dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que inadmite la demanda de casación u oficiosamente provocada dentro del mismo lapso por alguno de los Delegados del Ministerio Público para la Casación Penal –en tanto no sean recurrentes– el Magistrado disidente o el Magistrado que no haya participado en los debates o suscrito la inadmisión.


b- La respectiva solicitud puede formularse ante el Ministerio Público a través de sus Delegados para la Casación Penal, ante uno de los Magistrados que haya salvado voto respecto a la decisión de inadmitir o ante uno de los Magistrados que no haya intervenido en la discusión.


c- Es potestad del funcionario ante quien se formula la insistencia someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión y en este caso así lo informará al peticionario en un término de quince (15) días.



En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,


RESUELVE:


1)  INADMITIR  la  demanda  de  casación  formulada  por  el  defensor contractual de FERNAN URRIAGO GUTIERREZ contra la sentencia del dos (2) de noviembre de dos mil siete (2007) emitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca.


2)  Contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia a la luz del inciso segundo del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal.


Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen,



SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aclaración de voto



   JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ                     ALFREDO GÓMEZ QUINTERO          




MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS                           AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN

Aclaración de voto




    JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS                        YESID RAMÍREZ BASTIDAS

Aclaración de voto                                Aclaración de voto



JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA                    JAVIER ZAPATA ORTIZ





Teresa Ruiz Núñez

Secretaria







1 La Sala omite el nombre de la víctima por la prevención natural de no divulgar datos que los identifiquen o puedan conducir a su identificación.  Art. 47 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y Adolescencia) que rige a partir del 8 de mayo de 2007.

2 Cfr. Auto del 12 de septiembre de 2007, radicado 26.967;  sentencia de casación del 8 de abril de 2008, rad. Núm. 28277.

3CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia del 8 de abril de 2008, radicación número 25306;  en el mismo sentido sentencia del 16 de abril de 2008, Rad. Núm. 25304;  tutela de la Sala de casación penal del pasado 24 de agosto de 2007, Rad. Núm. 32637.  En el mismo sentido, CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias T-091, T-941, T-797, T-966 del 2006 y T-356 del 2007

4A partir del 1 de enero de 2005 hasta el 1 de enero de 2008 cuando se completó la introducción del sistema de enjuiciamiento acusatorio en todos los distritos judiciales del país;  El Distrito Judicial de Cundinamarca entró a partir del 1° de enero de 2007.  (Artículo 530 de la Ley 906 de 2004)