Proceso n° 33062


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL



Magistrado Ponente

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

Aprobado acta N°  382



Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil nueve (2009).



V I S T O S


La Corte resuelve la colisión negativa de competencias surgida entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín y el Juzgado Veintiséis Penal Municipal de la misma ciudad, en el proceso que se adelanta contra los acusados JADER ALEXIS MONTOYA CUARTAS, WALTER URIBE OLAYA y JOHN ALEXANDER ÁNGEL LONDOÑO, por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.



H E C H O S


En la resolución de acusación, la Fiscalía los sintetizó de la siguiente manera:


“El 18 de mayo de 2004, el señor Robinson Alexander Restrepo Montoya recibió en su casa situada en el municipio de Caldas, una llamada al abonado telefónico 2782456, en la que un sujeto que no se identificó y quien le advirtió que solamente estaba cumpliendo órdenes, le dijo que estaban necesitando seis millones de pesos para esos días, que en caso de no conseguirlos atentarían contra  su  familia  y  si  daba  aviso  a  las  autoridades  y  se  producía  la captura  de  los  pelados  que  iban  a  ir  por  el  dinero,  matarían  a  su  madre; que  esta  llamada,  lo  mismo  que  las  que  sucedieron  después,  las  registró en  su  identificador  de  llamadas  y  también  grabó  tres  de  ellas,  incluida  en la  que  le  dieron  instrucciones  para  que  llevara  el  dinero  el  27  de  mayo  de 2004,  a  las  doce  de  la  noche,  a  un  callejón  de  la  calle  40  B  Sur N°  27A-64,  por  lo  que  Restrepo  Montoya  decidió  denunciar  el  hecho  ante  las autoridades  que,  después  de  algunos  intentos,  lograron  ejecutar  el  llamado Plan Cabina, en el que se produjo la captura en flagrancia de JHON ALEXANDER ÁNGEL LONDOÑO cuando ejecutaba una de las llamadas y quien señaló a JADER ALEXIS MONTOYA CUARTAS y WALTER URIBE OLAYA como sus compañeros en el ilícito, a quienes se aprehendió en sus respectivas viviendas”.



A N T E C E D E N T E S


1.   Iniciada, adelantada y clausurada la investigación,  la Fiscalía Veintitrés Especializada de Medellín, el 6 de febrero de 2007, calificó el mérito del sumario  con  resolución  de  acusación  en  contra  de  los  procesados Jader  Alexis  Montoya  Cuartas,  Walter  Uribe  Olaya  y  John Alexander  Ángel  Londoño,  por  el  delito  de  extorsión  agravada  en grado de tentativa, en cuantía de seis millones pesos ($6.000.000°°), decisión que, por virtud del recurso de apelación interpuesto por el defensor de los sindicados, fue confirmada, el 14 de agosto de 2009, por la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de la mencionada ciudad.


Ejecutoriado el pliego acusatorio, el proceso se remitió al reparto de los juzgados penales del circuito especializados de “Antioquia”.

2.  El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, mediante auto del 24 de septiembre de 2009, se declaró impedido para adelantar el juicio, toda vez que los hechos ocurrieron entre los municipios de Caldas y Envigado, localidades pertenecientes al Distrito Judicial de Medellín, razón por la cual remitió el expediente al reparto de los juzgados penales del circuito especializados de dicha ciudad. 


3.   Habiendo correspondido las diligencias al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, por auto del pasado 6 de octubre, luego de citar jurisprudencia de esta Corporación, manifestó no ser competente para conocer del asunto, toda vez que el artículo 23 de la Ley 1121 del 29 de diciembre de 2006 modificó los numerales 6° y 7° del artículo 5° transitorio de la Ley 600 de 2000, norma que determinó que, entre otros delitos, la extorsión es de conocimiento de los juzgados penales del circuito especializados cuando su cuantía supere los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siendo evidente que en este caso dicha cuantía es inferior.


Por tal razón, remitió el expediente al reparto de los juzgados penales municipales de la citada ciudad, proponiendo colisión negativa de competencias.


4.  Por  su  parte,  el Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Medellín, bajo unas consideraciones confusas y citando la Ley 733 de 2002, considera que la competencia radica en aquél despacho judicial, por cuanto que “el factor determinante de la competencia asignada a los Jueces del Circuito Especializados es la naturaleza, la modalidad delictiva (extorsión), sin hacer estimativos relativos a cuantía…”. 


En consecuencia, aceptando la colisión propuesta, el expediente fue remitido a esta Corporación.



CONSIDERACIONES  DE  LA  CORTE


1.  El presente conflicto se presenta entre los Juzgados Tercero Penal del Circuito Especializado y Veintiséis Penal Municipal de Medellín, ambos  pertenecientes al mismo Distrito Judicial.


De acuerdo con el inciso 2° del artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia corresponde dirimir “los conflictos de competencia que se presenten en asuntos de la jurisdicción penal entre los Jueces Penales de Circuito Especializados y un Juez Penal del Circuito”.


Conforme a dicha norma la Sala, en principio, no tendría competencia para dirimir la presente colisión, toda vez que se halla involucrado un juzgado municipal y no del circuito.


Sin embargo, como el punto específico no estaría comprendido en ninguna disposición y dado que el propósito del legislador fue dejar en la Sala de Casación Penal de esta Corporación la resolución de los conflictos en donde estuviere vinculado un juzgado penal del circuito especializado, procederá a decidirlo, como así lo ha definido la jurisprudencia en los siguientes términos:


“No obstante no aparecer norma expresa que faculte a la Sala de Casación Penal para conocer de los conflictos de competencia que se suscitan entre un Juzgado Penal del Circuito Especializado y un Juzgado Penal Municipal de un mismo Distrito Judicial, la Corte ha venido asumiendo su definición, en razón de la naturaleza del incidente y en el entendimiento de que el artículo 18 transitorio de la ley 600 de 2000 apunta a establecer que todo conflicto donde se halle involucrado un Juzgado Especializado, sea resuelto por la Corte, según se infiere de la expresión asuntos de la jurisdicción penal, que el legislador utiliza, sin distinción de lugar donde se suscita el problema”.1 


2.  Es claro que el motivo de discrepancia en este caso se centra en la común negativa de los jueces trabados en conflicto en adelantar el presente juicio por razón del delito de extorsión agravada en grado de tentativa por el cual fueron acusados Jader Alexis Montoya Cuartas, Walter  Uribe  Olaya  y  John  Alexander  Ángel  Londoño,  pues  la Juez  Tercero  Penal  del  Circuito  Especializada  de  Medellín  estima  que de la interpretación de la Ley 1121 de 2006 se concluye que el competente para conocer de la actuación es el Juez Municipal, dado que el conocimiento de la extorsión está sujeta a la cuantía; mientras que para este último funcionario no es atendible el planteamiento de su homólogo, por cuanto que, bajo un argumento confuso, la naturaleza y modalidad del punible no hace “estimativos relativos a cuantía”.

3.  Frente a tales consideraciones, se hace necesario indicar una vez más que con la entrada en vigencia de la Ley 1121 de 2006, se introdujeron algunas modificaciones a la competencia de los juzgados penales del circuito especializados, como así se desprende del contenido de su artículo 23, pues, entre otros, modificó los numeral 6° y 7° del artículo 5° transitorio de la Ley 600 de 2000.


En efecto, la citada normativa textualmente contempla:


“ARTÍCULO 23.  Modifícanse los numerales 6 y 7 del artículo 5 transitorio de la Ley 600 de 2000 los cuales quedarán así:


“Los jueces penales de circuito especializados conocen, en primera instancia:


“….”.


“6. De los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas (artículo 341 y 342 del Código Penal), de terrorismo, financiación del terrorismo, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas (artículos 343, 344 y 345 del Código Penal), de la instigación a delinquir con fines terroristas (artículo 348 inciso 2º), del empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas (artículo 359 inciso segundo), de la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas (artículo 372 inciso 4º) y del constreñimiento ilegal con fines terroristas (artículo 185 numeral 1).


“7. Del concierto para cometer delitos de terrorismo y de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupo de justicia privada o bandas de sicarios, lavado de activos u omisión de control (artículo 340 del Código Penal), testaferrato (artículo 326 del Código Penal); extorsión en cuantía superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales vigentes”.


Así, entonces, de la hermenéutica del precepto trascrito, debe inferirse que la Ley 1121 de 2006 modificó el artículo 14 de la Ley 733 de 2002, el cual atribuía a los Juzgados Penales del Circuito Especializados la competencia para conocer del delito de extorsión sin sujeción a la cuantía, retornándole ahora la competencia por dicha conducta punible “en cuantía superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales” tal como, en un principio, se le había asignado en el numeral 7° del artículo 5° transitorio de la Ley 600 de 2000.


Por ello, como en varias oportunidades lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala, surge claro colegir que “la competencia para el conocimiento del delito de extorsión, en primera instancia, en cuantía inferior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por tratarse de un delito ubicado dentro de aquellos que atentan contra el patrimonio económico, corresponde al Juzgado Penal del Circuito de conformidad con la cláusula general de competencia contenida en el literal b del numeral 1° del artículo 77 de la Ley 600 de 2000”.2


En consecuencia, en el caso que ocupa la atención de la Sala, como la suma de dinero inicialmente exigida en la comisión del delito por el cual fueron acusados los procesados fue de seis millones de pesos ($6.000.000°°), es decir, inferior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales, surge claro que la competencia para conocer del asunto recae en el juzgado penal del circuito, de acuerdo con la citada cláusula general de competencia, y no en el juzgado penal municipal como equivocadamente lo afirmó el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.  

Y se dice que los juzgados penales municipales no son competentes, toda vez que si bien es cierto el artículo 78 de la Ley 600 de 2000 les asignaba el conocimiento del delito de extorsión en cuantía inferior a 50 salarios mínimos legales mensuales, también lo es que tal disposición fue modificada, como ya se indicó, por el artículo 14 de la Ley 733 de 2002, el cual asignó dicha competencia a los jueces penales del circuito especializados sin tener en cuenta la cuantía, de manera que como en la actualidad no existe norma alguna que adjudique expresamente la competencia en un específico funcionario judicial el delito de extorsión en cuantía inferior a 50 salarios, opera, entonces, la citada competencia residual.


Por  consiguiente,  teniendo  en  cuenta  que  en  este  asunto  la resolución  de  acusación  quedó  ejecutoriada  el  14  de  agosto  de  2009, es  decir,  con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigencia  de  la  Ley  1121 del  29  de  diciembre  de  2006,  lógico  es  colegir  que  el  adelantamiento del  juicio  debe  surtirse  bajo  los  lineamientos  de  dicha  ley  y,  por  lo mismo,  no  obstante  que  en  esta  colisión  no  participó  ningún  juez penal  del  circuito,  el  diligenciamiento  será  remitido,  por  economía procesal,  a  la  oficina  de  reparto  de  tales  despachos  judiciales  del Distrito  Judicial  de  Medellín, informando  de  ello  a  los  despachos  trabados  en colisión.


En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

R E S U E L V E


1.  ASIGNAR el conocimiento de este proceso a los Juzgado Penales del Circuito de Medellín, para lo cual se dispone remitir la actuación a la oficina de reparto de los mismos.


2.  Por Secretaría de la Sala, infórmese lo decidido a los Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, Tercero Penal del Circuito Especializado y Veintiséis Penal Municipal de Medellín.


Contra esta decisión no procede recurso alguno.


Comuníquese y cúmplase.






JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA







JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ                SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ        







ALFREDO GÓMEZ QUINTERO                MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS        







AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN                        JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS                                                






YESID RAMÍREZ BASTIDAS                        JAVIER  ZAPATA ORTÍZ

                                                                               







TERESA RUÍZ NUÑEZ

Secretaria


1 Ver colisiones 19200 del 19 de marzo de 2002, 19354 del 30 de abril de 2002, 27207 del 16 de mayo de 2007, 27487 del 23 de mayo de 2007, 27600 del 13 de junio de 2007 y 27632 del 16 de junio de 2007.

2  Colisión 27059 del 9 de mayo de 2007. Ver también colisión 30570 del 8 de octubre de 2008.