Proceso n° 27703
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente:
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
Aprobado Acta N°193
Bogotá D. C., ocho (8) de junio de dos mil once (2011).
VISTOS
Procede la Sala a calificar el mérito del sumario adelantado contra el ex Representante a la Cámara HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS por el delito de concusión.
Los acontecimientos que dieron origen al presente proceso penal, fueron sintetizados por la Sala en auto precedente1, así:
"El Consejo de Estado, dentro del proceso de pérdida de investidura adelantado contra el ex Representante a la Cámara HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS, compulsó copias para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo investigara.
Encontró esa Corporación necesario investigar lo referido por varios declarantes, quienes sostuvieron que HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS y el señor Alonso Ospina Luna, en el mes de noviembre de 2003, se reunieron con el abogado Darío Fernando Espitia Montero para elaborar una demanda contra la elección del entonces Representante a la Cámara José Ovidio Claros Polanco. Tal acción tendría como propósito adicional, de prosperar las pretensiones, lograr que la curul fuera ocupada por José Antonio Mora Rozo, segundo renglón, quien debía renunciar al cabo de un año para permitir la entrada del tercero de la lista, es decir, OSPINA AVILÉS. En efecto, la acción prosperó con la pérdida de investidura de José Ovidio Claros Polanco, posesionándose José Antonio Mora Rozo el 24 de mayo de 2004.
Especialmente, dijeron los declarantes que el pago de los honorarios al abogado por su gestión se hizo a iniciativa de HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS, con el nombramiento en la U.T.L. del Representante Mora Rozo de dos personas recomendadas por Darío Fernando Espitia Montero, con quienes se acordó aportar de cada sueldo mensual el treinta por ciento durante un año. Las dos personas escogidas por el abogado fueron Aura Mery Montero Farías, su esposa, y Roger Andrés Fajardo Otálora, líder político y amigo suyo, comprometiéndose a entregar $1.200.000.oo y $600.000.oo respectivamente.
Los pagos se hicieron cumplidamente durante el año y, conforme a lo pactado, José Antonio Mora Rozo presentó renuncia como Representante a la Cámara a partir del 24 de mayo de 2005 y en su reemplazo entró HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS, el 25 de mayo siguiente. En días posteriores, cuando el recién nombrado Congresista, recibía un homenaje en el Municipio de Suárez (Tolima), al que también asistió el abogado Darío Fernando Espitia Montero, le exigió que para mantener a sus recomendados en los cargos de la U.T.L. debían aportar el setenta por ciento, pues necesitaba sufragar gastos de campaña política.
El abogado se negó a tal solicitud, razón por la cual, fueron declarados insubsistentes, primero Roger Andrés Fajardo Otálora el 11 de agosto de 2005 y, luego, Aura Mery Montero Farías, el 6 de octubre de 2005."
Establecido por la Corte que HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS ejerció el cargo de Representante a la Cámara por la circunscripción electoral de Bogotá D.C., dentro del período constitucional 2002-2006, tomando posesión el 25 de mayo de 20052 hasta el 7 de julio de 2006,3 según certificación de la Secretaría General del Congreso, procedió a dar inicio a la correspondiente investigación en la cual se recogió abundante material testimonial y documental con el propósito de clarificar la denuncia que Darío Fernando Espitia Montero hizo en declaración rendida ante el Consejo de Estado.
Fue vinculado mediante indagatoria, luego de lo cual, el 23 de febrero del presente año se resolvió su situación jurídica con detención preventiva sin excarcelación.
Cerrada la investigación y corridos los traslados a los sujetos procesales para presentar alegatos de conclusión, corresponde a la Corte calificar el mérito probatorio del sumario.
IDENTIFICACIÓN DEL SINDICADO
HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS se identifica con cédula de ciudadanía 2.387.779 de Suárez, Tolima, nacido en este municipio el 2 de noviembre de 1964, de 46 años de edad; hijo de José Olegario Ospina Ortiz y María Arcelia Avilés Tovar, ya fallecidos; profesión ingeniero civil; residente en la calle 138 N° 58-25, torre 19, apartamento 504, barrio Colina Campestre; de estado civil casado con Nohora Beltrán Céspedes y tiene dos hijos.
1. ALEGACIÓN DEL SINDICADO
Solicita la preclusión de la investigación soportado en la imposibilidad de darle crédito a la declaración de Darío Fernando Espitia Montero, en razón a sus múltiples inconsistencias, adicional al manifiesto interés de retaliación en su contra por haber declarado insubsistente a su esposa, Aura Mery Montero, y a Roger Andrés Fajardo Otálora; acto de desvinculación que simplemente obedeció al incumplimiento de los empleados a su jornada laboral, situación que no podía permitir.
Destaca la declaración de Roger Andrés Fajardo Otálora rendida ante la Corte, en la cual se establece no sólo que el aporte del 30% fue voluntario, sino que se los entregaba a Espitia Montero como agradecimiento por haberlo llevado a la U.T.L. del congresista José Antonio Mora Rozo, quien certificó sus labores, es decir que él no estuvo de por medio.
Datos no solo mencionados por este testigo, sino corroborados por el propio Espitia Montero y su esposa. Pero además, para ratificarlos considera importantes las declaraciones de José Antonio Mora Rozo, Alonso Ospina Luna y Johana Andrea Vargas Motta, con las cuales se desvirtúa lo dicho por el abogado.
Encuentra inconsistencias en la declaración de Espitia Montero, cuando asegura que el pago de la supuesta exigencia de dinero, se suspendió al momento de posesionarse en el congreso, cosa que corroboraron Aura Mery Montero y Roger Andrés Fajardo, lo cual prueba que no tenía preponderancia como para creer en la existencia de una conducta concusionaria, pues hasta ese momento no era su nominador, tampoco tenía facultad para certificar su trabajo ni para hacer tal tipo de nombramientos.
Sobre su visita a la población de Suárez en el departamento del Tolima luego de posesionarse como congresista, manifiesta que antes de certeza sobre lo sucedido, aflora duda pues en la indagatoria dejó en claro que Espitia Montero no fue invitado, tampoco quienes han declarado en este proceso manifestaron haberlos visto dialogando.
Además, considera inverosímil la declaración de Espitia Montero, en tanto, si el evento en Suárez (Tolima) sucedió el primero de julio de 2005 y allí supuestamente se hizo la exigencia ilícita, tan solo hasta el mes de octubre hubiera declarado insubsistente a su esposa Aura Mery Montero, con lo cual queda desvirtuada la hipótesis de la retaliación por no aportarle el 70% de su salario. Por el contrario, cobra fuerza que la desvinculación de los dos empleados estuvo justificada en la ausencia a su sitio de trabajo, tal como lo sostuvo el indagado, situación develada con los testimonios de Aura Mery Montero y Roger Andrés Fajardo, cuando aseguraron no haber conocido al congresista para el cual prestaban los servicios en la U.T.L.
Sobre el momento en que se conoció con el abogado Espitia Montero, toda la credibilidad se la entrega a lo expuesto por Alonso Ospina Luna, quien manifestó que ello sucedió en el mes de mayo de 2005 en la Plaza de Bolívar de Bogotá y no en el mes de octubre de 2003 como lo dijo aquél, luego no tuvo oportunidad de participar en la confección de la demanda ante el Consejo de Estado.
Tampoco resulta aceptable la versión de Espitia Montero en torno al cobro de honorarios, lo cual no consta ni en documento, ni contrato, como le era exigible tal como lo ordena el Estatuto del Abogado.
Por último, considera que si el Consejo de Estado no declaró su pérdida de investidura, ni la Procuraduría lo sancionó disciplinariamente, no obstante que esos entes estudiaron estos mismos hechos, no existe mérito para acusarlo sino para precluir la investigación como así lo solicita.
2. ALEGACIÓN DEL APODERADO DEL SINDICADO
El defensor, a su turno, igualmente solicita la preclusión de la investigación a favor de su defendido, pues a no otra conclusión llega después de estudiar los elementos probatorios acopiados en esta investigación.
Califica de “temeraria” y “carente de lógica” la denuncia formulada por el abogado Darío Fernando Espitia Montero, quien más bien parece estar movido por el ánimo de venganza y retaliación por la insubsistencia que OSPINA AVILÉS produjo frente a su esposa y su recomendado político.
La prueba testimonial recaudada a través de esta investigación demuestra que en ningún momento el Congresista, durante el lapso que estuvo al frente de la curul, pidió o exigió dinero a los empleados de la U.T.L. como para concluir que esa fuera su práctica. Destaca así las declaraciones de Jorge Salas Cala, Fredy Arnoldo Kuam Casas, Diana Marcela Díaz Estévez, Doris Gutiérrez Rojas, Johanna Andrea Vargas Motta y Oscar Romero Acosta.
La declaración del abogado Germán Ricardo Jiménez Tiusaba, quien supuestamente fue contactado para asesorar la demanda de pérdida de investidura del doctor Ovidio Claros Polanco, titular de la curul, desvirtúa la versión del abogado Espitia Montero, pues no lo ubica como la persona que lo contactó para la elaboración de la demanda de pérdida de investidura, señalando a otra persona, a Alonso Ospina Luna, lo cual aleja al sindicado de la posibilidad de estarla fraguando.
Sobre la renuncia de Mora Rozo, segundo renglón y que entra a ocupar el cargo a consecuencia de la pérdida de investidura del titular, señala que se dio por los quebrantos de salud una vez transcurrido un año de su posesión, pues para esa época contaba con 82 años de edad, problemas de próstata y tres infartos, entonces, renunció al cargo en tanto “ya no daba más”.
Sobre el nombramiento de Aura Mery Montero, Mora Rozo aclaró que debió ser por razón del “lagarteo” de Espitia Montero, el cual fue insistente una vez se posesionó como Representante a la Cámara en el año 2004.
Con el anterior recuento probatorio, en criterio del defensor, se demuestra que los señalamientos del abogado Espitia Montero son falsos e incongruentes, mucho más si se tiene en cuenta que si Ospina Avilés hubiera estado detrás de la pérdida de investidura del doctor Ovidio Claros, aquél hubiera conseguido personalmente a quienes lo auxiliarían en la presentación de la demanda ante el Consejo de Estado y no hubiera dejado el asunto al arbitrio de terceros.
3. ALEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DELEGADA
Considera la Delegada de la Procuraduría que las manifestaciones del abogado Darío Fernando Espitia Montero se corroboran en esta investigación con la declaración de Aura Mery Montero y Roger Andrés Fajardo, quienes, empece, no haber aprehendido su conocimiento directamente, fueron conocedores del acuerdo al que llegaron.
En sus varias declaraciones ante la Procuraduría, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, tanto el testigo directo como los demás, son coherentes y unívocos en advertir que el compromiso consistía en cumplir con una cuota mensual, asistían a laborar y si bien es cierto no conocieron a Mora Rozo ni a Ospina Avilés, sabían que la exigencia se la debían entregar a Espitia Montero para permanecer en sus cargos.
A lo anterior se suma la declaración de Jorge Salas Cala, quien por razón de haber integrado la U.T.L. de Ospina Avilés, se percató, en desarrollo de sus funciones, sobre la vinculación del abogado Darío Espitia Montero a la demanda de pérdida de investidura de Ovidio Claros.
También le entrega importancia el Ministerio Público a la declaración rendida mediante certificación jurada del entonces Congresista Ovidio Claros, actualmente Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, quien mencionó que detrás de la demanda de pérdida de investidura se encontraban interesadas personas tales como Darío Fernando Espitia Montero, incluso vinculadas con HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS y José Antonio Mora Rozo, hecho conocido por constantes rumores.
A estas pruebas se suma la versión del ex Congresista José Antonio Mora Rozo, testigo poco creíble en tanto ni siquiera logró decir cómo fue que llegaron Aura Mery Montero y Roger Andrés Fajardo a su U.T.L, además quiso mostrar a Darío Fernando Espitia Montero ajeno a su despacho, tildándolo de “lagarto”, cuando es evidente, como se demostró en inspección judicial llevada a cabo por la Corte, que se le había expedido, a solicitud del congresista Mora Rozo, una credencial especial para el libre acceso a las instalaciones del Capitolio Nacional.
Sobre el pacto o el acuerdo para demandar la pérdida de investidura, la Procuraduría considera que el abogado Germán Jiménez Tiusaba, quien fue apoderado de la parte demandante ante el Consejo de Estado, no permite concluir otra cosa que Espitia Montero era coordinador a la sombra, pues nada más y nada menos dijo que éste le había entregado el caso.
Por último, considera importante la declaración de la señora Harley María del Pilar Otálora Ortiz, madre de Roger Andrés Fajardo Otálora, quien dijo haber firmado una demanda de pérdida de investidura contra HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS sin saber realmente su contenido, pues la suscribió al creer que se trataba de una demanda a favor de su hijo. No obstante, lo importante para destacar es éste, mientras estuvo vinculado con el Congreso, le informó sobre el deber de suministrar de su sueldo un porcentaje al señor Espitia Montero.
En conclusión, la Procuraduría considera que se encuentran reunidos los presupuestos para proferir resolución de acusación en contra del procesado como posible responsable del delito de concusión.
Por último, pide la compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación contra el acusado, a efectos de que se investigue la solicitud de dinero que refirió el abogado Darío Fernando Espitia Montero y que se encuentra contenido en el testimonio del 13 de diciembre de 2006.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. De conformidad con lo consagrado en los artículos 235 de la Carta Política y 75 de la Ley 600 de 2000, el fuero surge cuando el sindicado de una conducta delictiva ostente la condición de Senador o Representante a la Cámara, es decir actualidad y permanencia en la investidura, o que, de otra parte, no obstante haber cesado en el ejercicio del cargo, la conducta imputada “tenga relación con las funciones desempeñadas”.
En esta actuación se ha acreditado en debida forma que el señor HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS, aún cuando en la actualidad no ostenta la condición de congresista, para la época de la conducta objeto de investigación no sólo poseía tal condición pues el 25 de mayo de 20054 se había posesionado como Representante a la Cámara, labor que cumplió hasta el 7 de julio de 20065, sino que el reproche penal nace en la exigencia efectuada al abogado Darío Fernando Espitia Montero en reunión celebrada en el Municipio de Suárez (Tolima), llevada a cabo el primero de julio de 2005, en la cual le dijo que el aporte económico del salario de su esposa, Aura Mery Montero y Roger Andrés Fajardo, quienes pertenecían a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y eran sus recomendados, debía incrementarse del 30% al 70%, pues de lo contrario, no se les certificaría sus labores o serían declarados insubsistentes.
Siendo esa la conducta, en caso de demostrarse la realización del hecho y la responsabilidad, surge claro el abuso del cargo y de las funciones del entonces Representante a la Cámara, de especial gravedad, porque no conforme con el ilegítimo usufructo, que se dice, venía recibiendo antes de acceder a tal investidura, una vez posesionado, se propuso aumentarlo por la potestad que le otorgaba proponer la nominación y remoción de candidatos de su U.T.L, razón por la cual es del caso reiterar la competencia que le asiste a la Corte para adelantar la presente investigación y calificar el mérito del sumario.
2. El artículo 395 de la Ley 600 de 2000, permite que la calificación del sumario sea con resolución de acusación o preclusión de la investigación.
De acuerdo con las exigencias del artículo 397 del C. de P.P, es necesario probar la ocurrencia del hecho y contar con confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio que acredite la responsabilidad del sindicado; la segunda opción procede cuando se encuentra duda sobre alguno de aquellos extremos, o cuando queda demostrado que el hecho no existió, es atípico o concurre alguna de las causales de ausencia de responsabilidad penal.
3. En el presente evento, desde ya se advierte que la labor probatoria desplegada, corrobora la existencia del hecho y la probable responsabilidad del procesado en el grado exigido por la norma procesal para que se profiera resolución de acusación, como pasa a analizarse.
3.1. Darío Fernando Espitia Montero, abogado de profesión, en diligencia testimonial manifestó que con HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS llegaron a un acuerdo a finales del año 2003 para realizar gestiones a efectos de demandar la pérdida de investidura del Congresista Ovidio Claros Polanco, elegido Representante a la Cámara para el periodo 2002-2006. Las gestiones resultaron prósperas en fallo del 30 de marzo de 2004 proferido por el Consejo de Estado y que permitió la entrada del segundo renglón, José Antonio Mora Rozo, quien al cabo de un año, suficiente para reajustar la pensión, renunció para cederle el paso al tercer renglón en la lista, es decir, OSPINA AVILÉS.
El pago de los honorarios del abogado se acordó a través del nombramiento de dos personas de su confianza, quienes debían entregar a OSPINA AVILÉS, y así lo hicieron voluntariamente, sumas equivalentes y aproximadas al 30% del salario ($1.200.000 y $600.000). Los escogidos fueron Aura Mery Montero, esposa del abogado, y Roger Andrés Fajardo Otálora, conocido político, siendo nombrados en la U.T.L. de José Antonio Mora Rozo el 29 de abril de 2004.
Transcurrido el primer año y una vez posesionado OSPINA AVILÉS en el cargo, exigió a Espitia Montero que el pago debía incrementarse al 70% so pena de desvincular a sus recomendados, propuesta que le causó indignación y rechazo, pero de todos modos fueron declarados insubsistentes en agosto y octubre de 2005.
3.2. Desde la imputación efectuada en la indagatoria, se ha dejado en claro que el hecho generador del reproche penal nace con la supuesta exigencia efectuada por HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS de incrementar a un 70% la cuota mensual de los empleados de la UTL, suceso que se encuentra soportado probatoriamente en la declaración del abogado Darío Fernando Espitia Montero.
Entonces, es del caso entrar a evaluar la consistencia probatoria de este testimonio y así establecer si, como lo dijo el abogado denunciante, conoció y estuvo cercano en verdad al proceso de pérdida de investidura como antecedente de la ilícita exigencia.
Como primera medida, no solo se cuenta con la declaración de Espitia Montero ante el Consejo de Estado del 8 de marzo de 20066, dentro de proceso de pérdida de investidura adelantado contra el ahora procesado y con el cual se da inicio a esta investigación, sino que, consistente y coherentemente, reiteró su dicho en declaración ante la Corte Suprema de Justicia el 13 de diciembre siguiente7.
Dentro de las labores investigativas, esta Corporación escuchó a Jorge Salas Cala, quien en su declaración8 manifestó que ingresó a laborar con el Representante OSPINA AVILÉS, convirtiéndose en su “mano derecha” en el tema político. Sobre Espitia Montero manifestó “… hasta donde tengo entendido había sido el demandante o había tenido que ver con la demanda que le quitó la investidura al Representante JOSÉ OVIDIO CLAROS…”, además sostuvo que ellos, OSPINA AVILÉS y Espitia Montero, mantenían una relación y se hablaban a menudo.
Igualmente se recaudó la declaración del abogado Germán Ricardo Jiménez Tiusaba9, quien aparece desde el mes de enero de 2004 como apoderado de la parte demandante en el proceso de pérdida de investidura del doctor José Ovidio Claros Polanco, tal como lo certificó el Consejo de Estado10, dejando en claro que como colaborador del abogado Espitia Montero, incluso como “patinador” de algunos de sus procesos, fue de éste de quien recibió la orden o el “poder” para hacerse parte en el mismo.
En igual sentido, el doctor José Ovidio Claros Polanco, actualmente Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, mediante declaración por certificación jurada, manifestó:
“En cuanto al abogado GERMÁN RICARDO JIMÉNEZ TIUSABA, acorde con lo que me comentaron varias personas que me visitaron en mi oficina, este había sido contactado por el abogado DARÍO FERNANDO ESPITIA MONTERO para que firmara la demanda de pérdida de investidura en mi contra y de esta forma lograr los propósitos de LUIS HUMBERTO GÓMEZ GALLO; JOSÉ ANTONIO MORA ROZO Y HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS. Esto en razón a que el abogado ESPITIA MONTERO era experto en el tema de pérdida de investidura y dentro de sus actuaciones como tal habría logrado algunos réditos en este campo, pero por ser persona conocida por el suscrito, éste no quiso aparecer como el apoderado del demandante.”
Quiere decir lo anterior que Espitia Montero no sólo estuvo en contacto con HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS, sino que además uno de los integrantes de su U.T.L. lo identifica como persona a la sombra de la demanda de la pérdida de investidura, siendo meridianamente aceptable lo dicho por el abogado, cuando reconoció que no podía aparecer en la demanda por cuanto eran conocidos políticos.
Pero además, Darío Fernando Espitia Montero no sólo era conocedor de la demanda por la pérdida de investidura, sino que también conoció el acuerdo sobre los turnos para ocupar la curul una vez se lograra apartar al doctor Ovidio Claros. Secuencia que ubicaba primero a José Antonio Mora Rozo, quien quería mejorar la pensión y, luego, al cabo de un año, para el tercero de la lista, precisamente OSPINA AVILÉS. Convenio que para el abogado resultaba de evidente interés en tanto a través del nombramiento de sus recomendados recibiría sus honorarios.
Ahora, mayor credibilidad merece al corroborarse cada una de sus afirmaciones en una cascada de hechos perfectamente sucedáneos, como pasa a verse.
Una vez declarada la perdida de la investidura en el Consejo de Estado el 30 de marzo de 2004, José Antonio Mora Rozo, el primero de los beneficiados con la decisión, procedió a posesionarse el 23 de abril de 2004 cuando la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes acata el fallo11, labor que desempeña hasta el 24 de mayo de 2005, un poco más de un año después.
Esta sucesión, por demás legal y constitucionalmente prevista, no sería demostrativa de nada relevante, de no ser por cuanto a los pocos días de posesionado Mora Rozo, nombró en su U.T.L. a Aura Mary Montero, precisamente la esposa del abogado Espitia Montero, y a Roger Andrés Fajardo Otálora, conocido del abogado y socio político. Tales nombramientos coinciden en la misma resolución 0791 del 29 de abril de 2004, además el cargo en el cual es nombrada Aura Mery es el de Asesor VII, es decir, el de mayor rango, con una asignación mensual para el año 2005 de $5.341.00012.
Haber nombrado el mismo día a personas de confianza de Espitia Montero, nada menos que a su cónyuge y a su socio político, en cargos de considerable importancia, precisamente días después de que se posesiona Mora Rozo, permiten inferir razonablemente, que en efecto, como lo sostuvo el abogado denunciante, algo se le estaba compensando.
José Antonio Mora Rozo quiso en su declaración ante la Corte, mostrar que la vinculación de Aura Mery Montero y Roger Andrés Fajardo a su U.T.L surgió tal vez por el “lagarteo” de Espitia Montero, lo cual resulta poco creíble, como quiera que se trataba de dos de los diez cargos que la conformaban13, incluso, uno de ellos de la mayor jerarquía y considerable asignación salarial. Ahora, su permanencia al frente de la curul fue por poco tiempo, algo más de un año, como para diluir su recuerdo; igualmente, los dos empleados estuvieron a lo largo de ese año a su servicio, pues fueron certificados por el congresista previo a pagarles su sueldo14.
También pretendió el deponente caracterizar a Espitia Montero como una persona alejada de su actividad de congresista, lo cual no corresponde con lo comprobado en diligencia de inspección judicial llevada a cabo en las oficinas del Congreso15, pues fue hallado oficio del 24 de enero de 2005, a través del cual, con la anuencia de José Antonio Mora Rozo, Representante a la Cámara, se solicitó a la Secretaría General de esa colegiatura la elaboración de una credencial especial para su ingreso, la cual fue otorgada y exhibida por el abogado en la diligencia testimonial llevada a cabo ante la Corte. Quiere decir lo anterior, que si en esa fecha se hizo tal solicitud, más bien está demostrando todo lo contrario, es decir, una clara cercanía de Espitia Montero a ese despacho, revelador de estrechas relaciones con el congresista.
Entonces, antes que desvirtuar la declaración de Espitia Montero, como lo reclaman el procesado y su defensor, la inconsistente declaración de Mora Rozo corrobora su vinculación al Congresista, además por cuanto si no pasaba de ser un “lagarto”, la experiencia enseña que no iría a nombrar a dos de sus recomendados, uno de ellos en el mejor cargo, sosteniéndolos todo por el tiempo que estuvo al frente de la curul, mucho menos los mantendría en el cargo sin que ellos fueran a trabajar como lo sugirió, sino que era parte de la estrategia que buscaba compensar al abogado por sus servicios prestados.
Demostrados estos antecedentes y a sabiendas que el acuerdo del pago de honorarios iba por el lapso de un año, se acopla perfectamente lo referido por el abogado Espitia Montero cuando señaló que en la población de Suárez, un día en el cual se homenajeaba a HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS días después de llegar al Congreso, le dijo que la cuota mensual sería aumentada al 70%, pues de lo contrario serían declarados insubsistentes.
La ubicación de Espitia Montero en tal municipio es aceptada por el propio OSPINA AVILÉS quien en la versión libre rendida ante la Procuraduría16 manifestó que allí en efecto se encontraba el abogado aunque no sabe invitado por quién.
Es cierto, sobre los términos y contenido de la conversación se sigue teniendo la versión enfrentada del ex congresista, quien dice que ni siquiera habló con él, y la de Espitia Montero, quien sostuvo que allí se hizo la ilícita exigencia. No obstante lo anterior, esta última versión sigue cobrando credibilidad para la Corte, pues hechos posteriores como la efectiva declaratoria de insubsistencia de Roger Andrés Fajardo Otálora el 11 de agosto de 200517 y de Aura Mery Montero el 6 de octubre de 200518, es decir poco tiempo después de la reunión en Suárez (julio de 2005), la corroboran.
Para la Corte, tal como lo sostuvo Darío Fernando Espitia Montero, tendría sentido de cara al acuerdo con OSPINA AVILÉS que éste hubiera efectuado una mayor exigencia, pues ya había transcurrido el año destinado para el pago de honorarios a través de los nombramientos y se avecinaba la financiación de las elecciones del año 2006.
A la declaración del abogado denunciante se suma la declaración de quienes debían aportar el dinero de su sueldo, Aura Mery Montero Farías19 y Roger Andrés Fajardo Otálora20. La primera, sostuvo que si bien es cierto nunca presenció la entrega del dinero a HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS, su esposo la mantuvo enterada de dicha exigencia, la cual en verdad se volvió exagerada cuando la elevó al 70%. El segundo, aceptó que entregaba el dinero a Espitia Montero en agradecimiento por haberle conseguido el puesto en el Congreso y que éste se lo entregaba a otra persona, así se lo hizo saber a su señora madre, Harley María del Pilar Otálora Ortiz21.
No se aprecia en ellos un ánimo de ratificar falacias, exagerar o ir mas allá de su conocimiento, por el contrario, son claros en señalar que nunca le entregaron dinero alguno a HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS, ni éste les hizo exigencia alguna, cosa que hubieran podido inventar para cumplir con algún fin malévolo de incriminar a un inocente. Se trata, entonces, de testigos que revelan información en su momento suministrada por Darío Fernando Espitia Montero, lo cual, en principio, podría poner en duda su relato, pero dada la coincidencia y concordancia con otros elementos de prueba, a la postre no le resta mérito suasorio.
Quiere decir que sobre la exigencia concusionaria efectuada por el ex congresista, estas dos declaraciones, insistentes a lo largo de las actuación ante el Consejo de Estado, ante la Procuraduría en el proceso disciplinario adelantado contra Ospina Avilés y ante la Corte en esta investigación penal, se convierten en prueba indirecta, para lo cual es necesario recabar que la misma no es descartable por si sola, pues como lo ha mencionado esta Corporación, es posible apreciarla. Al efecto se dijo:
“…no responde al ideal de que en el proceso se pueda contar con pruebas caracterizadas por su originalidad, que son las inmediatas’, tampoco implica lo anterior que dicho mecanismo de verificación deba ser rechazado; lo que ocurre es que frente a las especiales características en precedencia señaladas, es necesario estudiar cada caso particular, analizando de manera razonable su credibilidad de acuerdo con las circunstancias personales y sociales del deponente, así como las de la fuente de su conocimiento, si se ha de tener en cuenta que el testigo de oídas no fue el que presenció el desarrollo de los sucesos y que por ende no existe un real acercamiento al hecho que se pretende verificar" 22.
También se ha señalado frente este tipo de pruebas, que su crédito se encuentra subordinado a la posibilidad de verificar su contenido a través de otros elementos de prueba. Sobre ello se especificó:
“…la clase de prueba que debe complementarla, como sucede en otras legislaciones, por lo que ha de entenderse que puede ser cualquier medio de prueba (testifical directa o indiciaria, por ejemplo), siempre y cuando sea de naturaleza distinta, y que el conjunto probatorio conduzca al conocimiento, más allá de toda duda razonable, de la existencia del delito y la responsabilidad del procesado”23
Corolario de lo anterior, la declaración del abogado denunciante no queda aislada, sin contraste o insular, por el contario, es persuasiva para demostrar, junto con los demás elementos de prueba, la existencia del acuerdo, la forma de pagar honorarios y el ambiente propicio para que HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS hiciera la ilícita exigencia y castigara su incumplimiento.
3.3. No se desconoce que en esta actuación se acopio prueba de descargo, como lo sostiene el procesado y su apoderado, sin embargo ese acervo no logra resquebrajar la evidencia analizada sobre la que se soporta la existencia del comportamiento delictivo y la posible responsabilidad de HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS.
En efecto, José Ignacio Mora Mariño24, Fredy Arnoldo Kuan Casas25, Doris Gutiérrez Rojas26, Johana Andrea Vargas Motta27 y Oscar Romero Acosta28, empleados al servicio de la U.T.L, manifestaron en sus declaraciones que nunca el ex Representante HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS, les hizo exigencia de dinero o de entrega porcentual de su asignación mensual, lo cual no es relevante, en tanto si a ellos no les hizo semejante pedido, no prueba que tampoco lo hubiera dejado de hacer con Aura Mery Montero y Roger Andrés Fajardo; luego, ninguna de tales declaraciones tiene la potencialidad de desvirtuar la denuncia efectuada por el abogado Espitia Montero.
Sobre que HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS y Darío Fernando Espitia Montero se conocieron a mediados del año 2005, tal como lo sostuvo Alonso Ospina Luna29, pues él los presentó, considera la Sala que esta afirmación ha quedado desvirtuada no sólo con el dicho consistente y creíble del abogado, quien dice que fue a finales del año 2003, sino con el testimonio de Jorge Salas Cala, quien integraba la U.T.L. del procesado, y sostuvo que ellos eran conocidos desde antes de ingresar a laborar y se hablaban con alguna frecuencia.
Además, para haber fraguado el proceso de pérdida de investidura es evidente que se conocían desde antes del 30 de marzo de 2004, fecha en la cual el Consejo de Estado profirió la sentencia. Dicha amistad está acreditada al menos desde el 30 de enero de 2004, fecha en la cual aparece el abogado Germán Jiménez Tiusaba, exhibiendo memorial para representar al ciudadano demandante Carlos Ernesto Valdivieso Llanos30, profesional del derecho quien precisamente, ante la Corte, aceptó que el caso se lo había entregado Darío Fernando Espitia Montero.
En estas condiciones, la Sala considera que la prueba de descargo no ofrece contundencia demostrativa para derruir la prueba de cargo, última que acredita la realización de la conducta prohibida y conduce en alto grado de probabilidad a responsabilizar a HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS por el delito de Concusión, razón por la cual en manera alguna puede predicarse su inocencia tal como lo solicita el procesado y su defensor. Por el contrario, existe testimonio que ofrece serios motivos de credibilidad, así como también, existen indicios graves configurados a partir de otros varios testimonios y documentos. Elementos concluyentes acerca de que se realizó la conducta prohibida a sabiendas de su ilicitud, es decir, dolosamente, razón por la cual se encuentran reunidos los presupuestos legales para proferir resolución de acusación.
No hay duda alguna que el tipo penal llamado a recoger tal comportamiento es el correspondiente a la concusión, según se precisó en la indagatoria y luego al resolver la situación jurídica del procesado, conducta que para su tipificación exige al sujeto activo la condición de servidor público, precisamente ostentada por HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS,
El artículo 404 de la Ley 599 de 2000 tipifica el delito de concusión y se comete por servidor público cuando abusa del cargo o de sus funciones, al constreñir o inducir a dar o prometer a él o a un tercero, dinero o utilidad indebidos o los solicita, casos en los cuales se hace acreedor a una sanción de prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años31
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Tal como quedó consignado al momento de resolver la situación jurídica, atendiendo a la fecha que vincula al inculpado con el presunto delito de concusión, por virtud de la modificación introducida en la Ley 890 de 2004, vigente a partir de enero de 2005, la sanción allí prevista se incrementa de 96 a 180 meses de prisión, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. Sobre la procedencia del aumento punitivo la Sala ha expuesto lo siguiente:
“No cabe, por tanto, considerar la pena como elemento diferenciador de uno y otro caso, pues ambos están reglamentados por idéntica preceptiva, el Código Penal, con la modificación introducida a través del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, centrada en aspectos sustanciales, no procesales.
De aceptarse una tesis distinta, se estaría prohijando que, acudiendo a interpretaciones normativas se establezcan diferencias no señaladas por el legislador, quien no las hizo respecto a las personas cuando expidió la Ley 890 de 2004. Y se llegaría, por esta vía, a concluir que en nuestro país existe un grupo de ciudadanos, los miembros del Congreso de la República, respecto de quienes resultan inaplicables las disposiciones del Código Penal vigente para cuando acaecieron las conductas que se les imputan, aserto inadmisible en un Estado social de derecho, concebido como República unitaria.
Por otra parte, si bien la Sala a través de su reiterada jurisprudencia ha señalado la existencia de estrechos vínculos entre las Leyes 906 y 890 de 2004, al considerar, revisados sus antecedentes, que ambas se originan en la necesidad de implementar la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, corresponde precisar que tal postura no riñe con la expuesta en esta oportunidad.
Ello por cuanto, atendida la teleología del incremento punitivo centrada en permitir “…un margen de maniobra a la Fiscalía” y asegurar “la imposición de sanciones proporcionales a la naturaleza de los delitos que castigan”,32 en los procesos tramitados bajo los postulados de la Ley 600 de 2000, se ha reconocido, por razones de favorabilidad, la misma rebaja de pena dispuesta por la Ley 906 de 2004, a quienes se han acogido a las figuras previstas en aquél ordenamiento para la terminación anticipada del proceso, evitando así, el desequilibrio que puede sugerir la aplicación del incremento punitivo a tales casos”.33
De otra parte, es pertinente señalar que si bien en este caso la exigencia no se materializó, no puede desconocerse que el delito de concusión se comete con la sola manifestación de la pretensión, pues se trata de un delito considerado de mera conducta, y por tanto para su configuración basta el constreñimiento para la entrega del dinero o la utilidad indebida. La Corte así lo precisó:
“En cuanto al delito de concusión corresponde indicar que el artículo 404 de la Ley 599 de 2000 sanciona al servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones, constriñe o induce a alguien a dar o prometer a él o a un tercero dinero u otra utilidad indebida, o los solicita.
(...) Conforme a la aludida descripción, se abusa del cargo o de la función pública cuando el servidor, apartando su comportamiento de las normas constituciones y legales que regulan de manera general y concreta su actividad en la administración pública, constriñe, induce o solicita a alguien dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad para sí o para un tercero.
Son entonces, tres las conductas alternativas establecidas en el ilícito en mención: "constreñir", "inducir" y "solicitar". Consultando el Diccionario de la Lengua Española se tiene que constreñir significa obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo; inducir es instigar, persuadir, mover a alguien; y solicitar consiste en pretender, pedir o buscar algo con diligencia y cuidado.”
“El alcance y significación de los verbos rectores permite concluir, como lo ha sostenido la Sala en múltiples oportunidades (Cfr. Entre otras, radicados 15910 y 24237 del 19 de diciembre de 2001 y 26 de enero de 2006, respectivamente.), que este delito se consuma simplemente con la exteriorización de cualquiera de las referidas hipótesis, con independencia de que el dinero o la utilidad hayan penetrado en el ámbito de disponibilidad del actor.”34
De esto último es necesario resaltar, que para la consumación del delito concusión basta la manifestación del acto constreñidor, inductor o la solicitud de dinero u otra utilidad indebida, independientemente de que el sujeto pasivo sobre el que recae la conducta se encuentre o no en posibilidad de cumplirla. Así ocurre en este caso cuando la exigencia de dinero no se hizo en estricto sentido a los empleados de la U.T.L, sino a través del abogado Espitia Montero, situación que no descarta la presencia de la conducta delictiva.
Con relación a la solicitud elevada por la Procuraduría en el sentido que se compulsen copias con destino a la Fiscalía General de la Nación de la declaración rendida por el abogado Darío Fernando Espitia Montero el 13 de diciembre de 2006, dada una supuesta exigencia adicional de dinero, no observa la Sala que de tal referencia pueda desprenderse un comportamiento delictivo pues como lo señaló el propio Espitia Montero, dicha exigencia se hizo a manera de préstamo precisamente garantizándolo con un cheque que HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS recogió con posterioridad.
Por último, no sobra anotar que sin existir motivo para modificar la situación jurídica resuelta por esta Corporación, permanecerá vigente, es decir, bajo detención preventiva sin excarcelación.
Con base en estas consideraciones, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
1. PROFERIR RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN contra el ex Representante a la Cámara HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS, de condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, como autor del delito de CONCUSIÓN tipificado en el artículo 404 de la Ley 599 de 2000, según los hechos y circunstancias descritos en la parte motiva de esta providencia.
2. DISPONER que HÉCTOR JOSÉ OSPINA AVILÉS continúe en detención preventiva sin excarcelación por las razones señaladas en precedencia.
Contra esta providencia procede el recurso de reposición.
Notifíquese y cúmplase,
JAVIER ZAPATA ORTIZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ
ALFREDO GOMEZ QUINTERO MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
Impedida
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Definición de situación jurídica. Auto del 23 de febrero de 2011.
2 Folios 239, cuaderno original No. 1.
3 Folio 254 del c. o. No.1
4 Folios 239, cuaderno original No. 1.
5 Folio 254 del c. o. No.1
6 Folio 165 cuaderno 1
7 Folio 12 cuaderno 2
8 Folio 43 cuaderno 4
9 Folio 186 cuaderno 4
10 Folio 202 cuaderno 5
11 Folio 17 cuaderno 3
12 Folio 226 cuaderno 5
13 Certificación de la División de Personal de la Cámara de Representantes visible a folio 196 cuaderno 5.
14 Constancias recogidas por la Procuraduría y que fueron trasladadas a esta actuación Folios 168 y siguientes cuaderno 5.
15 Folio 73 cuaderno 6.
16 folio 250 cuaderno 5.
17 Folio 227 cuaderno 5.
18 Folio 226 cuaderno 5.
19 Folio 24 Cdno. 2.
20 Folio 91 Cdno 5.
21 Folio 188 cuaderno 4.
22 Sentencia del 26 de enero de 2006, radicado 21791; Sentencia de segunda instancia, 29 de abril de 1999, entre otras.
23 Sentencia de casación, 6 de marzo de 2008, radicado 27477.
24 Folio 39 cuaderno 4.
25 Folio 48 cuaderno 4.
26 Folio 57 cuaderno 4.
27 Folio 60 cuaderno 4.
28 Folio 62 cuaderno 4.
29 Folio 33 cuaderno 4.
30 Folio 38 cuaderno 2.
31 El artículo 404 del Código Penal de 2000 establece lo siguiente: “El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejerció de derechos y funciones públicas de cinco (5 a ocho (8) años.”
32 Ponencia para primer debate en el Senado al Proyecto de ley 01 de 2003 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000.
33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.Auto del 17 de septiembre de 2008. Radicado 27339.
34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso 29.267 del 16/09/2009.