EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
AP4934-2104
Radicación 42006
Aprobado en acta No. 280
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil
catorce (2014)
Decide la Sala acerca de la admisibilidad de los
fundamentos lógicos y de apropiada argumentación de la demanda de casación
presentada por el defensor del procesado CRISTIAN ANDRÉS HERNÁNDEZ, contra la
sentencia de 31 de mayo de 2013 mediante la cual el Tribunal Superior de Ibagué
confirmó la emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento del mismo Distrito Judicial, que lo condenó como autor del concurso
homogéneo y heterogéneo de los ilícitos de demanda de explotación sexual
comercial de persona menor de dieciocho años, acceso carnal abusivo y actos
sexuales abusivos, estos dos últimos con menor de catorce años.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL
Por reporte hecho hacia las 9:55 de la noche del 7
de marzo de 2011 a la central de radio de la Policía Nacional, acerca de la
presencia de un hombre y un menor en la zona verde del sector de las canchas de
Gol-5 de Calambeo en Ibagué, miembros de esa institución al hacerse presente
encontraron a la salida del lugar un sujeto y un niño de once años de edad que
tenía en uno de sus bolsillos sus pantaloncillos, al indagarle el motivo por el
cual se encontraba allí, indicó que su acompañante le había ofrecido $14.000,oo
si se dejaba penetrar analmente, situaciones que habían sucedido con
anterioridad, en las cuales también a cambio de dinero se hacían recíprocamente
otras prácticas sexuales.
Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Ibagué, se cumplió el 8 de marzo de 2011 la
audiencia concentrada de legalización de captura de HERNÁNDEZ. En la misma
diligencia la Fiscalía le imputó la posible comisión de los delitos de demanda
de explotación sexual comercial de persona menor de dieciocho años, acceso
carnal abusivo y actos sexuales abusivos, ambos con menor de catorce años, al
tiempo que solicitó fuera privado de su libertad en establecimiento carcelario.
El imputado no aceptó los cargos y se le afectó con la medida cautelar de
carácter personal solicitada.
Presentado el 6 de abril de 2011 el escrito de
acusación por los citados ilícitos, el 29 del mismo mes y año se cumplió en el Juzgado Primero Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué la audiencia de formulación de
la misma.
En ese despacho judicial se surtieron las audiencias
preparatoria y la de juicio oral, en esta última diligencia se anunció sentido
de fallo de carácter condenatorio, y finalmente, mediante sentencia de 1° de febrero
de 2012 se declaró la responsabilidad penal de CRISTIAN ANDRÉS HERNÁNDEZ como
autor del concurso delictual objeto de acusación, imponiéndole la pena
principal de trescientos cincuenta y ocho (358) meses y seis (6) días de
prisión, así como la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas por el lapso de veinte (20) años, sin concederle la suspensión
condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria.
Contra la anterior determinación el defensor del
enjuiciado interpuso recurso de apelación, y el Tribunal Superior de Ibagué, a
través de sentencia de 7 de junio de 2013, confirmó la condena, por lo que
insiste aquél con la impugnación extraordinaria, allegando la respectiva
demanda de casación, de cuya admisibilidad se ocupa la Corte.
DEMANDA
Bajo el marco de la causal primera de casación,
contemplada en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, postula dos cargos por
violación directa de la ley sustancial.
Primer cargo. (Principal):
Denuncia la infracción de los artículos 29 y 229 de
la Constitución Política; 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 31, 59, 61, 208, 209 y 217-A
del Código Penal; 5°, 6°, 7°, 8-J, 10°, 27, 138-2, 336, 337, 445, 447 y 448 del
Código de Procedimiento Penal.
Denuncia que además de que la Fiscalía formuló
cargos en contra del procesado por las conductas punibles contempladas en los
artículos 208, 209 y 217-A del Código Penal, sin alguna explicación desde el
punto de vista jurídico, no tuvo en cuenta que se trataba de un concurso
aparente en cuanto la misma situación se ajusta a varios tipos penales, pero en
verdad sólo se aplica una norma en virtud de los principios de especialidad,
subsidiaridad o consunción.
Bajo tal óptica aduce que en este caso debió
optarse por el delito descrito en el artículo 208 del Código Penal por tener
una mayor riqueza descriptiva, lo que eliminaba el concurso material o ideal,
porque las realizaciones de contenido erótico-sexual diferentes al acceso
carnal propiamente dicho quedan comprendidas en aquél precepto, y si a ésta
conducta se llega por promesa remunerativa, independientemente que la misma se
haga efectiva, no pasa de ser un mecanismo para romper la resistencia natural
del menor de catorce años.
De otra parte, señala que el juez de primer grado
no cumplió con el deber que le imponía el artículo 138, numeral 2° de la Ley
906 de 2004 de «respetar, garantizar y hacer valer la
salvaguardia de los derechos de quienes intervienen en el proceso».
Y que también la Fiscalía desdeñó la sentencia de 8
de junio de 2011 (radicación 34022), en la cual la Corte Suprema de Justicia
abordó los requisitos del escrito de acusación, lo cual resultó lesivo de los
principios del debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, derecho de
defensa, doble incriminación y proporcionalidad de la pena.
Por lo tanto, solicita a la Corporación retrotraer
el procedimiento al momento de presentación del escrito de acusación para que
la Fiscalía incluya únicamente el artículo 208 del Código Penal.
Segundo cargo. (Subsidiario):
Anuncia la infracción de los artículos 29, 229 de la
Constitución Política, 6°, 7° y 10 del Código Penal; 4°, 5°, 6°, 8°-J, 10°, 130
y 138-2 de la Ley 906 de 2004.
Expone que en la audiencia preparatoria la defensa
ni el procesado solicitaron pruebas, ante lo cual el juez incumplió con el
deber del artículo 138-2 del estatuto adjetivo de «Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de
los derechos de quienes intervienen en el proceso penal», al tiempo que se incumplió con lo dispuesto en los
artículos 8 y 130 ídem acerca de que
el imputado tiene derecho a solicitar, conocer y controvertir las pruebas y
dispone de las mismas atribuciones asignadas a la defensa.
Por ello, pide a la Sala desarrollar
jurisprudencialmente si por la omisión probatoria de la defesa técnica y del
procesado se arriba a una sentencia violatoria de la ley sustancial por la vía
directa, señalando en qué estado queda el diligenciamiento.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De manera preliminar se advierte que el desarrollo
de los cargos en los que el defensor denuncia la violación directa de la ley
sustancial no consulta con los fundamentos lógicos y de argumentación
suficiente toda vez que no precisa la manera como se llegó a la aplicación
indebida de los preceptos que definen los delitos de demanda de explotación
sexual comercial de persona menor de dieciocho años y actos sexuales abusivos
con menor de catorce años.
En efecto, la Corte ha insistido en que la demanda
de casación difiere ostensiblemente de un alegato de instancia, porque requiere
una presentación lógica adecuada a cada una de las causales legalmente
establecidas, con el respectivo desarrollo de los cargos y si se postula la
violación de la ley sustantiva por la vía directa, compete al demandante
explicar si el yerro de juicio del juzgador al momento de seleccionar la norma radicó
en su existencia (falta de aplicación o
exclusión evidente), por una equívoca adecuación de los hechos probados a los
supuestos que contempla la norma
(aplicación indebida), o porque al momento de interpretarla le asignó un
sentido que no tiene o erró en su significado (interpretación errónea).
Aquí el defensor no conforma debidamente la
proposición jurídica con las normas penales infringidas, aspecto de imperativo
acatamiento como referente y determinante en una adecuada demostración del
vicio de juicio que se formula, sin que colabore en su propósito la abundante
cita normativa (artículos 29 y 229 de la Constitución Política; 4°, 5°, 7°, 8°,
9°, 10°, 31, 59, 61, 208, 209 y 217-A del Código Penal; 5°, 6°, 7°, 8-J, 10°,
27, 138-2, 336, 337, 445, 447 y 448 del Código de Procedimiento Penal), ya que
no hace una explicación metódica en ese sentido.
Además, incluye como infringidos artículos de
índole adjetiva con lo cual olvida que es norma sustancial el precepto que sin
tener incidencia la codificación en la cual se encuentra inserto, prevé una
consecuencia jurídica, como cuando se describen las conductas punibles y se les
atribuyen las respectivas sanciones o se modifican los extremos punitivos, se
consagran causales de ausencia de responsabilidad, motivos de improseguibilidad
de la acción, cesación de procedimiento, prescripción, etc.
Ello se patentiza cuando por ejemplo para ambos
cargos realza que el juez de primer grado no cumplió con su deber de
«respetar, garantizar y hacer valer la salvaguardia de los derechos de quienes
intervienen en el proceso»,
previsto en el artículo 138, numeral 2° de la Ley 906 de 2004, norma de contenido
instrumental al estar referida a condicionamientos del desarrollo procesal.
Su oposición al fallo la fundamenta en la
estructuración del concurso efectivo de delitos de demanda de explotación
sexual comercial de persona menor de dieciocho años, actos sexuales abusivos y
acceso carnal abusivo, ambos con menor de catorce años, al simplemente abogar
por este último por contener mayor riqueza descriptiva, pero sin explicar
detenidamente la forma como aquellos quedarían incluidos en esa conducta y cuál
criterio interpretativo dirimiría la figura concursal real.
Para
el concurso aparente de conductas punibles se requiere: (i) unidad de acción, esto es, una sola conducta que encuadra
formalmente en varias descripciones típicas, pero realmente sólo encaja en una
de ellas; (ii) una única finalidad
perseguida por el agente; y (iii)
lesión o puesta en peligro un solo bien jurídico, pero el libelista no explica
que en aras de no infringir el principio de non
bis in ídem se deba acudir a los criterios de especialidad,
subsidiariedad, consunción y alternatividad, y cómo puede entenderse
integrante del delito de acceso carnal los actos diversos de contenido sexual,
o el solicitar servicios de esa índole
a cambio
de una remuneración para
predicar así la existencia de un único comportamiento punible.
Vale la pena recalcar los
métodos existentes para dirimir el concurso (CSJ. SP, 25 jul. 2007, rad. 27383):
“Una norma penal es especial cuando describe conductas contenidas en un
tipo básico, con supresión, agregación, o concreción de alguno de sus elementos
estructurales. Por consiguiente, para que un tipo penal pueda ser considerado
especial respecto de otro, es necesario que se cumplan tres supuestos
fundamentales: 1) que la conducta que describe esté referida a un tipo básico;
2) Que entre ellos se establezca una relación de género a especie; y, 3) Que
protejan el mismo bien jurídico. Si
estos presupuestos concurren, se estará en presencia de un concurso aparente de
tipos, que debe ser resuelto conforme al principio
de especialidad: lex specialis derogat legi generali.
“Un tipo penal es subsidiario cuando sólo puede ser aplicado si la
conducta no logra subsunción en otro que sancione con mayor severidad la
transgresión del mismo bien jurídico. Se caracteriza por ser de carácter
residual, y porque el legislador, en la misma consagración del precepto,
advierte generalmente sobre su carácter accesorio señalando que sólo puede ser
aplicado si el hecho no está sancionado especialmente como delito, o no
constituye otro ilícito.
“De acuerdo con lo expresado, dos hipótesis pueden llegar a presentarse
en el proceso de adecuación típica frente a disposiciones subsidiarias: 1) Que
la conducta investigada corresponda a la del tipo penal subsidiario
exclusivamente; y, 2) Que simultáneamente aparezca definida en otro tipo penal
de mayor jerarquía (básico o especial) que protege el mismo bien jurídico. En
el primer supuesto ningún inconveniente se presenta, pues siendo una la norma
que tipifica la conducta, se impone su aplicación. En el segundo, surge un
concurso aparente de tipos que debe ser resuelto con exclusión de la norma
accesoria, en virtud del principio de
subsidiariedad: lex primaria derogat legis subsidiariae.
“Finalmente se tiene el tipo penal complejo o consuntivo, que por regla
general se presenta cuando su definición contiene todos los elementos
constitutivos de otro de menor relevancia jurídica. Se caracteriza por guardar
con éste una relación de extensión-comprensión, y porque no necesariamente
protege el mismo bien jurídico. Cuando esta situación ocurre, surge un concurso
aparente de normas que debe ser resuelto en favor del tipo penal de mayor
riqueza descriptiva, o tipo penal complejo, en aplicación del principio de consunción: lex consumens
derogat legis consumptae.
“En virtud del principio de consunción -que no se ocupa de una plural
adecuación típica de la conducta analizada- si bien los delitos que concursan
en apariencia tienen su propia identidad y existencia, el juicio de desvalor de
uno de ellos consume el juicio de desvalor del otro, y por tal razón sólo se
procede por un solo comportamiento. Es aplicable la consunción cuando entre los
dos punibles existe una relación de menos o más, o de imperfección a
perfección, como ocurre en los llamados delitos progresivos, no cuando existe
una simple conexidad.
“Algunos sectores doctrinales señalan el principio de alternatividad
como un cuarto criterio a tener en cuenta a la hora de resolver problemas
concursales. De acuerdo con el mismo, el hecho, en todas sus dimensiones
antijurídicas puede ser indistintamente subsumido en una u otra norma, sin que
exista dato alguno de especificidad que aconseje inclinarse por una de ellas.
En tal supuesto debe adoptarse por la norma que tenga mayor pena”.
El casacionista desdeña el análisis dogmático que
le permitió al Tribunal evidenciar la independencia objetiva de las conductas,
esto es, la pluralidad de resultados típicos,
pues además de la penetración del miembro viril por vía anal, como lo
relató la víctima en ocasiones recíprocamente practicaban el sexo oral y
diversas caricias y tocamientos, en tanto que para unas, como para las otras
conductas medió pago de dinero:
“Durante el interrogatorio aclara que ha tenido relaciones con el
procesado unas 6 o 7 veces, oportunidades en las cuales siempre le había
ofrecido plata ($7.000, $9.000, $10.000, $3.000, $2000, $4.000, $6.000 y
$14.000. Que en la casa del acusado sostuvieron relaciones sexuales como 2 o 3
veces en una habitación al pie del baño».
Al respecto (CSJ AP 4 Jun. 2013, rad. 40867) al
abordar el estudio del delito de demanda de explotación sexual comercial con
menor de edad se enfatizó que:
al
disponer el legislador que se ‘incurrirá
por este sólo hecho’ en la respectiva sanción, deja expresamente abierta la
posibilidad de que tal conducta concurse con otras[1], pues basta para su
consumación con la demanda o solicitud del cliente orientada a los señalados
fines sexuales mediando un beneficio económico para la víctima. Desde luego, si
en dicho marco se cometen otras conductas, por ejemplo, acceder sexualmente a
un menor de catorce (14) años, aquél punible concursará con el de acceso carnal
abusivo.
Por
último, si el censor estimaba que la labor de su predecesor fue deficiente al
no haber solicitado pruebas, omisión en la cual también incurrió el procesado,
debió plantear bajo la causal segunda de casación la nulidad de la actuación
evidenciando qué pruebas tendrían la capacidad suficiente para mutar de manera
favorablemente la situación del
procesado para denotar que tal sanción procesal se imponía como único remedio
para incorporar esos elementos de juicio.
Como
se concluye que
el libelo no
será admitido, es necesario
señalar que no se observa con ocasión del fallo impugnado o dentro de la
actuación violación de derechos o garantías de las partes, tampoco se ve la
necesidad de superar los defectos del libelo para decidir de fondo, según lo
dispone el inciso 3º del artículo 184 de
la Ley 906 de 2004 que ameritaran la intervención oficiosa de la Corte.
Contra la decisión de no admisión de la demanda de
casación procede el mecanismo de insistencia de conformidad con las previsiones
del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
Precisión
final
Luego de presentada la demanda de casación por su
defensor, el procesado ha enviado a la Corporación sendos memoriales en los
cuales hace un recuento de los hechos y califica de arbitraria la actuación de
la Fiscalía, citando además casos en los cuales se ha condenado por delitos
sexuales sin tener pruebas.
Al respecto se le indicará al enjuiciado que tales
escritos no pueden ser tenidos en cuenta en esta altura procesal, toda vez que
carece de legitimidad para elevar tales pretensiones, pues la actuación ante la
Corte está supeditada a la demanda de casación por la parte que tenga interés quien lo puede hacer si es
abogado, a fin de ajustarla a las precisas causales, con su debida
fundamentación fáctica, probatoria y normativa para evidenciar así la ilegalidad
del fallo, situación que no concurre en CRISTIAN ANDRÉS HERNANDEZ.
Además, es presupuesto que el libelo demandatorio
con las pretensiones para analizar en esta sede extraordinaria sea presentado
en tiempo, lo cual tampoco se cumple en este caso.
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia,
RESUELVE
NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por el
defensor de CRISTIAN ANDRÉS HERNÁNDEZ por las razones expuestas en la anterior
motivación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184
de la Ley 906 de 2004, es facultad del demandante elevar petición de
insistencia en los términos precisados por la Sala en la presente decisión.
Notifíquese y cúmplase.
FERNANDO
ALBERTO CASTRO CABALLERO
Presidente
JOSÉ
LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ
LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
EUGENIO
FERNÁNDEZ CARLIER
MARÍA
DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
[1] Similar ocurre con el punible de concierto para
delinquir, en el cual basta para su consumación el acuerdo de varias personas
para cometer delitos, pero si los realizan, estos concursan con aquél.