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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
AP886-2016
Radicación 46026
(Aprobado en acta No. 46)
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
Se pronuncia la Sala acerca de la admisibilidad de los fundamentos lógicos y de apropiada argumentación de la demanda de casación presentada por el defensor del Patrullero de la Policía Nacional ALEX WILFREDO RODRÍGUEZ CALVO, contra la sentencia de 5 de marzo de 2015, mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la emitida por el Juzgado Doce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del mismo Distrito Judicial, que lo condenó como autor del delito de porte ilegal de armas.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL
El aspecto fáctico fue presentado por el Tribunal así:
…el 15 de abril de 2012 aproximadamente a las 21:40 horas, cuando miembros de la Policía Nacional realizaban patrullaje en la calle 64 sur con carrera 37-A [Bogotá], hacen su ingreso al establecimiento comercial denominado ‘Billares Moniquirá’ observando un hombre que adoptó comportamiento nervioso, que al notar la presencia de los policiales intentó abandonar el lugar, por eso, se le solicitó un registro personal encontrándose en la pretina de su pantalón, lado derecho, un arma de fuego tipo pistola, calibre 6,35 milímetros, marca Pietro Beretta con su respectivo cargador y 4 cartuchos. El mencionado ciudadano se identificó como ALEX WILFREDO RODRÍGUEZ CALVO, quien fuera agente de la Policía y manifestó no tener permiso para la tenencia o porte del arma. Practicado el respectivo análisis del instrumento bélico se determinó que es apto para disparar.
El 16 de abril de 2012 ante el Juzgado Quince Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá se llevó a cabo la audiencia en la cual la Fiscalía le formuló imputación a RODRÍGUEZ CALVO por la posible comisión del delito de porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El imputado no aceptó el cargo y el ente investigador no solicitó la imposición de medida de aseguramiento.
Presentado el 19 de junio de 2012 el escrito de acusación por el citado ilícito, el 30 de julio siguiente se surtió en el Juzgado Doce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá la audiencia de formulación de la misma.
Evacuadas en ese despacho judicial las audiencias preparatoria y de juicio oral, en ésta última se anunció fallo de carácter condenatorio y, finalmente, por sentencia de 22 de agosto de 2014 se declaró la responsabilidad penal de RODRÍGUEZ CALVO como autor del delito objeto de acusación al imponerle ciento ocho (108) meses de prisión y las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el mismo lapso, sin concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria.
En virtud del recurso de apelación interpuesto por el defensor del enjuiciado, el Tribunal Superior de Bogotá por sentencia de 5 de marzo de 2015 confirmó la decisión, razón por la cual el mismo profesional insistió al impugnar extraordinariamente, allegando la respectiva demanda de casación, de cuya admisibilidad se ocupa la Corte.
DEMANDA
De manera preliminar aduce que el «denunciante» Jair Rafael Rincón Quintero ocultó la verdad al acudir al «proceso de distorsión, tergiversación, manipulación y ACOMODAMIENTO ILEGAL DE LA PRUEBA», pues a través de una «falsa denuncia» ocultó el nombre de once testigos.
A su turno, señala que el Tribunal con una motivación anfibológica y contradictoria desmintió al «denunciante» quien afirmaba que la pistola fue hallada en el primer piso del inmueble donde funcionaban los billares, al considerarse en el fallo que fue encontrada en el segundo piso.
Pone de presente que el juzgador cometió errores en la individualización del autor o partícipe, así como del lugar donde fueron encontradas varias chaquetas, configurándose así las causales de nulidad, que «no pueden sucumbir o ser rechazadas so pretexto de defender una FALSA DENUNCIA, UN FALSO TESTIMONIO O UN FRAUDE PROCESAL».
Así, formula los siguientes reparos:
Primer cargo: Nulidad por violación al debido proceso
«PRIMERA CENSURA. ERRORES DE ESTRUCTURA»
Denuncia el «ROMPIMIENTO de la UNIDAD DEL PROCESO» cuando se confirmó la injusta condena, porque el juez de primer grado había precisado que los hechos se desarrollaron a la entrada de los billares, mientras que para el Tribunal lo fueron en el segundo piso del inmueble.
«SEGUNDA CENSURA: ERRORES DE ESTRUCTURA»
Pregona el «desmantelamiento ilegal de la prueba u omisión en la práctica de pruebas: la integridad del contradictorio para administrar justicia lejos de haber sido respetada, ni siquiera es mencionada por la segunda instancia: en forma inexplicable se prescinde del testimonio de once testigos oculares y de inmediato se confirma la injusta sentencia de primera instancia EXALTANDO de contera o de reflejo la deponencia del denunciante quien se cuida de no traer aquellos al proceso para evitar ser DESCUBIERTO en la mentira o evidente FRAUDE PROCESAL» (Mayúsculas integradas en el texto).
«TERCERA CENSURA: ERRORES DE ESTRUCTURA DENTRO DEL PRIMER CARGO»
- «Sin establecer la prueba de la AUTORÍA se habla en la sentencia de segunda instancia de fundamentos de responsabilidad penal en cabeza de mi mandante o protegido».
-. «Los errores adicionales sobre la individualización del autor o partícipe abundan en las probanzas».
-. «Los errores relativos al lugar del desarrollo de los hechos afloran evidentes en las dos sentencias acusadas».
.- «Imputación de cargos con violación del principio lógico de no contradicción… mientras el jurado denunciante y la segunda instancia no se pongan de acuerdo en el lugar de la contienda…la injusta condena debe desaparecer por declaratoria de NULIDAD».
«SEGUNDO CARGO: NULIDAD POR ERRORES DE GARANTIA»
Denuncia la infracción al derecho de defensa, porque «para justificar los efectos del atropello generados por el denunciante se declara que no habiendo causales de nulidad se entra LIBREMENTE a exaltar la falsa denuncia y a proferir sentencia de condena».
Para el demandante, el Tribunal en lugar de declarar nulidad de oficio, confirmó la condena frente a la «MANIPULACIÓN DEL MIEDO por parte de la Policía a favor del agente que denuncia», quien ocultó la presencia de once compañeros que estaban en el segundo piso de los billares, quienes lo hubieran desmentido.
Por último, afirma que «para no fatigar la instancia me REMITO al contenido del CARGO PRIMERO en su primera y segunda censura»
En consecuencia, solicita declarar la nulidad de todo lo actuado.
Adicionalmente, pide a la Corporación superar los defectos técnicos de la demanda para acudir a la facultad oficiosa, porque también en el fallo se afirma que los testigos de descargo no se atrevieron a decir de quién era la pistola, y se predica su responsabilidad por haber suscrito el procesado el acta de incautación, cuando claramente ello no certifica la propiedad de ese elemento bélico.
Estima que al haber sido condenado injustamente su defendido, como miembro activo de la Policía Nacional, la Corte debe intervenir para repararle los agravios inferidos a él y a su grupo familiar en lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, a la igualdad, a la presunción de inocencia, así como «el derecho a tener una familia digna o decorosamente».
CAUSAL TERCERA
CARGO PRINCIPAL: «LA DUDA COMO INSTRUMENTO DE ABSOLUCIÓN».
Pone de presente que para la condena se tomó el «INSULAR INFORME DE POLICIA totalmente desmentido por la prueba testimonial», como las manifestaciones de Deibi Rodríguez Narváez, Florentino Martínez, Carlos Alberto Figueroa, William Rodríguez Calvo, y el mismo procesado.
Aduce que mientras el Tribunal aceptó que el arma fue detectada en el segundo piso del billar, según la «falsa denuncia» fue a la entrada del primer piso, aspecto que genera duda e imponía absolver al procesado, pues «la segunda instancia se toma la LIBERTAD de declararlo dueño absoluto (propiedad y dominio) de la pistola en nombre de la República y por autoridad de la ley», por no haber dejado alguna constancia al momento de su captura.
En consecuencia, solicita casar la sentencia y emitir decisión de reemplazo de carácter absolutorio en favor de su representado en aplicación del principio de resolución de duda o en subsidio superar los defectos técnicos de la demanda para acudir a la casación oficiosa.
«PRIMER CARGO SUBSIDIARIO. CAUSAL 3ª VIOLACIÓN INDIRECTA. EL FALSO RACIOCINIO».
Para el defensor, no está demostrado el nexo de causalidad entre el arma encontrada encima de una mesa del local de billares y “presuntamente colocada por un tercero desconocido DEBAJO de la chaqueta de mi cliente”, con el actuar del RODRÍGUEZ CALVO, «aun así, la justicia no puede ni PODÍA DIRECCIONAR esa simple circunstancia o conjetura hacia su nombre pues un falso raciocinio no se puede capitalizar así mientras se resuelven los efectos de la FALSA DENUNCIA».
Por lo tanto, pide casar la sentencia y absolver a su asistido, y de manera subsidiaria superar los defectos del libelo para emitir fallo oficioso.
«SEGUNDO CARGO SUBSIDIARIARIAMENTE: DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE APRECIACIÓN PROBATORIA. FALSO JUICIO DE IDENTIDAD».
Asegura que no hay indicios de responsabilidad en contra de su representado, sino simples conjeturas que afectan su nombre y sus derechos fundamentales, pues se predicó su compromiso penal del hecho que terceros en el billar hubieran podido ubicar el arma debajo de su chaqueta.
Insiste en la contradicción entre las manifestaciones del agente Jair Rafael Rincón cuando dijo que el arma fue encontrada en el primer piso, con el Tribunal cuando aseguró que el hallazgo fue en el segundo piso, lo cual generaba dudas.
Y que también contradictoriamente el juzgador de primer grado tildó de ilógica la declaración de Carlos Figueredo, quien aseguraba que luego de que cada uno de los integrantes del grupo tomara las chaquetas, fue hallada el arma debajo de la prenda de vestir del procesado, porque ello no correspondía con lo afirmado por el incriminado en el sentido que fue el último en llegar al lugar y despajarse de su chaqueta, porque de ser así tal prenda no podía estar debajo de las demás.
En consecuencia, pide casar el fallo para absolver a su asistido o acudir a la facultad oficiosa de la Corporación tras superar los defectos de la demanda.
«TERCER CARGO: PRESUNTA VIOLACIÓN INDIRECTA POR FALTA DE APLICACIÓN. SUPOSICIÓN DE LA PRUEBA O FALSO JUICIO DE EXISTENCIA POR SUPOSICIÓN»
Repite que el testimonio de Jair Rafael Rincón Quintero fue desmentido por Deibi Rodríguez Narváez, Florentino Martínez, Carlos Alberto Figueroa, William Rodríguez Calvo y el mismo procesado.
Y que se creyó en el informe policial el cual no tenía respaldo probatorio, configurándose el error de hecho ante la «AUSENCIA DE PRUEBA O APORTE DE PROSCRITOS INFORMES DE POLICIA», a pesar que para el Tribunal «el denunciante estaba legal o constitucionalmente habilitado para rendir informes, informes derrotados en las Cortes por sus devastadores efectos frente aquellos derechos fundamentales de libertad o del trabajo….y A SABIENDAS DE QUE LEGAL O CONSTITUCIONALMENTE EL FALSIFICADO INFORME –EN DERECHO— no existía, se da por existente el hecho y la responsabilidad de mi defendido».
Por ende, pide casar el fallo y emitir decisión absolutoria o acudir en subsidio para tal fin a la facultad oficiosa otorgada a la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La Sala advierte que la pretensión del censor de examinar la legalidad del fallo carece de las elementales normas de claridad y precisión ante la incoherencia que se advierte en el planteamiento y desarrollo de los cargos.
En efecto, no son solo las deficiencias en la construcción gramatical de los reparos que los hacen incomprensibles, sino también la falta de sustento de las afirmaciones del demandante que frisan con lo sofístico, y principalmente, la mixtura al abordar coetáneamente diversas causales de casación, lo que en todo caso le resta a la demanda la aptitud necesaria para su admisión.
De manera impropia se refiere a Jair Rafael Rincón Quintero como «denunciante», cuando claramente en este caso se trató de la captura en flagrancia del procesado y la acción penal se inició de oficio por el actuar en ejercicio de sus funciones de aquél como miembro de la Policía Nacional en el operativo desplegado en el establecimiento abierto al público de billares.
Olvida el demandante que la Fiscalía General de la Nación cumple con su obligación de adelantar el ejercicio de la acción penal cuando a través de denuncia, petición especial, querella o de oficio, llega a su conocimiento la comisión de hechos que pueden tener características de ilícitos, tal y como lo dispone el artículo 250 de la Constitución Política y se desarrolla en los artículos 66 a 75 de la Ley 906 de 2004.
Así, el defensor trata como particular al agente que capturó a RODRÍGUEZ CALVO desdeñando que el artículo 67 del ordenamiento adjetivo en comento señala que el servidor público cuando conoce de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, ha de iniciar sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello o debe poner inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente, como efectivamente ocurrió cuando RODRÍGUEZ CALVO fue puesto a disposición de la Fiscalía con el elemento bélico hallado en su poder para la judicialización respectiva.
Además de lo anterior, el casacionista nomina cada cargo como si fuera una causal de casación, confundiendo el camino o forma establecido legalmente para presentar cada reparo, con el cargo mismo, para lo cual incluso acude a un solo argumento para todas las censuras acerca de que el Tribunal asumió como sitio del hallazgo del arma un lugar diferente del reportado por el policial Rincón Quintero.
Y aunque presenta de manera independiente los reparos, contraviene el principio lógico de no contradicción ya que en los que opta por denunciar vicios de estructura y de garantía entremezcla rasgos de aprehensión o valoración probatoria, propios de la causal de casación por violación indirecta de la ley sustancial.
También desdeña el principio de autonomía que rige en sede de casación, acorde con el cual el desarrollo del ataque se debe corresponder con su enunciación, porque para el estudio del cargo por errores de garantía remite a lo expuesto en las censuras basadas en yerros de estructura, olvidando que el quebranto del debido proceso y al derecho de defensa corresponde a ámbitos diversos y delimitados que conlleva diferente soporte jurídico y argumentativo.
A manera de epígrafe pregona una serie de situaciones, que en su parecer motivarían la anulación del diligenciamiento al cuestionar la individualización del autor, errores al lugar en el que se desarrollaron los hechos, denunciando de manera etérea la omisión en la práctica de once testimonios sin precisarlos y sin ahondar en cada uno de esos temas a fin de denotar el dislate judicial.
Igual precariedad de demostrativa se advierte cuando pide la reparación de los agravios inferidos al enjuiciado y a su grupo familiar en cuanto a los derechos al trabajo, a la igualdad, a tener una familia, porque no explica la relación de tal infracción con el proceder judicial, sin que colabore en su propósito la extensión del libelo ante lo repetitivo y sin ilación respecto de los cargos formulados.
En suma, no explica de qué manera fueron socavadas las bases y estructura del trámite judicial o se afectaron las garantías fundamentales del procesado, como incorrecciones sustantivas determinantes de la invalidación.
Como tópico común en todos los cargos postula una falsa denuncia, un falso testimonio y hasta un fraude procesal, pero sin indicar qué aspectos configurarían tales ilícitos y cómo los mismos conllevarían desdibujar el compromiso penal atribuido al Patrullero de la Policía Nacional ALEX WILFREDO RODRÍGUEZ CALVO por portar un arma de fuego para la cual no tenía permiso.
Pero lo que corrobora la falta de aptitud de la demanda para su admisión es que el censor bajo el sofisma o la falacia que el Tribunal mudó el aspecto fáctico al concluir que el hallazgo del arma había ocurrido en el segundo piso del inmueble en el que funcionaban los «Billares Moniquirá», y no en el primer piso como lo aseveró el policial que capturó al incriminado, pretende confundir a la Corte, pues deviene diáfano que el juez plural avaló la consideración de a quo cuando le otorgó credibilidad a las manifestaciones del agente Jair Rafael Rincón Quintero cuando explicó que en el operativo desplegado en el local comercial de dos pisos, él se ubicó a la salida del inmueble, cuando observó a un sujeto en actitud nerviosa que intentó salir, por eso lo registró personalmente encontrando en la pretina del pantalón la pistola.
Se acreditó que el aludido elemento bélico figuraba adquirido en septiembre 30 de 1994 a nombre de Adolfo Restrepo González, con permiso fenecido en agosto de 2004, lo que denotaba la tenencia ilegal por parte de RODRÍGUEZ CALVO.
Precisamente el Ad quem demeritó la tesis defensiva acerca de que el arma apareció encima de una mesa, por lo imaginaria y falta de lógica, pues los testigos que le refirieron mostraron su vaguedad en tal afirmación, al «dejar al acaso el cómo y por qué aparece el arma, cual afirmación indefinida que en materia probatoria no tiene ninguna eficiencia».
El defensor no se ocupa de derruir la consideración judicial según la cual, no era posible que el arma hubiera sido encontrada en una mesa debajo de la chaqueta que había dejado el procesado, porque si éste llegó de último al establecimiento de billares y puso esa prenda encima de las otras similares que estaban en la mesa, no resultaba lógico que al ser retiradas por sus compañeros, quedara en primer lugar la de aquél, pues si llegó de último era de entender que la chaqueta estaba encima de las demás.
De manera que la refutación aparente a la que acude el recurrente para deprecar la nulidad por la dicotomía que funda respecto del lugar de ocurrencia de los hechos queda sin algún sustento y derrumba la crítica acerca de la motivación anfibológica o contradictoria de la sentencia que también denuncia.
Ahora, en los cargos por violación indirecta de la ley sustancial postula de manera independiente las tres modalidades de yerro fáctico (falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falso raciocinio), y si bien cuando se denuncian errores en la aprehensión y valoración probatoria de los juzgadores, no se exige que el planteamiento del demandante guarde identidad con la realidad tomada judicialmente, porque en últimas lo que busca es denotar otra vertiente probatoria, si es menester que tenga lealtad y objetividad con la actuación, lo que no cumple aquí el libelista al insistir en que el Tribunal ubicó los hechos en lugar diferente al reportado por el miembro de la Policía que capturó a RODRÍGUEZ CALVO.
No se apega así el casacionista a lo que objetivamente demuestra el proceso, lo que constituye una falencia para la demostración de los reparos, por cuanto en simple hipótesis, por demás indemostradas, pretende achacar a otras personas desconocidas la colocación del arma encima de una mesa, cuando tal escena no corresponde con la del desarrollo de los acontecimientos.
Con este panorama, el defensor pasa por alto que el recurso de casación no está instituido para reabrir debates ya clausurados o para construir conjeturas imaginarias dado que es imprescindible acreditar errores trascendentes de los funcionarios judiciales y no simples discrepancias en el campo de la valoración de los medios probatorios, por virtud de la dual presunción de acierto y legalidad con la que llega amparada la providencia objeto de impugnación.
De manera que las quejas del impugnante acerca de la incertidumbre probatoria y la ineludible aplicación del principio de resolución de duda a favor de su asistido no tienen sustento en factores objetivos y sólo corresponden a una alegación defensiva, distante de señalar graves errores judiciales en la apreciación de los elementos de convicción.
Como se concluye que la demanda no será admitida, es necesario señalar que tampoco se ve la necesidad de superar los defectos que exhibe para decidir de fondo, según lo dispone el inciso 3º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 que ameritaran la intervención oficiosa de la Corte, como lo solicita el defensor, pues se advierte razonablemente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso de casación: i) la efectividad del derecho material; ii) el respeto de las garantías de los intervinientes; iii) la reparación de los agravios inferidos a estos; o iv) la unificación de la jurisprudencia.
Precisión final
Contra la decisión de no admitir la demanda de casación procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por el defensor de ALEX WILFREDO RODRÍGUEZ CALVO por las razones dadas en la anterior motivación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del demandante elevar petición de insistencia.
Notifíquese y cúmplase.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Presidente
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUELLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria