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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
Magistrado Ponente
STP417-2016
Radicación Nº 83576
(Aprobado mediante Acta Nº 09)
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil dieciséis (2016).
Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, acerca de la demanda de tutela interpuesta por EDGAR ALEXÁNDER JUAN SEBASTIÁN CORREDOR GÓMEZ, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, a quien acusa de haber vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y dignidad humana.
Al presente trámite fueron vinculados el Juzgado Segundo Penal del Circuito del citado Distrito, los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y del Centro Penitenciario Berlín del Socorro (Santander), así como todos los sujetos e intervinientes dentro del proceso penal origen de la presente acción constitucional.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Informa el accionante EDGAR ALEXÁNDER JUAN SEBASTIÁN CORREDOR GÓMEZ que el 18 de diciembre de 2013 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Gil, lo condenó a 113 meses de prisión, como autor del delito de acto sexual con menor de 14 años, decisión contra la cual su apoderado interpuso y sustento el respectivo recurso de apelación, por lo que las diligencias fueron remitidas a la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, sin que a la fecha haya sido resuelto.
Reprueba el actor que existe una demora en resolver el recurso vertical por parte del Tribunal, pues considera que el tiempo trascurrido es injusto y desproporcionado, lo cual está lesionando sus derechos fundamentales, toda vez que no ha podido descontar ni redimir pena al no tener la calidad de condenado.
Por lo tanto, solicita se conmine a la Sala Penal del Tribunal accionado para que en el menor tiempo posible resuelva el recurso de apelación interpuesto
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
Avocado el conocimiento del asunto, esta Sala ordenó correr traslado de la demanda a las autoridades involucradas para que ejercieran el derecho de contradicción.
1. Al respecto, el Magistrado LUIS ELVER SÁNCHEZ SIERRA de la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil refirió que ciertamente el 7 de febrero de 2014 le fue repartido al despacho bajo su cargo la resolución del recurso de apelación interpuesto por la defensa del accionante contra la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de dicha municipalidad el 18 de diciembre de 2014 y que lo condenara a la pena de 113 meses de prisión como autor del delito de actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, sin que a la fecha se haya resuelto la alzada.
No obstante aclara que ello ha obedecido a la congestión judicial a la que se ha visto sometida la Corporación y su despacho, el cual tiene un retraso en la resolución de los recursos de más de 2 años, pues hasta el momento se están decidiendo aquellos que ingresaron en el año 2013, además de tener bajo su conocimiento acciones constitucionales, autos interlocutorios, los que deben ser igualmente atendidos de manera célere y según lo establece el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996.
Aunado a lo anterior, tiene que participar de los procedimientos administrativos de la Corporación, de la que fue su presidente en el año 2014 y de la Sala Especializada en el año 2015.
2. Las demás autoridades guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con los artículos 1º y 4º del Decreto 1382 de 2000, en armonía con el Acuerdo No. 001 de marzo de 2002, mediante el cual se modificó el Reglamento de la Corte Suprema de Justicia, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la solicitud de tutela elevada por EDGAR ALEXÁNDER JUAN SEBASTIÁN CORREDOR GÓMEZ, toda vez que vincula la actuación de la Sala Penal del Tribunal Superior del San Gil, del cual es su superior funcional.
2. Resulta necesario precisar que la congestión y mora judicial, son fenómenos multicausales y estructurales que afectan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en los términos de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución.
Así, es claro, tal como ha sido reiterado en repetidas oportunidades por esta Corporación, el deber que tienen todas las autoridades públicas de adelantar y resolver las actuaciones a su cargo de forma diligente y oportuna. Ello, porque de presentarse una dilación injustificada en la actividad de la administración o la inobservancia de los términos judiciales, podrían afectarse los derechos fundamentales al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado, para los casos en los cuales es evidente una dilación injustificada y siempre y cuando se esté ante la existencia de un perjuicio irremediable, la procedencia de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales que puedan ser vulnerados.
Sobre el particular, el máximo órgano Constitucional señaló:
De lo anterior se infiere que a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso, salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones "imprevisibles e ineludibles", tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la ley. De lo expuesto se concluye que constituye una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, aquella denegación o inobservancia de los términos procésales que se presenten sin causa que las justifiquen o razón que las fundamenten”1 (Negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, debe resaltar la Sala que no toda dilación dentro del proceso judicial es vulneradora de derechos fundamentales, por lo que la tutela no procede automáticamente ante el incumplimiento de los plazos legales por parte del funcionario judicial, sino que debe acreditarse la falta de diligencia de la autoridad pública. Además de lo anterior, debe demostrarse que con la mora, se produzca un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela en el asunto en particular2.
3. En el caso objeto de análisis la pretensión del accionante es que por la subsidiaria vía constitucional, se disponga que la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil priorice la resolución del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de diciembre de 2013 emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Gil, que lo condenó a 113 meses de prisión, como autor del delito de acto sexual con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo.
Sin embargo, de la respuesta emitida por el Magistrado Ponente que conoce del recurso de apelación, se observa que si bien existe una dilación en resolver el asunto que reclama el actor, ello obedece al elevado cúmulo de trabajo que presenta esa Sala, al punto que como lo refirió en la contestación de la demanda, cuenta con una congestión en la resolución de recursos de más de 2 años, pues hasta el momento están decidiendo aquellos que ingresaron en el año 2013, sin que sea el turno del asunto reclamado, por lo que mal podría ordenar el juez de tutela la priorización del trámite alterando con ello el derecho de turno que le asiste a quienes acuden al servicio de administración de justicia.
Habida consideración de lo anterior, la alteración de los turnos para la resolución de los procesos, en orden de ingreso, implica una perturbación del derecho de igualdad que se debe garantizar para todos los usuarios del servicio de administración de justicia, quienes tienen derecho a que su litigio sea resuelto en el orden en que vaya siendo conocido por el funcionario competente3.
Sobre ello señaló la Corte Constitucional que:
Dado que el principio del respeto de turno de fallo no es absoluto, pues las circunstancias especiales del caso pueden autorizar un trato prioritario, resulta necesario indicar que la ley confiere al funcionario judicial la valoración de las circunstancias que permitirían modificar ese orden de decisión. Los criterios fijados por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, “la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social”, ofrecen al juez un marco de discrecionalidad importante para definir cuándo un asunto puesto a su consideración puede ser resuelto sin atención al turno de respuesta que le ha sido fijado.
Por ello, debe entenderse que es el juez de la causa el único funcionario habilitado por la ley para evaluar las condiciones especiales del caso y autorizar un posible cambio en el turno de resolución del pleito. Los principios de autonomía e independencia judicial obligan a considerar que el único autorizado para modificar el orden regular de solución de los asuntos puestos a consideración es el juez que tramita el proceso correspondiente. La Corte ha defendido este principio al advertir que el juez de tutela está inhabilitado, en principio, para subvertir el orden de prelación de los fallos judiciales, pues tal determinación hace parte de la órbita de decisión del juez natural4 (Negrillas de esta Corte).
Así, en principio es el juez de la causa quien debe determinar el orden en que resolverá los expedientes que le son asignados y sólo cuando medien circunstancias excepcionalísimas, podría alterarse ese mecanismo por vía de tutela, dado el carácter subsidiario de esta acción constitucional por la cual no se puede desplazar la competencia en ese ámbito del funcionario habilitado para fijar la prelación de los procesos.
4. En este punto, debe agregar la Sala que el accionante no acreditó algún perjuicio irremediable que pueda ser corregido por vía constitucional, pues aunque advirtió que por no tener la condición de condenado no puede descontar pena por las actividades realizadas dentro del penal, tal afirmación carece de sustento jurídico, pues ha sido la jurisprudencia constitucional (ST 826 de 20115
) y la propia ley (artículos 556
, 607
y 618
Ley 1709 de 2014) la que han señalado que las actividades de redención de pena por estudio, trabajo y enseñanza pueden ser realizadas no solamente por el interno condenado sino por el procesado, siendo el juez competente quien determinará si dicha labor cumple con los requisitos exigidos para efecto de conceder la reducción de la pena.
Entonces, es claro que la causa fundamental de la tardanza no es la voluntaria o descuidada inactividad de la autoridad accionada, sino la congestión judicial existente en el despacho demandado, que junto con el presente, tiene a su cargo una gran cantidad de expedientes pendientes de decisión, los cuales ha evacuado en la medida de sus posibilidades, circunstancia que como anteriormente se ha reconocido en actuaciones similares a la presente (Cfr. CSJ STP, 28 Mayo 2014, Rad. 73790 y CSJ STP, 3 Jun. 2014, Rad. 73874), no pueden conllevar a la transgresión de garantías fundamentales.
En tales condiciones, no es posible atender la pretensión de la demandante, no sólo porque ello constituiría una intromisión indebida del juez de tutela, sino además, y fundamentalmente, en vista de que con tal determinación se vulneraría el derecho a la igualdad de muchos ciudadanos que se encuentran en su misma situación, y a la postre, conduciría a agravar el problema de la mora judicial.
No obstante lo anterior, considera la Sala necesario instar al Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, para que requiera al Consejo Superior de la Judicatura con la finalidad de solicitar una medida de descongestión para su despacho y para que además, en la medida de lo posible, elabore y registre proyecto de decisión en este caso a más tardar en el mes de abril del presente año.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Tutelas No. 3, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. Negar el amparo constitucional reclamado por EDGAR ALEXÁNDER JUAN SEBASTIÁN CORREDOR GÓMEZ por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar a las partes de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez ejecutoriado el presente proveído.
Cúmplase
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
1 Ver T-1154 de 2004.
2 Así lo señaló la Sala en decisiones CSJ STP, 19 mar. 2013, Rad. 65770 y CSJ STP, 9 jul. 2013, Rad. 67.797.
3 En ese sentido, ver Corte Constitucional, T-708 de 2006.
4 T-945A de 2008
5 “… El trabajo en un Centro Penitenciario tiene el carácter de obligatorio sólo para los internos que tienen la calidad de condenados. Sin embargo, dichas labores pueden ser desarrolladas por los internos del centro de reclusión atendiendo sus aptitudes y capacidades. La actividad de estudio puede ser realizada por el interno sindicado o condenado, y será el juez competente el que determinará si dicha labor cumple con los requisitos exigidos para efecto de conceder la reducción de la pena…”.
6 ARTÍCULO 55. Modifícase el artículo 79 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 79. Trabajo penitenciario. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los establecimientos de reclusión es un medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. Los procesados tendrán derecho a trabajar y a desarrollar actividades productivas. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Sus productos serán comercializados.
7 Artículo 60. Modifícase el artículo 97 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.
[…]
Los procesados también podrán realizar actividades de redención pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida.
8 El condenado que acredite haber actuado como instructor de otros, en cursos de alfabetización o de enseñanza primaria, secundaria, artesanal, técnica y de educación superior tendrá derecho a que cada cuatro horas de enseñanza se le computen como un día de estudio, siempre y cuando haya acreditado las calidades necesarias de instructor o de educador, conforme al reglamento.
[…]
Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida.