C-360-13

C-360-13

Sentencia C-360/13

REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA ASAMBLEA DE LOS GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA-Exequibilidad

La Corte determinó que las reformas introducidas por la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Integración Económica, del cual hace parte Colombia, se ajustan a la Constitución Política, especialmente como instrumentos de impulso de la integración económica entre los países latinoamericanos.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Naturaleza

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Constitución Política de Colombia, la Corte Constitucional es competente para revisar los instrumentos internacionales puestos en su conocimiento y su ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación es completo, automático, y versa tanto sobre el contenido material de las Resoluciones bajo estudio y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales. En relación con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar dos aspectos: de una parte, la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción de las Resoluciones, y de otra, la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley objeto de análisis. Al respecto, esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional. Por este motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República (Art. 154 C.P); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; (vi) la aprobación por votación nominal y pública; y (vii) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes (Art. 241-10 C.P). Por último, frente los aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de determinar si se ajustan o no a la Carta Política.

VOTACION ORDINARIA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Excepción a la votación nominal y pública

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA-Jurisprudencia constitucional/BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA-Finalidad

REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA ASAMBLEA DE LOS GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA-Trámite legislativo

Referencia: expediente LAT-398

Revisión constitucional de la Ley 1585 de 2012, por medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”.

Magistrado Ponente:

Luis Ernesto Vargas Silva

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013).

SENTENCIA

Dentro del proceso de revisión de la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”, y de la Ley 1585 de 2012, por medio de la cual fueron aprobadas.

I. ANTECEDENTES

1. Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 2 de noviembre de 2012 (Fl. 1 cuaderno principal), dentro del término constitucional, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia autenticada de la Ley 1585 de 2012, para efectos de su revisión constitucional.

2. El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 22 de noviembre de 2012 (Fl. 28 cuaderno principal), avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas, mediante auto de 19 de diciembre de 2012 (Fl. 95 del cuaderno principal) ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y a los Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Comercio, Industria y Turismo y de Transporte.

3. De manera que, luego de surtidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, esta Corporación se pronuncia respecto de la constitucionalidad del instrumento internacional bajo examen.

II. TEXTO DE LA NORMA.

La ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial 48.600 del 31 de octubre, es la siguiente:

“LEY 1585 DE 2012

(octubre 31)

Diario Oficial No. 48.600 de 31 de octubre de 2012

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto de la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto de las resoluciones, que han sido certificadas por el Secretario de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, la cual consta de diez y nueve (19) folios.

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

SECRETARÍA

Referencia: Modifica el artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco.

El suscrito, Secretario de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,

CERTIFICA:

Que la Asamblea de Gobernadores del Banco, en su Sexagésima Reunión Extraordinaria, celebrada en la ciudad de Madrid, Reino de España, el ocho de septiembre de dos mil cinco, adoptó la siguiente:

“RESOLUCIÓN NÚMERO AG-14/2005

LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA,

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario y oportuno revisar el alcance y contenido del artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica a la luz de las circunstancias del entorno y con la finalidad de que el Banco, en cumplimiento de su objeto, pueda atender nuevos esquemas e instrumentos de financiamiento conforme a las sanas prácticas bancarias.

Que el Directorio del Banco ha elevado a la consideración de esta Asamblea una propuesta de modificación del artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco.

Que, de conformidad con el artículo 35 del Convenio Constitutivo, corresponde a la Asamblea de Gobernadores aprobar cualquier modificación a dicho Convenio.

RESUELVE:

PRIMERO. Modificar el artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, el que se leerá de la siguiente manera:

“Artículo 8o. El Banco financiará exclusivamente programas o proyectos económicamente sanos y técnicamente viables.

Las operaciones que realice el Banco deberán basarse exclusivamente en sanas prácticas bancarias. Estas operaciones se realizarán en el contexto del marco prudencial que establezca el Directorio al amparo del artículo 15 del Convenio Constitutivo, siguiendo los parámetros que defina la Asamblea de Gobernadores”.

SEGUNDO. Las modificaciones contenidas en la presente resolución entrarán en vigencia tres meses después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco dirigida a todos los socios, sin perjuicio de la reserva formulada por la República de Costa Rica al inciso d) del artículo 35 del Convenio Constitutivo vigente. El depósito respectivo de las modificaciones contenidas en la presente resolución se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Convenio Constitutivo”.

Es conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado.

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, seis de mayo de dos mil nueve.

El Secretario,

Héctor Javier Guzmán,

Banco Centroamericano de Integración Económica.

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

SECRETARÍA

Referencia: Modificaciones al Convenio Constitutivo del Banco.

El suscrito, Secretario de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,

CERTIFICA:

Que la Asamblea de Gobernadores del Banco, en su Sexagésima Primera Reunión Extraordinaria, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, República de Honduras, el diecisiete de octubre de dos mil seis, adoptó la siguiente:

“RESOLUCIÓN NÚMERO AG-13/2006

LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 35 literal b), corresponde a la Asamblea de Gobernadores aprobar cualquier modificación al Convenio Constitutivo del Banco.

Que la Asamblea de Gobernadores ha revisado el Capítulo I, Naturaleza, Objeto y Sede, que comprende los artículos 1o, 2o y 3o, y el Capítulo IV, Organización y Administración, que comprende de los artículos 9o al 21 del Convenio Constitutivo del BCIE.

RESUELVE:

PRIMERO: Modificar los artículos 1º, 2º, 3º, 10, 11, 12, 13, 15, 16 , 18, 19, 20 y 21 del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, que quedarán redactados en la forma siguiente:

“Artículo 1o. El Banco Centroamericano de Integración Económica es una institución financiera multilateral de desarrollo de derecho internacional público, con personalidad jurídica, que se regirá por las disposiciones contenidas en el presente Convenio Constitutivo y sus reglamentos”.

“Artículo 2o. El Banco tendrá por objeto promover la integración y el desarrollo económico y social equilibrado de los países fundadores. En cumplimiento de este objeto, tendrá las siguientes funciones:

a) Apoyar a los países fundadores en la instrumentación de sus planes y políticas de desarrollo, con el objetivo de aprovechar al máximo la utilización de sus recursos, complementar sus economías e incrementar ordenadamente el intercambio comercial entre ellos y con terceros países;

b) Identificar y promover las oportunidades de inversión en los países fundadores a través de los estudios y análisis correspondientes;

c) Apoyar los proyectos y programas de integración regional y del proceso de globalización de los países fundadores;

d) Apoyar los procesos de desarrollo sectorial;

e) Apoyar los programas y políticas de desarrollo social de los países fundadores;

f) Apoyar estudios y proyectos de gran significación regional;

g) Apoyar el desarrollo de la infraestructura de bienes y servicios públicos de propiedad pública, privada o mixta;

h) Apoyar sectores económicos de importancia estratégica nacional o regional que contribuyan a incrementar la producción de bienes, el comercio y los servicios;

i) Financiar empresas que requieran ampliar o rehabilitar sus operaciones, modernizar sus procesos o cambiar la estructura de su producción para mejorar su eficacia y su capacidad competitiva;

j) Apoyar la conservación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente y su explotación racional y sostenible;

k) Promover la captación y movilización de recursos financieros internos y externos para el financiamiento del desarrollo de la región centroamericana;

l) Promoción de la inversión de capitales públicos y privados;

m) Estimular y fortalecer el desarrollo del mercado de capitales en la región;

n) Apoyar a los países fundadores en los casos de emergencia y reconstrucción originados por desastres naturales;

o) Apoyar el desarrollo tecnológico y de los recursos humanos de la región;

p) Aquellas otras funciones propias de la actividad financiera multilateral de desarrollo que contribuyan al cumplimiento de su objeto.

El Banco, teniendo en cuenta su objeto señalado en este artículo, podrá aceptar como beneficiarios a otros países, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o, de este Convenio, siempre que los programas, proyectos o esquemas que apoye o financie en estos países contribuyan a la integración y al desarrollo económico y social equilibrado de los países fundadores”.

“Artículo 3o. El Banco tendrá su sede y oficinas principales en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, y podrá establecer las sucursales, agencias, corresponsalías y oficinas o representaciones que fueren necesarias para el cumplimiento de sus funciones que apruebe la Asamblea de Gobernadores”.

La Asamblea elegirá, entre los Gobernadores titulares, un Presidente, quien mantendrá su cargo hasta la finalización de la siguiente reunión ordinaria de la Asamblea”.

“Artículo 11. Son atribuciones indelegables de la Asamblea de Gobernadores:

a) Admitir nuevos miembros y determinar las condiciones de su admisión;

b) Aumentar el capital autorizado del Banco;

c) Determinar el destino de las utilidades anuales según lo indicado en el artículo 5o de este Convenio, a propuesta del Directorio;

d) Elegir al Presidente Ejecutivo, de una terna seleccionada con base en un concurso, reelegirlo y removerlo, así como fijarle su remuneración. La Asamblea de Gobernadores emitirá las disposiciones pertinentes para reglamentar la elección y la remoción del Presidente Ejecutivo;

e) Elegir al Contralor de una terna, seleccionada con base en un concurso, y removerlo; asimismo, fijarle su remuneración. La Asamblea de Gobernadores emitirá las disposiciones pertinentes para reglamentar la elección y la remoción del Contralor;

f) Aprobar el presupuesto del Directorio, que incluya la remuneración de los Directores titulares, de los Directores suplentes y de la estructura de apoyo del Directorio, incluyendo cualquier costo relacionado con su funcionamiento;

g) Aprobar y modificar el Reglamento de la Organización y Administración del Banco, el de la Asamblea de Gobernadores, los de Elección de Directores y el conjunto de reglamentos que le corresponden al amparo del presente Convenio;

h) Elegir a los auditores externos del Banco;

i) Aprobar, previo dictamen de los auditores externos, los estados financieros anuales y autorizar su publicación;

j) Conocer y decidir sobre los planteamientos del Directorio, de un Director, del Presidente Ejecutivo o del Contralor sobre decisiones que, a juicio de los mismos, contradigan disposiciones del Convenio Constitutivo o resoluciones de la Asamblea de Gobernadores;

k) Conocer y decidir, en apelación, sobre las divergencias en la interpretación y aplicación del presente Convenio y de las resoluciones de la Asamblea efectuadas por el Directorio;

l) Modificar el presente Convenio;

m) Decidir la distribución de sus activos netos en el evento de una liquidación del Banco;

n) Autorizar los requerimientos de pago sobre el capital exigible;

o) Aprobar los planes estratégicos del Banco;

p) Disolver el Banco”.

“Artículo 12. Los socios que estén en mora en el pago de sus aportes de capital no tendrán derecho a voto en la Asamblea de Gobernadores”.

“Artículo 13. Las reuniones de la Asamblea de Gobernadores podrán ser ordinarias o extraordinarias y las convocará el Presidente de la Asamblea. La Asamblea de Gobernadores se reunirá ordinariamente una vez al año y se reunirá con carácter extraordinario cuando ella así lo disponga; o bien a petición del Directorio; o cuando así lo soliciten tres socios; o lo soliciten Gobernadores que representen, al menos, el 25% del capital suscrito.

El Directorio podrá requerir el pronunciamiento de los Gobernadores sin convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea, de conformidad con el reglamento respectivo”.

“Artículo 15. El Directorio es el órgano responsable de la dirección del Banco; tiene como funciones la estrategia y los asuntos de supervisión y control de la gestión del Banco y para ello ejercerá todas las facultades que le delegue la Asamblea de Gobernadores y, en particular, las siguientes:

b) Aprobar las políticas y normas operativas generales del Banco y evaluar su ejecución;

c) Aprobar las operaciones activas y pasivas del Banco, delegando en la Administración dicha función de acuerdo con el marco jurídico y hasta por los montos que para tal efecto establezca la Asamblea de Gobernadores;

d) Aprobar la organización básica del Banco, inclusive el número y las responsabilidades generales de los cargos gerenciales y de rango equivalente, a propuesta de la Administración;

e) Aprobar el presupuesto y el plan operativo anual, así como las modificaciones que fueren necesarias en el curso de cada ejercicio. Asimismo, le corresponde aprobar las normas para ejercer la supervisión y el control de la ejecución presupuestaria y del plan operativo en forma adecuada;

f) Aprobar los reglamentos de funciones y procedimientos de la Presidencia Ejecutiva, de la Vicepresidencia Ejecutiva y de gestión de crédito, a propuesta de la Administración; asimismo, aprobar el reglamento de la Auditoría Interna, a propuesta del comité de Directores respectivo o del Auditor Interno;

g) Ejercer el control y evaluación de la gestión de la Administración del Banco y adoptar las disposiciones para asegurar la adecuada marcha de la Institución, así como la supervisión del desempeño institucional;

h) Someter a la aprobación de la Asamblea de Gobernadores lo siguiente:

1. Los Estados Financieros anuales.

2. La propuesta de distribución de utilidades al tenor de lo dispuesto en el artículo 5o de este Convenio.

3. La terna para la elección del Presidente Ejecutivo.

4. La terna para la elección del Contralor.

5. Las propuestas de admisión de socios extrarregionales.

6. Las propuestas de aceptación de países beneficiarios.

7. Las propuestas de reglamentos que sean competencia de la Asamblea de Gobernadores al amparo del presente Convenio o a requerimiento de dicha Asamblea.

i) Aprobar el Reglamento Interno del Directorio y conformar los comités de Directores que sean necesarios y fijarles sus funciones, pudiendo delegar en los mismos determinadas facultades;

j) Elegir, con base en un concurso, o remover al Auditor Interno del Banco y determinar sus funciones;

k) Nombrar al Vicepresidente Ejecutivo del Banco con base en un concurso y fijarle su remuneración y beneficios adicionales;

l) De acuerdo con el reglamento que apruebe, elegir, en forma rotativa de entre sus miembros, un Presidente del Directorio, quien presidirá y convocará las reuniones del mismo;

m) Las demás que determine el Reglamento de la Organización y Administración del Banco y las que haya establecido o que en el futuro establezca la Asamblea de Gobernadores;

n) Para el ejercicio de sus funciones, los Directores tendrán acceso irrestricto a la información del Banco.

La Asamblea de Gobernadores mantendrá plena autoridad sobre todas las facultades que delegue en el Directorio”.

Artículo 16. El Directorio estará integrado por un número de hasta nueve miembros. Cinco serán elegidos a propuesta de los respectivos Estados fundadores, por la mayoría de Gobernadores de dichos Estados, correspondiendo un Director por cada Estado fundador. Los cuatro Directores restantes serán elegidos por los Gobernadores de los socios extrarregionales. El procedimiento para elección de los Directores de los Estados fundadores y de los Directores extrarregionales será determinado por los correspondientes reglamentos de elección de Directores que al efecto adopte la Asamblea de Gobernadores.

Para cualquier modificación del Reglamento de Elección de los Directores de los Estados Fundadores se requerirá la mayoría de tres cuartos de la totalidad de votos de los socios, que incluya los votos favorables de cuatro Gobernadores de los Estados fundadores. Para modificar el Reglamento de Elección de los Directores Extrarregionales se requerirá la mayoría de tres cuartos de la totalidad de votos de los socios, que incluya el voto favorable de dos tercios de los Gobernadores de los socios extrarregionales.

Los Directores serán elegidos por períodos de tres años, pudiendo ser reelectos.

Los Directores podrán ser removidos por los Gobernadores de los países que los eligieron, de conformidad con el reglamento que establezca la Asamblea de Gobernadores.

Los Directores deberán ser nacionales de los Estados miembros, lo cual no es aplicable en el caso de los Directores que representen a los organismos a que se refiere el artículo 4o, literal a).

Los Directores deberán ser personas de reconocida capacidad y amplia experiencia en asuntos económicos, financieros, bancarios y en políticas de desarrollo.

Los Directores no podrán ser Gobernadores suplentes ni representantes de los Gobernadores.

Cada Director Titular de los socios extrarregionales que represente a dos o más socios extrarregionales, de acuerdo con el reglamento respectivo, podrá tener un suplente. El Director Suplente actuará en sustitución del Titular de acuerdo con el reglamento que se apruebe. Los Directores titulares y sus suplentes no podrán ser nacionales de un mismo Estado. Los suplentes podrán participar en las reuniones del Directorio y solo podrán tener derecho a voto cuando actúen en sustitución del titular.

Los Directores podrán participar en las reuniones de la Asamblea de Gobernadores, de conformidad con el reglamento respectivo”.

“Artículo 18. Los Directores trabajarán para el Banco a tiempo completo y residirán en el país sede del Banco. El cargo de Director es incompatible con cualquier otro, excepto los docentes, siempre que estos no interfieran con sus obligaciones como Director”,

“Artículo 19. El Directorio será de carácter permanente y funcionará en el país sede del Banco, pudiendo también reunirse excepcionalmente en cualquier país fundador.

El quórum para las reuniones del Directorio será la mayoría del total de Directores con derecho a voto, que incluya, por lo menos, tres Directores de los socios fundadores y dos Directores de los socios extrarregionales.

Las decisiones del Directorio se tomarán por mayoría de los votos representados por los Directores presentes en la reunión, salvo los casos que determine el Reglamento de la Organización y Administración del Banco en que se requerirá una mayoría calificada. Los Directores deberán pronunciarse, positiva o negativamente, sobre los asuntos sometidos a votación, salvo cuando existieren conflictos de interés de carácter personal, en cuyo caso deberán abstenerse de votar y de participar en la discusión del asunto respectivo. Cada Director Titular tendrá tantos votos como acciones con derecho a voto que tenga el socio o socios que represente. Los Directores suplentes no tendrán derecho a voto pero sí a voz”.

“Artículo 20. De conformidad con las disposiciones señaladas en el artículo 11, literal d), del presente Convenio, la Asamblea de Gobernadores elegirá un Presidente Ejecutivo, de una terna seleccionada con base en un concurso, quien será el funcionario de mayor jerarquía en la conducción administrativa del Banco y tendrá la representación legal de la Institución. El Presidente Ejecutivo podrá conferir poderes para representar al Banco con las facultades que estime necesarias. El Presidente Ejecutivo durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez. La Asamblea de Gobernadores tendrá la facultad de obviar el procedimiento de concurso en caso de reelección.

El Presidente Ejecutivo deberá ser nacional de uno de los Estados fundadores, ser persona de reconocida capacidad y amplia experiencia en asuntos económicos, financieros, bancarios y en políticas de desarrollo, y deberá ser de diferente nacionalidad que el Vicepresidente Ejecutivo y el Contralor. El cargo de Presidente Ejecutivo es incompatible con cualquier otro, excepto los docentes, siempre que estos no interfieran con sus obligaciones como Presidente Ejecutivo del Banco.

El Presidente Ejecutivo participará en las reuniones de la Asamblea de Gobernadores con voz, pero sin voto, de acuerdo con el reglamento correspondiente.

Corresponde al Presidente Ejecutivo dirigir la gestión ordinaria delegada del Banco, incluyendo su gestión crediticia, financiera, administrativa y operativa. El Presidente Ejecutivo asistirá a las reuniones del Directorio con voz, pero sin voto, y deberá cumplir y hacer cumplir el Convenio Constitutivo, los reglamentos del Banco y las decisiones de la Asamblea de Gobernadores y del Directorio.

Asimismo, podrá elevar al Directorio o a la Asamblea de Gobernadores los asuntos de su gestión que considere necesarios; proponer al Directorio la estructura de la administración, de acuerdo con el presupuesto aprobado; nombrar y remover al personal bajo un régimen único de administración de personal; aprobar los manuales operativos internos relacionados con la gestión de la Administración y aprobar las operaciones activas y pasivas enmarcadas dentro de las políticas que establezca el Directorio y la Asamblea de Gobernadores.

El Presidente Ejecutivo solo podrá ser removido por la Asamblea de Gobernadores, con base en las disposiciones emitidas por la Asamblea para reglamentar la elección y remoción del Presidente Ejecutivo, conforme se señala en el artículo 11, literal d), del presente Convenio.

Si el cargo de Presidente Ejecutivo quedare vacante, la Asamblea de Gobernadores procederá a elegir, en un plazo no mayor a 120 días, a un nuevo Presidente Ejecutivo, de entre una terna seleccionada con base en un concurso, para un nuevo período”.

“Artículo 21. Habrá un Vicepresidente Ejecutivo que será elegido por el Directorio, de entre una terna propuesta por el Presidente Ejecutivo con base en un concurso, quien deberá reunir los mismos requisitos exigidos y limitaciones establecidas para el Presidente Ejecutivo, excepto en lo referente a la nacionalidad, y sustituirlo en las ausencias temporales con sus mismas facultades y atribuciones. El Vicepresidente Ejecutivo deberá ser de distinta nacionalidad a la del Presidente Ejecutivo y del Contralor.

El Vicepresidente Ejecutivo durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

El Directorio tendrá la facultad de obviar el procedimiento de concurso en el caso de reelección.

Corresponde al Directorio, a propuesta del Presidente Ejecutivo, determinar la autoridad y funciones que desempeñará el Vicepresidente Ejecutivo cuando no actúe en sustitución del Presidente Ejecutivo.

El Vicepresidente Ejecutivo tendrá la facultad de participar en las reuniones del Directorio con voz, pero sin voto.

El Vicepresidente Ejecutivo solo podrá ser removido por la Asamblea de Gobernadores del Banco, por iniciativa fundamentada del Directorio o del Presidente Ejecutivo, con base en las causas que se señalen en el reglamento respectivo.

Si el cargo del Vicepresidente Ejecutivo quedare vacante, el Directorio procederá a elegir, en un plazo no mayor a 120 días, a un nuevo Vicepresidente Ejecutivo para un nuevo período, de entre una terna seleccionada con base en un concurso, propuesta por el Presidente Ejecutivo”.

SEGUNDO. Las modificaciones contenidas en la presente resolución entrarán en vigencia tres meses después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco dirigida a todos los socios, sin perjuicio de la reserva formulada por las Repúblicas de Costa Rica y por Colombia al artículo 35 del Convenio Constitutivo vigente. El depósito respectivo de las modificaciones contenidas en la presente resolución se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Convenio Constitutivo[1].

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, seis de mayo de dos mil nueve.

El Secretario,

Héctor Javier Guzmán,

Banco Centroamericano de Integración Económica.

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

SECRETARÍA

Referencia: Modifica el artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco.

El suscrito, Secretario de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,

CERTIFICA:

Que la Asamblea de Gobernadores del Banco, en su Sexagésima Reunión Extraordinaria, celebrada en la ciudad de Madrid, Reino de España, el ocho de septiembre de dos mil cinco, adoptó la siguiente:

“RESOLUCIÓN NÚMERO AG-14/2005

LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA,

Que el Directorio del Banco ha elevado a la consideración de esta Asamblea una propuesta de modificación del artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco.

Que, de conformidad con el artículo 35 del Convenio Constitutivo, corresponde a la Asamblea de Gobernadores aprobar cualquier modificación a dicho Convenio.

RESUELVE:

PRIMERO. Modificar el artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, el que se leerá de la siguiente manera:

“Artículo 8o. El Banco financiará exclusivamente programas o proyectos económicamente sanos y técnicamente viables.

Es conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado.

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, seis de mayo de dos mil nueve.

El Secretario,

Héctor Javier Guzmán,

Banco Centroamericano de Integración Económica.

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Referencia: Modifica el artículo 4o del Convenio Constitutivo del Banco

CERTIFICA:

Que la Asamblea de Gobernadores del Banco, en su Cuadragésimo Séptima Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, República de Honduras, el veintitrés de marzo de dos mil siete, adoptó la siguiente:

“RESOLUCIÓN NÚMERO AG-10/2007

LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 35, literal b), del Convenio Constitutivo, corresponde a la Asamblea de Gobernadores aprobar cualquier modificación a dicho Convenio.

Que ha revisado el artículo 4o del Convenio Constitutivo, habiendo decidido que el mismo estará conformado por dos acápites: A. Miembros y B. Capital, Reservas y Recursos.

Que en la presente reunión aprobó el contenido del acápite a) y una parte del acápite b)

RESUELVE:

PRIMERO. Modificar los literales a) y b), del artículo 4o del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, los que quedarán redactados en la forma siguiente:

“CAPÍTULO II

Miembros, Capital, Reservas y Recursos

Artículo 4o.

A. Miembros

Son países fundadores del Banco las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en adelante llamados “países fundadores”. Cada vez que en el texto de este Convenio se lea “estado fundador, “estados fundadores”, “miembro fundador” o “miembros fundadores” debe entenderse referido al término “países fundadores”.

Cada vez que en el texto de este Convenio se lea “estado regional no-fundador”, “países regionales no-fundadores”, “miembros regionales no-fundadores” o “estados regionales no-fundadores” debe entenderse referido al término “socios regionales no-fundadores”.

Podrán ser aceptados como socios extrarregionales del Banco otros países, así como organismos públicos con ámbito de acción a nivel internacional que tengan personalidad jurídica, de acuerdo con el reglamento que establezca la Asamblea de Gobernadores. Cada vez que en el texto de este Convenio se lea “estado extrarregional”, “países extrarregionales”, “miembros extrarregionales” o “estados extrarregionales” debe entenderse referido al término “socios extrarregionales”.

Los socios regionales no-fundadores y los socios extrarregionales estarán sujetos al mismo régimen jurídico.

Cada vez que en el texto de este Convenio se lea “estados miembros”, “países miembros”, “país miembro”, “miembro”, “estado”, “estados socios”, “socio”, “socios” o “estado miembro” se entenderá hecha la referencia a los socios señalados en los párrafos precedentes.

Los reglamentos para la admisión de socios regionales no-fundadores y de socios extrarregionales sólo podrán modificarse mediante acuerdo de la Asamblea de Gobernadores, por mayoría de tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los socios, que incluya el voto favorable de tres Gobernadores de los países fundadores.

El Banco, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 2o de este Convenio, podrá aceptar como beneficiarios a otros países, en adelante llamados “beneficiarios” o “países beneficiarios”, conforme con el reglamento que apruebe la Asamblea de Gobernadores por mayoría de tres cuartas partes de la totalidad de votos de los socios, que incluya el voto favorable de cuatro Gobernadores de los países fundadores.

A los efectos del ingreso de países beneficiarios, la Asamblea de Gobernadores, en el reglamento que apruebe, incluirá las disposiciones referentes a los países beneficiarios, incluyendo, entre otros aspectos, los requisitos de admisión, monto del aporte, forma de pago, operaciones, programas y proyectos financiables, requisitos para obtener préstamos y garantías, interpretación y arbitraje, así como las inmunidades, exenciones y privilegios que el país beneficiario otorgará al Banco incluyendo el reconocimiento de su condición de acreedor preferente. Una vez aceptado un país beneficiario, se suscribirá entre Este y el Banco el correspondiente convenio de asociación.

También podrán ser aceptados como países beneficiarios los socios extrarregionales y los socios regionales no-fundadores de conformidad con el reglamento aprobado por la Asamblea de Gobernadores para tal efecto;

a) La participación de los socios en el capital del Banco estará representada por acciones expedidas a favor de los respectivos socios y regulada de la siguiente manera:

…”.

SEGUNDO. Las modificaciones contenidas en la presente resolución entrarán en vigencia tres meses después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco dirigida a todos los socios, sin perjuicio de la reserva formulada por las Repúblicas de Costa Rica y por Colombia al artículo 35 del Convenio Constitutivo vigente. El depósito respectivo de las modificaciones contenidas en la presente resolución se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Convenio Constitutivo”.

Es conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado.

Tegucigalpa, municipio del Distrito, Central, seis de mayo de dos mil nueve.

El Secretario,

Héctor Javier Guzmán,

Banco Centroamericano de Integración Económica.

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Referencia: Modificaciones al Convenio Constitutivo del BCIE.

El suscrito Secretario de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,

CERTIFICA:

Que la Asamblea de Gobernadores del Banco, en su Cuadragésimo Novena Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, República de Honduras, el veintinueve de abril de dos mil nueve, adoptó la siguiente:

“RESOLUCIÓN NÚMERO AG-7/2009

LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 35 literal b), corresponde a la Asamblea de Gobernadores aprobar cualquier modificación al Convenio Constitutivo del Banco.

Que, con la finalidad de fortalecer el patrimonio del Banco para que continúe teniendo un rol activo como socio estratégico de los países de la región centroamericana y continúe atendiendo las crecientes necesidades de financiamiento de la región, la Asamblea de Gobernadores ha revisado el Capítulo II, Miembros, Capital, Reservas y Recursos, que comprende los artículos 4o, 5o y 6o del Convenio Constitutivo del BCIE y, por razones de consistencia, ha revisado el Capítulo VIII que comprende el artículo 5 del Convenio Constitutivo del BCIE.

RESUELVE:

PRIMERO. Modificar los artículos 4o, acápite B., literales a), b), c), d), e), f), g) y h), 5, 6 y 35, literales a) y c), del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, que quedarán redactados en la forma siguiente:

“Artículo 4o.

…

B. Capital, Reservas y Recursos

a) La participación de los socios en el capital del Banco estará representada por acciones expedidas a favor de los respectivos socios y regulada de la siguiente manera: El capital con derecho a voto estará compuesto por una serie de acciones “A” destinada a los países fundadores del Banco y una serie de acciones ‘B” destinada a los socios regionales no-fundadores y a los socios extrarregionales. Cada acción suscrita “A” o ‘B” conferirá un voto;

b) El capital autorizado del Banco será de cinco mil millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000.000.000.00). Del capital autorizado, los países fundadores suscribirán, por partes iguales, dos mil quinientos cincuenta millones de dólares (US$2.550.000.000.00) mediante acciones serie “A” y estarán a disposición de los países extrarregionales y de los socios regionales no-fundadores dos mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares (US$2.450.000.000.00) mediante acciones serie “B”. La emisión de acciones se realizará de acuerdo con los siguientes parámetros:

1. Serie “A”, integrada hasta por doscientas cincuenta y cinco mil acciones con un valor nominal de US$10.000.00 cada una. Las acciones que han sido suscritas por los países fundadores serán sustituidas por acciones de la serie “A”, por los montos que corresponda.

2. Serie “B”, integrada hasta por doscientas cuarenta y cinco mil acciones con un valor nominal de US$10.000.00 cada una. Las acciones serie “B” sustituirán, por los montos que corresponda, las acciones suscritas por los socios regionales no-fundadores y los países miembros extrarregionales.

3. Las acciones serie “A” y serie “B” representarán en todo momento la totalidad del capital autorizado del Banco;

c) También existirán los certificados serie “E”, emitidos a favor de los accionistas “A” y “B”, con un valor facial de US$10.000.00 cada uno, para reconocer las utilidades retenidas atribuibles a sus aportes de capital al Banco a lo largo del tiempo. Estos certificados no darán derecho a voto y serán intransferibles. Asimismo, los certificados serie “E” podrán utilizarse por los socios titulares de acciones “A” y “B” para cancelar total o parcialmente la suscripción de nuevas acciones de capital autorizado no suscrito puestas a disposición por el Banco. Los certificados serie “E” pendientes de ser utilizados para suscribir nuevas acciones de capital formarán parte de la Reserva General del Banco. Los certificados serie “E” no generan capital exigible. Corresponde a la Asamblea de Gobernadores autorizar la suscripción de nuevas acciones de capital a partir de la utilización de los certificados serie “E”;

d) Con excepción del mecanismo previsto en el presente Convenio para la emisión de los certificados serie “E”, las acciones del Banco no devengarán intereses ni dividendos y no podrán ser dadas en garantía, ni gravadas, ni en forma alguna enajenadas y, únicamente, serán transferibles al Banco, salvo lo establecido en el segundo párrafo del literal h), del acápite B, del presente artículo. Las acciones de las series “A” y “B” son nominativas y serán distinguidas con el nombre del respectivo país u organismo internacional que sea su titular. Las acciones se representarán en títulos numerados correlativamente y se desprenderán de un libro talonario. Los talones correspondientes contendrán las principales estipulaciones del título respectivo. Los títulos llevarán en todo caso el nombre del Banco y su sede, el monto de capital, el precio nominal de la acción, el nombre del socio, el sello del BCIE y el número y serie a que pertenezcan. Los títulos podrán representar cualquier número de acciones y deberán ser firmados por el Presidente Ejecutivo del Banco. Cada acción no podrá pertenecer más que a un solo socio;

e) El capital autorizado se dividirá en acciones de capital pagadero en efectivo y en acciones de capital exigible. El equivalente a mil doscientos cincuenta millones de dólares (US$1.250.000.000.00) corresponderá a capital pagadero en efectivo y el equivalente a tres mil setecientos cincuenta millones de dólares (US$3.750.000.000.00) corresponderá a capital exigible.

f) El capital autorizado se podrá aumentar en la oportunidad y en la forma en que la Asamblea de Gobernadores lo considere conveniente y lo acuerde por mayoría de tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los socios, que incluya los votos favorables de cuatro Gobernadores de los países fundadores;

g) El número máximo de acciones de la serie “B” que podrá suscribir cada miembro extrarregional o cada socio regional no-fundador será determinado por la Asamblea de Gobernadores;

h) En caso de aumento de capital, todos los socios tendrán derecho, sujeto a los términos que establezca la Asamblea de Gobernadores, a una cuota de aumento en sus acciones, equivalente a la proporción que estas guarden con el capital total del Banco.

En cualquier aumento de capital, siempre quedará para los países fundadores, titulares de las acciones serie “A”, un porcentaje equivalente al cincuenta y uno por ciento (51%) del aumento. En caso de que alguno de los países fundadores no suscribiere la parte a que tiene opción, podrá hacerlo otro país fundador. Sin perjuicio de ello, el estado o estados que no suscribieron esa porción tendrán opción de comprarla al país o países que la suscribieron. En todo caso, no entrará en vigencia ningún aumento de capital que tuviere el efecto de reducir a menos del cincuenta y uno por ciento (51%) la participación de los países miembros fundadores.

En caso de nuevos incrementos de capital, tendrán preferencia en la suscripción los estados fundadores que mantengan un monto menor de capital, con el fin de mantener entre ellos la misma proporción de capital.

Ningún socio regional no-fundador o socio extrarregional está obligado a suscribir los aumentos de capital. En caso de que alguno de ellos no suscribiese la parte a que tiene opción, podrá hacerlo otro u otros socios regionales no-fundadores o socios extrarregionales”.

“Artículo 5o. La Reserva General del Banco estará compuesta por una Reserva de Capital y por los certificados serie “E” pendientes de ser utilizados por los países miembros del Banco para el pago de nuevas suscripciones de acciones.

Las utilidades netas que el Banco obtenga en el ejercicio de sus operaciones serán destinadas a la Reserva de Capital.

La responsabilidad de los socios del Banco, como tales, estará limitada al importe de su suscripción de capital.”.

“Artículo 6o. Además de su propio capital y reservas, formarán parte de los recursos del Banco el producto de empréstitos y créditos obtenidos en los mercados de capital y otros recursos recibidos a cualquier título legal.

El Banco no aceptará de las fuentes de recursos condicionamientos de carácter político o que contravengan el objeto del Banco.

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, existirán dentro del Banco, pero como patrimonio independiente y separado del patrimonio general de este, los siguientes fondos:

a) El Fondo de Prestaciones Sociales, creado con la exclusiva finalidad de otorgar al personal del Banco los beneficios establecidos en el Estatuto Orgánico y la reglamentación complementaria que para tal efecto haya emitido o emita el Banco. El patrimonio del Fondo se mantiene y administra separadamente de los demás bienes del Banco, con carácter de fondo de jubilaciones, para usarse únicamente en el pago de los beneficios y gastos derivados de los diferentes planes de beneficios que otorga dicho Fondo;

b) El Fondo Especial para la Transformación Social de Centroamérica, cuyo patrimonio será utilizado únicamente para crear una ventanilla especial para financiar, en términos concesionales, programas y proyectos que se enmarquen dentro de los esfuerzos de transformación social de la región centroamericana, destinados a los países fundadores que desarrollen programas declarados elegibles por el Banco para este propósito;

c) El Fondo de Cooperación Técnica, creado como mecanismo destinado a integrar los procesos de programación, consecución y administración de recursos de cooperación técnica del BCIE, para fortalecer la capacidad de preparación y ejecución de proyectos.”.

“Artículo 35.

a) Los estados y organismos internacionales a que se refiere el artículo 4o, acápite A, no signatarios del presente Convenio, podrán adherirse a él, siempre que sean admitidos de conformidad con lo establecido en el presente Convenio;

b) (…);

c) No obstante lo dispuesto en el literal b) anterior, se requerirá tres cuartas partes de votos de la totalidad de los socios, que incluya el voto favorable de los cinco países fundadores, para cualquier modificación que altere lo siguiente:

1. El Capítulo I, Naturaleza, Objeto y Sede.

3. El Capítulo IV, Organización y Administración.

4. El principio del 51% del capital para los socios fundadores establecido en los artículos 4o, acápite B, literal h) y 37, párrafo 3o.

Se requerirá el acuerdo unánime de los socios para modificar las disposiciones siguientes:

1. Los requerimientos de pago sobre el capital exigible que señala el punto 2, literal i), acápite B, del artículo 4o.

2. La limitación de responsabilidad que prescribe el artículo 5o, último párrafo.

3. El derecho de retirarse del Banco que contemplan los artículos 37 y 39.

d) (…).”

SEGUNDO. Adicionar los nuevos literales i) y j) al acápite B, del artículo 4o, del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, que quedarán redactados en la forma siguiente:

“i) El pago de las acciones de las series “A” y “B” se hará como sigue:

1. La parte pagadera en efectivo se abonará en dólares de los Estados Unidos de América hasta en cuatro cuotas anuales, iguales y consecutivas. Conforme con el mecanismo definido por la Asamblea de Gobernadores, la parte pagadera en efectivo correspondiente a las acciones de las series “A” y “B” podrá cancelarse mediante la utilización de certificados serie “E”.

2. La parte del capital exigible estará sujeta a requerimiento de pago cuando se necesite para satisfacer obligaciones que el Banco haya adquirido en los mercados de capital o que correspondan a préstamos obtenidos para formar parte de los recursos del Banco o que resulten de garantías que comprometan dichos recursos.

Los requerimientos de pago sobre el capital exigible serán proporcionalmente uniformes para todas las acciones;

j) A los fines del ingreso de países beneficiarios, la Asamblea de Gobernadores aprobará aportes especiales que serán parte del patrimonio general del Banco. Dichos aportes se dividirán en aportes pagaderos en efectivo y en aportes exigibles, sujetos a requerimiento de pago de conformidad con lo que establezca el reglamento respectivo. Por su aporte pagado, cada uno de los países beneficiarios recibirá certificados de aportación. Los aportes especiales no darán derecho a voto pero los países beneficiarios podrán participar en las reuniones del Directorio y de la Asamblea de Gobernadores, teniendo derecho a voz”.

TERCERO. Derogar el artículo transitorio Único del Convenio Constitutivo.

CUARTO. Las modificaciones contenidas en la presente resolución entrarán en vigencia tres meses después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco dirigida a todos los socios, sin perjuicio de la reserva formulada por las Repúblicas de Costa Rica y por Colombia al artículo 35 del Convenio Constitutivo vigente. El depósito respectivo de las modificaciones contenidas en la presente resolución se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Convenio Constitutivo”.

Es conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado.

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, seis de mayo de dos mil nueve.

El Secretario,

Héctor Javier Guzmán,

Banco Centroamericano de Integración Económica.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL ÁREA DE TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:

Que la reproducción del texto que antecede es fotocopia fiel y completa del texto en castellano de la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009, certificado por el Secretario de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, la cual consta de diecinueve (19) folios, documento que reposa en los archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009).

La Coordinadora Área de Tratados Dirección Asuntos Jurídicos Internacionales,

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 17 de noviembre de 2009.

Autorizado. Sométase a consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:

Artículo 1o. Apruébase la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.

Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009, que por el artículo 1o de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.

Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a los…

Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

El Ministro de Hacienda y Crédito,

Juan Carlos Echeverry Garzón.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 17 de noviembre de 2009

Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Asuntos Multilaterales, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Patti Londoño Jaramillo.

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. Apruébase la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005 la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.

ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009, que por el artículo1o de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.

ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

ROY BARRERAS MONTEALEGRE.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

GREGORIO ELJACH PACHECO.

AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D. C., a los 31 de octubre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

MAURICIO CÁRDENAS SANTA MARÍA.”.

III. INTERVENCIONES

1. Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores:

El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en escrito radicado ante esta Corporación el 28 de enero de 2013, solicitó declarar la exequibilidad de la Ley 1585 de 2012, por cuanto la misma cumplió con los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, y porque el contenido de la misma consulta los principios y postulados que gobiernan el Estado colombiano y su política exterior.

Luego de contextualizar la participación de Colombia en el BCIE, citando las sentencias C-172 de 1996 y C-1144 de 2004, así como describiendo el contenido de los instrumentos internacionales objeto de estudio, advirtió que: “Para el Estado colombiano, la adhesión a las Resoluciones sub examine es de la particular relevancia considerando que las modificaciones supra propiciarán un mejor funcionamiento y una estructura más dinámica del BCIE con el fin de afrontar los desafíos del comercio internacional”.

Por último, señaló que las modificaciones están acorde con la Constitución Política, haciendo la salvedad en lo concerniente a la modificación que introdujo la Resolución No. AG 7/2009 al artículo 35 literal e) del Convenio Constitutivo del BCIE en lo referente al quórum especial que requiere la Asamblea General para modificar el convenio consultivo, ya que por razón de la reserva que realizó Colombia, las modificaciones a dicho Convenio requieren la aprobación por parte del Congreso de la República y la correspondiente revisión por la Corte Constitucional.

2. Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

El mandatario judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó declarar la constitucionalidad de Ley 1585 de 2012, por medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”.

Para contextualizar el concepto del Ministerio presenta los antecedentes sobre la vinculación de Colombia al BCIE, así como la participación en acciones que tiene el país en el banco equivalente a la 2.9% sobre el capital autorizado.

Luego se refirió de forma explícita a cada una de las reformas contenidas en la Ley 1585. Sobre la Resolución AG-14/2005 manifestó que la modificación responde a permitir la capacidad del banco de atender operaciones de refinanciamiento, con estricta sujeción a las mejores prácticas bancarias. Respecto de la Resolución AG-13/2006 afirmó que incluye reformas administrativas[1] acerca de las actividades que debe ejecutar el BCIE en cumplimiento de su objeto; las competencias indelegables de la Asamblea de Gobernadores; y las funciones y competencias del Directorio y de la Presidencia Ejecutiva. En cuanto a la Resolución AG-10/2007 precisó que permitió la división del artículo 4 en dos acápites, uno sobre miembros y otro relacionado con capital, reservas y recursos. Además, introdujo la categoría de socio regional no fundador, que forman parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), tales como la República de Panamá y la República Dominicana.

Por último, en cuanto a la Resolución AG-7/2009 describió que la Asamblea de Gobernadores del BCIE aprobó un nuevo esquema de capitalización incrementándose el capital del banco de US$2000 a US$5000 millones, donde a Colombia para poder mantener su participación actual del 2.9% del total del Capital Autorizado, le corresponde aportar US$21.6 millones, de los cuales US$10.3 millones serían un nuevo aporte de capital fresco en efectivo y US$11.3 millones serían pagados a través de certificados serie E (dividendos). Destacó que la reforma responde al propósito fundamental de que BCIE pueda mantener y fortalecer su presencia en Centroamérica con la satisfacción de los requerimientos de financiamiento que pueda requerir la región en los diferentes sectores que contribuyan a su crecimiento, integración y desarrollo.

Por lo expuesto, solicitó la exequibilidad de la norma pues materialmente se encuentra acorde con los mandatos de los artículos 226 y 227 de la Constitución Política, y formalmente, cumplió con los trámites constitucionales para su aprobación.

3. Intervención de la Universidad Externado de Colombia:

El Director del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia, remitió concepto en el que solicitó la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1585 de 2012, en tanto cumple con todos los requisitos de formación y contenido para ser considerada ley de la República, al igual que fue presentada en término para su estudio por parte de la Corte Constitucional.

En primer término, recordó los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica correspondientes a las sentencias C-172 de 1996 y C-1144 de 2004. En particular, destacó lo siguiente: “La Corte Constitucional estableció que en cuanto al artículo 35 del Convenio Constitutivo, el Presidente de la República tenía la obligación de hacer una reserva, según la cual, el Estado colombiano someterá a aprobación del Congreso de la República y revisión de la Corte Constitucional, toda modificación al convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE que implique obligaciones nuevas para Colombia, o la modificación de las contraídas.”.

En segundo lugar, se refirió a cada una de las Resoluciones aprobadas por la Ley 1585. En cuanto a la Resolución No. AG-14 de 2005, mediante la cual se modifica el Artículo 8 del BCIE, advirtió que es conforme a la Constitución Política porque dispone que las operaciones bancarias estén basadas en sanas prácticas bancarias, lo que contribuye a criterios transparentes y de buen funcionamiento en la oferta de productos financieros, en condiciones claras de atención a los consumidores de los productos del Banco y en la implementación de mecanismos de solución de controversias entre el BCIE y los consumidores de productos financieros, entre otros.

En relación a la Resolución AG-13 de 2006, mediante la cual la Asamblea del BCIE modificó los artículos 1º, 2º, 3º, 10, 11, 12, 13, 15, 16 , 18, 19, 20 y 21 del Convenio Constitutivo, señaló: “ Dentro de los precitados artículos. Se puede destacar que el artículo 1º establece la naturaleza jurídica del BCIE como una institución financiera multilateral de desarrollo, lo cual cumple con las características de los sujetos de derechos internacional público aceptados mundialmente dentro de los ordenamientos jurídicos, razón por la cual, dicho artículo está dentro de los parámetros constitucionales consagrados por la Carta Política. || Por otra parte, el BCIE tiene como objeto principal el desarrollo económico y social de los países fundadores: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Para el cumplimiento de dicho objetivo, el Banco canalizará sus esfuerzos en lo correspondiente a la implementación de programas y políticas públicas encaminadas al desarrollo sostenible y ambiental de los países fundadores, el apoyo de los sectores privados a través de mecanismos de financiación y cooperación entre el sector público y el privado, desarrollo de capital humano. Además, como nuevos criterios, se consagraron tanto el fortalecimiento del sistema financiero y del mercado de valores como la promoción de actividades financieras multilaterales. En este punto, no se debe perder de vista que a dichos objetivos y prerrogativas pueden acceder los países beneficiarios como es el caso de Colombia, lo cual responde a los interés (sic) del país y a la integración con los países latinoamericanos y del Caribe en los precisos términos del artículo 9º de la Constitución Política de 1991.”.

Respecto de los demás artículos que se reforman con esta resolución, puntualizó que responden a disposiciones de organización administrativa del BCIE, por lo que no encuentra discrepancia con la Constitución Política. Igualmente, con la modificación se permiten el establecimiento de sucursales, agencias y demás formas de representación del banco en otros Estados.

Frente a la Resolución No. AG-10 de 2007, por medio de la cual se reforma el artículo 4º del Convenio Consultivo se realiza una clasificación de países entre fundadores, socios regionales no fundadores, países socios extraregionales y países beneficiarios. Al respecto, enfatizó que la posición de Colombia como país extraregional que puede tener la calidad de beneficiario y por ende puede ser favorecido con los programas de financiación de proyectos y empréstitos ofrecidos por el BCIE, de conformidad con el mandato de integración económica, social y política prevista por la Constitución en los artículos 9 y 227.

Por último, en cuanto a la Resolución No. AG 7 de 2009, a través de la cual se modifican varios de los artículos del Convenio Constitutivo del BCIE señaló que son disposiciones sobre reservas y recursos del banco propios de cualquier institución financiera multilateral.

4. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

La Facultad de Jurisprudencia, a través de una de sus docentes, solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad de los instrumentos internacionales aprobados mediante la Ley 1585 de 2012.

En primer lugar, recordó que ya la Corte mediante sentencia C-172 de 1996 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.

En segundo término, que la Corte declaró exequible una reforma al Convenio Constitutivo del BCIE, mediante la sentencia C-1144 de 2004, en la cual reconoció de nuevo la importancia para Colombia de pertenecer a este organismo en desarrollo de los mandatos constitucionales previstos en los artículo 9, 226 y 227 del Texto Superior.

En suma, concluye que las reformas presentadas en esta oportunidad mantienen incólume las condiciones sustanciales en que opera el BCIE, y en esa medida, lo que corresponde es un pronunciamiento favorable sobre la constitucionalidad de la Ley 1585. Por tal motivo, destacó que las resoluciones: “contienen reformas que buscan actualizar los estatutos que rigen el Banco en cuanto a los criterios y buenas prácticas financieras, a una más clara delimitación de las funciones de los órganos de dirección, a una definición más precisa y limitada de la forma de elección de estos órganos y en general a propender por un crecimiento sólido del Banco. En tal sentido, las modificaciones propuestas responden a los mismos objetivos y cumplen con similares parámetros a los establecidos desde la constitución de este organismo, razón por la que consideramos que no debe haber modificación alguna en la posición de la Corte con relación a los instrumentos de la referencia.”.

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del trámite de la referencia, en el que solicitó a la Corte declarar inexequible la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”.

En cuanto al procedimiento legislativo, luego de hacer un recuento detallado de cada una de las etapas del trámite, el Ministerio Público concluyó que se cumplieron con las condiciones constituciones que exige la aprobación de este tipo de leyes, en especial, en materia de iniciativa, publicaciones, anuncios, quórum decisorio y deliberatorio, términos mínimos entre debates, discusión en máximo dos legislaturas y promulgación. Al respecto, deja constancia que no aparece en el expediente certificación de la votación en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Frente al análisis material del instrumento internacional, la Vista Fiscal adujo que las resoluciones objeto de estudio pretenden modificar el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Sobre el particular, destacó los pronunciamientos de constitucionalidad previos que ha realizado este Tribunal mediante las sentencias C-172 de1996 y C-1144 de 2004.

El Procurador General de la Nación advierte que Colombia no puede continuar vinculada al Banco Centroamericano para la Integración Económica en las condiciones previstas pues una es la situación para los países que son fundadores, y otra más desventajosa, para los demás miembros como Colombia. Resalta que con las modificaciones introducidas por la Resolución AG-13 de 2006, se reafirma la intención de la reforma incorporada por la Resolución AG-1 de 1998, mediante las cuales se pretende concentrar todos los beneficios y el control de BCIE en los países fundadores.

Bajo esas premisas, puntualiza lo siguiente: “Lo anteriormente analizado muestra que las condiciones relativas al objeto del Banco Centroamericano de Integración Económica están encaminadas a favorecer únicamente a los cinco países fundadores de dicha entidad, sin que Colombia, siendo miembro del mismo, pueda aspirar, desde los puntos de vista de la equidad y la reciprocidad, a recibir un tarto similar de esa membresía, en materia de reales beneficios, a cambio de sus aportes, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 226 de la Constitución Política, en lo que atañe a los principios de derecho internacional público que rigen las relaciones internacionales de la República de Colombia, especialmente los de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Tan es así que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Convenio Constitutivo y reformado por la Resolución AG-1 de 1998, las acciones del Banco no devengan intereses ni dividendos, no pueden ser dadas en garantía, y únicamente son enajenables a otros países miembros”.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

1. Naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados.

En relación con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar dos aspectos: de una parte, la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción de las Resoluciones, y de otra, la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley objeto de análisis.

Al respecto, esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional. Por este motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República (Art. 154 C.P); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; (vi) la aprobación por votación nominal y pública[2]; y (vii) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes (Art. 241-10 C.P).

Por último, frente los aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de determinar si se ajustan o no a la Carta Política.

De acuerdo con este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio del tratado.

2. La revisión del aspecto formal.

2.1. Representación del Estado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación del once (11) de diciembre de dos mil doce (2012)[3], firmada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados, informó a esta Corporación que las resoluciones objeto de estudio “fueron remitidas en certificaciones originales al Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la nota ASJUR-0459/2009 de fecha 7 de mayo de 2009, en la que el Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dr. Nick Rischbieth Glöe señaló lo siguiente:

“[…]

Conviene apuntar que las mencionadas modificaciones al Convenio constitutivo del BCIE fueron válidamente adoptadas por el órgano competente respectivo, cumpliéndose con los demás requisitos formales previstos para tal efecto en el Artículo 35 del mismo Convenio Constitutivo.

En relación con estas modificaciones, resulta oportuno recordar que, en virtud de la reserva formulada por la República de Colombia al artículo 35 del Convenio Constitutivo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 884 del 4 de julio de 2004, el Estado Colombiano someterá a aprobación del Congreso Nacional de la República y a revisión de la Corte Constitucional, según los trámites establecidos en su Constitución, toda modificación del Convenio Constitutivo del BCIE que implique nuevas obligaciones para Colombia, o la modificación de las contraídas”.

En este contexto, la Sala recuerda que mediante sentencia C-1144 de 2004[4] se estableció que el mecanismo creado por el artículo 35 del Convenio Constitutivo del BCIE[5], para modificar sus cláusulas podría dar lugar a la violación de la Constitución Política de Colombia cuando se generaran obligaciones nuevas para el Estado. Por consiguiente, se señaló lo siguiente:

“(…) el mencionado artículo 35 de la Resolución N° AG-1/98 que modifica el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE podría dar paso al desconocimiento de los artículos 189 numeral 2°, 150 numeral 16 y 241 numeral 10 de la Constitución Política, que regulan el trámite de aprobación interna de los instrumentos internacionales susceptibles de generar obligaciones para el Estado Colombiano. Este eventual desconocimiento se produciría si las modificaciones al Convenio Constitutivo tuvieran el alcance de variar las obligaciones asumidas por el Estado colombiano en virtud del mismo.

De lo expuesto se desprende que el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento a la referida Resolución N° AG-1/98 formulando la correspondiente reserva, según la cual el Estado colombiano someterá a aprobación interna, según los trámites establecidos en su Constitución, toda modificación al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE que implique nuevas obligaciones para Colombia, o la modificación de las contraídas”

En consecuencia, en atención a la reserva formulada por el Gobierno de Colombia respecto a las modificaciones del Convenio Constitutivo del BCIE, aún no se han suscrito las Resoluciones objeto de estudio y el Gobierno solo podrá manifestar su consentimiento luego de que se haya surtido el trámite interno para su aprobación. Lo anterior significa que es necesaria la aprobación por parte del Congreso y la revisión de constitucionalidad para la adhesión de Colombia a las modificaciones del Convenio Constitutivo del BCIE.

2.2. Examen del trámite de la Ley 1585 de 2012 ante el Congreso de la República.

Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, esta Corporación estableció que el proyecto de ley radicado bajo los números 113 de 2011 Senado y 159 de 2011 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1585 de 2012, por medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”, surtió el siguiente trámite:

2.2.1.1. El proyecto de ley correspondiente a la aprobación de la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”, fue presentado al Congreso de la República el 7 de septiembre de 2011, por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. El texto del proyecto de ley y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso N° 666 del 7 de septiembre de 2011[6].

2.2.1.2. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda y fue publicada en la Gaceta del Congreso N° 756 del 6 de octubre de 2011[7].

2.2.1.3. El proyecto de ley 113 de 2011 fue anunciado por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado, en dos oportunidades así:

La primera, el 1 de noviembre de 2011, según consta en el Acta No. 09 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 154 del 17 de abril de 2012, en los siguientes términos:

“La señora Presidenta Alexandra Moreno Piraquive, manifiesta:

Señor Secretario anexemos la solitud del Senador Benedetti, por favor anuncie proyectos, para el martes y miércoles vamos a sesionar, hay 20 proyectos de ley para debatir.

El señor Secretario Diego Alejandro González González:

Procede con el Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, por instrucciones de la Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003).

(…)

9. Proyecto de ley número 113 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.

Autores: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ponente: Honorable Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda.

Publicaciones:

Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 666 de 2011.

Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 756 de 2011.

(…)

La señora Presidenta Alexandra Moreno Piraquive:

Se levanta la sesión, se convoca para el martes 10:00 de la mañana, muchas gracias”.[8]

La segunda, el 9 de noviembre de 2011, según consta en el Acta No. 10 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 153 del 17 de abril de 2011, en los siguientes términos:

“Le informo Señora Presidenta respecto del segundo punto del Orden del Día, la Secretaría deja constancia que considerando que la convocatoria se hizo con fecha cierta, es decir, para la sesión del día de ayer martes y no se pudo llevar a cabo, porque la Plenaria fue citada a las 10:00 a. m., se rompería la cadena de anuncios, en consecuencia debe procederse anunciando los proyectos de ley nuevamente para que sean votados el día martes próximo.

La señora Presidente, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa:

Anunciamos para la próxima sesión de la Comisión, posiblemente el martes esperamos evacuar los proyectos de ley, y para el miércoles ya está confirmado el debate con el señor Ministro de Comercio. Anunciemos proyectos para la próxima sesión de la Comisión señor Secretario.

El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, procede con el anuncio de los proyectos de ley: Por instrucciones de la presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, me permito realizar el anuncio para discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión:

(…)

Autores: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ponente: honorable Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda.

Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 666 de 2011.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 756 de 2011.

(…)

Están anunciados los 16 proyectos de ley para ser votados en la próxima sesión de la Comisión, señora Presidenta.

La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa:

Anunciados los proyectos, se convoca para la próxima sesión de la Comisión la próxima semana a las 10:00 a. m. se levanta la sesión. Muchas gracias.”[9].

2.2.1.4. De acuerdo con la certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República[10], el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 16 de noviembre de 2011, según consta en el Acta N° 11 de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso N° 155 de 2012[11], con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los 13 senadores que conforman esa Comisión. En dicha Gaceta, sobre la votación nominal y pública se advierte lo siguiente:

“La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, somete a consideración de los Senadores de la Comisión, el informe final de la ponencia. Aprueban los honorables Senadores el informe final de la ponencia y la proposición leída.

El Secretario de la Comisión, doctor Diego González, informa a la Presidencia que ha sido aprobada la proposición del informe final de ponencia del Proyecto de Ley 113 de 2011 Senado.

La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno, somete a consideración de los Senadores de la Comisión, la omisión de la lectura del articulado y el articulado. Lo aprueban señores Senadores.

El Secretario, doctor Diego González González, informa que ha sido aprobado por la Comisión, la omisión de lectura del articulado y el articulado del Proyecto de Ley 113 de 2011 Senado.

Título del proyecto.

Proyecto de Ley número 113 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la Resolución número AG-14/2005, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la Resolución número AG-13/2006, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la Resolución número AG-10/2007, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la Resolución número AG-7/2009, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.

Está leído el título del proyecto.

La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, somete a consideración de los Senadores el título del proyecto leído. ¿Lo aprueban los honorables Senadores?

El Secretario informa a la Presidencia que sí es aprobado el título del proyecto de ley leído.

La señora Presidenta pregunta a los Senadores de la Comisión si quieren que este proyecto de ley sea ley de la República.

El Secretario informa que los Senadores sí quieren que este proyecto de ley se convierta en ley de la República.

La Presidente, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, nombra como ponente para el segundo debate al mismo Senador Carlos Emiro Barriga.”[12].

2.2.1.5. La ponencia para segundo debate fue presentada por el Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, y publicada en la Gaceta del Congreso N° 886 del 24 de noviembre de 2011[13].

2.2.1.6. Según certificación expedida el 3 de diciembre de 2012 por el Secretario General del Senado de la República[14], Gregorio Eljach Pacheco, el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 30 de noviembre de 2011, según consta en el Acta de Plenaria N° 24 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 36 del 16 de febrero de 2012. En el texto de la referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:

“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

Señor Presidente, el siguiente punto es el anuncio de proyectos, entonces me voy a permitir leerlos, anunciar los proyectos de ley para discutir y votar en la siguiente sesión Plenaria:

(…)

Proyectos para Segundo Debate

(…)

– Proyecto de ley número 113 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la Resolución número AG-14/2005, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la Resolución número AG-13/2006, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la Resolución número AG-10/2007, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y Resolución número AG-7/2009, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009, hecha en París el 23 de marzo de 2007.

(…)

El Presidente de la Corporación, honorable Senador Juan Manuel corzo Román, interviene para lo siguiente:

(…)

Siendo las 7:02 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día lunes 5 de diciembre de 2011, a las 4:00 p. m.”[15]

2.2.1.7. Según la certificación referida en el numeral anterior, el Proyecto de Ley fue considerado en segundo debate el 5 de diciembre de 2011 con “el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria”, como consta en el Acta N° 25 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 37 del 156 de febrero de 2012[16]. Sobre la aprobación es pertinente citar el momento de la votación:

“La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el informe de ponencia.

Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.

La Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.

SE ABRE SEGUNDO DEBATE.

Por solicitud el honorable Senador José Iván Clavijo Contreras, la Presidencia pregunta a la plenaria si acepta omitir la lectura del articulado del proyecto y, cerrada su discusión, esta responde afirmativamente.

La Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto en bloque y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.

Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 113 de 011 Senado.

por medio de la cual se aprueba la ¿Resolución número AG-14/2005, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid el 8 de septiembre de 2005; la Resolución número AG-13/2006, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la Resolución número AG-10/2007, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa el 23 de marzo de 2007; y Resolución número AG-7/2009, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa el 29 de abril de 2009, hecha en París el 23 de marzo de 2007.

Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.

Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su tránsito en la honorable Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto del Orden del Día.”

2.2.1.8. De acuerdo con la certificación expedida el 3 de diciembre de 2012 por el Secretario General del Senado de la República[17], el texto definitivo del proyecto de ley 113 de 2011 Senado, aprobado en la plenaria del 5 de diciembre de 2011, fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 946 del 7 de diciembre de 2011.

2.2.2 Trámite en la Cámara de Representantes.

2.2.2.1. Radicado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes con el número 159 de 2011, se le repartió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designado como ponente coordinador el Representante a la Cámara, Albeiro Vanegas Osorio. El informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 363 de 13 de junio de 2012[18].

2.2.2.2. De acuerdo con la certificación allegada a esta Corporación, el 10 de diciembre de 2012[19], por la Secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el proyecto fue anunciado en sesión del 25 de julio de 2012, según el Acta No. 2 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 583 del 4 de septiembre de 2012[20], en cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. Según el texto de la referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:

“Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Han sido aprobadas las proposiciones leídas: las del día de ayer, las del día de hoy señor Presidente, y si usted me lo permite hacer la aclaración frente al a nuncio que se realizó porque por un error mecanográfico, la última parte del orden del día en la parte de los anuncios el punto cuarto; no sé qué pasó, se pasaron cuatro renglones que no correspondían a ese proyecto, entonces el anuncio correctamente para la próxima sesión, en donde haya debate y votación de proyectos es el siguiente señor Presidente, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto legislativo número 03.

1. Proyecto de ley número 159 de 2011 Cámara, 113 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009″, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.

Autor: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar, Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Juan Carlos Echeverry.

Ponente: honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio.

Las publicaciones son las mismas anunciadas anteriormente que son:

Publicaciones:

Texto del proyecto: Gaceta del Congreso número 666 de 2011.

Ponencia Primer Debate Senado: Gaceta del Congreso número 756 de 2011.

Ponencia Segundo Debate Senado: Gaceta del Congreso número 886 de 2011.

Ponencia Primer Debate Cámara: Gaceta del Congreso número 363 de 2012.

Este es el proyecto que se anuncia señor Presidente, realizadas las aclaraciones mecanográficas del caso

(…)

Hace uso de la palabra el señor Presidente (e), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo:

Se cita para el miércoles a las 10 de la mañana.

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Así se hará señor Presidente, el próximo miércoles quedan citados honorables Representantes a sesión de Comisión, no sin antes darles las gracias por su asistencia.

Se levanta la sesión a las 11:10 a. m.”[21]

2.2.2.3. El 1º de agosto de 2012, se llevó a cabo la siguiente sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, según Acta N° 03 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 596 del 6 de septiembre de 2012[22]. En efecto, en la misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral anterior, la Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes hizo constar que, de acuerdo con el Acta N° 03 del 1º de agosto de 2012, el proyecto de ley bajo estudio “se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria, con la presencia de 15 Honorables Representantes”[23], así:

“Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

(…).

En consideración el informe de ponencia, anuncio su discusión, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión?

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Ha sido aprobado con el quórum reglamentario.

Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Señor Presidente le informo que son tres artículos debidamente publicados en la gaceta correspondiente.

Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

Si el articulado no tiene proposiciones, entonces vamos a someter el articulado, se abre la discusión del articulado, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueban el articulado?

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Ha sido aprobado el articulado leído señor Presidente.

Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

Título Señora Secretaria.

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

por medio de la cual se aprueba la Resolución número AG-14 de 2005, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica en Madrid, el 8 de septiembre de 2005, la Resolución número AG13 de 2006, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006. La Resolución AG número 10 de 2007, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa el 23 de marzo de 2007 y la Resolución número AG-7 de 2009, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa el 29 de abril de 2009.

Leído el título del proyecto Señor Presidente.

Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

Pongo en consideración ante la Comisión Segunda el título del proyecto y así mismo les pregunto si quieren que este proyecto pase a segundo debate, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, aprobado el título del proyecto leído señor Presidente y los honorables Representantes quieren que pase a segundo debate? Se designa como ponente al doctor Albeiro Vanegas para segundo debate. Tiene la palabra el doctor Telésforo Pedraza para una moción de orden.”[24]

2.2.2.4. Para segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Albeiro Vanegas Osorio, y fue publicada en la Gaceta del Congreso N° 628 del 21 de septiembre de 2012[25].

2.2.2.5. El anuncio del proyecto de ley 159 de 2011 Cámara, se realizó en la sesión del 25 de septiembre de 2012, según consta en el Acta N° 155 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 14 de 6 de febrero de 2013[26], en los siguientes términos:

“Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa:

Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión a Plenaria del día miércoles 26 de septiembre del 2012 o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de Ley o Actos Legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 en su artículo 8º.

(…)

Proyecto de ley número 159 de 2011 Cámara, 113 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la Resolución número AG-14 de 2005, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid el 8 de septiembre de 2005; la Resolución número AG-13 de 2006, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la Resolución número AG-10 de 2007, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la Resolución número AG-7 de 2009, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.

Señor Presidente han sido anunciados los proyectos de ley para el día de mañana miércoles 26 de septiembre del 2012.

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

Agotando el orden del día se levanta la sesión y se cita para el día de mañana miércoles las dos de la tarde, muchas gracias.

Se levanta la sesión plenaria siendo las 7:33 p. m.”[27].

2.2.2.6. Según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue considerado y aprobado por unanimidad el 26 de septiembre de 2012 con asistencia de 150 representantes[28], como lo acredita el Acta de Plenaria N° 156 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 15 del 6 de febrero de 2013[29] en los siguientes términos:

En consideración el informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado ¿lo aprueba la Plenaria?

La Secretaría General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Sí, señor Presidente ha sido aprobado el informe.

Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

Articulado.

La Secretaría General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Tres artículos sin proposición señor Presidente.

Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

En consideración el articulado que ha sido publicado, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado ¿Lo aprueba la Plenaria?

La Secretaría General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Presidente ha sido aprobado.

Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

Título y pregunta.

La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:

Por medio de la cual se aprueba la Resolución número AG-14 de 2005, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la Resolución número AG-13 de2006, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la Resolución número AG-10 de 2007, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la Resolución número AG-7 de 2009, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.

Ha sido leído el título señor Presidente.

Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

En consideración el título y la pregunta, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado ¿Aprueba la Plenaria?

La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:

Aprobado señor Presidente y así lo quiere la Plenaria.

Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

Próximo proyecto.”[30]

2.2.3 Cumplimiento de los límites temporales para tramitar el proyecto de ley.

La Corte ha precisado que la expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse en el sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones ordinarias para llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la ley[31].

En este caso se observa que se surtió el primer debate en la Comisión Segunda del Senado el 16 noviembre de 2011, y el último debate en plenaria de Cámara se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2012. Esto, permite afirmar que el proyecto inició y finalizó su trámite sin exceder dos legislaturas, comprendidas entre el 20 de julio de 2011 y el 20 de junio de 2012, y el 20 de julio de 2012 y el 20 de junio de 2013.

2.2.4 Cumplimiento de los requisitos derivados del artículo 160 de la Constitución.

De acuerdo con el primer inciso del artículo 160 de la Constitución, entre el primer y segundo debate deben transcurrir por lo menos ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, debe mediar un término no inferior a 15 días.

En el presente caso se tiene que el primer debate en el Senado tuvo lugar el 16 de noviembre de 2011 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2011, es decir, que transcurrieron más de 15 días entre los debates realizados por el Senado de la República. Igualmente, entre el tercer y cuarto debate en la Cámara de Representantes mediaron más de ocho días, puesto que el primero de ellos se celebró el 1º de agosto de 2012, y la plenaria se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2012. Además, entre la aprobación del Proyecto en el Senado, realizada el 5 de diciembre de 2011, y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes, efectuada el 1º de agosto de 2012, corrió un lapso superior a quince días.

En cuanto al inciso final del artículo 160 de la C.P., es preciso revisar la cadena de anuncios con el propósito de verificar que el proyecto de ley haya sido anunciado en una sesión distinta a aquella en la cual se votó. Para tal efecto, se sintetiza en el siguiente cuadro todo el procedimiento legislativo[32]:

(i) El Proyecto de Ley inició su trámite en el Senado de la República

Ver supra 2.2.1.1.

(ii) El Proyecto de Ley fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo

Ver supra 2.2.1.1.

(iii) El Proyecto de Ley fue aprobado en primero y segundo debate en cada una de las cámaras legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso y sin que pueda verificarse una votación nominal y pública.

En Senado:

Primer debate: Ver supra 2.2.1.4.

Segundo debate: Ver supra 2.2.1.7.

En Cámara

Primer debate: Ver supra 2.2.2.3.

Segundo debate: Ver supra 2.2.2.6.

(iv) Las ponencias tanto en comisiones como en plenarias fueron publicadas antes de iniciarse los debates;

En Senado:

Segundo debate: Ver supra 2.2.1.5

En Cámara

Primer debate: Ver supra 2.2.2.1.

Segundo debate: Ver supra 2.2.2.4.

(v) Entre el primer y segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurrieron los términos señalados en el inciso primero del artículo 160 Superior: ocho y quince días respectivamente; Ver supra 2.2.4.

En Senado

La aprobación en primer debate en el Senado tuvo lugar el 16 de noviembre de 2011 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2011; Ver supra 2.2.1.4 y 2.2.1.7.

En Cámara

El primer debate en Cámara tuvo lugar el 1 de agosto de 2012 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2012; Ver supra 2.2.2.3 y 2.2.2.6.

Entre la aprobación del Proyecto en el Senado (5 de diciembre de 2012) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (1º de agosto de 2012) transcurrió un lapso no inferior a quince días.

(vi) Fue cumplido en cada una de las etapas del trámite legislativo el requisito del anuncio previo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 C.P.

En Senado

El anuncio para el Primer debate se produjo en dos oportunidades el 1º de noviembre y el 9 de noviembre de 2011 y la aprobación se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2011; Ver supra 2.2.1.3.

El anuncio para el Segundo debate se produjo el 30 de noviembre de 2011 y la aprobación se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2011; Ver supra 2.2.1.6.

En Cámara

El anuncio para el Primer debate se produjo el 25 de julio de 2012 y la aprobación se llevó a cabo el 1º de agosto de 2012; Ver supra 2.2.2.2.

El anuncio para el Segundo debate se produjo el 25 de septiembre de 2012 y la aprobación se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2012; Ver supra 2.2.2.5

2.3. Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional.

El 31 de octubre de 2012, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1585 de 2012. Esta Ley fue remitida para su estudio a la Corte Constitucional el 1º de noviembre de 2012, a través de oficio suscrito por la Secretaria Jurídica de la Presidencia[33]. Esto es, dentro del término de seis días dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.

2.4 A partir de la información antes reseñada, la Sala encuentra que el proceso legislativo aplicado a la aprobación del proyecto de ley 113 de 2011 Senado y 159 de 2011 Cámara, cumplió con los requisitos constitucionales.

Sin embargo, la Sala considera necesario hacer una precisión particular en lo que respecta al cumplimiento del requisito de la votación nominal y pública, prescrita en el artículo 133 C.P[34]. Al respecto, es preciso recordar que una de las excepciones que dan lugar a que se realice una votación diferente a la nominal y pública, es la existencia de unanimidad[35], como al parecer ocurrió en el trámite del proyecto de ley objeto de estudio.

Sobre la excepcionalidad de las votaciones ordinarias, la Sala Plena de esta Corporación mediante Auto 032 de 2012[36], precisó: “Como se observa, el legislador orgánico ha previsto un listado taxativo de modalidades de votación ordinaria, lo cual es apenas resultado del carácter exceptivo a los tipos de votación diferentes a la nominal y pública, impuesto por el artículo 133 C.P. En tal sentido, aquellas actuaciones del Congreso que no se hallen descritas en dicho listado, se comprenden subsumidas en la regla general que prevé la mencionada norma superior. Esto salvo que se trate de votaciones secretas, también expresamente identificadas por la legislación orgánica.[37]

A partir de los criterios normativos expuestos, la Sala encuentra que la votación del informe de objeciones presidenciales debió llevarse de forma nominal y pública, en tanto (i) es la regla general para las votaciones del Congreso, según lo señala el artículo 133 C.P. y el artículo 130 R.C.; y (ii) no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 129 R.C. antes transcrito.”[38]

Ahora bien, sobre la excepción por unanimidad en el Auto 086 de 2012[39], este Tribunal puntualizó: “De otra parte, si bien es preciso reconocer que la aprobación por unanimidad de una determinada decisión permite a la ciudadanía conocer el sentido del voto de cada participante, pues en todos los casos es el mismo, no es menos cierto que la sola posibilidad de emitir un voto unánime implícitamente le resta trascendencia y solemnidad a la diligencia de que se trata, al tiempo que desestimula o dificulta el eventual planteamiento de posturas disidentes. Así, se entiende que frente a asuntos de puro trámite o sustanciación, como sería más fácilmente la decisión de adoptar o desechar uno o más artículos previamente debatidos, se permita la votación por unanimidad, pues las circunstancias en que ella se produciría no afectan en forma significativa la seriedad que debe caracterizar la respectiva diligencia, y por el contrario, permiten alcanzar mayor agilidad y eficiencia”

2.5 De lo anterior, se puede concluir: i) que de conformidad con el mandato constitucional del artículo 133 de la C.P los integrantes de los cuerpos colegiados de elección popular deberán votar de forma nominal y pública salvo las excepciones legales; ii) que la votación nominal y pública debe ser la regla en la aprobación de los proyectos de ley sometidos a consideración en cada una de las comisiones y plenarias del Congreso de la República; iii) que las excepciones están contempladas de forma taxativa por la ley; y iv) que dentro de las excepciones legales se encuentra la votación por unanimidad respecto al articulado del proyecto.

Comoquiera que el articulado del proyecto fue aprobado en cada una de las sesiones tanto de las comisiones como de las plenarias por unanimidad su votación queda comprendida en la excepción prevista en el numeral 16 del artículo 129 del Reglamento del Congreso. Lo anterior significa que es posible avalar la votación ordinaria llevada a cabo en el presente trámite legislativo, como una excepción a la votación nominal y pública, teniendo en cuenta que en la verificación de la aprobación del proyecto de ley permite constatar que fue realizada por unanimidad.

Ahora bien, debe resaltarse que en el caso analizado existen suficientes pruebas dentro del trámite acerca de la unanimidad en la votación. Nótese que en varias de las etapas del trámite se prescindió de la lectura del articulado y que, además, no existió ninguna oposición a la manera cómo se aprobaba la iniciativa.

Lo anterior no quiere decir, en modo alguno, que el requisito constitucional de votación nominal y pública solo sea exigible en aquellos casos en que concurre el requisito de mayoría calificada. En contrario, esa modalidad de votación es la regla general para la aprobación de los proyectos de ley y acto legislativo, solo que opera coetáneamente con el mayor grado de escrutinio que se impone para el control judicial del procedimiento legislativo cuando la Carta Política exige mayoría calificada. En ese último evento, es claro que la validez de la excepción derivada de la votación unánime dependerá de la posibilidad de comprobar que se contó con las mayorías requeridas.

Llevada esta regla al caso analizado, se tiene que hay evidencia de la unanimidad y de la existencia de quórum decisorio en cada uno de los debates, lo que permite, en el contexto propio de cada sesión, acreditar la votación por la mayoría simple exigible en el presente evento.

2.6 En suma, la Sala concluye que para el asunto bajo examen resultan acreditados todos los requisitos propios del trámite de las Leyes ordinarias; y que por tanto, no se evidencia defecto constitucional alguno en cuanto al análisis formal de la Ley 1585 de 2012, por medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”

3. Análisis Material

Para efectos de este análisis, la Corte estudiará de forma separada el contenido de cada una de las resoluciones aprobadas mediante la Ley 1585 con el propósito de definir si su contenido se encuentra en armonía con la Constitución Política. Previamente, se resumirán las sentencias C-172 de 1996[40] y C-1144 de 2004[41], en las que este Tribunal tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica.

3.1 Pronunciamientos previos de la Corte Constitucional sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica.

3.1.1 La sentencia C-172 de 1996 avaló la exequibilidad del Convenio Constitutivo del BCIE y del Protocolo de Reformas al mismo, lo que significa que se declaró constitucional el ingreso de Colombia en el BCIE. Para este Tribunal la participación de Colombia en el BCIE responde a los mandatos constitucionales de integración económica prevista en los artículos 226 y 227 de la C.P.[42]. En concreto, la Corte advirtió que: “(…) el Banco Centroamericano de Integración Económica es una entidad de derecho internacional de carácter financiero cuyo objeto principal consiste en apoyar la integración y desarrollo económico de los países de Centroamérica, abierto desde 1989 al ingreso de países extraregionales, lo cual no modifica el objetivo expuesto perseguido por el Banco.

En desarrollo de su objetivo, el BCIE ha sido la principal entidad financiera de la región centroamericana, apoyando innumerables proyectos en el sector productivo y social de los países de esta zona. Posteriormente a la aprobación del protocolo de reformas han adherido al Convenio en calidad de miembros extraregionales, México y China, y se espera la pronta incorporación de Venezuela, Argentina, la Comunidad Económica Europea, Corea del Sur y Japón.

El articulado del Convenio y su Protocolo de reformas contiene las normas usuales que regulan la organización y funcionamiento de los organismos internacionales de carácter financiero y corporativo, señalando como es de rigor, el objeto de la institución, la conformación de su capital, sus operaciones, los órganos de administración y las normas de su operancia, las causas de disolución y la forma de liquidación.

(…)

El fin previsto para ser alcanzado por la institución, esto es la integración y desarrollo económico de los países centroamericanos, a cuya consecución se orientan todas las demás normas del convenio y del protocolo, se encuadra perfectamente dentro de los objetivos de los artículos de la Constitución Política.”

3.1.2 Por su parte, la sentencia C-1144 de 2004 declaró la constitucionalidad de la Ley 884 de 2004, norma aprobatoria de la Resolución N° AG-1/98[43], mediante la cual se modifica el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica[44]. En esta oportunidad, la Corte reiteró que la participación de Colombia en el BCIE responde a preceptos constitucionales sobre la internacionalización de las relaciones internacionales (Art. 226 de la C.P.), y en especial, la integración económica latinoamericana (Art. 227 de la C.P.). Del mismo modo, encontró la resolución modificatoria ajustada a la Constitución en tanto: “(…) no contradicen el artículo 9° superior, toda vez que respetan los principios de reciprocidad, equidad y conveniencia nacional[45]. En efecto, los dos primeros principios anteriores son respetados, por cuanto Colombia no adquiere obligaciones distintas a las que vinculan a los demás miembros extra regionales del Convenio, obtiene las mismas ventajas a que todos ellos son acreedores, y viene a ser sujeto de beneficios en la medida de su compromiso con los intereses de integración que promueve el Banco”

3.1.3 En suma, las sentencias precedentes permiten concluir que la Corte ha declarado constitucional la pertenencia de Colombia al BCIE por encontrarla conforme a los artículos 9, 226, 227 y 189.2 de la Constitución Política. En tal sentido, esta Corporación ha encontrado que la vinculación de Colombia al BCIE hace parte de las facultades otorgadas al Presidente de la República para dirigir las relaciones internacionales, y en virtud, de ese mandato puede suscribir acuerdos internacionales para que en desarrollo de los principios de soberanía, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional pueda comprometer internacionalmente al Estado mediante obligaciones orientadas a fortalecer la internacionalización de las relaciones políticas y económicas, entre otras, y promover la integración latinoamericana.

En el mismo sentido, se puede reseñar la intervención del ponente para primer debate el Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, durante el trámite legislativo:

“Cuál es la importancia de este Banco Centroamericano de Integración Económica?: primero porque busca la generación de oportunidades y riqueza a través de la creación de empleo para las clases menos favorecidas; generación de capacidades a través del apoyo de programas de entrenamiento técnico, apoyo al compromiso de los países en el cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio; contribuir en el mejoramiento del clima de negocios de la región, para promover la inversión extranjera, directa y local. Convertir al banco en un centro de apoyo para la competitividad regional; fomentar alianzas estratégicas con actores claves para incrementar el impacto del banco, en el tema de apoyo de la inserción internacional en la región.

Desempeñar un papel clave en los procesos de negociación, ratificación, implementación y sostenibilidad de los acuerdos de apertura económica; impulsar el proceso de integración física, económica, comercial y financiera de la región; fortalecer el mercado financiero regional; propiciar la armonización de marcos regulatorios y la adopción de mejores prácticas en sectores estratégicos; desarrollar programas regionales de protección ambiental al cambio climático.

Me parece que la aprobación de estas 4 resoluciones, le permite no solo a todos los países miembros, sino a Colombia tener mayores posibilidades para mejorar en el tema social, educativo, de salud, porque desde allí vienen recursos a través de Convenios para Colciencias y para el Sena, para muchas instituciones que tienen que ver con el agro. Esto nos permite a través de esos recursos que tiene el banco, poder avanzar y poder ser más competitivos en razón a todos los Tratados de Libre Comercio que ha venido firmando Colombia con diferentes países del mundo.”[46]

Igualmente, las intervenciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, coinciden en reafirmar la importancia de la participación de Colombia en el BCIE:

“Hace uso de la palabra la doctora María Fernanda Suárez, Directora de Crédito Público:

Muy buenos días a todos, señor Presidente, señora Secretaria y Señores honorables Representantes de la Comisión Segunda. Es un propósito del Gobierno Nacional someter a consideración del Congreso la aprobación que busca las modificaciones al convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Para hacerlo de manera muy sucinta, este banco está constituido desde 1960, Colombia participa en este Banco desde 1997 y como se han enunciado desde el 2005 se han hecho diferentes modificaciones a este convenio constitutivo, que vamos a someter a su consideración.

La importancia para la República de Colombia de participar y de continuar nuestra activa participación en el Banco Central Americano se basa en la importancia estratégica que tiene para nosotros como Nación continuar promoviendo las relaciones y los instrumentos de financiación tanto de la República de Colombia como las entidades territoriales y el sector privado en asuntos que tengan que ver con la integración con Centroamérica. Como bien hemos visto recientemente se han adelantado muchos proyectos de integración con esta región y por eso consideramos que es conveniente para Colombia continuar en este proceso.

(…)

Buenos días señor Presidente, honorables Representantes, la señora Secretaria. En primer término en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores expresar las excusas o reiterar las de la señora Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín, quien de forma expresa cursó dichas excusas mediante nota de fecha 30 de julio del año en curso, considerando que debe acompañar al Presidente de la República en la jornada de rendición de cuentas, que el señor Presidente de la República está presentando en la ciudad de Pasto en la fecha.

De manera muy sucinta, como lo ha solicitado el honorable Representante, simplemente queremos señalar que desde el punto de vista de la juridicidad de las resoluciones adoptadas por el Banco Centroamericano de integración económica, sujeto de derecho internacional, como quiera que está dotado de personería jurídica y por ende habilitado para actuar en el ámbito del derecho internacional, quisiéramos señalar que la fuente o sustento de dichas resoluciones emana del convenio constitutivo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, suscrito en el año 1960 y el protocolo de reformas al convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, suscrito en el año 1989, instrumentos que fueron aprobados mediante la Ley 213 de 1995, lo cual cimenta las fuentes jurídicas con base en las cuales fueron expedidas o emanadas dichas resoluciones, lo que demuestra su juridicidad. A su turno y desde la perspectiva constitucional este proyecto de ley se sustenta, a su turno en el artículo 9° y en el artículo 227 de la Constitución Política que instan a que la política exterior de la República de Colombia se oriente hacia la integración económica y social con América Latina y el Caribe, con base en esos presupuestos y en aras de la brevedad y en procura de una ilustración, ya digámoslo consolidado por parte de esta ilustre Comisión, señor Presidente solicitamos muy comedidamente que se considere la aprobación del proyecto de ley. Muchas gracias.”[47]

Del mismo modo, la intervención de la Viceministra de Relaciones Exteriores en la Plenaria de la Cámara de Representantes enfatizó:

“Palabras de la señora Viceministra de Relaciones Exteriores, doctora Mónica Lanzetta Mutis:

Muchas gracias señor Presidente, honorables Representantes, me complace estar aquí para analizar y para considerar el proyecto sobre las modificaciones al Banco Centroamericano de Desarrollo que como es de conocimiento de ustedes es una entidad de carácter internacional, fue creado en 1960 y tiene por objeto promover la integración y el desarrollo de los países fundadores (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) y el banco tiene su sede en Honduras, es la institución financiera más sólida de la región. Mediante Ley 213 de 1995 Colombia aprobó el convenio constitutivo del banco y el protocolo modificatorio del mismo y Colombia es entonces socio extrarregional del banco y hace presencia permanente en la institución y tiene representación en el directorio y en la asamblea de gobernadores.

(…)

Concluyo con esto señor Presidente y quisiera señalar cómo todos los proyectos de profundización de la integración de Colombia con la región centroamericana tiene una gran prioridad y toda vez que esta es la entidad más sólida de la región la entidad financiera más importante y de mayor impacto en la región, Colombia y nosotros desde el Ministerio consideramos que la reforma que se propone y que ha sido recomendada por la Junta de Gobernadores del banco, reviste la mayor importancia para su fortalecimiento.”[48]

El anterior marco contextual se muestra necesario para descartar las argumentaciones presentadas por el Procurador General de la Nación sobre la pertinencia de la participación de Colombia en el BCIE. De un parte, para la Sala existe cosa juzgada sobre este aspecto en los términos planteados en las sentencias C-172 de 1996 y C-1144 de 2004, y de otra, es preciso reiterar que la participación de Colombia en el BCIE está en armonía con los artículos 9 (principios que orientan las relaciones internacionales, en especial la integración con Latinoamérica y el Caribe), 226 (principios de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas), 227 (promoción de la integración económica, social y política, en especial, con Latinoamérica) y 189.2 (dirección de las relaciones internacionales por parte del Presidente de la República) de la Constitución Política.

3.2 La constitucionalidad de las resoluciones aprobadas mediante la Ley 1585 de 2012.

3.2.1 El examen de constitucionalidad de las resoluciones contenidas en la Ley 1585 de 2012 se hará de forma separada, identificando en qué consisten los cambios introducidos por cada una de ellas[49].

3.2.2 Descripción del contenido de la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005. Esta Resolución tiene dos artículos, el primero, modifica el Artículo 8 del Convenio Constitutivo del BCIE, y el segundo, determina que dicha modificación entrará en vigencia tres meses después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco dirigida a todos los socios.

En cuanto a la modificación del artículo 8, la Sala presenta la versión anterior del artículo para contrastarla con la modificada:

Artículo 8, modificado por el artículo 1 del Protocolo de Reformas aprobado en la Ley 213 de 1995[50]

Artículo 8, una vez modificado por

la Resolución AG-14/2005

El Banco financiará exclusivamente programas o proyectos económicamente sanos y técnicamente viables y se abstendrá de hacer préstamos o de adquirir responsabilidad alguna por el pago o refinanciamiento de obligaciones anteriores.

Las operaciones del Banco deberán basarse exclusivamente en criterios técnicos, financieros y económicos; consecuentemente, no deberán influir en los mismos criterios de carácter político relacionados con cualquier Estado miembro.

El Banco financiará exclusivamente programas o proyectos económicamente sanos y técnicamente viables.

Como se observa, las reformas introducidas en la disposición eliminan la posibilidad de refinanciar préstamos u obligaciones anteriores y definen de forma genérica el marco de actuación de la institución financiera al momento de realizar sus operaciones. De hecho, estructuralmente el artículo reformado se encuentra en el Capítulo III del Convenio Constitutivo denominado Operaciones.

Al respecto, advierte la Corte, en concordancia con las intervenciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Universidad Externado de Colombia, que las modificaciones del artículo 8 del Convenio Constitutivo se refieren a los lineamientos del BCIE en la realización de sus actividades financieras, y en esa medida, no se evidencia contradicción con las disposiciones constitucionales pertinentes.

Igualmente, destaca la Sala que de acuerdo con uno de los considerandos de la Resolución AG-14/2005, la modificación del artículo 8 responde a: “Que resulta necesario y oportuno revisar el alcance y contenido del artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica a la luz de las circunstancias del entorno y con la finalidad de que el Banco, en cumplimiento de su objeto, pueda atender nuevos esquemas e instrumentos de financiamiento conforme a las sanas prácticas bancarias.”

En conclusión, para el Pleno del Tribunal la Resolución AG-14/2005 no contiene preceptos que desconozcan la Constitución Política. En cuanto al artículo 1° se define el marco de acción para la realización de operaciones financieras, y en lo relacionado con el artículo segundo, la entrada en vigencia de las modificaciones al Convenio Constitutivo está sujeta al trámite interno de conformidad con la reserva hecha respecto al artículo 35 (Ver supra.2.1).

3.2.3 En cuanto al contenido de la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006, la Corte encuentra lo siguiente: Esta Resolución tiene dos artículos, el primero, modifica los artículos 1, 2, 3. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, y el segundo, determina que dichas modificaciones entrarán en vigencia tres meses después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco dirigida a todos los socios. Sobre este último aspecto se reitera que las modificaciones al Convenio Constitutivo del BCIE que generan nuevas obligaciones para Colombia dependen del trámite interno, de conformidad con la reserva hecha oportunamente (Ver supra.2.1)..

Ahora bien, respecto de cada uno de los artículos modificados se utilizará la misma metodología que con la Resolución analizada previamente, es decir, contrastar el artículo anterior con el modificado para determinar los cambios efectuados. No obstante, el estudio de constitucionalidad se hará teniendo en cuenta al capítulo al que pertenecen los artículos reformados estructuralmente. En este caso la reforma de los artículos 1, 2 y 3 se encuentra en el Capítulo I sobre la naturaleza, objeto y sede del BCIE y los artículos 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 en el Capítulo IV relacionado con la organización y administración del BCIE:

Capítulo I. Naturaleza, Objeto y Sede

Artículo 1, una vez modificado por

la Resolución AG-13/2006

El Banco Centroamericano de Integración Económica, es una persona jurídica, de carácter internacional, que ejercerá sus funciones conforme al presente Convenio Constitutivo y sus Reglamentos.

El Banco Centroamericano de Integración Económica es una institución financiera multilateral de desarrollo de derecho internacional público, con personalidad jurídica, que se regirá por las disposiciones contenidas en el presente Convenio Constitutivo y sus reglamentos.

En este artículo se establece la naturaleza jurídica del BCIE, puntualizando que se trata ya no de una persona jurídica de carácter internacional sino de una institución financiera multilateral de desarrollo de derecho internacional público. Igualmente, precisa que el banco se regirá por el Convenio Constitutivo y sus reglamentos.

Artículo 2, modificado por el artículo 1 del Protocolo de Reformas aprobado en la Ley 213 de 1995[52] y adicionado por la Ley 884 de 2004[53]:

Artículo 2, una vez modificado por

la Resolución AG-13/2006

El Banco tendrá por objeto promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de los países Centroamericanos, en cumplimiento de este objetivo atenderá programas o proyectos de:

a) Infraestructura que completen los sistemas regionales existentes o que compensen disparidades en sectores básicos que dificulten el desarrollo equilibrado de Centroamérica;

b) Inversión a largo plazo en industrias de carácter regional o de interés para el mercado Centroamericano, que contribuyan a incrementar los bienes disponibles para intercambio centroamericano o para éste y el sector exportador;

c) Inversión en el sector agropecuario que tengan por objeto el mejoramiento, la ampliación o la sustitución de las explotaciones;

d) Financiamiento de empresas que requieran ampliar o rehabilitar sus operaciones, modernizar sus procesos o cambiar la estructura de su producción para mejorar su eficacia y su capacidad competitiva;

e) Financiamiento de servicios que requiera el desarrollo de la región;

f) Complementación económica entre los países centroamericanos o que tiendan a aumentar el intercambio centroamericano y con terceros países;

g) Desarrollo social de los países centroamericanos;

h) Conservación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente; e

i) Financiamiento de estudios relacionados con los aspectos mencionados en este artículo y de aquellos otros programas o proyectos que autorice la Asamblea de Gobernadores.

j) Gran significación regional a los cuales dará atención preferente.

El Banco, teniendo en cuenta su objeto señalado en este artículo, podrá aceptar como beneficiarios a otros países, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4, literal a) de este Convenio.

El Banco tendrá por objeto promover la integración y el desarrollo económico y social equilibrado de los países fundadores. En cumplimiento de este objeto, tendrá las siguientes funciones: