T-131-16

           T-131-16             

Sentencia   T-131/16    

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Naturaleza     

Esta Corporación ha protegido el derecho al agua, entendiendo que   el agua potable para el consumo humano tiene el carácter de fundamental. El agua   tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo. La dimensión objetiva de los   derechos fundamentales hace referencia a su poder vinculante frente a todos los   poderes públicos. En efecto, los derechos fundamentales constituyen un sistema   de valores positivizado por la Constitución que guía las decisiones de todas las   autoridades, incluido el Legislador. Como derecho subjetivo, la tutela del   derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales en escenarios   de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de particulares,   especialmente cuando se trata de agua para consumo humano.    

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Contenido    

El contenido de este   derecho ha sido precisado por la Corte de conformidad con la Observación General   15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones   Unidas de la siguiente manera: “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre,   aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.    

PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Fin social del Estado     

En un principio   el Estado tiene la obligación constitucional de prestar eficientemente los   servicios públicos domiciliarios, ya sea de forma directa o indirecta a través   de entidades territoriales o particulares. Sin embargo, en cualquier caso el   Estado mantiene la facultad de regulación, control y vigilancia de dichos   servicios, lo anterior con la finalidad de que sean prestados de manera   eficiente a todos los ciudadanos.    

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Naturaleza jurídica, alcance y contenido     

DERECHO AL AGUA POTABLE Y A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración por negativa de   instalación de acueducto y alcantarillado    

DERECHO AL AGUA POTABLE Y A LA VIVIENDA DIGNA-Orden a empresa de acueducto   suministrar provisionalmente agua potable a la vivienda del peticionario a   través del medio que se estime idóneo y eficaz, en una cantidad que garantice el   consumo diario    

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Orden a Alcaldía Municipal inscribir al accionante y a su núcleo   familiar en los programas de reubicación o mejoramiento de vivienda del   municipio    

Referencia: expediente T-5.268.139    

Acción de tutela instaurada por José Albeiro Sánchez Murillo contra   ACUAVALLE S.A E.S.P- Oficina de Alcalá, Valle    

Tema: (i) el   contenido del derecho fundamental al agua potable, (ii) la prestación de los   servicios públicos como una finalidad social del Estado,  (iii) el alcance   y contenido general del derecho a la vivienda digna.    

Problema   jurídico: le corresponde a la Sala Séptima de Revisión de Tutelas establecer si   ACUAVALLE S.A E.S.P. de Alcalá, está vulnerando los derechos fundamentales a la   salud, a la vida digna y al agua potable del actor y de su núcleo familiar, al   negarse a autorizar la instalación del acueducto y alcantarillado en su vivienda   debido a la inexistencia de redes de alcantarillado conforme a las condiciones   técnicas requeridas.    

Derechos Fundamentales invocados: Agua, salud, vida digna.    

Magistrado Ponente:    

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB    

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos   mil dieciséis (2016)    

La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub   -quien la preside-, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio   de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las   previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha   proferido la siguiente:    

En el trámite de revisión de las decisiones adoptadas (i)   por el Juzgado Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, el catorce (14)   de mayo de dos mil quince (2015), que concedió el amparo de los derechos   fundamentales a la vivienda digna, en conexidad con los derechos a la vida,   integridad física y a un ambiente sano del señor José Albeiro Sánchez   Murillo, en el curso de la acción de tutela interpuesta por él en contra de   ACUAVALLE S.A E.S.P- Oficina de Alcalá Valle y; (ii) por el Juzgado   Primero Civil del Circuito de Cartago, Valle, el veintiséis (26) de agosto de   dos mil quince, que revocó la decisión de primera instancia.    

Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución   Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Doce de la   Corte Constitucional eligió, el diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015),   para efectos de su revisión, el asunto de la referencia.    

De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala   de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.    

1.              ANTECEDENTES    

1.1.          SOLICITUD    

El señor José Albeiro Sánchez Murillo solicita   le sean tutelados sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y al   agua. En consecuencia, pide se ordene a la entidad accionada la instalación del   servicio de acueducto y alcantarillado en su vivienda sin costo alguno.   Fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:    

1.2.          HECHOS    

1.2.1.   El actor, de 67 años de edad, indica que es   una persona de la tercera edad, jefe de hogar, que vive en precarias condiciones   junto con su cónyuge y su hija de 19 años de edad.    

1.2.2.   Agrega que adquirió su vivienda a través de   un contrato de permuta y debido a su difícil situación económica no ha podido   realizar la escritura pública.    

1.2.3.  Señala que en varias oportunidades se ha acercado a las oficinas de   la accionada con el fin de solicitar la instalación del servicio de suministro   de agua potable en su vivienda, ubicada en el municipio de Alcalá, en la vía que   conduce hacia la Institución Educativa Arturo Gómez Jaramillo. Solicitud que le   ha sido negada.    

1.2.4.  Asegura que su vivienda cuenta con el servicio de energía eléctrica   y no entiende las razones por las cuales la accionada se niega a prestarle el   servicio requerido con urgencia, pues él y su esposa son personas de la tercera   edad, que tienen complicaciones de salud y es necesario dicha prestación.    

1.2.5.  Advierte que se acercó a la Personería Municipal para solicitar su   colaboración con el requerimiento de agua potable. En esta medida, ordenaron una   visita socioeconómica para certificar el estado de vulnerabilidad del núcleo   familiar del actor. Visita que es anexada al expediente.    

1.2.6.  Con base en lo expuesto, el tutelante   solicita le sean protegidos sus derechos fundamentales a la salud, a la vida   digna y al agua potable. En consecuencia, requiere se ordene a la accionada la   instalación del servicio de acueducto y alcantarillado en su vivienda, el    cual es urgente debido a el precario estado en el cual se encuentran.    

1.3.           TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA    

1.3.1.  Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado   Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle, mediante auto del treinta (30) de abril de   dos mil quince (2015), la admitió y ordenó vincular, al Municipio de Alcalá,   Valle, a la Secretaría de Hacienda y a la oficina de Planeación Municipal, lo   anterior, toda vez que sus intereses podrían verse afectados con la decisión que   se adoptara.    

1.3.2.  Así mismo, ordenó notificar el contenido   del auto al accionante, a la entidad accionada, ACUAVALLE S.A E.S.P. de Alcalá y   a las entidades vinculadas anteriormente, para que pudieran pronunciarse sobre   los hechos relatados en la demanda.    

1.3.3.  Igualmente, ordenó oficiar al representante   legal de ACUAVALLE S.A E.S.P. de Alcalá, Valle, para que en el término de dos   (02) días contados desde la notificación del auto, informara si el señor JOSÉ   ALBEIRO SÁNCHEZ MURILLO había solicitado ante dicha entidad la instalación del   servicio de agua potable para la casa de habitación ubicada en la vía que   conduce hacia la Institución Educativa Arturo Gómez Jaramillo, en caso positivo   los motivos por los cuales no se le ha aceptado su inscripción e instalación.    

1.3.4.  Siguiendo con el mismo lineamiento, ofició   al Municipio de Alcalá, Valle, a la Secretaría de Hacienda y a la oficina de   Planeación Municipal del Alcalá, para que en el término de dos (02) días desde   la notificación del auto informaran: (i) Qué tipo de riesgos se podrían   generar al señor  JOSÉ ALBEIRO SÁNCHEZ MURILLO, en caso de aprobar algún   tipo de mejora o adaptación como acometida para el servicio de acueducto;   (ii) si la casa de habitación ubicada en la vía que conduce a la Institución   Arturo Gómez Jaramillo del perímetro urbano del municipio de Alcalá, Valle, en   la que reside el señor JOSÉ ALBEIRO SÁNCHEZ MURILLO y su esposa, se encuentra en   alto riesgo y; (iii) si la entidad ACUAVALLE S.A E.S.P. de Alcalá, Valle,    y/o JOSÉ ALBEIRO SÁNCHE MURILLO han solicitado ante esas entidades certificación   y/o permiso de uso de suelos que permita acreditar los requisitos para la   obtención de una matrícula de servicios públicos.    

1.3.5.   Por último, ordenó practicar diligencia de inspección judicial al   lugar donde reside el accionante, ubicada en la vía que conduce a la Institución   Arturo Gómez Jaramillo del perímetro urbano del Municipio de Alcalá, Valle.   Dicha diligencia tuvo lugar el día (11) de mayo de dos mil quince (2015) a las   2:00 pm.    

1.3.6.   Respuesta de la Oficina de Planeación   Municipal de Alcalá, Valle.    

“1. Qué tipo de riesgos se podrían generar al señor JOSE ALBEIRO   SÁNCHEZ MURILLO, en caso de aprobar algún tipo de mejora o adaptación como   acometida para el servicio de acueducto?    

RTA/ El único riesgo que se evidencia sería que para la instalación   de la acometida domiciliaria de acueducto es de una extensión aproximada de 10   ml y se debe hacer intervención en la vía Avenida Sur la cual hace poco fue   intervenida para su rehabilitación actividad que se debe realizar por parte del   propietario o solicitante de la acometida.    

2.Si la casa de habitación ubicada en la vía que conduce a la   Institución Arturo Gómez Jaramillo del perímetro urbano del municipio de Alcalá,   Valle, en la que reside el señor JOSE ALBEIRO SÁNCHEZ MURILLO y su esposa, se   encuentra en alto riesgo?    

RTA/ Para su aclaración y dentro de lo que especifica el EOT   detalla que esta área se encuentra en zona rural y teniendo en cuenta la   cartografía del área rural, también perteneciente al esquema de ordenamiento   territorial. No se encuentra en Zona de Alto Riesgo de acuerdo al plano de   erosión No. 5    

3. Si la entidad ACUAVALLE S.A  DEL ALCALÁ, VALLE,  y/o   JOSÉ ALBEIRO SÁNCHE MURILLO han solicitado ante esas entidades certificación y/o   permiso de uso de suelos que permita acreditar los requisitos para la obtención   de una matrícula de servicios públicos?    

RTA/ Después de revisar los archivos que reposan en la secretaría   de planeación se puede evidenciar que hasta la fecha no se ha solicitado por   parte de ninguna de las anteriores nombradas certificados de uso del suelo, ni   apariencia que lo relacione”.    

1.3.7.  Respuesta de la Secretaría de Hacienda   Municipal de Alcalá, Valle.    

Mediante oficio del cinco (05) de mayo de dos mil quince (2015), la   Secretaria de Hacienda Municipal de Alcalá, Valle, da respuesta a los numerales   1, 2 y 3 del punto Quinto contenido en el auto admisorio proferido el treinta   (30) de abril de dos mil quince (2015), por el Juzgado Promiscuo Municipal de   Alcalá, Valle. Al respecto precisó:    

“En cuanto al numeral 1: Evaluar el tipo de riesgo que se   podría generar como resultado de una mejora del predio, no es una labor que sea   de nuestra competencia. La evaluación y gestión del riesgo es competencia   exclusiva de la oficina de planeación Municipal.    

En cuanto al numeral 2: La   determinación de las zonas de Alto Riesgo es una gestión que compete   exclusivamente, a la Secretaría de Planeación del Municipio.    

En cuanto al numeral 3: Ni el   accionado ni la accionada han presentado ante ésta entidad, solicitudes de   certificación y/o permiso de usos de suelo. Hallamos perentorio destacar, que   esa no es una labor misional de nuestra entidad”.    

1.3.8.  Respuesta de ACUAVALLE S.A. E.S.P. de   Alcalá, Valle.    

Mediante oficio del cinco (05) de mayo de dos mil quince (2015), la   Doctora Victoria Murillo Polo, en calidad de apoderada de la entidad accionada   ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Alcalá, Valle, dentro del término correspondiente   contestó la tutela. Al respecto resaltó:    

“El Accionante demanda a Acuavalle S.A. E.S.P., la empresa que   represento por ser los prestadores de los servicios públicos en el municipio y   frente al asunto y dentro del marco de nuestras competencias, nos hemos limitado   por ahora a informar al interesado cuales son las exigencias de documentos y   también las técnicas para acceder al servicio; lo que realmente sucede y que   ha atrasado la autorización de la acometida solicitada; es que en el sector   donde reside el interesado no tiene red de alcantarillado y no se puede   autorizar una nueva acometida sin que existan construidas estas redes de   alcantarillado para conducir a través de ellas los residuos domésticos   provenientes del vivienda interesado en el servicio.    

Estos requisitos están consagrados en el decreto 302 del año 2000   en su artículo 7, Acuavalle S.A. E.S.P., destaca que no ha negado el servicio,   está a la espera que se allegue la documentación que corresponde demostrando la   manera técnica de cómo se van a manejar las aguas residuales ya que no existe   construido alcantarillado en la zona y esta obligación reitero le corresponde al   municipio.    

Como quiera que no existe alcantarillado sobre la vía donde está   ubicada la vivienda del Accionante; es posible autorizar la domiciliaria de   alcantarillado siempre y cuando el interesado construya un poso séptico o el   municipio amplié la cobertura de la red de alcantarillado, hasta el sector donde   está construida la vivienda del demandante.    

Es necesario precisar que la autoridad ambiental en este caso la   CVC, es la competente para aprobar el sistema de tratamiento y disposición final   de las aguas residuales, de conformidad con el numeral 7.5 del artículo 7 del   decreto 302 del 2000; como requisito previo para de nuestra parte autorizar la   acometida; la otra solución es que el municipio construya la red que hace falta.    

Lo expuesto en diez puntos por el demandante en los hechos hace   conocer su condición personal y familiar por la falta del servicio de acueducto,   es una situación que no ha propiciado la empresa que represento; sino por quien   tiene la obligación de construir la red de acueducto que es de responsabilidad   exclusiva del municipio, es decir que no es que nuestra empresa se niegue a   autorizar el servicio; sino que el problema es que no existen redes de   alcantarillado donde se pueda evacuar los residuos de la residencia.    

Si autorizamos una acometida de acueducto sin tener previsto la   disposición estaríamos siendo los generadores de problemas de salubridad pública   enormes.    

Lo afirmado en los hechos que fundamentan la tutela es una versión   acomodada del demándate para ampararse en una supuesta violación de sus derechos   fundamentales, que le convaliden el obtener un servicio sin el lleno de los   requisitos de ley; los cuales sus vecinos hasta donde existen redes si han   cumplido para el disfrute del servicio, no se puede equiparar esta situación   para salvaguardar el derecho a la igualdad, con otras personas que se cumplieron   con las exigencias técnicas y de ley para la obtención del servicio.    

Para probar que no existe red de alcantarillado en el sector donde   reside el demandado en el municipio de Alcalá, Valle, adjuntamos certificación   de la Coordinación de Operaciones de Acuavalle. S .A. E.S.P.    

Nos oponemos a que se nos obligue a autorizar una acometida   domiciliaria de acueducto, donde no existe red de alcantarillado por que el   municipio de Alcalá no la ha construido, siendo su responsabilidad la prestación   de los servicios públicos atendiendo el crecimiento del casco urbano municipal,   con la salvedad que mientras esto no se cumpla Acuavalle S.A. E.S.P., no podrá   autorizar la conexión.    

[…]    

El derecho de acceso a los servicios públicos domiciliarios está   sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos. En efecto cuando en el artículo   134 de la Ley 142 de 1994 prescribe que toda persona que habite o utilice de   manera permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los   servicios públicos, debe entenderse que ese título debe ser legitimo conforme a   las normas civiles.    

Las situaciones tácticas del Accionante frente a las personas que   tienen el servicio no es la misma, como para predicarse una violación al derecho   a la igualdad, pues la corte superior, ha reiterado que igualdad no es   igualitarismo y deben analizarse las situaciones de hecho y derecho de cada   situación y en el presente caso, señor Juez, no son las mismas […]    

Solicito al señor Juez, de manera respetuosa, rechazar por   improcedente el amparo deprecado, debido a que ACUAVALLE S.A. E.S.P no ha sido   sujeto activo de vulneración alguna a los derechos constitucionales del   Accionante, con fundamento en las razones anteriormente expuestas”. (Subrayado fuera del texto)    

1.3.9.  Diligencia de Inspección Judicial    

El once (11) de mayo de dos mil quince (2015), el Juzgado Promiscuo   Municipal de Alcalá, Valle, realizó la diligencia de Inspección Judicial   programada mediante auto del treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), a   las 2:00 PM en la vivienda del tutelante. En dicha diligencia se hicieron   presentes el tutelante, el juez promiscuo municipal y su secretaria. También se   hacen presentes en la diligencia  la  Dra. Gloria Estella Raigoza      Londoño  Personera    Municipal, el señor Carlos Humberto   Rodríguez Tabares  en su condición de Coordinador  2 de  la   Oficina  de ACUAVALLE de Alcalá y Carlota Gutiérrez  Giraldo  en     su   condición   de Ingeniera Civil Apoyo Profesional en   Coordinación de   Mantenimiento  de  agua  4  de   la entidad accionada. A continuación se transcriben apartes de la diligencia, a   saber:    

“[…] Se   procede a   la   ampliación     de   la   tutela   del   señor     JOSE ALBEIRO SANCHEZ MURILLO a  quien se la  toma  el juramento   de rigor conforme a la Ley vigente… PREGUNTADO: Dígale al despacho como está   conformado su núcleo familiar y a qué se dedica cada uno de ellos? CONTESTÓ:   vivimos mi esposa es ama de casa, mi hija trabaja en la panadería la ñapa hace   turnos, se gana $70.000 semanales. PREGUNTADO: Dígale al Despacho si la casa   cuenta con servicio sanitario, lavamanos, lavaplatos? CONTESTO: Cuenta con   servicio sanitario que desagua a la quebrada, no hay lavaplatos, ni lavadero.   PREGUNTADO: Dígale al Despacho si en este momento hay alguna persona que les   suministre agua? CONTESTO: Una vecina del frente nos da el agua, dos pimpinas.   PREGUNTADO: Tiene algo más que agregar en la presente diligencia? CONTESTO: No.   Así termina su ampliación.    

Seguidamente se procede a recibir testimonio a la Ingeniera CARLOTA   GUTIERREZ GIRALDO titular de la cédula 29811940 de Sevilla, con el cargo de   Apoyo Profesional en Coordinación de Mantenimiento agua 4 de ACUAVALLE.   Interrogada por sus condiciones civiles y demás generales de ley […]    

PREGUNTADA: Sírvase informar al Despacho las condicionas en que se   encuentra el inmueble desde al punto de vista de seguridad? CONTESTO: Es una   construcción de un piso en guadua y esterilla soportado por guaduas de   aproximadamente 2.20 metros de altura apoyada sobre la tierra, a un lado de la   vivienda está una construcción de concreto reforzado y ladrillo, de   aproximadamente ocho metros de altura, cuya cimentación ha perdido el   confinamiento lateral por escavasiones realizadas debajo de la vivienda por el   propietario, a causa de esto se observan socavación y grietas en el talud   vertical que puede generar una desestabilización de ambas construcciones con   riesgo de colapso del edificio del colegio sobre la vivienda del accionante,   además esta vivienda está ubicada a más de ocho metros sobre la vía sobre un   talud pendiente a 45 grados. PREGUNTADA: Dígale al Despacho si el área donde se   encuentra construida la vivienda cuenta con redes de acueducto y alcantarillado   y si hay viabilidad para una acometida para acueducto? CONTESTO: Sobre la vía   que da a la Concentración Agrícola a la cual tiene acceso el predio no tiene   redes de acueducto, ni alcantarillado, la red de acueducto más cercana está a   120 metros del predio sitio hasta el cual debería construirse su domiciliaria el   solicitante del servicio. Cerca de esta red existe un alcantarillado pero a este   no llegarían las aguas residuales por gravedad, existe al riesgo de que no le   llegue al agua por falta de presión en caso de que él construya su domiciliaria   desde la red, definitivamente la red de alcantarillado la empresa no puede   prestar este servicio. PREGUNTADO: Dígale al Despacho si en su concepto en     calidad    de   ingeniera    civil     existe    algún   riesgo inminente para los moradoras   da la vivienda? CONTESTO: Existe un riesgo de desestabilización del talud entre   la vivienda y la vía por acción de las aguas de escorrentía. Con respecto a la   construcción vecina al desconfinacimiento de su cimentación agravado por las   aguas lluvias de la cubierta, las cuales caen de una altura de 8 metros,   aceleran esta desestabilización lo cual generan un riesgo de asentamiento y   colapso. En el caso de no hacerse las obras de protección en corto plazo. Además   la cimentación de la vivienda es precaria ya que las guaduas se pueden podrir y   provocar el colapso de la vivienda.    

[…]    

Se le concede el uso da la palabra a la DRA. GLORIA ESTELLA RAIGOZA   LONDOÑO en su condición de Personera Municipal y DIJO: Como representante del   Ministerio Público pude constatar que la vivienda del señor JOSE ALBEIRO SANCHEZ   MURILLO se encuentra en estado de vulnerabilidad y de alto riesgo, podrían estar   en riesgo inminente  sus vidas lo cual es un derecho fundamental, está por   encima de los demás derechos de rango constitucional, ya que la construcción   vecina requiere obras de estabilización de sus cimientos y manejo de aguas   lluvias del techo correspondiente a la Institución Educativa Arturo Gómez   Jaramillo sede 1 Santo Tomás por lo cual es indispensable que se le brinde,   solucione, reubique con el fin de proteger la vida de las personas que habitan   la vivienda.    

Se termina la diligencia…”     

1.4.          DECISIÓNES JUDICIALES    

1.4.1.   Decisión de primera instancia, Juzgado   Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle del Cauca.    

En la sentencia del catorce (14) de mayo   de dos mil quince (2015), el  Juzgado Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, resolvió   conceder el amparo de los derechos fundamentales a la vivienda digna, en   conexidad con los derechos a la vida, integridad física y a un ambiente sano del   señor José Albeiro Sánchez Murillo y su núcleo familiar. Así mismo, ordenó a la   Alcaldía Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, que en un término no mayor a    tres (03) meses desde la notificación de la providencia, procediera a reubicar   al actor y a su núcleo familiar en una vivienda digna, en un sector igual o   mejor al que tiene actualmente, teniendo en cuenta que el inmueble y mejoras así   adquiridos pueden ser tenidos en cuenta como forma de pago del inmueble donde   fuere reubicado.    

Por otro lado declaró la improcedencia de   la acción, para ordenar la cometida del servicio de acueducto y suministro de   agua potable en la vivienda del tutelante, toda vez que no cumple con los   requisitos exigidos para realizar dicha instalación, ya que no existen redes de   alcantarillado en sector, y la más cercana, se encuentra a 120 metros de   distancia y no sería posible conectarla por gravedad, puesto que la vivienda se   encuentra por debajo del nivel de dicha red. Aunado a lo anterior, el detrimento   de la vivienda y su construcción en guaduas y esterilla podrían colapsar.     

1.4.2.   Impugnación    

Inconforme con la decisión de instancia, el Secretario de   Planeación e Infraestructura Municipal de Alcalá impugnó. Al respecto indicó:    

“[…]el Juez de tutela fue acucioso en cuanto a   que en compañía del Ministerio Público y de un ingeniero de la empresa   accionada, realizó diligencia de inspección judicial, de la cual se concluyó que   era imposible por parte de Acuavalle instalar acometida para la instalación del   servicio de acueducto y suministro de agua potable a la vivienda en razón a que   no existe red de alcantarillado y de igual manera se evidenció que la vivienda   presenta peligro de colapso, pero no se indagó sobre la capacidad económica del   jefe de la morada en aras de que sean estos quienes en defensa de su vida e   integridad física se trasladen por su cuenta a otro lugar y no sea el municipio   quien tenga que asumir esta carga por cuanto en primer término no se cuenta con   planes de vivienda que permitan  la reubicación y mucho menos en los   términos que se dan en la sentencia para tal efecto.    

En segundo término esta orden genera una carga   económica para un municipio donde su presupuesto es precario para tener que   desembolsar gruesa suma de dinero a efectos de adquirir una vivienda para   reubicar a una familia a la cual se le han tutelado sus derechos. Tenga la plena   seguridad señor juez que si esta tutela es confirmada en segunda instancia se   van a venir una avalancha de tutelas en el mismo sentido, lo cual va hacer de   imposible cumplimiento por la entidad territorial que represento y ello por las   razones anotadas.    

No soy ajeno ni indolente a la pobreza, pero si   solicito se pondere esta situación materia de impugnación y se ordene que en   primer lugar, sea el accionado quien en defensa de la integridad física y la   vida de él y sus dependientes, desocupen el inmueble por su cuenta y si   evidencia que efectivamente están en imposibilidad económica de hacerlo, ahí si   enrutar tal responsabilidad al estado […]”.    

1.4.3.    Decisión de segunda instancia, Juzgado   Primero Civil del Circuito de Cartago, Valle del Cauca.    

Mediante fallo del veintinueve (29) de agosto de dos mil quince   (2015), el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, Valle del Cauca,   confirmó la sentencia de primera instancia, respecto de la improcedencia de la   acción de tutela para obtener la instalación gratuita de los servicios públicos   de acueducto y alcantarillado, así como la acometida individual en la vivienda   del accionante.    

Sin embargo, en lo concerniente a la orden de amparo impartida    para proteger el derecho fundamental a la vivienda digna del tutelante y su   núcleo familiar, advierte que de los hechos descritos en la tutela no se   evidencia vulneración de este derecho fundamental por parte de las entidades   accionadas. Tampoco el actor solicitó reubicación, ni su vivienda conforme al   POT se encuentra en zona de alto riesgo. Por lo anterior revoca los numerales   segundo, tercero y cuarto de la sentencia  impugnada.    

1.5.          PRUEBAS DOCUMENTALES    

1.5.1. Copia   de la factura de energía eléctrica por un valor de setenta y ocho mil trecientos   cincuenta pesos M/C ($78.350), en el mes de agosto de dos mil catorce (2014), en   el cual se evidencia que la vivienda del actor y su núcleo familiar pertenece al   estrato 2 (Folio 6, cuaderno No. 2).    

1.5.2. Copia   del contrato de permuta realizado entre la señora Adalgisa, esposa del tutelante   y María Amparo Céspedes dos lotes de terreno (Folio 7, cuaderno No. 2).    

1.5.3.  Copia de la promesa de contrato de   compraventa celebrado entre María Amparo Céspedes (Prometiente comprador) y José   Hugo Castrillón (Promitente vendedor) (Folios 8-9, cuaderno No. 2)    

1.5.4.  Copia de la cedula de ciudadanía del   tutelante, José Albeiro Sánchez Murillo, donde se puede evidenciar que el   actor nació en el año 1949, es decir que a la fecha tiene 67 años de edad (Folio   10, cuaderno No. 2)    

1.5.5.  Copia de respuesta emitida por la Comisaria   de Familia del Municipio de Alcalá donde hace referencia a la visita socio   familiar realizada al señor José Albeiro Sánchez Murillo (Folio 11, cuaderno No.   2)    

1.5.6.  Copia del informe de visita socio familiar   realizada a la vivienda del tutelante (Folios 12-13, cuaderno No. 2).    

2.                 CONSIDERACIONES DE LA CORTE    

2.1.          COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD    

La Sala Séptima   de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las   facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución,   es competente para revisar los fallos de  tutela adoptados en el proceso de esta   referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por   la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el   reglamento de la Corporación.    

2.2.          PROBLEMA JURÍDICO    

Corresponde a la Sala analizar si ACUAVALLE S.A E.S.P. oficina de Alcalá, Valle del Cauca, está vulnerando los   derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y al agua potable del   accionante y de su núcleo familiar, al negarse a autorizar la instalación del   acueducto y alcantarillado en su vivienda debido a la inexistencia de redes de   alcantarillado conforme a las condiciones técnicas requeridas.    

Para resolver   la controversia, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas    examinará:  (i) el contenido del derecho fundamental al agua potable, (ii) la   prestación de los servicios públicos como una finalidad social del Estado,    (iii)  el alcance y contenido general del derecho a la vivienda digna y, (iv) a   la luz de las anteriores premisas, analizará el caso concreto.    

2.3.          EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE    

2.3.1. La   naturaleza fundamental del derecho al agua    

2.3.1.1.                  En nuestra Constitución Política no se consagra expresamente el   derecho al agua como un derecho fundamental. Sin embargo, en virtud del   contenido del artículo 93 Superior que preceptúa: “Los tratados y convenios   internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos   humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en   el orden interno” (negrilla fuera de texto), esta garantía hace parte   del catálogo de derechos fundamentales que cualquier ciudadano puede invocar   para solicitar su protección bajo nuestro ordenamiento constitucional, teniendo   en cuenta que es reconocida en varios instrumentos internacionales de derechos   humanos, como más adelante se analizará.    

2.3.1.2.                  En otras palabras, en virtud de la figura jurídica del bloque de   constitucionalidad[1],   el derecho al agua ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno para   enriquecer el capítulo de derechos fundamentales de la Carta Superior.     

2.3.1.3.                  Ahora bien, uno de los instrumentos internacionales a partir de los   cuales se ha reconocido el derecho al agua es el Pacto Internacional de Derechos   Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuyo artículo 11 dispone lo   siguiente:    

“1. Los Estados Partes en el   presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado   para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a   una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán   medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho (…)”    

2.3.1.4.                  A pesar de que en el artículo 11 del PIDESC no se reconoce de manera   expresa el derecho al agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y   Culturales de las Naciones Unidas –órgano encargado de verificar el cumplimiento   del Pacto- ha entendido que la lista es enunciativa e incluye el derecho al   agua, pues es una condición fundamental para la supervivencia humana. Así lo   explicó en la Observación general No. 15 en noviembre de 2002:    

“En el párrafo 1 del artículo   11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un   nivel de vida adecuado, ´incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados´, y   son indispensables para su realización. El uso de la palabra “incluso” indica   que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al   agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para   asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las   condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha reconocido   anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del   artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995)) [ii]. El derecho al agua   también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de   salud (párrafo 1 del artículo 12)[iii] y al derecho a una vivienda y una   alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11)[iv]. Este derecho también   debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta   Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a   la dignidad humana”. (Negrilla fuera de texto)    

2.3.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                        En este mismo documento se define al agua como un derecho humano, que   se concreta en que todas las personas deben disponer de agua suficiente,   salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.    

Bajo esta perspectiva, esta   Corporación ha protegido el derecho al agua, entendiendo que el agua potable   para el consumo humano tiene el carácter de fundamental[2].    

2.3.1.6.                                                                                                                                                                                                                                                                        También otros tratados internacionales como la Convención para la   Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la   Convención sobre los Derechos de los Niños, consagran el derecho al agua.    

Como derecho fundamental, el   agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo[3]. La dimensión   objetiva de los derechos fundamentales hace referencia a su poder vinculante   frente a todos los poderes públicos. En efecto, los derechos fundamentales   constituyen un sistema de valores positivizado por la Constitución que guía las   decisiones de todas las autoridades, incluido el Legislador. Como derecho   subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante las   instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por parte del Estado   como por parte de particulares, especialmente cuando se trata de agua para   consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha dado lugar, por   ejemplo, al desarrollo de una línea jurisprudencial amplia de protección por   medio de la acción de tutela.[4]    

2.3.1.7.                  La titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo está en   cabeza tanto de los individuos como de la comunidad; por ello, la jurisprudencia   ha precisado que este derecho comparte la naturaleza de derecho individual y   colectivo. El derecho al agua es un derecho colectivo, por ejemplo, respecto de   la obligación de protección y conservación de las fuentes hídricas para las   generaciones futuras.[5]  Estas obligaciones serán, en consecuencia, reclamables por medio de acciones   judiciales como las acciones populares.    

2.3.2.   Contenido del derecho fundamental al agua.    

2.3.2.1.    Dada la importancia del agua y su protección reforzada a nivel   constitucional, esta Corporación en diversas oportunidades ha reconocido que   el derecho al agua es un derecho fundamental.[6]  El contenido de este derecho ha sido precisado por la Corte de   conformidad con la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos,   Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de la siguiente manera: “el   derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y   asequible para el uso personal y doméstico”[7].    

2.3.2.2.                  La disponibilidad del agua hace referencia al abastecimiento   continuo de agua en cantidades suficientes para los usos personales y   domésticos. La cantidad disponible de agua debe ser acorde con las necesidades   especiales de algunas personas derivadas de sus condiciones de salud, del clima   en el que viven y de las condiciones de trabajo, entre otros. La   exigencia de calidad del agua se relaciona con la salubridad del recurso,   es decir, el agua disponible no debe contener micro organismos o sustancias   químicas o de otra naturaleza que puedan constituir una amenaza para la salud de   las personas. La accesibilidad y la asequibilidad tienen que ver con   (i)  la posibilidad de acceder al agua sin discriminación alguna, (ii) la   factibilidad de contar con instalaciones adecuadas y necesarias para la   prestación del servicio de acueducto, (iii) la obligación de remover   cualquier barrera física o económica que impida el acceso al agua, especialmente   de los más pobres y los grupos históricamente marginados, y (iv)  el acceso a información relevante sobre cuestiones de agua. Finalmente, la   aceptabilidad  hace referencia a la necesidad de que las instalaciones y los servicios de   provisión de agua sean culturalmente apropiados y sensibles a cuestiones de   género, intimidad, etc.[8]  Estos contenidos implican entonces tanto obligaciones positivas –y complejas-   como negativas para el Estado.[9]    

2.3.2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                        De lo hasta aquí expuesto, puede afirmarse que la naturaleza jurídica   del derecho al agua como fundamental deviene de su consagración en un   instrumento internacional de derechos humanos, el cual ha sido ratificado por el   Estado Colombiano, y cuyo ejercicio no puede limitarse ni siquiera en los   estados de excepción. Por tanto, integra el denominado bloque de   constitucionalidad.    

Además, es pertinente reiterar que el   Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, a   través de la Observación General número 15 especificó que el derecho humano al   agua es aquella garantía que le permite a todas las personas disponer de agua   suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y   doméstico.    

Respecto a la   protección del derecho fundamental al agua, en lo atinente a la provisión del   servicio de acueducto para el consumo humano, esta Corporación ha resuelto,   entre otros, los siguientes casos:    

2.3.2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                        En la Sentencia T- 381 de 2009[10],  se analizó la pretensión de un grupo de personas naturales, y de una   sociedad comercial- que solicitaban la protección de sus derechos fundamentales   al agua potable, a la vida, a la dignidad, a la salud, a la salubridad pública,   a la libertad de empresa y a la subsistencia, presuntamente vulnerados por el   Instituto Nacional de Concesiones INCO, la Sociedad Concesionaria Concesión   Autopista Bogotá – Girardot S.A. y la Sociedad Constructora Semaica, aduciendo   que con las obras que estaban adelantando para construir un túnel en una   carretera nacional, se habían afectado las fuentes naturales de agua que se   surtían para consumo humano, para riego y para desarrollar actividades   comerciales turísticas. En esta oportunidad le correspondió a la Sala   determinar, entre otros aspectos, el alcance y fundamento del derecho   fundamental al agua, la titularidad de esta garantía y la procedencia de su   protección a través de la acción de tutela. Concluyó esta Corporación, que el   agua potable es un derecho fundamental que hace parte del núcleo esencial del   derecho a la vida en condiciones dignas cuando, por ejemplo, está destinada al   consumo humano. También precisó que la protección del derecho al agua potable   cuando está destinada a otras actividades como el turismo, la explotación   agropecuaria o a terrenos deshabitados, no debe invocarse ante el juez de   tutela. En definitiva, la Sala ordenó conceder el amparo al agua potable y   ordenó la búsqueda de una solución definitiva para garantizar el derecho al agua   potable con medidas específicas para el logro de dicho fin.    

2.3.2.5.                                                                                                                                                                                                                                                                  Luego, la Sentencia T-418 de 2010[11],   abordó, entre otros, el estudio del siguiente problema jurídico: ¿existe   vulneración del derecho al agua potable cuando un municipio niega la prestación   del servicio público de acueducto a los ciudadanos, aduciendo que el acueducto   municipal no tiene cobertura en la zona rural en donde se encuentran ubicadas   sus viviendas (problemas técnicos y financieros)? En esta oportunidad, la Sala   respondió afirmativamente a este problema jurídico, y desarrolló ampliamente los   siguientes supuestos: 1. la acción de tutela es el mecanismo idóneo para   invocar la protección del derecho al agua cuando compromete el mínimo vital   en dignidad de las personas; 2. todas las personas tienen derecho a   que se les asegure progresivamente la dimensión positiva de este derecho   fundamental, esto es, el acceso al servicio público de acueducto; 3.  las personas que habitan en el sector rural y con limitados recursos   económicos tienen derecho a ser protegidos especialmente para acceder al   servicio público de agua potable; 4. los trámites y procedimientos ante   la administración no deben constituir obstáculos para impedirle a una persona   acceder a dicho servicio. Finalmente, resolvió conceder la protección de los   derechos fundamentales al agua, a la vida, a la salud, y ordenó a la Alcaldía   de Arbeláez que adopte las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan   específico para la comunidad rural a la que pertenecen los accionantes,  entre otras medidas a observar.    

2.3.2.6.                                                                                                                                                                                                                                                                  En la Sentencia T-055 de 2011[12],   se abordó el caso de una persona que le solicitó a las Empresas Públicas de   Medellín -EPM- la conexión del servicio público de acueducto a un inmueble que   no contaba con las condiciones técnicas y legales contenidas en el Decreto 302   de 2000; dicha negativa se fundaba en que la vivienda de los actores no contaba   con los requerimientos ambientales y de saneamiento básico para el manejo final   de las aguas negras. La Sala consideró que si bien le correspondía a EPM prestar   el servicio público de acueducto a los accionantes y no a los vecinos, quienes   de forma solidaria les estaban suministrando el agua potable que éstos   requerían, su actuación no devenía en arbitraria porque había expuesto criterios   jurídicos razonables para negarse a la instalación de las redes de acueducto a   dicho inmueble, ante la inexistencia de redes de alcantarillado que permitieran   el correcto manejo y disposición final de las aguas negras de los predios a los   que prestaría sus servicios. La Corte agregó que también era obligación de la   empresa defender el medio ambiente sano. Por las anteriores razones, la Sala   ordenó al propietario del inmueble realizar los ajustes técnicos para conectarse   al servicio público de alcantarillado; ordenó a EPM que informara a las   autoridades ambientales respectivas el presente caso, con el fin de que éstas   dentro de la órbita de sus competencias, impusieran las sanciones   correspondientes en caso que el actor no cumpliera con lo dispuesto por esta   Corporación; y señaló que una vez realizadas las adecuaciones técnicas, EPM   debía conectar el servicio público de acueducto. De esta manera, protegió los   derechos al agua potable y al medio ambiente.    

2.3.2.7.                                                                                                                                                                                                                                                                  Posteriormente, en Sentencia T-916 de 2011[13], se   estudió el caso de una madre que interpuso acción de tutela en nombre propio y   en representación de su hijo menor de 18 años, en contra del Acueducto   Metropolitano de Bucaramanga y la Alcaldía del municipio San Juan Girón   (Santander), por considerar que le estaban vulnerando sus derechos   fundamentales, debido a que no le suministraban el servicio público de agua   potable con la periodicidad, la eficiencia, cantidad y calidad que requieren   para su subsistencia y la de su núcleo familiar. En esta ocasión, la Sala tuteló   los derechos fundamentales de la accionante y ordenó al municipio de San Juan de   Girón realizar una gestión activa junto al AMB para de esta forma, garantizar de   manera definitiva el derecho al agua potable de los accionantes de manera   eficiente y continua, y de conformidad con las competencias asignadas a los   entes territoriales en la Constitución y en la ley.    

2.3.2.8.                  Igualmente, mediante Sentencia T- 082 de 2013[14], esta Corporación estudió   la acción de tutela interpuesta por los habitantes del barrio Brazuelos de   Bogotá en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Lo   anterior, debido a que los accionantes consideraban que la entidad accionada   había vulnerado sus derechos fundamentales al negarse autorizar la instalación   del servicio definitivo de acueducto y alcantarillado en las trescientas treinta   (330) nuevas viviendas de interés social que con licencia de construcción   construyó la empresa ARPRECO S.A.A en el barrio Brazuelos Sector Santo Domingo   de Bogotá, debido a que a juicio de la accionada no era posible instalar los   medidores porque las aguas residuales domesticas drenaban en el río Tunjuelo. En   esta oportunidad, la Sala Séptima de Revisión reiteró la importancia y   fundamentalidad del derecho al agua potable y alcantarillado, añadió que tales   derechos no son ilimitados ni absolutos, y las condiciones para su prestación se   encuentran establecidas en la Ley 142 de 1994, sus leyes modificatorias y   decretos reglamentarios. De igual forma, se refirió a la obligación que tiene el   Estado de proveer de manera eficiente y oportuna la prestación de los servicios   públicos domiciliarios, razón por la cual, concedió la protección de los   derechos fundamentales de los accionantes y ordenó a la Empresa de Acueducto y   Alcantarillado de Bogotá (EAAB) conectar el servicio público de acueducto y   alcantarillado y, a suscribir el respectivo contrato de condiciones uniformes   con los accionantes.    

2.3.2.10.             Siguiendo el mismo lineamiento, en el año 2014, esta misma   Corporación profirió la Sentencia T-790[16].   En dicha oportunidad se resolvió la petición de un ciudadano y su familia   integrada por varios niños, que vivían en un predio rural del municipio de    San Martín (Meta), el cual no contaba con conexión al servicio de acueducto y   alcantarillado. Por tanto, los accionantes se abastecían a través de aljibes   construidos hace más de medio siglo. En esta decisión se reiteró la   jurisprudencia constitucional referida al acceso a un mínimo de agua en   condiciones de calidad, asequibilidad, disponibilidad y cantidad, sin importar   el lugar donde se ubique la residencia del accionante.    

Como en aquella ocasión, al igual que en el caso hoy objeto   de estudio, no era posible ordenar a la Empresa de Servicios Públicos extender   las redes del acueducto, debido a que se estaba frente a una imposibilidad   técnica: “[E]l predio del accionante atraviesa una tubería del Acueducto de   Ariari, pero la misma es una línea de conducción en tubería de hierro dúctil de   18 pulgadas con altas presiones lo que no permite conexiones de tipo   domiciliario”; la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte   Constitucional ordenó como medida alternativa y provisional, mientras se   desarrollaban los estudios, adecuaciones técnicas, y despliegue de la   infraestructura, a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de San Martín   de los Llanos (Meta) CAFUCHE S.A. E.S.P. que programara y llevara a cabo el   suministro provisional de agua potable a la vivienda del peticionario a través   de carro tanques, en una cantidad que garantizara el consumo diario, hasta tanto   se construyera una estación de bombeo.    

2.3.2.11.              Por último, recientemente esta Corte mediante Sentencia T-760 de   2015[17],   estudio un acumulado en el cual la Empresa de Servicios Públicos de Dosquebradas   Serviciudad, E.S.P, se negaba a instalar el servicio de acueducto, vulnerando de   esta manera los derechos fundamentales de los tutelantes y de sus pequeños   hijos, debido a que los terrenos donde se encontraban construidas sus viviendas   presentaban riesgo hidrológico.    

En esta medida, al estar ubicadas las viviendas en una zona   de riesgo no mitigable, no era posible la instalación de servicios públicos   domiciliarios. Como sustento de su afirmación la entidad accionada  afirmó   que existe una prohibición contenida en el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997, la   cual explícitamente excluye la posibilidad de urbanizar en las que existe   riesgo no mitigable. Para solucionar la controversia planteada, en dicha   oportunidad la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional reiteró   la jurisprudencia de esta Corporación en lo concerniente el acceso al agua como   derecho fundamental protegible a través de acción de tutela, concretamente en   casos de sujetos de especial protección constitucional y además sostuvo que “cuando   por motivos técnicos, físicos, o jurídicos es imposible tender redes de   acueducto y alcantarillado, debe garantizarse el acceso a un mínimo de agua a   través de instrumentos provisionales, como carro tanques, pilas públicas de   agua, u otros”.    

En esta medida, la Sala fue explicita al   indicar que sin importar el terreno donde esté ubicada la vivienda el agua   potable es un derecho fundamental, el cual debe ser prestado por las entidades   encargadas de ello y en caso de que debido a imposibilidades técnicas no sea   posible instalar la red de acueducto, las empresas prestadoras de servicios   públicos deben hacer lo posible por garantizar el acceso a un mínimo de   agua a través de instrumentos provisionales. Con base en lo anterior, en dicha   ocasión se concluyó que: “las personas que por motivos de pobreza están   compelidas a tener su vivienda en zonas que amenaza riesgos hidrológicos no   mitigables siguen siendo titulares del derecho fundamental a un mínimo de agua   potable. Por ello, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, de   Dosquebradas (Risaralda), Serviciudad E.S.P, deberá garantizar un suministro de   cincuenta (50) litros de agua por persona a los dos núcleos familiares de los   accionantes, a través de carro tanques, pilas de agua potable, u otro medio que   se estime idóneo y eficaz. El suministro de agua será provisional y entre   tanto se realiza la reubicación de las familias que habitan el barrio Lusitania   Baja. Esta orden tiene efectos inter comunis, y se extiende a todas las familias   la urbanización Lusitania Baja. El abastecimiento de agua será provisional y   entre tanto se realizará la reubicación de las familias de los solicitantes”·    

2.3.2.12.                                                                                                                                                                                                                                                             En resumen, la protección del derecho fundamental al agua, en su   contenido de aseguramiento para el consumo humano (i) hace parte del   núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones dignas; (ii) la   prestación del servicio de acueducto implica una corresponsabilidad entre varios   actores y un compromiso frente al medio ambiente; y (iii) en caso de que   la instalación del servicio de acueducto no pueda realizarse inmediatamente por   razones de inviabilidad técnica, financiera entre otras, se deben adoptar   medidas paliativas que aseguren el acceso mínimo al servicio de agua potable.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.4.          LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR PARTE DEL   ESTADO    

2.4.1. Como   se mencionó con anterioridad, el artículo 365 Superior establece, entre   otros aspectos, que (i) la prestación de los servicios públicos es   inherente a la finalidad social del Estado; (ii) la prestación eficiente   de los servicios públicos, a todos los habitantes del territorio nacional,   constituye un deber estatal; y (iii) la prestación de dichos servicios   públicos estará sometida al régimen jurídico que fije la ley.    

2.4.2. Por su   parte, el artículo 366 señala que son objetivos fundamentales de la   actividad estatal, la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la   población en materia de saneamiento ambiental y agua potable, entre otras. Estos   objetivos se concretan, por ejemplo, en la destinación específica de las   transferencias que la Nación hace a las entidades territoriales a través de   Sistema General de Participaciones, a la prestación y ampliación de cobertura de   los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, entre   otros (inciso 4 del artículo 356, modificado por el Acto Legislativo 4 de 2007).    

Finalmente, los artículos 367 al 370 establecen, entre otros aspectos,   que las condiciones, competencias y responsabilidades en la prestación de los   servicios públicos domiciliarios se someterán a la ley que regule todo lo   concerniente a esta materia.    

2.4.3. Con fundamento en el marco   constitucional precedentemente citado, fue expedida la Ley 142 de 1994[18]   “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios   y se dictan otras disposiciones”; este régimen legal desarrolla las   condiciones, competencias y responsabilidades respecto a la prestación de los   servicios públicos domiciliarios (artículos 367 a 370 Superiores).    

2.4.5. En primer lugar, el   Estado  es el responsable de la prestación de los servicios públicos, ya sea en forma   directa  o indirecta a través de comunidades organizadas o los particulares. Sin   embargo, en cualquier caso, el Estado mantiene su facultad de regulación,   control y vigilancia en la prestación de dichos servicios (inciso 2 del artículo   365 Superior).    

Ahora, en cumplimiento de este   deber constitucional, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 establece lo   siguiente:    

 “El Estado intervendrá en   los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta   Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la   Constitución Política, para los siguientes fines: (…)    

2.3. Atención prioritaria de   las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento   básico.    

2.4.   Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan   razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así   lo exijan.    

Prestación eficiente”.    

2.4.6. Específicamente, en lo atinente   a la intervención del Estado, el artículo 370 Superior confiere al   Presidente de la República dos importantes funciones, éstas son: (i)  señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y   control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y (ii)  ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,   el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.     

2.4.7. En cuanto a la responsabilidad   de los entes territoriales en la efectiva prestación del servicio público   de acueducto, el artículo 5 de la Ley 142 asigna, entre otras, las   siguientes responsabilidades:    

“(…) Es competencia de los municipios en relación con los servicios   públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con   sujeción a ella expidan los concejos:    

5.1. Asegurar que se presten   a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,   alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada,   por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o   directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos   previstos en el artículo siguiente (…)    

(…)    

5.6. Apoyar   con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de   servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar   las actividades de su competencia (…)”    

2.4.8. En segundo lugar, cuando   los servicios públicos domiciliarios son prestados indirectamente por   particulares, entre los que se encuentran las empresas, su obligación   principal en el contrato de servicios públicos, es la prestación continua de   un servicio de buena calidad.    

“Condiciones   de acceso a los servicios. Para obtener la conexión de los servicios de   acueducto y alcantarillado, el inmueble deberá cumplir los siguientes   requisitos: (…)    

7.1 Estar   ubicado dentro del perímetro de servicio, tal como lo dispone el parágrafo   segundo del artículo 12 de la Ley 388 de 1997.    

7.2 Contar   con la Licencia de Construcción cuando se trate de edificaciones por construir,   o la cédula catastral en el caso de obras terminadas.    

7.3 Estar   ubicado en zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes de   acueducto o alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y las   conexiones domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble   (…)”    

2.4.9. En tercer lugar, los   urbanizadores y/o constructores, de conformidad con el artículo 8° del   Decreto 302 de 2000 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en   materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y   alcantarillado”, tienen las siguientes obligaciones a su cargo:    

“Construcción de redes locales. La construcción de las redes locales y demás   obras, necesarias para conectar uno o varios inmuebles al sistema de acueducto o   de alcantarillado será responsabilidad de los urbanizadores y/o constructores;   no obstante, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá ejecutar   estas obras, en cuyo caso el costo de las mismas será asumido por los usuarios   del servicio.    

Las redes   locales construidas serán entregadas a la entidad prestadora de los servicios   públicos, para su manejo, operación, mantenimiento y uso dentro de sus programas   locales de prestación del servicio, exceptuando aquellas redes que no se   encuentren sobre vía pública y que no cuenten con la servidumbre del caso.    

Parágrafo.  Cuando la entidad prestadora de los servicios públicos no ejecute la obra,   exigirá una póliza de estabilidad por cuatro o más años para garantizar la   estabilidad de las redes locales”    

2.4.10. Por   su parte, el numeral 30 del artículo 3 del Decreto 302 de 2000 define la   red local de acueducto como “…el conjunto de tuberías y accesorios que   conforman el sistema de suministro del servicio público de acueducto a una   comunidad y del cual se derivan las acometidas de los inmuebles”.    

En síntesis,   en un principio el Estado tiene la obligación constitucional de prestar   eficientemente los servicios públicos domiciliarios, ya sea de forma directa o   indirecta a través de entidades territoriales o particulares. Sin embargo, en   cualquier caso el Estado mantiene la facultad de regulación, control y   vigilancia de dichos servicios, lo anterior con la finalidad de que sean   prestados de manera eficiente a todos los ciudadanos.    

2.5.          EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA.    

2.5.1.   Naturaleza Jurídica del Derecho a la Vivienda Digna    

De conformidad   con el Estado Social de Derecho como modelo adoptado por la Constitución de   1991, que en su parte dogmática establece una carta de derechos que el Estado   debe garantizar. Entre ellos se encuentran los derechos económicos, sociales y   culturales, los cuales abarcan prerrogativas que progresivamente deben tener la   oportunidad de gozar y ejercer todos los ciudadanos colombianos. En efecto, la   garantía de estos derechos está en cabeza del Estado, pero dado su carácter   principalmente prestacional, en principio no pueden ser garantizados de forma   inmediata, sino que requieren un desarrollo progresivo.[19]    

Nuestro   ordenamiento interno, en el artículo 51 de la Constitución Política, reconoce el   derecho constitucional fundamental a la vivienda digna. Al respecto señala la   disposición:    

“Todos los   colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones   necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de   interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas   asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”    

La   interpretación de dicha disposición se ha visto nutrida por las diferentes   obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado Colombiano en materia de   derechos económicos, sociales y culturales[20],   las cuales hacen parte del ordenamiento interno acorde con el bloque de   constitucionalidad contemplado en el artículo 93 de la Constitución Política[21].    

Es así como en   el ordenamiento internacional, el derecho a la vivienda adecuada se encuentra   reconocido por el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y   Culturales, en el numeral primero del artículo 11, el cual dispone que:    

“1. Los   Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un   nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y   vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.   Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de   este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la   cooperación internacional fundada en el libre consentimiento” (negrilla   fuera de texto original).    

Entre otros   instrumentos internacionales que mencionan el derecho a la vivienda digna, se   encuentran: El párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos   Humanos, el apartado iii) del párrafo e) del artículo 5 de la Convención   Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,   el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las   formas de discriminación contra la mujer, el párrafo 3 del artículo 27 de la   Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 10 de la Declaración sobre   el Progreso y el Desarrollo en lo Social, el párrafo 8 de la sección III de la   Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos, 1976 (Informe de   Hábitat:  Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos   Humanos, el párrafo 1 del artículo 8 de la Declaración sobre el Derecho al   Desarrollo y la Recomendación Nº 115 de la Organización Internacional del   Trabajo sobre la vivienda de los trabajadores, 1961).    

En el ámbito   interno, el derecho a la vivienda digna no fue desde un principio reconocido por   la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental autónomo que   pudiera ser exigido a través de la acción de tutela, debido a que éste se   encuentra dentro del rango de los denominados “Derechos económicos, sociales   y culturales”, los cuales se caracterizan por su contenido principalmente   prestacional. La Corte afirmaba que aunque la garantía de estos derechos está en   cabeza del Estado, por su carácter principalmente prestacional, no podían ser   garantizados de forma inmediata, sino que requerían de un desarrollo legal   previo que garantizara su eficacia.    

Esta postura   fue adoptada por la Corte Constitucional en sus primeros pronunciamientos, como   es el caso de las sentencias T- 495 de 1995, MP, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa y T-   258 de 1997, MP, Dr. Carlos Gaviria Díaz.[22]    

Sin embargo, la   posición de la Corte ha ido cambiando paulatinamente; posteriormente se   manifestó que pese al contenido principalmente prestacional que tiene el derecho   a la vivienda digna, éste podía excepcionalmente ser objeto de protección a   través de la acción de tutela, por ejemplo en los casos en los que su   desconocimiento directo o indirecto implica la vulneración o la amenaza de   derechos, respecto de los cuales existe consenso de su naturaleza fundamental,   como la vida, la dignidad, la integridad física, la igualdad, el debido proceso,   entre otros[23].    

De igual   manera, la Corte Constitucional señaló que era procedente la acción de tutela   para proteger el derecho a la vivienda digna cuando se evidenciaba una   afectación  directa del mínimo vital tanto en el demandante como en su   familia, especialmente cuando se trataba de personas que se encuentran en una   situación de debilidad manifiesta[24],   pues el derecho a la vivienda adquiere importancia en la realización de la   dignidad del ser humano[25].   Lo anterior fue sostenido por esta Corporación por ejemplo en la Sentencia T-   203 de 1999.[26]    

Posteriormente esta   Corporación desarrolló un criterio más por el cual la protección de los derechos   económicos, sociales y culturales resulta exigible a través de la acción de   tutela y el cual se mantiene en la actualidad. Se trata de la concepción   de los derechos sociales como derechos fundamentales en forma autónoma.   En este orden de ideas, la Corte ha afirmado que el carácter principalmente   programático de dichos derechos y su dependencia en muchos casos de una   erogación presupuestaria, no es suficiente para sustraerles  su carácter   fundamental. Al respecto ha manifestado:    

“…todos los   derechos constitucionales fundamentales – con independencia de si son civiles,   políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente – poseen un matiz   prestacional de modo que, si se adopta esta tesis, de ninguno de los derechos,   ni siquiera del derecho a la vida, se podría predicar la fundamentalidad.   Restarles el carácter de derechos fundamentales a los derechos prestacionales,   no armoniza, por lo demás, con las exigencias derivadas de los pactos   internacionales sobre derechos humanos mediante los cuales se ha logrado superar   esta diferenciación artificial que hoy resulta obsoleta así sea explicable desde   una perspectiva histórica”.[27]    

En lo concerniente al desarrollo jurisprudencial de la   tesis del carácter fundamental autónomo del derecho a la vivienda digna, la   Corte ha descartado el argumento de que su contenido principalmente prestacional   y de desarrollo progresivo impida su reconocimiento como fundamental. Como bien   lo ha precisado esta Corporación en numerosos fallos, todos los derechos   fundamentales tienen una faceta prestacional y progresiva –incluso los   tradicionales derechos civiles y políticos- sin que ello tenga incidencia sobre   su naturaleza constitucional[28].    

La Corte ha afirmado que   lo determinante es que el derecho se pueda traducir en una prerrogativa   subjetiva y que esté dirigido a la realización de la dignidad humana.    

Por ejemplo, en el caso   del derecho a la salud[29], en un principio la jurisprudencia constitucional no fue   unánime respecto a su naturaleza, razón por la cual se sirvió de medios   argumentativos como el factor de conexidad y el de la transmutación. Hoy en día   la Corte acepta la naturaleza fundamental autónoma del derecho a la salud,   atendiendo, entre otros factores, a que por vía normativa y jurisprudencial se   han ido definiendo sus contenidos, lo que ha permitido que se torne en una   garantía subjetiva reclamable ante las instancias judiciales.    

En resumen, (i)   en un principio el derecho a la vivienda digna no era considerado fundamental   por su contenido principalmente prestacional, (ii) para adquirir  el rango   de fundamental, debía estar en conexidad con un derecho fundamental, como por   ejemplo la vida o el mínimo vital y,  (iii) en la actualidad,  esta   Corte  ha afirmado que el derecho a la vivienda digna es un derecho   fundamental autónomo, y lo  determinante es su traducción en un   derecho subjetivo y su relación directa con la dignidad humana.    

2.5.2.     Contenido del derecho a la vivienda digna.    

La noción de vivienda digna implica contar  con un espacio propio o   ajeno, que le permita a la persona desarrollar sus actividades personales y   familiares en unas condiciones mínimas de dignidad, para así poder desarrollar   su proyecto de vida[30].   Este concepto fue reiterado por esta Corporación en la Sentencia T- 238A de   2011[31];   al respecto, en esa ocasión esta Corte señaló:    

“La jurisprudencia constitucional ha entendido que el derecho a la vivienda   implica contar de un espacio físico privado propio o ajeno, que les permitan a   las personas, por un lado, protegerse de los rigores del medio ambiente y, por   el otro, desarrollar sus actividades personales y familiares en un ambiente de   intimidad, con unas mínimas condiciones de dignidad y que permita satisfacer su   proyecto de vida. De manera concreta, debe señalarse que la inestabilidad del   terreno donde se encuentra construida una vivienda puede configurar, si así lo   determinan las circunstancias del caso concreto, que el inmueble no cumpla con   los requerimientos mínimos de habitabilidad y, por tanto, significando la   exposición de sus habitantes a un riesgo extraordinario que compromete su    derecho fundamental a la seguridad personal, incluso, a la vida y a la   integridad personal y, por lo tanto,  requiere la intervención del juez de   tutela.”    

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas[32], en la   Observación General No. 4,  manifiesta que para que una vivienda pueda   considerarse adecuada en los términos del Pacto Internacional de Derechos   Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), es necesario lo siguiente:    

“7.      En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un   sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que   resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere   exclusivamente como una comodidad.  Debe considerarse más bien como el   derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.  Y así debe   ser por lo menos por dos razones.  En primer lugar, el derecho a la   vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios   fundamentales que sirven de premisas al Pacto.  Así pues, “la dignidad   inherente a la persona humana”, de la que se dice que se derivan los derechos   del Pacto, exige que el término “vivienda” se interprete en un sentido que tenga   en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la   vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso   a recursos económicos.  En segundo lugar, la referencia que figura en el   párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas,   sino de vivienda adecuada.  Como han reconocido la Comisión de   Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en   su párrafo 5:  “el concepto de “vivienda adecuada”… significa   disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,   seguridad adecuada,  iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada  y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos,   todo ello a un costo razonable.” (Negrilla Fuera del texto)    

De lo anterior   se puede concluir que a la luz de la Observación General No. 4 del Comité del   Pacto[33],   el derecho a una vivienda adecuada es fundamental para el ejercicio de todos los   derechos económicos, sociales y culturales. Además, en su opinión, este derecho   no se puede limitar a garantizar a las personas un techo o un lugar cubierto   donde puedan habitar, sino que debe ser interpretado mucho más allá de una   simple comodidad. Para el Comité implica “el derecho a vivir en seguridad,   paz y dignidad en alguna parte”, y en ese orden de ideas, el concepto de   “vivienda” debe ir atado al de adecuación, es decir, disponer de un lugar   donde poderse resguardar, que permita un espacio con una seguridad, una   iluminación y una ventilación adecuadas, acordes con una infraestructura   necesaria para los servicios básicos, y todo ello a un precio razonable[34].    

La citada   observación menciona y describe siete condiciones que configuran el derecho a la   vivienda adecuada, a saber: a) seguridad jurídica de la tenencia; b)   disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c)   gastos soportables; d) habitabilidad; e) asequibilidad, f) lugar y g) adecuación   cultural.    

Ahora bien,   para efectos del caso concreto, es necesario resaltar el alcance de los   siguientes contenidos de la vivienda adecuada: i) la seguridad jurídica de la   tenencia, según el cual todas las personas   deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una   protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas,   ii) la habitabilidad, la cual implica que una vivienda adecuada debe ser   “habitable” en el sentido de poder ofrecer “el espacio adecuado a sus   ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento   u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de   enfermedad”[35]  y la garantía de la seguridad física de los ocupantes, y iii) la   asequibilidad, que se relaciona con la capacidad de acceder a una vivienda   adecuada, que satisfaga sus necesidades primarias, y con la obligación de los   Estados tienen la obligación de proteger especialmente a los grupos   poblacionales que se encuentran en alguna desventaja de acceso pleno y   sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Dentro de estos   grupos vulnerables, el Comité resalta a las víctimas de desastres naturales y a   las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres.    

Acorde con los   criterios expuestos en la Observación General, los estados tienen la obligación   internacional de apoyar el derecho de todos los ciudadanos a un lugar seguro   para vivir en paz y dignidad, acorde con sus necesidades humanas.    

Adicionalmente,   la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sobre  el tema de la   procedencia de la acción de tutela, específicamente en los casos en que los   accionantes solicitan la protección del derecho a la vivienda digna debido a que   su morada amenaza ruina.    

En la Sentencia T-045 de 2009[36], la Sala   Séptima de Revisión analizó la acción de tutela interpuesta por Leonidas Pulido Baquero, quien solicitó la adecuación de la red   de alcantarillado en torno a la   Diagonal 33 C con Transversal 13 esquina, barrio   La Resurrección de Bogotá pues las aguas negras estaban causando   problemas en su vivienda y en la de algunos de sus vecinos.    

En esta   oportunidad, la Sala concedió el amparo de los derechos del accionante y ordenó   a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, que   realizara los trabajos para terminar con el problema de taponamiento del   alcantarillado y filtración de aguas negras.    

Dentro   de las consideraciones, se determinó que a la hora de analizar la procedencia de   la acción en los casos de posibles afectaciones al derecho a la vivienda digna   se deben tener en cuenta los siguientes puntos: “(i) la   inminencia del peligro; (ii) la   existencia de sujetos de especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la   afectación del mínimo vital; (iv) el   desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones degradantes que afecten   el derecho a la vida y la salud, y (v) la   existencia de otro medio de defensa judicial de igual efectividad para lo   pretendido. Con ello se concluirá si la protección tutelar procede.”    

Para finalizar dicho aparte, indicó que “el derecho a la   vida en condiciones salubres, va también de la mano de la dignidad humana; por   esto, las personas no deben estar sometidas en su morada a situaciones que   afecten o pongan en peligro su salud y el normal desarrollo vital, como serían   la persistencia de malos olores, humedad constante, peligro de inundación,   deslizamientos, amenaza de ruina, etc. La presencia de alguno de estos   factores también pondría en el ámbito de la protección constitucional por vía de   tutela, el derecho a una vivienda digna.”[37] (Negrilla   Fuera del texto)    

En resumen, el   derecho a la vivienda digna requiere para su perfeccionamiento de unas   condiciones mínimas de habitabilidad, lo que supone disponer de un lugar donde   se pueda resguardar y que cuente con seguridad, iluminación y ventilación   adecuada[38],   con la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios básicos y   que le permita a la persona desarrollar sus actividades personales y familiares   en unas condiciones mínimas de dignidad. Los Estados tienen la obligación de   promover que todos los ciudadanos tengan un lugar seguro para vivir en paz y   dignidad, acorde con sus necesidades humanas y, debe proteger especialmente a   los grupos poblacionales que se encuentran en alguna desventaja de acceso pleno   y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda, como las   madres cabeza de hogar que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir   una vivienda adecuada a sus necesidades, la población ubicada en zona de riesgo,   los desplazados por la violencia, las personas de la tercera edad  y los niños.    

De la misma   manera, esta Corporación ha estudiado casos en que se presenta la protección del   derecho a la vivienda digna ante situaciones en las que los hogares amenazan   ruina, ello teniendo en cuenta que este factor va en contra de la dignidad   humana, cosa que también trasciende al ámbito de otros derechos como el de la vida o la salud.    

3.         CASO CONCRETO    

3.1.1.    Hechos Probados    

Antes de avocar el estudio de los supuestos fácticos para acoger o   desestimar las pretensiones del accionante, es pertinente referirse a los hechos   que se encuentran debidamente probados en el presente caso y que a continuación   se resumen:    

3.1.1.1.                   El actor adquirió la vivienda en el mes de febrero del año dos mil   catorce (2014), supuestamente para mejorar las condiciones de vida de la   familia, lo cual no ha sido posible. Puesto que la situación actual que viven es   compleja, lo cual les ha generado mucho estrés.    

3.1.1.2.                   Se encuentra probado que el tutelante ha solicitado en varias   oportunidades la instalación del acueducto en su vivienda, sin embargo, este no   es posible puesto que el terreno donde se ubica la vivienda requiere de   adecuaciones, además las redes de acueducto y alcantarillado que se encuentran   más cerca de la vivienda están a 120 metros, razón por la cual debería   construirse su propia domiciliaria el solicitante. Hecho que tampoco es viable   debido a la crítica situación económica del tutelante y su núcleo familiar y a   las pésimas condiciones en las cuales se encuentra su vivienda.    

3.1.1.3.                  De igual forma, del estudio socioeconómico realizado a la vivienda   del tutelante por el Área de Trabajo Social de la Comisaría de Familia del   Municipio de Alcalá, Valle, se pudo constatar que: “en el momento las   condiciones habitacionales de esta familia no garantizan ningún bienestar para   los integrantes, en primer lugar porque no cuentan con agua potable y en segundo   lugar por las condiciones en las cuales se encuentra el terreno para acceder a   la puerta principal de la casa, don José Albeiro debe desplazarse por unas   escalas en barro y por las cuales se ha caído en repetidas ocasiones, por lo   tanto el transporte del agua de una casa vecina es muy difícil y riesgoso”[39].      

3.1.1.4.                   En el mismo estudio, la personería municipal pudo constatar que la   economía de la familia se encuentra en déficit, ya que solo se suple lo   necesario y pese a que existe una economía compartida y todos aportan sus   capacidades, los ingresos son mínimos teniendo en cuenta los gastos que existen   en un hogar. También agregó que por su edad el tutelante no labora y la economía   del hogar depende del trabajo de su hija en la panadería la ñapa, del de   su esposa, quien se dedica a oficios varios y el subsidio que recibe el   tutelante por ser de la tercera edad.    

3.1.1.5.                   Así mismo, para la Sala resulta importante resaltar que conforme a   la inspección judicial realizada por el Juzgado de instancia a la vivienda de la   señor Sánchez Murillo se pudo constatar que el actor y su núcleo familiar se   encuentran en estado de vulnerabilidad, y pueden estar en riego inminente sus   vidas, puesto que la construcción vecina requiere de obras de estabilización,   las cuales al no realizarse generarían un riesgo de asentamiento y colapso sobre   la vivienda del actor, que es precaria ya que las guaduas que la sostienen se   pueden podrir. En esta diligencia se precisó:    

[…]    

PREGUNTADO: Dígale al Despacho si en su concepto en   calidad      de   ingeniera    civil   existe      algún   riesgo inminente para los moradoras da la vivienda? CONTESTO:   Existe un riesgo de desestabilización del talud entre la vivienda y la vía por   acción de las aguas de escorrentía. Con respecto a la construcción vecina al   desconfinacimiento de su cimentación agravado por las aguas lluvias de la   cubierta, las cuales caen de una altura de 8 metros, aceleran esta   desestabilización lo cual generan un riesgo de asentamiento y colapso. En el   caso de no hacerse las obras de protección en corto plazo. Además la cimentación   de la vivienda es precaria ya que las guaduas se pueden podrir y provocar el   colapso de la vivienda […]”    

3.1.1.6.                  Se constató que la situación económica del accionante y su núcleo   familiar, el cual está conformado por su esposa e hija, es crítica pues el   ingreso que perciben solo les alcanza para subsistir y no cuentan con el dinero   necesario para realizar las adecuaciones necesarias al terreno y tampoco a su   vivienda, la cual está construida con esterilla y guaduas.    

3.1.1.7.                   De igual manera, de las pruebas obrantes en el expediente se puede   evidenciar que en estos momentos la vivienda solo cuanta con dos camas para   dormir y el servicio de energía eléctrica. No se encuentra en condiciones dignas   ni habitables.    

3.1.1.8.                   Por último, para la Sala es importante precisar que el Juzgado   Promiscuo Municipal de Alcalá, en primera instancia, solicitó y realizó las   pruebas necesarias para evidenciar que además del problema de agua potable que   tiene la vivienda del actor, esta no es habitable debido a la deficiente   construcción sobre la cual se levantó. Además de la precaria situación económica   en la que se encuentra el núcleo familiar. Precisiones que pueden ser   corroboradas con la inspección judicial y la visita socioeconómica realizada por   la Personería Municipal, entidades que han sido enfáticas en sostener que debido   al mal estado de la vivienda  la vida del tutelante y su núcleo familiar se   encuentran en un riesgo. Derecho que debe ser protegido de manera inmediata.[40]    

3.1.2. Examen de procedencia de la   acción de tutela    

3.1.2.1.     Legitimación en la causa por activa    

Los artículos 86   constitucional y 10° del Decreto 2591 de 1991 indican que es titular de la   acción de tutela cualquier persona a la que sus derechos fundamentales le   resulten vulnerados o amenazados. Estas personas pueden invocar directamente el   amparo constitucional o pueden hacerlo a través de terceros que sean sus   apoderados, representantes o agentes oficiosos, para el caso de las personas que   no están en condiciones de interponer la acción por sí mismas.    

En virtud de lo   establecido precedentemente, encuentra la Sala que el tutelante si está   legitimado para representar sus propios intereses, puesto que es la titular de   los derechos, por tanto, el caso objeto de estudio cumple con este requisito.    

3.1.2.2.                   Legitimación en la causa por pasiva    

Con respecto a   quien va dirigida la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991   expresa que: “se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del   órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”.    

Por su parte, la   Corte Constitucional en la Sentencia T- 416 de 1997[41] explicó en qué consiste   la legitimación por pasiva así:    

“La   legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al   demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el   actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material”    

En el caso   estudiado se demandó a la empresa prestadora de servicios públicos ACUAVALLE   S.A. E.S.P, pues a juicio del accionante, es dicha entidad la presunta   vulneradora de los derechos fundamentales invocados, al negarse a instalar el   servicio de acueducto en su vivienda. Aunado a lo anterior, la entidad demandada   es una autoridad pública, de modo que se cumplen las reglas de legitimación por   pasiva.    

3.1.2.3.    Examen de inmediatez    

La inmediatez es   una condición de procedencia de la acción de tutela, creada por la   jurisprudencia de la Corte Constitucional, como herramienta para cumplir con el   propósito de la Carta Política de hacer de la acción de tutela un medio de   amparo de derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz.    

Por ello, es   indispensable estudiar cada caso en concreto, toda vez que es necesario que la   acción sea promovida dentro de un término razonable, prudencial y cercano a la   ocurrencia de los hechos que se consideran vulneratorios de derechos   fundamentales, con el fin de evitar que el transcurso del tiempo desvirtúe la   transgresión o amenaza de los derechos. En consecuencia, ante la injustificada   demora en la interposición de la acción, se vuelve improcedente el mecanismo   extraordinario, por ende, se debe acudir a los mecanismos ordinarios de defensa   judicial.    

A propósito de este   requisito de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte Constitucional en   la Sentencia T- 792 de 2009[42]  estableció que:    

“la   jurisprudencia constitucional ha enfatizado en el hecho de que el mismo exige   que la acción sea promovida de manera oportuna, esto es, dentro de un término   razonable luego de la ocurrencia de los hechos que motivan la afectación o   amenaza de los derechos. Esa relación de inmediatez entre la solicitud de amparo   y el supuesto vulnerador de los derechos fundamentales, debe evaluarse, según ha   dicho la Corte, en cada caso concreto, con plena observancia de los principios   de razonabilidad y proporcionalidad”.    

En cuanto al   requisito de inmediatez, encontramos que se encuentra acreditado, toda vez que   el perjuicio es actual e inminente, pues el tutelante y su núcleo familiar no   gozan del servicio de agua potable en su vivienda, sino que tienen que recurrir   a un vecino, quien les suministra mediante piletas este recurso fundamental.   Además es importante que sea la empresa prestadora de dicho servicio quien de   manera permanente preste el mismo a la vivienda, ya que el agua es un servicio   público esencial y necesario para la satisfacer las necesidades básicas de todas   las personas e incluso para una vida digna.     

3.1.2.4.                   Examen de subsidiariedad    

Esta Corporación ha   reconocido que en ciertas ocasiones, aunque existen mecanismos judiciales   diferentes a la acción de tutela que serían procedentes para solucionar la   controversia planteada, la tutela es el medio adecuado cuando se advierte que   ellos no son idóneos.    

La Sala estima que   teniendo en cuenta las especificidades de la situación del peticionario, como   (i)  su necesidad de que se le suministre agua potable; (ii) los riesgos a los   que se enfrenta para llevar el agua a su vivienda pese a su avanzada edad, y   (iii) que el derecho fundamental al agua es una necesidad inherente al   derecho a la vida digna de las personas, los otros mecanismos de defensa a los   que eventualmente pueda acceder, no son idóneos para lograr de manera oportuna   la protección de sus derechos fundamentales, puesto que aunque la negativa de la   empresa se sustenta en la imposibilidad de realizar las adecuaciones técnicas   para la instalación del acueducto por los problemas de desestabilización del   terreno, tiene la obligación de buscar otras medidas paliativas para hacer   llegar el servicio a la vivienda del tutelante.    

Por estas razones,   la acción de tutela se torna en el medio eficaz para solicitar la protección de   los derechos fundamentales al agua potable, a la vida digna y a la salud del   accionante y de su núcleo familiar.    

3.1.3.   Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor José   Albeiro Sánchez Murillo.    

“[…] el sector donde reside el interesado no tiene red de   alcantarillado y no se puede autorizar una nueva acometida sin que existan   construidas estas redes de alcantarillado para conducir a través de ellas los   residuos domésticos provenientes de la vivienda del interesado en el servicio.    

Como quiera que no existe alcantarillado sobre la vía donde está   ubicada la vivienda del Accionante; es posible autorizar la domiciliaria de   alcantarillado siempre y cuando el interesado construya un poso séptico o el   municipio amplié la cobertura de la red de alcantarillado, hasta el sector donde   está construida la vivienda del demandante […]    

no es que nuestra empresa se niegue a autorizar el servicio; sino   que el problema es que no existen redes de alcantarillado donde se pueda evacuar   los residuos de la residencia.    

Si autorizamos una acometida de acueducto sin tener previsto la   disposición estaríamos siendo los generadores de problemas de salubridad pública   enormes”.    

3.1.3.2.                   Por otro lado, la  Secretaría de Planeación Municipal de   Alcalá, Valle,  manifestó que: “la instalación de la   acometida domiciliaria de acueducto es de una extensión aproximada de 10 ml y se   debe hacer intervención en la Vía Avenida sur la cual hace poco fue intervenida   para su rehabilitación actividad que se debe realizar por parte del propietario   o solicitante de la acometida […]”.    

3.1.3.3.                  En efecto, de las pruebas obrantes dentro del expediente se   puede evidenciar la negativa de la empresa accionada de instalar el servicio de agua potable, por tanto, a su juicio no es viable autorizar una   acometida de acueducto sin tener redes de alcantarillado, pues con ello se   estarían generando problemas de salubridad pública. Además, obligar al tutelante   a construir un pozo séptico es colocarle una carga que no puede soportar, la   cual le produciría sobrecostos y su situación económica es precaria, sus   ingresos solo le alcanzan para sobrevivir. Tal y como quedo probado en la visita   técnica realizada con acompañamiento de la Personería Municipal a la vivienda   del tutelante.    

3.1.3.4.                   Sin embargo, de las pruebas recolectadas por el   juez de primera instancia, este despacho pudo concluir que a pesar de no ser   viable por parte de la empresa accionada instalar el servicio de acueducto que   requieren, el derecho al agua potable del señor José Albeiro Sánchez Murillo y   su núcleo familiar, está siendo vulnerado, pues tal y como se manifestó en la   parte considerativa de este proyecto los obstáculos técnicos, jurídicos o   físicos que impidan extender las redes de acueducto y alcantarillado a viviendas   particulares, no son excusa para negar la prestación del servicio, ya que en   este caso la empresa tiene la obligación de adoptar medidas paliativas que   aseguren el acceso mínimo al servicio de agua potable, para lo cual tienen   diversas alternativas como instalar pilas provisionales de agua potable,   realizarlo, usando carro tanques, u otras medidas.    

3.1.3.5.                   En esta medida, la decisión del Juez   Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, de declarar improcedente la   acción de tutela para ordenar el suministro de agua potable a la vivienda del   actor debido a la imposibilidad de la instalación del mismo, no fue adecuada ni   acorde con la jurisprudencia reiterada de este Alto Tribunal, ya que la   imposibilidad para extender la red de acueducto y alcantarillado no es excusa   para que le empresa prestadora de dicho servicio público evada su obligación de   suministrar así sea un mínimo de agua potable al tutelante y su núcleo familiar.    

3.1.3.6.                   Lo anterior, debido a  que el derecho al agua es la   garantía de contar con un servicio público de acueducto que suministre agua para   consumo humano en condiciones de disponibilidad, calidad, accesibilidad y no   discriminación. Por tanto, se cumplen las obligaciones básicas en materia de   disponibilidad cuando la empresa prestadora del servicio garantiza el acceso a   la cantidad mínima esencial de agua. En este caso, sin embargo, el suministro de   agua a la vivienda del actor no lo proporciona la entidad accionada si no un   vecino mediante pimpinas, lo cual no garantiza el deber mínimo en la materia   puesto que los usuarios no tienen todos los días una cantidad esencial de agua,    por ende no cuentan con un recurso hídrico mínimo para abastecer sus   necesidades mínimas.    

3.1.3.7.                  Por otro lado, tampoco encuentra la Sala que la entidad accionada y   la Alcaldía Municipal tengan previstas otras formas alternativas de suministro o   almacenamiento de agua que garanticen el acceso mínimo de agua potable al   tutelante y a su núcleo familiar, sino que ambas entidades enfatizan en que no   es viable la prestación del servicio y no buscan las maneras de solucionar tal   situación y proveer el mínimo requerido para la subsistencia. De esta forma, la   provisión de agua mediante carro-tanques, pilas provisionales de agua potable, u   otras medidas, hasta tanto se solucione de manera definitiva la instalación del   servicio de acueducto en la vivienda del tutelante, garantizaría una cantidad   mínima de agua disponible, tal como lo argumentó la Corte en la sentencia T-381   de 2009[43],   tesis reiterada recientemente mediante Sentencias T- 616 de 2010[44], T- 790 de   2014[45]  y T-760 de 2015[46].    

No obstante, como no existen en este caso mecanismos que logren   el disfrute del mínimo de agua indispensable para los usos diarios, ya que no es   posible llevar a cabo el suministro a través de las instalaciones domiciliarias   del acueducto, constituyen para esta Sala una vulneración del deber mínimo en   materia de disponibilidad y, con ello, un desconocimiento del derecho al agua.    

3.1.3.8.                  Con base en lo enunciado, para la Sala, la entidad prestadora del   servicio público vulneró el derecho al agua del actor y su núcleo familiar por   cuanto, en estos momentos no se les está prestando el servicio de agua potable,   ni se han previsto otras formas de distribución que garanticen el contenido   mínimo del derecho, tales como carro tanques,  pilas provisionales de agua   potable, u otras medidas. Por ende, esta carencia impide que el señor José   Albeiro Sánchez Murillo y su familia cuenten con el agua potable mínima que les   permita llevar a cabo sus planes de vida dentro del Estado Social de Derecho.     

Teniendo en cuenta lo descrito, la Sala concluye que en la actualidad   sí existe vulneración a los derechos fundamentales del actor y su núcleo   familiar, por parte de la empresa accionada, por cuanto su vivienda en estos   momentos no cuenta con el servicio público domiciliario de acueducto.    

Lo anterior se fundamenta, como se afirmó en la parte considerativa   de esta providencia, en el hecho de que el servicio de agua potable  tiene el carácter de fundamental, cuando su ineficiente prestación o ausencia de   estos, afecta de manera notoria derechos y principios constitucionales   fundamentales, situación que se evidencia en el caso objeto de   estudio.    

3.1.3.9.                   Por otro lado, es importante precisar que   aunque el tutelante solo alegó la vulneración de su derecho fundamental al agua   potable, de las pruebas obrantes en el expediente y la diligencia de inspección   judicial realizada por el juez de primera instancia se constata que la vivienda   del actor no está en condiciones de habitabilidad y en cualquier momento puede   colapsar debido a su precaria construcción[47],   por tanto nos encontraríamos eventualmente frente a una amenaza al derecho a la   vivienda digna, situación que también fue evidenciada por el Juez Promiscuo   Municipal en primera instancia, motivo por el cual tuteló dicho derecho   fundamental. Al respecto, el Secretario de Planeación Municipal enfatizó en que   al no estar la vivienda en zona de riesgo no existe la obligación de reubicar al   tutelante y a su núcleo familiar, además de que no existe a su juicio, certeza   de que la situación económica del actor no le permita por sus propios medios   cambiarse de vivienda. Opinión que es a todas luces contraria a la   jurisprudencia desarrollada por esta Corporación, puesto que en varias   oportunidades la Corte Constitucional ha sido enfática en reiterar su doctrina   frente a la procedencia de la acción de tutela para amparar el derecho a una   vivienda digna cuando se presentan fallas en el inmueble que afectan gravemente   las condiciones de habitabilidad del mismo y amenazan los derechos fundamentales   a la vida e integridad física de sus ocupantes, especialmente cuando los   demandantes no cuentan con recursos para proveerse otra solución de vivienda.   Con respecto a la situación económica del actor, de las pruebas allegadas es   claro que los ingresos del hogar no son suficientes para satisfacer las   necesidades mínimas, por tanto no es viable que con dichos ingresos puedan   adquirir una nueva vivienda.    

En esta medida, es substancial aclarar que no solo se protege el derecho a la   vivienda cuando ésta se encuentra ubicada en zona de riesgo, ya que también es   garantía del derecho que la misma pueda ser habitable en condiciones dignas y   que cuente al menos con los servicios públicos esenciales, los cuales deben   estar provistos e instalados en el predio de acuerdo con los lineamientos que   para el efecto fueron establecidos en la Ley 142 de 1994[48]. Lo anterior, con la   finalidad de poder ofrecer el espacio apropiado a sus ocupantes y de protegerlos   del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la   salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Por tanto, se debe   igualmente garantizar también la seguridad física de los ocupantes siempre que   se vean amenazados los derechos fundamentales a la vida e integridad física de   los mismos, situación que se evidencia en el caso objeto de estudio y que fue   certificada tanto en la visita socioeconómica realizada a la vivienda como en la   inspección judicial. Diligencias que coincidieron en recomendar una   reubicación pues se encuentra en riesgo inminente la vida e integridad   física de sus ocupantes.    

3.1.3.10.             En atención a lo anterior, la Sala considera que en el caso objeto de   estudio se evidencia una afectación real del derecho a la vivienda digna del   tutelante y su núcleo familiar, lo cual incluso pone en riesgo su derecho a la   vida. Es por esta razón que aunque el actor nunca solicitó la protección de este   derecho, en esta ocasión se debe proteger ya que la labor del juez   constitucional, tal y como lo ha señalado esta Corte no solo debe   circunscribirse a las pretensiones que cualquier persona exponga en su demanda,   sino que si se evidencia la afectación directa de un derecho de rango   constitucional este amparo debe ser inmediato, puesto que en materia de tutela,   el juez puede conceder el amparo incluso por derechos no alegados (fallos   extra y ultra petita). Al respecto, la Sentencia T-464 de 2012,[49] señala:    

“[…] dada la naturaleza de la   presente acción, la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las   pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su   labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los   preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los   derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta   procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos   sean extra o ultra petita.    

Argumentar lo contrario   significaría que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o   amenaza de violación de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no   podría ordenar su protección, toda vez que el peticionario no lo adujo   expresamente en la debida oportunidad procesal. Ello equivaldría a que la   administración de justicia tendría que desconocer el mandato contenido en el   artículo 2o superior y el espíritu mismo de la Constitución Política, pues -se   reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el   cimiento mismo del Estado social de derecho.    

Recuérdese que en materia de   tutela, el juez puede al estudiar el caso concreto, conceder el amparo   solicitado, incluso por derechos no alegados, pues la misma naturaleza de esta   acción, así lo permite. Es decir, el juez de tutela puede fallar extra y ultra   petita”.[50]    

3.1.3.11.    Es por esta razón que se ordenará la Empresa   de Servicios Públicos Domiciliarios ACUAVALLE S.A E.S.P. del Municipio de   Alcalá, Valle del Cauca, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas   contadas a partir de la notificación de esta providencia y por su cuenta y   riesgo, programe y lleve a cabo el suministro provisional de agua potable a la   vivienda del peticionario a través de carro tanques, pilas de agua potable, u   otro medio que se estime idóneo y eficaz, en una cantidad que garantice el   consumo diario, hasta tanto la Alcaldía Municipal de Alcalá, encuentre la manera   de inscribir al tutelante en un programa de reubicación o mejoramiento de   vivienda. La cantidad de agua a proveer debe obedecer al volumen mínimo   razonable establecido como parámetro por la Organización Mundial de la Salud   (OMS), el cual debe oscilar entre cincuenta (50) y cien (100) litros de agua por   persona por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud.    

3.2.          CONCLUSIÓN    

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, ACUAVALLE   S.A E.S.P de Alcalá, Valle, vulnera el derecho fundamental al agua potable y a   la vida digna del señor José Albeiro Sánchez Murillo y su núcleo familiar, al   negarse a suministrar agua a su vivienda aduciendo imposibilidades técnicas,   pues a su juicio al no existir redes de acueducto y alcantarillado se podrían   producir problemas fuertes de salubridad pública.    

En esta oportunidad, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas   de la Corte Constitucional concluye que dicho derecho fundamental está siendo   vulnerado puesto que los obstáculos técnicos, jurídicos o   físicos que impidan extender las redes de acueducto y alcantarillado a viviendas   particulares, no son excusa para negar la prestación del servicio, ya que en   este caso la empresa tiene la obligación de adoptar medidas paliativas que   aseguren el acceso mínimo al servicio de agua potable, para lo cual tienen   diversas alternativas como instalar pilas provisionales de agua potable,   realizarlo, usando carro tanques, u otras medidas.    

Por tanto, la Sala ordena a la empresa accionada el   suministro de agua provisional mediante carro tanques, pilas provisionales de   agua u otras formas, hasta tanto la Alcaldía Municipal realice la reubicación de   la familia a una vivienda habitable o el mejoramiento de la misma. Asimismo, se   deja claro que los costos derivados del suministro deberán ser asumidos por la   empresa demandada sin que pueda realizar cobro alguno por dicho concepto al   accionante.    

Lo anterior, en razón a que de las pruebas allegadas a la   tutela se evidencia que aunque el actor no solicitó la protección de su derecho   a la vivienda digna, debido al grave estado en el que se encuentra su casa es   necesario adoptar medidas en aras de proteger su vida y la de su familia, ya que   ésta se encuentra en riesgo de colapsar. Esta orden es dada en razón a la   facultad que tiene el Juez Constitucional de fallar extra o ultra petita   cuando percibe una evidente  violación o amenaza de violación de un derecho   fundamental como el derecho a la vida.    

4.                  DECISIÓN    

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de   Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en   nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,    

RESUELVE:    

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el veintiséis (26)   de agosto de dos mil quince (2015), por el Juzgado Primero Civil del Circuito de   Cartago, Valle, que revocó la decisión de primera instancia proferida el   catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015), por el Juzgado Promiscuo   Municipal de Alcalá, Valle del Cauca. En su lugar, CONCEDER la protección   de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable y a la   vivienda digna del señor José Albeiro Sánchez Murillo y su núcleo familiar.    

SEGUNDO. ORDENAR a la Empresa de Servicios Públicos   Domiciliarios de Alcalá, Valle del Cauca ACUAVALLE S.A E.S.P que en el   término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de   esta providencia, programe y lleve a cabo el suministro provisional de agua   potable a la vivienda del peticionario a través de carro tanques, pilas   provisionales de agua u otro medio que se estime idóneo y eficaz, en una   cantidad que garantice el consumo diario, hasta tanto la Alcaldía Municipal de   Alcalá, Valle del Cauca, encuentre la manera de inscribir al tutelante en un   programa de reubicación o mejoramiento de vivienda. La cantidad de agua a   proveer debe obedecer al volumen mínimo razonable establecido como parámetro por   la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe oscilar entre cincuenta   (50) y cien (100) litros de agua por persona por día para asegurar la   satisfacción de todas las necesidades de salud. Los costos derivados del   suministro serán asumidos por la empresa y no se podrá realizar cobro alguno por   dicho concepto al accionante.    

TERCERO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Alcalá, Valle del   Cauca, que en un término no superior a seis (6) meses, realice las gestiones   necesarias para inscribir al accionante y a su núcleo familiar en los programas   de reubicación o mejoramiento de vivienda del municipio.      

CUARTO. COMUNICAR  la presente decisión a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y   al Personero de Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, para que dentro de la   órbita de sus competencias, hagan un seguimiento del cumplimiento de esta   providencia.    

QUINTO.   Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del   Decreto 2591 de 1991.    

Cópiese, notifíquese   y cúmplase.    

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB    

Magistrado    

ALBERTO ROJAS RÍOS    

Magistrado    

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA    

Magistrado    

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ    

Secretaria General    

[1]  El bloque de constitucionalidad es el término jurídico que se utiliza para   referir que la Constitución no sólo está integrada por el articulado que   formalmente figura en ella, sino que también la conforman otras disposiciones   que reúnan las siguientes características: (i) que se encuentren establecidas en   tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, y (ii) que   reconozcan un derecho humano y (iii) que su limitación esté prohibida en los   estados de excepción.    

[2]  Un resumen detallado de los casos en que la Corte   Constitucional en sede de tutela ha amparado el derecho fundamental al agua   puede hallarse en la Sentencia T-418 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.    

[3]  Corte Constitucional, Sentencia C-220 del 29 de marzo de 2011. M.P. Jorge   Ignacio Pretelt Chaljub.    

[4]  Un resumen detallado de los casos en los que la Corte Constitucional en sede de   tutela ha amparado el derecho fundamental al agua puede hallarse en la Sentencia   T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.    

[5]  La Corte señaló lo siguiente en la Sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria   Calle Correa: “Hay dimensiones del derecho que generan obligaciones de   respeto, de protección y de garantía, de las cuales no son titulares las   personas individualmente, sino colectivamente. Las protecciones de las fuentes   hídricas de las cuales puede depender eventualmente el consumo de agua de las   futuras generaciones, hace parte, sin duda, de los ámbitos de protección del   derecho al agua, pero no se trata de un derecho individual.”    

[6] Ver las   sentencias T-270 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-888 de 2008, M.P. Marco   Gerardo Monroy Cabra; T-546 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; T-418 de   2010, M.P. María Victoria Calle Correa; T-616 de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas   Silva, entre otras.    

[7]  Cfr. Sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.    

[9]  La Corte señaló algunos ejemplos de estos dos tipos de obligaciones en la   sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa, de la siguiente   manera:     

“3.5.6. Como se indicó,   las obligaciones derivadas del derecho fundamental al agua pueden implicar   facetas positivas, que demanden medidas complejas por parte del Estado, como la   realización de obras, o facetas negativas, que supongan la abstención por parte   de la Administración. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional.    

3.5.6.1. Como ejemplo de   protección a una faceta positiva del derecho, puede citarse la reciente   sentencia T-974 de 2009, en la cual la Corte Constitucional tuteló los derechos   a la vida y la salud de una comunidad que se veía afectada ante las constantes   inundaciones producidas por el desborde del río La Vieja. Los tutelantes   alegaban que la no construcción de un colector interceptor de alcantarillado que   evita la salida directa de las descargas al Río y la falta de mantenimiento de   unos diques de protección en el mismo, eran la causa de las inundaciones que   pongan en peligro los mencionados derechos constitucionales. La Corte   Constitucional decidió conceder la acción de tutela, considerando que (i) desde   hacía más de 3 décadas –desde mediados de los años 70 del siglo pasado– la   Administración conocía el problema y había decidido tratarlo;  (ii) que las   normas, tanto constitucionales y legales como reglamentarias, territoriales y   convencionales imponían el deber de tomar medidas; y (iii) que los derechos de   los accionantes estaban en riesgo.    

3.5.6.2. También se han   tutelado facetas negativas del derecho al agua. La Corte consideró que se había   irrespetado el derecho a acceder al agua, incluso en el caso de predios rurales,   no urbanos, cuando por actos positivos de la Administración, así se encontraran   justificados, se había afectado el acceso al agua a las personas que habitan   permanente o temporalmente en los mismos. Así ocurrió, por ejemplo, en la   sentencia T-381 de 2009, caso en el que, luego de reconocer el impacto que una   obra había tenido sobre el acceso a fuentes de agua para los predios de los   tutelantes, la Corte resolvió ordenar que se adoptaran las medidas adecuadas y   necesarias para asegurar que el problema encontrara una solución definitiva.”    

[10] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.    

[11] M.P. Maria Victoria Calle Correa.    

[12] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.    

[13] MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.     

[14]  Ibidem    

[15]  MP, María Victoria Calle Correa    

[16]  MP, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub    

[17]  MP, Alberto Rojas Ríos    

[18] Reglamentada Parcialmente por el   Decreto Nacional 1641 de 1994. Reglamentada por los Decretos Nacionales 3087 de 1997,   302 de 2000, 556 de 2000, 421 de 2000, 847 de 2001. Adicionado por la Ley 689 de 2001.  Reglamentada por el Decreto   Nacional 1713 de 2002. Reglamentada parcialmente por el   Decreto Nacional 549 de 2007.    

[19] Sentencia T-865 de 2011,   MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.    

[20] Colombia aprobó el Pacto de los derechos económicos, sociales y   culturales por Ley 74 de 1968 y lo ratificó, el 29 de octubre de 1969.    

[21] “Artículo 93: Los   tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen   los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,   prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta   Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre   derechos humanos ratificados por Colombia.”    

[22] En Sentencias como la T-495 de 1995 y T-258 de 1997 la   Corte Señaló: “[…] El derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter   asistencial que requiere un desarrollo legal previo y que debe ser prestado   directamente por la administración o por las entidades asociativas que sean   creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas para   el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de los programas y   subsidios. Así, las autoridades deben facilitar la adquisición de vivienda,   especialmente en los sectores inferiores y medios de la sociedad, donde aparece   detectado un déficit del servicio; para tal efecto los particulares deben   cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Este derecho de contenido social no le otorga a la   persona un derecho subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del Estado   su plena satisfacción, pues se requiere del cumplimiento de condiciones   jurídico-materiales que lo hagan posible.     

[Por otra parte] la   Constitución señaló el derecho que tiene   toda persona para acceder a la vivienda en condiciones dignas. Dicho derecho,   que se cataloga como de segunda generación y que se sitúa junto con otros   derechos de carácter económico, no tiene la protección inmediata que le puede   brindar la acción de tutela, pues en su condición de derecho asistencial, le   corresponde al Estado la obligación de desarrollar planes de vivienda, ya sea   directamente o por medio de contratos con particulares, todo de acuerdo con la   ley. Por tal motivo, las condiciones jurídicas, económicas y materiales son las   que determinarán la efectiva materialización de tal derecho […]”    

[23] Ver sentencias T-036 de   2010, T-895 de 2008, T-894 de 2005, T-791 de 2004, T-363 de 2004, T-756 de 2003,   T-1073 de 2001, T-626 de 2000, T-190 de 1999 y T-617 de 1995, entre otras.    

[24]   Sentencia  T- 036 de 2010, T-079 de 2008, T-1075 de 2007, T- 363 de 2004 y   T-756 de 2003, entre otras.    

[25]   Sentencias  T-036 de 2010, T-959 de 2004, C-560 de 2002, T-1165 de 2001,   C-328 de 1999, T-666 de 1998, T-011 de 1998,  T-617 de 1995, T-021 de 1995   y C-575 de 1992.              

[26] “[…]aunque se ha   dicho que el derecho a la vivienda digna no es exigible directamente por vía de   tutela, lo cierto es que esta restricción desaparece cuando su quebrantamiento   vulnera o pone en peligro derechos fundamentales.     

Ciertamente, la Corte Constitucional   ha reconocido en prolija jurisprudencia que, en virtud del factor de conexidad,   los derechos de segunda generación v.gr. los derechos a la salud, a la seguridad   social o a la vivienda digna, pueden ser protegidos de la misma forma que los   derechos fundamentales. A este respecto, la Corte ha   dicho:    

Los derechos   fundamentales por conexidad son   aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin   embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e   inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no   fueran protegidos en forma inmediata los primeros, se ocasionaría la vulneración   o amenaza de los segundos […]”    

[27]Ver Sentencias T-016 del   22 de enero de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-075 de 2012, MP, Dr.   Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.    

[28]Al respecto, la Corte   explicó lo siguiente en la sentencia C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt   Chaljub: “La Corte Constitucional ha entendido que todos los derechos   fundamentales, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos   económicos, sociales y culturales, implican obligaciones de carácter negativo y   positivo. A diferencia de lo que solía afirmar parte de la doctrina, para la   Corte no es cierto que solamente los derechos económicos, sociales y culturales   tengan contenidos prestacionales; los derechos civiles y políticos también   requieren de la adopción de medidas, la destinación de recursos y la creación de   instituciones para hacerlos efectivos”. Esta afirmación es reiterada   por la Corte en las Sentencias T- 133 de 2006, T-016 de 2007, T-760 de 2008,   T-245 de 2012, T-314 de 2012 y t-075 de 2012.    

[29] Sentencia T-760 de 2008   M.P. Manuel José Cepeda.    

[30] Ver sentencias T-079 de   2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-894 de 2005 M.P. Jaime Araújo Renteria, T-791   de 23 de 2004  M.P. Jaime Araújo Rentería y T-958 de  2001 M.P.   Eduardo Montealegre Lynett.    

[31] MP, Dr. Mauricio González   Cuervo    

[32]La   mencionada observación establece elementos que asisten a la interpretación del   artículo 51 constitucional, en virtud del artículo 93 superior, pues el Comité   es el órgano que interpreta  con autoridad el Pacto Internacional de DESC.   El parágrafo 7 de la observación contiene algunos aspectos centrales del derecho   a la vivienda adecuada que sirven de pauta de interpretación de la disposición   constitucional.     

[34] Así lo reconoce la Comisión de Asentamientos Humanos y   la Estrategia Mundial de Vivienda. Disponible en:   http://ww2.unhabitat.org/chs18/English/hsc182s.pdf.    

[35] Comité del Pacto   Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales.    

[36]  M.P. Nilson Pinilla Pinilla.    

[37]  Dicha postura fue reiterada mediante Sentencia T-197   de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.    

[38] Observación General No 4,   Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.    

[39]  Cfr, Folio 13, cuaderno Nro. 2.    

[40]  Cfr, Folios 12-13 y 46,-48 del cuaderno No. 2.    

[41]  MP, Antonio Barrera Carbonell    

[42]  MP, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo    

[43]  MP, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub    

[44]  MP, Luis Ernesto Vargas Silva    

[45]  MP, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub    

[46]  MP, Alberto Rojas Ríos    

[47]   Inspección Judicial “Es una construcción de un piso   en guadua y esterilla soportado por guaduas de aproximadamente 2.20 metros de   altura apoyada sobre la tierra, a un lado de la vivienda está una construcción   de concreto reforzado y ladrillo, de aproximadamente ocho metros de altura, cuya   cimentación ha perdido el confinamiento lateral por escavasiones realizadas   debajo de la vivienda realizadas por el propietario, a causa de esto se observan   socavación y grietas en el talud vertical que puede generar una   desestabilización de ambas construcciones con riesgo de colapso del edificio del   colegio sobre la vivienda del accionante, además esta vivienda está ubicada a   más de ocho metros sobre la vía sobre un talud pendiente a 45 grados”. (Folios 46-48, Cuaderno No. 2)    

[48]CFR   T-055 de 2011, MP, Jorge Iván Palacio Palacio.    

[49]  MP, Jorge Iván Palacio Palacio    

[50]  Ver entre otras las Sentencias T-310 de 1995 y T- 553 de 2008.