T-188-16

           T-188-16             

Sentencia   T-188/16    

ACCION DE   TUTELA EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO DE POBLACION DESPLAZADA-Procedencia    

Esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela procede como mecanismo de protección de los   derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. Lo   anterior, debido a que otros medios de defensa judicial resultan insuficientes   para brindar protección eficaz ante las circunstancias de urgencia y apremio que   enfrenta esta población y porque resultaría desproporcionado exigir a las   personas desplazadas el agotamiento previo de los recursos judiciales   ordinarios, lo cual equivaldría a la imposición de cargas adicionales a las que   han tenido que soportar en su condición de víctimas de la violencia.    

DERECHO A LA   VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Reiteración   del carácter fundamental respecto a la población en desplazamiento    

El derecho a la vivienda digna de la   población desplazada es un derecho fundamental de aplicación inmediata, que ha   sido desarrollado a través de instrumentos internacionales e internamente por   vía jurisprudencial, legislativa y reglamentaria, siendo un imperativo para el   Estado su protección y salvaguarda.    

DESALOJOS   FORZOSOS FRENTE A POBLACIONES VULNERABLES Y ESTANDARES INTERNACIONALES    

DERECHOS DE LA   POBLACION DESPLAZADA EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO    

La población víctima de desplazamiento forzado que se   encuentre asentada en terrenos que constituyan zona de riesgo, como ocurre con   los márgenes y cauces activos de los ríos o estructuras de contención como son   los diques, tienen garantías constitucionales reforzadas, especialmente, cuando   las autoridades públicas inicien procedimientos administrativos de restitución   de bienes de uso público tendientes a desalojarlos. En tal caso, deberá   protegerse el derecho a la vivienda digna de la comunidad desplazada adoptando   medidas transitorias de albergue temporal, de estabilización socioeconómica y   ayuda humanitaria, así como medidas definitivas que garanticen una solución de   vivienda a mediano y largo plazo en programas y proyectos de vivienda que se   adelanten por parte de las autoridades públicas competentes.    

DERECHO A LA   VIVIENDA DIGNA DE GRUPOS VULNERABLES FRENTE A ORDEN DE DESALOJO-Orden a Alcaldía y a autoridades competentes garantizar albergue   provisional a familias en condición de desplazamiento que habitan los   asentamientos, así como la ejecución de programas de estabilización   socioeconómica y de ayuda humanitaria    

Referencia: expediente T-5318700    

Acción de tutela   instaurada por José Samuel Rojas Mora actuando en nombre propio y como   representante legal de la Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza contra el   municipio de Villavicencio, el departamento del Meta, el Ministerio de   Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio,   Fonvivienda, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la   República.    

                                

Magistrada   Ponente:    

MARÍA VICTORIA   CALLE CORREA    

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril dos   mil dieciséis (2016).    

La   Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los   Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez y   Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales,   legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente    

En el proceso de revisión[1] del fallo proferido en   primera instancia, por la Sala Segunda del Tribunal Administrativo del Meta, el   dos (2) de septiembre de dos mil quince (2015); y en segunda instancia, por la   Subsección B, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del   Consejo de  Estado, el cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015);   dentro de la acción de tutela promovida por José Samuel Rojas Mora   actuando en nombre propio y como representante legal de la Corporación Nuevo   Amanecer Vida y Esperanza contra el municipio de Villavicencio, Fonvivienda, el   departamento del Meta, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura   y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, Ministerio   de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República.    

I.  ANTECEDENTES    

El señor José Samuel Rojas Mora,   actuando en nombre propio y como representante legal de la Corporación Nuevo   Amanecer Vida y Esperanza, interpone el día nueve (9) de julio   de dos mil quince (2015) acción popular[2]  solicitando[3]  la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a la   unidad familiar, a la honra, los cuales considera vulnerados por la   Alcaldía Municipal de Villavicencio, Fonvivienda, la Gobernación del Meta, el   Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el   Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, el Ministerio de Hacienda y Crédito   Público y la Presidencia de la República, ante la amenaza de   desalojo de los asentamientos que actualmente ocupan al margen del río Guatiquía   (sector Covisan), del municipio de Villavicencio en su condición de desplazados.    

1. Hechos    

1.1 Manifiesta el accionante que doscientas doce (212) familias   desplazadas por la violencia y en pobreza extrema (integradas por adultos,   menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas en   situación de discapacidad, indígenas, afrocolombianos y desmovilizados)[4], se asentaron a partir   del 12 de junio de 2013 a lo largo del dique en la margen derecha del río   Guatiquía en Villavicencio (Meta), asentamientos denominados: “Villa   Campestre Nº1, Brisas del Valle Nº 2”[5].    

1.2 Sostiene que al no ser advertidos que en el lugar donde se   encuentran no se podía construir, y debido a que no tenían donde vivir, optaron   por asentarse y edificar sus viviendas “a una distancia de más de 10 metros   del dique con el fin de no afectar o debilitar la estructura”[6].   Han solicitado a la empresa prestadora de servicios públicos y a la   administración municipal la entrega del servicio de agua y energía, petición que   les ha sido negada. Por ello, levantaron de manera artesanal el servicio de agua   y redes de energía.    

1.3 Agrega que desde el 4 de febrero de 2015, la administración   municipal de Villavicencio comenzó a amenazar con desalojarlos de estos   asentamientos. Precisamente, en esa fecha el Secretario de Gobierno y Seguridad   del municipio, en compañía de la policía, realizaron una visita a la zona que   están ocupando y les advirtieron que debían abandonarla, porque estaban   debilitando el dique e invadiendo el cauce del río.    

1.4 Luego, el 9 de febrero de ese mismo año, la comunidad desplazada   radicó un derecho de petición ante el municipio de Villavicencio[7], con copia a   la Presidencia de la República[8],   a la Vicepresidencia de la República[9]  y al Ministerio de Vivienda[10]  (estas 3 últimas entidades no dieron respuesta). En la comunicación explican que   son desplazados y se ilustra el conflicto que ha surgido con la entidad   territorial a causa de los refugios que han construido sobre al margen del río.   Igualmente, piden una reunión urgente entre las autoridades antes mencionadas y   los voceros de su comunidad, además, que se suspenda cualquier trámite o   actuación administrativa o judicial encaminada a desalojarlos.    

1.5 Así se convocó una reunión el 25 de febrero de 2015[11],   en la que participaron los voceros de los asentamientos[12], autoridades locales,   regionales y órganos de control[13].   En dicha reunión se concertó suspender cualquier orden de desalojo y se programó   un nuevo encuentro para el día 5 de marzo de 2015. En esta última reunión el   Secretario de Gobierno municipal indicó que la entidad territorial no tenía   presupuesto para la reubicación de las personas que estaban asentadas   irregularmente, pero que debía vincularse a otras instituciones que podrían   participar en la financiación de esta alternativa[14].    

1.6 El 20 de marzo de 2015 la comunidad desplazada radicó ante el   municipio de Villavicencio una nueva petición[15],   solicitando principalmente que no se llevara a cabo el desalojo hasta tanto se   les garantice una vivienda digna. En la citada comunicación también proponen el   desarrollo de un plan de vivienda popular, en el cual estarían dispuestos a   participar bajo la modalidad de autoconstrucción.     

1.7 El 18 de abril siguiente vuelven a reunirse las partes en   conflicto. Los representantes del ente territorial reiteraron que el municipio   no cuenta con un plan de reubicación, ni puede dar lotes con servicios y no   tiene los recursos para construir las viviendas a quienes se encuentran en la   ribera del río Guatiquía[16].    

1.8 Posteriormente, el accionante y los voceros de las comunidades   desplazadas residentes al margen del río Guatiquía (Villa Campestre No. 1,   Brisas del Valle No. 2 y Lazos de Dignidad No. 3) una vez más elevan  petición   radicada el 24 de abril de 2015, en la Oficina de Gestión de Riesgos de   Villavicencio[17].   En ella solicitan la realización de una visita para evaluar el riesgo en el que   se encuentran los asentamientos, también imploran que se facilite la maquinaria   necesaria para dragar o canalizar el río ante la amenaza de una ola invernal. En   el mismo sentido, exigen la intervención de la Oficina de Gestión de Riesgos,   para suspender las actividades mineras en el río.    

1.9 Aceptado parcialmente este último requerimiento, en lo que   respecta a la visita de los asentamientos, la misma se lleva a cabo por parte de   la Oficina de Gestión de Riesgos de Villavicencio. Tal dependencia municipal   concluye que la comunidad se encuentra “dentro del cauce activo del río   Guatiquía con vulnerabilidad alta a un riesgo inminente de inundación”; por   lo tanto, le advierte a los accionantes que ante la ola invernal que se avecina   en el departamento del Meta tienen el deber de evacuar el lugar[18].    

1.10 El actor manifiesta que las autoridades han judicializado a   quienes se encuentran en situación de desplazamiento y pobreza extrema, actuando   con negligencia y desinterés para concretar acciones puntuales que contribuyan a   solucionar la penosa situación en la que se encuentran actualmente. Igualmente,   expresa su preocupación por las declaraciones que en medios de comunicación han   dado los funcionarios del ente territorial, amenazando continuamente con un   desalojo a las familias que hoy viven a orillas del río Guatiquí.    

1.11 En consecuencia el accionante solicita,   en representación de la comunidad de desplazados Villa Campestre Nº 1 y Brisas   del Valle Nº 2, que se impartan órdenes a las a las autoridades locales,   regionales y nacionales, las cuales se resumen así: (i) suspender o aplazar   cualquier decisión administrativa o judicial encaminada a desalojar los   asentamientos hasta que se les garantice el derecho a la vivienda, la salud y la   educación; (ii) una medida cautelar antes de hacer el lanzamiento para   garantizar un albergue temporal a las familias afectadas; (iii) la compra de   predios para construir vivienda de interés social a fin de reubicarlos; (iv)   dragar el río, construir un dique para legalizar los asentamientos de   desplazados como nuevos barrios y realizar un censo y estudio socio económico de   las personas que residen en los asentamientos.    

2. Respuesta de las entidades demandadas    

2.1 Respuesta de la Presidencia de la   República    

La apoderada de dicha entidad solicitó ser   desvinculada por falta de legitimidad en la causas por pasiva, “al no ser   parte ni juez del referido proceso”. Precisó que la Presidencia de la   República no es la responsable de atender los requerimientos en esa materia,   porque no tiene competencia al respecto.[19]    

2.2 Ministerio de Hacienda y Crédito   Público    

Dicha entidad solicitó también ser   desvinculada porque no es competente para realizar retornos ni reubicaciones a   las personas víctimas de desplazamiento forzado, siendo esta una competencia de   la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral de las Víctimas   (UARIV) y el municipio de Villavicencio.[20]    

2.3 Ministerio del Interior    

2.4 Ministerio de Agricultura    

Dicha entidad solicitó ser desvinculada de   la presente acción de tutela porque no es competente para realizar retornos ni   reubicaciones a las personas víctimas de desplazamiento forzado.[22]    

2.5 Ministerio de Vivienda, Ciudad y   Territorio    

La referida cartera sostuvo que había falta   de legitimación pasiva, dado que quien otorga el subsidio de vivienda de interés   social urbano para población desplazada es el Fondo Nacional de Vivienda –   FONVIVIENDA, el cual tiene patrimonio propio, autonomía presupuestal y   financiera.[23]    

2.6 Fondo Nacional de Vivienda –   Fonvivienda    

El apoderado de dicha institución se opuso a   que prospere la presente acción de tutela al señalar, que el hogar del actor no   figura dentro de ninguna de las convocatorias realizadas por Fonvivienda para   personas desplazadas por la violencia. Agrega que es el Departamento   Administrativo para la Prosperidad Social – DPS es el que debe realizar la   selección de potenciales beneficiarios  para la asignación de los subsidios   familiares de vivienda, en el marco del programa de vivienda gratuita.[24]     

2.7 Departamento del Meta    

El Secretario de Vivienda Departamental   señaló que no le consta nada de lo expuesto en la acción de tutela. Considera   que la misma no es procedente contra actos administrativos proferidos por la   autoridad competente, máxime, cuando esta actúa como garante frente a la   invasión de bienes públicos[25].     

2.8 Municipio de Villavicencio    

El ente territorial manifestó que: (i) no ha   vulnerado derecho fundamental alguno, pues ha explicado reiteradamente a la   comunidad desplazada que los lugares ocupados por los asentamientos representan   un grave riesgo para ellos frente a una inundación del río Guatiquía; (ii) la   suspensión del proceso por ocupación de hecho no la puede hacer, pues sería una   decisión ilegal; (iii) ha atendido todas las peticiones del accionante y de la   comunidad que este representa. En tal sentido, solicita se declare improcedente   el amparo deprecado.    

3.1 Mediante auto del 26 de febrero de   2016, esta Sala de Revisión decretó la práctica de pruebas[26], pidiendo   información relevante a algunas de las entidades accionadas.    

3.2 En su respuesta el municipio de Villavicencio, afirma[27]: (i) no se ha   adelantado proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, lo que se inició fue   un proceso de restitución de bien de uso público No. 035/2015, el 20 de agosto   de 2015, que se encuentra en trámite de notificación personal; (ii) los   asentamientos objeto de la acción de tutela se encuentran ocupando el cauce   activo y el talud del dique protector del río Guatiquía margen derecha sector   Covisan, arriesgando la vida de quienes allí habitan y poniendo en riesgo a los   habitantes de los barrios Vencedores, Nueva Colombia 1 y Nueva Colombia 2; (iii)   se realizó el censo los días 19 y 20 de marzo de 2015, su caracterización y   tabulación se encuentra en trámite.    

3.3 La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena   (Cormacarena) por su parte sostuvo[28],   que el río Guatiquía a la altura del casco urbano de Villavicencio en sus   márgenes derecho e izquierdo, ha generado situaciones de riesgo a través de los   años. Por tal razón, Cormacarena y el departamento del Meta, con base en los   estudios y diseños realizados en 2006, ha iniciado la construcción de diques   longitudinales los cuales han requerido de labores de mantenimiento y   recuperación. Precisamente, al realizar el mantenimiento de estos se advirtió la   presencia de invasiones en la zona del dique y en el cauce activo del río,   situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Indica   que quienes han invadido estos sectores no solo están arriesgando sus vidas y   las de quienes habitan legalmente el sector, sino también están atentando contra   la estabilidad del dique el cual podría incluso ser arrasado por la creciente   del río. Por lo tanto, ha pedido a la administración municipal de Villavicencio   la recuperación urgente de la zona invadida para continuar las obras de   estabilización.    

3.4 La Oficina de Gestión del Riesgo de   Villavicencio en su respuesta al auto de pruebas reitera[29], que las familias   asentadas en el cauce activo del río Guatiquía tienen “vulnerabilidad muy   alta a un riesgo inminente de inundación”. Además, que estos asentamientos   se encuentran socavando y perforando tuberías de aguas negras así como   destruyendo la obra de construcción del dique. Agrega que su función se limita a   informar a la comunidad el inminente riesgo en que se encuentran y que es deber   de esta evacuar.    

3.5 La Unidad para la Atención y Reparación   Integral de las Víctimas contesta[30],   que había indagado en sus bases de datos la información relacionada con la   Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza y halló una petición que relacionaba   los nombres de quienes la integran, por lo que hizo el cruce de datos con el   registro único de víctimas y encontró que 37 personas la conforman. De estas 10   están incluidas en el registro de víctimas.    

4. Trámite y decisión de primera   instancia    

4.1 Una vez se avocó el conocimiento de la   presente acción de tutela por parte de la Sala Segunda del Tribunal   Administrativo del Meta, el 19 de agosto de 2015, se ordenó notificar a las   entidades accionadas con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y   contradicción. Frente a la medida cautelar solicitada, dicho Despacho negó tal   petición[31].    

4.2 Así, a través de sentencia de fecha 2   de septiembre de 2015[32] el Tribunal Administrativo del Meta   falló en primera instancia negando la acción de tutela[33].   Sin embargo, instó al municipio de Villavicencio y a la Unidad para la Atención   y Reparación Integral de las Víctimas, para que realizaran un censo de las   familias asentadas en el margen derecho aguas abajo del río Guatiquía, a fin de   identificar quienes ostentan la calidad de desplazados y quienes se encuentran   en pobreza extrema. Luego, el municipio de Villavicencio deberá remitir al   Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS y al Fondo Nacional   de Vivienda el listado de hogares que podrían ser beneficiados de los subsidios   familiares de vivienda, tal y como lo dispone la Ley 1537 de 2012 o vincularlos   en proyectos de vivienda de interés social. También se instó al municipio de   Villavicencio a adoptar medidas adecuadas dentro del proceso del proceso de   restitución de uso público en los términos de la sentencia T-349 de 2012 de esta   Corporación.    

5. Impugnación[34]    

5.1 El señor José Samuel Rojas Mora impugnó   la decisión del Tribunal Administrativo del Meta, argumentando que la tutela era   procedente como mecanismo de protección inmediata de los derechos   constitucionales fundamentales de las personas familias desplazadas que   representa, pues no existe otro medio de defensa judicial ante la amenaza de   desalojo. Declara que el Tribunal desconoció la sentencia T – 454 de 2012 de   esta Corporación y solicita que antes del desalojo se garantice “un techo   digno para cada familia o un arriendo y priorizarlos y censarlos para que hagan   parte o sean beneficiarios de los programas de vivienda que ofrece el gobierno   nacional y reubicarlos, ya que un desalojo forzoso sería revictimizarlos una vez   más.”     

6. Decisión de segunda instancia[35]    

6.1 La Sección Segunda – Subsección B del   Consejo de Estado,[36]  mediante sentencia del 5 de noviembre de 2015, confirmó la sentencia proferida   en primera instancia que negó el amparo invocado por el actor.    

6.2 Para el Alto Tribunal, en la actividad   de la administración municipal, departamental y nacional no se observa actividad   alguna que vulnere los derechos fundamentales que los accionantes estiman   vulnerados, pues considera la sección que al asentarse ilegalmente al margen del   río a sabiendas del peligro que corren, el riesgo lo han generado los   pobladores.  Con relación al derecho a la vivienda digna luego de citar   normatividad relacionada con el otorgamiento de subsidios para vivienda,   concluye no hay vulneración de este derecho, dado que la mínima obligación que   tiene la población desplazada es participar de las convocatorias que las   autoridades estatales abren para asignar estos subsidios.    

6.3 Agrega, que el mero censo de quienes   habitan en estos asentamientos no conlleva a exigir a la administración la   reubicación, pues “no se deriva ningún derecho de la propia desidia, máxime   cuando con ello se pone en peligro los derechos de los habitantes de toda una   ciudad, que es latente ante el deterioro del dique (…)”.    

II. CONSIDERACIONES Y   FUNDAMENTOS    

1. Competencia    

Esta Sala de Revisión de la Corte   Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro   del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del   artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en   concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.[37]    

2. Presentación del caso y planteamiento   del problema jurídico    

2.1 José Samuel Rojas Mora, en su calidad de   representante legal de la Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza, interpone acción de tutela contra autoridades locales,   regionales y nacionales[38], ante la amenaza de desalojo de los asentamientos “Villa   Campestre Nº1, Brisas del Valle Nº 2” que actualmente ocupa la población   desplazada y en pobreza extrema que él representa (212 familias integradas por   sujetos de especial protección constitucional[39]),   al margen derecho del río Guatiquía (sector Covisan) de Villavicencio.    

2.2 En estos lugares han edificado viviendas   y resguardos rudimentarios en los cuales viven en condiciones paupérrimas, con   ellos invaden el cauce activo del río y amenazan la estabilidad del dique.     

2.3 La administración municipal de   Villavicencio ante la situación descrita ha iniciado un proceso de restitución   de bien de uso público el cual se encuentra en trámite de notificación. A su   vez, ha entablado diálogo con la comunidad ubicada en estos asentamientos sin   proponer soluciones de fondo. Los representantes de la entidad territorial han   reiterado que no cuentan con un plan de reubicación, ni con los recursos o   medios para garantizar la vivienda a quienes hoy viven en refugios a orillas del   río Guatiquía. De la misma manera, se han limitado a insistirles que se   encuentran en un grave e inminente peligro frente al probable desbordamiento del   río Guatiquía de producirse lluvias torrenciales, siendo necesario que desalojen   el lugar en forma urgente.    

2.4 Las peticiones de la población ubicada en   los asentamientos “Villa Campestre Nº1, Brisas del Valle Nº 2”   a orillas del río Guatiquía, se han centrado en pedir la suspensión de cualquier   orden de desalojo hasta tanto no se les ofrezca un lugar en el que puedan ser   reubicados garantizando su derecho a una vivienda digna.    

2.5 La respuesta de las entidades accionadas ha sido: (i) las del   orden nacional han manifestado su falta de legitimidad por pasiva, pues   consideran que no son competentes frente a las reclamaciones que el accionante   hace en nombre de la población desplazada; (ii) el departamento del Meta ha   centrado su defensa en argumentos jurídicos relacionados con la improcedencia de   la tutela; (iii) el municipio de Villavicencio explicó que inició un proceso de   restitución de bien de uso público para recuperar el área invadida por los   asentamientos. Al igual que la oficina de gestión de riesgo, reiteró el grave   peligro que existe para la comunidad con una eventual inundación del río   Guatiquía. Además pidió que se declare la improcedencia de la tutela.    

2.6 Con base en lo   expuesto, corresponde a la Sala Primera de Revisión ocuparse de resolver el   siguiente problema jurídico:    

¿El municipio de   Villavicencio vulnera el derecho a la vivienda digna de una comunidad desplazada   (“Villa Campestre Nº1, Brisas del Valle Nº 2”)  al iniciar un   proceso administrativo de restitución de bien de uso público con el fin de   desalojarlos, teniendo en cuenta que se encuentran ocupando el cauce activo del   río Guatiquía y la estructura del dique que lo resguarda, sin previamente   ofrecer ninguna medida de protección?      

Con el fin de   resolver este interrogante, la Sala: (i) reiterará las reglas   jurisprudenciales relativas a la procedencia de la acción de tutela para   proteger la población desplazada en caso de desalojo; (ii) desarrollará   una sucinta reiteración jurisprudencial sobre el derecho a la vivienda digna de   las comunidades en situación de desplazamiento y las garantías que estas   comunidades tienen en caso de desalojo forzoso; y a partir de lo expuesto   (iii)  se resolverá el problema jurídico planteado.    

3. Procedencia de la acción de tutela   para proteger la población desplazada en caso de desalojo.    

3.1 En reiterada jurisprudencia, esta   Corporación ha sostenido que la acción de tutela procede   como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las personas en   situación de desplazamiento forzado[40]. Lo   anterior, debido a que otros medios de defensa judicial resultan insuficientes   para brindar protección eficaz ante las circunstancias de urgencia y apremio que   enfrenta esta población y porque resultaría desproporcionado exigir a las   personas desplazadas el agotamiento previo de los recursos judiciales   ordinarios, lo cual equivaldría a la imposición de cargas adicionales a las que   han tenido que soportar en su condición de víctimas de la violencia.    

3.2 Además, no es posible exigir el agotamiento previo de los   recursos ordinarios, pues tratándose de la población desplazada  prevalece la   necesidad de asegurar la realización efectiva de los derechos que se encuentran   comprometidos, como consecuencia de lo dispuesto en los principios rectores del   desplazamiento interno, los cuales constituyen una valiosa herramienta para la   interpretación y definición de las normas jurídicas que se vinculan con las   medidas de protección a favor de la población desplazada[41].    

3.3 Las personas que se encuentran en   situación de desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial que no   puede simplemente tener un “efecto retórico”[42]. Tienen derecho a un trato preferente y urgente por parte de las   autoridades públicas, dado que el desplazamiento forzado conlleva    múltiples violaciones a los derechos fundamentales[43].    

3.4 En igual   sentido, la Corte ha señalado que la tutela es procedente en términos formales   para estudiar asuntos en los que la población desplazada se vea abocada a   desalojos en el curso de procesos policivos de restitución de bienes ocupados   irregularmente[44].    

3.5 Con relación a   la condición de agente oficioso con la que actúa la Corporación Nuevo Amanecer Vida   y Esperanza (representada por José Samuel Rojas Mora), debe mencionarse que tal y   como lo sostenido esta Corte dada la condición de extrema   vulnerabilidad de la población desplazada, las asociaciones de desplazados, que   se han conformado con el fin de apoyar a la población desplazada en la defensa   de sus derechos, pueden actuar como sus agentes oficiosos[45].   En tal sentido, se advierte que la Corporación referida ha cumplido los parámetros exigidos jurisprudencialmente[46], como   son: (i) intervenir a través de representante legal, acreditando su   existencia y representación en el proceso[47]; (ii) individualizar   mediante listado escrito, el nombre completo de las personas en favor de las   cuales actúa[48]; y (iii) que de los elementos   probatorios no se deduzca  que el agenciado no quiere que la acción se   interponga en su nombre.    

3.6 Por otro   lado, la Sala de Revisión considera de acuerdo con las pruebas obrantes en el   expediente y con las respuestas dadas por las entidades accionadas, que existe   una invasión del margen derecho del río Guatiquía (sector Covisan) en el   municipio de Villavicencio, por parte de doscientas doce (212) familias    víctimas de desplazamiento forzado y de pobreza extrema que decidieron   asentarse en este  lugar.  La respuesta de las autoridades estatales a la   invasión ha sido, la apertura de un procedimiento administrativo de restitución   de bien de uso público y la advertencia constante a la comunidad desplazada, que   debe abandonar la zona, para preservar su vida la cual está en peligro frente a   un eventual desbordamiento de este recurso hídrico.        

3.7 Conforme a lo   expuesto, la Sala considera procedente la acción de tutela por cuanto: (i)  esta comunidad desplazada no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y   efectivo para controvertir el inminente desalojo con el que seguramente   concluirá el proceso administrativo de restitución de bien de uso público. Más   aún, cuando de producirse el desalojo sin previamente reubicar a las familias   desplazadas, se restringirá el goce efectivo de su derecho a una vivienda digna,   sometiéndolas a la difícil labor de encontrar un nuevo espacio para   resguardarse.  (ii) Al tratarse de una población desplazada que es sujeto especial de   protección constitucional, su amparo materializa   diferentes garantías constitucionales que tienen como fin la protección de la   persona y armonizar el deber que recae en todas las autoridades del Estado de   emprender acciones afirmativas a favor de la población que se encuentra en   circunstancia de debilidad manifiesta[49].   En este caso, ese deber de intervención de las autoridades se hace urgente y   necesario, pues se trata de familias desplazadas integradas menores de edad, personas de la tercera edad, en situación de   discapacidad, mujeres embarazadas, indígenas, afrocolombianos y desmovilizados,   que están viendo amenazados además otros derechos como el derecho a la vida en   condiciones de dignidad, el derecho a la paz, el derecho a la unidad familiar,   el derecho a escoger su lugar de domicilio, entre otros.    

4. El   derecho a la vivienda digna de las comunidades en situación de desplazamiento.   Reiteración de jurisprudencia.    

4.1 De acuerdo con la Carta Política[50], todas las personas   tienen derecho a vivienda digna, para lo cual el Estado fijará las condiciones   necesarias con el fin de hacerlo efectivo y promoverá planes de vivienda de   interés social, sistemas adecuados de financiación de largo plazo y formas   asociativas de ejecución de programas en la materia. Igualmente, según dispone   el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en   adelante PIDESC, y otros instrumentos internacionales,[51]  toda persona tiene derecho “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,   incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de   las condiciones de existencia” (art. 11, num. 1º).[52]    

4.2 Para el Comité de Derechos Económicos,   Sociales y Culturales en la Observación General N° 4, tener vivienda digna   “significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio   adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una   infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el   trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. Se trata   de un derecho que debe ser reconocido progresivamente, tal como lo ha señalado   el Comité cuando afirma que “la plena efectividad de todos los derechos   económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve   período de tiempo”.[53]    

4.3 No obstante este criterio de   progresividad establecido para satisfacer los derechos de contenido   prestacional, existen ciertas obligaciones asociadas a derechos sociales,   económicos y culturales que deben cumplirse en períodos breves o de inmediato.   Así lo ha señalado esta Corte al indicar que el mandato de progresividad no debe   ser entendido como una justificación de la inactividad del Estado en relación   con la protección de esos derechos, pues este implica “que una vez alcanzado   un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del   legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un   aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse   en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial   estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que   demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo   en el desarrollo de un derecho social prestacional” [54]    

4.4 Siguiendo la línea argumentativa   precedente, esta Corporación ha precisado que con relación al derecho a la   vivienda de la población desplazada existen obligaciones de cumplimiento   inmediato como son las siguientes: “(i) reubicar a las personas desplazadas   que debido al desplazamiento se han visto obligadas a asentarse en terrenos de   alto riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter   temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter   permanente. En tal sentido, no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo   plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en   condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las personas desplazadas sobre   los procedimientos que deben seguir para acceder a los programas de vivienda;   (iv) tomar en consideración las especiales necesidades de la población   desplazada y de los subgrupos que existen al interior de ésta, como las personas   de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, personas discapacitadas,   etc., y diseñar los planes y programas de vivienda con enfoque diferencial y (v)   eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los   programas de asistencia social del Estado, entre otras.”[55]    

4.5 A nivel legal, también se ha establecido   una protección del derecho a la vivienda para la población desplazada. Cabe   mencionar, la Ley 387 de 1997[56]  que integra como   componente de la consolidación   y estabilización socioeconómica, el   derecho a la vivienda, rural o urbana,   para la población desplazada. También es importante   destacar lo previsto en el Decreto 951 de 2001.[57] En el artículo 4º del   citado Decreto se establece que los programas que desarrollen la asignación del   subsidio de vivienda para la población desplazada, deben tener en cuenta los   componentes de: (i) retorno voluntario de las familias al municipio del que   fueron desplazados, siempre y cuando las condiciones de orden público lo   permitan y (ii) reubicación de las familias desplazadas en municipios distintos   al de origen del desplazamiento, cuando no sea posible su retorno.   Posteriormente, se expidió el Decreto 4911 de 2009[58]  que modificó, entre otras, las soluciones a las que se puede acceder mediante el   subsidio familiar de vivienda de interés social[59] y mantuvo la opción de   asignar el subsidio familiar para la población en situación de desplazamiento a   través de los componentes de retorno y reubicación en otra parte del territorio   nacional.    

4.6 Por su parte, la   Ley 1448 de 2011,[60]  en su capítulo IV, denominado “Restitución de vivienda”, se refirió a la   prioridad y acceso preferente a programas de subsidio de vivienda para las   víctimas que hayan perdido o visto afectadas sus viviendas. Finalmente,   el Decreto 4800 de 2011[61],   dentro de las medidas de reparación integral reglamenta la restitución de   vivienda de las víctimas incluidas en el registro único de víctimas.    

4.7 En el mismo   sentido, la Ley 1537 de 2012[62]  en su artículo 12 consagra el subsidio en especie para la población vulnerable,   el cual está dirigido específicamente a personas que se encuentren en alguna de   las siguientes condiciones: que estén vinculadas a programas sociales del   Estado, que se hayan visto afectados por desastres naturales, que se encuentren   en zonas de alto riesgo mitigable o que se encuentren en situación de   desplazamiento, entre otras.    

4.8 Conforme a   lo anterior, se puede señalar que el derecho a la vivienda digna de la población   desplazada es un derecho fundamental de aplicación inmediata, que ha sido   desarrollado a través de instrumentos internacionales e internamente por vía   jurisprudencial, legislativa y reglamentaria, siendo un imperativo para el   Estado su protección y salvaguarda.    

5. Derechos de la población desplazada en   materia de desalojos forzosos. Reiteración de jurisprudencia.    

5.1 El Comité de   Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación   General Número 7 (en adelante OG 7), se ocupó del tema de los desalojos forzosos   y la incidencia que tienen sobre el derecho a una vivienda digna, consagrado en   el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y   Culturales (PIDESC). El Comité definió la expresión “desalojo forzoso” en el   párrafo 3º de la OG 7 como “el hecho de hacer   salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que   ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de   protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo,   la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos   efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos   Internacionales de Derechos Humanos”.    

5.2 Como se   observa, si bien en principio los desalojos forzosos resultan contrarios al   derecho a una vivienda digna, aquellos que se realicen de manera legal y   respeten el contenido del Pacto Internacional de   Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se   consideran compatibles con las obligaciones internacionales adquiridas por el   Estado. En efecto, todo procedimiento de desalojo debe respetar las garantías   del derecho al debido proceso y contemplar las siguientes medidas: “a) una   auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo   suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con   antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los   interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos   previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las   viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en   el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e)   identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no   efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas   afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer   asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir   reparación a los tribunales”.[63]    

5.3 Así mismo,   resulta de gran importancia citar el párrafo 16 de la OG 7, según el cual:   “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin   vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los   afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá   adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus   recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a   tierras productivas, según proceda”.    

5.4 De la misma   forma, esta Corporación en extensa jurisprudencia se ha pronunciado sobre las   garantías que le asiste a la población desplazada para no ser desalojados en   procedimientos policivos, sin que previamente se adopten medidas que eviten   dejarlos expuestos a nuevas vulneraciones de sus derechos fundamentales. A   continuación se hará un breve recuento de las más recientes decisiones que han   afianzado un sólido precedente para proteger el derecho a la vivienda digna de   la población desplazada y que guardan similitud con el caso objeto de análisis[64].    

5.5  En sentencia T-078 de 2004[65] la   Corte estudio el caso de un grupo de familias en situación de desplazamiento   forzado que se asentaron en las márgenes de las quebradas “la sardina” y   “la perdiz” (municipio de Florencia), lugares que habían sido   declarados por las autoridades competentes como “zona(s) de riesgo por ser   parte de los márgenes de seguridad y protección del cauce y como zona inundable   en las grandes avenidas”. Por lo anterior, la entidad territorial inició a   partir de ese momento las gestiones legales tendientes al desalojo de los   accionantes. En su decisión, la Sala de Revisión consideró que teniendo en   cuenta: (i) la condición de sujetos de protección constitucional reforzada de   las personas víctimas de desplazamiento forzado; (ii) la procedencia de la   acción de tutela para la protección de sus derechos; y   (iii) la comprobada negligencia de las autoridades municipales en el   cumplimiento de sus obligaciones de defensa, respeto y garantía de los derechos   de ese grupo poblacional, debía otorgarse el amparo a su derecho fundamental a   la vivienda digna. Agregó, que si bien la suspensión del desalojo no resultaba   procedente, pues mantener un asentamiento en condiciones de riesgo para sus   habitantes no sería constitucionalmente legítimo, las autoridades vinculadas al   trámite sí se encontraban en la obligación de asegurar a los peticionarios un   albergue provisional en condiciones acordes con la dignidad humana, debiendo   iniciar además los trámites necesarios para su incorporación en los programas de   atención de población desplazada. También consideró pertinente dictar órdenes de   prevención a las autoridades locales relacionadas con la atención de población   vulnerable, con el fin de garantizar su colaboración en el cumplimiento del   fallo.    

5.6 Algo parecido decidió en sentencia T-770 de 2004[66],   aquí se analizó un caso en el que un grupo de familias (entre 20 y 30 familias),   víctimas de desplazamiento forzado, invadieron un lote de terreno en la vía   paralela al río Medellín (municipio de Bello) y levantaron en el lugar ranchos   en madera, cartón y plástico. Tras comprobar que el bien ocupado tenía   naturaleza fiscal, la Alcaldía de Bello ordenó su restitución. Las autoridades   vinculadas al trámite además controvirtieron la alegada condición de   desplazamiento de los accionantes, argumentando que nunca aportaron un   certificado de la Red de Solidaridad Social en ese sentido. La Sala Cuarta de   Revisión consideró que el asunto estudiado “[n]o se trataba, entonces, de una   invasión de un predio público sino fundamentalmente de satisfacer la necesidad   de alojamiento de personas desplazadas”, de donde se desprendía un complejo   problema jurídico, ante la necesidad de resolver un “claro conflicto entre la   necesidad de proteger un bien público, como una franja de terreno que hacía   parte de un afluente hídrico y que no era apta para asentamientos humanos, y la   necesidad de proteger los derechos fundamentales de varias familias que se   atribuían la calidad de víctimas de desplazamiento forzado y que se encontraban   ocupando esa franja de terreno”.    

En este pronunciamiento, la Corte se refirió al grave   problema social y jurídico que representa el desplazamiento forzado en Colombia,   y a la consecuente afectación de otros derechos constitucionales cuando este   tiene lugar. En ese orden de ideas, la Sala calificó como lamentable la   indiferencia demostrada por las autoridades estatales y otorgó el amparo a los   peticionarios, ordenando la entrega de un albergue provisional en condiciones   acordes con la dignidad humana, y la inscripción en los programas adelantados   por el gobierno.    

Igualmente, la Sala reiteró que el desplazamiento obedece y   se prueba a partir de factores materiales o de hecho, por lo que no es legítimo   exigir la inscripción en un registro de víctimas (hoy en día el registro único   de población desplazada) como único medio para que una persona demuestre que ha   sufrido un desplazamiento interno forzado.    

5.7 En sentencia T-946 de 2011[67], la Sala Primera de   Revisión analizó el caso de ochocientas (800) familias desplazadas por la   violencia que se habían asentado en un predio privado ubicado en el municipio de   Valledupar, en el cual construyeron improvisados refugios para suplir sus   necesidades de vivienda. Ante la situación, el propietario del predio inició un   proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho y la Alcaldía de   Valledupar admitió la querella policiva instaurada, además decretó el   lanzamiento por ocupación de hecho de quienes invadían el terreno. A través de   tutela, la población desplazada afectada con el desalojo pidió que se amparara   su derecho a la vivienda digna. En su decisión, la Sala de Revisión reprochó que   luego de 3 años desde que se invadió el inmueble las autoridades no hubiesen   solucionado el problema de vivienda que aquejaba a los accionantes, por lo cual   advirtió que la diligencia de lanzamiento sólo podía llevarse a cabo cuando se   reubicara en un albergue provisional a la población asentada en el predio en   cuestión. Asimismo, ordenó que en un término no mayor a seis (6) meses se   inscribiera a los accionantes en planes de vivienda de interés social.    

5.9 Como ha referido la Corte, del conjunto de   medidas resarcitorias adoptadas en sede de revisión se destacan dos elementos   principales, a saber: (i) una medida provisional y urgente de albergue que puede   consistir, dependiendo del caso, en un subsidio de arrendamiento o en la   adecuación de un inmueble como habitación transitoria; seguido de (ii) una   solución definitiva de vivienda, previa la realización de un censo integral de   los afectados, ya sea ordenando brindar una asesoría detallada y clara sobre las   políticas públicas disponibles, exigiendo incluir directamente a los   damnificados en alguno de los programas municipales vigentes previa verificación   de los requisitos exigidos y observando el debido proceso en la asignación de   los recursos disponibles, o disponiendo la articulación de políticas públicas   nuevas acordes con la necesidad y el grupo población afectado, y con perspectiva   étnica de ser necesario[69].    

6. Caso concreto    

6.1 El señor José   Samuel Rojas Mora actuando en nombre y representación de doscientas doce (212)   familias desplazadas y refugiadas en los asentamientos denominados: “Villas   Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, ubicados al margen derecho del   río Guatiquía (sector Covisan), considera que el municipio de   Villavicencio, así como otras entidades del orden regional y nacional le están   violando a estas comunidades desplazadas sus derechos   fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a la unidad familiar y a la honra,   al iniciar un proceso de restitución de bien de uso público y amenazarlos con   realizar el desalojo del lugar en el que residen, sin previamente garantizar un   albergue temporal y soluciones de vivienda en las cuales puedan ser reubicados.    

6.2 La Sala de   Revisión ha considerado que cuando se está frente situaciones de desalojo de la   población desplazada, generadas a raíz de la ocupación irregular de bienes   públicos o privados, es deber de las autoridades dar prelación y amparo a las   familias desplazadas, más aun cuando las mismas están integradas por adultos   mayores, menores de edad, población en condición de discapacidad y demás sujetos   de especial protección constitucional. Así, los procedimientos administrativos   tendientes al desalojo de ocupaciones e invasiones de hecho se pueden suspender,   llevándose a cabo sólo cuando exista un plan de reubicación en el corto plazo y   se garantice acceso a una vivienda digna en el mediano y largo plazo.    

6.3 Sin embargo, no es factible suspender un   procedimiento tendiente al desalojo de familias desplazadas cuando estas se   encuentran asentadas en sitios que generen riesgo para su vida e integridad   personal. En tal caso, es imposible mantener un asentamiento en estas   condiciones, siendo forzoso ordenar a las autoridades estatales que provean   atención urgente a la población para suplir su necesidad de alojamiento,   proporcionando para ello albergues provisionales y asegurando su inclusión en   programas sociales del gobierno, que deben acompañarse de soluciones definitivas   de vivienda.    

6.4 En el caso sub judice, se trata de   doscientas doce (212) familias[70] integradas por niños   menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, población en condición de   discapacidad, indígenas, afro descendientes, mujeres y hombres cabeza de hogar,   que llegaron a la ciudad de Villavicencio provenientes de distintos lugares del   territorio nacional[71].   Dentro de este nutrido grupo de familias confluyen: (i) personas   desplazadas, que según el accionante antes de ocurrir la situación de   desplazamiento forzado tenían fincas, casas, negocios en sus lugares de origen,   de los cuales derivaban el sustento suficiente para vivir dignamente; y (ii)  personas en condición de pobreza extrema.    

6.5 Una vez valoradas por esta Sala las pruebas   que obran en el expediente, en relación con las personas desplazadas[72], se encuentra que no   todas están incluidas en el registro único de víctimas (RUV) que lleva la Unidad   para la Atención y Reparación Integral de Víctimas de la Violencia. Por lo   tanto, las que no están inscritas en el RUV han allegado al escrito de tutela   información documental para acreditar su condición de desplazamiento. Tales   documentos son: (i) certificaciones de la Defensoría del Pueblo   que indican que la inscripción en el registro único de víctimas se encuentra en   trámite; (ii) formatos únicos de declaración para la solicitud de inscripción en   el RUV; (iii) constancias de la Personería municipal en   las que consta que está en evaluación su inclusión en el RUV.    

6.6 Respecto a las pruebas que allegaron quienes manifestaron   estar en condición de pobreza extrema, la Sala advierte que estas sustentan su   estado de precariedad con base en los siguientes documentos: (i) certificado   catastral nacional expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)   que acredita la no inscripción en la base de datos catastral del IGAC; (ii)   certificado de afiliación al Sisben de Villavicencio; (iii) constancia de no   propiedad o titular de derechos inscritos expedida por la Oficina de Registro de   Instrumentos Públicos de Villavicencio    

6.7 Ahora bien, estas familias comenzaron a   asentarse a lo largo del margen derecho del río Guatiquía en el sector conocido   como Covisan del municipio de Villavicencio, a partir del mes de junio de 2013.   Desde este momento, montaron improvisadas edificaciones y refugios sin   vigilancia ni control de la entidad territorial, y en tal sentido, ninguna   autoridad les hizo saber que en esta zona estaba prohibido el desarrollo de   construcciones. Sólo a partir el 4 de febrero de 2015, la administración   municipal de Villavicencio ha hecho presencia en el área de los asentamientos a   través del Secretario de Gobierno y la fuerza pública. Desde este momento, les   han insistido que no es posible habitar el sitio y que si no lo desocupan   voluntariamente se verán abocados al desalojo.    

6.8 El terreno que la comunidad desplazada escogió   para establecerse, en los asentamientos que denominan “Villas Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, se caracteriza según Cormacarena[73],   por estar conformado por un dique que no está diseñado para que se realicen   construcciones y menos labores domésticas que pueden generar vertimientos   directos que debiliten su estructura y lo dejen a merced de ser arrasado por las   crecientes del río. De acuerdo con lo que informa esa entidad encargada de   administrar dentro de su área de jurisdicción el medio ambiente y los recursos   naturales renovables, en el lugar de los asentamientos hay “cerramientos e   inicio de construcciones de ranchos de zinc, madera e incluso bloque”[74],  que se encuentran en el talud húmedo del dique perimetral. Esta descripción de   la zona, es similar a la que brinda la Oficina de Gestión de Riesgos de   Villavicencio cuando asevera que las familias desplazadas están situadas dentro   del “cauce activo del río Guatiquía”, teniendo “vulnerabilidad muy   alta a un riesgo inminente de inundación”[75].   Con base en lo anterior, es factible inferir que sólo circunstancias extremas de   privación de un refugio pudieron llevar a que la población desplazada adoptara   una decisión que potencialmente amenaza su integridad física, pues implica   instalarse junto a un cuerpo hídrico que puede, atendiendo las cambiantes   condiciones climatológicas, desbordarse e inundar lo que este a su alrededor   causando todo tipo de estragos y daños.    

6.9 La respuesta de las entidades estatales   frente a la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado y el   posterior asentamiento de estas comunidades en la zona de riesgo mencionada, ha   sido en el caso las entidades nacionales y regionales, invocar la improcedencia   de la tutela e insistir en su falta de legitimación y de competencia para   atender las solicitudes de ayuda humanitaria. El municipio de Villavicencio por   su parte, al tiempo que inició un procedimiento administrativo de restitución de   bien de uso público, ha entablado un diálogo formal con la población afectada,   exhortándola a que desalojen el lugar; sin embargo, este acercamiento con la   comunidad no se ha acompañado de compromisos tangibles del ente territorial que   den salida al conflicto que los expone a: (i) prescindir de un lugar en   el cual puedan resguardarse; o (ii) ser víctimas de un eventual desastre   natural. Las razones que esgrime la entidad territorial, como suele ocurrir en   estos casos, se sintetizan en la falta de recursos financieros y de medios para   la garantizar la reubicación y el acceso a viviendas para la población   desplazada.    

6.10 Estos argumentos que las entidades   vinculadas exponen no son de recibo para la Sala, pues como se ha expuesto en   anteriores oportunidades, el desplazamiento no puede ser tratado solo como un   problema de orden público, es ante todo un problema de humanidad que debe ser   afrontado por todas las personas y en especial por el Estado[76]. Considerar   únicamente el proceso administrativo de restitución de bien de uso público como   la vía de solución a la dificultad que hoy padecen los desplazados de “Villas   Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, sin contemplar alternativas que   garanticen albergues temporales y soluciones de vivienda definitiva, es una   medida que interfiere intensamente en el goce efectivo de su derecho fundamental   a la vivienda digna. El problema del desplazamiento supone además, una   colaboración armónica entre las autoridades nacionales y locales, no pudiendo   ninguna de estas tratar a los desplazados como perturbadores del orden público   por el solo hecho de intentar de salvar su vida. No es suficiente mostrarse   dispuesto al dialogo, tal como lo hace la entidad territorial, si como resultado   del mismo no se comprometen esfuerzos materiales que permitan solventar los   conflictos que estas autoridades pretenden resolver.    

6.11 De tiempo atrás, esta Corporación ha   dicho que a las autoridades no les está dado simplemente aducir déficit   presupuestal para abstenerse de proteger los derechos fundamentales de la   población desplazada. Además, si bien al juez constitucional no le corresponde   analizar por vía de tutela el presupuesto que manejan las entidades accionadas,   sí está dentro de sus atribuciones amparar los derechos fundamentales vulnerados   por la omisión de las autoridades encargadas de desarrollar políticas y   programas de prevención, atención y protección a personas desplazadas[77].    

6.12 Enfrentar una crisis humanitaria como   la que se origina con el desplazamiento forzado, exclusivamente desde la   retórica gubernamental, es eludir el deber de solidaridad que obliga al Estado a   darle un trato preferente y urgente a quienes se encuentran en esta situación.   Es preocupante que, aún hoy, en un país que ocupa el ignominioso segundo lugar   en jerarquía internacional de los Estados con mayor número de víctimas de   desplazamiento forzado[78],   se continúen advirtiendo casos de absoluta inacción estatal, como el que aquí se   estudia, que solo denotan desidia administrativa frente a un drama inhumano,   cruel y vergonzoso para el Estado. Lo anterior, pese a que la Corte ha hecho   enormes esfuerzos por visibilizar la masiva y reiterada violación de los   derechos humanos de la población desplazada, así como las fallas estructurales   de las políticas públicas del Estado Colombiano en esta materia[79], creando para   ello un referente jurisprudencial que ha avanzado significativamente en el   reconocimiento de derechos y exige de las autoridades públicas de todos los   niveles del Estado compromisos ineludibles.    

6.13 En cuanto a las decisiones judiciales   de instancia, estas negaron el amparo solicitado, pero instaron a la entidad   territorial y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas   a realizar un censo de las familias asentadas en los refugios, y luego tramitar   subsidios familiares de vivienda, o vincularlos a proyectos de vivienda de   interés social ante entidades del orden nacional. El Tribunal Administrativo del   Meta consideró que luego de realizar una ponderación entre el derecho a la vida   y el derecho a la vivienda digna, el primero de estos derechos tenía más valor,   por lo que era imposible permitirle a esta comunidad desplazada permanecer en   una zona de alto riesgo. En segunda instancia, el Consejo de Estado (Sección   Segunda – Subsección B) confirmó la decisión del Tribunal y reprochó que esta   población desplazada se hubiese ubicado al margen del río a sabiendas del   peligro que corren, por lo que argumenta que no puede derivarse ningún derecho   de la propia desidia. Añade, que la mínima obligación que tienen en su condición   de desplazados es participar de las convocatorias que las autoridades estatales   abren para asignar subsidios.    

6.14 No comparte la Sala el argumento del   Ad quem, a propósito de calificar como “desidia” la decisión de la   población desplazada objeto del presente amparo constitucional, de asentarse al   margen del río Guatiquía. Abordar una problemática compleja de esa manera es   apartarse de la comprensión del contexto que lleva a estas personas por miedo,   inseguridad, pobreza, despojo y desarraigo a asentarse en cualquier lugar.   Buscar refugio en la ribera de un río, en medio de condiciones inhóspitas, sin   contar con servicios públicos ni mínimas circunstancias de salubridad e higiene   que permitan tener una subsistencia digna, es de por sí un suceso inhumano. Pero   lo es más, si este viene determinado por las condiciones de violencia que han   padecido como desplazados.    

6.15 No puede seguirse viendo a la persona   en condición de desplazamiento forzado en tal forma que cuando llega a las   ciudades es percibido como alguien que representa peligro y que en vez de   concitar el apoyo de las personas genera desconfianza y prevención.[80]  Esta concepción acerca de la persona desplazada solo contribuye a su   revictimización, al igual que sucede cuando la respuesta estatal es deficiente   por la falta de una atención adecuada y oportuna[81]. De la misma manera   como no puede justificarse la desatención frente a la población desplazada,   tampoco se puede negar la protección de sus derechos fundamentales, argumentando   que incurren en “desidia”, negligencia o descuido, cuando en virtud de la   dinámica del conflicto armado interno, terminan afrontando un estado de   necesidad que los lleva a buscar un espacio para resguardarse en lugares de alto   riesgo. Cambiar el lenguaje de discriminación y la displicencia con la que se   valora el proceder de las personas desplazadas por efecto de su penosa   situación, es un presupuesto para hacer efectivo los deberes de solidaridad y de   trato digno que corresponden a todos los poderes públicos y a quienes residen en   las grandes urbes que generalmente son las receptoras de la población   desplazada.     

6.16 En cuanto a la manifestación del   fallador de segunda instancia, de acuerdo con la cual la mínima obligación que   tienen los desplazados es participar de las convocatorias que las autoridades   estatales abren para asignar subsidios, se hace imperioso precisar que en el   trámite del amparo y de las pruebas obrantes en el expediente, no se demostró   que la entidad territorial ni las demás entidades vinculadas se encontrarán   diseñando o ejecutando planes o programas para solucionar en forma definitiva el   problema de vivienda planteado en este trámite tutelar. Tampoco se aportaron   elementos que permitan inferir que estas mismas autoridades han proveído a los   accionantes, información clara y concreta sobre los trámites que deben surtir   para postularse a la adjudicación de subsidios de vivienda o alguna otra forma   de apoyo estatal que les facilite el acceso a una vivienda digna. En tal   sentido, para esta Corporación si bien la comunidad desplazada debe presentarse   a las convocatorias que las autoridades ofrezcan, tal carga tiene que estar   precedida de un acompañamiento y asesoría en los procedimientos de asignación de   subsidios o auxilios estatales, que les permita superar los obstáculos que se   presenten en el trámite de los mismos, atendiendo a su grado de instrucción y a   las condiciones especiales de cada una de las personas que requieren el apoyo.    

6.17 Conforme a lo expuesto, la Sala de   Revisión no comparte que las autoridades judiciales que conocieron y fallaron   esta tutela, no amparen el derecho a la vivienda digna de la población   desplazada. Es evidente que en este caso, se configuran circunstancias   especiales que ameritan otorgar el amparo constitucional tal y como en casos   similares lo ha hecho la Corte[82],   a fin de evitar una mayor vulneración de sus derechos fundamentales, dado que:   (i)  se trata de asentamientos conformados por familias victimas del desplazamiento   forzado, en los que se incluyen otros sujetos de especial protección   constitucional como niños menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores,   población en condición de discapacidad, indígenas, afro descendientes, mujeres y   hombres cabeza de hogar; (ii)  se encuentran ubicados en una zona de alto   riesgo de inundación, específicamente, en el cauce activo del río Guatiquía y   sobre la estructura del dique construido para resguardar este recurso hídrico.   Es extrema su situación de vulnerabilidad, pues están alojados en   asentamientos precarios construidos en forma improvisada, sin acceso a servicios   públicos y configurándose así un alto riesgo para sus vidas en caso de   presentarse precipitaciones que conlleven al desbordamiento de la creciente del   río Guatiquía; (iii) quienes allí se alojan están siendo objeto de un   proceso de restitución de bien de uso público que amenaza con desalojarlos del   lugar en el que se establecieron; (iv) han transcurrido casi 3 años desde   que este asentamiento humano conformado por familias desplazadas y personas en   situación de pobreza extrema llegó a este sitio de Villavicencio. A la fecha no   se han adoptado ni anunciado decisiones estructurales, que ponga fin a una   problemática social que tiene a esta comunidad habitando en un lugar que no es   seguro ni adecuado para su supervivencia. Las autoridades se han abstenido de   brindar medidas de atención urgente de albergue temporal, estabilización   socioeconómica, ayuda humanitaria, y definitivas que ofrezcan acceso a una   vivienda digna.    

6.18   En último lugar, la Sala entiende que la tarea de asignar recursos para la   población desplazada depende de las partidas que las diferentes instancias   nacionales y locales le asignen a esa política pública alrededor de este   problema que atraviesa la población desplazada. Sin embargo, teniendo en cuenta   que en los asentamientos “Villas Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”,   cohabitan personas desplazadas y personas que sin tener tal condición se   encuentran en situación de pobreza extrema, no pueden dejarse de proteger sus   derechos fundamentales, sobre todo si se tiene en cuenta que no han recibido   ninguna orientación ni ayuda por parte de las autoridades gubernamentales.    

Así   las cosas, se ordenará al municipio de Villavicencio que en coordinación con la   Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y en un plazo no   superior a un mes (1) mes contado a partir de la notificación de esta decisión,   realice un nuevo censo para constatar cuáles de las doscientas doce (212)   familias que se alojan en los asentamientos mencionados ostentan la condición de   desplazados y que familias se encuentran en pobreza extrema.    

Frente a los desplazados y las últimas personas que están en situación de   marginalidad pero no tienen la   calidad de desplazados por la violencia, se ordenará al municipio de   Villavicencio y al departamento del Meta, otorgarles un albergue transitorio   antes de proceder al desalojo, inscribirlos en programas sociales a cargo de las   entidades territoriales de los cuales puedan ser beneficiarios e informarles por   escrito, de manera clara y detallada, cuáles son las políticas públicas   municipales, departamentales y/o nacionales, destinadas a garantizar el acceso a   una unidad de vivienda de interés social y los procedimientos y requisitos que   deben cumplir para ser incluidos en éstos programas. Igualmente,   deberán prestarles el acompañamiento para que puedan ser beneficiarios de dichos   planes.    

Sin embargo, a los desplazados deberá dárseles prioridad    como beneficiarios de los programas de vivienda que actualmente se tramiten en   el municipio o el departamento.    

7. Conclusión    

La población víctima de desplazamiento forzado que se encuentre asentada   en terrenos que constituyan zona de riesgo, como ocurre con los márgenes y   cauces activos de los ríos o estructuras de contención como son los diques,   tienen garantías constitucionales reforzadas, especialmente, cuando las   autoridades públicas inicien procedimientos administrativos de restitución de   bienes de uso público tendientes a desalojarlos. En tal caso, deberá protegerse   el derecho a la vivienda digna de la comunidad desplazada adoptando medidas   transitorias de albergue temporal, de estabilización socioeconómica y ayuda   humanitaria, así como medidas definitivas que garanticen una solución de   vivienda a mediano y largo plazo en programas y proyectos de vivienda que se   adelanten por parte de las autoridades públicas competentes.    

III. DECISIÓN    

En   mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,   administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución   Política;    

RESUELVE    

Primero.- REVOCAR el fallo de primera instancia proferido por la Sala Segunda del   Tribunal Administrativo del Meta, el dos (2) de septiembre de dos mil quince   (2015) y el fallo de segunda instancia de la Subsección B, Sección Segunda de la   Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de  Estado, del cinco (5)   de noviembre de dos mil quince (2015), que resolvieron negar el amparo invocado   dentro de la acción de tutela promovida por la Corporación Nuevo Amanecer   Vida y Esperanza representada legalmente por José Samuel Rojas Mora contra el municipio   de Villavicencio, el departamento del Meta, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y otras   entidades. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la   vivienda digna de las doscientas doce (212) familias a nombre de las cuales   actuó el accionante, que se encuentran en los asentamientos “Villas   Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2”, ubicados al margen derecho del   río Guatiquía (sector Covisan) del municipio de Villavicencio y cuyos nombres e   identificación se incorporan en el anexo No. 1 de esta decisión.    

Segundo.- ORDENAR  al municipio de Villavicencio y a la Unidad de Atención y   Reparación Integral a las Víctimas, que en forma coordinada y en un plazo no   superior a un mes (1) mes contado a partir de la notificación de esta decisión,   verifique  mediante un censo cuáles de las doscientas doce (212)    

familias ubicadas en los asentamientos “Villas Campestre No. 1 y Brisas del   Valle No. 2”, ostentan la condición de desplazados por la violencia, y cuales se   encuentran en condición de pobreza extrema, de acuerdo a los parámetros   establecidos en la jurisprudencia constitucional.    

Tercero.- ORDENAR al municipio de Villavicencio, el departamento del Meta y a   la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que en coordinación   con las autoridades competentes para la atención y prevención de desastres, se   adopten medidas tendientes a evitar la ocurrencia de un siniestro en el lugar de   los asentamientos “Villas Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2” (sector Covisan) de   Villavicencio. Con este fin, a más tardar dentro del mes siguiente a la   realización del censo ordenado en el numeral anterior, deberán garantizar un   albergue provisional a las familias en condición de desplazamiento que habitan los   asentamientos, así como la ejecución de programas de estabilización socioeconómica y de   ayuda humanitaria.    

Parágrafo.- Esta medida   provisional de albergue a las personas desplazadas deberá extenderse hasta tanto   las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos fundamentales   desaparezcan.    

Cuarto.- ORDENAR al municipio de   Villavicencio y al departamento del Meta, que a más tardar dentro del mes   siguiente a la realización del censo ordenado en el numeral segundo de la parte   resolutiva de esta sentencia, como medida de protección transitoria garantice un   albergue provisional a las familias en situación de pobreza extrema que se   encuentran ocupando los asentamientos “Villas Campestre No. 1 y   Brisas del Valle No. 2” (sector Covisan) de Villavicencio. Asimismo, que a tales familias   las incluya en los programas sociales que adelanten las entidades territoriales.    

Quinto.- ORDENAR al municipio de   Villavicencio y al departamento del Meta, en caso de que no exista un plan de   vivienda para la población desplazada, que en el término de seis (6) meses se   asegure el acceso a una vivienda digna a los accionantes que efectivamente se   encuentren en condición de desplazamiento. La financiación del mismo tendrá que   asignarse en el presupuesto aprobado para la siguiente vigencia fiscal.    

Sexto.- ORDENAR  a la Unidad   de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que verifique si existen   miembros de la población que tengan la condición de desplazados y estén   inscritos en el registro único de víctimas, a fin de que se les entregue   efectivamente el componente de vivienda al que tienen derecho para que puedan   superar definitivamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.   Si ya se les está brindando dicha ayuda deberá orientarlos para que la utilicen   en la satisfacción de sus necesidades.    

Séptimo.- REMITIR copia de la presente   sentencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo,   quienes en ejercicio de sus funciones deberán acompañar el cumplimiento de lo   dispuesto en esta sentencia.    

Octavo.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las   comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.    

Cópiese,   notifíquese, comuníquese y cúmplase.    

MARÍA   VICTORIA CALLE CORREA    

Magistrada    

LUIS   GUILLERMO GUERRERO PÉREZ    

Magistrado    

Ausente con permiso    

ALEJANDRO LINARES CANTILLO    

Magistrado    

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ    

Secretaria General    

ANEXO No.1. (Tutela 5318700)       

                     

Nombres                    

Apellidos                    

Cedula de ciudadanía                    

Lugar de Expedición   

1                    

Freddy Nolbeiro                    

Mejía Tabares                    

1.006.738.017                    

Villavicencio   

2                    

Andrea                    

35.261.610                    

Villavicencio   

3                    

Marisol                    

Quintero Arango                    

30.081.527                    

Villavicencio   

4                    

Dorian Jicela                    

Mosquera Mosquera                    

1.077.423.815                    

Quibdó   

5                    

Abelardo                    

Asprilla Mosquera                    

11.645.595                    

Alto Baudo (Pie de Pato)   

6                    

Jhon Jairo                    

Meneses Angarita                    

7.633.289                    

Santa Marta   

7                    

Leidy Johanna                    

Vásquez Zapata                    

1.121.823.299                    

Villavicencio   

8                    

Luz Mery                    

García Chicaiza                    

52.747.673                    

Bogotá D.C.   

9                    

Nora Delia                    

Trompeta Soscue                    

1.120.364.199                    

Granada   

10                    

Elvia Milena                    

González Salgado                    

1.124.993.561                    

Cumaribo   

11                    

Martha Lucrecia                    

Baquero González                    

Bogotá D.C.   

12                    

María Consuelo                    

Rodríguez                    

51.856.164                    

Bogotá D.C.   

13                    

Nodier Alexander                    

Murillo Rodríguez                    

1.121.862.336                    

Villavicencio   

14                    

Urbino                    

Culma Cupitra                    

93.478.083                    

Natagaima   

15                    

María Consuelo                    

Cardona Arango                    

40.375.792                    

Villavicencio   

16                    

Yesid                    

Lozano Barrios                    

5.901.931                    

Espinal   

17                    

Leonardo Ruberney                    

Perdomo Hernández                    

7.837.938                    

San Carlos de Guaroa   

18                    

Diego Armando                    

Castellanos García                    

1.033.759.723                    

Bogotá D.C.   

19                    

Arcadio                    

Perdomo Hernández                    

7.837.999                    

San Carlos de Guaroa   

20                    

Kelly Johana                    

Luna García                    

1.041.970.420                    

Bogotá D.C.   

21                    

Marco Tulio Homero                    

Obres Valenzuela                    

13.017.351                    

Ipiales   

John Fredy                    

Riaño Rodríguez                    

1.121.924.378                    

Villavicencio   

23                    

Carmen Cecilia                    

Alvarado Amaya                    

40.250.457                    

Etnia: Sikuani   

24                    

Enith                    

Cataño Giraldo                    

33.993.403                    

Supia   

25                    

José German                    

Garzón Ríos                    

347.912                    

Cabrera   

26                    

Yeison Heyver                    

Serrano Rico                    

1.121.880.034                    

Villavicencio   

27                    

Cristian Camilo                    

Gómez Rodríguez                    

1.120.501.973                    

San Martin   

28                    

Jimmy Alejandro                    

Garavito Bello                    

1.121.891.252                    

Villavicencio   

Yeferson                    

Torres Galeano                    

1.081.414.892                    

La Plata   

30                    

Pablo Emilio                    

Roncancio                    

13.617.808                    

Puente Nacional   

31                    

Blanca Imelda                    

Ordoñez Virguez                    

40.051.416                    

Otanche   

32                    

Mayerli                    

Bernal Castañeda                    

1.121.910.032                    

Villavicencio   

33                    

Jailer                    

Pérez                    

14.319.926                    

Honda   

34                    

Jaime                    

Rodríguez Rozo                    

11.412.689                    

Cáqueza   

35                    

Dubier                    

Londoño Cano                    

1.117.964.209                    

Cartagena del Chaira   

36                    

Jhon Fredy                    

Panesso Ortiz                    

98.428.609                    

Tumaco   

37                    

Diana Cecilia                    

1.087.186.127                    

Tumaco   

38                    

Néstor Antonio                    

Panesso Lacuesta                    

17.303.514                    

Villavicencio   

39                    

Beekembauer                    

Otalora Ayala                    

79.897.001                    

Bogotá D.C.   

40                    

Pablo Emilio                    

Otalora Vargas                    

19.143.190                    

Bogotá D.C.   

41                    

Samuel                    

Avendaño Buitrago                    

79.560.860                    

Bogotá D.C.   

42                    

Nelson                    

Rodríguez Mendoza                    

96.123.745                    

Saravena   

43                    

Luz Dary                    

Parra de Molano                    

42.876.569                    

Envigado   

44                    

Matoma Vargas                    

79.953.228                    

Bogotá D.C   

45                    

Fulbia Nelly                    

León Tunjano                    

21.185.092                    

El Calvario   

46                    

José Tomas                    

Cortes Ramírez                    

79.353.748                    

Bogotá D.C.   

47                    

Nelsy Amanda                    

Carrillo Velásquez                    

40.376.082                    

Villavicencio   

48                    

Francy Elena                    

González                    

40.393.106                    

Villavicencio   

49                    

Raúl Alfonso                    

Umaña Ardila                    

1.121.852.334                    

Villavicencio   

50                    

Valencia Hurtado                    

1.120.925.028                    

Puerto Concordia   

51                    

Moisés                    

Tique                    

2.352.497                    

Ortega   

52                    

Mery                    

Muñoz Alvarado                    

52.479.628                    

Bogotá D.C.   

53                    

Plinio                    

Duarte Flórez                    

80.492.228                    

Bogotá D.C.   

54                    

Luz Marina                    

Hernández Resende                    

69.801.193                    

Mitú   

55                    

María Ninfa                    

Sánchez Perdomo                    

Natagaima   

56                    

Rosalba                    

Lázaro Carrillo                    

26.666.684                    

Santa Marta   

57                    

Margarita                    

Bautista Cuellar                    

36.088.546                    

CampoAlegre   

58                    

William Alexander                    

Manrique Morales                    

1.022.940.497                    

Bogotá D.C.   

59                    

Sandra Liliana                    

Gutiérrez Ortiz                    

40.437.733                    

Villavicencio   

60                    

Yady Karine                    

Agudelo Morales                    

1.121.899.670                    

Villavicencio   

61                    

Mercedes                    

Rodríguez Rozo                    

1.074.129.620                    

Caqueza   

62                    

José Giraldo                    

Muñoz                    

1.121.829.219                    

Villavicencio   

63                    

Sandra Magola                    

52.762.941                    

Bogotá D.C.   

64                    

Mauricio                    

Roa Espinoza                    

86.003.279                    

Granada   

65                    

José Argemiro                    

Roa                    

2.835.008                    

La Dorada   

66                    

Oscar Arnulfo                    

Asprilla Martínez                    

18.224.890                    

San José Del Guaviare   

67                    

Nancy Elena                    

Castañeda Reyes                    

1.121.828.218                    

Villavicencio   

68                    

Yimmy Fernando                    

Rodríguez Carrillo                    

86.087.025                    

Villavicencio   

69                    

Ana Lucinda                    

Escarraga Florido                    

40.272.947                    

Mesetas   

70                    

Cogollos Miranda                    

17.220.990                    

La Macarena   

71                    

Carlos Arturo                    

Heredia                    

86.008.884                    

Granada   

72                    

Mercedes Mairena                    

Castañeda Rodríguez                    

40.404.177                    

Villavicencio   

73                    

Henry                    

Garzón Morales                    

17.221.168                    

La Macarena   

74                    

Sandra Patricia                    

Palacios Vargas                    

1.121.866.716                    

Villavicencio   

75                    

Ana Loelia                    

Fuentes de Oñate                    

30.916.137                    

El Calvario   

76                    

Blanca Lidia                    

Oñate Fuentes                    

21.185.137                    

El Calvario   

77                    

Magda Liliana                    

Bolaños Bernal                    

1.121.840.745                    

Villavicencio   

78                    

Comba Vargas                    

1.121.920.958                    

Villavicencio   

79                    

Edna María                    

Jiménez Barreiro                    

1.121.858.709                    

Villavicencio   

80                    

Carlos Andrés                    

Martínez Gutiérrez                    

1.026.565.913                    

Bogotá D.C.   

81                    

Rodrigo                    

Alvira López                    

86.061.790                    

Villavicencio   

82                    

Ramiro                    

Alvira López                    

17.360.351                    

Mapiripan   

Luis Eduardo                    

Jiménez Barreiro                    

1.122.646.972                    

Restrepo   

84                    

Nelly                    

Pinzón Ortiz                    

1.120.574.157                    

San José del Guaviare   

85                    

Yury Esperanza                    

Panesso Ortiz                    

1.087.111.288                    

Tumaco   

86                    

María Mónica                    

Agudelo Morales                    

1.121.895.891                    

Villavicencio   

87                    

Elcy                    

40.076.745                    

Florencia   

88                    

Jorge Arturo                    

Hernández García                    

86.061.639                    

Villavicencio   

89                    

Víctor Julio                    

Muñoz                    

1.121.859.537                    

Villavicencio   

90                    

Deibi Dorany                    

Moreras Fajardo                    

40.363.126                    

San Juan de Arama   

91                    

Nidia Johanna                    

Cifuentes Vargas                    

40.188.454                    

Villavicencio   

92                    

Yuri Andrea                    

Castaño Vargas                    

1.121.853.630                    

Villavicencio   

93                    

Hans Estivens                    

Castaño Vargas                    

1.121.869.446                    

Villavicencio   

94                    

Nancy del Pilar                    

Muñoz                    

53.027.855                    

Bogotá D.C.   

95                    

Cecilia                    

Agudelo                    

21.235.889                    

Villavicencio   

96                    

Puertas Ospina                    

97.613.295                    

San José del Guaviare   

97                    

Jorge Alfonso                    

Nieto                    

3.291.238                    

Villavicencio   

98                    

Luz Mery                    

Guzmán Bastos                    

31.021.434                    

Castilla la Nueva   

99                    

Carlos                    

Díaz González                    

86.048.882                    

Villavicencio   

100                    

Blanca Aurora                    

Sabogal Medina                    

40.398.936                    

Villavicencio   

101                    

Myriam Stella                    

Chacón Hernández                    

31.037.210                    

Cubarral   

102                    

Sandra Milena                    

Loaiza Pacheco                    

52.280.252                    

Bogotá D.C.   

103                    

Nicolás Yesid                    

Bernal Salgado                    

79.970.479                    

104                    

Juan Eulogio                    

Pérez Velásquez                    

17.220.290                    

La Macarena   

105                    

Juan Emilton                    

Panesso Ortiz                    

86.060.838                    

Villavicencio   

106                    

Misael                    

Beltrán Garzón                    

17.266.648                    

Cumaral   

107                    

Libardo                    

Rodríguez Rozo                    

1.121.925.835                    

Villavicencio   

108                    

Pablo Antonio                    

Manrique Sánchez                    

3.273.077                    

109                    

Blanca Matilde                    

Córdoba Sánchez                     

40.390.095                    

Villavicencio   

110                    

Nubia Rocio                    

Chacón Gómez                    

40.395.965                    

Villavicencio   

111                    

Diana Marcela                    

Rodríguez Bedoya                    

1.121.852.728                    

Villavicencio   

112                    

Juan de Dios                    

Agudelo González                    

1.114.450.688                    

Guacari   

113                    

Luis Eladio                    

Herrera Molano                    

17.220.901                    

La Macarena   

114                    

Laura Yuliver                    

Rojas León                    

35.260.255                    

Villavicencio   

115                    

Ramiro                    

Escarraga Castro                    

7.277.467                    

Muzo   

116                    

Cenen                    

Ayala Puertas                    

San Juan de Rioseco   

117                    

Raúl                    

Morales Valencia                    

97.601.543                    

San José del Guaviare   

118                    

Robinson Andrés                    

Gautan Sánchez                    

1.121.914.313                    

Villavicencio   

119                    

María Isidra                    

Rozo                    

39.731.472                    

Cáqueza   

120                    

José Tobías                    

Herrera Gutiérrez                    

3.140.604                    

Quetame   

121                    

Luisa Fernanda                    

Serna Mejía                    

1.112.480.484                    

Jamundí   

122                    

Carlos Albeiro                    

Molina Echeverry                    

10.631.753                    

Corinto   

123                    

Jonny Mauricio                    

Patiño Padua                    

94.043.539                    

Candelaria   

124                    

Luz Marina                    

Castillo Padua                    

29.665.988                    

Palmira   

125                    

José Omar                    

González Granados                     

6.220.074                    

Candelaria   

126                    

Fabio Nelson                    

1.104.674.916                    

Herveo   

127                    

Domitila                    

Martínez                    

41.547.992                    

Bogotá  D.C.   

128                    

Richard Augusto                    

Murillo Giraldo                    

86.086.017                    

Villavicencio   

129                    

John Kemer                    

Marzola López                    

1.067.922.092                    

Montería   

130                    

José  Arandu                    

Barrero Ramírez                    

17.280.670                    

Puerto Rico   

131                    

Cristian Manuel                    

Madera Ayala                    

10.966.499                    

Montería   

María Isabel                    

Melo López                    

1.120.578.678                    

San José del Guaviare   

133                    

José Samuel                     

Rojas Mora                    

74.770.257                    

Yopal   

134                    

Rosalba                    

Macías Díaz                     

1.133.939.315                    

San José del Guaviare   

135                    

Rudy Alexandra                    

Suspe Neira                    

52.482.708                    

Bogotá D.C.   

136                    

Nora                    

Torres Romero                    

25.235.234                    

Villamaria   

137                    

Luz Marina                    

Clavijo Mendieta                    

52.879.739                    

Bogotá D.C.   

138                    

María Alejandra                    

Murillo Cardoso                    

1.105.685.820                    

Espinal   

Jeanette                    

Cortes Cárdenas                    

30.350.172                    

La Dorada   

140                    

Tania Magaly                    

Estupiñan Díaz                    

60.411.979                    

Villa Rosario   

141                    

Edwar Sneyder                    

Varila Piñeros                    

1.121.838.716                    

Villavicencio   

142                    

Luz Mira                    

Vate Culma                    

65.801.033                    

Purificación   

143                    

Efrén Andrés                    

Alonso González                    

1.022.965.860                    

Bogotá D.C.   

144                    

Diana Marcela                    

40.334.854                    

Villavicencio   

145                    

Lizeth Yamile                    

Ayala Ayazo                    

1.133.797.006                    

Montería   

146                    

Rafael                    

Ruiz Rueda                    

13.705.745                    

Bolívar   

147                    

Luz Marina                    

Vargas Londoño                    

40.210.328                    

Uribe   

148                    

Luis Francisco Javier                    

Jiménez Londoño                    

80.432.887                    

Sopó   

149                    

Sandra Milena                    

Cruz Vargas                    

40.216.611                    

Villavicencio   

150                    

Limbania                    

Jiménez Uni                    

25.482.091                    

La Vega   

151                    

Nicolás                    

Aroca Loaiza                    

1.121.831.589                    

Villavicencio   

152                    

José Elmer                    

Loaiza Félix                    

93.206.447                    

153                    

Apolinar                    

Aroca Loaiza                    

93.207.199                    

Purificación   

154                    

Ángela Lorena                    

Bolívar Ortiz                    

1.121.925.054                    

Villavicencio   

155                    

Leidi Bibiana                    

Bolívar Ortiz                    

1.121.939.085                    

Villavicencio   

156                    

Eli Johana                    

Saac  Mina                    

1.113.513.752                    

Candelaria   

157                    

Emilse Carolina                    

Cañón Hernández                    

1.070.966.680                    

Facatativá   

158                    

Olga                    

González de Carvajal                    

29.124.337                    

Cali   

159                    

José Capitolino                    

Mogollón                    

7.491.905                    

Granada   

160                    

Andrea Viviana                    

Gordillo Monroy                    

1.014.181.254                    

161                    

Liz Daryery                    

Bonilla Morales                    

1.121.890.932                    

Villavicencio   

162                    

Jesús Antonio                    

Bonilla Caro                    

16.348.789                    

Tuluá   

163                    

Ever                    

Bermúdez Flórez                    

17.349.784                    

Villavicencio   

164                    

Elkin Daniel                    

Marín Maya                    

79.962.922                    

Bogotá D.C.   

165                    

Blanca Denis                    

Hernández Riveros                    

1.121.874.016                    

Villavicencio   

166                    

John Carlos                    

Hernández Riveros                    

1.121.840.851                    

Villavicencio   

167                    

Mary Johana                    

Hernández Riveros                    

40.327.896                    

Villavicencio   

168                    

Efraín                    

Iquinas Molina                    

79.902.817                    

Bogotá D.C.   

169                    

Nelly Constanza                    

Correa Castro                    

52.319.558                    

170                    

Rosalba Teresa                    

Fino de Sánchez                    

35.488.470                    

Bogotá D.C.   

171                    

Nubia Yadira                    

Velásquez  Velásquez                    

39.732.205                    

Cáqueza   

172                    

Yohn Edison                    

Criollo Ahumada                    

16.866.455                    

El Cerrito   

173                    

Claudia                    

Ariza Cruz                    

1.006.775.868                    

Villavicencio   

174                    

María Cristina                    

Ariza Cruz                    

1.006.775.866                    

Villavicencio   

175                    

Liliana                    

Rodríguez Monsalve                    

66.785.360                    

Palmira   

176                    

Yuri Paola                    

Juez Sabogal                    

1.121.894.451                    

Villavicencio   

177                    

Omar Enrique                    

Guevara Camargo                    

17.413.449                    

Acacias   

178                    

Olga Luz                    

Maya Tamayo                    

40.276.148                    

Vista Hermosa   

179                    

Edgar Fernando                    

Torres Reina                    

80.809.296                    

Bogotá D.C   

180                    

Edilma Viviana                    

Malambo Gómez                    

Villa Vicencio   

181                    

Pablo María                    

Castro Carrillo                    

3.140.208                    

Quetame   

182                    

Blanca Flor                    

Clavijo Carrillo                    

20.851.720                    

Quetame   

183                    

Ana Carolina                    

Herrera Malambo                    

1.071.303.588                    

Quetame   

184                    

Jaiber                    

Ortiz Sánchez                    

7.553.686                    

Armenia   

185                    

Yesmy Andrea                    

Ipia                    

1.121.908.733                    

Villavicencio   

186                    

Velasco Orozco                    

41.939.754                    

Armenia   

187                    

Ercilia                    

Liñan Urbina                    

52.250.291                    

Bogotá D.C   

188                    

Anderson                    

Rueda Hernández                    

1.019.027.535                    

Bogotá D.C   

189                    

José Reinaldo                    

Morales Alonso                    

1.121.861.472                    

Villavicencio   

190                    

Hernán                    

Botero Rodríguez                    

18.388.918                    

Calarcá   

191                    

Víctor Alfonso                    

Rivas Rivas                    

1.112.758.389                    

Cartago   

192                    

Roger Hans                    

Delgado Castro                    

1.032.364.855                    

Bogotá D.C   

193                    

Manuel Antonio                    

Puerta  Mejía                    

10.162.688                    

La Dorada   

194                    

Leisdy Yormary                    

León Cuneme                    

1.120.473.718                    

Mapiripan   

195                    

José Rubiel                    

Álvarez Caro                    

1.121.862.869                    

196                    

Fabio Nelson                    

Camargo Quintero                    

79.993.370                    

Bogotá D.C    

197                    

Mabel Morales                    

Jara                    

1.031.121.649                    

Bogotá D.C   

198                    

Elkin Harrinton                    

Delgado Barbosa                    

86.077.816                    

Villavicencio   

199                    

Armando                    

Ramos Muñoz                    

479.422                    

Restrepo   

200                    

Oscar Javier                    

Beltrán Botía                    

86.068.508                    

Villavicencio   

201                    

Francisco                    

Arboleda Sinisterra                    

4.781.572                    

Timbiquí   

202                    

Eva                    

Castro Salamanca                    

51.552.720                    

Bogotá D.C   

203                    

Neide Imilsen                    

Suarez Pérez                    

40.206.224                    

La Macarena   

204                    

José Alirio                    

Cruz Tovar                    

86.013.771                    

205                    

John Javier                    

Morales Alonso                    

74.795.852                    

Maní   

206                    

Fanny María                    

Hernández Hernández                    

20.441.011                    

Cáqueza   

207                    

Margarita                    

Tamayo Chagres                    

69.801.083                    

Mitú   

208                    

José Enrique                    

Matoma Ortiz                    

1.121.910.856                    

Villavicencio   

209                    

Greys Katherine                    

Echavarría Rojas                    

1.121.839.714                    

Villavicencio   

210                    

María Del Carmen                    

Ortiz Padilla                    

20.698.851                    

La Palma   

211                    

Luz Marina                    

Caro Salguero                    

40.415.175                    

Granada   

212                    

Félix Antonio                    

Briceño Baracal                    

17.294.076                    

[1] En Auto del veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016),   la Sala de Selección de Tutelas número uno dispuso la revisión del expediente de   la referencia, el cual fue repartido para su sustanciación.     

[2] Mediante Auto de la Sala Segunda Oral del Tribunal Administrativo   del Meta, se determinó que del escrito radicado por el señor José Samuel   Rojas Mora (bajo el título de acción popular) se evidenciaba una posible   vulneración de derechos fundamentales a un grupo de personas desplazadas, cuyo   amparo podía ser garantizado mediante el trámite preferente de la acción de   tutela. Lo anterior, de acuerdo con el precedente fijado por la Corte   Constitucional en sentencia T-239 de 2013 y lo dispuesto en el artículo 171 del   Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,   que “permite a los operadores judiciales, en el evento que el demandante haya   indicado una vía procesal inadecuada, darle el trámite que le corresponda a la   demanda”. Folio 812 del cuaderno principal.       

[3] Folio 1-800 del cuaderno principal.    

[4] En el anexo 1 de esta providencia, se indican los nombres y   apellidos de quienes actúan como cabeza de hogar de cada una de las familias   desplazadas. Así mismo, se señala su identificación y el lugar de procedencia,   de acuerdo con la información suministrada en el escrito de tutela.    

[5] Folio 3. En adelante siempre que se haga mención a un folio se   entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga   expresamente otra cosa.    

[6] Folio 4. A la tutela se anexa el listado de familias de Villa   Campestre No. 1 y Brisas del Valle No. 2, indicando su condición (desplazado o   vulnerable), sus cedulas de ciudadanía, datos de contacto, grado de instrucción   o de formación académica, estado civil, cantidad de hijos, edad. Este listado   está firmado por cada uno de los encuestados. Igualmente, se anexa: (i) el   certificado de no vivienda expedido por el Instituto Agustín Codazzi; (ii) el   registro de único de desplazados; y (iii) copia del Sisben, de cada una de las   personas incluidas en los listados.        

[7] Folio 703.    

[8] Folios 728 a 730.    

[9] Folios 731 a 734.    

[10] Folios 735 a 738.    

[11] Folio 743.      

[12] Francy Helena González en representación de los habitantes de Villa   Campestre; José Samuel Rojas Mora en nombre de los habitantes del sector Brisas   del Valle; y Guillermo Cañón Casto y José Eli Gómez Sandoval, representando a   los habitantes del sector Lazos de Dignidad.    

[13] El Secretario de Gobierno y el Asesor Jurídico del municipio de   Villavicencio, un delegado de la Defensoría del Pueblo, un delegado de la   Procuraduría Regional del Meta, un delegado de la Personería municipal, el   comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio y Cormacarena.    

[14] Folio 7.    

[15] Folios 744 a 751.    

[16] Folios 752-753. En el mimo sentido, en comunicación 1551-23-0193   suscrita por el Secretario de Gobierno de Villavicencio y dirigida a los   representantes de las comunidades asentadas en el río guatiquí, se señala que se   dará inicio al proceso de restitución del bien de uso público.     

[17] Folio 759.    

[18] Folio 768-772.    

[19] Folios 858-860.    

[20] Folios 869-870.    

[21] Folio 923-926.    

[22] Folio 932-934.    

[23] Folio 951-954.    

[24] Folio 910-912.    

[25] Folios 871-872.    

[26] Folio 14 del cuaderno de revisión. En el   auto de pruebas se ordenó al municipio de Villavicencio que informará: (i) el estado actual del proceso de lanzamiento por ocupación de   hecho (…) (ii) si se cuenta con un censo, un estudio socioeconómico, una   caracterización de las familias desplazadas (…) (iii) los programas o proyectos   que han sido diseñados para resolver los problemas de vivienda que afectan a la   población desplazada asentada en el Villa Campestre Nº1, Brisas del Valle Nº 2.   (iv) En caso de que ya se haya hecho efectiva la diligencia de desalojo, indicar   las medidas de protección previamente adoptadas (…) dónde fue reubicada la   población y las condiciones del lugar donde actualmente habitan. También se   ordenó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena   (Cormacarena) y la Oficina de Gestión del Riesgo, que se pronunciaran sobre los   hechos del  presente caso. Y a la Unidad para la Atención y Reparación   Integral de las Víctimas que informara sí los integrantes de la Corporación   Nuevo Amanecer Vida y Esperanza asentados en Villa Campestre Nº1, Brisas del   Valle Nº 2, se encuentran en el registro único de población desplazada como   víctimas del conflicto.    

[27] Folio 78-79 del cuaderno de revisión.    

[28] Folio 21-27 del cuaderno de revisión.    

[29] Folio 60-66 del cuaderno de revisión.    

[30] Folio 74-76 del cuaderno de revisión.    

[31] Folio 834. Con relación  a la solicitud de medida cautelar   expresó:  “no se advierte inmediatez, ya que el accionante no mencionó la fecha en que   se llevaría a cabo la citada diligencia de lanzamiento, y no hay certeza si a la   fecha las entidades competentes hayan adelantado el respectivo proceso, por lo   cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991,   no se considera necesario y urgente adoptar la medida provisional (…)”.    

[32] Folio 940-949.    

[33] Folio 948. En su decisión, el Tribunal Administrativo argumentó que   era necesario “realizar una ponderación de los bienes jurídicos en conflicto   dentro de la presente acción, esto es, por un lado, el derecho a la vida y, por   otro, el derecho a una vivienda digna, encontrándose que, si bien es cierto, el   destierro al que han sido sometidas las personas en situación de desplazamiento   forzado y de pobreza extrema genera una múltiple vulneración de sus garantías   constitucionales y que de producirse un posible lanzamiento agudizaría más la   afectación intensa de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de contar con   una vivienda, lo cierto es, que permitirles permanecer en una zona de alto   riesgo de inundación pondría en peligro el derecho a la vida, el cual prima y   tiene mayor peso sobre cualquier otro. (…)”    

[35] Folio 1019-1027.    

[36] MP. Carmelo Perdomo Cuéter.    

[37] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el   artículo 86 de la Constitución Política”.    

[38] Municipio de Villavicencio, Fonvivienda, el departamento del   Meta, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo   Rural, el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, el Ministerio de Hacienda   y Crédito Público y la Presidencia de la República    

[39] Menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas,   personas en situación de discapacidad, indígenas, afrocolombianos y   desmovilizados.    

[40] En tal sentido, pueden consultarse las sentencias T-1635 de 2000   (M.P José Gregorio Hernández), T-098 de 2002 (M.P Marco Gerardo Monroy   Cabra), T-038 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-042 de 2009   (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-234 de 2009 (MP. Clara Elena Reales Gutiérrez),   T-299 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo),   Sentencia T-840 de 2009 (M.P María Victoria Calle Correa), T-106 de 2010   (M.P Jorge Iván Palacio), T-946 de 2011 (M.P María Victoria Calle   Correa), T-218 de 2014 (M.P María Victoria Calle Correa), T-832 de 2014 (M.P   Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).    

[41] T-598 de 2014 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez) En esta sentencia   la Corte amparó el derecho al debido proceso de una desplazada, que solicitaba   que se ordenara a la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas que   nuevamente caracterizara a su grupo familiar y que procediera a separarla del   núcleo en el que originalmente se encontraba inscrita, para registrarla en uno   nuevo compuesto por ella y sus dos hijos menores de edad, nacidos luego del   desplazamiento del cual fue víctima. Lo anterior, por cuanto el sustento de su   nueva familia depende del otorgamiento de la ayuda humanitaria a su nombre.    

[42] T-827 de 2007 (M.P Catalina Botero Marino) En esta decisión la Corte   amparó el derecho de una mujer y de sus dos hijas a ser reconocidas como   personas en situación de desplazamiento forzado, y en consecuencia a ser   reconocidas en el registro único de población desplazada. Lo anterior, por   cuanto acción social cambio de manera constante las razones de hecho y de   derecho en las que fundamentaba su negativa al registro y aplicó normas legales   y reglamentarias al margen de las directrices constitucionales en materia de   protección especial a las personas en situación de desplazamiento forzado.    

[43] T-098 de 2002 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra) En esta   decisión, se resuelven varios expedientes de tutela acumulados y se amparan los   derechos fundamentales de varias familias compuestas principalmente por mujeres   cabeza de familia, menores, ancianos y algunos indígenas, cuyas solicitudes de   atención en salud, estabilización económica y reubicación, no habían sido   atendidas por la Red de Solidaridad.    

[44] Ver sentencias T-946 de 2011 (M.P María   Victoria Calle Correa), T-119 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-655 de   2014 (M.P María Victoria Calle Correa), T-781 de 2014 (M.P Jorge Ignacio Pretelt   Chaljub) y T-109 de 2015 (Jorge Iván Palacio Palacio).    

[45] T-025 de 2004 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa), en esta decisión se   declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de   la población desplazada. Con relación a la agencia oficiosa en materia de tutela   de las asociaciones de desplazados, señaló: “Dada la condición de extrema   vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del   desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de   personas especialmente protegidas por la Constitución –tales como mujeres cabeza   de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad ‑,   la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de   tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para   estas personas. Es por ello que las asociaciones de desplazados, que se han   conformado con el fin de apoyar a la población desplazada en la defensa de sus   derechos, pueden actuar como agentes oficiosos de los desplazados.”    

[46] Ibídem.    

[47] A folio 822 obra certificado de representación y existencia legal de   la Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza, expedido por la Cámara de   Comercio de Villavicencio, el 13 de julio de 2015. Dentro de su objeto social   certifica: “Agremiar, agrupar, asociar personas víctimas de conflicto   armando, y vulnerables en la pobreza extrema, del municipio de Acacias, o de   otras regiones, o en otras ciudades (…)”    

[48] Folio 25-41.    

[49] T-239 de 2013 (M.P María Victoria Calle Correa). En esta sentencia   se amparó el derecho a la vivienda digna de un grupo de familias, en su mayoría   desplazadas por la violencia, que ocuparon varios predios privados en el   Municipio de Cúcuta, en donde se asentaron y construyeron improvisados refugios   para suplir sus necesidades de vivienda. En consecuencia se ordenó a la entidad   territorial y a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas,   realizar un censo de las familias afectadas, garantizar un albergue provisional   y hacer las gestiones pertinentes para incluir a los accionantes dentro de los   planes de vivienda municipales.    

[50] Constitución Política de Colombia, artículo 51.    

[51] De conformidad con lo dicho por el Comité de Derechos Económicos,   Sociales y Culturales, en su Observación General No. 4, los siguientes son,   entre otros, los instrumentos internacionales que tratan el derecho a una   vivienda adecuada: “el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración   Universal de Derechos Humanos, el apartado iii) del párrafo e) del artículo 5 de   la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de   Discriminación Racial, el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la   Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el párrafo 3   del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 10 de   la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social, el párrafo 8 de la   sección III de la declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos, 1976   […] el párrafo 1 del artículo 8 de la Declaración sobre el Derecho al   Desarrollo, y la recomendación No. 115 de la Organización Internacional del   Trabajo sobre la vivienda de los trabajadores, 1961”. Punto 3.    

[52] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales   fue aprobado por la Ley 74 de 1968.    

[53] Observación General No. 3.    

[54] Sentencia C-671 de 2002 (M.P Eduardo Montealegre Lynett). En esta   oportunidad la Corte examinaba la constitucionalidad de un precepto que excluía   a un grupo de beneficiarios de los servicios ofrecidos por el sistema de salud   de las fuerzas militares y de policía, aun cuando antes lo incluía. La Corte   consideró que ese retroceso, en la protección del derecho a la seguridad social   en salud del grupo excluido, resultaba injustificado. Para decidir, tuvo en   cuenta la distinción entre obligaciones de cumplimiento inmediato, y   obligaciones de cumplimiento progresivo. Dijo que el Estado había incumplido la   prohibición –la cual es de obligatorio cumplimiento en todo tiempo- de no   retroceder injustificadamente en el nivel de protección alcanzado.    

[55] T-585 de 2006 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra) En esta decisión se   amparó el derecho a la vivienda digna de un grupo de accionantes, quienes eran   personas desplazadas por la violencia, inscritas en el registro único de   población desplazada y residentes en zonas marginales de Girón, Floridablanca y   Bucaramanga. Habitaban en inquilinatos o viviendas improvisadas, muchas de ellas   en zonas de alto riesgo y sin acceso a servicios públicos domiciliarios.    

[56] “Por la   cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la   atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los   desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.    

[57] “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y   387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la   población desplazada”.    

[58] “Por el cual se modifican los   artículos 2, 5, 8, 10, 14, 24 y 25 del Decreto 951 de 2001 y se dictan otras   disposiciones en relación con el subsidio familiar de vivienda para la población   en situación de desplazamiento”.    

[59] Artículo 2º.    

[60] “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y   reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan   otras disposiciones”. Artículo  123. Medidas De   Restitución En Materia De Vivienda. Las víctimas cuyas viviendas   hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, tendrán   prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de vivienda en las   modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición de   vivienda, establecidos por el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de que el   victimario sea condenado a la construcción, reconstrucción o indemnización. Las   víctimas podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de conformidad con la   normatividad vigente que regula la materia y a los mecanismos especiales   previstos en la Ley 418 de 1997 o las normas que la prorrogan, modifican o   adicionan. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la   entidad que haga sus veces, o el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o   la entidad que haga sus veces, según corresponda, ejercerá las funciones que le   otorga la normatividad vigente que regula la materia con relación al subsidio   familiar de vivienda de que trata este capítulo, teniendo en cuenta el deber   constitucional de proteger a las personas que se encuentren en situación de   debilidad manifiesta, razón por la cual deberá dar prioridad a las solicitudes   que presenten los hogares que hayan sido víctimas en los términos de la presente   ley. El Gobierno Nacional realizará las gestiones necesarias para generar oferta   de vivienda con el fin de que los subsidios que se asignen, en virtud del   presente artículo, tengan aplicación efectiva en soluciones habitacionales.   Parágrafo 1°. La población víctima del desplazamiento forzado, accederá a los   programas y proyectos diseñados por el Gobierno, privilegiando a la población   mujeres cabeza de familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la   población discapacitada desplazada. Parágrafo 2º. Se priorizará el acceso a   programas de subsidio familiar de vivienda a aquellos hogares que decidan   retornar a los predios afectados, previa verificación de condiciones de   seguridad por parte de la autoridad competente.    

[61] “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras   disposiciones”. Artículo 131 y siguientes.    

[62] “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover   el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.”   Esta ley está reglamentada por el Decreto No. 1921 de 2012.    

[63] OG 7 párrafo 15.    

[64] Otras decisiones que pueden consultarse son las siguientes: SU-1150   de 2000 (M.P Eduardo Cifuentes Muñoz), T-1346 de 2001   (M.P Rodrigo Escobar Gil), T-585 de 2006 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra), T-967   de 2009 (M.P María Victoria Calle Correa), T-068 de 2010 (M.P Jorge Ignacio Pretelt   Chaljub), T-119 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-349 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-454 de 2012 (M.P Luis Ernesto   Vargas Silva), T-239 de 2013 (M.P María Victoria Calle Correa), T-655 de 2014   (M.P María Victoria Calle Correa).    

[65] MP. Clara Inés Vargas Hernández.    

[66] MP. Jaime Córdoba Triviño.    

[67] M.P María Victoria Calle Correa.    

[69] T-109 de 2015 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio) En esta decisión se amparó el derecho al debido proceso y vivienda   digna, en un caso originado en el año 2006 cuando el municipio de Floridablanca   (Santander) adquirió un predio en donde se comprometió a realizar un   macroproyecto de vivienda de interés social. Pese a lo anterior, Ingeominas   advirtió el alto riesgo geológico que presentaba el terreno siendo inviable   material y jurídicamente el proyecto, al menos no sin antes ejecutarse las obras   de reforzamiento necesarias. Posteriormente, en septiembre de 2011 un grupo de   aproximadamente 50 familias beneficiarias del mencionado proyecto decidió ocupar   una parte del lote para construir allí sus hogares, al tiempo que las   autoridades del ente territorial exigían el desalojo para poder presentar el   terreno a una nueva convocatoria nacional para vivienda. En el curso del trámite   policivo, los accionantes impetraron la tutela para suspender el desalojo   mientras se les garantizaba una alternativa real de reubicación.    

[70] Del folio 36 al 41 obra listado con indicación de los jefes de hogar   de cada una de las familias desplazadas, el cual es anexado al escrito de   tutela.    

[71] De folio 43 a 702, se acompaña al escrito de tutela los   documentos que a continuación se enuncian, que acreditan la no tenencia de   bienes inmuebles y la condición de desplazado de buena parte de los jefes de   hogar de las familias desplazadas objeto del presente amparo constitucional.   Estos documentos son: (i) certificado catastral nacional expedido por el   Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que acredita la no inscripción en la   base de datos catastral del IGAC; (ii) certificado de afiliación al Sisben de   Villavicencio; (iii) constancia de no propiedad o titular de derechos inscritos   expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio;   (iv) certificación de la Defensoría del Pueblo del Meta que indica que la   inscripción en el registro único de víctimas se encuentra en trámite; (v)   formato único de declaración para la solicitud de inscripción en el registro   único de víctimas; (vii) certificación de la Unidad para la Atención y   Reparación Integral de Víctimas de la Violencia, en la que consta que se   encuentra “incluido” dentro registro único de víctimas (RUV); y (viii)   copia de la cédula de ciudadanía.    

[72] En los anexos de la tutela de folio 25 a 35, obra listado del censo   que individualiza a cada uno de los jefes de hogar de las familias desplazadas   con indicación precisa de: (i) sus nombres y apellidos; (ii) el número de la   cedula de ciudadanía; (iii) su condición de desplazado o de estado de   vulnerabilidad; (iv) nivel académico; (v) estado civil; (vi) número de hijos;   (vii) edad; (viii) fecha del censo; y (ix) firma de cada una de las personas   censadas.      

[73] Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo   especial la macarena, folio 25 del cuaderno de revisión.    

[74] Folio 26 del cuaderno de revisión.    

[75] Folio 31 del cuaderno de revisión.    

[76] T-227 de 1997 (M.P Alejandro Martínez   Caballero) En esta tutela se denuncian actos discriminatorios y de intolerancia   cometidos por autoridades de la Gobernación de Cundinamarca, quienes alegando   que se generaba una alteración grave del orden público, intentaban impedir la   reubicación de desplazados que habían llegado al territorio de ese departamento.   La Corte en su decisión ampara los derechos a la libre circulación y a la   dignidad humana. Además, previene a la Gobernadora de Cundinamarca para que en   el futuro se abstenga de restringir los derechos protegidos. Ordena a la   Defensoría brindar un curso de promoción de derechos humanos dirigidos a las   autoridades del departamento de Cundinamarca y solicita al Ministerio de   Educación hacer efectiva la educación en el respeto a los derechos humanos,   especialmente, en el respeto a las personas que son desplazados por la   violencia.    

[77] T-419 de 2003 (M.P Alfredo Beltrán Sierra). En este caso se   estudiaron dos expedientes de tutela acumulados relacionados   con atención y protección a la población desplazada; en el primer caso se otorgó   la ayuda humanitaria requerida pero la misma era insuficiente, y en el segundo   caso no se prestó ningún apoyo ni colaboración humanitaria. En su decisión, la   Corte concede la tutela para que se les otorgue a los actores la ayuda   humanitaria de emergencia prevista por la ley 387 de 1997, relacionada con   vivienda, programas de capacitación laboral, orientación y aprobación de un   proyecto productivo, así como apoyo en temas de educación y atención en salud.    

[78] Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado   en Colombia, Centro Nacional de la Memoria Histórica, ISBN: 978-958-59068-7-7,   Primera edición: septiembre de 2015.    

[79] T-025 de 2004 (M.P Manuel José Cepeda   Espinosa), en esta decisión se declara la existencia de un estado de cosas   inconstitucional en la situación de la población desplazada y se establece que a   las autoridades nacionales y   territoriales les corresponde ajustar sus actuaciones para lograr concordancia   entre los compromisos adquiridos y los recursos asignados para asegurar los   derechos de los desplazados de tal manera que se les asegure el goce efectivo de   sus derechos mínimos. Ese mínimo de protección implica (i) que en ningún caso se   puede amenazar el núcleo esencial de los derechos fundamentales constitucionales   de las personas desplazadas y (ii) la satisfacción por el Estado del mínimo   prestacional de los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física,   psicológica y moral, a la unidad familiar, a la prestación del servicio de salud   que sea urgente y básico, a la protección frente a prácticas discriminatorias   basadas en la condición de desplazamiento, y al derecho a la educación hasta los   quince años para el caso de los niños en situación de desplazamiento. En   relación con la provisión de apoyo para la estabilización socioeconómica de las   personas en condiciones de desplazamiento, el deber mínimo del Estado es el de   identificar, las circunstancias de su situación individual y familiar, su   proveniencia inmediata, y alternativas de subsistencia con miras a definir sus   posibilidades concretas de emprender un proyecto razonable de estabilización   económica o de participar en forma productiva en un proyecto colectivo, con   miras a generar ingresos que les permitan subsistir. En relación con el derecho   al retorno y al restablecimiento, el mínimo al cual están obligadas las   autoridades consiste en (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las   personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro   sitio, (ii) no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de   residencia habitual o se restablezcan en otro punto; (iii) proveer la   información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar   de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia   socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en   condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento   cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida   o integridad personal y (v) proveer el apoyo necesario para que el retorno se   efectúe en condiciones de seguridad y los que regresen puedan generar ingresos   para subsistir autónomamente.    

[80] Este término es utilizado en el libro: “Una nación desplazada:   Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Centro Nacional de la   Memoria Histórica, ISBN: 978-958-59068-7-7, Primera edición: septiembre de   2015.” Con él se alude a la forma en que es visto el desplazado ante la   población del lugar que lo recibe. Se indica en este texto que “(…) el   desplazado llega generalmente hasta la periferia del municipio o de la ciudad,   es decir, a las zonas marginales, lo cual los pone en competencia de recursos,   trabajo, de bienes, con los otros desposeídos de la ciudad. Ante los ojos de los   habitantes de las zonas centrales de la ciudad, de los más “acomodados”, el   desplazado es equiparado con el incómodo indigente, con el desempleado o con el   empleado informal callejero, quienes exponen también una realidad que no quiere   ser vista.”    

[81] Auto 383 de 2010 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva) de seguimiento a la   sentencia T-025 de 2004. La Corte expidió ese presente auto con el fin de   determinar si ha existido un avance, estancamiento o retroceso en   materia coordinación y corresponsabilidad entre la Nación y entidades   territoriales en materia de atención integral a población desplazada. Como   conclusión de los informes y las sesiones técnicas, encontró que no se han   corregido las falencias indicadas en distintos pronunciamientos. Por lo cual,   luego de precisar una serie de reglas acerca de los principios constitucionales   relevantes en el marco de la distribución de competencias, ordena: flexibilizar   la oferta institucional; tomar medidas frente aquellos entes que no han cumplido   con sus obligaciones respecto de la población víctima y otras para solventar los   obstáculos reseñados; y finalmente, asumir medidas con las cuales evaluar el   nivel de cumplimiento de estas órdenes.    

[82] Sentencias T-078 de 2004 (M.P Clara Inés Vargas Hernández) y T-770   de 2004 (M.P Jaime Córdoba Triviño), mencionadas en los numerales 5.5 y 5.6 de   las consideraciones de esta providencia.