SU113-18

         SU113-18             

Sentencia SU113/18     

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia   excepcional    

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales   y especiales de procedibilidad     

PRECEDENTE JUDICIAL-Importancia    

PRECEDENTE HORIZONTAL Y VERTICAL-Diferencias    

La jurisprudencia constitucional ha diferenciado, según su   origen, dos clases de precedente: el horizontal y el vertical.  Respecto al   primero, se ha dicho que comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o   el mismo operador judicial”; mientras que el segundo,  “se relaciona con los   lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar   jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.   Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los   funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el   Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.   En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades   mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios   hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”.    

PRECEDENTE JUDICIAL-Jueces pueden apartarse si exponen razones que   justifiquen su decisión    

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Carácter vinculante    

En el caso del precedente constitucional, la jurisprudencia de   esta Corporación ha establecido que tanto los fallos proferidos en control   abstracto como en concreto están amparados por la fuerza vinculante, “debido a que determinan el   contenido y alcance de la normatividad superior, al punto que su desconocimiento   significaría una violación de la constitución”.    

CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO-Concepto, alcance y finalidad     

CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO-Naturaleza dentro del proceso ordinario laboral    

Para esta Corte si   bien la convención colectiva se aporta al proceso como una prueba, es una norma   jurídica, la cual debe interpretarse a la luz de los principios y reglas   constitucionales, entre ellos el principio de favorabilidad.    

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA INTERPRETACION DE LAS CONVENCIONES   COLECTIVAS    

Si una norma -incluyendo las convenciones colectivas de trabajo, según la   dogmática que precede-, admite varias posibilidades de interpretación, es deber   del juez aplicar la que resulta más benéfica para el trabajador, pues en caso   contrario, se vulneraría el derecho fundamental al debido proceso y el principio   de favorabilidad previsto en el artículo 53 Superior.    

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Finalidad    

Esta Corporación se ha encargado de precisar   cuáles son los principales objetivos del recurso extraordinario de casación, no   sin antes puntualizar que su finalidad, además de lo ya expuesto, es “de orden sistémico, para proteger la   coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo”. En efecto, dispuso   que tales propósitos son: (i) unificar la jurisprudencia nacional, (ii) velar   por la realización del derecho objetivo en procesos judiciales, (iii) reparar   los agravios ocasionados a las partes por la sentencia recurrida y (iv) velar   por la efectiva realización de los derechos fundamentales de los asociados. Así el recurso de casación, en   principio tenga una finalidad sistemática, es también un medio idóneo (al igual   que los demás procedimientos del ordenamiento jurídico) para proteger los   derechos fundamentales, pues no es “sólo un mecanismo procesal de control de   validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento   esencial en la aplicación igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad y   en la garantía de la vigencia de la Constitución, incluidos los derechos   fundamentales”.    

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por cuanto se incurrió en defecto por desconocimiento   del precedente en relación con el principio de favorabilidad en la   interpretación de las convenciones colectivas       

Referencia: Expediente T-6.550.645    

Acción de tutela interpuesta por Rosaura Aguirre Rodríguez en contra de la Sala   de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 2, de la Corte Suprema de   Justicia.    

Magistrado Ponente:    

LUIS   GUILLERMO GUERRERO PÉREZ    

Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)    

La   Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias   constitucionales y legales, ha proferido la siguiente    

SENTENCIA    

En   virtud de la revisión de la providencia de tutela dictada en primera instancia   por la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 1º de la Corte   Suprema de Justicia.    

I.       ANTECEDENTES    

La señora Rosaura   Aguirre Rodríguez interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Casación   Laboral, Sala de Descongestión No. 2, de la Corte Suprema de Justicia, por   considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al   debido proceso, a la seguridad social y a la tercera edad.    

1. Hechos    

1.1.   La accionante nació el 7 de junio de 1954 y fue trabajadora oficial desde el 16   de marzo de 1982 hasta el 20 de julio de 2002, al servicio de la Empresa   Industrial y Comercial del Estado Carbones de Colombia S.A., la cual, luego de   presentarse algunas fusiones, se transformó en la Empresa Nacional Minera   Limitada -Minercol Ltda-.    

1.2.   El 17 de diciembre de 1991, la sociedad en comento y el sindicato de   trabajadores “Sintramineralco”, suscribieron una convención colectiva, en cuya   cláusula 82 se estableció:    

“A   partir de la vigencia de esta convención, MINERALCO S.A. reconocerá y pagará a   los trabajadores a su servicio que hayan cumplido o cumplan cincuenta (50) años   de edad en las mujeres y cincuenta y cinco (55) años de edad en los hombres y   veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, en entidades públicas,   oficiales o semioficiales y particulares, una pensión mensual de jubilación   equivalente al setenta y cinco por ciento (75) del promedio de los salarios   devengados durante el último año de servicio”.    

1.3.   Dicha normativa, fue ratificada “por los artículos 88 de la Convención   Colectiva de 11 de enero de 1994, 90 de la Convención Colectiva de 12 de febrero   de 1996, 19 del Laudo Arbitral del 2 de julio de 1998 y décimo quinto de la   Convención Colectiva de 28 de diciembre de 2001 suscritas entre MINERCOL LTDA y   los sindicatos de sus trabajadores, vigentes a la terminación de mi contrato de   trabajo”[1].   Es decir, que dicha convención se encontraba vigente para el momento en que   finalizó la relación contractual.    

1.4.   Indicó la accionante que, una vez cumplió los 50 años de edad, esto es, el 20 de   julio de 2004, luego de haber transcurrido dos años del retiro de la empresa,   solicitó el reconocimiento de la pensión prevista en la convención ya descrita.   Sin embargo, la misma fue negada por Minercol Ltda, tras considerar “que para   tener derecho a esa prestación [debió] haber cumplido los 50 años de edad   estando al servicio de la empresa”[2]  y no, luego de transcurridos dos años después de la culminación de la relación   de trabajo.    

1.5.   Como consecuencia de dicha decisión, presentó demanda ordinaria laboral con el propósito de obtener el reconocimiento   de la pensión convencional de jubilación a partir del 7 de junio de 2004, fecha   de su retiro, en cuantía equivalente al 75% del salario promedio devengado   durante el último año de servicios. La misma, fue tramitada en primera instancia   por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, que, por   medio de sentencia del 21 de noviembre de 2008 absolvió a la parte demandada   acogiendo el argumento de Minercol Ltda, es decir, que la actora no cumplió los   requisitos de la norma convencional para ser acreedora de la pensión, por cuanto   no contaba con la edad requerida para ese propósito, en vigencia de su contrato   de trabajo.    

1.6.   Apelada la decisión por la accionante, el proceso fue tramitado en segunda   instancia por  la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de   Bogotá, quien mediante sentencia del 29 de abril de 2011 confirmó la decisión de   primer grado. Al respecto, sentenció que, la hoy demandante, al momento de   solicitar el reconocimiento pensional, no cumplió con el requisito previsto en   la norma convencional referente a la edad, pues para ese entonces no se   encontraba vigente su relación contractual con la empresa.    

1.7.   La actora presentó recurso extraordinario de casación, señalando que la   sentencia del Tribunal Superior configuró la causal primera de casación[3],   que refiere a la infracción de la ley sustancial, pues, según su opinión, dicho   despacho judicial no observó lo previsto por los artículos 60 del Decreto 528 de   1964, 23 de la Ley 1968 y 7° de la Ley 16 de 1969.    

1.8.   El recurso fue resuelto por la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión   No. 2 de la Corte Suprema de Justicia, quien no casó el fallo proferido por el   tribunal de segunda instancia, pues la interpretación realizada por este a la   cláusula 82 de la Convención Colectiva, “no puede ser considerada como   equivocada y, menos aún, como arbitraria o absurda, en tanto de su lectura es   razonable entender que ese convenio colectivo únicamente amparaba a las mujeres   que cumplieran la edad en vigencia de la relación laboral”[4].    

2.   Solicitud de tutela    

2.1.   Contra la decisión proferida por la Sala de Casación Laboral, Sala de   Descongestión No. 2 de la Corte Suprema de Justicia, la actora promovió acción   de tutela el 24 de octubre de 2017, por considerar vulnerados sus derechos   fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y a la   tercera edad, por cuanto que, en procesos similares al suyo, la Sala de Casación   Laboral -permanente- de la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho a la   misma pensión convencional por ella solicitada, a quienes cumplieron la edad   prevista en la convención colectiva luego de terminada su relación de trabajo   con la entidad. Como apoyo de su argumento, citó las sentencias del 9 de marzo   de 2005[5]  y del 4 de julio de 2012[6],   dictadas por dicha sala, como también las Sentencias C-168 de 1995 y T-001 de   1999 de esta Corporación.    

2.2.   Por lo expuesto, la accionante solicitó dejar sin efectos la sentencia del 25 de   julio de 2017 proferida por la Sala de Descongestión Laboral No. 2[7]  y, por   consiguiente, ordenarle dictar una nueva providencia en igual sentido a los   fallos señalados en el anterior numeral.    

3. Trámite procesal    

La acción de tutela fue conocida en   primera instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,   que por medio de auto del 25 de octubre de 2017[8],   resolvió su admisión y ordenó la vinculación al trámite constitucional a la Sala   Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá y al Juzgado Décimo   Laboral del Circuito de Descongestión de la misma ciudad.    

4. Intervención de las autoridades   vinculadas y de la entidad accionada    

4.1. Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá[9]    

4.1.1. Por medio de escrito del 27 de octubre de 2017, el juez titular del   despacho se pronunció sobre la acción de tutela, pues el Juzgado Décimo Laboral   del Circuito de Descongestión fue suprimido y el expediente devuelto a esa   autoridad judicial, por ser ella quien resolvió la admisión de la demanda.    

4.1.2. Respecto al fondo del asunto, luego de transcribir la parte resolutiva de   la providencia dictada por el Juzgado Décimo, realizar un breve recuento del   recorrido del proceso, e informar que actualmente el asunto se encuentra   archivado, señaló sin otro tipo de argumento, que en ningún momento se   vulneraron los derechos fundamentales de la actora.    

4.2. Sala de   Casación Laboral de Descongestión No. 2º de la Corte Suprema de Justicia[10]    

4.2.1.  Mediante escrito del 30 de octubre de 2017, el magistrado ponente   de la decisión cuestionada respondió el recurso de amparo, argumentado que la   sentencia dictada por la Sala de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia,   “fue proferida con estricto apego al precedente jurisprudencial, de   conformidad con lo dispuesto en la Ley 1781 de 2016, mediante la cual se   modificaron los artículos 15 y 16 de la Ley Estatutaria de Administración de   Justicia y se crearon las cuatro Sala[s] de Descongestión [L]aboral”, lo   anterior, en correspondencia con lo previsto por el Acuerdo 48 del 16 de   noviembre de 2016, por medio del cual se adoptó el Reglamento de la Sala de   Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.    

4.2.2. Por otro lado, indicó que las decisiones que adoptan los organismos de   cierre no son susceptibles de ser revocadas por mandato de un juez de tutela,   más aun, cuando dichas determinaciones se profieren atendiendo tanto a la   normativa como a la jurisprudencia vigente.    

4.3. Unidad Administrativa Especial de   Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-    

4.3.1. A través de escrito del 31 de   octubre de 2017, el Subdirector de Defensa Judicial de la UGPP se pronunció   sobre los hechos y las pretensiones de la presente acción de tutela.    

4.3.2. Inicialmente, indicó que la   accionante se retiró del servicio el 20 de julio de 2002, sin haber alcanzado   los requisitos exigidos por la convención colectiva. No obstante, aclaró que, de   conformidad con lo previsto por el parágrafo transitorio No. 3 del Acto   Legislativo 01 de 2005[11],   la convención colectiva que hoy pretende hacer valer la demandante ya perdió   vigencia.    

4.3.3. Más adelante, señaló que “en la   actualidad la accionante se encuentra devengando pensión de vejez por parte de   Colpensiones, con fecha de status pensional 07/06/2009, según se puede observar   en la página de consulta de la oficina de bonos pensionales, y en la información   obtenida del RUAF”[12].    

4.3.4. En relación con la procedencia de   la acción de tutela, expuso que, de conformidad con la jurisprudencia   constitucional, dicho mecanismo solo es procedente cuando existe amenaza o   vulneración de derechos fundamentales por parte de autoridad pública o por un   particular. Por ello, siendo los jueces de la República autoridades públicas,   sus decisiones son susceptibles de ser revisadas por el recurso de amparo,   siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos de procedencia, para lo cual,   citó las Sentencias T-231 de 1994, C-590 de 2005 y SU-913 de 2009.    

4.3.5. Finalmente, expuso que no se   comprobó la existencia de un perjuicio irremediable que permita la procedencia   excepcional de la acción de tutela y, además, porque la decisión de la Sala de   Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia hizo tránsito a cosa   juzgada, atendiendo lo dicho por esta Corporación en la Sentencia T-218 de 2012.    

4.3.6. Por todo lo expuesto, solicitó   negar el presente recurso de amparo.    

5. Pruebas relevantes aportadas al   proceso    

La   parte demandante allegó al expediente las siguientes pruebas documentales:    

a.   Demanda laboral en contra de la Empresa Nacional Minera Ltda en Liquidación,   “Minercol LTDA” en Liquidación (folios 11 a 18).    

b.   Sentencia del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá del   21 de noviembre de 2008 (Folios 19 a 29).    

c.   Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral del 29   de abril de 2011 (Folios 30 a 40).    

d.   Demanda de casación interpuesta por la actora contra la sentencia descrita en el   literal c de este numeral.    

e.   Sentencia de la Sala de Descongestión Laboral No. 2 de la Corte Suprema de   Justica del 25 de julio de 2017 (Folios 57 a 71).    

f.   Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 9   de marzo de 2005 (Folios 72 a 87).    

g.   Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 4   de julio de 2012 (Folios 88 a 101).    

h.   Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 15   de marzo de 2011 (Folios 102 a 115).    

6. Decisión objeto de revisión    

6.1.   En primera instancia, la acción de tutela fue resuelta por la Sala de Casación   Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 1º de la Corte Suprema de Justicia, que   por medio de sentencia del 7 de noviembre de 2017 negó las pretensiones de la   demanda, en tanto que, en relación con los argumentos de la providencia   censurada, “se verifica que, para arribar a la confirmación del fallo de   segundo grado y no acceder a las citadas pretensiones, fueron consignadas las   motivaciones con base en una ponderación probatoria y jurídica”[13].    

6.2.   Igualmente, luego de transcribir in extenso las consideraciones expuestas   por la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concluyó   que las mismas hacen parte de la órbita de la valoración del juez de   conocimiento, ello, atendiendo el principio de la libre formación del   convencimiento.    

6.3.   Así entonces, concluyó que la decisión que hoy se debate no fue adoptada de   manera ilegítima, caprichosa o irracional, por lo tanto, no siendo la acción de   tutela una instancia adicional para reabrir debates probatorios ya finiquitados,   no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda de tutela.    

6.4.   Dicha decisión no fue impugnada.    

II.   CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS    

2.1.     Competencia    

Esta   Corte es competente para conocer de los fallos de tutela materia de revisión, de   conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución   Política; los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y las demás   disposiciones pertinentes, así como por su escogencia por parte de la Sala de   Selección[14].    

2.2.   Análisis de procedencia    

Antes de realizar el estudio del caso planteado, debe verificarse el   cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra   providencias judiciales. Con dicho propósito, a continuación se realizará un   estudio de la dogmática que al efecto ha dispuesto esta Corporación, para luego,   analizar si los mismos se encuentran satisfechos en el caso concreto.    

2.3.   De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra   providencias judiciales    

2.3.1. La jurisprudencia constitucional, en reiterados pronunciamientos[15],   ha señalado la excepcionalidad de la procedencia del mecanismo de amparo en   contra de los fallos proferidos por los jueces de la República, advirtiendo que   dicha posibilidad, además, es de carácter restrictivo, “en razón a que están   de por medio, los principios constitucionales de los que se desprende el respeto   por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la   garantía de la independencia y autonomía de los jueces, y el sometimiento   general de los conflictos a las competencias ordinarias de éstos”[16].    

2.3.2. Bajo esa perspectiva, a partir de “un ejercicio de   sistematización sobre la materia, en la Sentencia C-590 de 2005, la Corte   distinguió entre requisitos generales y causales específicas de procedencia de   la tutela contra providencias judiciales. Los primeros, denominados también   requisitos formales, se refieren a los presupuestos cuyo cumplimiento es   condición necesaria para que el juez pueda entrar a evaluar de fondo la   controversia planteada. Los segundos, conocidos como requisitos materiales, se   refieren concretamente a los defectos o vicios en que debe incurrir una decisión   judicial, para que se entienda contraria al orden jurídico y violatoria de los   derechos fundamentales”[17].    

2.3.5. Tales condiciones han sido clasificadas en generales y   especiales. Las primeras, refieren al cumplimiento de las exigencias   constitucionales para emitir un pronunciamiento de fondo, mientras que las   segundas, apuntan a determinar la existencia de los vicios que por vía de tutela   se cuestionan y la prosperidad o no del amparo.    

2.3.6. En ese sentido, la acción de amparo resulta procedente siempre y   cuando se cumpla, de manera estricta, con los requisitos generales y especiales   de procedibilidad del recurso constitucional contra providencias judiciales. La   jurisprudencia de esta Corporación, ha identificado los primeros, de la   siguiente manera:    

(i) Que la cuestión que se discuta tenga una evidente   relevancia constitucional: refiere   a la necesidad de que el litigio propuesto en el recurso de amparo supere un   debate de simple legalidad, en otras palabras, el juez, en cada caso concreto,   deberá determinar cuál es la relevancia constitucional del asunto, fundamentado   en los postulados demarcados tanto por la Carta Política como por la   jurisprudencia que, al efecto, haya proferido esta Corporación.    

(ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa   judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la   consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable: ya se advirtió en líneas anteriores, que el   ordenamiento jurídico colombiano prevé diferentes tipos de procesos que   propenden por la salvaguarda de los derechos constitucionales de los ciudadanos.   En ese sentido, es un deber que, previo a interponer la acción de tutela, los   demandantes hayan interpuesto la totalidad de recursos que el proceso que se   cuestione tenga a su alcance. Caso contrario, tal y como así lo ha determinado   esta Corporación, “se correría el riesgo de vaciar las competencias de las   distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción   constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un   desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”[18].    

(iii) Que se   cumpla con el requisito de la inmediatez: la acción de   tutela debe presentarse dentro un término que tenga en cuenta aspectos de   razonabilidad y proporcionalidad, vistos, justamente, entre el momento de la   ocurrencia del hecho originador de la demanda y su fecha de interposición. Al   respecto, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que, “al   momento de determinar si se presenta el fenómeno de la inmediatez en materia de   acción de tutela contra providencias judiciales, es necesario examinar los   siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique   la inactividad del peticionario; (ii) si se está en presencia de un sujeto de   especial protección o de persona que se encontraba en una situación de especial   indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable”[19].    

(iv) Que, tratándose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma   tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que   afecta los derechos fundamentales de la parte actora: en relación con   este requisito, es preciso aclarar que, cuando se pretenda la prosperidad de la   acción de tutela con ocasión de la existencia de una irregularidad procesal,   esta debe tener un alto grado de incidencia en la decisión que se pretende   cuestionar, tanto, que de no haber sido observada de manera oportuna, la   decisión final hubiese tenido un rumbo jurídico diferente. Al respecto, esta   Corte puntualizó: “No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la   Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos   fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de   imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se   genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello   hay lugar a la anulación del juicio”[20].    

(v) Que la parte   actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la   trasgresión como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal violación en   el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible: en   este aspecto, es trascendental que, en la medida de lo posible, los supuestos de   hecho que dieron origen a la interposición de la acción de amparo, hayan sido   clarificados y expuestos en el asunto ordinario que por dicha vía se pretende   cuestionar. Ello, dado que al tratarse de una tutela contra una providencia   judicial, deben señalarse los derechos presuntamente vulnerados, con ocasión de   tales hechos, con cierto nivel de detalle que facilite al juez advertir el   concepto de violación.    

(vi) Que no se   trate de sentencias de tutela: Dada la naturaleza   misma de ésta acción, los debates que en ella se erigen no pueden transformarse   en litigios indefinidos, más aún, cuando el sistema jurídico colombiano prevé   que todos los fallos de amparo proferidos en sede de instancia deben ser   remitidos a esta Corte, los cuales son sometidos a un riguroso proceso de   selección, en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por   decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.     

2.3.7. De   esa manera, una vez superada la observancia de los requisitos generales, sólo es   procedente la tutela contra una decisión judicial, cuando la providencia acusada   haya incurrido, al menos, en uno de los siguientes defectos especiales,   descritos en la Sentencia C-590 de 2005, y ello traiga como consecuencia la   violación de derechos fundamentales:    

(i) Defecto orgánico: tiene lugar cuando el funcionario judicial que dictó la sentencia   impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.    

(ii) Defecto   procedimental:   surge cuando el juez de la causa adopta su decisión completamente al margen del   procedimiento establecido para el proceso sometido a su conocimiento.    

(iii)   Defecto fáctico: se origina cuando la decisión   adoptada por el juez carece de apoyo probatorio, del cual pueda aplicar el   supuesto legal en el que soporta su sentencia.    

(iv) Defecto material o sustantivo: se presenta cuando se toman decisiones con fundamento en   normas inexistencias o que han sido declaradas inconstitucionales por esta   Corporación o, también, cuando se comprueba una evidente contradicción entre los   argumentos expuestos y la decisión adoptada.    

(v) Error inducido: se incurre en esta causal, cuando “la decisión   judicial adoptada resulta equivocada y causa un daño iusfundamental”[21] como   consecuencia del ocultamiento al funcionario judicial de elementos esenciales   para adoptar la decisión, “o por fallas estructurales de la Administración de   Justicia por ausencia de colaboración entre las ramas del poder público”[22].    

(vi) Decisión sin motivación: se observa cuando los servidores judiciales no dan cuenta   de los supuestos fácticos y jurídicos de sus decisiones “en el entendido que   precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.    

(vii) Desconocimiento del precedente: hipótesis que se presenta, cuando se desconoce la posición   consolidada que, sobre una misma materia, ha fijado el respectivo órgano de   cierre, bien sea de la jurisdicción ordinaria, como de la contencioso   administrativa, como también, la fijada por la Corte Constitucional en los   asuntos de su competencia.    

(viii) Violación directa de la Constitución: se incurre en esta causal cuando el funcionario   judicial profiere una decisión que lesiona los principios, las reglas y los   postulados señalados por la Carta Política.    

2.3.8. En   síntesis, la procedencia excepcional del mecanismo de amparo contra providencias   judiciales, se relaciona directamente con la verificación de la configuración,   tanto de los requisitos generales como de, al menos, una causal especial de   procedibilidad, tal y como antes se explicó, lo cual permite proteger “los   elevados intereses constitucionales que se materializan en la ejecutoria de las   providencias judiciales, al tiempo que se garantiza el carácter supremo de la   Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales”[23].     

2.4.   Análisis de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto    

A   continuación la Sala Plena analizará si, para el caso objeto de estudio, la   demanda de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia del recurso   de amparo contra decisiones judiciales.    

(i) Que la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional: el presente   asunto, reviste especial connotación constitucional, en tanto que, a partir de   los hechos, las pretensiones y el debate probatorio que en él se evidencia, es   posible observar que el litigio propuesto, gira en torno al eventual   desconocimiento de una postura jurídica adoptada por la Sala de Casación Laboral   de la Corte Suprema de Justicia, en la cual, asuntos de idéntica connotación al   de la accionante, habrían sido resueltos de manera diferente a la que se aplicó   en su caso, aspecto que, según la parte actora lesiona sus derechos   fundamentales a la igualdad y al debido proceso. Además, por cuanto,   posiblemente, existe un desconocimiento del precedente constitucional fijado por   esta Corporación en casos similares al de la actora.    

(ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la   persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio   iusfundamental irremediable:  teniendo en cuenta que la presente acción de tutela se dirige a dejar sin   efectos una sentencia dictada en sede de casación por una Sala Laboral de   Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, es claro que en procura de la   defensa de sus intereses constitucionales, la demandante agotó los recursos   ordinarios y extraordinarios que la legislación laboral le confiere.    

(iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez:   entendiendo que este requisito se refiere a que la interposición de la acción de   tutela se dé dentro de un término razonable, contado a partir del momento de   ocurrencia del hecho alegado como transgresor de los derechos fundamentales,   para la Sala Plena, el mismo se encuentra satisfecho, pues la sentencia de la   Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 2º de la Corte Suprema de   Justicia fue notificada por edicto desfijado el 1º de agosto de 2017, y la   acción de tutela fue interpuesta el 24 de octubre del mismo año, es decir, dos   meses y veintitrés días después de tal comunicación, término razonable para   acudir al recurso constitucional.    

(iv) Que, tratándose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma   tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que   afecta los derechos fundamentales de la parte actora: el debate que origina la   interposición del recurso de amparo, no versa sobre cuestiones propias del   proceso ordinario laboral tramitado por las autoridades judiciales   correspondientes, pues su propósito consiste en debatir el reconocimiento de una   pensión convencional de jubilación, a partir de interpretaciones subjetivas y   jurisprudenciales expuestas a lo largo del trámite constitucional.    

(v)    Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que   generaron la trasgresión como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal   violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible: tal y como fue   dejado de presente en los antecedentes del presente asunto, la demandante   expuso de manera detallada, concreta y suficiente, los motivos por los cuales   considera trasgredidos sus derechos fundamentales, de modo que, al igual que los   demás requisitos, este también se encuentra satisfecho.    

(vi) Que no se trate de sentencias de tutela: el recurso de amparo no se   interpuso con la finalidad de controvertir un fallo de tutela.    

Dispuesto   entonces lo anterior, se observa que la acción constitucional que hoy se   estudia, cumple los requisitos generales de   procedencia del recurso de amparo contra providencias judiciales, por   consiguiente, continúa la Sala con el planteamiento del problema jurídico y su   esquema de solución.    

3.   Planteamiento del problema jurídico y esquema de solución    

3.1. De acuerdo con la situación fáctica   descrita, las pretensiones de la demanda de tutela y la decisión adoptada por el   juez de instancia, de manera preliminar debe señalarse que, si bien la   accionante no indicó causal específica de procedibilidad de la   acción de tutela, queda claro que la misma se dirige a cuestionar la sentencia   dictada por la Sala de Descongestión Laboral No. 2 de la Corte Suprema de   Justicia, que, a su juicio, desconoció la jurisprudencia que sobre la materia ha   proferido la Sala de Casación Laboral permanente de dicha Corporación y los   postulados que sobre el principio de favorabilidad, en casos como el suyo, ha   establecido la Corte Constitucional.    

3.2. Así las cosas, el   problema jurídico conduce a la Sala Plena a examinar si el fallo de la Sala de   Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurrió en el defecto de   desconocimiento del precedente, teniendo en cuenta las providencias citadas en   el escrito de tutela por parte de la actora.    

3.3.   Con la finalidad de resolver el anterior cuestionamiento, la Sala estudiará (i)   el defecto específico (desconocimiento del precedente) que se le atribuye a la   providencia cuestionada; (ii) la naturaleza de la convención colectiva dentro de   un proceso ordinario; (iii) la aplicación del principio de favorabilidad en el   escenario de las convenciones colectivas; (iv) la especial connotación del   recurso extraordinario de casación, en relación con el derecho a la igualdad;   para luego llevar a cabo (v) el análisis del caso concreto, es decir, para   determinar si la providencia cuestionada incurrió o no en la causal en cuestión.    

4.   Del defecto por desconocimiento del precedente judicial    

4.1. Según lo previsto por los artículos   228 y 230 de la Carta Política, los jueces de la República gozan de autonomía e   independencia dentro del ejercicio de sus funciones, y, en sus providencias,   solamente están sometidos al imperio de la ley. No obstante, con la finalidad de   resolver los litigios sometidos a su conocimiento, es claro que estos, en   algunas ocasiones, acuden a ejercicios de hermenéutica, aspecto que conlleva a   determinar cuál es la norma o disposición legal aplicable al caso concreto y,   por consiguiente, los efectos que ello conlleva[24].    

4.2.   En esa línea, esta Corporación, en sede de control concreto de   constitucionalidad, advirtió que “la función creadora del juez en su   jurisprudencia se realiza mediante la construcción y ponderación de principios   de derecho, que dan sentido a las instituciones jurídicas a partir de su labor   de interpretación e integración del ordenamiento positivo. Ello supone un grado   de abstracción o de concreción respecto de normas particulares, para darle   integridad al conjunto del ordenamiento jurídico y atribuirle al texto de la ley   un significado concreto, coherente y útil, permitiendo encausar este   ordenamiento hacia la realización de los fines constitucionales. Por tal motivo,   la labor del juez no puede reducirse a una simple atribución mecánica de los   postulados generales, impersonales y abstractos consagrados en la ley a casos   concretos, pues se estarían desconociendo la complejidad y la singularidad de la   realidad social, la cual no puede ser abarcada por completo dentro del   ordenamiento positivo. De ahí se derivan la importancia del papel del juez como   un agente racionalizador e integrador del derecho dentro de un Estado (…)”[25].    

4.3.   La Corte también ha sido clara en determinar que, cuando el juez se enfrenta a   tales ejercicios de interpretación, la autonomía judicial de la cual goza por   mandato constitucional no es absoluta, dado que “un primer límite se   encuentra en el derecho de toda persona a recibir el mismo tratamiento por parte   de las autoridades judiciales”[26]. De   esa manera, “la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las   personas supone además una igualdad en la interpretación y la aplicación de la ley”[27].    

4.4.   De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la caracterización del   desconocimiento del precedente, pretende garantizar la efectividad de los   principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, pues   el desconocimiento del precedente judicial “puede llevar a la existencia de   un defecto sustantivo en una decisión judicial, en la medida en que el respeto   al precedente es una obligación de todas las autoridades judiciales, – sea éste   vertical u horizontal-, dada su fuerza vinculante y su inescindible relación con   la protección de los derechos al debido proceso e igualdad”[28].    

4.5.   El precedente “se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues lo que   busca es asegurar la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a   través de decisiones judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su   alcance se constituye en una herramienta de protección de la confianza legítima   y la buena fe, en la medida en que proscribe el uso y la interpretación   caprichosa de los elementos jurídicos aplicables por las autoridades judiciales   al momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción. Además, no cabe duda   de que el respeto a las decisiones anteriores también obedece a la guarda del   principio de igualdad, el cual resultaría transgredido sí frente a casos   idénticos se brinda una respuesta disímil”[29].    

4.7.   Otra importante característica del precedente, radica en la autoridad judicial   que lo crea, por cuanto de ello depende su alcance. De modo que, la   jurisprudencia constitucional ha diferenciado, según su origen, dos clases de   precedente: el horizontal y el vertical.  Respecto al primero, se ha dicho   que comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma   jerarquía o el mismo operador judicial”[31];   mientras que el segundo,  “se relaciona con los lineamientos sentados   por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la   respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de   asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es   determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como   órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción[32]. En los   casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades   mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios   hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”[33].    

4.8.   Lo anterior, resulta de especial relevancia, pues, finalmente, es preciso   reiterar que si una autoridad judicial decide apartarse de un precedente, es   necesario que exponga razones con peso y fuerza suficiente que permita   comprender el porqué de la aplicación de la nueva interpretación. Con tal   propósito, el juez debe cumplir dos requisitos establecidos por la   jurisprudencia constitucional. El primero, refiere al requisito de   transparencia, es decir, del cual se colige que “las cargas que se   imponen para apartarse de un procedente, dependen de la autoridad que la   profirió”. En efecto, el juez “en su providencia   hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores   funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues ‘sólo puede   admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia’”[34]. El   segundo, es decir, el requisito de suficiencia, tiene que ver con   que el juez debe exponer razones suficientes y válidas, “a la luz del   ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el   cambio jurisprudencial”[35],  es decir, que no basta con ofrecer argumentos contrarios a la posición de la   cual se aparta, sino que debe demostrarse que el anterior precedente ha perdido   vigencia para resolver asuntos futuros, bien sea por el cambio normativo o por   la simple transformación social.    

4.9.    En términos de lo expuesto,  el desconocimiento del precedente judicial   constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra   providencias judiciales, dentro del propósito de lograr que las decisiones   judiciales le otorguen a las personas la igualdad de trato en la interpretación   y aplicación de la ley, frente a situaciones similares o semejantes.    

4.10. Ahora bien,   en el caso del precedente constitucional, la jurisprudencia de esta Corporación   ha establecido que tanto los fallos proferidos en control abstracto como en   concreto están amparados por la fuerza vinculante, “debido a que determinan   el contenido y alcance de la normatividad superior, al punto que su   desconocimiento significaría una violación de la constitución”[36].    

4.11. En relación con el primero (control   abstracto), ha precisado la Corte que existe una sujeción especial, por cuanto   el artículo 243 de la Constitución Política, acentúa que ese tipo de decisiones   hacen tránsito a cosa juzgada constitucional al señalar que ninguna autoridad   podrá reproducir un enunciado declarado inexequible por razones fondo[37], pues el retiro de una   norma del ordenamiento jurídico, exige que esta no pueda volver a ser aplicada   para resolver ningún asunto. Ahora, en el caso en que la norma sea declarada   exequible condicionalmente, los jueces tienen la obligación de “utilizar el   enunciado legal con la prescripción adicionada por parte de la Corte, puesto que   éste hace parte de la norma, al ser considerada el único significado que respeta   el ordenamiento superior”[38].   Por lo tanto, en este tipo de control, los argumentos de los funcionarios   judiciales para apartarse de la parte resolutiva y de su regla decisión no   resisten su fuerza normativa[39].    

4.12. En relación   con el segundo (control concreto), en múltiples pronunciamientos, esta Corte ha   establecido que la obligatoriedad de las sentencias de tutela por ella dictadas   recae en su ratio decidendi, “norma que sustenta la decisión en el   caso concreto y se prefigura como una prescripción que regulará los casos   análogos en el futuro”[40],   como es el caso de las providencias de unificación y la jurisprudencia en vigor   dictada por las salas distintas salas de revisión.    

4.13. Lo   anterior, por cuanto en el estudio de las acciones de tutela se interpreta y   aplica la Constitución Política desde la perspectiva de los derechos   fundamentales, de modo que “no puede perderse de vista que en esa labor se   fija el contenido y alcance de las disposiciones superiores, aspecto que hace   parte del imperio de la ley reconocido en el artículo 230 de la Constitución”[41]. Sumado a   lo expuesto, la obligatoriedad de los fallos de tutela obedece al principio de   igualdad, en tanto que garantiza que las decisiones de los jueces de la   República no sean arbitrarios y/o caprichosos. En efecto, “la ratio   decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que se   proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para   todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente   de derecho que integra la norma constitucional”[42].    

5. La naturaleza de la convención   colectiva dentro de un proceso ordinario    

5.1. La   jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,   ha sostenido que, atendiendo el origen y finalidad de la convención colectiva,   la misma carece “del alcance nacional que tienen las leyes del trabajo sobre   las cuales sí le corresponde a la Corte interpretar y sentar criterios   jurisprudenciales, por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, lo   único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino   sean de tal envergadura que puedan considerarse un error de hecho manifiesto, es   corregir la equivocada valoración como prueba de tales convenios normativos de   condiciones generales de trabajo”[43].    

Así entonces, dicha Corporación considera que la convención colectiva se   constituye como un medio probatorio, por lo tanto, debe ser aportada al   respectivo proceso por las partes y, en consecuencia, valorada por el   funcionario judicial competente, de modo que, su desconocimiento no puede   alegarse en sede de casación por la causal de violación directa, sino de   violación indirecta.    

5.2. Ahora bien, contrario a dicha postura, esta Corte, en la Sentencia SU-241   de 2015, estableció que, aun cuando el “artículo 469 del C.S.T determina que   la convención colectiva es una acto solemne y la prueba de su existencia en el   proceso laboral se debe hacer aportando copia auténtica de la misma y el acta de   su depósito oportuno ante la autoridad laboral”, no puede desconocerse su   valor normativo por el hecho de que ella se aporte como prueba al proceso, pues   el deber de interpretación es un “mandato constitucional para todos los   operadores jurídicos, y más aún para las autoridad [sic] judiciales (artículos   228 y 55 de la Constitución Política), las cuales una vez establecido el texto   de la convención colectiva, deben interpretarla como norma jurídica, y no   simplemente como una prueba, máxime si de aquella se derivan derechos y   obligaciones para los particulares”[44].    

5.3. En ese sentido, es claro que el modo mediante el cual se aporta la   convención colectiva al proceso laboral es el que determina el Código Sustantivo   del Trabajo, sin embargo, dicha formalidad no se traduce en que la convención   colectiva pierda su naturaleza de fuente formal y, por consiguiente, de norma   jurídica, dado que, el propósito de la prueba “es verificar la existencia de   un acto jurídico, como lo es la convención colectiva, pero una vez se ha probado   y determinado la existencia y contenido de este acto normativo, sus efectos   obligatorios y generales no son susceptibles de ser desconocidos por las   autoridades judiciales”[45],   de modo que estas deben interpretarla y aplicarla, precisamente, como “norma   jurídica, aún cuando la Constitución Política les otorga autonomía en el   ejercicio de estas funciones jurídicas. No obstante, esa autonomía judicial no   es absoluta, ya que se encuentra limitada por los valores materiales del   ordenamiento jurídico, los principios generales del derecho y los derechos   fundamentales”.    

5.4. Dicha limitación, siguiendo la jurisprudencia constitucional, parte del   principio de unidad del ordenamiento jurídico, el cual supone una estructura   jerárquica cuya supremacía recae en la Constitución Política, pues ella, según   su artículo 4°, se encuentra en cabeza del resto de normas, lo que “hace   obligatorio para todos los operadores jurídicos (públicos o privados, por   Tribunales, por órganos legislativos o administrativos), sujetarse a esos   parámetros superiores al momento de aplicar el derecho, que se  convierten   en el eje central para la construcción, validez e interpretación de todo el   ordenamiento jurídico”[46].    

5.5. Por tales razones, es posible concluir que cuando el juez acude a la   interpretación de una norma jurídica, contenida en una ley, un decreto, un   reglamento, o una convención colectiva, entre otras, su análisis deberá   realizarse de conformidad con los valores, principios y derechos fundamentales   señalados en la Carta Política.    

5.6. En conclusión “para esta Corte si bien la convención colectiva se aporta   al proceso como una prueba, es una norma jurídica, la cual debe interpretarse a   la luz de los principios y reglas constitucionales, entre ellos el principio de   favorabilidad”[47],   del cual, a continuación, se hará referencia.    

6. La aplicación del principio de   favorabilidad en el escenario de las convenciones colectivas    

6.1. El artículo 53 de la Constitución,   establece la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la   aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”. Igualmente,   el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, señala que “[e]n caso de   conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo prevalece la   más favorable al trabajador. La norma que se adopta debe aplicarse en su   integralidad”.    

6.2. En esencia, a partir de tales   mandamientos, se entiende que la favorabilidad se constituye como uno de los   principios rectores en materia laboral, del cual, tanto la Sala de Casación   Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como esta Corporación, se han encargado   de establecer su alcance.    

6.3. En efecto, dicha Sala de Casación ha   sostenido, en jurisprudencia reciente, que “el juez del trabajo solamente   puede acudir a dicho principio constitucional cuando se halle ante una duda en   la aplicación de dos o más normas vigentes y aplicables al caso, evento que es   conocido como la regla más favorable o cuando tenga una duda sobre las diversas   interpretaciones de la misma disposición jurídica”[48].   Igualmente, en otro pronunciamiento, advirtió que “tal principio tiene   vocación de aplicación frente a dos normas que regulan una misma situación y se   encuentran vigentes o, respecto de una sola que admita más de una interpretación   razonable”[49].    

6.5. Igualmente, en sede de control abstracto de constitucionalidad, esta   Corporación ha considerado que, en aplicación del principio de favorabilidad,   cuando exista una misma situación que haya sido regulada en “distintas   fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en   una misma”[51]  es deber de quien las aplica o interpreta, acoger la que más beneficie al   trabajador. De esa manera, dicho principio opera, “no sólo cuando existe   conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de   idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias   interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya   que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear   una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador”[52].    

6.6. Por consiguiente, el Constituyente consagró en el ya mencionado artículo 53   Superior, “derechos mínimos de los trabajadores, es decir, derechos   inalienables, que no pueden disminuirse, renunciarse, ni es factible transigir   sobre ellos; que se imponen inclusive al legislador y desde luego a los jueces y   a los funcionarios administrativos”[53],   entre los cuales se encuentra, precisamente, el que nace de la aplicación del   principio de favorabilidad.    

6.7. Así entonces,   la autonomía judicial respecto a la interpretación normativa es muy relativa,   toda vez que “el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es   dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más   entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica”[54].    

6.8. La jurisprudencia constitucional, en general, haciendo referencia a la   aplicación del principio de favorabilidad en materia de las convenciones   colectivas del trabajo, se ha edificado sobre dos pilares esenciales: “(i)   la obligación de los jueces de la República de someterse en sus decisiones al   derecho, bajo la idea de la fuerza material de ley de las convenciones   colectivas y su carácter de acto solemne, y (ii) la obligación de los jueces de   la República de aplicar las garantías constitucionales de la igualdad formal   ante la ley y el principio de favorabilidad laboral en caso de duda en la   interpretación de las disposiciones de las convenciones colectivas”[55].    

6.9. En conclusión, si una norma -incluyendo las convenciones colectivas de   trabajo, según la dogmática que precede-, admite varias posibilidades de   interpretación, es deber del juez aplicar la que resulta más benéfica para el   trabajador, pues en caso contrario, se vulneraría el derecho fundamental al   debido proceso y el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53   Superior.    

7. La especial connotación del recurso   extraordinario de casación, en relación con el derecho a la igualdad    

7.1. El artículo 234 de la Constitución   Política, le otorga a la Corte Suprema de Justicia la calidad de máximo tribunal   de la jurisdicción ordinaria, cuyo propósito elemental consiste en la   unificación de la jurisprudencia. Al respecto, dicha Corporación ha sostenido   que a partir de su conformación en el año 1886, “se le asignó como finalidad   principal la unificación de la jurisprudencia y, en lo que atañe a la disciplina   del trabajo y de la seguridad social, conforme al artículo 34 del Decreto 2350   de 1944, se confío la definición a la justicia laboral de los recursos de   revisión y de casación, lo que se mantuvo en la Ley 6 de 1945, y también en el   Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dando cuenta que, en todas   estas etapas ha sido determinante para la Sala el análisis sobre la legalidad de   las sentencias y no de los procesos”[56].    

7.2. De ese modo, este Tribunal ha   previsto que las sentencias de casación que profiere la Corte Suprema de   Justicia, en el evento en que amenacen o lesionen derechos fundamentales de los   intervinientes, pueden incurrir en alguna causal específica de procedencia de la   acción de tutela contra providencias judiciales, pues dicho recurso, a partir de   la constitucionalización del ordenamiento jurídico, también tiene como finalidad   la protección efectiva de tales derechos[57].    

7.3. Igualmente, esta Corporación se ha   encargado de precisar cuáles son los principales objetivos del recurso   extraordinario de casación, no sin antes puntualizar que su finalidad, además de   lo ya expuesto, es “de orden sistémico, para proteger la   coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo”[58]. En   efecto, dispuso que tales propósitos son: (i)   unificar la jurisprudencia nacional, (ii) velar por la   realización del derecho objetivo en procesos judiciales, (iii)   reparar los agravios ocasionados a las partes por la sentencia recurrida y (iv)   velar por la efectiva realización de los derechos fundamentales de los asociados[59].    

7.4. Ahora   bien, teniendo en cuenta que la casación realiza un control jurídico sobre la   providencia que, hasta ese momento, puso fin a determinado asunto por parte de   los jueces de instancia, con la finalidad de establecer si la misma se produjo   de conformidad con los postulados constitucionales y legales, es decir, “para  [resolver] si en dicha actuación se produjo un error in iudicando o un   error in procedendo para infirmar la decisión impugnada”[60], esta   Corporación explicó que “el recurso de casación constituye un mecanismo   extraordinario e interno de control jurisdiccional de la legalidad de los   fallos. Se trata de un mecanismo de control, por cuanto a través de él se   asegura la sujeción de los fallos judiciales a la ley que los gobierna. Es   extraordinario, por cuanto se surte por fuera de las instancias en tanto   [que]  no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en ellas, sino   un juicio de valor contra la sentencia que puso fin al proceso por haberse   proferido con violación de la ley. Es interno, por cuanto se surte al interior   de cada jurisdicción, siendo el competente para tramitarlo y resolverlo el   Tribunal de Casación. Finalmente, implica un juicio de valor que exige la   confrontación de la sentencia con la ley”[61].    

7.5.   Por tales razones, así el recurso de casación, en principio tenga una finalidad   sistemática, es también un medio idóneo (al igual que los demás procedimientos   del ordenamiento jurídico) para proteger los derechos fundamentales, pues no es   “sólo   un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino   que se constituye en un elemento esencial en la aplicación igualitaria de la   ley, en la defensa de la legalidad y en la garantía de la vigencia de la   Constitución, incluidos los derechos fundamentales”[62].    

7.6.   En definitiva, el nuevo paradigma del recurso extraordinario de casación, se   compone por tres especiales temáticas: (i) la unificación de la jurisprudencia,   (ii) la garantía del principio de legalidad en una dimensión amplia y (iii) la   protección efectiva de los derechos fundamentales atendiendo el principio de   prevalencia del derecho sustancial[63].    

8.1. La señora Rosaura Aguirre Rodríguez acudió a la acción de tutela con la   finalidad de proteger sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,   a la seguridad social y a la tercera edad, presuntamente vulnerados por la Sala   de Descongestión Laboral No. 2 de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto que,   en procesos similares al suyo, la Sala de Casación Laboral -permanente- de dicha   corporación habría reconocido el derecho a la misma pensión convencional por   ella solicitada, a quienes cumplieron la edad prevista en la convención   colectiva luego de terminada su relación de trabajo con la entidad.    

8.2.   Como soporte de su afirmación, allegó al proceso de tutela tres sentencias   dictadas por la Sala de Casación Laboral -permanente- de la Corte Suprema de   Justicia: la del 9 de marzo de 2005, referencia: expediente No. 24962[64],   la del 15 de marzo de 2011, referencia: expediente No. 35647[65]  y la del 4 de julio de 2012, referencia: expediente No. 39112[66],   que, a su juicio, desconoció la autoridad accionada.    

8.3.   En respuesta a la anterior acusación, la Sala de Descongestión Laboral No. 2 de   la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que, con la decisión cuestionada, no había   violado los derechos invocados por la actora, toda vez que la misma había sido   proferida con estricto apego al precedente jurisprudencial vigente, según lo   establecido por la Ley 1781 de 2016, por medio de la cual se modificaron los   artículos 15 y 16 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y se   crearon las Salas de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia.    

8.4.   Es preciso tener en cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de   Casación Laboral permanente las decisiones de instancia deben revisarse como   prueba en función de su razonabilidad, sin que la Corte tenga la facultad de   definir el sentido sustantivo de las convenciones colectivas de trabajo.    

8.5.   La Sala de Casación Penal, Sala de Decisión No. 1 de la Corte Suprema de   Justicia conoció el amparo en primera instancia y resolvió negar sus   pretensiones, dado que no encontró que la providencia cuestionada haya sido   dictada sin tener en cuenta el marco jurisprudencial correspondiente. El fallo   no fue impugnado.    

8.6.   Dispuesto el anterior recuento, la Sala Plena, con la finalidad de resolver el   problema jurídico planteado, a continuación referirá la norma convencional que   es objeto de controversia, como también, las decisiones citadas por la parte   demandante, para luego, analizar con detalle la providencia cuestionada, y así,   en definitiva, determinar si la Sala de Descongestión No. 2 de la Corte Suprema   de Justicia incurrió o no en la causal de desconocimiento del precedente en los   términos previstos en la parte dogmática este asunto.    

8.7.   En efecto, en el presente caso la controversia surge a partir de lo dispuesto en   la   Cláusula 82 de la convención colectiva 1992-1993, reproducida y ratificada en   las convenciones 1994-1995 (art. 88), 1996-1997 (art. 90) y el Laudo Arbitral de   1998 (art. 19), vigente para el momento en el que finalizó la relación   contractual de la actora y la entidad demandada, que establece:    

“A partir de la vigencia de esta convención, MNERALCO S.A. reconocerá y   pagará a los trabajadores a su servicio que hayan cumplido o cumplan cincuenta   (50) años de edad en las mujeres y cincuenta y cinco (55) años de edad en los   hombres y veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, en entidades   públicas, oficiales o semioficiales y particulares, una pensión mensual de   jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los   salarios devengados durante el último año de servicio.    

El pago de esta pensión estará a cargo de MINERALCO S.A. en el momento en que el   trabajador cumpla diez (10) años de servicios continuos o discontinuos en la   empresa. Cuando el trabajador cumpla los sesenta (60) años de edad, en   coordinación con MINERALCO S.A., hará los trámites ante el Instituto de Seguro   Social (ISS). MINERALCO S.A. pagará la diferencia en la pensión del ISS en caso   de que ésta sea menor”.    

8.8.   Dicha norma, ha sido aplicada por Minercol Ltda., en el sentido de que, para   tener derecho a la pensión convencional se requiere que el trabajador cumpla con   los requisitos que ella prevé, en vigencia de la relación laboral con la   empresa, de modo que, si no cumple con tal exigencia no hay lugar a reclamar la   prestación.    

8.9. Ahora bien, en concordancia con lo expuesto, a continuación, la Sala Plena   estudiará la sentencia que hoy es objeto de censura.    

8.10. La providencia cuestionada en la presente causa, fue proferida por la Sala   de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 2, de la Corte Suprema de   Justicia, el 25 de julio de 2017, identificada con radicado No. 52016, dentro   del proceso laboral ordinario promovido por Rosaura Aguirre Rodríguez en contra   de Minercol Ltda.    

– Como Supuestos fácticos, presenta los siguientes: reconocimiento   de pensión convencional de jubilación que fue negada por “Minercol”, por cuanto   cumplió con el requisito de la edad (50 años), estipulado en la convención   colectiva, luego de haber terminado la relación laboral con la empresa. Así   entonces, la hoy actora presentó demanda laboral conocida en primera instancia   por el Juzgado Décimo Laboral de Descongestión de Bogotá, que absolvió a la   parte demandada. Interpuesto el recurso de apelación por la accionante,   correspondió su conocimiento a la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal   Superior de Bogotá, que confirmó la decisión de primer grado.    

– Decisión:   No casa    

– Ratio decidendi: “Se remite la Sala a los anteriores precedentes,   porque encuentra que la intelección que el Tribunal dio a la cláusula 82 de   la convención colectiva, así como a las sucedáneas que contenían disposición   similar, y que no fueron atacadas por el censor, que constituye pilar central   del fallo cuestionado en casación, no puede ser considerada como equivocada y,   menos aún, como arbitraria o absurda, en tanto de su lectura es razonable   entender que ese convenio colectivo únicamente amparaba a las mujeres que   cumplieran la edad en vigencia de la relación laboral. (Negrilla fuera de   texto original)    

8.11. La Sala obró, en consecuencia, sobre dos supuestos. Por un lado, el valor   de la convención como prueba en función de su razonabilidad y, por el otro, la   existencia de precedentes en los cuales la interpretación que en este caso   realizaron los jueces de instancia había sido encontrada ajustada a los   parámetros interpretativos propios de ese tipo de asuntos.    

8.13. Igualmente, se apoyó en la sentencia CSJ SL 7392-2014, que dijo:    

“(…) ‘se encuentra que el tribunal le asigna un sentido admisible a la norma   convencional sin que se advierta divorcio alguno con la propia literalidad del   texto, única manera posible de estructurar error de hecho, como de igual forma   se ha enseñado con insistencia por esta Sala”.    

8.14. Realizado entonces el anterior análisis, de manera previa, esta Sala, con   la finalidad de contextualizar el universo jurídico de las decisiones proferidas   por las diferentes Salas de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la   Corte Suprema de Justicia, considera oportuno recordar que dichas salas fueron   creadas mediante la Ley   1781 de 2016[67],   con el propósito de garantizar la celeridad en las decisiones de la Sala de   Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo, en los procesos   antiguos.    

8.15.   Posteriormente, dicha Sala de Casación adoptó su reglamento de funcionamiento   interno mediante Acuerdo 48 del 16 de noviembre de 2016, en el que, entre otros,   añadió el Título II, denominado: “De las Salas de Descongestión Laboral”,   dentro del cual reglamentó temas como la integración de las salas, elección,   requisitos, periodo, etc,    

8.16.   En lo que refiere al caso que hoy ocupa la atención de la Sala Plena, debe   observarse el artículo 26 de tal reglamento, pues este comprende las funciones   de las Salas de Descongestión, las cuales tienen como único fin tramitar y   decidir los recursos de casación que determine la Sala de Casación Laboral. No   obstante, se enfatiza, tanto en la ley de creación como el acuerdo de   reglamentación, que las salas de descongestión actuarán independientemente de la   sala permanente. Sin embargo, cuando la mayoría de una de dichas salas considere   necesario “cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una   nueva, devolverá el expediente, acompañado del proyecto al despacho de origen   para que la sala de casación permanente decida”.    

8.17.   Ello, para el caso objeto de estudio, reviste especial connotación, pues de la   lectura de las normas que rigen el funcionamiento de las Salas de Descongestión   Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se desprende que las decisiones que   ellas profieren deben estar en plena correspondencia con la jurisprudencia   vigente dictada por la sala permanente.    

8.18. Ahora bien, esta Corporación, oficiosamente, con miras a resolver el   problema jurídico planteado, realizó un estudio jurisprudencial, aleatorio, con   providencias dictadas por la Sala de Casación Laboral en temas similares al que   ahora se revisa entre los años 2005 y 2017, que comporta dos escenarios: el   primero, respecto a procesos en los que se debatió la misma cláusula   convencional estudiada en la sentencia atacada en los cuales Minercol Ltda.   actuó como parte demandada; respecto al segundo, se referirán los procesos en   los que se debatió la misma cláusula convencional, pero en cuyas demandas la   entidad accionada no fue Minercol Ltda.    

El resultado es el siguiente:    

– Primer escenario:    

No. Expediente y fecha                    

Decisiones de instancia                    

Decisión de Casación                    

Regla de decisión                    

Ratio decidendi   

Ref.           24962    

marzo 9 del           2005    

MINERCOL    

                     

Primera: concede    

Segunda: confirma                    

No casa                    

La Corte Suprema no es competente para interpretar las convenciones           colectivas    

                     

“Frente a la convención colectiva, que para efectos del recurso           extraordinario es una prueba del proceso, no es labor del Tribunal de           Casación fijar el alcance de sus disposiciones, ni imponer su criterio sobre           el razonable sostenido con argumentos juiciosos en el fallo gravado, sino           que lo que se sanciona en cumplimiento del control de legalidad, es que en           la actividad de valoración del medio de convicción haya incurrido el           juzgador en un desatino manifiesto por haberle dado un entendimiento           insensato o que contraríe abiertamente su texto”.   

Ref.            38466    

 del 28 de septiembre del 2010    

Empresa           demandada:    

MINERCOL    

                     

Primera: concede    

Segunda: confirma                    

No casa                    

La Corte Suprema no es competente para interpretar las convenciones           colectivas    

                     

“De tal modo, e independientemente de que se comparta o no la apreciación           del Tribunal, ha de excluirse de plano, en el sub examine, la presencia de           un error evidente de hecho, como que la sola lectura de la norma no permite           precisar si la edad exigida para acceder a la pretendida pensión de           jubilación, debe haberse cumplido como trabajador activo de la empresa, como           lo sugiere la censura o si, como lo entendió el sentenciador, puede ésta           cumplirse con posterioridad al retiro”.   

Ref. 39.112    

del 4 de julio del 2012    

Empresa           demandada:    

MINERCOL    

                     

Primera: concede    

Segunda: confirma                    

No casa                    

La Corte Suprema no es competente para interpretar las convenciones           colectivas    

                     

“Precisamente           por lo anterior se ha entendido también que no se configura un error           manifiesto o protuberante cuando el juzgador da a la prueba uno de sus           posibles entendimientos, pues en tal caso el yerro no tiene aquella           connotación, ya que no se trata de una discrepancia entre el contenido           objetivo y el deducido, sino una contraposición entre diferentes lecturas de           un mismo contenido material, y en este campo debe respetarse la libertad de           que goza el juez de instancia para formar libremente su convencimiento (…)”.   

Ref.           45744    

del 19 de marzo           del 2014    

Empresa           demandada:    

MINERCOL    

                     

Primera: niega    

Segunda: revoca                    

No casa                    

La Corte Suprema no es competente para interpretar las convenciones           colectivas    

                     

“Así las           cosas, es claro que la discusión gira en torno a la interpretación de una           cláusula convencional y por ello debe la Corte reiterar que el objeto del           recurso de casación no es fijarle el sentido que pueda tener una convención           colectiva de trabajo”.   

Ref.               46273    

1 de octubre           del 2014    

Empresa           demandada:    

MINERCOL                    

Segunda: confirma                    

No casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“Por lo           demás, y en cuanto a la exégesis que el colegiado diera a la norma           convencional, debe la Sala reiterar sus pronunciamientos al respecto, como           lo hiciera en proceso SL;  34734 de 28 de abril de 2009:    

‘Así las cosas, es claro que la discusión           gira en torno a la interpretación de una cláusula convencional y por ello           debe la Corte reiterar que el objeto del recurso de casación no es fijarle           el sentido que pueda tener una convención colectiva de trabajo, ya que, no           obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la           formación del Derecho del Trabajo, jamás puede participar de las           características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma           razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer           término, a establecer su sentido y alcance”.    

– Segundo escenario:    

No. Expediente y fecha                    

Decisiones de instancia                    

Decisión de Casación                    

Regla de decisión                    

Ratio decidendi   

Ref. 27641 del 12 de junio de 2006                    

Primera:    

niega    

Segunda: confirma                    

No casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“Cuando el sentenciador funde su decisión en un medio probatorio que admita           diversas interpretaciones, no puede estructurarse un error de hecho en la           casación laboral”.   

Ref. 29033 del 21 de marzo de 2007                    

Primera: concede    

Segunda: revoca                    

No casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“Del análisis           de la norma convencional en precedencia aflora de manera razonable que tanto           el tiempo de servicios como la edad son presupuestos que deben adquirirse           estando la persona al servicio de la empleadora”.   

Ref. 32009 del 23 de enero de 2008                    

Segunda: confirma                    

No casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“En concordancia con esa directriz legal, esta Sala de la Corte ha sostenido           reiteradamente que no se produce un error de hecho cuando el juzgador de           instancia opta por uno de los entendimientos que es factible atribuirle a           una cláusula convencional, porque en tal caso el juez no hace cosa diferente           que acudir a la facultad que le otorga el artículo 61 del Código Procesal           del Trabajo y la Seguridad Social, para formar libremente su convencimiento           y ese ejercicio es intocable en sede de casación”.   

Ref. 33024 del 4 de febrero de 2009                    

Primera: niega    

Segunda: revoca                    

Casa                    

La Corte interpreta la convención    

                     

“Es claro inferir que           tanto el tiempo de servicios como la edad, deben estructurarse estando           vigente el contrato de trabajo, y no cuando la segunda exigencia se           satisface con posterioridad a la terminación del vínculo laboral, pues para           ese momento ya no ostentaba la condición de trabajador activo al servicio de           la empresa.  Nótese que la preceptiva en comento expresamente se           refiere a la obligación de pensionar “a los trabajadores”, lo que indica que           aquellos que no tengan esa condición no son beneficiarios de la aludida           prestación”.        

Ref. 38057 del 24 de marzo de 2010                    

Primera: niega    

Segunda: revoca                    

No casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“Conviene           reiterar, para que quede de una vez entendido, que a la Corte, para resolver           el recurso extraordinario de casación, en tratándose de la vía indirecta,           sólo le interesan las distorsiones probatorias cometidas por el sentenciador           de segundo grado que tengan el carácter de graves, manifiestas, u           ostensibles, pues su fin primordial es la unificación de la jurisprudencia           (…)”.   

Ref. 38353 del 1° de marzo de 2011                    

Primera: concede    

Segunda: confirma                    

No casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“Como se ha           adoctrinado repetidamente el error manifiesto de hecho respecto a la           interpretación que realice el tribunal, en ejercicio del principio que           consagra el artículo 61 del CPL, en relación con el texto de un convenio,           pacto o, como en este caso, Acuerdo al que se acoge el trabajador, existe           sólo, si se le desnaturaliza o desvirtúa de tal manera que se desconozca o           niegue la expresión cierta de sus oraciones”.   

Ref. 39311 del 21 de febrero de 2012                    

Primera: niega    

Segunda: confirma                    

No casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“Debe advertir           la Sala, como lo ha establecido en otras oportunidades, que al interpretar           una cláusula convencional, es posible que el juzgador acoja uno cualquiera           de los alcances viables y en ello no puede atribuírsele un error de hecho           ostensible, con capacidad para anular la sentencia amparada bajo la           presunción de ser legal y acertada”.   

Ref. 44161 del 24 de julio de 2013                    

Primera: niega    

Segunda: confirma                    

No casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“Debe advertir           la Sala, como lo ha establecido en otras oportunidades, que al interpretar           una cláusula convencional, es posible que el juzgador acoja uno cualquiera           de los alcances viables y en ello, no puede atribuírsele un error de hecho           ostensible, con capacidad para anular la sentencia amparada bajo la           presunción de ser legal y acertada”.   

Primera: concede    

Segunda: revoca                    

No casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“Precisamente,           en atención al origen y finalidad de la convención colectiva de trabajo,           carece ella del alcance nacional que tienen las leyes del trabajo sobre las           cuales sí le corresponde a la Corte interpretar y sentar criterios           jurisprudenciales, por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, lo           único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del           desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse un error de hecho           manifiesto, es corregir la equivocada valoración como prueba de tales           convenios normativos de condiciones generales de trabajo”.   

Ref. 45379 del 4 de febrero de 2015                    

Primera: niega    

Segunda: revoca                    

No casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“De lo           anterior se sigue que, como en este caso, la cláusula convencional 42 que           nuevamente es objeto de estudio por la Sala admite diversos entendimientos,           entre ellos el acogido por el fallador de segundo grado del sublite, no pudo           este incurrir en error fáctico que pueda considerarse ostensible, como           quiera que la comprensión que tuvo el tribunal de la norma convencional en           cuestión aparece como razonable”.   

Ref. 43608 del 3 de febrero de 2016                    

Primera: concede    

Segunda: confirma                    

No casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“En efecto, lo           primero que resulta pertinente recordar es que esta Sala de la Corte ha           sostenido de manera pacífica que, en la lógica del recurso extraordinario de           casación, la convención colectiva debe ser asumida como uno de los elementos           de prueba y no como una norma legal sustancial de alcance nacional, respecto           de la cual sea dable discutir su contenido, sentido y alcances. Por ello           mismo, ha insistido en que la interpretación de las disposiciones de dichos           acuerdos corresponde a los jueces de instancia, quienes en su ejercicio se           encuentran amparados por los principios que informan la sana crítica y por           la libre formación del convencimiento establecida en el artículo 61 del           Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.   

Ref. 49978 del 25 de enero de 2017                    

Primera: concede    

Segunda: confirma                    

Casa                    

La Corte no es competente para interpretar las convenciones colectivas    

                     

“Como la norma extralegal para efectos del derecho pensional se refiere a           los requisitos de edad y tiempo de servicios, ha de entenderse que ambos           deben concurrir antes de que finiquite el contrato de trabajo para que se           trate de un derecho adquirido”.    

8.19. De lo anteriormente expuesto, es posible establecer que la Sala de   Casación Laboral, ha sostenido que:    

– No   es labor del Tribunal de Casación fijarle el sentido que pueda tener una   convención colectiva de trabajo. Ello, en tanto que, no obstante su importancia   en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho al trabajo, la   misma no participa de las características de las normas legales de alcance   nacional.    

– Ha   sostenido que, para efectos del recurso extraordinario de casación, la   convención colectiva de trabajo tiene la característica de ser una prueba dentro   del proceso.    

–   Siendo ello así, ha considerado que, lo que se sanciona por el Tribunal de   Casación en cumplimiento del control de legalidad, es que en la actividad de   valoración del medio de casación haya incurrido el juzgador en un desatino   manifiesto por haberle dado un entendimiento insensato que  contraría   ostensiblemente su texto.    

–   Sobre esa base, ha señalado que no se produce “un error de hecho cuando el   juzgador de instancia opta por uno de los entendimientos que es factible   atribuirle a una cláusula convencional, porque en tal caso el juez no hace cosa   diferente que acudir a la facultad que le otorga el artículo 61 del Código   Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, para formar libremente su   convencimiento y ese ejercicio es intocable en sede de casación”[68].    

8.20.   Es claro entonces que la Sala de Descongestión obró conforme al ámbito de su   competencia, la cual le impone atenerse al precedente fijado por la Sala de   Casación Laboral permanente, y, de advertir la necesidad de realizar un cambio   de jurisprudencia, remitir el proyecto de sentencia a dicha Sala, para que sea   ella quien decida si acoge o no la nueva postura.    

8.21. No obstante lo anterior, debe señalarse que existe jurisprudencia de esta   Corte que fijó el alcance de la convención colectiva como fuente formal de   derecho  y el deber de aplicar en su interpretación el principio de   favorabilidad. En efecto, esta Corporación, en Sentencia SU-241 de 2015 estudió   un asunto de similar connotación al que hoy se resuelve, en la que puntualizó la   regla de decisión que debe seguirse en este tipo de conflictos, la cual, como ya   fue explicado, consiste en reconocer el valor normativo de las convenciones   colectivas y, como tal, el deber de los funcionarios judiciales,   independientemente de su jerarquía, de interpretarla conforme a los postulados   constitucionales, entre ellos, el principio de favorabilidad, regla que, en   efecto, será aplicada en su integralidad para dirimir el presente asunto de   amparo.    

8.22. De ese modo, para esta Sala Plena resulta evidente que la ratio   aplicada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en   general, cuando se trata de normas convencionales, consiste en que estas se   allegan al proceso como medio de prueba, por lo que su interpretación compete a   los jueces de la causa y no a la Sala de Casación, pues no es esa su función.    

8.23.    Ahora bien, tal y como fue señalado en la parte dogmática de esta providencia,   esta Corporación ha establecido que, en los asuntos que refieren al tema que hoy   es objeto de debate, contrario a lo sostenido por la Sala de Casación Laboral de   la Corte Suprema de Justicia, la convención colectiva de trabajo, en tanto su   valor normativo como fuente de derecho, debe ser interpretada como ello, y no   como una prueba, pues si bien es claro que esa es la manera como legalmente se   allega al proceso, no es constitucionalmente aceptable que por esa sola   formalidad pierda su connotación jurídica. Por lo anterior, es claro entonces   que al momento de interpretarla, debe aplicarse el principio de favorabilidad,   el cual ha sido definido, de manera uniforme, tanto por la Sala de Casación   Laboral como por esta Corporación.    

8.24.   En ese sentido, la función de unificación de la jurisprudencia atribuida a la   Corte Suprema de Justicia, debe observar los postulados constitucionales que   para cada caso concreto sean aplicables, pues dicha finalidad unificadora, entre   otros aspectos, debe garantizar, fundamentalmente, uno de los principios   esenciales del Estado Social de Derecho, como lo es la seguridad jurídica en la   decisiones jurisdiccionales, de las cuales se puedan desprender decisiones   equitativas e igualitarias en asuntos de similar naturaleza.    

8.25.   Por consiguiente, para esta Sala Plena es claro que la sentencia dictada por la   Sala de Casación Laboral de Descongestión No. 2º de la Corte Suprema de   Justicia, tuvo como eje de decisión la jurisprudencia que para ese tipo de   asuntos ha dictado la Sala de Casación Laboral permanente, sin embargo, ello no   significa que la misma no haya incurrido en el defecto específico de    desconocimiento del precedente constitucional, pues de conformidad con la   normativa de creación de las Salas de Descongestión Laboral de dicha   Corporación, en acatamiento de lo dispuesto por este Tribunal, entre otras, en   la Sentencia SU-241 de 2015, debió proponer a la sala permanente el cambio de su   jurisprudencia, en pro de los derechos y de las garantías de los trabajadores   que pretendían acceder a la convención colectiva.    

8.26.   Lo anterior, por cuanto es evidente que aun cuando la redacción del texto de la   convención objeto de análisis permite adoptar dos tipos de interpretaciones,   pues, por un lado podría afirmarse que es posible acceder a la pensión   convencional cuando se cumple el requisito de la edad en vigencia de la relación   contractual, y, por el otro, que a pesar de haber finalizado el vínculo laboral   una vez cumplido el tiempo requerido, también es admisible exigir el derecho   pensional cuando se cumple la edad por fuera de tal escenario. Ante esta   dualidad de interpretaciones, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de   Justicia, y, por tanto, responsable de unificar la jurisprudencia en calidad de   máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, tiene el deber constitucional de   interpretar la norma convencional para fijar su sentido y alcance, de manera   uniforme para todos los asuntos, y garantizar así la efectividad del principio   de seguridad jurídica, a partir de parámetros explícitos de favorabilidad, de   modo que las decisiones sobre ese tipo de asuntos no queden libradas a los   falladores de instancia, tal y como ocurre en el caso concreto. Teniendo en   cuenta las sentencias aleatoriamente citadas, en casos similares, muestran la   existencia de providencias disimiles, aspecto que no solo lesiona el derecho   fundamental al debido proceso, sino también el derecho a la igualdad de trato de   quienes acuden a la justicia en procura de salvaguardar sus garantías   sustanciales y procesales.    

8.27.   De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de esta Corporación revocará la   sentencia proferida en primera instancia por la Sala de Casación Penal, Sala de   Decisión de Tutelas No. 1, que negó las pretensiones de la demanda de tutela,   para en su lugar conceder la protección de los derechos fundamentales al debido   proceso e igualdad,   dejando sin efectos la sentencia cuestionada. Teniendo en cuenta que el inciso   segundo, del parágrafo único del artículo segundo de la Ley 1781 de 2016, por   medio de la cual se crearon las Salas de Descongestión Laboral de la Corte   Suprema de Justicia, establece que dichas salas “actuarán independientemente   de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la   mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la   jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el   expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta decida”, se ordenará   a la Sala No. 2° de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte   Suprema de Justicia, que en el término de 10 días, contados a partir de la   notificación de esta providencia, elabore el proyecto de sentencia observando el   precedente constitucional ya descrito y, posteriormente, atendiendo su normativa   de creación, lo remita a la Sala de Casación Laboral permanente, para que sea   ella quien unifique los criterios de interpretación en relación con el debate   propuesto en esta sede de revisión.    

III. DECISIÓN    

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,   administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución   Política,    

RESUELVE:    

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 7 de noviembre de 2017, proferida por la Sala de Casación   Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 1, que negó las pretensiones de la   demanda de tutela interpuesta por la señora Rosaura Aguirre Rodríguez, en contra   de la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 2, de la Corte Suprema   de Justicia. En su lugar,    

SEGUNDO.- CONCEDER la protección de los derechos   fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora Rosaura Aguirre   Rodríguez. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la   sentencia   del 25 de julio de 2017 proferida por la Sala de Casación Laboral, Sala de   Descongestión No. 2, de la Corte Suprema de Justicia y, por   consiguiente, teniendo en cuenta que el inciso segundo, del parágrafo único del   artículo segundo de la Ley 1781 de 2016, por medio de la cual se crearon las   Salas de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, establece que   dichas salas “actuarán independientemente de la Sala de Casación Laboral de   la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de   aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado   asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral   para que esta decida”, ORDENAR a la Sala No. 2° de Descongestión de   la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que, en el término   de 10 días contados a partir de la notificación de esta providencia, elabore el   proyecto de sentencia observando el precedente constitucional ya descrito y,   posteriormente, atendiendo su normativa de creación, lo remita a la Sala de   Casación Laboral permanente, para que sea ella quien unifique los criterios de   interpretación en relación con el debate propuesto en esta sede de revisión.    

TERCERO.- LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para   los efectos allí contemplados.    

ALEJANDRO LINARES   CANTILLO    

Presidente    

Con   aclaración de voto    

CARLOS BERNAL   PULIDO    

Magistrado    

DIANA FAJARDO   RIVERA    

Magistrada    

LUIS GUILLERMO   GUERRERO PÉREZ    

Magistrado    

ANTONIO JOSÉ   LIZARAZO OCAMPO    

Magistrado    

Ausente en comisión    

GLORIA STELLA   ORTIZ DELGADO    

Magistrada    

CRISTINA PARDO   SCHLESINGER    

Magistrada    

JOSÉ FERNANDO   REYES CUARTAS    

Magistrado    

ALBERTO ROJAS   RÍOS    

Magistrado    

MARTHA VICTORIA   SÁCHICA MÉNDEZ    

Secretaria   General    

[1] Folio 2.    

[2] Ídem.    

[3] “Código de Procedimiento Laboral, artículo 87:   CAUSALES O MOTIVOS DEL RECURSO. <Artículo subrogado por el artículo 60 del    Decreto 528 de 1964. El nuevo texto es el siguiente: En materia laboral el   recurso de casación procede por los siguientes motivos: 1. Ser la sentencia violatoria de la ley sustancial (…)”.    

[4] Folio 12 de la providencia.    

[5] Radicado 24.962.    

[6] Radicado 39.112.    

[7] M.P. Carlos Arturo Guarín Jurado.    

[8] Folio 135.    

[9] Folios 144 y 145.    

[10] Folios 192 y 193.    

[11] “Parágrafo transitorio 3º: Las reglas de carácter pensional que rigen a la   fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones   colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán   por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que   se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de   2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que   se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de   julio de 2010″.    

[12] Folio 197.    

[13] Folio 232.    

[14] El asunto fue escogido para revisión por la Sala de Selección No.   2, por medio de Auto del 27 de febrero de 2018.    

[16] Sentencia T-233 de 2007.    

[17] Sentencia T-217 de 2010.    

[18] Sentencia C-590 de 2005.    

[19] Sentencia T-217 de 2010.    

[20] Ídem.    

[21] Sentencia SU-659 de 2015.    

[22] Ídem.    

[23] Sentencia SU-198 de 2013.    

[24] Al respecto, puede confrontarse la Sentencia T-330 de 2005, en la   que señaló que la “actividad judicial supone la interpretación permanente de,   entre otras cosas, disposiciones jurídicas. Ello implica que al funcionario   corresponde determinar en cada proceso la norma que se aplicará al caso   concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden tener y tienen comprensiones   diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica y derivan de ella,   por esta razón, efectos disímiles”.    

[25] Sentencia C-836 de 2001.    

[26]  Sentencia T-918 de 2010. En la Sentencia T-193 de 1995, se estimó: “el   principio de igualdad no se contrae exclusivamente a la producción de la ley.   Asimismo, la aplicación de la ley a los diferentes casos debe llevarse a cabo   con estricta sujeción al principio de igualdad. || La Corte Constitucional   repetidamente ha señalado que se vulnera el principio de igualdad si se otorga   un trato desigual a quienes se hallan en la misma situación, sin que medie una   justificación objetiva y razonable. Se pregunta la Corte si este principio se   viola por el juez que resuelve un caso sometido a su consideración de manera   distinta a como él mismo lo decidió ante una situación sustancialmente semejante   o si se aparta de la jurisprudencia vigente sentada por los órganos   jurisdiccionales de superior rango (…). || En materia judicial el principio de   igualdad no puede entenderse de manera absoluta, lo que no quiere decir que   pierda vigencia. La Constitución reconoce a los jueces un margen apreciable de   autonomía funcional, siempre que se sujeten al imperio de la ley (CP arts. 230 y   228). (…). || Es evidente que si el principio de independencia judicial se   interpreta de manera absoluta, se termina por restar toda eficacia al principio   de igualdad. En la aplicación de la ley, los jueces podrían a su amaño resolver   las controversias que se debaten en los procesos. En esta hipótesis no se podría   objetar el hecho de que simultáneamente el juez, enfrentado a dos situaciones   sustancialmente idénticas, fallase de distinta manera. || Los principios y   normas constitucionales se deben aplicar de manera coordinada y armónica. La   interpretación más acorde con la Constitución es la que evita que la escogencia   de un principio lleve al sacrificio absoluto de otro de la misma jerarquía. Si   en el caso concreto, el juez está normativamente vinculado por los dos   principios -igualdad e independencia judicial-, debe existir una forma de llevar   los principios, aparentemente contrarios, hasta el punto en que ambos reciban un   grado satisfactorio de aplicación y en el que sus exigencias sean mutuamente   satisfechas”.    

[27] Sentencia C-836 de 2001.    

[28] Sentencia T-086 de 2007.    

[29] Sentencia T-438 de 2016.    

[30] Cita tomada textualmente de la Sentencia T-438 de 2016.    

[31] T-309 de 2015.    

[32] Véase, entre otras, las Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y   T-794 de 2011.    

[33] Véase, entre otras, las Sentencias T-211   de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.    

[34] Sentencia T-446 de 2013.    

[35] Ídem.    

[36] Sentencia SU-068 de 2018.    

[37] Al respecto, ver, entre otras, las Sentencias C-539 de 2011, C335   de 2008, C-836 de 2001, C-037 de 1996, C-083 de 1995 y C-113 de 1993.    

[38] Sentencia SU-068 de 2018.    

[39] Sentencia SU-611 de 2017.    

[40] Sentencia SU-068 de 2018. Igualmente, se trae, textualmente, la   cita que en ese contexto realizó providencia, por ser pertinente para el asunto   que hoy resuelve la sala: “Sentencia C-539 de 2011, C-634 de 2011, C-570 de   2012, C-588 de 2012, SU-074 de 2014, SU-054 de 2015 y SU-354 de 2017. En   Sentencia SU-091 de 2016, la Sala Plena precisó que en las decisiones de   unificación (SU) sólo se requiere una sentencia para que existe precedente,   debido a que unifican el alcance e interpretan un derecho fundamental. En las   decisiones de tutela (T) se requiere una posición invariable en un sentido de   varios pronunciamientos. Aunque, una línea jurisprudencial podrá componerse una   única decisión de revisión, al existir esa forma de aplicación judicial y   resolver un caso”.    

[41] Ídem.    

[42] Sentencia T-292 de 2006.    

[43] Ref. 58235 del 7 de mayo de 2014.    

[44] Sentencia SU-1185 de 2001.    

[45] Ídem.    

[46] Ibídem.    

[47] Sentencia SU-241 de 2015.    

[48] Sentencia SL450-2018, Radicación n.° 57441, del 28 de febrero de   2018.    

[49] Sentencia SL13430-2016, Radicación n.° 48496, del 14 de septiembre   de 2016.    

[50] Sentencia SU-1185 de 2001.    

[51] Sentencia C-168 de 1995.    

[52] Ídem.    

[53] Sentencia T-001 de 1999.    

[54] Sentencia T-800 de 1999.    

[55] Sentencia SU-241 de 2015.    

[56] Sentencia   AL8458-2017, Radicación n° 77136, del 6 de diciembre de 2017.    

[57] Cfr., Sentencias   C-590 de 2005, T-760A de 2011, T-804 de 2012, T-620 de   2013, entre otras.    

[58] Corte Constitucional, Sentencia C-998   de 2004.    

[59] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C- 668, C-998 de 2004 M.P. y C-372 de 2011.    

[60] Corte Constitucional, Sentencias C-252 de 2001, C-998 de 2004 y   C-372 de 2011, entre otras.    

[61] Sentencia C-590 de 2005.                    

[62] Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 2011.    

[63] Cfr. Sentencia SU-241 de 2015.    

[65] Supuestos fácticos: reconocimiento   y pago de una pensión convencional de jubilación negada por “Favidi” pues   la demandante cumplió la edad (50 años) a la que refería la norma convencional,   cuando ya se encontraba retirada de la empresa. Ante tal situación, se presentó   demanda laboral, resuelta en primera instancia por el Juzgado Quince Laboral del   Circuito de Bogotá, que absolvió a la demandada. Surtido el grado de consulta,   la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, revocó la decisión de   primer grado y condenó el pago y reconocimiento de la prestación reclamada.   Decisión: No casa. Ratio decidendi: “Es posible entender que por ser la   prestación de servicios la causa eficiente de la pensión pactada en la   convención, en tanto que la edad la causa final de la misma, es dable admitir   la interpretación dada por el Tribunal a la aludida disposición contractual,   en cuanto afirmó que la disposición convencional no restringe el beneficio a   quienes únicamente forman parte activa del contingente laboral, menos, cuando   quiera que la terminación de la vinculación no es imputable al trabajador, pues   aceptar tal tesis conduciría a aprobar la potestad de la entidad responsable de   la prestación de eludir unilateralmente el reconocimiento del derecho dando   simplemente lugar a la terminación anticipada de la vinculación laboral”. (Negrilla fuera de texto original)         

[66] Supuestos fácticos: reconocimiento   y pago de una pensión convencional colectiva negada por “Minercol” por cuanto la   demandante cumplió el requisito de la edad (50 años) cuando ya había finalizado   la relación laboral con la empresa. Por lo anterior, se inició proceso laboral,   resuelto en primera instancia por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de   Bogotá, que condenó a la entidad accionada al reconocimiento y pago de la   prestación reclamada. Apelada la decisión, correspondió su conocimiento a la   Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la decisión de primer   grado.  Decisión: No casa. Ratio decidendi: “Encuentra   la Corte que el alcance dado por el Tribunal a la cláusula en cuestión no se   muestra como irrazonable ni arbitrario, sino que por el contrario encaja en las   posibilidades interpretativas del texto,  máxime si se tiene en cuenta que   su redacción no es unívoca, dado que allí no se dice ni se da a entender que   el cumplimiento de la edad debe coincidir con la vigencia del contrato de   trabajo, incluso es dable asumir que cuando el precepto habla de trabajadores   que “hayan cumplido o cumplan” se está refiriendo a eventos futuros y al no   hacerse ninguna salvedad puede entenderse que no tiene importancia el que   persista o no la relación de trabajo o que esta se encuentre vigente en el   momento de cumplir la edad.  Por consiguiente, el ejercicio realizado por   el Tribunal no es asimilable a un error de hecho manifiesto por cuanto la   lectura que hizo de la convención no es palmariamente contraria a su contenido”.   (Negrilla fuera de texto original).    

[67] “Por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la ley 270   de 1996, estatutaria de la administración de justicia”.    

[68] Corte Suprema de Justicia, Sala de   Casación Laboral, Sentencia del 23 de enero de 2008, Ref. 32009.