C-106-16

           C-106-16             

       Sentencia C-106/16    

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS   Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la   Corte Constitucional    

El artículo 241-10 de la Constitución le asigna a la Corte   Constitucional competencia para decidir sobre la exequibilidad de los tratados   internacionales y de las leyes que los aprueben. En reiterada jurisprudencia, la   Corporación ha caracterizado este control señalando que es: (i) previo al   perfeccionamiento del tratado, aunque posterior a la aprobación de la ley por el   Congreso y a la sanción presidencial; (ii) automático, puesto que   el Gobierno Nacional debe remitir la ley a la Corte Constitucional dentro de los   seis días siguientes a la sanción y también (iii) integral, ya que el examen de   constitucionalidad comprende los aspectos formales y materiales del tratado   internacional y de su ley aprobatoria, fuera de lo cual se somete a revisión   tanto el proceso de negociación y celebración del instrumento en el plano   internacional, como el trámite legislativo cumplido en el Congreso.    

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FONDO DE   COOPERACION DE LA ALIANZA DEL PACIFICO-Competencia   de la Corte Constitucional para su revisión    

TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Remisión por el Gobierno por fuera del término constitucional   establecido    

LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del término para remitirla a la Corte Constitucional,   no la hace inconstitucional    

La inobservancia del término es contraria a la Carta, pero la Corte   Constitucional ha considerado que no modifica la índole de la ley aprobatoria,   ni vicia el trámite legislativo, “aunque sí acarrea dos circunstancias   significativas como son: una vez producida la omisión la Corte puede aprehender   de oficio el conocimiento de los actos para el correspondiente examen de   constitucionalidad y (ii) en el evento de que dichos actos eludan el   conocimiento de esta Corte cualquier ciudadano podrá impugnarlos para que la   Corte proceda a la admisión de la demanda realizando el control de   constitucionalidad no sólo con base en los cargos formulados sino bajo el texto   integral de la Constitución” .    

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO   INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación y   celebración    

PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO   INTERNACIONAL-Término máximo de dos legislaturas    

VOTACION NOMINAL Y PUBLICA-Regla general en trámite legislativo    

VOTACION NOMINAL Y PUBLICA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Jurisprudencia constitucional    

VOTACION ORDINARIA COMO EXCEPCION A LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE   VOTACION NOMINAL Y PUBLICA-Evolución jurisprudencial    

QUORUM DECISORIO Y MAYORIAS REQUERIDAS-Requisitos   constitucionales    

VICIO DE TRAMITE LEGISLATIVO-Criterios para determinar cuando es   insubsanable    

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FONDO DE COOPERACION   DE LA ALIANZA DEL PACIFICO-Inexequibilidad   de la Ley 1749 de 2015, por haberse incurrido en un vicio de procedimiento   insubsanable, por ser aprobado en votación ordinaria sin posibilidad de   establecer la existencia del quórum decisorio y de la mayoría requerida    

Referencia: expediente LAT-439    

Asunto: revisión constitucional de la Ley 1749 de 30 de enero de 2015, “Por   medio de la cual se aprueba el Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de   Cooperación de la Alianza del Pacifico, suscrito en Cali, República de Colombia,   el 22 de mayo de 2013”    

Magistrado Ponente:    

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO    

Bogotá D.C. dos (2) de marzo de dos mil dieciséis   (2016)    

SENTENCIA    

I. ANTECEDENTES    

La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la   República, atendiendo lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la   Constitución Política, envió fotocopia autenticada de la Ley 1749 de 30 de enero   de 2015, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para el Establecimiento   del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacifico, suscrito en Cali, República   de Colombia, el 22 de mayo de 2013”.    

Mediante Auto de cinco (5) de   junio de dos mil quince (2015), el despacho del Magistrado Sustanciador asumió   el conocimiento del presente asunto y dispuso, en primer lugar, oficiar a los   Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de   Representantes, así como a los Secretarios de las Comisiones Segundas   Constitucionales Permanentes de las citadas Corporaciones, para que   certificaran, en relación con la Ley 1749 de 2015, lo siguiente: (i) las fechas   de las sesiones de discusión y votación, especificando si son diferentes o   coinciden, (ii) el quórum deliberatorio y decisorio, especificando el número de   integrantes que lo conformaron, al momento de votar el proyecto de ley, en las   distintas etapas, (iii) aclarar, cuando se trate de debates adelantados en   comisiones o en plenarias, de cada una de las cámaras, las mayorías,   especificando el número de votos con las cuales se aprobó el proyecto de ley, en   las distintas etapas, (iv) aclarar, cuando se trate de debates adelantados en   comisiones o en plenarias, de cada una de las cámaras, el cumplimiento de lo   dispuesto por el artículo 160 C.P. en relación con la aplicación de los términos   para la realización de los debates, en cada una de las células legislativas, así   como (v) el cumplimiento de lo señalado en el artículo 8º del Acto Legislativo   01 de 2003 (inciso adicionado al artículo 160 C. P.), especificando para cada   debate el día en que se efectuó el anuncio, el día en que se realizó su   votación, así como el número y fecha de las actas y Gacetas del Congreso donde   consten dichas actuaciones, (vi) el cumplimiento de lo señalado en el numeral 1º   del artículo 157 C.P. y el artículo 9º del Acto Legislativo 01 de 2003 (artículo   161 C.P.), indicando de manera expresa el día en que se efectuó la publicación   del informe de conciliación, los números y fechas de las actas y Gacetas del   Congreso correspondientes, remitiendo en todo caso el ejemplar respectivo.    

En segundo lugar, solicitó a   los Secretarios Generales que remitieran copia de las Gacetas del Congreso, en   físico y en medio magnético, en las que hayan sido publicadas las actas y   ponencias referidas a las actuaciones indicadas. Del mismo modo, pidió   relacionar en la certificación correspondiente los números de Gacetas y las   actuaciones en ellas contenidas y que, en caso de que alguna de las Gacetas aun   no hubiere sido publicada, informaran a la Corte expresamente sobre ese   particular, señalando el motivo por el cual ese trámite aún no ha sido llevado a   cabo.    

De igual manera, requirió al   Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara quiénes suscribieron en   nombre de Colombia el instrumento internacional materia de revisión, cuáles eran   sus poderes, y si sus actos fueron confirmados por el Presidente de la   República.    

Adicionalmente, se ordenó la fijación en lista, para   efectos de permitir la intervención ciudadana, y se dispuso la comunicación de   la iniciación del proceso al Presidente del Congreso de la República para los   fines del artículo 244 de la Constitución Política, al Ministerio de Justicia y   Derecho y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para los efectos señalados en   el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991.    

En la misma forma, se invitó a   la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a los decanos de las Facultades de   Derecho de las universidades de Antioquia, Externado de Colombia, del Atlántico,   Industrial de Santander, San Buenaventura, Andes, Libre, Gran Colombia, EAFIT,   del Rosario, del Norte, Pontificia Javeriana, del Sinú, Pontificia Bolivariana,   Santo Tomas, Sergio Arboleda, del Valle y Autónoma de Bucaramanga-UNAB para que,   en caso de estimarlo conveniente, intervinieran dentro del proceso con el   propósito de rendir concepto sobre la ley de la referencia, de acuerdo con lo   dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.    

Finalmente, se dio traslado al   señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su   competencia, en los términos del artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.    

Efectuados los trámites constitucionales y legales propios de este asunto, y   previo concepto del Procurador General de la Nación, procede esta Corte a   decidir sobre la exequibilidad del tratado y de la ley que lo aprueba.    

II. LOS TEXTOS REVISADOS    

Según la publicación efectuada en el Diario Oficial   No. 49.410 de 30 de enero de 2015, el siguiente es el texto de la ley y del   instrumento internacional objeto de revisión:    

“LEY 1749 DE 2015    

(enero 30)    

Diario Oficial No. 49.410 de 30 de enero de 2015    

CONGRESO DE LA REPUBLICA    

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para el   establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico”, suscrito   en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013.    

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA    

Visto el texto del “Acuerdo para el establecimiento del Fondo de   Cooperación de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Cali, República de   Colombia, el 22 de mayo de 2013.    

PROYECTO DE LEY NUMERO 80 DE 2013    

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para el   establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico”, suscrito   en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013.    

El Congreso de la República    

Visto el texto del “Acuerdo para el establecimiento del Fondo de   Cooperación de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Cali, República de   Colombia, el 22 de mayo de 2013.    

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en   castellano del Convenio, el cual consta de cinco (5) folios, certificados por el   Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tratados (e) del Ministerio de   Relaciones Exteriores, documento que reposa en el Archivo del Grupo Interno de   Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del   Ministerio de Relaciones Exteriores).    

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL   FONDO DE COOPERACION DE LA ALIANZA DEL PACIFICO    

La República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos   Mexicanos y la República del Perú, en adelante “las partes”:    

CONSIDERANDO que en el marco de la IV Cumbre de la Alianza del   Pacífico, celebrada en Paranal, Chile, el 6 de junio de 2012, los Jefes de   Estado de las partes, motivados por el propósito de estrechar las relaciones   entre los Estados Miembros de la Alianza, decidieron fomentar la integración,   profundizar el intercambio comercial, incrementar la cooperación e intensificar   sus flujos de inversión y con terceros mercados.    

REAFIRMANDO la voluntad de las partes de continuar trabajando   decididamente para mejorar el desarrollo económico y social de sus pueblos,   enfrentando la exclusión y desigualdad social en el marco del espíritu de   cooperación e integración que anima la Alianza del Pacífico e impulsando las   acciones orientadas hacia la consolidación de una relación estratégica entre   ellas.    

TENIENDO PRESENTE el Memorándum de Entendimiento sobre la Plataforma   de Cooperación del Pacífico, suscrito en la ciudad de Mérida, Yucatán, México,   el 4 de diciembre de 2011, que establece las áreas prioritarias para las   actividades de cooperación de la citada Alianza.    

ACTUANDO en el desarrollo del marco de las relaciones de cooperación   que existen entre los Estados y con la voluntad de implementar mecanismos que   permitan la ejecución de iniciativas en beneficio mutuo de los países de la   Alianza del Pacífico,    

ACUERDAN:    

ARTICULO I. OBJETO    

Las partes deciden crear el “Fondo de Cooperación de la Alianza del   Pacífico” como mecanismo que facilite, dinamice y permita la financiación de   acciones de cooperación en el marco de la Alianza del Pacífico.    

Para la consecución de sus objetivos, el Fondo podrá:    

a) Recibir fondos de las partes y de terceros para asegurar la   ejecución de programas, proyectos y actividades de cooperación, y    

b) Financiar programas, proyectos y actividades de cooperación   aprobados por el Grupo Técnico de Cooperación de la Plataforma de Cooperación   del Pacífico (GTC).    

ARTICULO II. CONFORMACION DEL FONDO    

El Fondo estará constituido por los aportes anuales de los países que   suscriben el presente acuerdo, así como por aportes provenientes de terceros, de   acuerdo al procedimiento que las artes convengan en el reglamento operativo del   presente acuerdo.    

Para los efectos del párrafo anterior, cada una de las partes   realizará un aporte inicial para el primer año de US$250.000 (doscientos   cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América). El monto del aporte   para los siguientes años se decidirá por las partes, con base en el informe de   resultados y la programación de actividades que sea presentado por el Grupo   Técnico de Cooperación de la Plataforma de la Alianza del Pacífico.    

ARTICULO III. DESTINO ESPECIFICO DEL FONDO    

Sin perjuicio de lo señalado, las adquisiciones y contrataciones en   el marco de proyectos financiados con recursos del fondo se sujetarán a la   legislación nacional de la parte en donde se realicen dichas adquisiciones o   contrataciones, en lo que fuera aplicable.    

ARTICULO IV. AREAS Y MODALIDADES DE COOPERACIÓN    

Las áreas de cooperación que se financiarán con los recursos del   fondo son las siguientes:    

a) Medio ambiente y cambio climático;    

b) Innovación, ciencia y tecnología;    

c) Micro, pequeñas y medianas empresas;    

d) Desarrollo social y    

e) Otras que las partes determinen.    

Las modalidades de cooperación serán las siguientes:    

a) Promoción y desarrollo de iniciativas, planes, programas y   proyectos;    

b) Realización de estudios y/o diagnósticos conjuntos;    

c) Intercambio de información y normativas vigentes;    

d) Realización de actividades conjuntas de formación y capacitación,   incluyendo intercambio de especialistas y técnicos;    

e) Asistencia y/o visitas técnicas de funcionarios, expertos,   investigadores, delegaciones y practicantes;    

f) Conformación de redes, y    

g) Cualquier otra modalidad de cooperación que las partes convengan.    

El Consejo de Ministros será la entidad encargada de aprobar el plan   de trabajo y su respectivo presupuesto anual.    

El Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza del Pacífico, en   adelante GTC, será el responsable de la gestión del fondo y de aprobar,   coordinar y supervisar la ejecución de sus proyectos, programas y actividades de   cooperación, de conformidad con los lineamientos establecidos para el Consejo de   Ministros.    

La administración operativa del Fondo estará a cargo de una Entidad   de las partes integrantes del fondo, para un periodo de tres (3) años. Dicha   entidad podrá contratar a nombre de las partes, y con cargo a los recursos del   fondo. Conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, la primera entidad   administradora del fondo será la Agencia de Cooperación Internacional de Chile,   y continuará esa función por otro de los miembros del GTC por orden alfabético.   El GTC, a través de comunicaciones escritas, podrá acordar un orden distinto,   según se estime pertinente.    

El presente acuerdo contará con un reglamento operativo que será   elaborado por el GTC, y aprobado por el Consejo de Ministros y su cumplimiento   será obligatorio para las partes.    

ARTICULO VI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS    

Cualquier diferencia derivada de la interpretación o aplicación del   presente acuerdo será resuelta par las partes mediante consultas amistosas por   la vía diplomática.    

ARTICULO VII. DEPOSITARIO    

La República de Colombia es el Depositario del presente acuerdo.    

ARTICULO VIII. ENTRADA EN VIGOR    

La entrada en vigor de este Acuerdo está sujeta al cumplimiento de   los procedimientos legales internos de cada parte.    

Este Acuerdo entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente   a la fecha en que el depositario reciba la última notificación por la cual las   partes le informen que los procedimientos referidos en el párrafo precedente se   han completado, o en cualquier otra fecha que las partes acuerden.    

ARTICULO IX. ADHESION    

La adhesión de otros Estados al presente acuerdo se formalizará a   través del correspondiente Protocolo de Adhesión al Acuerdo Marco de la Alianza   del Pacífico y surtirá sus efectos a partir de la fecha en que este último entre   en vigor.    

Sin perjuicio de ello, los terceros Estados interesados en participar   en los proyectos y actividades del Fondo, podrán hacerlo en calidad de   cooperantes, salvo que las partes de la Alianza dispongan algo distinto.    

ARTICULO X. ENMIENDAS    

Las partes podrán convenir por escrito cualquier enmienda al presente   acuerdo.    

Toda enmienda al presente acuerdo entrará en vigor y formará parte   del mismo, de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo VIII.    

ARTICULO XI. DENUNCIA    

Ninguna de las partes podrá denunciar el presente acuerdo, sin haber   denunciado el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.    

La denuncia del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico implicará la   denuncia del presente acuerdo en los términos del artículo 16 del Acuerdo Marco.    

No obstante lo anterior, los proyectos y actividades que se   encuentren en curso, continuarán ejecutándose hasta su término, salvo que las   partes acuerden algo distinto.    

Suscrito en la ciudad de Cali, República de Colombia, a   los 22 días del mes de mayo del 2013, en un ejemplar original en el idioma   castellano, que queda bajo custodia del Depositario, el cual proporcionará   copias debidamente autenticadas del presente acuerdo a todas las partes.    

         

EL SUSCRITO COORDINADOR ENCARGADO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE   TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE   RELACIONES EXTERIORES,    

CERTIFICA:    

Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa   del “Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del   Pacífico”, suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013, el   cual reposa, en original, en el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados   de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.    

Dada en Bogotá, D. C., a los cuatro (4) días del mes de   julio de dos mil trece (2013).    

El coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tratados   (e), Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, Ministerio de Relaciones   Exteriores,    

SANTIAGO DIAZ CEDIEL    

EXPOSICION DE MOTIVOS    

Honorables Senadores y Representantes:    

En nombre del Gobierno nacional y en cumplimiento de los artículos 150 numeral   16 y 189 numeral   2 y 224 de   la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable   Congreso de la República el proyecto de ley “por medio de la cual se aprueba el   ‘Acuerdo para el establecimiento del fondo de cooperación de la Alianza del   Pacífico’, adoptado en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013”.    

I. CONSIDERACIONES GENERALES    

La cooperación internacional encuentra su razón de ser en los   principios universales de solidaridad entre los pueblos, respeto y protección de   los Derechos Humanos y en la búsqueda incesante de mejores condiciones y mayores   recursos que brinden al hombre una situación de bienestar conforme a su dignidad   humana, fin último de la existencia de los Estados. Podría decirse que en la   cooperación internacional, de manera principal, se evidencia aquella veta que   ilumina al jus gentium y hace que hoy se lo denomine como el derecho de la   dignidad humana.    

Es un desarrollo también, de los principios de soberanía, igualdad,   corresponsabilidad, interés mutuo, sostenibilidad, equidad, eficacia y   preservación del medio ambiente, muy ligados a las relaciones entre los sujetos   del derecho internacional.    

Al encontrarse íntimamente ligada a las relaciones internacionales,   el fundamento jurídico de la misma se encuentra en el derecho internacional,   aquella disciplina jurídica que regula las relaciones entre los Estados, y entre   estos y los organismos internacionales. Regula la forma como se desarrollan las   anteriores relaciones, la forma como manifiestan su consentimiento en obligarse,   la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.    

La Corte Constitucional[1],   ha manifestado que “la cooperación y la integración –fundadas en la noción más   amplia de solidaridad internacional–, en su sentido primigenio, persiguen la   unión de los países en torno a problemas o afinidades comunes, cuyas   consecuencias trascienden las fronteras nacionales”.    

Por su parte, la Constitución Política de Colombia, contempla que las   relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el   respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los   principios del derecho internacional aceptados por Colombia.[2]    

Asimismo, consagra unos principios reguladores de las relaciones   internacionales, disponiendo que el Estado promoverá la internacionalización de   las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de   equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.[3]    

La integración latinoamericana tiene una especial significación para   nuestro Constituyente; el Estado deberá promover entonces la integración   económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los   países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados sobre   bases de equidad, igualdad y reciprocidad.[4]    

b) La Alianza del Pacífico    

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración profunda entre   Chile, Colombia, México y Perú. El 6 de junio de 2012, con la suscripción   del “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, se consagraron sus objetivos   principales:    

— Construir, de manera participativa y consensuada, un área de   integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de   bienes, servicios, capitales y personas;    

— Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las   economías de las partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de   la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes; y,    

— Convertirse en una plataforma de articulación política, de   integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial   énfasis al Asia Pacífico.    

No obstante lo anterior, la Alianza cuenta con una agenda integral,   determinada por los resultados ya alcanzados en materia comercial, de acción   conjunta y coordinada entre las agencias de promoción de exportaciones y la   atracción de inversiones, la cooperación y el movimiento de personas.    

La Alianza del Pacífico es una de las estrategias de integración más   innovadoras en las que participa Colombia, al tratarse de un proceso abierto y   flexible, con metas claras, pragmáticas y coherentes con su modelo de desarrollo   y su política exterior.    

Para Colombia, la Alianza es parte de su estrategia de inserción en   Asia Pacífico. Si bien se reconoce que la Alianza debe concretarse como área de   integración profunda, el proceso ha ganado visibilidad y ha llamado la atención   de socios estratégicos como Canadá y Japón.    

Con la entrada en vigor del Acuerdo Marco en comento, la Alianza   iniciará una etapa de concreción de resultados que permitan en un plazo no mayor   a un año, definir e implementar la estrategia de proyección en Asia Pacífico,   componente prioritario para el país.    

Con el ánimo de impulsar y dinamizar las acciones de cooperación y   que facilite la financiación de las mismas, se suscribió “Acuerdo para el   Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico”.    

c) Lineamientos de la política exterior y plan estratégico   2010-2014    

Con la consolidación la Alianza del Pacífico, se da cumplimiento a   los lineamientos de la política exterior colombiana, en cuanto a:    

— Profundizar la integración con América Latina y el Caribe para   generar más oportunidades de comercio, inversión e intercambio tecnológico.    

— Dinamizar las relaciones de Colombia con los países del Asia   Pacífico mediante la presencia diplomática fortalecida, la apertura de nuevos   mercados y la atracción de inversión.    

Asimismo, se da cumplimiento a los objetivos del plan estratégico del   Sector de Relaciones Exteriores 2010-2014, como son:    

— Generar y aprovechar escenarios para el posicionamiento de   Colombia en las dinámicas y temáticas mundiales.    

— Avanzar en la inserción efectiva en los ejes de integración y   desarrollo.    

II. LA   COOPERACION EN LA ALIANZA DEL PACIFICO    

a) Grupo Técnico de Cooperación    

Como consecuencia de tres cumbres presidenciales realizadas en Lima,   Perú el 28 de abril de 2011, en Mérida, México el 4 de diciembre de 2011, en   Paranal, Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012, así como una cumbre virtual   el 5 de marzo de 2012, las cuales han estado precedidas por rondas de reuniones   del Grupo de Alto Nivel, instancia temporal conformada por los Viceministros de   Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los países miembros, así como de   los equipos técnicos de las áreas de integración, se determinó priorizar:    

— Comercio e integración, incluyendo facilitación de comercio y   cooperación aduanera;    

— Servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de integrar las   bolsas de valores; y,    

— Cooperación    

La cooperación es un tema transversal que ha estado presente desde el   inicio del mecanismo, y posteriormente se asignó como área prioritaria a un   grupo técnico.    

— El 4 de diciembre de 2011, se suscribió el “Memorando de   Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de   la República de Colombia, el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de   la República de Perú sobre la Plataforma de Cooperación del Pacífico”, con el   objetivo de impulsar la cooperación entre los países miembros y con terceros.    

— Las áreas que contempla son: medio ambiente y cambio climático,   innovación, ciencia y tecnología, micro, pequeñas y medianas empresas y   desarrollo social. En este documento se establece que los puntos focales de cada   país conformarán el Grupo Técnico de Cooperación (GTC).    

b) Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico    

En desarrollo de las relaciones de cooperación que existen entre los   Estados y con la voluntad de implementar mecanismos que permitan la ejecución de   iniciativas en beneficio mutuo de los países de la Alianza del Pacífico dentro   de este Grupo (GTC), se propuso la creación de un Fondo de Cooperación como   mecanismo que facilite, dinamice y permita la financiación de acciones de   cooperación en el marco de la Alianza del Pacífico.    

Al interior del Grupo Técnico de Cooperación se han puesto en marcha   algunas iniciativas tales como: el proyecto “Sinergia entre los países de la   Alianza del Pacífico para el mejoramiento de la competitividad de las micro,   pequeñas y medianas empresas”; la “Red de Investigación Científica en materia de   Cambio Climático”; y, la “Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica”.   Estas iniciativas y otras que se han propuesto en este marco, evidenciaron la   necesidad de contar con un mecanismo que permita financiar e impulsar las   acciones en las áreas temáticas priorizadas.    

El 22 de mayo de 2013, en Cali, los cancilleres de los cuatro países   suscribieron el “Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la   Alianza del Pacífico”.    

Este instrumento vinculante obedece a la necesidad de proveer el   marco jurídico para la creación de un fondo con recursos de los cuatro países y   que permita la ejecución de los mismos en proyectos conjuntos.    

El acuerdo que establece el Fondo de Cooperación es un instrumento   que permitirá institucionalizar el financiamiento de las actividades de   cooperación que se adelanten al interior de la Alianza del Pacífico.    

La creación del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico,   constituye un paso significativo por garantizar la implementación de futuras   iniciativas, ya que permitirá la financiación de acciones de cooperación en   áreas como: Medio Ambiente y Cambio Climático; Innovación, Ciencia y Tecnología;   Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; Desarrollo Social; y, Movilidad Estudiantil   y Académica, entre otros.    

El Fondo, que contará con aportes de Chile, Colombia, México y Perú,   evidencia el espíritu de integración integral que caracteriza a la Alianza del   Pacífico, y el deseo por trabajar conjuntamente en acciones que redunden en   beneficio común de los cuatro países.    

III. “ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FONDO   DE COOPERACION DE LA ALIANZA DEL PACIFICO”.    

En el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, suscrito en   Paranal, República de Chile, el 6 de junio de 2012, los cuatro países fundadores   manifestaron su convencimiento en que la integración económica y social en la   región, constituye uno de los instrumentos esenciales para avanzar en su   desarrollo económico y social sostenible, promoviendo una mejor calidad de vida   para sus pueblos y contribuyendo a resolver problemas que aún afectan a la   región, como la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes.    

La planeación, priorización y ejecución de actividades y proyectos de   cooperación entre los países, supone la comunión de esfuerzos y aportes entre   los mismos. Dentro de los mecanismos de cooperación que establecieron los   gobiernos, está el de la creación de un fondo común, un fondo de cooperación que   se ha denominado “Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico”.    

Ya habían expresado los Presidentes de la Alianza, en el marco de la   XXII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cádiz, España, el 17 de noviembre de   2012, cuando sostuvieron la V Cumbre de la Alianza del Pacífico, en su   Declaración Conjunta, que “Para contar con mayor estabilidad y previsibilidad en   el financiamiento de los programas de cooperación en el corto y mediano plazo   –incluyendo aquellos de proyección de la Alianza del Pacífico bajo la modalidad   de triangulación–instruyeron a las instituciones competentes de sus respectivos   países, a avanzar en las negociaciones para la constitución del Fondo Común de   Cooperación de la Alianza del Pacífico, con miras a su operatividad y puesta en   marcha durante el 2013”.    

En su artículo I,   se define el objeto del fondo, como un mecanismo que facilite, dinamice y   permita la financiación de acciones de cooperación en el marco de la Alianza del   Pacífico. Así mismo se delimitan las actividades que puede adelantar en   desarrollo de su objeto:    

a) Recibir fondos de las partes y de terceros para asegurar la   ejecución de programas, proyectos y actividades de cooperación, y    

b) Financiar programas, proyectos y actividades de cooperación   aprobados por el Grupo Técnico de Cooperación de la Plataforma de Cooperación   del Pacífico (GTC).    

En el artículo II,   se establece los aportes y la periodicidad de los mismos y se contempla la   posibilidad de recibir aportes de terceros. El aporte inicial, será de   doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US $250.000).   Para los siguientes años el monto del aporte se decidirá por las partes, en base   al informe de resultados y la programación de actividades que sea presentado por   el Grupo Técnico de Cooperación de la Plataforma de la Alianza del Pacífico.    

En el artículo III,   se contemplan disposiciones sobre el régimen del fondo, su independencia   administrativa y tributaria y la libre movilidad de sus recursos; las   adquisiciones que se realicen se sujetarán a la legislación nacional del país en   donde se realicen.    

En el artículo IV,   se contemplan las áreas de cooperación que se financiarán con los recursos del   Fondo: medio ambiente y cambio climático; innovación, ciencia y tecnología;   micro, pequeñas y medianas empresas; desarrollo social; y otras que las partes   determinen. Así mismo, las modalidades de cooperación que se desarrollarán   incluyen la promoción y desarrollo de iniciativas, planes, programas y   proyectos; realización de estudios y/o diagnósticos conjuntos; el intercambio de   información y normativas vigentes; la realización de actividades conjuntas de   formación y capacitación, incluyendo intercambio de especialistas y técnicos; la   asistencia y/o visitas técnicas de funcionarios, expertos, investigadores,   delegaciones y practicantes; y la conformación de redes, así como cualquier otra   modalidad de cooperación que las partes convengan.    

En el artículo V,   se regula la administración del Fondo: El Consejo de Ministros aprobará el plan   de trabajo y presupuesto anual; el Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza   del Pacífico, será responsable de la gestión del fondo y de aprobar, coordinar y   supervisar sus actividades. Así mismo, contempla que la administración se confía   de manera alterna entre los países y que se contará con un reglamento operativo   que será aprobado por el Consejo de Ministros, el cual será obligatorio para las   partes.    

Por las razones expuestas, el Gobierno nacional, a través de la   Ministra de Relaciones Exteriores, solicita al honorable Congreso de la   República aprobar el “Acuerdo para el establecimiento del fondo de cooperación   de la Alianza del Pacífico”, adoptado en Cali, República de Colombia, el 22 de   mayo de 2013.    

De los honorables Congresistas,    

La Ministra de Relaciones Exteriores,    

MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR.    

LEY 424  DE 1998    

(enero 13)    

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios   internacionales suscritos por Colombia.    

El Congreso de Colombia    

DECRETA:    

Artículo 1o.   El Gobierno nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las   Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los   primeros treinta días calendario posteriores al periodo legislativo que se   inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están   cumpliendo y desarrollando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por   Colombia con otros Estados.    

Artículo 2o.   Cada dependencia del Gobierno nacional encargada de ejecutar los Tratados   Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos,   trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y   este, a las Comisiones Segundas.    

Artículo 3o.   El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada   uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores   presente a consideración del Congreso.    

Artículo 4o.   La presente ley rige a partir de su promulgación.    

El Presidente del honorable Senado de la República,    

AMYLKAR ACOSTA MEDINA    

El Secretario General del honorable Senado de la   República,    

PEDRO PUMAREJO VEGA    

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,    

CARLOS ARDILA BALLESTEROS    

El Secretario General de la honorable Cámara de   Representantes,    

DIEGO VIVAS TAFUR    

REPUBLICA DE COLOMBIA    

GOBIERNO NACIONAL    

Publíquese y ejecútese.    

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.    

ERNESTO SAMPER PIZANO    

La Ministra de Relaciones Exteriores,    

MARIA EMMA MEJIA VELEZ    

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO    

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA    

Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2013    

“Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación   de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Cali, República de Colombia, el   22 de mayo de 2013.    

AUTORIZADO    

Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República   para los efectos constitucionales.    

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON    

La Ministra de Relaciones Exteriores,    

MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR    

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO    

Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2013    

Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la   República para los efectos constitucionales.    

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN    

La Ministra de Relaciones Exteriores,    

(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.    

DECRETA:    

ARTÍCULO 1o. Apruébese el “Acuerdo para   el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico”,   suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013.    

ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo   dispuesto en el artículo 1o de la   Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de   la Alianza del Pacífico”, suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo   de 2013, que por el artículo primero de   esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en   que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.    

ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a   partir de la fecha de su publicación.    

Dada en Bogotá, D. C., a    

Presentado al honorable Congreso de la República por la   Ministra de Relaciones Exteriores.    

La Ministra de Relaciones Exteriores,    

MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR    

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO    

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA    

Bogotá, D. C., 5 de agosto de 2013    

Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso de la   República para los efectos constitucionales.    

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERON    

La Ministra de Relaciones Exteriores,    

(Fdo.) María Angela Holguín Cuéllar.    

DECRETA:        

ARTÍCULO 1o. Apruébese el “Acuerdo para   el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico”,   suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013.        

ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo   dispuesto en el artículo 1o de la   Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de   la Alianza del Pacífico”, suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo   de 2013, que por el artículo primero de   esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en   que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.        

ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a   partir de la fecha de su publicación.    

La Presidenta (e) del honorable Senado de la República,    

TERESITA GARCIA ROMERO    

El Secretario General del honorable Senado de la   República,    

GREGORIO ELJACH PACHECO    

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,    

FABIO RAUL AMIN SALEME    

El Secretario General de la honorable Cámara de   Representantes,    

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO.    

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL    

Comuníquese y cúmplase.    

Ejecútese, previa revisión de la Corte   Constitucional, conforme al artículo 241-10   de la Constitución Política.    

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de enero de 2015.    

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON    

La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de   funciones del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,    

PATTI LONDOÑO JARAMILLO    

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,    

MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA.    

* * *    

III. INTERVENCIONES    

1. Ministerio de Relaciones Exteriores    

Mediante escrito remitido a esta Corporación, el 17 de septiembre   de 2015, la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de   Relaciones Exteriores intervino en el proceso de la referencia, con el fin de   exponer las razones que justifican la declaración de constitucionalidad de la   Ley 1749 de 2015, de conformidad con los argumentos que a continuación se   reseñan.    

Indica que mediante el Acuerdo para el establecimiento del Fondo de   Cooperación de la Alianza del Pacífico se pretende ampliar y fomentar la   integración de los Estados del Pacífico Americano. Así mismo, sostiene que la   Alianza del Pacifico es una estrategia de integración regional, caracterizada   por su alto nivel de innovación en el marco latinoamericano. Dicha iniciativa,   en su núcleo, está conformada por Chile, Colombia, México y Perú.    

Señala que el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico es un   mecanismo de integración regional para el avance progresivo de la libre   circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Mediante esta alianza se   busca, además, impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las   economías participantes, con miras a la consolidación de una plataforma de   articulación política, de integración económica y comercial y de proyección al   mundo, con especial énfasis al Asia Pacifico.    

En este marco, la Alianza cuenta con una agenda integral de acción   conjunta y coordinada entre las agencias de promoción de exportaciones y la   atracción de inversiones, la cooperación y el movimiento de personas. Al   respecto, destaca que este proceso de integración ha ido ganando tal visibilidad   que ya ha llamado la atención de socios estratégicos como Canadá y Japón.   Igualmente, recuerda que para Colombia la Alianza es parte de su estrategia de   inserción en Asia Pacifico y componente prioritario en la política económica del   país.    

Indica que en el marco de la V cumbre de Presidentes, en Cádiz,   España, el 17 de noviembre de 2012, los Jefes de Estado de los Estados   integrantes de la alianza del Pacifico, acordaron avanzar en las negociaciones   para la constitución de un fondo común de cooperación de la Alianza del   Pacífico. Esta iniciativa buscaba crear un mecanismo que gozara de mayor   estabilidad y previsibilidad para el financiamiento de los programas de   cooperación en el corto y mediano plazo, incluyendo aquellos de proyección de la   Alianza bajo la modalidad de triangulación.    

En seguimiento a este compromiso, el denominado Grupo Técnico de   Cooperación avanzó en las negociaciones correspondientes, teniendo como meta la   adopción de un instrumento cuyo fin exclusivo fuera la cooperación entre los   participantes y con terceros. Se destaca que por Colombia participaron en dichas   negociaciones la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de   Relaciones Exteriores y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de   Colombia.    

Señala que las negociaciones concluyeron con la adopción, el 22 de   mayo de 2013, del “Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de   la Alianza del Pacifico”. Este instrumento consignó, de manera expresa, en su   artículo 1°, que su objetivo primordial es el de facilitar, dinamizar y permitir   la financiación de acciones de cooperación, mediante iniciativas enfocadas a la   promoción y desarrollo de planes, programas y proyectos, la realización de   estudios y/o diagnósticos conjuntos, el intercambio de información y normativas   vigentes y la realización de actividades conjuntas de formación y capacitación.    

Así pues, este instrumento se erige hoy como una herramienta vital   a la hora de dinamizar y facilitar los procesos de cooperación gestados en la   Alianza del Pacifico. Dada su naturaleza de acuerdo de cooperación, el mismo   evita cualquier disposición que pretenda ahondar en las dinámicas comerciales de   la Alianza del Pacifico, y se limita exclusivamente a consagrar las normas   necesarias para el establecimiento y funcionamiento del Fondo de Cooperación.      

El objetivo de este acuerdo es establecer un Fondo que permita   encauzar y facilitar proyectos de cooperación en el marco de la Alianza del   Pacifico. Para la consecución de este objetivo, este instrumento internacional   consagra disposiciones atinentes al establecimiento, financiamiento y   administración del fondo. No obstante lo anterior, esta iniciativa se   circunscribe, exclusivamente, al campo de la cooperación y no busca la   materialización de fines comerciales.    

Refiere que para que el mencionado Acuerdo entre en vigor es   necesario que todos los Estados que lo suscribieron lo ratifiquen, sin embargo,   hasta el momento, ninguno de los Estados participantes ha depositado su   instrumento de ratificación.    

Señala que en la República de Chile el Acuerdo ya fue aprobado por   la Cámara de Diputados y está pendiente de que surta el mismo trámite en el   Senado. Por su parte, los Estados Unidos Mexicanos manifestaron que, de   conformidad con su ordenamiento jurídico, dicho Acuerdo no requiere de   aprobación legislativa, pues forma parte de los instrumentos del Memorándum de   Entendimiento sobre la Plataforma de Cooperación de la Alianza del Pacifico,   suscrito en Mérida, Yucatán, México, el 4 de diciembre de 2011.    

Finalmente, la República de Perú informó que el mencionado Acuerdo   está en revisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso previa su   aprobación interna.    

Manifiesta que la puesta en marcha del Acuerdo facilitará la   reserva presupuestal anual para el apalancamiento de proyectos de cooperación   acordados conjuntamente entre los Estados Partes del Tratado, en cumplimiento de   los objetivos fundacionales de la Alianza del Pacifico. Indica que,   adicionalmente, la conformación de un Fondo de Cooperación de la Alianza del   Pacifico permitirá la planeación y puesta en marcha de proyectos de cooperación   innovadores, con productos y resultados tangibles. Esto ayudará en el   fortalecimiento de la integración de los Estados de la Región, mejorando la   competitividad de las economías y permitiendo hacer un frente conjunto para   afrontar los desafíos del desarrollo de la región. El aporte concreto de   Colombia al Fondo de Cooperación de la Alianza, le permitirá orientar y   priorizar proyectos de interés nacional en sectores que requiera fortalecer y   que sean comunes a los cuatro países.    

Por último, señala que el Acuerdo en cuestión fue suscrito en Cali,   el 22 de mayo de 2013, por parte de los representantes de la República de Chile,   la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú.   A saber, la señora Ministra de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín   Cuéllar, suscribió el instrumento por parte del Estado Colombiano.    

Aduce que para suscribir el mencionado instrumento no fue necesaria   la expedición de Plenos Poderes, pues de conformidad con lo previsto en el   artículo 7, numeral 2 del literal a, de la Convención de Viena sobre el derecho   de los tratados de 1969, los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de   Relaciones Exteriores, representan a su Estado, en virtud de sus funciones.    

Así mismo, aduce que con sujeción a lo previsto en el artículo 189,   numeral 2°, de la Constitución Política y mediante la autorización ejecutiva de   5 de agosto de 2013, el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos   Calderón, autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso de la República el   precitado Acuerdo.    

En virtud de la aludida autorización, el Gobierno Nacional, por   intermedio de la señora Ministra de Relaciones Exteriores y en consonancia con   los artículos 150 numeral 16, 189, numeral 2, y 224 de la Constitución Política,   presentó el día 3 de septiembre de 2013, ante la Secretaría General del Senado   de la República, el proyecto de ley aprobatoria del “Acuerdo para el   Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacifico” firmado en   la ciudad de Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013”.    

Finalmente, surtidos los respectivos debates, el Congreso de la   República expidió la Ley 1749, de 30 de enero de 2015,“por medio de la cual   se aprueba el Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la   Alianza del Pacifico”. Posteriormente, dicha ley fue sancionada por el   Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial N° 49.410 de 30 de   enero de 2015.    

De conformidad con lo expuesto, solicita a la Corte Constitucional   que declare exequible la Ley 1749, de 30 de enero de 2015, “por medio de la   cual se aprueba el Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de   la Alianza del Pacifico”.    

2. Universidad Santo Tomás    

Ciro Nolberto Güechá Medina, Decano de la Facultad de Derecho de la   Universidad Santo Tomas, solicita a la Corte Constitucional declarar exequible   la Ley 1749 de 30 de enero de 2015 “por medio de la cual se aprueba el   Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del   Pacifico”, con base en los siguientes argumentos:    

En primer lugar, destaca la importancia de los procesos de   integración internacional, pues facilitan el desarrollo económico y cultural de   todos los países involucrados, así mismo, permiten la progresiva integración de   los mercados e incluso de personas.    

En segundo lugar, sostiene que dichas manifestaciones con tendencia   a producir efectos jurídicos entre sujetos de derecho internacional deben surtir   un proceso de aprobación de conformidad con las normas del ordenamiento de cada   Estado. En el caso colombiano el proyecto de ley fue radicado el 3 de septiembre   de 2015 por la Ministra de Relaciones Exteriores como consta en la Gaceta del   Congreso número 686 de 2013 y luego surtió el trámite correspondiente para la   aprobación de leyes ordinarias. En ese orden de ideas, considera que la Ley 1749   de 2015 cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento.    

3. Intervención ciudadana    

Juan Pablo Vallejo Molina, ciudadano en ejercicio, solicita a la   Corte Constitucional declararse inhibida para controlar constitucionalmente el “Acuerdo   para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacifico”   por cuanto dicho instrumento, al no desbordar las obligaciones contraídas por   Colombia en el tratado madre AMAP, sino desarrollarlas a través del   establecimiento de un fondo común de cooperación para la Alianza del Pacifico,   constituye un acuerdo de procedimiento simplificado derivado que no requiere del   cumplimiento de los requisitos constitucionales previstos para los tratados   solemnes. En escrito posterior, el mismo ciudadano expresa que a pesar de no   requerir control constitucional, debería declararse la exequibilidad tanto de la   ley, como del Acuerdo, por no vulnerar los preceptos constitucionales propios   del régimen económico y de la hacienda pública, ni disposición constitucional   alguna y más bien promover la integración latinoamericana y del Caribe.          

4. Universidad de San Buenaventura    

Hernando Uribe Vargas, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas,   Políticas y Económicas de la Universidad de San Buenaventura señala que los   recursos con los que contará el Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacifico   son una limitante para la proyección de sus resultados, pues ascienden a tan   solo $1 millón de dólares anuales por país. Refiere que para una economía, que   en conjunto reúne 214 millones de habitantes, los recursos netos per cápita del   fondo equivalen a menos de medio centavo de dólar, recursos completamente   insuficientes para efectivamente lograr la “Integración profunda de   servicios, capitales, inversiones y movimiento de personas”. En conclusión,   considera que el Fondo es una réplica de otros mecanismos que han sido poco   efectivos para el país, como por ejemplo, el Parlamento Andino.    

IV.    CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN    

El   Procurador General de la Nación, en concepto No. 5974, del 5 de octubre de 2015,   se pronunció sobre la constitucionalidad del instrumento internacional sometido   a revisión y de su ley aprobatoria, solicitándole a la Corte declarar su   exequibilidad, con base en las siguientes consideraciones:    

Del análisis de forma sobre la constitucionalidad de la Ley 1749 de 2015,   advierte que el proyecto de ley aprobatoria del tratado internacional inicio su   trámite en la comisión segunda del Senado de la República, respetando la   competencia temática determinada en el artículo 2° de la Ley 3 de 1992 y dando   cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 constitucional, en el que se   señala que las leyes referentes a relaciones internacionales deben iniciar su   trámite en el Senado de la República.    

Así mismo, señala que el proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del Congreso   previo al inicio del trámite legislativo, de conformidad con lo previsto en el   artículo 144 de la Ley 5ª de 1992 y que en todas las sesiones se respetó el   quórum y la aprobación del proyecto se hizo según la mayoría constitucionalmente   requerida.    

Refiere que el deber de anuncio previo, establecido en el artículo 160 de la   Constitución Política, también fue respetado, toda vez que (i) el proyecto fue   discutido y votado en la sesión previamente anunciada y (ii) el anuncio se dio   en sesión distinta a la que se realizó la votación. De igual manera, sostiene   que la aprobación del proyecto de ley se dio dentro del término de dos   legislaturas, según lo previsto en el artículo 162 constitucional.    

Por último, indica que el Congreso de la República actuó dentro de sus   competencias respecto de la aprobación de leyes que incorporan tratados   internacionales al ordenamiento interno, puesto que no modificó el contenido del   Acuerdo. Luego de la aprobación por parte del órgano legislativo, el 30 de enero   de 2015, el Presidente de la República sancionó la Ley 1749 de 2015 y el día 29   de abril del mismo año la remitió a la Corte Constitucional para lo de su   competencia.    

En contraste con lo anterior, el Jefe del Ministerio Público advierte que el   Gobierno Nacional no dio aplicación al término constitucional de “seis días   siguientes a la sanción de la ley”, establecido en el numeral 10° del artículo   241 superior, para remitir a la Corte Constitucional los tratados   internacionales y las leyes que los aprueben, a los efectos de su   correspondiente revisión constitucional, pues tardó aproximadamente 3 meses en   remitir la Ley 1749 de 2015 a la Corporación , lo que repercute, de manera   negativa, en el perfeccionamiento y compromiso de Colombia frente a los demás   Estados Parte de dicho instrumento internacional.    

Considera que la tardanza en que incurrió el poder ejecutivo contradice el   ordenamiento jurídico superior, además de que implica una responsabilidad por   parte del poder ejecutivo de cara a un tipo de leyes que son, o deberían ser, de   su más directo interés, toda vez que, de una parte, son exclusivamente de su   iniciativa y, de otra, únicamente pueden ser aprobados o improbados, más no   modificados, por el poder legislativo. Esto, además de que en todo caso surten   un control constitucional posterior a su promulgación y entrada en vigencia. En   consecuencia, solicita a la Corte Constitucional que llame la atención del   Gobierno Nacional sobre el carácter imperativo e incuestionable del mencionado   mandato constitucional.    

Respecto del contenido material del “Acuerdo para el establecimiento del   Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacifico” señala que dicho Acuerdo es   considerado parte fundamental en la política de internacionalización que desde   hace varios años ha impulsado el Gobierno Colombiano con los países de Chile,   México y Perú a través de la suscripción del “Acuerdo Marco de la Alianza del   Pacifico”, en tanto tiene como finalidad crear el marco jurídico para la   conformación de un fondo con recursos de los cuatro países que permita financiar   las actividades de cooperación que se adelanten dentro de dicha alianza.      

Indica que en la parte considerativa del Acuerdo se señalan las razones que   llevaron a su firma, entre las que se destaca la necesidad de implementar   mecanismos que permitan la ejecución de iniciativas que consoliden las   relaciones entre los países de la Alianza del Pacífico, lo que, precisamente, da   lugar a una serie de disposiciones que, por lo tanto, guardan concordancia con   la integración que la Constitución Política privilegia en su Preámbulo y en los   artículos 9,226 y 227, que justamente comprometen al Estado Colombiano en la   promoción “de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas,   sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia   nacional”, así como en la “integración económica, social y política con las   demás naciones”.    

En suma, considera que las disposiciones incluidas en el Acuerdo no imponen al   Estado colombiano deberes u obligaciones que en forma alguna entren en conflicto   con el texto superior y, por el contrario, respeta los principios   constitucionales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de celebrar tratados   internacionales.    

Finalmente, concluye que el mencionado Acuerdo es respetuoso de lo dispuesto en   la Carta Política en la medida en que: (i) se basa en la reciprocidad y equidad   entre los Estados parte (artículos 226 y 227 C.P.), (ii) incluye disposiciones   que despliegan un fin constitucional como lo es el desarrollo económico, el   medio ambiente y la prosperidad general (artículos 2 y 79 de la C.P.) y (iii)   respeta la soberanía del Estado colombiano (artículos 2, 4 y 9 C.P.).    

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL    

1. Competencia de la Corte   Constitucional en materia de tratados y de sus leyes aprobatorias    

El artículo   241-10 de la Constitución le asigna a la Corte Constitucional competencia para   decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes   que los aprueben. En reiterada jurisprudencia, la Corporación ha caracterizado   este control señalando que es: (i) previo al perfeccionamiento del tratado,   aunque posterior a la aprobación de la ley por el Congreso y a la sanción   presidencial; (ii) automático, puesto que el Gobierno Nacional debe   remitir la ley a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la   sanción y también (iii) integral, ya que el examen de constitucionalidad   comprende los aspectos formales y materiales del tratado internacional y de su   ley aprobatoria, fuera de lo cual se somete a revisión tanto el proceso de   negociación y celebración del instrumento en el plano internacional, como el   trámite legislativo cumplido en el Congreso[5].    

A propósito de la competencia,   conviene recordar que en la Sentencia C-163 de 2015, en la cual la Corte se   pronunció sobre la constitucionalidad del Acuerdo Marco de la Alianza del   Pacífico y de su ley aprobatoria, quedó en claro que por cuanto ese Acuerdo   Marco no comporta cesión de soberanía no cabe predicar que la Alianza se   constituya como un organismo internacional, debido a lo cual “las decisiones   adoptadas en el seno de la Alianza tendrán efecto entre los Estados parte, es   decir, que se trata de un poder reglamentario interno, lo que implica que no   ingresará directamente a los ordenamientos nacionales, sino que, por el   contrario, deberán ser incorporadas en ellos”, de donde la Corte estimó   importante “reiterar que si en el marco de la Alianza del Pacífico se acordaran   nuevas obligaciones internacionales para Colombia, estás -no importa la   denominación del documento que las contenga- deberán ser sometidas al Congreso   de la República y al control de constitucionalidad de esta Corporación”.    

En atención a   lo anterior, de inmediato, pasa la Corte a examinar la constitucionalidad de la   ley aprobatoria.    

2. Revisión formal del   trámite de aprobación de la Ley 1749 de 2015 “Por medio de la cual se   aprueba ‘El Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la   Alianza del Pacífico’, suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de   2013”.    

2.1. Remisión de la Ley   Aprobatoria y del Acuerdo por el Gobierno Nacional    

Mediante escrito calendado el   29 de abril de 2015 y recibido en la Secretaría General de la Corte el mismo   día, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte   fotocopia autenticada de la Ley 1749 de 2015, “Por medio de la cual se   aprueba ‘El Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la   Alianza del Pacífico’, suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de   2013”.    

El Presidente de la República   sancionó la ley el 30 de enero de 2015 y la Carta remisoria fue recibida en la   Secretaría General de esta Corporación el 29 de abril, por lo que la Sala   observa que la remisión se llevó a cabo después de vencido el término de seis   (6) días que, según el artículo 241-10 de la Carta, tiene el gobierno para   remitir a la Corte el tratado internacional y su ley aprobatoria, aspecto este   sobre el cual llama la atención el señor Procurador General de la Nación, quien   advierte que aunque ello no configura un vicio de inconstitucionalidad, sí   comporta el incumplimiento de un deber constitucional, por lo que el Gobierno   Nacional debe ser advertido, como lo hace la Corte aquí, dada la incidencia que   pudiera tener esta situación en el cumplimiento de los compromisos asumidos por   Colombia.    

Ciertamente, la inobservancia   del término es contraria a la Carta, pero la Corte Constitucional ha considerado   que no modifica la índole de la ley aprobatoria, ni vicia el trámite   legislativo, “aunque sí acarrea dos circunstancias significativas como son: una   vez producida la omisión la Corte puede aprehender de oficio el conocimiento de   los actos para el correspondiente examen de constitucionalidad y (ii) en el   evento de que dichos actos eludan el conocimiento de esta Corte cualquier   ciudadano podrá impugnarlos para que la Corte proceda a la admisión de la   demanda realizando el control de constitucionalidad no sólo con base en los   cargos formulados sino bajo el texto integral de la Constitución”[6].    

En esta ocasión el anotado   retardo no le impide a la Corte adelantar el examen de constitucionalidad y, por   lo tanto, procede la Corporación a efectuarlo.    

2.2. Negociación y celebración del Acuerdo    

De conformidad con lo anotado,   la competencia para revisar los tratados internacionales y sus leyes   aprobatorias se extiende al examen de las facultades del representante del   Estado para negociar y adoptar el respectivo instrumento internacional, según lo   establecido en el artículo 7 de la Convención de Viena, de 1969, que al efecto   indica que “en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes,   se considerará que representan a su Estado: a) los Jefes de Estado, Jefes de   Gobierno y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los   actos relativos a la celebración de un tratado”.    

Vista la actuación desplegada,   la Corte observa que el Acuerdo revisado fue suscrito en representación de   Colombia por la Ministra de Relaciones Exteriores que, según la disposición   citada de la Convención de Viena, tiene la capacidad para representar al Estado   colombiano, debiéndose advertir que el 5 de agosto de 2013 el Presidente de la   República autorizó el sometimiento del Acuerdo “a consideración del Congreso de   la República para los efectos constitucionales”.    

2.3. Trámite surtido en el   Congreso de la República para la expedición de la Ley 1749 de 2015, aprobatoria   del Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del   Pacífico    

El artículo 154 de la   Constitución indica que las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos   cámaras, pero respecto de los proyectos “que se refieran a relaciones   internacionales”, su inciso final establece que el respectivo trámite debe   iniciarse en el Senado de la República. Con la salvedad de esta exigencia,   aquellos proyectos de ley cuya finalidad sea la aprobación de tratados   internacionales tendrán que seguir el procedimiento previsto para las leyes de   carácter ordinario.    

De conformidad con las   certificaciones, actas y gacetas del Congreso enviadas por los secretarios de   las comisiones segundas del Senado y de la Cámara de Representantes, así como   por los secretarios generales de las mencionadas corporaciones, el trámite   adelantado para la expedición de la Ley 1749 de 2015 fue el siguiente:    

2.3.1.1. Radicación y   publicación del proyecto de ley y de su exposición de motivos    

El proyecto de ley destinado a   la aprobación del “Acuerdo para el Establecimiento del Fondo para la Cooperación   de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Cali, el 22 de mayo de 2013, fue   radicado en la Secretaría General del Senado de la República el 3 de septiembre   de ese mismo año, por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín   Cuéllar[7].    

Al proyecto se le otorgó el   número de radicación 80 de 2013/Senado y su texto, junto con la correspondiente   exposición de motivos, aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 686 de 6   de septiembre de 2013[8],   en la cual también consta que, de acuerdo con “el informe de Secretaría   General”, la Presidencia del Senado de la República dio por repartido el   proyecto de ley a la Comisión Segunda Constitucional[9], que se   ocupa de las relaciones exteriores, seguridad y defensa nacional, comercio   exterior y honores patrios.    

El informe de ponencia para el   primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la   República está publicado en la Gaceta del Congreso No. 896 de 6 de noviembre de   2013[10]  y lo suscriben los senadores Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar, Myriam Alicia   Paredes Aguirre y Marco Aníbal Avirama, quienes solicitaron aprobar, en primer   debate, el proyecto de ley número 80 de 2013, “sin ninguna modificación”[11].    

2.3.1.2.  Anuncio para votación en primer debate    

En la Comisión Segunda del Senado de la República el   proyecto de ley número 80 de 2013, “por medio de la cual se aprueba el acuerdo   para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico”,   fue anunciado varias veces, así: (i) en la sesión del 6 de noviembre de 2013,   según consta en el Acta No. 7 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del   Congreso No. 1006 de 5 de diciembre de 2013[12], (ii) en la sesión del 13   de noviembre de 2013, conforme aparece en el Acta No. 8 de la fecha, publicada   en la Gaceta del Congreso No. 1006 de 5 de diciembre de 2013[13]  y, finalmente, (iii) en la sesión del 19 de noviembre de 2013.    

En esta última oportunidad, conforme se hizo constar   en el Acta No. 9 de la correspondiente sesión, publicada en la Gaceta No. 1004   de 5 de diciembre de 2013, “el señor Secretario Diego Alejandro González   González, por instrucciones del señor Presidente de la Comisión Segunda del   Senado de la República”, anunció “la discusión y votación de proyectos de ley   para la próxima sesión” y, en primer lugar, fue anunciado el “número 80 de 2013   Senado”[14].    

2.3.1.3.       Aprobación en primer debate    

En la sesión del 20 de noviembre de 2013, cuyo   desarrollo fue recogido en el Acta No. 10, publicada en la Gaceta del Congreso   No. 1006 de 5 de diciembre de 2013[15],   se discutieron y votaron proyectos de ley anunciados “en sesión anterior”[16],   habiéndose considerado, en primer término, el número 80 de 2013/Senado.    

Después de haber sido aprobado el impedimento   manifestado por el Senador Juan Lozano Ramírez[17], se dio inicio a la   discusión[18]  y, con posterioridad, el Presidente de la Comisión Segunda le solicitó al   Secretario “leer el informe con el que termina la ponencia”[19]. Una vez   leída la proposición final, el Presidente puso a consideración el informe, abrió   la discusión, anunció que iba a cerrarse y que se cerró, luego de lo cual el   Secretario informó al Presidente que “el senador Romero ha manifestado su voto   negativo”, por lo que “tiene que solicitar el llamado a lista para la votación   del informe final de ponencia”[20].    

Una vez se llamó a lista para la aprobación del   informe final de ponencia, el Secretario le comunicó al Presidente que “son seis   (6) votos por el SÍ, uno por el NO, en consecuencia ha sido aprobada la   proposición con que termina el informe de ponencia. Afirmativamente votaron los   Senadores Marco Aníbal Avirama Avirama, Carlos Emiro Barriga Peñaranda, Carlos   Ramiro Chavarro Cuéllar, Alexandra Moreno Piraquive, Carlos Fernando Motoa   Solarte y Myriam Alicia Paredes Aguirre, en tanto que el senador Camilo Ernesto   Romero Galeano votó en forma negativa[21].    

Tras haber solicitado la lectura del articulado, el   Presidente señala que le han pedido que se omita la lectura y, sometida a   votación, la proposición de omisión de lectura fue aprobada con seis (6) votos   positivos y uno negativo, que corresponden a los senadores que, en idéntico   sentido, votaron la proposición con que culmina el informe de ponencia[22].    

Seguidamente, el Presidente de la Comisión preguntó   a los senadores si querían que “este proyecto de ley tenga segundo debate” y,   después del llamado a lista, el Secretario le informó al Presidente que por seis   votos favorables y uno negativo, emitidos por los mismos congresistas que   apoyaron el proyecto y que se opusieron a él, “sí quieren los senadores de la   Comisión que este Proyecto de ley número 80 de 2013 Senado, tenga segundo   debate”. Por último el Presidente nombró como ponentes para el segundo debate “a   los mismos senadores”[23].    

El texto que aprobó en primer debate la Comisión   Segunda del Senado de la República está publicado en la Gaceta del Congreso No.   1001 del 5 de diciembre del 2013[24].    

2.3.1.4.      Ponencia para segundo debate    

El informe de ponencia para el   segundo debate, a surtirse en la Plenaria del Senado de la República, fue   publicado en la Gaceta del Congreso No. 1001 de 5 de diciembre de 2013[25]  y concluye con una proposición en la que los senadores Carlos Ramiro Chavarro   Cuéllar, Myriam Alicia Paredes Aguirre y Marco Aníbal Avirama Avirama solicitan   “a los honorables Senadores aprobar en segundo debate el Proyecto de ley número   80 de 2013”   [26].    

2.3.1.5.        Anuncio para votación en segundo debate    

El proyecto fue anunciado en la   sesión de 9 de diciembre de 2013, de acuerdo con el Acta No. 37 de esa fecha,   publicada en la Gaceta del Congreso No. 71 del 5 de marzo de 2014, en la que se   lee que, por “instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto   Legislativo No. 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se   discutirán y aprobarán en la próxima sesión” de la Plenaria del Senado de la   República, “siguiente al 9 de diciembre de 2013” [27] y entre los   anunciados aparece el “número 80 de 2013 Senado”[28].    

En la sesión que tuvo lugar el   10 de diciembre de 2013, según consta en el Acta No. 38, publicada en la Gaceta   No. 78 del 6 de marzo de 2014, al abordar el proyecto de ley, la Presidencia   pidió a la Secretaría dar lectura “a los impedimentos que se encuentran sobre la   mesa” y por Secretaría se dio lectura al presentado por el senador Juan   Francisco Lozano Ramírez[29].   A continuación,  hizo uso de la palabra el senador Alexander López Maya,   quien expresó que se debía adelantar un “análisis mucho más de fondo” y solicitó   que el proyecto quedara “para la próxima sesión”, a fin de dar “una discusión   amplia y pertinente en relación a este tema”[30].    

Ante esta solicitud, la   presidencia manifestó que aplazaba “la discusión y aprobación del proyecto de   Ley No. 80 de 2013”[31],   de manera que, como aparece en el punto del orden del día referente al anuncio   de proyectos, en la próxima sesión plenaria del Senado de la República se   discutirían y aprobarían algunos proyectos de ley con ponencia para segundo   debate y entre los anunciados se encuentra el “número 80 de 2013 Senado”, por   medio del cual se aprueba el “Acuerdo para el establecimiento del Fondo de   Cooperación de la Alianza de Pacífico”[32].    

Durante la sesión del 11 de   diciembre de 2013, según consta en el Acta No. 39 correspondiente a esa sesión   ordinaria y publicada en la Gaceta del Congreso No. 79 del 6 de marzo de 2014,   de nuevo la presidencia pidió a la Secretaría dar lectura a los impedimentos[33]  y fueron negados los que presentaron los senadores Juan Lozano Ramírez y Maritza   Martínez Aristizábal[34],   luego de lo cual intervinieron los senadores Marco Aníbal Avirama Avirama, Jorge   Enrique Robledo Castillo, Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, Myriam   Alicia Paredes Aguirre y Camilo Armando Sánchez Ortega[35], después   de cuya intervención la Presidencia preguntó a la Plenaria “si acepta aplazar el   proyecto de ley No. 80 de 2013 Senado y, cerrada su discusión, esta lo acepta”[36].    

Así las cosas, en el punto del   orden del día relativo al anuncio de proyectos, nuevamente se anuncian “los que   se discutirán y aprobarán” en la “sesión Plenaria del honorable Senado de la   República, siguiente a la del día miércoles 11 de diciembre de 2013”[37]  y entre los anunciados aparece el “número 80 de 2013 Senado”[38].    

2.3.1.6.      Aprobación en segundo debate    

En la sesión de la Plenaria del   Senado de la República del 12 de diciembre de 2013 se discutió y aprobó, en   segundo debate, el Proyecto de ley, tal como consta en el Acta No. 40, publicada   en la Gaceta del Congreso No. 80 de 6 de marzo de 2014. En efecto, al   desarrollar el punto correspondiente a la lectura y aprobación de proyectos, en   segundo debate, la Presidencia solicitó a la Secretaría “dar lectura a la   proposición con que termina el Informe”. Una vez leída, sometió a consideración   de la Plenaria esa proposición positiva y “cerrada su discusión, esta le imparte   su aprobación”, habiendo dejado constancia de su voto negativo los senadores   Carlos Alberto Baena López, Manuel Antonio Virgüez Piraquive y Jorge Eduardo   Londoño Ulloa[39].    

Abierto el segundo debate, a   petición del Senador Aurelio Iragorri Hormaza, la Presidencia sometió “a   consideración de la Plenaria la omisión de la lectura del articulado del   proyecto y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación”. A   continuación, la presidencia sometió “a consideración de la Plenaria el   articulado del proyecto y cerrada su discusión pregunta ¿Adopta la plenaria el   articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente”[40].    

De inmediato, la Presidencia   solicita a la Secretaría la lectura del título del proyecto y después de leído   “la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión   pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y estos le   imparten su aprobación”, de manera que “cumplidos los trámites constitucionales,   legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores   presentes que el proyecto de Ley aprobado surta su trámite en la honorable   Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente”[41].    

Conforme lo certificó el   Secretario General del Senado de la República, respecto del quórum deliberatorio   y decisorio, “de acuerdo al registro de asistencia de sesión plenaria del   Senado, fue de 92 senadores”, número que coincide con las mayorías, aunque anota   que “dejan constancia 3 senadores de su voto negativo a la proposición positiva   con que termina el informe de ponencia, como se encuentra en las páginas 1, 2 y   57 de la Gaceta del Congreso número 80 de 2014.    

Por último, procede destacar   que el texto definitivo aprobado en la Plenaria del Senado de la República fue   publicado en la Gaceta del Congreso No. 1048 del 19 de diciembre de 2013, para   que “de esta manera continúe se trámite legal y reglamentario en la honorable   Cámara de Representantes”[42].    

2.3.2.       Trámite en la Cámara de Representantes    

2.3.2.1.       Radicación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes    

El proyecto de ley No. 80, aprobado en el Senado de   la República, llegó “a la Cámara de Representantes el 18 de diciembre de 2013, y   a la Comisión Segunda el 19 de marzo de 2014”. En esta Cámara fue radicado con   el número 179 de 2013 y en la Comisión fueron designados como ponentes los   representantes Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas y Juan Carlos Martínez   Gutiérrez[43].    

2.3.2.2. Ponencia para tercer debate    

La ponencia para tercer debate en la Comisión   Segunda de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del Congreso   No. 151 del 23 de abril de 2014 y en ella los ponentes solicitan “se dé primer   debate al Proyecto de ley número 179 de 2013 Cámara y se apruebe por los   honorables Representantes de la Comisión Segunda de la Cámara”[44].    

En la Gaceta del Congreso No. 805, de 4 de diciembre   de 2014, se informa que “En la Cámara de Representantes inicialmente fueron   designados como ponentes los honorables Representantes Carlos Arturo Piedrahita   Cárdenas y Juan Carlos Martínez Gutiérrez, quienes ejerciendo sus obligaciones y   facultades presentaron informe de ponencia, publicado en la Gaceta del Congreso   número 151 de 2014”, a lo cual se agrega que “Pese a haber presentado ponencia   para primer debate en Cámara, la misma no alcanzó a aprobarse durante el periodo   Constitucional 2010-2014, y en razón a que los honorables representantes no   fueron reelegidos para el período 2014 – 2018, fue necesario la reasignación de   ponentes, con el objetivo de cumplir con el reglamento establecido por la Ley 5ª   de 1992”[45].    

Así las cosas, en la Gaceta del Congreso No. 490 de   12 de septiembre de 2014, de nuevo se publicó el informe de ponencia para primer   debate en la Cámara de Representantes al proyecto de ley 179 Cámara, 80 Senado,   en cuya parte final los nuevos ponentes piden que se le dé primer debate ante la   Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes.    

2.3.2.3.  Anuncio para votación en tercer debate    

En la sesión de la Comisión   Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes realizada el 16   de septiembre de 2014, según consta en el Acta No. 07 de la fecha, publicada en   la Gaceta del Congreso No. 685 de 7 de noviembre de 2014, fueron anunciados   varios proyectos de ley “para la próxima sesión de          Comisión, donde se discutan y aprueben proyectos de ley” y entre ellos el número   179 de 2013 Cámara[46].    

2.3.2.4.  Aprobación en   tercer debate    

Consta en el Acta No. 08,   publicada en la Gaceta del Congreso No. 686 del 7 de noviembre de 2014 y que   corresponde a la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de   septiembre 23 de 2014, que después de haber sido leído el respectivo proyecto[47]  fue sometido a debate y luego aprobado[48].    

Antes de su aprobación, se le   dio lectura a la proposición con la cual termina el informe de ponencia para   tercer debate y, dada la existencia de votos negativos, se procedió a la   votación nominal, habiendo sido aprobado el informe de ponencia con 11 votos   positivos y uno negativo. Votaron afirmativamente los representantes Ana Paola   Agudelo García, Miguel Angel Barreto Castillo, Alfredo Rafael Deluque Zuleta,   Antenor Durán Carrillo, Federico Eduardo Hoyos Salazar, Aída Merlano Rebolledo,   José Ignacio Mesa Betancur, Pedro Jesús Orjuela Gómez, José Luis Pérez Oyuela,   Candelaria Patricia Rojas Vergara y Efraín Antonio Torres Monsalvo, mientras que   en forma negativa lo hizo el representante Alirio Uribe Muñoz[49].    

Posteriormente, se sometió a   votación nominal el articulado y, según lo informó el Secretario General, “fue   aprobado el informe de ponencia con diez (10) votos positivos y uno (1)   negativo”. Sometido a votación el título y la pregunta acerca de si quieren que   el proyecto surta el segundo debate, fueron aprobados tanto el título como la   pregunta, por 10 votos favorables y uno negativo. El presidente de la Comisión   manifestó que mantenía “para un segundo debate [en la Cámara], los mismos   ponentes”[50].      

Con base en los anteriores   datos y en relación con el quórum, el Secretario General de la Comisión Segunda   de la Cámara de Representantes, informó que la proposición con que termina el   informe de ponencia para primer debate en dicha Corporación fue aprobada con la   presencia de doce representantes, mientras que con la asistencia de 11   representantes se produjo la aprobación del articulado, del título y de la   pregunta sobre si querían los representantes que el proyecto surtiera segundo   debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.    

El texto definitivo “aprobado   en primer debate, en sesión del día 23 de septiembre de 2014, Acta Número 8 de   2014 del proyecto de ley 179 de 2013 Cámara, 080 de 2013 Senado”, aparece   publicado en la Gaceta del Congreso No. 805 de 4 de diciembre de 2014[51].    

2.3.2.5.  Ponencia para cuarto debate    

El informe de ponencia para el   cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes está publicado en la   Gaceta del Congreso No. 805 de 4 de diciembre de 2014[52] y en él,   los representantes Efraín Torres Monsalvo, Pedro Jesús Orjuela Gómez, Tatiana   Cabello Flórez, Luis Fernando Urrego Carvajal, José Luis Pérez Oyuela, Leopoldo   Suárez Melo y Alfredo Deluque Zuleta, piden que al proyecto se le dé “segundo   debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes” y que sea aprobado[53].     

2.3.2.6. Anuncio para votación en cuarto debate    

En la sesión plenaria de la   Cámara de Representantes efectuada el 15 de diciembre de 2014, el proyecto fue   anunciado. Así consta en el Acta No. 44, publicada en la Gaceta de Congreso No.   323 de 22 de mayo de 2015 y en la cual se lee: “Se anuncian los siguientes   proyectos para la Sesión Plenaria del día 16 de diciembre o para la siguiente   Sesión Plenaria en la cual se debatan Proyectos de Ley”[54] y entre   los proyectos anunciados se encuentra el número 179 de 2013 Cámara, 80 de 2013   Senado[55].      

2.3.2.7. Aprobación en   cuarto debate    

En la sesión ordinaria del día   16 de diciembre de 2014 el proyecto fue considerado y aprobado, según consta en   el Acta número 45 de esa fecha, publicada en la Gaceta de Congreso No. 152 de 27   de marzo de 2015. En efecto, leída la proposición con que termina la respectiva   ponencia[56]  y luego de que intervinieron los representantes Efraín Antonio Torres Monsalvo,   Germán Navas Talero, Orlando Aníbal Guerra de la Rosa y el señor Ministro de   Interior, Juan Fernando Cristo[57],   se abrió el registro y, una vez cerrado, el secretario general informó la   votación total: “Por el sí: 86 votos electrónicos, 2 manuales, para un total de   88 votos” y “por el no: 4 votos electrónicos”, resultados indicativos de que “ha   sido aprobada la ponencia que buscaba darle segundo debate a este proyecto de   ley”[58].    

Acto seguido, se leyó el   articulado y habiéndose abierto y cerrado la discusión, así como el registro, la   votación final fue la siguiente: “Por el Sí: 83 votos electrónicos y 5 manuales,   para un total de 88 votos” y “Por el No: 4 votos electrónicos, ninguno manual”.   De acuerdo con este resultado, el Secretario General informó que “ha sido   aprobado el articulado del Proyecto de ley número 179 de 2013 Cámara – 080 de   2013 Senado”[59].    

A continuación, se le dio   lectura al título y a la pregunta dirigida a establecer si la Plenaria “quiere   que este proyecto sea Ley de la República”, de modo que después de abierta y   cerrada la discusión y también el registro, el secretario general de la Cámara   de Representantes anunció el resultado: “Por el Sí: 81 votos electrónicos y 6   manuales para un total de 87 votos” y “Por el No: 4 votos electrónicos, ninguno   manual” a lo que añadió que había sido aprobado “el título y la Pregunta de este   convenio de Alianza del Pacífico”[60].    

El Secretario General de la   Cámara de Representantes certificó que en la sesión plenaria del día 16 de   diciembre de 2014 estuvieron presentes 159 representantes y que la aprobación de   la ponencia para segundo debate, del articulado, del título y de la pregunta se   hizo por las mayorías exigidas para tal fin. El texto definitivo aprobado en la   plenaria de la Cámara de Representantes aparece publicado en la Gaceta del   Congreso No. 873 de 18 de diciembre de 2014[61].    

2.3.3. Sanción presidencial    

El 30 de enero de 2015, el   Presidente de la República sancionó la Ley 1749 de 2015, “Por medio de la   cual se aprueba ‘El Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de   la Alianza del Pacífico’, suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo   de 2013”. La ley está publicada en el Diario Oficial No. 49.410 de 30 de   enero de 2015[62].    

2.3.4. Conclusiones en   relación con el trámite surtido en el Congreso de la República    

2.3.4.1. El artículo 154   de la Constitución establece que los proyectos de ley atinentes a las relaciones   internacionales deben iniciar su trámite legislativo en el Senado de la   República y, fuera de esta exigencia, el resto del procedimiento debe   adelantarse de conformidad con lo previsto para el trámite de las leyes   ordinarias.    

Por su parte, el artículo 157   superior indica que los proyectos de ley requieren su publicación oficial por el   Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva, también la aprobación   en el primer debate desarrollado en la comisión y la aprobación por cada una de   las Cámaras en segundo debate, previa verificación del quórum y con las mayorías   exigidas.    

El artículo 160 de la Carta   señala que “entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no   inferior a ocho días” y que “entre la aprobación del proyecto en una de las   cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir por lo menos   quince días “. Adicionalmente y de conformidad con el Acto legislativo No. 01 de   2003, antes de la votación se requiere del anuncio previo que el presidente de   la respectiva Cámara o comisión deberá dar en sesión distinta a aquella en la   que vaya a tener lugar la votación.    

También debe recordarse que,   según el artículo 162 de la Constitución, “los proyectos de ley que no hubieren   completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate   en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente en el estado en   que se encuentren”, sin que el proyecto pueda ser considerado “en más de dos   legislaturas”.    

Finalmente, es indispensable   tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 5º del Acto Legislativo No.   01 de 2009, que reformó el artículo 133 de la Constitución, en los cuerpos   colegiados de elección directa el voto de sus miembros “será nominal y público,   excepto en los casos que determine la ley”, de donde se desprende que en el   trámite legislativo la votación nominal y pública es la regla general, que ha   sido exceptuada mediante la Ley 1431 de 2011, “por la cual se establecen las   excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política”.    

El artículo 2º de la Ley 1431   de 2011 modificó el artículo 130 de la Ley 5ª de 1992 que establecía como regla   la votación ordinaria e introdujo en su artículo 129 las excepciones a la   votación nominal y pública, nueva regla general, siendo del caso destacar que el   numeral 16 prevé la votación ordinaria “cuando en el trámite de un proyecto de   ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para   aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa   forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros”.    

2.3.4.2. En atención a   lo anterior, en relación con el trámite del proyecto que vino a ser la Ley 1749   de 2015, la Corporación verifica lo que a continuación se detalla:    

2.3.4.2.1. Que el   trámite tuvo su inicio en el Senado de la República, en cuya Secretaría fue   radicado el proyecto, habiendo sido repartido a la Comisión Segunda   Constitucional Permanente.    

2.3.4.2.2. Que antes de   seguir su curso en la comisión, el proyecto fue publicado, junto con la   exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso No. 686 de 6 de septiembre de   2013.    

-La ponencia para primer debate   en la Comisión Segunda del Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso No.   896, de 6 de noviembre de 2013.    

-El texto aprobado en primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso No.   1001, de 5 de diciembre del 2013.    

-La ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue   publicada en la Gaceta del Congreso No. 1001, de 5 de diciembre de 2013.    

-El texto definitivo aprobado en la plenaria del Senado de la República fue   publicado en la Gaceta No. 1048, de 19 de diciembre de 2013.    

-La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de   Representantes fue publicada en la Gaceta No. 490, de 12 de septiembre de 2014.    

-El texto aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue   publicado en la Gaceta No. 805, de 4 de diciembre de 2014.    

-La ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes   fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 805, de 4 de diciembre de 2014.    

-El texto   definitivo aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado   en la Gaceta No. 873, de 18 de diciembre de 2014.    

2.3.4.2.4. Que los   anuncios previos a las respectivas votaciones también fueron hechos, así:    

-Según el Acta No. 9, correspondiente a la sesión de la Comisión Segunda del   Senado de 19 de noviembre de 2013, el proyecto fue anunciado para votación en la   sesión siguiente[63],   que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2013, conforme consta en el Acta No. 10 de   esa misma fecha[64].    

-Según el Acta No. 39, correspondiente a la sesión plenaria del Senado, de 11 de   diciembre de 2013, el proyecto fue anunciado para votación en la sesión   siguiente[65],   que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2013, tal como consta en el Acta No.   40, que corresponde a esta última fecha[66].    

-Según consta en el Acta No. 07, correspondiente a la sesión de la Comisión   Primera de la Cámara de Representantes, de 16 de septiembre de 2014, el proyecto   fue anunciado para votación en la sesión siguiente[67], que se realizó el 23 de   septiembre 2014 y así consta en el Acta No. 08, correspondiente a la sesión de   esa fecha[68].    

-Según   consta en el Acta No. 44, correspondiente a la sesión plenaria de la Cámara de   Representantes del 15 de diciembre de 2014, el proyecto fue anunciado para   votación en la sesión siguiente[69],   que se llevó a cabo el 16 de diciembre, tal como consta en el Acta No. 45, de la   misma fecha[70].    

2.3.4.2.5. Tratándose de   la aprobación del proyecto en cada uno de los debates adelantados por las   mayorías exigidas, la Corte constata que en las certificaciones remitidas por el   Congreso de la República y en las actas y gacetas, se certifica el cumplimiento   de este requisito y así se deja consignado aquí, sin perjuicio de lo que se   establezca más adelante al analizar la exigencia de votación nominal y sus   excepciones.    

2.3.4.2.6. En lo referente a los plazos   establecidos en el artículo 160 de la Constitución, la Corte estima que se   cumplieron. En efecto:    

-El primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar en la sesión del   20 de noviembre de 2013 y el debate en la plenaria del Senado fue aplazado en   las sesiones de 10 y 11 de diciembre de 2013 y, previo anuncio, la aprobación se   realizó el 12 de diciembre del mismo año, luego, en cualquier caso,   transcurrieron más de ocho días, si se repara en que estos plazos se cuentan en   días calendario.    

-El primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se llevó   a cabo el 23 de septiembre de 2014, mientras que el debate en la plenaria se   efectuó el 16 de diciembre de 2014, es decir, después de ocho días.    

-El   proyecto fue aprobado en la plenaria del Senado de la República el 12 de   diciembre de 2013 y el debate se inició en la Cámara de Representantes el 23 de   septiembre de 2014, luego de transcurridos más de 15 días contados desde la   primera fecha.    

2.3.4.2.7. El artículo   162 de la Carta preceptúa que si los proyectos de ley no completan su trámite en   una legislatura, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se   encuentren y siempre que “hubieren recibido primer debate en alguna de las dos   cámaras”, a lo que añade que “ningún proyecto podrá ser considerado en más de   dos legislaturas”.    

Especial atención merece este   artículo a propósito de la presente revisión, por cuanto el proyecto (i) fue   radicado en el Senado de la República el 3 de septiembre de 2013, (ii) la   ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 896 de 6   de noviembre de 2013, (iii) fue anunciado en las sesiones de la Comisión Segunda   de 6, 13 y 19 de noviembre de 2013 y (iv) fue aprobado el 20 de noviembre de   2013, después de lo cual (v) pasó a la plenaria del Senado que lo aprobó el 12   de diciembre de 2013, en segundo debate.    

En esa legislatura el proyecto   no cumplió todo el trámite, puesto que habiendo llegado a la Cámara de   Representantes el 18 de diciembre de 2013, y a su Comisión Segunda el 19 de   marzo de 2014, únicamente se publicó el informe de ponencia para el debate en   comisión en la Gaceta del Congreso No. 151 del 23 de abril de 2014, después de   lo cual nada más se hizo, de tal modo que ese periodo legislativo culminó   faltando el anuncio, el debate y la aprobación tanto en la Comisión Segunda de   la Cámara de Representantes, como en la plenaria de esa Corporación.    

El procedimiento fue retomado   en la siguiente legislatura, porque, conforme ha sido reseñado, la ponencia para   primer debate en la Cámara de Representantes publicada el 23 de abril de 2014 no   alcanzó a aprobarse y resultó necesario asignar otros ponentes, dado que los   iniciales no fueron reelegidos. En este orden de ideas, se publicó una nueva   ponencia el 12 septiembre de 2014 y, con base en ella, se surtieron los trámites   faltantes, es decir, los conducentes a la aprobación del proyecto de ley en la   Comisión Segunda y en la Plenaria de la Cámara de Representantes, donde   finalmente se surtió el cuarto debate y fue aprobado el 16 de diciembre de 2014.    

Siendo evidente que el trámite   no fue completado en la legislatura que, de acuerdo con el artículo 138   superior, transcurrió entre el 20 de julio de 2013 y el 20 de junio de 2014, lo   primero que cabe apuntar es que el proyecto podía seguir su curso en la   siguiente, comprendida entre el 20 de julio de 2014 y el 20 de junio de 2015,   porque, se cumplió la condición exigida en el artículo 162 de la Carta, toda vez   que en la primera legislatura mencionada no solo recibió el primer debate, sino   también el segundo en el Senado de la República.    

Además, el proyecto no fue   considerado en más de dos legislaturas, pues el procedimiento legislativo fue   retomado y culminado en la segunda que, conforme se ha anotado, transcurrió   entre el 20 de julio de 2014 y el 20 de junio de 2015, sin que, por lo tanto, se   hubiese desconocido lo previsto en el artículo 162 de la Constitución.    

2.3.4.2.8. En el caso de   la votación nominal y pública, erigida por el artículo 133 de la Carta, después   de la reforma operada por el Acto Legislativo No. 1 de 2009, como regla general   para la aprobación o negación total o parcial de los proyectos de ley, y de la   votación ordinaria como excepción, se tiene lo siguiente:    

-En el segundo debate,   adelantado en la Plenaria del Senado de la República, leída la proposición con   la que termina el informe de ponencia y habiendo sido sometida a votación, fue   aprobada, pero dejaron constancia de su voto negativo los senadores Carlos   Alberto Baena López, Manuel Antonio Virgüez Piraquive y Jorge Eduardo Londoño   Ulloa, debiéndose destacar que en las posteriores votaciones que recayeron sobre   la solicitud de que se omitiera la lectura del articulado, sobre el articulado   mismo, sobre la lectura y la pregunta acerca de si los senadores querían que   prosiguiera el trámite en la Cámara de Representantes, el resultado fue   afirmativo, sin que se hubiese dejado constancia de votos negativos[71].    

Se destaca, entonces, la   aprobación con votación ordinaria, lo cual, a primera vista, se revela contrario   al mandato que hace de la votación nominal y pública la regla general, pues en   cuanto se hizo evidente la constancia de tres votos negativos y la consiguiente   ausencia de unanimidad ha debido procederse a efectuar la votación nominal. Así   lo estimo la Corte en la Sentencia C-134 de 2014 a propósito de un caso que   guarda alguna similitud con el que ahora se examina, y al apuntar que “la   advertencia de los tres Senadores desvirtuaba la existencia de unanimidad en la   votación, y por lo tanto, constituía un llamado para que se repitiera y se   realizara de manera nominal y pública, como lo ordenan el Reglamento del   Congreso y la Constitución Política”, lo que tenía que hacerse, entre otras   cosas, para evitar que las minorías políticas instrumentalicen la regla,   “permitiendo que se realice la votación  sin anunciar el sentido de su   voto, de manera que solo se constate la existencia de votos negativos al momento   de anunciar el resultado, para posteriormente alegar la existencia de un vicio   por desconocimiento de la regla de votación nominal y pública, y desconocer de   esa forma la voluntad mayoritaria”.    

En aquella oportunidad, la   Corte explicó que la votación nominal y pública “constituye una garantía de   publicidad y transparencia del trámite”, de modo que las excepciones previstas   por el legislador “deben leerse de manera taxativa e interpretarse   restringidamente” y declaró la inexequibilidad de la ley aprobatoria, por   haberse configurado un vicio de trámite insubsanable, pues, conforme lo estimó   la Corporación en la Sentencia C-576 de 2006, “todo vicio que   se presente en la formación de una ley aprobatoria del tratado, considerando que   su trámite se inicia en el Senado de la República, si ocurre antes de que se   haya formado la voluntad política de esa cámara, deberá considerarse   insubsanable y tendrá como consecuencia la declaratoria de inexequibilidad del   tratado”[72].    

Sin embargo,   ha de tenerse en cuenta que media una importante diferencia entre el caso que   resolvió la Corte en la Sentencia C-134 de 2014 y el que, posteriormente, abordó   mediante la Sentencia C-337 de 2015. En efecto, en esta última ocasión la Corte   precisó que el precedente vertido en la Sentencia C-134 de 2014, fue sentado   tras “verificar que tres senadores manifestaron su   voto negativo frente al informe de ponencia y mantuvieron su posición disidente   luego de llevarse a cabo la votación estructural de la iniciativa legislativa,   es decir, cuando ya la Plenaria había adoptado el articulado propuesto, el   título del proyecto de ley y manifestado la voluntad de que surtiera el trámite   siguiente en la Cámara de Representantes”, mientras que, tratándose de la   Sentencia C-337 de 2015, el caso es diferente, ya que “si bien es cierto que la unanimidad durante la votación del informe   de ponencia fue desvirtuada y ello obligaba a que la aprobación se surtiera   mediante votación pública y nominal, no lo es menos que en la fase   estructural de la votación del proyecto de ley en segundo debate, cuando se   conforma la voluntad legislativa respecto a la aprobación de la iniciativa, se   evidencia la existencia de unanimidad por cuanto: (i) se aprobó la   omisión de lectura del articulado, el contenido en bloque del mismo y el título   del proyecto de ley, sin manifestaciones de oposición; (ii) los senadores   presentes votaron favorablemente que el proyecto de ley 086 de 2013 Senado   pasara a la Cámara de Representantes para cumplir el restante trámite   legislativo, y, (iii) no se formularon solicitudes de votar el proyecto   de ley en forma nominal y pública”, lo que significa “que aquellos senadores que   inicialmente se opusieron, se adhirieron al voto positivo de forma posterior,   sin dejar constancias sobre votación negativa y sin solicitar que la aprobación   de los demás puntos neurálgicos del debate fuesen sometidos a votación   nominal y pública”.    

La Corte   basó la consideración relativa a la fase estructural de la votación de un   proyecto de ley en la Sentencia C-044 de 2015, en la cual fueron distinguidas   varias etapas que conforman el debate de un proyecto de ley, por cuanto, llevada   a cabo la apertura por parte del Presidente, siguen tres momentos sucesivos que   corresponden (i) a la presentación y aprobación del informe de ponencia, (ii) a   la deliberación sobre el articulado y (iii) a la votación del articulado, del   título y de la pregunta acerca de la voluntad de que el proyecto siga su trámite   o se convierta en ley, siendo las dos últimas etapas las que constituyen el   debate estructural, porque en ellas tiene ocurrencia la discusión del contenido   del proyecto de ley.    

Así pues, en   la Sentencia C-337 de 2015, la Corporación concluyó que estaba demostrada la   unanimidad y lo mismo cabe predicar ahora, pues como lo informó el secretario   general del Senado, dejaron “constancia 3 senadores de su voto negativo a   la proposición positiva con que termina el informe de ponencia”, siendo claro   que no hubo manifestaciones de oposición en relación con la solicitud de omisión   de la lectura del articulado, con la aprobación en bloque de   los  artículos y del título y con la pregunta relativa a la prosecución del   trámite en la Cámara de Representantes, a lo que se debe añadir que tampoco   fueron formuladas solicitudes de votación nominal y pública, todo lo cual es   demostrativo de la posterior adhesión de los senadores al voto positivo.    

Aunque hay   indicadores fiables de la unanimidad, es indispensable advertir que en la   Sentencia citada la Corte recogió la evolución jurisprudencial sobre la materia   y, con base en ella, puntualizó que “la validez de la votación   ordinaria por unanimidad como excepción a la regla general de votación   nominal y pública, es predicable siempre que de la misma se puedan inferir los   indicadores señalados, y que del acta de sesión y certificación respectiva se   obtenga información clara y fidedigna dando cuenta del número de congresistas   que participaron en la votación (registro de votación) y del total de votos que   fueron emitidos como expresión de la voluntad para aprobar un determinado   proyecto de ley”[73].    

De conformidad con lo anterior,   es necesario verificar la existencia del quórum decisorio, la aprobación por la   mayoría requerida y la coincidencia entre el número de votos emitidos y el   número de parlamentarios presentes al momento de la votación, y esto, “ante las   constantes variaciones de asistencia con tendencia a la baja” que suelen   evidenciarse en las sesiones, pues “como acertadamente lo explicó la Corte en el   Auto 118 de 2013, siempre que se acuda a la unanimidad como forma de   votación ordinaria para aprobar una iniciativa legislativa, es imperativo que se   pueda acreditar, de manera clara y suficiente, que tal votación fue unánime y no   simplemente aprobatoria, ello con el fin de constatar si el proyecto de ley ha   contado o no con el quórum decisorio requerido y con las mayorías   constitucionales exigidas para ser ley de la República”[74].    

Conforme lo establece el   artículo 157 superior, para que se conviertan en ley, los proyectos deben haber   sido aprobados, en primer debate, por la comisión permanente de cada cámara y,   en segundo debate, por la correspondiente plenaria y esa aprobación está   precedida por unos requisitos a los que se refiere el artículo 145 de la Carta,   al indicar que las cámaras y las comisiones no podrán abrir sus sesiones ni   deliberar con menos de la cuarta parte de sus miembros, proporción que conforma   el quórum deliberatorio, distinto del decisorio, indispensable para la adopción   de decisiones y que se integra por la mayoría de los miembros de cada   corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente.    

El quórum decisorio, entonces,   “corresponde a la mitad más uno de los integrantes   habilitados de cada corporación o comisión, quienes deben estar presentes   durante todo el proceso de votación para manifestar su voluntad y resolver   válidamente sobre cualquier asunto sometido a su estudio. Significa lo anterior   que, únicamente se puede entrar a adoptar decisiones cuando se ha establecido y   certificado con claridad el quórum decisorio, independientemente de la   modalidad de votación que se emplee”[75].     

Con   fundamento en este quórum se puede establecer la mayoría requerida para la   aprobación y según el artículo 146 de la Carta, “En el Congreso en pleno, en las   Cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la   mayoría de votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente   una mayoría especial”, salvedad que no cobija a las leyes aprobatorias de   tratados públicos, pues para su aprobación las Cámaras y las comisiones deben   atenerse a la mayoría simple que es la regla general.    

Así las   cosas, después de hacer un recuento del desarrollo jurisprudencial referente a   este aspecto, en la Sentencia C-337 de 2015, la Corporación concluyó lo   siguiente:    

“…en los casos en que un proyecto de ley sea aprobado   haciendo uso de la votación ordinaria por unanimidad como excepción al   mandato constitucional de votación nominal y pública, resulta   indispensable que tanto las actas de sesión, como las certificaciones que emitan   los secretarios de las comisiones y plenarias, señalen con claridad, certeza y   precisión el número de congresistas presentes en el recinto al momento de   realizarse la votación ordinaria y el número de votos emitidos para tener por   aprobada la iniciativa legislativa, toda vez que ante la variación del quórum   en el transcurso de una sesión como práctica parlamentaria, esos datos permiten   inferir razonablemente el cumplimiento de las exigencias de  quórum decisorio y de mayorías que la Carta Política impone para   que un proyecto se convierta en ley de la República. Si de las actas y   certificaciones respectivas no fluye evidente esa información, corresponde a la   Sala evaluar el desarrollo del debate con miras a establecer si, a partir de los   registros de las votaciones nominales anterior y posterior a la iniciativa   legislativa objeto de control, es viable acreditar los requisitos que consagran   los artículos 145 y 146 de la Constitución, así como el artículo 123-4 de la Ley   5ª de 1992”.    

La verificación exigida   requiere, en primer lugar, el análisis de las certificaciones y del acta de la   respectiva sesión y a ello procede de inmediato la Corte para determinar si, en   el caso que ocupa su atención, con la sola evaluación de estos elementos   probatorios es posible determinar la unanimidad y conocer el resultado concreto   de la votación. Acerca de esta cuestión, ya se ha apuntado que el secretario   general del Senado de la República certificó que, de acuerdo con el registro de   asistencia a la sesión plenaria de esa cámara, asistieron 92 senadores y que ese   número coincide con el de las mayorías, con la salvedad de la constancia del   voto negativo de tres senadores a la proposición positiva con la que termina el   informe de ponencia, según se encuentra en las páginas 1, 2 y 57 de la Gaceta   del Congreso número 80 de 2014.    

En la Gaceta del Congreso No.   80 de 2014 se recoge el Acta número 40, correspondiente a la sesión plenaria del   Senado, realizada el 12 de diciembre de 2013, y en ella consta que al llamado a   lista contestaron 92 senadores, cuyos nombres aparecen transcritos, junto con   las excusas de los Congresistas Eduardo Enríquez Maya, Nora García Burgos,   Germán Darío Hoyos Giraldo, Carlos Fernando Motoa Solarte, Gloria Inés Ramírez   Ríos y José Darío Salazar Cruz[76].    

Más adelante, por Secretaría se   informó que se había “constituido quorum decisorio”[77] y en el   punto correspondiente a la lectura de ponencias y a la consideración de   proyectos en segundo debate se trató en, primer lugar, el proyecto de ley número   80 de 2013, de manera que, conforme se ha anotado, luego de aprobada la   proposición con que termina el informe de ponencia dejaron constancia de su voto   negativo a la proposición positiva los senadores Carlos Alberto Baena López,   Manuel Antonio Virgüez Piraquive y Jorge Eduardo Londoño Ulloa, después de lo   cual en el acta se consigna lo siguiente:    

“SE ABRE SEGUNDO DEBATE    

“A solicitud del honorable Senador Aurelio Iragorri   Hormaza, la Presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la   lectura del articulado del proyecto y, cerrada su discusión, esta le imparte su   aprobación.    

“La Presidencia somete a consideración de la plenaria el   articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el   articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.    

“Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de   ley número 80 Senado.    

“por medio del cual se aprueba el ‘acuerdo para el   establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico’,   suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013.    

“Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de   la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la   Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.    

“Cumplidos los trámites constitucionales, legales y   reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el   proyecto de Ley aprobado surta su trámite en la honorable Cámara de   Representantes? Y estos responden afirmativamente.    

“La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el   siguiente proyecto”[78].    

Conforme consta en el Acta   número 39, correspondiente a la sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2013, la   plenaria del Senado de la República fue convocada para el día siguiente, “jueves   12 de diciembre de 2013 a las 11:00 a. m.”[79] y, según   lo consignado en el Acta No. 40 que da cuenta de la sesión celebrada en esa   fecha, “Siendo las 3:56 p. m., la Presidencia levanta la sesión”[80].    

Lo primero que se hizo fue   llamar a lista, habiendo contestado 92 senadores cuyos nombres se transcriben al   igual que los de los congresistas que dejaron de asistir con excusa[81],   luego de lo cual el acta informa que se dio lectura al orden del día que, fuera   del llamado a lista, contemplaba la corrección de vicios subsanables en actos   del Congreso, remitidos por la Corte Constitucional, la votación de proyectos de   ley y de acto legislativo, la lectura de ponencias y consideración de proyectos   en segundo debate, lo que propongan los honorables senadores y negocios   sustanciados por la presidencia[82].    

En el punto atinente a la   lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate, aparece, en   primer término, el proyecto de ley número 80 de 2013, Senado, por medio del cual   se aprueba el Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la   Alianza del Pacífico”[83],   de donde se desprende que su aprobación estuvo precedida por el desarrollo de al   menos dos puntos del orden del día.    

Al examinar el desarrollo de la   sesión, se advierte que después de la lectura del orden del día intervinieron   los senadores Arturo Yepes Alzate para tratar “el tema de las asperezas entre   las principales instituciones del Estado”, José Iván Clavijo Contreras “sobre el   respeto a las prestaciones, garantías y emolumentos que derivan las fuerzas   públicas colombianas”, Manuel Guillermo Mora Jaramillo para, entre otras cosas,   invitar a una novena destinada a la recolección de regalos para los niños y   niñas de Gramalote y esto “mientras se constituye el quórum”, Carlos Alberto   Baena López respecto de la sustitución de licencias de conducción y Juan Carlos   Vélez Uribe, acerca de la cancelación de una fiesta convocada por la dirección   del Senado[84].    

Después de estas   intervenciones, “por Secretaría se informa que se ha constituido quorum   decisorio[85]  y “por instrucciones de la presidencia” se anunciaron 25 proyectos “para   discutir y votar en la sesión plenaria del Senado de la República, siguiente al   día 12 de diciembre de 2013”[86].   Con posterioridad intervinieron los senadores Juan Francisco Lozano Ramírez,   Manuel Virgüez Piraquive y Luis Fernando Velasco Chávez en relación con un   proyecto sobre habilitación a la fuerza pública para enfrentar a los grupos   armados[87].    

Acto seguido se pasó a la   corrección de vicios subsanables en actos del Congreso, remitidos por la Corte   Constitucional, para lo cual por Secretaría se dio lectura al informe sobre   corrección de vicios del proyecto de Ley No. 180 de 2011 Senado, 248 de 2011   Cámara, y consta que la Presidencia sometió a consideración de la plenaria el   informe leído y “cerrada su discusión esta le imparte su aprobación[88],   habiéndose pasado luego a la votación de proyectos de ley o de Acto Legislativo[89].    

En este punto del orden del   día, fue considerado el proyecto de ley número 278 de 2013 Senado, 096 de 2012,   Cámara, sobre energías renovables no convencionales. Leído el impedimento   presentado por el senador Juan Manuel Galán Pachón, se dio paso a la lectura del   informe de mediación acordado por sendas comisiones de las dos cámaras que,   sometido a votación, fue aprobado por la plenaria[90].    

Así mismo, fue leído el informe   de conciliación al proyecto de ley número 283 de 2013 Senado, 263 de 2013   Cámara, sobre Código de Extinción de Dominio, que fue aprobado por la plenaria[91]  y solo después se desarrolló el punto concerniente a la lectura de ponencias y   consideración de proyectos en segundo debate, siendo el primero el proyecto de   ley referente al Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la   Alianza para el Pacífico, que fue aprobado de la forma arriba transcrita[92].    

El recuento de lo que antecedió   a esa aprobación permite constatar que aun cuando inicialmente contestaron a   lista 92 senadores, el quórum para decidir no se dio por conformado con el   llamado a lista, porque en su intervención previa el senador Manuel Guillermo   Mora Jaramillo manifestó que intervenía “mientras se constituye el quórum”[93],   habiéndose informado por Secretaría y  después de las intervenciones de los   senadores Carlos Alberto Baena López y Luis Fernando Velasco Chávez que se había   constituido “quorum decisorio”, sin que conste en el acta el número de senadores   presentes para entonces[94].    

A partir de esa escueta   manifestación, la sesión continuó con el anuncio de proyectos, las   intervenciones de tres senadores, la lectura y aprobación de informes relativos   a corrección de vicios subsanables, así como la lectura y aprobación de informes   de conciliación, pero la Corte observa que, pese a que se efectuaron varias   votaciones en relación con la corrección de vicios o con los informes de   conciliación, no hubo votaciones nominales y en ningún caso consta el número de   senadores presentes ni el número de votos obtenido por cada informe.    

Así las cosas, es evidente que   en los desarrollos anteriores de la sesión no hay referentes que permitan   sostener que en el preciso momento en que fue votado el proyecto de ley   aprobatoria del Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la   Alianza del Pacífico se encontraran en el recinto los senadores indispensables   para conformar el quórum decisorio e integrar las mayorías requeridas,   teniéndose, entonces, que indagar en los desarrollos posteriores a la mencionada   aprobación.    

De conformidad con el acta   respectiva, posteriormente fueron considerados seis proyectos, así: el primero,   se aplazó para la sesión siguiente[95],   el segundo, dio lugar a un amplio debate y fue aprobado[96], el   tercero, fue aprobado[97],   el cuarto, fue aplazado[98],   el quinto, fue aprobado[99]  y el sexto, fue aplazado[100].   Después se anunciaron los proyectos para la sesión siguiente e intervinieron   varios senadores y “siendo las 3:28 p. m. la Presidencia pregunta a la plenaria   si aprueba la sesión informal para condecorar a la señora Aida Yolanda Avella y,   cerrada la discusión, esta la aprueba”[101].    

Ninguno de los tres proyectos   aprobados lo fue con votación nominal y esto pese a que dejó constancia “de su   voto negativo al proyecto de ley número 64 de 2012 Senado, el honorable Senador   Juan Carlos Vélez Uribe”[102].   Solamente al final de la sesión formal y respecto del último de los proyectos se   contempló la posibilidad de efectuar una votación nominal[103], pero   el proyecto fue aplazado para la siguiente sesión.    

De lo anterior resulta que a   falta de votaciones nominales no hay manera de inferir si en el momento en que   fue votado y aprobado mediante votación ordinaria el proyecto de ley aprobatoria   del Acuerdo de Cooperación de la Alianza del Pacífico estaban presentes los   congresistas en el número necesario para constituir el quorum decisorio e   integrar la mayoría exigida, a causa de todo lo cual se impone la   inconstitucionalidad de la ley examinada, habida cuenta de que tampoco la   certificación enviada por el secretario General del Senado de la República da   cuenta de la información requerida, pues se remite al acta de la sesión que ha   sido examinada, con las consecuencias anotadas.    

La inconstitucionalidad que   surge como consecuencia, tiene amplio respaldo en la jurisprudencia   constitucional, pues si bien es cierto que la Corte ha postulado varios   indicadores de la unanimidad, tales como la constancia expresa e inequívoca de   la votación unánime dejada al declarar el resultado de la votación, las   manifestaciones indicativas de unanimidad en los debates o la ausencia de   solicitudes de votación nominal y pública[104], también lo es que   “cuando se excepciona la votación nominal y pública sobre la base de la   unanimidad, pero ésta no es debidamente registrada por la corporación   legislativa, se configura un vicio de inconstitucionalidad”, presentándose lo   anterior “cuando (i) se constata que hubo decisión aprobatoria pero no es   posible determinar si esta fue o no unánime a través de los medios idóneos, o   (ii) cuando no se conoce el resultado concreto de la votación”[105].    

La Corporación ha estimado que   al ejercer el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de   tratados públicos, a falta de evidencia razonable, no está facultada para “dar   por sentada la existencia de la unanimidad”, ni para asumir una “suerte de   presunción de unanimidad”, porque de ser así, quedaría “sin efectos el mandato   constitucional de votación nominal, el cual opera como regla general”[106], de   manera que “aún en los supuestos en los que existe una evidencia razonable de   unanimidad, siempre, en todos los casos, resulta indispensable que de las   actas de sesión y certificaciones se pueda establecer de manera inequívoca el   número de votos con el que fue aprobado un proyecto de ley, por cuanto esa   información es trascendental para acreditar el cumplimiento a los requisitos   constitucionales de quórum decisorio y mayorías, es decir, en esos   medios de prueba se debe precisar el número de parlamentarios que estaban   presentes al momento de abrir el registro de votación y el resultado de la   votación con el cual fue aprobado el proyecto de ley”, lo que, además, “permite   validar el acatamiento de la regla que establece el artículo 123, numeral 4º de   la Ley 5ª de 1992, en el sentido de constatar que el número de votos emitidos   sea igual al número de congresistas habilitados que estaban presentes en la   respectiva Comisión o Plenaria al momento preciso de efectuar la votación de la   iniciativa legislativa”[107].    

Adicionalmente, la Corte   constata que, de acuerdo con su precedente, el vicio causante de la   inconstitucionalidad es insubsanable, por cuanto al momento en que se configuró   no se había formado válidamente la voluntad política de una de las Cámaras y, en   tales condiciones, la subsanación comportaría la repetición integral del   trámite, lo que dista radicalmente del concepto de corrección que no comprende   el rehacer una etapa estructural del procedimiento[108].    

A fin de trazar el lindero   entre los vicios subsanables y los que no lo son, la Corporación ha postulado   unos parámetros de evaluación que llevan a la consideración del cumplimiento de   las etapas básicas y estructurales del proceso legislativo, previstas en el   artículo 157 superior, del contexto dentro del que se presentó el vicio, de la   garantía de los derechos de la minoría durante los debates y del principio   democrático en las votaciones, así como del “tipo de ley de que se trata y su   evolución a lo largo del debate parlamentario”[109].    

Este último parámetro tiene   gran importancia en el caso que ahora se examina, pues tratándose del   procedimiento ordinario, el trámite de los proyectos de ley para la aprobación   de tratados o convenios internacionales inicia en el Senado de la República y es   necesario que “el Senado se haya pronunciado de tal forma que la Cámara donde   por mandato constitucional ha de iniciarse el trámite de los proyectos de leyes   aprobatorias de un tratado ha expresado de manera completa su voluntad”[110],   lo cual significa que si el vicio tiene ocurrencia antes de que el Senado haya   formado su voluntad política, se impone la inexequibilidad, dado el carácter   insubsanable del defecto procedimental[111].    

La voluntad de una cámara   legislativa se entiende formada siempre que en su plenaria se haya cumplido el   segundo debate y, por lo tanto, el vicio que llegara a presentarse después de   surtida esta etapa es subsanable, no siéndolo, por consiguiente, el que haya   tenido lugar antes de la culminación de ese segundo debate. La aplicación de la   enunciada regla jurisprudencial en esta oportunidad arroja como resultados que   el vicio es insubsanable y que debe ser declarada la inexequibilidad, ya que la   imposibilidad de verificar el quórum decisorio y el acatamiento de la regla de   mayoría afecta, precisamente, a ese segundo debate e impide dar por conformada   la voluntad legislativa del Senado de la República, como Cámara en la que, por   mandato constitucional, inició su trámite la ley aprobatoria del Acuerdo para el   establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico.    

De conformidad con el   precedente obligatorio, que para este caso se encuentra en la Sentencia C-337 de   2015, la Corte recapitula la argumentación que la ha llevado a concluir en la   inexequibilidad de la ley revisada, así: (i) la constancia de votos negativos en   la aprobación de la proposición favorable con que terminaba el informe de   ponencia comprueba la falta de unanimidad y, por consiguiente, imponía la   aprobación mediante votación nominal y pública, regla general cuyo desacato   constituye una irregularidad en el procedimiento legislativo, (ii) no obstante,   en la fase estructural de la votación del proyecto, los congresistas que antes   habían manifestado su oposición votaron en forma positiva el contenido del   articulado, el título del proyecto y la pregunta acerca de si deseaban que el   trámite continuara en la Cámara de Representantes, sin que hubiesen solicitado   votación nominal y pública, de donde se deduce la unanimidad en la aprobación de   estos aspectos y la consecuente aplicación excepcional de la votación ordinaria,   (iii) conforme lo enfatizó la Corte en la sentencia citada, cuando un proyecto   de ley “sea aprobado haciendo uso de la votación ordinaria por unanimidad como   excepción al mandato constitucional de votación nominal y pública, resulta   indispensable que tanto las actas de sesión como las certificaciones que emitan   los secretarios de las comisiones y de las plenarias, señalen con claridad,   certeza y precisión el número de congresistas presentes en el recinto al momento   de realizarse la votación ordinaria y el número de votos emitidos para tener por   aprobada la iniciativa legislativa” y esto ante la previsible variación del   quórum en el transcurso de la correspondiente sesión.    

Así las cosas, (iv) si de las   actas y certificaciones no fluye con evidencia la existencia del quórum   decisorio y la aprobación mediante mayoría simple, la Sala debe examinar el   desarrollo del debate para examinar si las votaciones nominales anteriores y   posteriores a la aprobación del proyecto de que se trate permiten inferir la   conformación del quórum decisorio y la aprobación por la mayoría requerida. En   este orden de ideas[112],   (v) como en el caso que fue analizado en esta providencia, ni la certificación   de la Secretaría del Senado, ni el acta correspondiente dan cuenta con total   evidencia del cumplimiento de los requisitos mencionados, la Corporación (vi)   estudió el desarrollo del debate y tampoco de las votaciones anteriores y   posteriores al momento de la aprobación del proyecto de ley pudo inferir la   cabal satisfacción de los requerimientos de quórum y mayoría, habiéndose   impuesto, de acuerdo con la jurisprudencia, (vii) decretar la inexequibilidad   del proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo para el establecimiento del Fondo de   Cooperación de la Alianza del Pacífico.    

Nótese que la   inconstitucionalidad deriva de la práctica imposibilidad de constatar el quórum   decisorio y la mayoría y que ese intento de verificación tiene su causa en una   aceptación inicial de la votación ordinaria por unanimidad como excepción a la   regla general de votación nominal y pública, salvo que para aceptar   definitivamente esa votación ordinaria en lugar de la nominal, la jurisprudencia   ha exigido que haya posibilidad de constatar o de inferir razonablemente la   existencia del quórum decisorio y la aprobación por la mayoría indispensable en   el preciso momento en que es votado el proyecto, puesto que la tendencia de la   asistencia es a disminuir durante el transcurso de la respectiva sesión.    

Dado que la votación ordinaria   es aceptada previamente, de este recuento surge que, pese a encontrarse en el   origen de la situación, la falta de votación nominal y pública no es la que   constituye el vicio de inconstitucionalidad, sino que el defecto radica   concretamente en la imposibilidad de establecer la existencia del quórum   decisorio y de la mayoría requerida, establecimiento que condiciona la   definitiva aceptación de la votación ordinaria como excepción a la regla general   que, se repite, es la votación nominal y pública.    

3.  Conclusión    

El análisis del procedimiento   cumplido por el proyecto que luego se convirtió en la Ley  1749 de 2015,   “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo para el establecimiento del Fondo   de Cooperación de la Alianza del Pacífico’, suscrito en Cali, República de   Colombia, el 22 de mayo de 2013”, permite concluir que no fueron satisfechas a   cabalidad las distintas etapas del trámite, debido a que en el segundo debate   que tuvo lugar en la Plenaria del Senado de la República se configuró un vicio   surgido de la imposibilidad de establecer la existencia del quórum decisorio y   de las mayorías requeridas al momento en el que el proyecto fue aprobado, vicio   que, por haberse presentado antes de que se conformara válidamente la voluntad   legislativa de esa cámara es insubsanable y conduce a la declaración de   inexequibilidad de la referida ley, de forma tal que el Congreso de la   República, si a bien lo tiene, podrá iniciar de nuevo todo el procedimiento   aprobatorio del Acuerdo con miras a su debida incorporación al ordenamiento   jurídico interno.    

VI. DECISION    

En mérito de lo expuesto, la   Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato   de la Constitución,    

RESUELVE:    

Declarar INEXEQUIBLE la   Ley 1749 de 2015, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo para el   establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico’, suscrito   en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013”.    

Cópiese, notifíquese,   comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.    

MARIA VICTORIA CALLE CORREA    

Presidenta    

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ    

Magistrado    

Con salvamento de voto    

ALEJANDRO LINARES CANTILLO    

Magistrado    

Con salvamento de voto    

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO    

Magistrado    

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO    

JORGE IVAN PALACIO PALACIO    

Magistrado    

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB    

Magistrado    

Con salvamento de voto    

ALBERTO ROJAS RIOS    

Magistrado    

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA    

Magistrado    

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO    

Secretaria General    

      

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO    

ALEJANDRO LINARES CANTILLO    

A LA SENTENCIA C-106/16    

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FONDO DE COOPERACION DE LA   ALIANZA DEL PACIFICO-Falta de elementos de juicio   para decisión de expulsar del ordenamiento la ley objeto de examen (Salvamento   de voto)    

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FONDO DE COOPERACION DE LA   ALIANZA DEL PACIFICO-Inexistencia de vicio en   trámite legislativo (Salvamento de voto)/ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL   FONDO DE COOPERACION DE LA ALIANZA DEL PACIFICO-Acreditación de quorum   decisorio y mayoría requerida para aprobación del proyecto de ley (Salvamento de   voto)    

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FONDO DE COOPERACION DE LA   ALIANZA DEL PACIFICO-Resolución de duda sobre   cumplimiento de requisitos del proceso legislativo a favor del legislador en   virtud del principio democrático (Salvamento de voto)    

ESTADO COLOMBIANO-Carácter democrático   (Salvamento de voto)/PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES-Declaración   de inexequibilidad si con pruebas aportadas se afirma incumplimiento de   condiciones para deliberar y decidir en el Congreso de la República (Salvamento   de voto)    

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FONDO DE COOPERACION DE LA   ALIANZA DEL PACIFICO-Irregularidad subsanable en   trámite legislativo al no coincidir número de votantes con votos emitidos (Salvamento de voto)    

Expediente   LAT-439. Revisión constitucional de la Ley 1749 de 2015 “Por medio de la cual se   aprueba el ‘Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la   Alianza del Pacífico’, suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de   2013”    

Con el respeto acostumbrado por las   decisiones de la mayoría, a continuación presento brevemente las razones por las   cuales he salvado el voto respecto de la sentencia C-106 de 2016 que dispuso   declarar inexequible la Ley 1749 de 2015 “Por medio de la cual   se aprueba el “Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la   Alianza del Pacífico’, suscrito en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de   2013”    

La decisión de inexequibilidad encuentra   fundamento, en opinión de la mayoría, en el hecho de que “en el segundo   debate que tuvo lugar en la Plenaria del Senado de la República, se configuró un   vicio surgido de la imposibilidad de establecer la existencia del quorum   decisorio y de las mayorías requeridas al momento en el que el proyecto fue   aprobado”. Este defecto, según la sentencia, resulta además   insubsanable, dado que tuvo lugar con anterioridad al momento en el que puede   considerarse conformada válidamente la voluntad legislativa.    

A mi juicio, la decisión adoptada resulta   equivocada por las razones que a continuación sintetizo.    

1.  No es correcta la   caracterización que del vicio presenta la sentencia. En efecto, la irregularidad   en el proceso legislativo no puede consistir en la inexistencia de prueba sobre   el cumplimiento de una etapa o condición de dicho trámite. Afirmar ello, no da   cuenta de la existencia de un vicio que pueda justificar la declaratoria de   inexequibilidad, sino de dificultades probatorias para demostrar un determinado   hecho. Aunque guardan relación, son conceptualmente diferentes el vicio y su   prueba.    

2.  Esa   caracterización evidencia que la decisión de expulsar del ordenamiento la ley   objeto de examen no contó con los elementos de juicio requeridos para el efecto.   Las expresiones utilizadas en la sentencia, insisto, dan cuenta de la   incertidumbre acerca del acaecimiento del vicio declarado.    

Siendo ello así,   esto es, no encontrándose debidamente probado el defecto en el trámite   legislativo, surge entonces la cuestión acerca de la decisión que procedía en   esta oportunidad. A diferencia de lo que indica la sentencia, considero que los   documentos aportados al proceso probaban, precisamente, que el vicio no había   tenido lugar. En efecto, la existencia de quorum decisorio así como de la   mayoría requerida para la aprobación del proyecto de ley en la Plenaria del   Senado de la República, son hechos que se encuentran acreditados (i) en la   constancia inicial acerca del número de Senadores asistentes a la sesión -tal y   como lo reconoce la sentencia al mencionar la Gaceta 80 de 2014-, (ii) en el   certificado del Secretario General del Senado que da cuenta del cumplimiento de   tales requisitos y que remite a la toma de lista inicial -así se reconoce en la   página 41 de la sentencia-[113], (iii) en la inexistencia de oposición   por parte de los senadores respecto de la existencia del quorum decisorio o de   las mayorías para aprobar el proyecto, (iv) en la ausencia de cualquier   requerimiento particular para que se tomara lista o se llevara a efecto la   votación nominal y (v) en la presunción de permanencia de los Congresistas   presentes al tomar lista y que puede desprenderse del artículo 123.4 de la Ley 5   de 1992 conforme a la cual “[e]l número de votos,   en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas presentes en la   respectiva corporación al momento de votar, con derecho a votar. (…)”    

3.   En todo caso, si   se admitiera en gracia de discusión que las anteriores pruebas no son   suficientes para dar por cumplidos los requisitos del proceso legislativo que la   sentencia echa de menos, resultaba procedente -en virtud del principio   democrático- resolver la duda a favor del legislador. Ha señalado este Tribunal   que “en caso de duda razonable acerca de la ocurrencia de un vicio de   procedimiento, aquélla debe ser resuelta a favor de la decisión mayoritaria   adoptada por un cuerpo deliberante, como lo es el Congreso de la República. Se   trata, en pocas palabras, de una manifestación del principio democrático.”[114]    

La perspectiva propuesta responde de mejor   manera al carácter democrático del Estado colombiano y, adicionalmente, no   impide en futuros casos declarar la inexequibilidad de las leyes que, con   fundamento en otras pruebas aportadas al proceso de constitucionalidad, hagan   posible afirmar -más allá de cualquier duda razonable- el incumplimiento de las   condiciones para deliberar y decidir en el Congreso de la República.    

4.   No obstante lo   anterior, encuentro que durante el trámite adelantado en la Plenaria de la   Cámara de Representantes -cuarto debate- sí se presentó una irregularidad que   vulneró el numeral 4o del artículo 123 de la Ley 5a de   1992. Dicha disposición señala:    

“Reglas. En las   votaciones cada Congresista debe tener en cuenta que: (…) 4. El número de   votos, en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas presentes en   la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a votar. Si el   resultado no coincide, la elección se anula por el Presidente y se ordena su   repetición.”    

Tal y como se   desprende de las consideraciones contenidas en la página 33 de la sentencia, el   Secretario de la Cámara certificó la asistencia de 159 Representantes, pese a lo   cual la votación no fue superior a 91, de manera tal que el número de   Representantes presentes al momento de votar (159) no coincide con el de los   votos emitidos (91). Tal diferencia desconoce directamente el referido mandato   del Reglamento del Congreso y constituye, en consecuencia, una irregularidad   relevante. Sin embargo dado que ocurrió en el último debate, resultaba   subsanable de conformidad con lo establecido por el parágrafo del artículo 241   de la Constitución[115]. Así ha debido proceder este Tribunal.    

Dejo así expuestas las razones de mi   desacuerdo con la sentencia C-106 de 2016.    

ALEJANDRO LINARES   CANTILLO    

Magistrado    

[1]  Sentencia C-400 de 1998.    

[2] Artículo 9o.   En relación con este tema, nuestra Corte Constitucional, ha manifestado que   resulta primordial señalar, para efectos del asunto bajo examen, lo dispuesto en   el artículo 9o Superior,   según el cual las relaciones exteriores del Estado se basan “en el   reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por   Colombia”. Esta máxima fundamental -consagrada así por el Constituyente-   significa ni más ni menos que nuestro país se acoge en un todo a los principios   del Derecho Internacional que han sido aceptados, no solo dentro de los   parámetros de los tratados públicos ya sean estos bilaterales o multilaterales,   o de los acuerdos suscritos dentro del marco de los organismos internacionales a   los cuales el Estado ha adherido -en particular, la Organización de las Naciones   Unidas (ONU), sino también a aquellos que se derivan de los usos y costumbres   internacionalmente consagrados. Expediente D-798 Demanda de inconstitucionalidad   contra el artículo 538 (parcial) del Decreto 2700 de 1991. Magistrado Ponente:   Doctor VLADIMIRO NARANJO MESA, veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y   cinco (1995)    

[3] Artículo 226.   Sobre el particular ha manifestado la Corte Constitucional en Sentencia C-294 de   2004, con ponencia del doctor Jaime Araújo Rentería que, dadas las necesidades,   exigencias y oportunidades que plantea el concierto de las naciones, le   corresponde al Estado asumir una posición activa frente a la   internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y   ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Esto   es, en el entendido de que Colombia como nación es un sujeto de derecho en el   conjunto ecuménico de países, que tiene ciertas necesidades que solo puede   resolver con el concurso de otros Estados o entidades de derecho internacional,   le corresponde promover de manera individual o colectiva las mencionadas   relaciones internacionales, sin perder de vista que en los tratados o convenios   que celebre deben quedar debidamente protegidos sus derechos en cuanto nación,   al igual que los de sus habitantes. A lo cual han de concurrir cláusulas   contractuales presididas por un sentido de justicia vinculado a la construcción   de un progresivo equilibrio internacional, a una relación costo-beneficio que le   depare balances favorables a los intereses nacionales y a la creciente   cualificación de la presencia nacional dentro de las diversas esferas de acción   que comprende el acontecer internacional (artículo 226 C. P.).    

[4]   Artículo 227    

[5] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-468 de 1997 y C-721 de 2007.    

[6]  Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-750 de 2008.    

[7] Cfr. Gaceta   del Congreso No. 686 del viernes 6 de septiembre de 2013, pág. 3.    

[8] Págs. 1 a 8.    

[9] Páginas 7 y 8.    

[10] Gaceta del Congreso No. 895 del miércoles 6 de   noviembre de 2013, págs. 16 y ss.    

[11] Pág. 20.    

[12]  Pág. 17.    

[13]  Pág. 29.    

[14]  Pág. 27.    

[15]  Págs. 30 y ss.    

[16]  Pág. 31.    

[17]  Pág. 37.    

[18]  Págs. 37 y 38.    

[19]  Pág. 38.    

[20]  Ibídem.    

[21]  Ibídem.    

[22]  Ibídem.    

[23]  Pág. 39.    

[24]  Pág. 7.    

[25]  Págs. 1 y ss.    

[26]  Pág. 7.    

[27]  Pág. 11.    

[28]  Pág. 12.    

[29]  Pág. 54.    

[30]  Págs. 54 y 55.    

[31]  Pág. 55.    

[32]  Pág. 10.    

[33]  Pág. 93.    

[34]  Págs.94 a 96.    

[35]  Págs. 96 a 100.    

[37]  Pág. 8.    

[38]  Pág. 9.    

[39]  Pág. 57.    

[40]  Ibídem.    

[41]  Ibídem.    

[42]  Pág. 9.    

[43] Cfr.   Gaceta del Congreso No. 151 del miércoles 23 de abril de 2014, pág. 1.    

[44]  Pág. 4.    

[45]  Pág. 8.    

[46]  Pág. 31.    

[47]  Págs. 2 y 3.    

[48]  Págs. 3 a 17.    

[49]  Pág. 16.    

[50]  Págs. 16 y 17.    

[51]  Págs. 15 y 16.    

[52]  Págs. 7 y ss.    

[53]  Pág. 14.    

[54]  Pág. 146.    

[55]  Pág. 147.    

[56]  Págs.45 y 46.    

[57]  Págs. 46 y 47.    

[58]  Págs. 47 y 48.    

[59]  Págs. 49 y 50.    

[60]  Págs. 50 y 51.    

[61]  Pág. 4.    

[62]  Págs. 1 y ss.    

[63] Gaceta   del Congreso No. 1004 de 5 de diciembre de 2013, pág. 27.    

[64]  Gaceta del Congreso No. 1006 de 5 de diciembre de 2013, págs.   38 y 39.    

[65]  Gaceta del Congreso No. 79 de 6 de marzo de 2014, pág. 9.    

[66]  Gaceta del Congreso No. 80 de 6 de marzo de 2014, pág. 57.    

[67]  Gaceta del Congreso No. 685 de 7 de noviembre de 2014, pág. 31.    

[68]  Gaceta del Congreso No. 686 de 7 de noviembre de 2014, págs. 3   a 17.    

[69]  Gaceta del Congreso No. 323 de 22 de mayo de 2015, pág. 147.    

[70]  Gaceta del Congreso No. 152 de 27 de marzo de 2015., págs. 45 a   51.    

[71] Gaceta   del Congreso No. 80 de 6 de marzo de 2014, pág. 57.    

[72]  Sentencia C-134 de 2014.    

[73]  Sentencia C-337 de 2015.    

[74]  Ibídem.    

[75]  Ibídem.    

[76]  Gaceta del Congreso No. 80 de 6 de marzo de 2014. Págs. 1 a 5.    

[77]  Ibídem, pág. 12.    

[79]  Gaceta del Congreso No. 79 de 6 de marzo de 2014. Pág. 104.    

[80]  Gaceta del Congreso No. 80 de 6 de marzo de 2014. Pág. 80.    

[81]  Ibídem, págs. 1 a 5.    

[82]  Ibídem, págs. 5 a 9.    

[83]  Ibídem, pág. 6.    

[84]  Ibídem, págs. 9 a 12.    

[85]  Ibídem, pág. 12.    

[86]  Ibídem, págs. 12 y 13.    

[87]  Ibídem, págs. 13 a 15.    

[88]  Ibídem, pág. 15.    

[89]  Ibídem, pág. 17.    

[90]  Ibídem, págs. 18 y ss.    

[91]  Ibídem, págs. 29 y ss.    

[92]  Ibídem, pág. 57.    

[93]  Ibídem, pág. 10.    

[94]  Ibídem, pág. 12.    

[95]  Ibídem, pág. 57. Proyecto de ley número 258 de 2013, Senado, 100 de 2012,   Cámara.    

[96]  Ibídem, págs. 57 a 62. Proyecto de ley número 238 de 2013, Senado.    

[97]  Ibídem, págs. 62 y 63. Proyecto de ley número 10 de 2013, Senado.    

[98]  Ibídem, pág. 63. Proyecto de ley número 103 de 2012.    

[99]  Ibídem, págs. 63 a 67. Proyecto de ley número 64 de 2012, Senado.    

[100]  Ibídem, págs. 67 a 75. Proyecto de leu número 82 de 2012, Senado.    

[101]  Ibídem, pág. 76.    

[102]  Ibídem, pág. 67.    

[103]  Ibídem, págs. 69 y ss.    

[104]  Sentencia C-576 de 2006.    

[105]  Sentencia C-337 de 2015 y Auto 118 de 2013.    

[106]  Sentencia C-337 de 2015 y Auto 175 de 2015.    

[107]  Sentencia C-337 de 2015.    

[108]  Sentencias C-737 de 2001 y C-576 de 2006.    

[109]  Sentencia C-576 de 2006.    

[110]  Ibídem.    

[111]  Sentencia C-337 de 2015.    

[113] La Corte ha reconocido en diferentes   oportunidades el valor probatorio de las certificaciones. En tal sentido se   encuentran, por ejemplo, las sentencias C-350/13 (M.P. Mauricio González Cuervo)   y C-360/13 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).    

[114] Sentencia C-786/12 (M.P. Luis Ernesto   Vargas Silva). En igual dirección y entre muchas otras la sentencia C-332/12   (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-225/14 (M.P. Luis Guillermo Guerrero   Pérez).    

[115] ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se   le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los   estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las   siguientes funciones: (…) PARAGRAFO. Cuando la Corte encuentre vicios de   procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará   devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el   defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la   exequibilidad del acto.”