C-492-16

           C-492-16             

Sentencia C-492/16    

IMPOSICION DE MULTA POR NO PRESENTACION DE   DEMANDA DE CASACION LABORAL DENTRO DEL TERMINO LEGAL, UNA VEZ ADMITIDO EL   RECURSO-Indeterminación de la   medida legislativa    

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Criterios para valorar la aptitud de la demanda y   determinar su procedencia y alcance del juicio de constitucionalidad    

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia    

JUEZ CONSTITUCIONAL-Puede   apartarse de criterio adoptado en otro fallo inhibitorio    

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION EN MATERIA LABORAL-Procedimiento    

DESISTIMIENTO DE DEMANDA DE CASACION EN MATERIA LABORAL-Contenido y alcance    

DESISTIMIENTO-Características    

DESISTIMIENTO TACITO-Concepto    

DESISTIMIENTO EXPRESO-Concepto    

DESISTIMIENTO EXPRESO-Procedencia   en recurso de casación, según Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia    

MULTA POR FALTA DE PRESENTACION EN TIEMPO DE DEMANDA DE CASACION   LABORAL-Consecuencia jurídica    

SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Especificidades de la congestión judicial/CORTE   SUPREMA DE JUSTICIA-Estadísticas de procesos por Sala 2008-2015    

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Estadística de procesos admitidos 2007-2015    

PROGRAMAS DE DESCONGESTION A CARGO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA   JUDICATURA-Contenido    

CUANTIA PARA ACCEDER AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION LABORAL-Jurisprudencia constitucional    

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Favorece la interposición de recursos en materia   laboral    

SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Competencias jurisdiccionales    

DESISTIMIENTO TACITO-Restricción   del alcance en norma acusada    

Referencia: Expediente D-11147    

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 49 (parcial) de la Ley 1395   de 2010,  “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”    

Actor: Diana del Pilar Sánchez López    

Magistrado Sustanciador:    

                                                       LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ    

Bogotá D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)    

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus   atribuciones constitucionales, profiere la presente sentencia con fundamento en   los siguientes    

I.                   ANTECEDENTES    

1.     La demanda de inconstitucionalidad    

1.1.          Normas demandadas    

 “LEY 1395 DE 2010    

(julio 12)    

Diario Oficial No.   47.768 de 12 de julio de 2010    

CONGRESO DE LA REPÚBLICA    

Por la cual se   adoptan medidas en materia de descongestión judicial.    

ARTÍCULO 49. Modifíquese el artículo 93 del Código del Procedimiento del Trabajo y de l <sic>   Seguridad Social, el cual quedará así:    

Artículo 93. Admisión del recurso. Repartido el expediente en la Corte, la Sala, dentro   de los veinte días hábiles siguientes, decidirá si es o no admisible el recurso.   Si fuere admitido, dispondrá el traslado al recurrente o recurrentes para que   dentro de este término presenten las demandas de casación. En caso contrario se   procederá a la devolución del expediente al sentenciador de origen.    

Presentada en tiempo la demanda de casación, la Sala resolverá si se ajusta a   los requisitos antes señalados. Si así lo hallare ordenará el traslado de ella a   quienes no sean recurrentes, por quince días hábiles a cada uno, para que   formulen sus alegatos.    

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Si la demanda no reúne los requisitos, o no se presentare en tiempo, se declarará   desierto el recurso, y se impondrá al apoderado judicial una multa de 5 a 10   salarios mínimos mensuales.”    

1.2.          Cargos    

A   juicio de la accionante, la previsión normativa demandada transgrede el derecho   a la igualdad, el derecho al debido proceso y el derecho de acceso a la   administración de justicia, por las razones que se indican a continuación.    

1.2.1. De una parte, la demandante afirma que la disposición   atacada establece un trato diferenciado injustificado entre dos grupos de   personas: por un lado, los abogados que actúan ante la jurisdicción laboral, y   en particular ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es decir,   aquellos que litigan en asuntos laborales y relativos a la seguridad social, y   aquellos que actúan en otras jurisdicciones, como la civil y la penal. En   efecto, mientras en el primer caso la presentación extemporánea de la demanda de   casación o la falta de presentación de la misma después de haberse presentado el   recurso extraordinario de casación, es sancionada con una multa de 5 a 10   salarios mínimos mensuales, en el segundo el ordenamiento no prevé una sanción   semejante.    

Esta diferenciación carecería de toda   justificación desde la perspectiva constitucional, por la confluencia de las   siguiente razones: (i) primero, porque en todos los casos el recurso   extraordinario de casación tiene la misma naturaleza jurídica y cumple las   mismas funciones: la unificación de la jurisprudencia nacional y la realización   del derecho objetivo; (ii) segundo, porque aun cuando en el proceso de   aprobación legislativa se sostuvo que la medida tenía como objetivo la   desjudicialización de los conflictos, la simplificación de los procedimientos y   la racionalización en el uso del aparato judicial, en realidad la norma   sancionatoria carece de la idoneidad para materializar estos propósitos,   “pues por el contrario, obliga al abogado a presentar siempre la demanda aunque   él, según su leal saber y entender, estima que no existe un fundamento para   aducirlo como motivo de casación, por ser esta la única manera que tiene (frente   la multa establecida en el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 1395 de   2010), de evitar ser castigado con la sanción pecuniaria, dando ello lugar a que   se produzca una mayor congestión en la Sala de Casación Laboral”; (iii)   tercero, porque se establece un doble estándar para juzgar una misma conducta de   los abogados: una estricta y severa para aquellos que actúan ante la Sala de   Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y otra más laxa y razonable   para aquellos que actúan ante las demás instancias judiciales.    

A partir de los argumentos anteriores,  la   accionante concluye que la inconstitucionalidad de la diferenciación normativa   es evidente, y que “a cualquiera que estudie objetivamente este asunto se   impone la conclusión –por ser ésta la única conclusión racional- de haberse   efectivamente violado el derecho fundamental según el cual las personas ante la   ley deben ser consideradas iguales y (…) sin ninguna discriminación”.    

1.2.2.  Por otro lado, la demandante sostiene que la previsión   normativa desconoce el derecho al debido proceso previsto en el artículo 29 de   la Carta Política, por las siguientes razones: (i) primero, porque la norma   estableció una modalidad de responsabilidad objetiva, imponiendo un castigo a   los abogados por la sola circunstancia de no presentar la demanda de casación en   el plazo legal,  sin que haya lugar a valorar las circunstancias que rodean este   hecho; (ii) segundo, el precepto demandado no establece un procedimiento   especial que permita el abogado ejercer su defensa, y por el contrario, de la   literalidad de la ley se desprende que una vez verificada la presentación tardía   del escrito o la falta de presentación, y una vez declarado desierto el recurso   por esta razón, ipso iure se debe aplicar la sanción al apoderado   judicial; (iii) las razones por las que en la sentencia C-203 de 2011[1]  la Corte declaró la inexequibilidad del aparte normativo que imponía una multa   al abogado por presentar una demanda de casación sin el cumplimiento de los   requisitos legales, son las mismas por las que ahora debe declararse la   inexequibilidad de la medida legislativa; en efecto, en ninguno de los dos casos   la sanción atiende a un criterio de imputabilidad, tampoco se exige la   configuración de un daño al sistema de justicia en relación con su eficacia y   celeridad, y se prescinde totalmente de los elementos de culpabilidad, intención   dañina y perjuicio efectivo a los bienes jurídicos tutelados; (iv) los abogados   quedan sometidos a un doble régimen sancionatorio: el disciplinario, previsto en   la Ley 1123 de 2007, y el contemplado en la disposición impugnada, con lo cual   podrían ser juzgados dos veces por un mismo hecho.    

1.2.3. Finalmente, la actora sostiene que la previsión   normativa contraviene el derecho de acceso a la administración de justicia, dado   que, tal como se expuso en la sentencia C-203 de 2011, una medida semejante   tiene el efecto perverso de inhibir a los abogados de presentar demandas de   casación en procesos laborales y de seguridad social por el temor de ser   multados, máxime cuando en la norma se fija una responsabilidad objetiva en la   que no existe la opción de justificar la radicación tardía del escrito o su   falta de presentación. Con ello, la norma se convierte en una barrera de acceso   a la justicia para las personas en cuyo nombre se actúa en el proceso, incluso   sujetos de especial protección constitucional como los trabajadores, los niños   con discapacidad y las personas inválidas. Así las cosas, parafraseando la   sentencia referida, la actora sostiene que el trámite judicial  “se torna hostil, en términos de acceso a la defensa técnica necesaria para   su materialización”.    

1.2.4. Con fundamento en las consideraciones anteriores, la   actora concluye que el legislador “incurrió en una discriminación por   aplicación de un estándar diferente respecto de los apoderados judiciales que   ejercen la abogacía ante la Sala de Casación Laboral; estableció un régimen de   responsabilidad objetiva (…) contrariando el principio de culpabilidad (…) e   hizo que se tornara hostil el recurso de casación cuyo conocimiento está   atribuido a dicha sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, lo que,   por contera, generó como efecto implícito la denegación de justicia para los   trabajadores, personas a las que el Estado debe brindar una especial protección   (…) y asimismo desprotegió a personas que por su condición económica, física o   mental, están en circunstancias de debilidad manifiesta”.    

1.3.     Solicitud    

2.   Trámite procesal    

2.1.          Mediante auto del día 14 de   diciembre de 2015, el magistrado sustanciador admitió la demanda.    

2.2.          En la misma providencia se   solicitó a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia la remisión de   la siguiente información:    

–        La indicación del número de   multas impuestas en aplicación del precepto demandado.    

–        La indicación del número de   recursos de casación admitidos por la Sala Laboral, por la Sala Civil y por la   Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y el número de demandas de casación   presentadas antes estas mismas instancias entre los años 2005 y 2015.    

–        Los siguientes indicadores   relativos a los recursos de casación e la Sala Laboral, en la Sala Civil y en la   Sala Penal, entre los años 2008 y 2015: (i) Indicador comparativo general del   comportamiento del recurso en ingresos, egresos e inventario; (ii) el indicador   de productividad; (iii) el indicador de volumen de inventarios.      

2.3.          Se libraron las   comunicaciones del caso, y, en consecuencia:     

–        Se corrió traslado de la   demanda al Procurador General de la Nación.    

–        Se fijó en lista la   disposición acusada, con el objeto de que fuese impugnada o defendida por   cualquier ciudadano.    

–        Se comunicó de la   iniciación del proceso a la Presidencia de la República, a la Presidencia del   Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Sala Penal de la Corte   Suprema de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura o al organismo que   haga sus veces.    

–        Se invitó a participar   dentro del proceso a  las siguientes instituciones, para que se   pronunciaran sobre las pretensiones de la demanda o para que suministraran   insumos técnicos del juicio de constitucionalidad: (i) las facultades de Derecho   de la Pontificia Universidad Javeriana, de los Andes, Nacional de Colombia,   Libre y de Antioquia; (ii) la Corporación Excelencia en la Justicia, la Academia   Colombiana de Jurisprudencia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto   Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, el Colegio de Abogados del   Trabajo y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal; (iii) la Corporación de   Jueces y Magistrados de Colombia y la Corporación Colegio Nacional de Abogados   (CONALBOS).    

3.   Respuesta de la   Corte Suprema de Justicia    

Mediante comunicaciones de los días 14 de   enero, 22 de enero, 12 de febrero, 18 de febrero, 1 de marzo y 26 de agosto de   2016, las salas laboral, penal y civil de la Corte Suprema de Justicia   presentaron la información sobre el movimiento de procesos en cada una de estas   instancias jurisdiccionales entre los años 2007 y 2015, así como sobre el número   de multas impuestas con fundamento en el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010 por   la Sala de Casación Laboral. Las respuestas se encuentran en los Anexos a esta   sentencia.    

4.   Intervenciones    

4.1.    Intervenciones que solicitan un fallo   inhibitorio (Ministerio de Justicia[2])    

El Ministerio de Justicia y del Derecho estima   que la demanda no proporciona los elementos de juicio necesarios para la   valoración de la norma acusada, y que, por tanto, la Corte debe abstenerse de   fallar de fondo.    

Según la entidad, el escrito de acusación   controvierte la misma previsión normativa que se demandó en el proceso que dio   lugar al fallo inhibitorio contenido en la sentencia C-498 de 2015[3]  a partir de unos planteamientos similares a los esbozados en aquella   oportunidad, y por ende, adolece de las mismas deficiencias identificadas en la   referida providencia, por lo cual, la Corte debe atenerse a la calificación   judicial de los cargos realizada en ese momento.    

Además, independientemente esta valoración   previa, los cargos de la demanda no identifican los elementos constitutivos de   la infracción al principio de igualdad ni a los derechos al debido proceso y de   acceso al sistema de justicia, por lo que, en estricto sentido, no existen   cargos susceptibles de ser evaluados en el escenario del control abstracto de   constitucionalidad.    

Con respecto al cargo por el desconocimiento   del principio de igualdad, por ejemplo, aun cuando en la demanda se sostiene que   la norma atacada introduce una diferenciación injustificada entre los abogados   que actúan ante la jurisdicción laboral y aquellos que actúan en las   jurisdicciones civil y penal, lo cierto es que un mismo abogado puede actuar   indistintamente en diferentes jurisdicciones, por lo que, en definitiva, no se   logra acreditar la ilegitimidad de la medida diferenciadora. Asimismo, la   accionante tampoco señaló las razones por las que el recurso extraordinario de   casación debía tener el mismo régimen en todas las jurisdicciones, y tampoco   indicó las razones por las que el Estado no puede imponer cargas procesales   especiales para el acceso a la justicia, o configurar discrecionalmente los   trámites judiciales, teniendo en cuenta que la medida sancionatoria se ampara en   la necesidad de racionalizar el acceso a la justicia en un entorno de escasez de   recursos, y en la necesidad de impartir celeridad y eficiencia en los   procedimientos y actuaciones judiciales.    

Adicionalmente, y a diferencia de lo que se   supone en la demanda de inconstitucionalidad, las razones esbozadas en la   sentencia C-203 de 2011[4]  para declarar la inexequibilidad de la norma que impone una multa a los abogados   que presentan una demanda de casación en la jurisdicción laboral que no reúne   los requisitos legales, no son automáticamente replicables en este escenario. La   razón de ello es que en el referido fallo la misma Corte estableció una   diferenciación entre la hipótesis examinada en aquella oportunidad y la que   ahora se propone someter a juicio, advirtiendo, a manera de juicio provisional,   que la imposición de multas por la presentación extemporánea de la demanda de   casación “es una medida que se justificaría en la ‘escasez’ que afecta al   aparato judicial por falta de recursos suficientes, pero sobre todo en el   impacto que sobre esos escasos recursos, posee la abusiva e irresponsable   utilización de los medios de defensa judiciales; una medida destinada a afianzar   el respeto a los principios de celeridad y eficiencia en los procedimientos y   actuaciones judiciales”.    

En este orden de ideas, como la demanda no   contiene los elementos básicos del juicio de constitucionalidad, no  hay   lugar a un juicio de fondo.    

4.2.    Intervenciones que solicitan la declaratoria de   exequibilidad del precepto impugnado (Ministerio de Justicia y del Derecho[5])    

El Ministerio de Justicia considera que incluso   si se hace abstracción de las falencias de la demanda y se examinan los cargos   allí planteados, la solicitud de la accionante no está llamada a prosperar, y   que por tanto,  la norma debe ser declara exequible.    

En este sentido, la entidad aclara que la   medida cuestionada se enmarca dentro de la libertad de configuración del   legislador para diseñar los procesos judiciales, libertad que le confiere la   potestad para establecer cargas especiales a los sujetos procesales, como la   prevista en el precepto atacado. En este marco, la norma demandada contempla una   multa para los abogados que han infringido sus deberes profesionales al omitir   presentar en tiempo la demanda de casación presentando el recurso extraordinario   correspondiente. Se trata entonces de una medida razonable y acorde con la   actuación irregular de los abogados.    

De este modo, el precepto demandado no   contraviene los derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso al sistema   de justicia.    

4.3.    Intervenciones que solicitan la declaratoria de   inexequibilidad del precepto impugnado (Academia Colombiana de Jurisprudencia[6].   Universidad Externado de Colombia[7],   Universidad Nacional de Colombia[8],    Pontificia Universidad Javeriana[9],   CONALBOS[10])    

Los referidos intervinientes estiman que el   precepto impugnado contraviene el ordenamiento superior, y que por tanto debe   ser declarado inexequible, por las siguientes razones:    

4.3.1. Con respecto al cargo por la presunta infracción del   derecho a la igualdad, se sostiene que el ordenamiento jurídico establece una   diferenciación normativa inadmisible entre el recurso extraordinario de casación   en materia laboral y el mismo recurso en materia civil y penal, que termina por   discriminar a los abogados casacionistas que actúan en la primera de estas   jurisdicciones[11].    

En efecto, mientras en materia laboral la falta   de presentación de la demanda de casación o la presentación extemporánea de la   misma acarrea una sanción al abogado que interpuso el recurso, en materia civil   y en materia penal no ocurre lo propio. Este trato diferenciado carece de toda   justificación porque aun cuando con la medida se pretende la racionalización en   el uso del aparato judicial y la descongestión en el sistema de justicia, en   cualquier caso la situación de quienes actúan en la jurisdicción laboral es, en   esencia, la misma de quienes actúen en las jurisdicción civil y penal, y por   tanto, no existe ninguna diferencia fáctica a la luz de la cual se pueda   justificar la medida diferenciadora.    

4.3.2. Con respecto al cargo por el presunto desconocimiento   del derecho al debido proceso, se sostiene que la vulneración se produce por la   confluencia de dos circunstancias[12]:    

Primero, porque la imposición de la sanción no   se encuentra antecedida de un procedimiento que permita al acusado ejercer su   defensa y controvertir la medida sancionatoria adoptada por la Corte Suprema de   Justicia, ni al Estado contar con los elementos probatorios necesarios para   adoptar una decisión de esta naturaleza, máxime cuando, en el marco de las   normas que imponían una sanción a los abogados que presentaban demandadas de   casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sin cumplir los   requisitos legales, la propia Corte Constitucional determinó que la imposición   de toda sanción debía estar precedida de un trámite que asegure la defensa del   acusado y la adopción de una decisión fundada y razonada[13]. Por lo   demás, aunque podría argumentarse que la decisión sancionatoria constituye un   acto administrativo de la Corte Suprema de Justicia que debe sujetarse a las   pautas procesales establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de   lo Contencioso Administrativo, a juicio de los intervinientes esto resulta   insuficiente porque “tales vías resultarían dispendiosas, amén de gravosas   para el recurrente, para la Corte Suprema y para las instancias que deban   conocer de tal nueva actuación”.    

La segunda deficiencia de la norma de cara al   debido proceso se presenta porque ésta prevé la imposición de una sanción por la   sola circunstancia de no haberse presentado la demanda de casación dentro del   término legal, sin tener en cuenta ninguna otra consideración, como la voluntad   del poderdante de renunciar o desistir del recurso extraordinario de casación,    la existencia de dificultades o hechos objetivos que impidan la presentación   del recurso, o incluso la consideración de la inconveniencia de persistir en el   recurso. De este modo, la norma prevé una modalidad de responsabilidad objetiva   incompatible con el debido proceso, e impondría a la Corte Suprema de Justicia   el deber de sancionar automáticamente a los abogados que no presentaron en   tiempo la demanda de casación, incluso en aquellas hipótesis en que el hecho se   encuentra justificado. En últimas, la norma termina por sancionar el ejercicio   legítimo de un derecho, puesto que todos los recursos contra providencias   judiciales, incluido el recurso extraordinario de casación, son desistibles, y   por ende, una vez interpuesto la parte que lo activo puede renunciar al mismo   bien sea manifestándolo expresa y directamente, o bien sea absteniéndose de   sustentarlo o de presentar la demandada correspondiente.    

Por último, también se vulnera el derecho al   debido proceso en la medida en que podría generarse una doble sanción por una   misma conducta desplegada por el abogado que omite presentar en tiempo la   demanda de casación ante la jurisdicción laboral, ya que cuando esta actuación   es el resultado de una actuación negligente del abogado, adicionalmente puede   ser sancionado disciplinariamente por el incumplimiento de sus deberes como   abogado.    

4.3.3. Finalmente, con respecto al cargo por la presunta   infracción del derecho de acceso a la justicia, los intervinientes afirman que   la vulneración se produce porque la norma desestimula las actuaciones ante la   Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que la   interposición del recurso extraordinario de casación genera el riesgo de la   imposición de una multa por causas ajenas a la voluntad y a la diligencia del   abogado sancionado, cuando se presenta coyunturalmente alguna circunstancia que   impida la presentación de la demanda de casación en el plazo previsto   legalmente, o cuando se encuentre que no hay lugar o que resulta inconveniente   dar trámite al dispositivo procesal, pues tales circunstancias no son tenidas en   cuenta por la Corte Suprema a la hora de adoptar una decisión[14].    

De este modo, con el pretexto de la promover la   eficiencia en la administración de justicia, el precepto demandado establece una   medida que no solo es cuestionable a la luz de este mismo objetivo, sino que   además tiene como objeto y efecto la restricción del derecho del abogado y de   las partes que representa, a interponer el recurso extraordinario de casación   como mecanismo para garantizar sus derecho. En otras palabras, la ley termina   por sancionar al abogado por ejercer un derecho que le fue conferido, es decir,   el derecho de controvertir las decisiones judiciales mediante el instrumento de   la casación, según se determinó en la sentencia C-713 de 2008[15].    

Por lo demás, esta afectación del derecho de   acceso a la jurisdicción laboral provoca además una limitación al Estado Social   de Derecho y al derecho a la seguridad social, en la medida en que los asuntos   que se ventilan en esta jurisdicción son litigios de orden laboral y de   seguridad social, en los que normalmente se encuentran involucrados personas que   no tienen satisfechas sus necesidades elementales y que viven en situaciones de   precariedad.    

4.3.4. Por las razones anteriores, los intervinientes   señalados solicitan la declaratoria de inexequibilidad del aparte normativo   demandado.    

5.                 Concepto de la   Procuraduría General de la Nación    

5.1.           Mediante concepto rendido el día 5 de mayo de 2016, la   Procuraduría General de la Nación presenta dos requerimientos: (i) primero, con   respecto a los cargos de la demanda por la presunta infracción del principio de   igualdad y del derecho de acceso a la administración de justicia, solicitó   estarse a lo resuelto en la sentencia que se profiera dentro del proceso   correspondiente al expediente D-10607; (ii) y con respecto al cargo por el   presunto desconocimiento del derecho al debido proceso, solicitó declarar la   exequibilidad de la expresión “y se impondrá al apoderado judicial una multa   de 5 a 10 salarios mínimos mensuales”, contenida en el artículo 49 de la Ley   1395 de 2010.    

5.2.          En primer lugar, se advierte   que la entidad ya conceptuó sobre la constitucionalidad de la misma previsión   normativa a la luz de los cargos por la presunta violación del principio de   igualdad y del derecho de acceso a la administración de justicia, por lo que en   esta oportunidad únicamente se reitera la posición expuesta por el Ministerio   Público en aquella oportunidad, y se insta a la Corte a que ordene estarse a lo   resuelto en el proceso de la referencia.    

Es   así como en aquel momento se estimó que la norma demandada no vulneraba el   derecho de igualdad, ni el acceso a la administración de justicia porque aun   cuando el legislador estableció un trato diferenciado entre los abogados que   litigan en la jurisdicción laboral y quienes actúan en la jurisdicción civil y   en la jurisdicción penal frente a la misma hipótesis en la que no se presenta   oportunamente la demanda de casación, la diferenciación normativa se encuentra   plenamente justificada.    

En   efecto, el legislador cuenta un amplio margen para configurar los procesos   judiciales, y en particular, para fijar los lineamientos de los recursos   mediante los cuales se pueden controvertir las decisiones judiciales, como el   recurso extraordinario de casación en las distintas jurisdicciones, sin que   exista una obligación de establecer un régimen unificado para todas ellas, y sin   que exista una prohibición para imponer cargas procesales específicas orientadas   a racionalizar el uso del aparato judicial.    

En   este marco, la norma demandada optó por imponer una carga procesal en los   procesos laborales y no en los procesos civiles y penales, determinando que   cuando no se presenta dentro de los plazos legales la demanda de casación ante   la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, luego de haberse interpuesto el   recurso, el abogado que omite la presentación debe ser objeto de una sanción   pecuniaria. Esta diferenciación en el régimen procesal se ampara en diferencias   fácticas constitucionalmente relevantes entre las distintas jurisdicciones, que   aconsejan establecer un mecanismo para racionalizar el acceso a la jurisdicción   laboral, y por esta vía contribuir a su descongestión.    

En   efecto, según se advirtió en el trámite de aprobación legislativa de la norma   demandada, los informes de la Corporación Excelencia en la Justicia daban cuenta   de la grave y crítica situación de la jurisdicción laboral en comparación con la   que afrontaban las demás jurisdicciones. Así, mientras en la Sala Civil se   redujeron los inventarios en un 17% entre los años 2010 y 2011, en la Sala Penal   y en la Sala Laboral se produjeron incrementos en un 29% en la primera, y en un   4% en la segunda, de modo que para el año 2011, la Sala Laboral concentraba un   81% de los procesos pendientes para ser evacuados en dicho año. De este modo,   aun cuando en todas las jurisdicciones se presentan problemas de congestión en   las salas de casación, la mayor fuente de problemas se encuentra en la sala   laboral. Adicionalmente, mientras la Sala Civil registra una tendencia hacia la   reducción de procesos represados y mientras la Sala Penal mantiene niveles   razonables de congestión, la sala laboral presenta un incremento en este mismo   índice, tanto en los inventarios totales como en la carga por cada despacho.    

En   este orden de ideas, la diferenciación normativa entre las cargas impuestas en   la jurisdicción laboral y en las demás jurisdicciones, se explica por la muy   distinta situación que atraviesan, y en cualquier caso, la medida legislativa   atiende a una finalidad constitucionalmente válida, como es la disminución de   congestión judicial, por vía de incentivar a los casacionistas a que cumplan con   la responsabilidad procesal de sustentar los recursos que han presentado   previamente, cuando previamente ha interpuesto el recurso, y por vía de evitar   que la administración de justicia incurra en un desgaste innecesario causado por   la propia negligencia de los abogados.    

5.3.          Asimismo, se advierte que resulta   totalmente infundado el argumento según el cual, las mismas razones por las que   la Corte declaró, en la sentencia C-203 de 2011, la inexequibilidad de la norma   que imponía una multa al abogado que presentaba la demanda de casación sin   cumplir los requisitos legales, son las mismas por las que ahora se debería   declarar la inexequiblidad del precepto que impone la misma multa cuando la   demanda de casación no se presenta dentro del término legal. La razón de ello es   que existe una diferencia sustantiva en los eventos que dan lugar a la sanción,   es decir, entre el hecho de no presentar la demanda según los requerimientos   legales y la de no presentarla dentro del plazo legal, por lo que la   inconstitucionalidad de la sanción en el primer evento no implica la   inconstitucionalidad de la multa en la segunda hipótesis.    

De   acuerdo con el análisis precedente, la Vista Fiscal concluye que las acusaciones   por la presunta vulneración del derecho a la igualdad y del derecho de acceso a   la administración justicia son infundadas.    

5.4.          Con respecto al cargo por la   supuesta infracción del derecho al debido proceso por el desconocimiento del   principio de non bis in ídem derivado de la posibilidad de que por la   realización de una misma conducta se impongan dos sanciones distintas, el   Ministerio Público sostiene que los señalamientos no están llamados a prosperar.    

La   razón de ello radica en que la sanción disciplinaria prevista en la Ley 1123 de   2007 y la contemplada en el precepto demandado tienen un origen y una naturaleza   distinta, y no son excluyentes entre sí. En efecto, el régimen disciplinario de   los abogados contenido en la Ley 1123 de 2007 castiga el ejercicio inadecuado o   irresponsable de la profesión, mientras que la multa contenida en la norma   impugnada atiende a una racionalidad distinta porque tiene un carácter meramente   procesal, “pues es consecuencia del incumplimiento de una carga procesal   respecto de los casacionistas que tramitan el recurso ante la Sala de Casación   Laboral”. Así las cosas, en la medida en que las normatividades condenan   facetas diferentes de una misma conducta, no se configura una infracción del   principio de non bis in ídem.    

De   hecho, la misma Corte Constitucional ha aclarado enfáticamente que la    imposición de diversas sanciones por la comisión de una misma conducta no   implica automáticamente la vulneración del principio de non bis in ídem,   ya que se trata de medidas de distinta naturaleza impuestas por autoridades   distintas, y que atienden a objetivos diferentes, tal como se expresó en la   sentencia C-196 de 1999[16].    

5.5.          En este orden de ideas, la   Vista Fiscal solicita a esta Corporación estarse a lo resuelto en la sentencia   que resuelva la demanda correspondiente al expediente D-10607 por los cargos por   la presunta afectación del derecho a la igualdad y del derecho de acceso a la   administración de justicia, y declarar la exequibilidad del aparte normativo   acusado por el cargo por la presunta lesión del derecho al debido proceso.    

II.           CONSIDERACIONES    

1.       Competencia    

En   virtud de lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Carta Política, esta   Corporación es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del   precepto demandado, como quiera que se trata de un enunciado contenido en una   ley.    

2.       Asuntos a resolver    

De   acuerdo con los antecedentes expuestos, la Corte debe resolver los siguientes   asuntos:    

En   primer lugar, debe establecerse la viabilidad del pronunciamiento judicial, ya   que algunos de los intervinientes y la Procuraduría General de la Nación   pusieron en evidencia dos circunstancias que, a su juicio, tornan improcedente   el examen de constitucionalidad propuesto en el escrito de acusación. Por un   lado, la Vista Fiscal sostiene que con anterioridad a la iniciación del presente   proceso se promovió otra demanda con el mismo objeto, por lo que al momento de   resolverse esta acción de inconstitucionalidad, ya se habría resuelto la misma   controversia jurídica; de este modo, al haberse configurado el fenómeno de la   cosa juzgada, esta Corporación debería estarse a lo resuelto en aquel fallo.   Además, el Ministerio de Justicia considera que los cargos de la demanda   adolecen de varias deficiencias que impiden la estructuración del juicio de   constitucionalidad, y que por tanto, este tribunal debe abstenerse de valorar la   validez de la norma impugnada a la luz de estos señalamientos defectuosos.    

En   este orden de ideas, este tribunal debe determinar si la controversia planteada   en este proceso es susceptible de ser valorada en este escenario, habida cuenta   de la posible configuración del fenómeno de la cosa juzgada y de la posible   ineptitud de la demanda, circunstancias que darían lugar a que la Corte deba   estarse a lo resuelto en el fallo judicial que resolvió anteriormente el mismo   debate, o a que deba inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo,   respectivamente.    

En   caso de concluir que es viable examen de constitucionalidad en relación con el   fragmento demandado del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, se evaluarán las   acusaciones de la demanda por la presunta infracción de los artículos 13, 29 y   228 de la Carta Política, teniendo en cuenta los insumos de análisis   proporcionados por la Vista Fiscal y los intervinientes. En este sentido, se   establecerá si la multa contemplada en los procesos laborales para los abogados   que se abstienen de sustentar en el plazo legal los recursos de casación que han   sido presentados y admitidos previamente en la Sala Laboral de la Corte Suprema   de Justicia, vulnera el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso o el   derecho de acceso al sistema de justicia, y si, en consecuencia, la previsión   normativa que consagra esta sanción debe ser retirada del ordenamiento jurídico.    

A   continuación se abordan cada uno de estos asuntos.    

3.       La configuración del fenómeno de la cosa juzgada    

3.1.     Según se explicó en los acápites   precedentes, el Ministerio Público llamó la atención sobre la existencia de otro   proceso judicial en el que se habría planteado una controversia cuyos elementos   estructurales coinciden en su integridad con el litigio esbozado en este trámite   judicial. Según la entidad, en el proceso correspondiente al expediente D-10607   se demandó el mismo aparte normativo atacado en esta oportunidad, por la   supuesta vulneración del derecho a la igualdad y del derecho de acceso a la   administración de justicia, a partir de las mismas consideraciones esbozadas en   este expediente. En este orden de ideas, la Vista Fiscal considera que la Corte   debe estarse a lo resuelto en el fallo judicial que resolvió aquel litigio, al   menos en lo que respecta a las acusaciones por el desconocimiento de los   derechos mencionados anteriormente.    

La   Corte toma nota, sin embargo, de que en la sentencia C-498 de 2015[17] este tribunal   concluyó que los cargos del escrito de acusación no suministraban los insumos   para la estructuración del juicio de constitucionalidad, y que por tanto, no era   viable un pronunciamiento sobre la exequibilidad de las disposiciones atacadas.    Teniendo en cuenta que en el referido fallo judicial la Corte no se pronunció   sobre la constitucionalidad de la previsión legal atacada en esta oportunidad, y   que por este motivo no se configuró la cosa juzgada, no hay lugar a estarse a lo   resuelto en dicha providencia, sin perjuicio de que las consideraciones allí   vertidas, y que sirvieron de fundamento a la inhibición, puedan ser utilizadas   en este escenario como insumo de análisis para valorar la aptitud de la presente   demanda de inconstitucionalidad, en la medida en que las acusaciones en uno y   otro caso sean asimilables o equiparables.    

4.       La aptitud de las acusaciones de la demanda de   inconstitucionalidad    

4.1.          Según se explicó en los acápites   precedentes, en el auto admisorio de la demanda el magistrado sustanciador   efectuó una valoración provisional del escrito de acusación, concluyendo que, en   principio, los cargos de la demanda eran susceptibles de ser valorados en el   escenario del control abstracto de constitucionalidad.    

No   obstante, el Ministerio de Justicia estima que por los términos en que fue   propuesta la demanda, resulta inviable un pronunciamiento de fondo, por dos   razones fundamentales: (i) de una parte, como los planteamientos del escrito de   acusación son, en esencia, iguales a los que ya fueron objeto de una   calificación previa en la sentencia C-498 de 2015, en el sentido de carecen de   la aptitud para estructurar el juicio de constitucionalidad, la Corte debe   atenerse a la valoración efectuada en dicho escenario; (ii) y de otra parte, aun   prescindiendo de la calificación judicial anterior, los señalamientos del   escrito de acusación, considerados en sí mismos, adolecen de deficiencias   infranqueables que impiden al juez constitucional analizar y determinar la   compatibilidad del precepto demandado con el ordenamiento superior: no se   individualizaron adecuadamente los grupos entre los cuales se estableció la   diferenciación normativa lesiva del principio de igualdad, no se demostró la   necesidad, desde el punto de vista constitucional, de que se fijara un régimen   unificado para el recurso extraordinario de casación en materia civil, laboral y   penal, ni tampoco que el legislador estuviese impedido para imponer cargas   procesales, y de manera errada se asumió que las consideraciones vertidas en la   sentencia C-203 de 2011 eran automáticamente replicables en este nuevo y   distinto contexto.    

4.2.          Teniendo en cuenta la naturaleza y   la finalidad del acción de inconstitucionalidad como acción pública que apunta a   garantizar la supremacía del texto superior dentro del ordenamiento jurídico,   esta Corporación ha fijado dos criterios básicos para determinar la viabilidad   del escrutinio judicial: (i) por un lado, el control se debe activar siempre que   el escrito de acusación suministre los componentes básicos y elementales del   juicio de constitucionalidad, aun cuando tales elementos se encuentren   desarticulados en la demanda y no revistan un mayor grado de elaboración; (ii)   por otro lado, el juez constitucional no puede subsanar unilateralmente las   deficiencias de la demanda cuando el escrito no logra  precisar el objeto   de la litis, pues ello implicaría un desconocimiento del debido proceso   constitucional, que en últimas deviene en una erosión de la propia supremacía   del ordenamiento superior.    

Partiendo de las pautas anteriores, pasa la Sala a analizar y a determinar la   aptitud de la demanda, teniendo como referente los señalamientos del Ministerio   de Justicia.    

4.3.          En primer lugar, la Corte se aparta   del criterio del Ministerio de Justicia, en el sentido de que este tribunal debe   atenerse a la calificación judicial de los cargos contenida en la sentencia   C-498 de 2015[18].    

En   efecto, la apreciación anterior parte del supuesto muy discutible de que los   planteamientos de la demanda correspondiente al expediente D-10607 son   materialmente equivalentes a los que se encuentran en el presente proceso   judicial. Esta conclusión parece al menos apresurada no solo porque aquel fallo   se refirió únicamente a las acusaciones por la presunta infracción del principio   de igualdad y no por la vulneración de los derechos al debido proceso y de   acceso a la administración de justicia, sino también porque aun cuando en ambos   procesos se invocó el mismo derecho como fundamento de la pretensión de   inexequibilidad, las consideraciones en que se fundan las acusaciones no   necesariamente coinciden en su integridad, o al menos el Ministerio no realizó   un ejercicio comparativo que le permitiese hacer esta inferencia.    

Pero   además, incluso existiendo esta coincidencia material en los planteamientos de   ambos escritos de acusación, la valoración contenida en la sentencia C-498 de   2015 no tienen plena fuerza vinculante en esta oportunidad ni tiene autoridad de   cosa juzgada por tratarse de un fallo inhibitorio, y por el contrario, solo   tiene un valor indicativo o referencial, en la medida en que suministre insumos   o elementos de análisis para evaluar la aptitud de la nueva demanda de   inconstitucionalidad. En efecto, como la acción de inconstitucionalidad es una   acción pública que tiene por objeto garantizar la supremacía de la Carta   Política dentro del ordenamiento jurídico, este tribunal debe desechar criterios   restrictivos que limiten de manera injustificada el acceso a este recurso, como   ocurriría si se opta por descartar cargos de nuevas demandas cuyo contenido es   prima facie similar al de otra que fue objeto de un fallo inhibitorio, y si   por esta vía se prescinde del análisis individualizado de cada demanda de   inconstitucionalidad.    

Por   lo demás, aunque a primera vista pueda advertirse una coincidencia material en   los cargos de las dos demandas, lo cierto es el juez constitucional puede   apartarse del criterio adoptado en otro fallo inhibitorio, como cuando el   contexto normativo o extra-normativo se ha modificado, de modo que en la   sociedad, en la comunidad jurídica o al interior del nuevo proceso judicial ha   madurado el debate constitucional, y la Sala cuenta en este nuevo escenario con   los insumos necesarios para resolver la controversia planteada por el   demandante. Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando en el marco del proceso   judicial se realiza una audiencia pública en la que se precisan los elementos de   la controversia judicial, y en la que se aportan los materiales para la   valoración de la normatividad demandada, cuando solo fueron esbozados de manera   general en la demanda de inconstitucionalidad.    

Así   las cosas, el fallo inhibitorio contenido en la sentencia C-498 de 2015 no   obliga, por sí solo, a abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo frente a   la presente demanda de inconstitucionalidad.    

4.2.   Asimismo, la Sala considera que tampoco son procedentes los demás señalamientos   del Ministerio a los cargos del escrito de acusación.    

4.2.1. Primero, la Corte se aparta del planteamiento del Ministerio de Justicia   y el contenido en la sentencia C-498 de 2015, sobre la diferenciación entre los   abogados que actúan ante la jurisdicción laboral y aquellos otros que actúan en   las demás instancias jurisdiccionales.    

La   circunstancia de que los abogados puedan litigar indistintamente en todas   jurisdicciones no desvirtúa por sí sola el señalamiento de la accionante, porque   lo que se controvierte es el criterio en el cual se ampara la diferenciación   normativa, criterio que a juicio de la demandante es irrazonable porque se   refiere a la especialidad o rama del derecho en la cual se ejerce la profesión,   independientemente de que en casos concretos un mismo abogado pueda actuar tanto   en la jurisdicción laboral como en otras instancias, y de que por tanto, pueda   ser destinatario y no destinatario de la medida sancionatoria dependiendo del   escenario en el cual despliega su actividad. Es decir, lo que a juicio de la   accionante resulta censurable desde la perspectiva constitucional es que la   legislación establezca desventajas irrazonables para el ejercicio de la   profesión en una instancia jurisdiccional específica.    

Teniendo en cuenta la consideración anterior, la Sala estima que el hecho de que   una persona pueda pertenecer a los dos grupos entre los cuales se establece la   diferenciación normativa no desvirtúa los señalamientos por la presunta   afectación del principio de igualdad, porque en todo caso la acusación se enfila   contra una diferenciación normativa que a juicio de la demandante se sustenta en   un criterio inadmisible.    

4.4.          Lo propio se concluye en relación   con las críticas del Ministerio de Justicia por la presunta insuficiencia   argumentativa de la demanda, por no haberse demostrado que el régimen del   recurso de casación debía ser el mismo en materia laboral, penal y civil, ni que   el legislador carecía de la facultad para imponer cargas procesales o sancionar   su incumplimiento.    

En   primer lugar, para acreditar la inconstitucionalidad de la medida legislativa no   era necesario demostrar ninguna de las dos tesis anteriores, ni el accionante   las acogió como propias, ni éstas constituyeron el fundamento de su acusación.   En efecto, en la demanda no se sostuvo que el principio de igualdad exigía la   unificación en el régimen del recurso de acusación, ni que el derecho de acceso   a la justicia impidiese al legislador imponer cargas procesales o sancionar su   incumplimiento, y de hecho, el demandante no se pronunció sobre ninguna de estas   problemáticas.    

El   esfuerzo argumentativo de la demanda se orienta, por el contrario, a mostrar   que, sin perjuicio de la libertad de configuración del legislador para definir   los contornos del recurso extraordinario de casación en las distintas   jurisdicciones, atribuir a una misma conducta dos efectos jurídicos claramente   diferenciados, en un caso desventajoso y en el otro no, por la sola   circunstancia de que dicha se despliegue en una u otra instancia jurisdiccional,   provoca una situación de discriminación. Y en la medida en que el fundamento, la   finalidad, la estructura y el funcionamiento del recurso extraordinario de   casación es el mismo en todas las jurisdicciones, el legislador no podría   ampararse en ninguno de estos criterios para justificar la medida atacada.     

Asimismo, las consideraciones de la demanda se orientan, no a demostrar que el   legislador tiene vedada la posibilidad de sancionar las conductas negligentes de   los apoderados judiciales, sino que la medida atacada impone sanciones a los   abogados prescindiendo de su diligencia profesional, y que por tanto, la amenaza   de una sanción en los términos anteriores configura una modalidad de   responsabilidad objetiva cuyo efecto intimidatorio termina por convertirse en   una barrera de acceso a la administración de justicia.    

Independientemente de la solidez de los argumentos anteriores, lo cierto es que   las explicaciones anteriores sí logran precisar las razones y el sentido de la   presunta incompatibilidad normativa, lo cual descarta el fallo inhibitorio   pretendido por el Ministerio de Justicia.    

4.5.           Finalmente, tampoco tienen asidero   los señalamientos del interviniente sobre la impertinencia de los argumentos de   la demanda frente a la sentencia C-203 de 2011[19].    

Al   margen del valor y de la fuerza vinculante pueda llegar a tener dicha sentencia   en la resolución de la presente controversia, su invocación como precedente   judicial no torna inconducentes los cargos de la demanda. En efecto, en el   referido fallo la Corte evaluó la constitucionalidad del mismo artículo 49 de la   Ley 1395 de 2010, y en particular, de una regla que prevé la misma consecuencia   jurídica contemplada por la medida sometida a consideración de la Corte, a   partir de cargos semejantes, relacionados con el desconocimiento del principio   de igualdad, del derecho al debido proceso, y del derecho de acceso a la   justicia. Y como en la demanda se indicaron las razones por las que las   consideraciones vertidas en aquella providencia serían aplicables en este nuevo   escenario, su invocación no podría ser interpretada como una confusión   conceptual del actor que debiera traducirse en un fallo inhibitorio.    

Por   lo demás, la alusión a la providencia no constituyó el núcleo del ejercicio   argumentativo de la demanda, y por el contrario, cumplió más bien la función de   explicación complementaria, por lo cual, las deficiencias que pudieran   advertirse en este punto no son suficientes para descartar un pronunciamiento de   fondo.    

4.6.            En este orden de ideas, la Sala   Plena concluye que en la medida en que el escrito de acusación incorpora los   elementos básicos del juicio de constitucionalidad por la presunta infracción   del principio de igualdad, del derecho al debido proceso y del derecho de acceso   a la administración de justicia, es viable el análisis propuesto en la demanda.    

5.                   Planteamiento del problema jurídico y metodología de resolución    

5.1.          Tal como se   explicó en los acápites precedentes, la regla demandada establece que cuando no   se presenta en tiempo la demanda de casación ante la Sala Laboral de la Corte   Suprema de Justicia después de que el recurso ha sido presentado y admitido   previamente, se debe imponer al apoderado judicial una multa que oscila entre   los cinco y los diez salarios mínimos mensuales.    

Frente a esta   regla, la demandante plantea tres tipos de señalamientos:      

5.2.          En primer   lugar, se cuestiona el alcance de la medida legislativa, pues a juicio de   la actora, el hecho de que una misma conducta omisiva por parte de los abogados   sólo sea sancionada en el escenario de la casación en materia laboral, y no en   los demás escenarios jurisdiccionales, implica una vulneración del derecho a la   igualdad que afecta de manera irrazonable a los profesionales del derecho que   presentan recursos de casación en la Sala Laboral de la Corte Suprema de   Justicia.    

En efecto, la   norma demandada impone una carga económica a los abogados que presentan el   recurso extraordinario de casación en la Sala de Casación Laboral de la Corte   Suprema de Justicia, y posteriormente no radican en tiempo la demanda   correspondiente. Sin embargo, ni el precepto impugnado ni ninguna otra normal   legal contempla una consecuencia jurídica semejante para los abogados que   incurren en la misma conducta en la Sala Civil y Agraria y en la Sala Penal de   la misma corporación judicial. Así las cosas, el derecho positivo estableció una   diferenciación normativa para un mismo supuesto de hecho, por la sola   circunstancia de que la conducta omisiva de los abogados se despliegue ante   instancias jurisdiccionales distintas. Y a juicio de la actora, este es un   criterio constitucionalmente inadmisible, que provoca una discriminación en   contra de los abogados casacionistas que litigan en derecho laboral, por lo   cual, la medida sancionatoria debería eliminarse en todos los escenarios, o al   menos imponerla como regla general.    

Por el contrario,   la Procuraduría General de la Nación sostiene que la medida legislativa se   justifica las diferencias empíricas constitucionalmente relevantes que existen   entre estas especialidades del Derecho, de cara a la congestión judicial. Esto,   en cuanto el costo procesal que se estableció en la norma demandada responde a   la necesidad de racionalizar el uso del aparato judicial en una instancia que   atraviesa una grave situación de congestión judicial, como es la Sala de   Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, necesidad que no se encuentra   presente en las demás salas de la referida corporación.    

Así planteada la   controversia, corresponde a la Corte determinar si se vulnera el derecho a la   igualdad cuando una misma conducta procesal de los apoderados judiciales,   consistente en presentar un recurso extraordinario y no sustentarlo en tiempo,   es sancionada cuando se despliega en una instancia jurisdiccional, y no lo es   cuando se despliega en las demás jurisdicciones, sobre la base de que en el   primero de los escenarios existe un alto nivel de congestión que hace necesaria   la racionalización en el uso de los dispositivos procesales.    

5.3.          El segundo   señalamiento apunta a cuestionar el contenido mismo de la medida legislativa,   pues a juicio del accionante, ésta tiene un carácter sancionatorio, y a pesar de   ello, desconoce tres tipos de estándares a los cuales se encuentran sujetas este   tipo de normas: (i) de una parte, no se contempla un proceso previo a la   imposición de la sanción, con lo cual los abogados potencialmente multados no   pueden ejercer el derecho de defensa; (ii) asimismo, la sanción debe   aplicarse de manera automática por el solo hecho de no haberse sustentado el   recurso de casación presentado y admitido, sin tener en consideración las   circunstancias justificativas de la conducta, con lo cual, la norma prevé una   modalidad de responsabilidad objetiva, proscrita por la Constitución; (iii)   finalmente, como esta misma conducta puede ser sancionada por el derecho   disciplinario, cuando la actuación omisiva del abogado implica un   desconocimiento de los deberes profesionales de los abogados, el precepto habría   infringido el principio de non bis in ídem.    

En contraste, la Vista Fiscal y   el Ministerio de Justicia descartan la vulneración del referido derecho. En   primer lugar, se argumenta que la norma se ampara en la libertad de   configuración del legislador para definir la estructura y el funcionamiento de   los procesos judiciales, libertad que comprende la facultad para definir los   requisitos y las cargas procesales para controvertir las decisiones judiciales,   tal como ocurre en esta oportunidad. Asimismo, el Ministerio Público sostiene   que la norma demandada y el régimen disciplinario de los abogados sancionan dos   facetas distintas de una misma conducta, que excluye de plano la acusación por   la presunta lesión del principio de non bis in ídem. Así, en el primer   caso se censura el desgaste a la justicia provocado por la activación   infructuosa del aparato judicial, al presentar un recurso extraordinario y no   sustentarlo, y en el segundo, el ejercicio irresponsable de la profesión de   abogado. Finalmente, la Vista Fiscal afirma que la necesidad de enfrentar la   descongestión en la referida instancia jurisdiccional justifica la introducción   de medidas restrictivas que limiten la utilización indiscriminada de recursos.    

5.4.            Finalmente,   el tercer señalamiento apunta a cuestionar los efectos de la medida   legislativa, pues a juicio de la demandante, ésta tiene un efectivo disuasivo e   intimidatorio en los abogados, que resulta incompatible con el derecho de acceso   a la administración de justicia. A su juicio, el hecho de que el derecho   positivo contemple una sanción que opera de manera automática por la sola   presentación extemporánea o por la falta de presentación de la demanda de   casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,   independientemente de ésta conducta se encuentre justificada, o de que implique   o no una infracción de los deberes profesionales, tiene como efecto probable que   los abogados, por el temor a la aplicación de una multa, se abstengan de   presentar los recursos judiciales contra las providencias que estiman contrarias   a la Constitución o a la ley. Se trata entonces de una restricción   desproporcionada del derecho de acceso a la administración de justicia.    

Por su parte, la   defensa de la norma por parte del Ministerio Público se estructura en dos   frentes: Por un lado, nuevamente se advierte que las eventuales limitaciones al   acceso a la justicia se amparan en la necesidad de hacer frente a una compleja y   crítica situación de congestión en la Sala Laboral de la Corte Suprema de   Justicia; y por otro, se advierte que la medida sancionatoria opera más bien   como un incentivo a los abogados para que cumplan con sus deberes profesionales,   y que en cualquier caso, la sanción prevista en la norma es consistente con la   conducta omisiva e irresponsable de los abogados que habiendo presentado un   recurso extraordinario, posteriormente se abstienen de sustentarlo en tiempo.    

En este   escenario, corresponde a la Corte determinar si la norme que prevé imposición de   una sanción pecuniaria a los abogados que no sustentan el recurso de casación en   la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tiene un efecto intimidatorio   que se convierte en una barrera ilegítima de acceso a la administración de   justicia.    

5.5.          Para   responder estos interrogantes se seguirá la siguiente metodología: (i) en primer   lugar, se determinará el contenido y alcance de la medida legislativa atacada;   (ii) en segundo lugar, como quiera que la defensa de la norma demanda se   estructuró en función de la necesidad de hacer frente a la congestión judicial   en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se hará una caracterización   de este fenómeno en la referida instancia jurisdiccional;  (iii) finalmente, se   evaluarán los cargos de la demanda.    

6.  Naturaleza, contenido y alcance   de la multa prevista en el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010    

6.1.          El artículo 49 de la Ley   1395 de 2010, modificatorio del artículo 93 del Código de Procedimiento del   Trabajo y de la Seguridad Social, fija las siguientes pautas para la   presentación, admisión y trámite del recurso extraordinario de casación en   materia laboral: (i) una vez interpuesto el recurso, se debe efectuar el reparto   en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que esta decida sobre su   admisibilidad; (ii) en caso de ser admitido el recurso, se debe disponer el   traslado a los recurrentes para la presentación de la correspondiente demanda; y   en caso contrario, se debe devolver el expediente al tribunal de origen; (iii)   una vez radicada en tiempo la demanda, se debe determinar si cumple o no los   requisitos, y en caso afirmativo, se debe ordenar el traslado de la misma a   quienes no sean recurrentes durante 15 días hábiles a cada uno, para que   presenten los respectivos alegatos; (iv) cuando el abogado no presenta en tiempo   la demanda de casación, se debe declarar desierto el recurso, y se debe imponer   al apoderado judicial una multa de cinco a diez salarios mínimos; originalmente,   el precepto legal preveía este mismo efecto jurídico cuando la demanda no reunía   los requisitos de ley; no obstante, en la sentencia C-203 de 2011[20]  se declaró   la inexequibilidad de la expresión “no reúne los requisitos”, con lo   cual, actualmente la medida sólo procede en una única hipótesis, cuando el   abogado no sustenta en tiempo el recurso.    

La demanda de   inconstitucionalidad recae únicamente sobre la regla que prevé la multa por la   falta de presentación en tiempo de la demanda de casación, y que se pasa a   caracterizar a continuación.    

6.2.          En primer lugar, en cuanto   a su ámbito de aplicación, la norma es aplicable en controversias   laborales que se ventilan en la jurisdicción ordinaria, y que son susceptibles   de ser revisadas en sede de casación por la Sala Laboral de la Corte Suprema de   Justicia.    

No existen normas equivalentes en el régimen   procesal civil ni en el régimen procesal penal, pues la consecuencia jurídica   para esta misma hipótesis fáctica es que el recurso debe ser declarado desierto.   Es así como el artículo 343 del Código General del Proceso establece que   “cuando no se presente oportunamente la demanda, el magistrado sustanciador   declarará desierto el recurso”. Por su parte, el artículo 184 de la Ley 906   de 2004 prevé que la sustentación del recurso ya admitido se efectúa en una   audiencia programada para este efecto, y su inasistencia no es sancionada.    

Así las cosas, la regla opera únicamente cuando   la conducta omisiva se presenta una autoridad jurisdiccional específica: la Sala   de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.    

6.3.    En segundo lugar, en cuanto al sujeto en   quien recae la medida, el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010 determina que   la sanción por la falta de presentación oportuna de la demanda de casación es el   apoderado judicial que presenta el recurso y posteriormente no lo sustenta en   tiempo. Lo anterior no obsta para que el gasto que implica el pago de esta multa   pueda ser trasladado directa o indirectamente a los representantes en el   proceso, como cuando la decisión de no sustentar el recurso es atribuible al   poderdante.    

6.4.    En tercer lugar, en cuanto a los elementos   constitutivos de la infracción, el precepto demandado determina que la multa   debe imponerse cuando no se radica en tiempo la demanda de casación, después de   que el recurso respectivo ha sido presentado y admitido.    

6.4.1. De este modo, la norma demandada establece que el   supuesto fáctico se configura cuando confluyen las siguientes circunstancias:   (i) el apoderado de una de las partes controvierte una sentencia mediante la   presentación oportuna del recurso extraordinario de casación; (ii) el recurso es   admitido a trámite por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, una vez   verificado el cumplimiento de los requisitos formales: la legitimación para   recurrir, la configuración de alguna de las causales del recurso, que la cuantía   de controversia se ajuste al tope legal mínimo, y la oportunidad en su   presentación; (iii) la demanda de casación no es radicada dentro del plazo   legal, es decir, cuando se hace fuera de los términos legales, o cuando no se   presenta en lo absoluto.    

6.4.2. Pese a la aparente claridad de la norma, en la   comunidad jurídica ha existido una amplia controversia sobre el alcance de la   medida, y en particular, sobre dos interrogantes específicos: primero, si la   multa se aplica automáticamente con la sola verificación de la falta de   presentación en tiempo de la demanda de casación, y segundo, si procede el   desistimiento en este escenario procesal.    

6.4.3. En cuanto a la primera de estas cuestiones, el precepto   legal no define expresamente si la multa se debe imponer siempre que se deje de   sustentar el recurso de casación, o si se debe corroborar, además, que la   conducta omisiva del abogado implica una transgresión de los deberes   profesionales. Este asunto reviste una gran relevancia, porque la falta de   presentación de la demanda de casación puede ocurrir por múltiples razones:   porque nunca se previó la participación del abogado en sede de casación y se   encontraba facultado para ello, porque el poderdante revocó el poder, porque en   el contrato suscrito entre el cliente y el abogado no se prevé la participación   del abogado en sede de casación, porque el cliente consideró que era preferible   no insistir en el recurso, porque luego de estudiado el caso se concluye que el   recurso no tiene mayor vocación de prosperidad, entre muchas otras. Es decir, la   falta de presentación del recurso no siempre ocurre por la negligencia del   apoderado judicial. En este contexto surge el interrogante sobre si la multa se   aplica en todo escenario posible, siempre que se deja de sustentar el recurso en   el plazo legal, o si existen circunstancias en las que la diligencia del   abogado, la imposibilidad física o jurídica de presentarlo, o la inexistencia de   un deber de presentar el recurso, excluyen su imposición.    

Dentro de una aproximación textual y   teleológica al artículo 49 de la ley 1395 de 2010, podría pensarse que la   sanción opera de pleno derecho, con la sola comprobación de la falta de   presentación de la demanda de casación dentro del plazo legal. Esto no solo por   la literalidad de la norma, sino también por su finalidad, que según los   intervinientes y el Ministerio Público no es la de someter a escrutinio la   conducta del abogado, sino la de sancionar la activación infructuosa del aparato   judicial. Dentro de esta línea hermenéutica, la multa se aplica   independientemente de las circunstancias específicas que rodean la declaratoria   de desierta del recurso, de los motivos que dan lugar a la falta de presentación   oportuna del dispositivo procesal, y de que la conducta omisiva del apoderado   judicial se encuentre o no justificada.    

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia   ha entendido que en principio la multa debe imponerse siempre que se verifique   la falta de presentación de la demanda de casación dentro del plazo legal, es   decir, de manera automática. Sin embargo, la Sala Laboral también ha admitido   que los abogados multados controviertan la decisión, demostrando que no contaban   con las facultades legales para ello según el acto de apoderamiento, o que el   contrato suscrito con el cliente no comprendía el deber de sustentar el recurso   de casación. Es así como en la decisión del 22 de enero de 2013, se revocó la   multa impuesta a un abogado, luego de que éste demostró que el poder para   presentar la demanda de casación había sido radicado con posterioridad al   vencimiento del plazo para la presentación del documento[21]. Y por su   parte, en las decisiones del 2 de mayo de 2012[22],   del 22 de enero de 2013[23]  y del 11 de febrero de 2015[24],   también revocó la imposición de sendas multas, luego de que los apoderados   judiciales acreditaron que el contrato de presentación de servicios con   fundamento en el cual asumieron el caso, preveía expresamente que la   representación judicial se agotaba con la terminación de la segunda instancia, y   que no se extendía a la presentación de la demanda de casación. En estos casos,   el ejercicio analítico de la Sala Laboral se centró, no en el hecho objetivo de   la falta de presentación de la demanda de casación en el plazo legal, sino en la   determinación del alcance de los deberes profesionales del abogado multado, y en   la valoración de su actuación a la luz de tales estándares.    

Como puede advertirse, el análisis de la Sala   se orienta, en un principio, a corroborar el dato objetivo sobre la falta de   presentación de la demanda de casación dentro del plazo legal, y la sanción se   impone exclusivamente con fundamento en este dato. No obstante, cuando los   abogados que ya han sido multados controvierten la decisión administrativa de la   instancia jurisdiccional, la naturaleza del examen varía, y se concentra en   determinar si se encontraban facultados para ello, y si el acuerdo con el   cliente preveía este tipo de intervención en el proceso judicial.    

Aunque en este punto el examen comparte algunos   de los elementos de la valoración que se produce en el contexto de los procesos   disciplinarios, en estricto sentido la Sala Laboral no evalúa la antijuridicidad   ni la culpabilidad de la conducta, ni el ejercicio analítico se orienta a   determinar si el abogado infringió sus deberes profesionales, y por ello no se   entra a considerar  circunstancias que eventualmente podrían justificar la   falta de sustentación del recurso, como cuando ello es atribuible a la decisión   del cliente, o cuando es el resultado del análisis de la viabilidad jurídica del   recurso.  Es así como en una sentencia de tutela, la Sala Penal de la Corte   resolvió una solicitud para que fuese revocada una multa impuesta por la Sala   Laboral, en atención a que según el apoderado judicial, la conducta omisiva fue   el resultado de una decisión expresa y deliberada del cliente de no presentar la   demanda de casación; en esta oportunidad, la sala Penal de la Corte estimó que   tal como se encontraba configurada la sanción en la Ley 1395 de 2010, la multa   debía imponerse independientemente de las circunstancias invocadas por el   tutelante, por lo que la decisión de la Sala Laboral no se estimaba contraria a   derecho; se argumentó, además, que en hipótesis como la planteada por el actor,   los apoderados cuentan con la facultad para desistir del recurso dentro del   plazo legal, y que al no hacer uso de este dispositivo, resultaba plenamente   aplicable la multa[25].     

En este mismo sentido, la Sala Laboral confirmó   la imposición de una multa que fue controvertida en su momento porque a juicio   del abogado, existía una imposibilidad jurídica absoluta de fundamentar el   recurso a la luz de la jurisprudencia vigente. Siguiendo la misma línea   argumentativa anterior, la Sala sostuvo que si el apoderado judicial se   encontraba en una situación semejante, debía presentar un desistimiento dentro   de este mismo plazo, o indicar las razones por las no era viable la sustentación   del recurso judicial en el marco jurisprudencial vigente, pero que en ningún   caso había lugar a valorar las circunstancias específicas que rodearon la falta   de presentación del recurso, ni a evaluar la diligencia del abogado[26].    

De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha   entendido que la multa debe aplicarse siempre que se verifique que no se   sustentó el recurso de casación, pero que debe revocarse cuando se demuestra que   el apoderado judicial no se encontraba facultado para ello o que dentro del   acuerdo negocial entre este último y el cliente no se encontraba prevista la   realización de este acto procesal.    

6.4.4.  El segundo interrogante en torno al alcance de la   medida legislativa, se refiere a la aplicabilidad de la figura del desistimiento   en las demandas de casación en materia laboral.    

En efecto, el artículo 316 del   Código General del Proceso reconoce expresamente, y de manera general, el   derecho de las partes de desistir de todos los recursos, incidentes, excepciones   y demás actos procesales que hayan promovido; en este sentido, se establece que   “las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes,   las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido”. Asimismo,   la legislación otorga efectos jurídicos al desistimiento tácito, cuando el   artículo 317 del Código General del Proceso determina que “cuando para   continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente   o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el   cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado   aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta   (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado. Vencido   dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga   o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la   respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá   condena en costas”. De este modo, en principios los apoderados judiciales   pueden, o desistir expresamente de los recursos que han interpuesto previamente,   o dejar de cumplir las cargas asociadas a este recurso, caso en el cual opera la   figura del desistimiento tácito.    

Así las cosas, el   desistimiento, tácito o expreso, es concebido por el legislador como un derecho   de las partes en el proceso, y su ejercicio, en principio, no constituye una   irregularidad o una disfuncionalidad procesal.    

En este escenario, surge   entonces la pregunta sobre la procedencia del desistimiento en el recurso   extraordinario de casación en materia laboral. Por un lado, la legislación   procesal ordinaria reconoce de manera general las figuras del desistimiento   tácito y expreso, y a la luz de estas figuras, cuando se presenta un cualquiera   de los apoderados puede radicar un escrito manifestando su desistimiento, o   simplemente pueden no sustentarlo, y en ambos casos el efecto jurídico es la   declaratoria de desierto de recurso.  Por otro lado, sin embargo el   artículo 49 de la Ley 1395 de 2010 sanciona la falta de sustentación del recurso   o su presentación extemporánea.    

Algunos actores de la comunidad   jurídica han concluido que las normas laborales, por ser especiales, prevalecen   sobre las reglas procesales ordinarias previstas en el Código General del   Proceso, y que por tanto, no son aplicables las disposiciones relativas al   desistimiento en el caso del recurso extraordinario de casación. Dentro de esta   línea hermenéutica, una vez presentado y admitido el recurso de casación, el   poderdante debe sustentarlo dentro del pazo legal, so pena de tener que cancelar   la multa prevista en la norma demandada, independientemente de las   circunstancias que rodean la conducta omisiva e independientemente de que esta   configura una infracción disciplinaria pues el elemento relevante es únicamente   y exclusivamente la utilización infructuosa de la justicia y la ocurrencia de   una irregularidad procesal. Esta es la posición asumida por la demandante y por   los intervinientes en el proceso.    

Por el contrario, los abogados   que sucesivamente fueron multados por no sustentar los recursos de casación que   previamente habían interpuesto, argumentaron que el Código General del Proceso,   al contemplar expresamente la figura del desistimiento tácito, había derogado   tácitamente el artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, y que por ende, cuando no se   sustenta el referido recurso en el plazo legal, se configura una modalidad de   desistimiento tácito, cuyo efecto jurídico no es la imposición de la multa sino   únicamente la declaratoria de desierta del dispositivo procesal, tal como ocurre   en materia civil.    

Frente a este argumento, la   Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha negado la procedencia del   desistimiento tácito en este escenario, argumentando, entre otras cosas, que al   momento de adoptarse las decisiones sancionatorias por la falta de sustentación   de los recursos por parte de los abogados no había entrado en vigor el Código   General del Proceso debido a su implementación gradual, y que la Ley 1395 de   2010 era una norma especial, aunque anterior, a aquella otra normatividad, y que   por ende prevalece en su aplicación en los asuntos laborales.    

No obstante, la Sala Laboral ha   reconocido la procedencia del desistimiento expreso, y ha aceptado, por tanto,   que cuando por cualquier motivo el apoderado judicial encuentra que no es viable   o conveniente insistir en un recurso de casación, se puede desistir del mismo   para evitare la imposición de la multa prevista en la Ley 1395 de 2010. Con   fundamento en este entendimiento de la preceptiva legal, se han confirmado   sanciones impuestas a abogados multados que alegan en su favor la pertinencia   del desistimiento tácito o el acaecimiento de circunstancias que descartan el   desconocimiento de los deberes profesionales del abogado, como la imposibilidad   jurídica de sustentar el recurso, la voluntad del poderdante de no continuar con   el trámite judicial, o la inconveniencia de insistir en el recurso, porque en   todo caso el apoderado podía radicar un escrito manifestando su decisión de   desistir del recurso.    

Así por ejemplo, en providencia   del 6 de mayo de 2015[27],   la Corte Suprema confirmó la multa impuesta a un abogado que no había sustentado   el recurso de casación, argumentando que el apoderado podía evitar la sanción   radicando en la alta corporación un escrito en el que manifestara su voluntad de   desistir del recurso. En este sentido se sostuvo que “dentro del término   legal no se sustentó el recurso de casación y, conforme a lo dispuesto en el   artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, se declaró desierto y se impuso multa. Ahora   bien, si el artículo 118 del C.P.C. establece los términos y oportunidades   procesales son perentorios e improrrogables, lo que debió haber hecho el   apoderado del recurrente, si no encontró fundamentos de hecho ni de derecho para   sustentar el recurso, era haber desistido de éste dentro del término legal, de   conformidad con lo preceptuado por el artículo 344 del CPC, aplicable por   remisión del artículo 145 del CPT y ss”. Esta misma línea ha sido acogida de   manera general en la Corte Suprema de Justicia[28].    

De este modo, el alcance de la   norma demandada depende en buena medida del alcance otorgado a la figura del   desistimiento. De entenderse que ninguna modalidad de desistimiento es viable   cuando se presenta el recurso de casación y éste es admitido en la Sala Laboral   de la Corte Suprema, la única posibilidad que tiene el apoderado judicial para   evitar la imposición de la multa es la sustentación del recurso; si, como lo ha   entendido la Corte Suprema, es viable el desistimiento expreso más no el   desistimiento tácito en este escenario, los apoderados judiciales pueden   presentar el recurso, y posteriormente no presentar la demanda de casación y en   su lugar radicar un memorial de desistimiento, sin que haya lugar a la   aplicación de la sanción; y si se entiende que ambas modalidades de   desistimiento son pertinentes en este contexto, habría que concluir que la   medida legislativa ha sido derogada tácitamente por el Código General del   Proceso.    

6.5.          Los inconvenientes   hermenéuticos anteriores ponen en evidencia las dificultades para determinar la  naturaleza jurídica de la medida legislativa demandada, y para establecer   si constituye una modalidad específica de sanción disciplinaria, de medida   correccional, o de costo procesal análogo a los aranceles y tasas judiciales.    

Las prácticas uniformes en   torno a la multa prevista en la Ley 1395 de 2010 incorporan algunos elementos   del derecho disciplinario, pues aunque en un primer momento la Sala Laboral   impone la sanción de manera automática, cuando se verifica la falta de   presentación del recurso de casación, posteriormente, cuando el abogado   sancionado controvierte la medida, la Corte Suprema entra a efectuar otro tipo   de valoración, orientada esta vez a determinar si el abogado se encontraba   facultado para ello según el poder que le fue otorgado, y si dentro del contrato   con fundamento en el cual intervino en el proceso judicial, se encontraba   prevista su mediación en sede judicial.    

No obstante, y tal como lo   planteó la Procuraduría General de la Nación, también puede concluirse que se   trata de una figura independiente y autónoma del régimen previsto en la Ley 1123   de 2007. En efecto, el régimen disciplinario de los abogados tiene por objeto   sancionar el incumplimiento de los deberes profesionales de los abogados, cuando   cometen faltas contra la dignidad de la profesión, contra el decoro profesional,   contra el respeto de la administración de justicia y de las autoridades   administrativas, contra la recta y leal administración de justicia y fines del   Estado, contra la lealtad con los clientes, contra la honradez y lealtad contra   los colegas, contra la debida diligencia profesional, contra el deber de   promover litigios y facilitar la solución alternativa de conflictos, por el   ejercicio ilegal de la profesión, o por la violación del régimen de   incompatibilidades o del deber de independencia profesional. En todos estos   casos, la conducta sancionada debe estar prevista en el ordenamiento como falta   a los deberes profesionales, debe ser antijurídica y culpable, y son plenamente   aplicables las causales generales de exclusión de la responsabilidad, como la   fuerza mayor y el caso fortuito, la actuación en cumplimiento de un deber legal   de mayor importancia que el sacrificado o en ejercicio legítimo de un derecho,   la insuperable coacción ajena, la convicción errada e invencible de que la   conducta no es constitutiva de falta, o la situación de inimputabilidad.    

En contraste, para el Ministerio Público la   norma demandada no censura la conducta del abogado como tal, sino la   circunstancia objetiva de haber movilizado inútilmente el aparado judicial, al   proponer un recurso y posteriormente no sustentarlo después de que fue admitido.   Esta activación infructuosa podría o no obedecer a la infracción de los deberes   profesionales del abogado, pero en cualquiera de los dos escenarios la multa se   impone, no en razón del incumplimiento de los referidos deberes, sino en razón   de la presentación y no sustentación de un recurso extraordinario. Por ello,   cuando la declaratoria de desierto de un recurso de casación es el resultado de   una actuación negligente o de mala fe del apoderado judicial, además de la multa   prevista en la norma demandada, serían aplicables las sanciones disciplinarias   previstas en la Ley 1123 de 2007.    

Otra posible respuesta al interrogante   anterior, es que la multa se enmarca dentro de las facultades correccionales de   los jueces frente a los particulares. El objeto de estas medidas es la   salvaguardia de los bienes jurídicos afectos a la administración de justicia, y   en particular, la dignidad, la economía, la oportunidad, la lealtad, la   imparcialidad y la celeridad procesal. Es así como el juez puede imponer multas   que oscilan entre los dos y los cinco salarios mínimos mensuales a la partes del   proceso o a sus apoderados, cuando aleguen a sabiendas hechos contrarios a la   realidad, cuando se utilice el proceso, incidente o trámite para fines   claramente ilegales, cuando se obstruya la práctica de pruebas, cuando de manera   injustificada no se presta la debida colaboración en la práctica de las pruebas   o diligencias, o cuando se asumen conductas tendientes a dilatar o entorpecer el   desarrollo normal del proceso judicial. En este marco, podría argumentarse que   la multa prevista en la norma acusada corresponde a una modalidad específica de   medida correccional. Sin embargo, como lo que censura la norma demandada no es   la conducta del abogado como tal sino el desgaste objetivo del aparato judicial,   también podría arribarse a la conclusión contraria, en el sentido de que la   norma opera en realidad como una tasa o arancel judicial sui generis.    

Por esta misma razón, también podría pensarse   que la medida legislativa corresponde en realidad a una modalidad particular de   tasa o arancel judicial, y que pese a la terminología ambigua y oscura del   legislador, en la norma demandada se fija una carga económica de acceso al   recurso extraordinario, condicionada al hecho futuro e incierto de que éste no   sea sustentado. Esto explicaría que la imposición de la multa sea independiente   de la valoración de la conducta del abogado.    

Como puede advertirse, los contornos de la   figura demandada aún no se han definido en la comunidad jurídica. Es por esto   que la Corte llegó a concluir en la sentencia C-203 de 2011 que se trata de   “figura jurídica híbrida”[29]  que comparte los elementos del derecho disciplinario, de las facultades   correccionales de los jueces, y del sistema de costos procesales.    

6.6.          La consecuencia jurídica   prevista en la norma demandada es la imposición de una multa al abogado que   interpuso el recurso extraordinario de casación y no lo sustentó en tiempo, que   oscila entre los cinco y los diez salarios mínimos legales mensuales, es decir,   entre el 4 y el 8% de la cuantía mínima para interponer el recurso. El precepto   demandado no fija ningún criterio para la dosificación de la multa, y en   términos generales, la Sala Laboral aplica discrecionalmente el tope máximo de   los diez salarios mínimos legales mensuales.    

6.7.          Finalmente, en cuanto a la  finalidad de la medida legislativa, debe tenerse en cuenta que aunque   durante el proceso de aprobación parlamentaria no se dio cuenta del propósito   específico perseguido con la norma, en todo caso ésta se enmarca dentro de la   Ley 1395 de 2010, cuyo objeto en general es la descongestión judicial. En este   contexto tienen asidero las consideraciones de la Procuraduría General de la   Nación, en el sentido de que la norma respondió a la necesidad de racionalizar   la utilización del recurso extraordinario de casación, en una instancia   jurisdiccional que tiene unos altos índices de congestión provocada justamente   por la alta cantidad de demandas de casación que deben ser resueltas anualmente   por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, el Congreso   impuso esta multa para que los abogados solo interpongan el recurso   extraordinario cuando se cercioren de su procedencia y viabilidad, y para evitar   que se apele a este recurso sistemáticamente y posteriormente se desista del   mismo. Se trata entonces de una medida orientada a aliviar la carga de trabajo   en una instancia jurisdiccional específica: la Sala Laboral de la Corte Suprema   de Justicia.    

7.                 Las especificidades   de la congestión judicial en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia    

7.1.          Según el Ministerio   Público, la norma demandada respondió al propósito del legislador de enfrentar   la grave situación de congestión en la Sala Laboral de la Corte Suprema de   Justicia, congestión que a su vez reviste unas particularidades y una gravedad   especial frente a la que afrontan las demás salas de la referida corporación.    

Teniendo en cuenta que la   justificación del precepto atacado está vinculada a la necesidad de enfrentar la   congestión en la referida instancia jurisdiccional, pasa la Sala a describir y   valorar el referido fenómeno, pues a partir de este diagnóstico se puede   determinar si la medida legislativa tiene la potencialidad de contribuir a la   descongestión judicial.    

7.2.          La Corte encuentra que las   apreciaciones de la Vista Fiscal sobre las peculiaridades y la dimensión de esta   problemática, tienen pleno asidero. En efecto, aunque la congestión en la   justicia constituye un fenómeno endémico que compromete a todo el aparato   judicial, siendo el resultado de problemas de orden estructural relacionados con   la alta demanda de servicios jurisdiccionales, así como con la insuficiente   respuesta estatal frente a estos requerimientos[30], en el caso   de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia esta problemática tiene una   dimensión y una connotación especial.    

En efecto, la revisión de las estadísticas   oficiales evidencia un ascenso sostenido en el volumen de inventarios, que   contrasta con las tendencias en las otras dos salas de la Corte Suprema. Así,   mientras en el año 2008 el stock de inventarios correspondía a 4006 procesos, en   el año 2015 esta cifra ascendió 117.403, lo que significa que en un período de   siete años este se incrementó en un 334,4%, y que además, existe un   represamiento crónico de procesos (Ver Gráfica 1). Este ascenso sostenido se   predica también de los procesos de casación, pues mientras en el año 2008 el   inventario correspondía a 3.797 procesos, en el año 2011 a pasó a 9.019, y en el   año 2015 se situó en 16.712, lo que significa que en este mismo período de   tiempo se incrementó en un 340% (ver Gráfica 2). De hecho, la mayor fuente de   congestión en dicha sala se presenta por los procesos de casación, ya que del   inventario final la mayor parte corresponde a este trámite, mientras que los   relativos a tutelas de primera y segunda instancia, consultas por incidentes de   desacato, conflictos de competencia, hábeas corpus, impedimentos y recusaciones,   procesos ordinarios de única instancia, otros proceso, recursos de apelación,   recursos de anulación, recursos de queja, revisión y tutela en primera y en   segunda instancia, representan tan solo el 4% del total[31]  (Ver Gráfica 2).    

Grafica No. 1    

         

Fuente: Corte Suprema de   Justicia. Elaboración propia    

Grafica No. 2    

         

Fuente: Corte Suprema de   Justicia. Elaboración propia    

En contraste, el panorama en   las demás salas de casación de la Corte Suprema de Justicia es bastante menos   complejo. El represamiento de procesos, incluido el correspondiente al recurso   extraordinario de casación, es muy inferior, y la tendencia creciente es mucho   menos acentuada, por lo que, en definitiva, no se trata de un problema endémico.   En la Sala de Casación Civil, por ejemplo, el inventario final de procesos para   el año 2010 era de tan solo de 675 procesos, y a partir de entonces el   comportamiento ha sido variable, pasando en los años sucesivos a 503, 463, 840,   684 y 888 trámites, sin que pueda hablarse de un crecimiento sostenido (Ver   Gráfica 3); de este modo, durante este lapso el incremento fue tan solo del 31%,   frente al incremento del 103.9% en la Sala Laboral en este mismo periodo. Por su   parte, para el año 2010, el inventario final en la Sala Penal era de 1.355, y   para el año 2015 fue de 1.681, pasando sucesivamente por 1.725, 1.597, 1.855,   1.767 y 1.681; esto significa lo cual significa que no existe un crecimiento   sostenido en el volumen, y que, en cualquier caso, tanto el crecimiento en el   stock como el nivel de represamiento en muy inferior al que se presenta en la   Sala Laboral (Ver Gráfica 3).    

De este modo, la Sala Laboral   concentra la mayor parte de los trámites pendientes por ser evacuados dentro de   la Corte Suprema de Justicia, ya que tiene, en promedio, el 83% del inventario   final de procesos, mientras que la Sala Civil concentra tan solo el 6%, y la   Sala Penal el 14%. Aún más, esta proporción tiende a incrementarse a lo largo   del tiempo, pues mientras en el año el  volumen en la Sala Laboral representaba   el 76,5%, en el año 2015 representó el 87,1% (Ver Gráficas 4 y 5).    

Grafica No. 3    

         

Fuente: Corte Suprema de   Justicia. Elaboración propia    

Incluso, la situación de la   Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reviste mucha más   gravedad que la que afronta su par en la jurisdicción de lo contencioso   administrativo, es decir en la Sección Segunda del Consejo de Estado. El   promedio de procesos acumulados entre el año 2010 y 2014 en la última de estas   salas es de 4.685 procesos, mientras que la Sala Laboral es de 12.331 en el   mismo período, es decir, casi tres veces más[32].    

El análisis anterior demuestra   lo siguiente: (i) primero, que existe un alto nivel de congestión de procesos en   la Corte Suprema de Justicia; para el año 2015 el inventario final de procesos   era de 19.972; si para este mismo año el ingreso total de procesos fue de   27.060, significa que el 73% de este volumen no puede ser evacuado; (ii)   segundo, este represamiento se concentra en la Sala Laboral, y no en la Sala   Civil ni en la Sala Penal; para el año 2015, del total de trámites pendientes   por ser evacuados en la referida corporación, el 87.1% correspondía a los que   son asignados a la Sala Laboral; (iii) tercero, la mayor parte de procesos   represados en la Sala Laboral corresponden a recursos de casación pendientes de   sentencia; para el año 2015, de los 17.403 procesos en inventario final, 16.712   corresponden a procesos de casación, es decir, más del 96%; (iv) este   represamiento es crónico, y con tendencia creciente, como lo demuestra el hecho   de que el stock de procesos ha crecido en un 103.9% en tan solo cinco años.    

Grafica No. 4    

         

Fuente: Corte   Suprema de Justicia. Elaboración propia    

Gráfica No. 5    

         

Fuente: Corte   Suprema de Justicia. Elaboración propia    

7.3.          El fenómeno anterior se produce por   la intersección de dos variables: por un lado, se ha presentado un crecimiento   inusitado en la cantidad de procesos que ingresan a la Sala Laboral de la Corte   Suprema de Justicia, crecimiento que no se ha presentado, al menos en la misma   dimensión, en las demás salas de esa misma Corporación. Y por otro lado, al   menos hasta la expedición de la Ley 1781 de 2016, institucionalmente no se dio   una respuesta a esta problemática consistente con su naturaleza y dimensión, de   modo que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha   mantenido la misma estructura y reglas de funcionamiento para enfrentar una   nueva realidad procesal.      

7.4.          Distintos factores han contribuido   a que a partir del año 2005 se haya incrementado drásticamente la cantidad de   procesos de casación que ingresan a la Sala Laboral.    

7.4.1. En primer lugar, se ha presentado un crecimiento   drástico en la demanda de justicia, lo que hace que se hayan incrementado   ostensiblemente los litigios laborales, y por ende, los fallos judiciales   susceptibles de ser controvertidos mediante el recurso extraordinario de   casación. Y aunque este fenómeno se ha producido en todas las jurisdicciones, el   incremento en las demandas de justicia ha sido particularmente evidente en la   jurisdicción laboral.    

El   Consejo Superior de la Judicatura estima que entre el año 2008 y el año 2015,   los ingresos efectivos de procesos en la Rama Judicial han aumentado en un 35%,   pasando de 2.101.718 a 2.836.861 en este período[33]. Este crecimiento es   mayor en la jurisdicción laboral, ya que en este lapso el incremento en la   demanda de justicia fue de 56.8%, al pasar de 177.246 a 277.952 trámites   judiciales ingresados[34].   En la jurisdicción civil el crecimiento fue mucho más moderado, situándose en un   24%, bastante menos de la mitad del que se produjo en las instancias civiles,   pasando de 618.095 ingresos a 766.792 en el mismo período, incluyendo los   procesos iniciados en los juzgados especializados en restitución de tierras, que   por obvias razones han aumentado drásticamente[35]. En materia penal el   ingreso de procesos pasó de 568.437 en el 2008 a 772.103 en el 2015, con un   incremento del 36%.    

7.4.2. Pero no solo se ha presentado un incremento   significativo en la demanda de servicios de justicia laboral, sino que además,   en este mismo período se ha mejorado la productividad de la jurisdicción, de   modo que el flujo de sentencias susceptibles de ser recurridas mediante el   recurso de casación, también se ha incrementado, y de este modo, la Sala Laboral   de la Corte Suprema de Justicia recibe cada vez más procesos de este tipo.    

En   efecto, con la ejecución de los programas de descongestión a cargo del Consejo   Superior de la Judicatura a raíz de la expedición de la Ley 1285 de 2009, y con   la implementación de la oralidad en los procesos laborales dispuesta en la Ley   1149 de 2007[36],   se disminuyó la congestión en los despachos judiciales que tramitan los procesos   laborales en primera y en segunda instancia, por lo cual hubo una reducción   sensible y significativa en los tiempos y en los costos procesales, y un   incremento muy importante en la producción de fallos susceptibles de ser   controvertidos mediante el recurso extraordinario de casación.    

Entre   otras cosas, la Ley 1148 de 2007 determinó que las actuaciones judiciales y la   práctica de pruebas se deben efectuar oralmente en audiencia pública, facultó a   los jueces para limitar la duración de las intervenciones de las partes y de sus   apoderados, estableció la obligación de fijar la fecha de la audiencia   siguiente, prohibió la suspensión de las audiencias y estableció la obligación   de desarrollarlas sin solución de continuidad  dentro de las horas hábiles   hasta que se agote su objeto, y  facultó a los jueces para rechazar la   práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el   objeto de la litis. La articulación de todas estas medidas se ha traducido en un   incremento en la productividad judicial en la jurisdicción laboral, y por ende,   en un incremento en la evacuación de procesos en primera y en segunda instancia.    

Asimismo, con ocasión de la expedición de la Ley 1285 de 2009[37] la Sala Administrativa   del Consejo Superior de la Judicatura implementó un programa de descongestión en   toda la Rama Judicial, que comprende, entre otras cosas, la contención de la   demanda de servicios de justicia y la ampliación y el mejoramiento del servicio.   Así, se celebraron convenios con instituciones públicas y particulares para   implementar mecanismos alternativos de solución de conflictos, se diseñaron   herramientas para la atención de los pequeños conflictos, se incrementó la   oferta de servicios a través de la creación de nuevos despachos judiciales y del   enganche de nuevo personal de apoyo judicial, se adelantaron programas para la   modernización de la infraestructura física y tecnológica, se adelantaron   programas de capacitación a jueces y auxiliares de la justicia, y se dio   aplicación a la figura del desistimiento tácito prevista en la Ley 1564 de 2012,   entre muchos otros[38].    

A   juicio del Consejo Superior de la Judicatura, lo anterior mejoró la   productividad de la jurisdiccional laboral y redujo la congestión en los   despachos judiciales de primera y de segunda instancia, ya que el crecimiento en   la demanda de servicios vino acompañado de una reducción significativa en los   tiempos y en los costos procesales, y en últimas, en una muy superior tasa de   evacuación de procesos[39].   Para el año 2015, los procesos laborales en primera instancia tenían en promedio   una duración de 189 días, promedio muy inferior a otros procesos judiciales: 228   días en los procesos ejecutivos, 539 en los procesos penales escritos, y 668 en   los disciplinarios escritos. La segunda instancia se surte, en promedio, en tan   solo 38 días, mientras que en los procesos contencioso administrativos escritos   la duración es de 80 días, en los disciplinarios escritos de 166 días, y en los   ejecutivos de 68 días[40].    

Todos   estos progresos en la productividad han provocado una evacuación muy importante   de procesos laborales, cuyos fallos, en general, pueden ser objeto del recurso   extraordinario de casación en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.    

7.4.3. Finalmente, la configuración del recurso extraordinario   de casación en materia laboral también ha favorecido el acceso a este   dispositivo.    

En   efecto, pese a que tradicionalmente la casación ha sido concebida como un   recurso extraordinario y excepcional, el diseño del mismo en materia laboral ha   hecho que una cuota muy significativa de fallos judiciales sean susceptibles de   ser controvertidos mediante la referida herramienta procesal. Esto, al menos   desde tres perspectivas.    

7.4.3.1.    Por un lado, el diseño del recurso   tiene un alto nivel de amplitud y flexibilidad.    

Desde   el punto de vista la cuantía exigida para la presentación del recurso, el   artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social determina   que son “susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía   exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente”.   Esta cuantía ha sido considerada baja, teniendo en cuenta que la casación es un   recurso extraordinario, y que por tanto, en principio procede solo de manera   excepcional.    

Por   este motivo, y con el propósito de contribuir a la descongestión en la Sala   Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Ley 1395 de 2010 incrementó la   cuantía para este recurso, determinando que “sólo serán susceptibles del   recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de doscientos veinte (220)   salarios mínimos mensuales vigentes”.    

Sin   embargo, en la sentencia C-372 de 2011[41]  se declaró la inexequibilidad del referido precepto, en consideración a que   siendo este dispositivo un mecanismo de protección del orden objetivo mediante   la función de corrección de fallos contrarios al sistema jurídico, de   unificación de jurisprudencia en materia de derechos laborales y de seguridad   social, de aplicación igualitaria de la ley, de realización de los contenidos   materiales del ordenamiento, y de protección del trabajo y de la seguridad   social, la imposición de una cuantía de 220 smlmv resultaba desproporcionada. A   juicio de la Corporación, aunque la medida atendía al finalidad de hacer frente   al incremento desmesurado en los recursos de casación laboral, la solución   legislativa resultaba inconsistente con la naturaleza estructural y endémica de   la congestión judicial en el país, de modo que su único efecto era aliviar la   carga de trabajo en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y no   brindar una solución integral al problema. Por ello, a juicio de esta   corporación, el legislador debía diseñar soluciones que no implicaran una   restricción desproporcionada al derecho de acceso a la justicia, y que resultan   acordes con la problemática de la congestión judicial en Colombia. Así las   cosas, habiéndose declarado la inexequibilidad del referido precepto, hoy en día   la cuantía mínima para la procedencia del recurso de casación, es tan solo de   120 salarios mínimos.    

Esta   cuantía contrasta con la que existe en materia civil, pues según el artículo 338   del Código General del Proceso, “cuando las pretensiones sean esencialmente   económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución   desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios legales mensuales   vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se   trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las   que versen sobre el estado civil”. Independientemente de las diferencias   metodológicas para calcular la cuantía mínima del recurso, lo cierto es que en   materia civil ésta es muy superior a la que se fijó en material laboral,   seguramente en consideración al tipo de intereses que se debaten en uno y otro   trámite. De este modo, no solo la demanda de justicia civil es inferior a la   demanda de justicia laboral, sino que además, el acceso al recurso   extraordinario de casación es más limitado en el primer caso que en el segundo.    

Aunque en materia penal el ejercicio comparativo anterior no es procedente por   la naturaleza de los asuntos que se debaten en este escenario, el artículo 181   de la Ley 906 de 2004 consagra ciertos límites materiales a la viabilidad del   recurso. Es así como se establece que el recurso procede contra sentencias   proferidas en segunda instancia en procesos adelantados por delitos, según las   causales allí previstas, y que cuando la casación tiene por objeto exclusivo la   reparación integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, se   aplican las cuantías en materia civil. En este orden de ideas, el acceso a este   recurso también es restringido.    

Los   demás contornos del recurso también favorecen el acceso a la casación laboral:   mientras en materia laboral debe interponerse dentro de los 15 días siguiente a   la notificación de la sentencia de segunda instancia, en materia civil este   plazo se reduce a cinco días, según lo establecen los artículos 337, 340 y 343   del Código General del Proceso. Asimismo, según este último cuerpo normativo, no   puede interponer este recurso quien no apeló la sentencia de primer grado,   cuando la proferida por el tribunal sea exclusivamente confirmatoria de aquella;   en contaste, no se encentra una restricción semejante en el Código de   Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social.    

7.4.3.2.    Además, la actual estructura de la   administración de justicia favorece la interposición de recursos en materia   laboral.      

En   materia civil, por ejemplo, el recurso extraordinario de casación procede contra   las sentencias dictadas por los tribunales superiores en segunda instancia; pero   a su turno, como en la jurisdicción civil existen jueces municipales y jueces   del circuito, únicamente aquellos procesos cuya primera instancia se surte en   los jueces del circuito son susceptibles de ser controvertidos mediante este   recurso, lo cual descarta de plano una amplia gama de fallos judiciales.    

En   materia laboral ocurre algo diferente, porque en general la estructura de la   administración de justicia es distinta, y sólo existen jueces laborales del   circuito, cuyo superior jerárquico son los tribunales superiores del distrito   judicial. Así las cosas, salvo en los asuntos de conocimiento de los jueces de   pequeñas causas previstas en la Ley 1395 de 2010, todos los fallos de segunda   instancia son susceptibles de ser controvertidos mediante el recurso   extraordinario de casación, con la sola limitación de la cuantía a la que se   hizo referencia anteriormente.    

7.4.3.3.    Y las políticas de admisiones en la   Sala Laboral son más flexibles que las de sus pares en materia penal y en   materia civil. Según la información reportada por la Sala Penal de la Corte   Suprema de Justicia a esta Corporación, en promedio, entre los años 2005 y 2015,   la Sala Penal inadmitió el 76% de los recursos presentados; así por ejemplo, en   el año 2006 tuvo el índice más bajo de inadmisiones, equivalente al 69%,   mientras que en el año 2008 ascendió llego al 91%. En contraste, las políticas y   las prácticas de admisión de recursos en la Sala Laboral arrojan resultados   diametralmente opuestos, ya que, en promedio, y aunque con fluctuaciones   importantes, la Sala Laboral únicamente inadmite el 30% de los recursos   presentados anualmente; en este período el nivel de inadmisión más significativo   se presentó en el año 2009 cuando llegó al 64%, mientras que en los años 2013 y   2014 fue solo del 5 y del 11%, respectivamente (Ver Gráfica 6).    

Gráfica No. 6    

         

Fuente: Corte Suprema de Justicia. Elaboración propia    

Lo   anterior significa que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no solo   recibe una cantidad mucho mayor de recursos de casación que sus pares en materia   penal y civil, sino que además, en razón de las políticas y prácticas de   admisión, la cantidad de demandas de casación sujetas a sentencia es también   mucho mayor.    

7.4.4. De esta manera, el aumento significativo en la demanda   de justicia, la reducción en los tiempos procesales en la primera y en la   segunda instancia, y la configuración legal del recurso extraordinario de   casación en materia laboral, han provocado en la última década un crecimiento   importante en la cantidad de recursos de casación interpuestos y admitidos en la   Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, significativamente superior a la   cantidad de recursos que se interponen en las demás Salas de la Corte Suprema.    

Según   la información reportada por la Corte Suprema de Justicia a esta Corporación, la   cantidad de recursos de casación ingresados difiere sustancialmente según la   Sala. Por tan solo mencionar algunos ejemplos, mientras en el año 2008 a la Sala   Civil ingresaron 244 procesos y a la Sala Penal 1.085, a la Sala Laboral   ingresaron 3.285, es decir, el 71% de los recursos de casación ingresados ese   año. En los años subsiguientes, la Sala Civil ha recibido anualmente entre 201 y   476 recursos, y la Sala Penal entre 868 y 1616, mientras que la Sala Laboral ha   recibido entre 3.070 y 5.694 recursos anuales. En promedio, a esta última   instancia ingresan el 70% de los recursos de casación de la Corte Suprema de   Justicia, y 15 veces más que su par en materia civil (Ver Gráfica No. 7).    

Gráfica No. 7    

         

7.5.          Hasta el momento se ha dicho que en   la última década, por el aumento en la demanda de servicios de justicia, por los   procesos de descongestión y de reducción de tiempos en la evacuación de procesos   en la jurisdicción laboral, y por la relativa flexibilidad del recurso   extraordinario de casación en esta materia, se ha producido un incremento   significativo en la cantidad de recursos de casación interpuestos y admitidos   por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en niveles muy por encima   de los que registran la Sala Civil y la Sala Laboral de la misma Corporación.    

La   congestión en esta instancia se ha producido porque no ha habido una respuesta   institucional a estos cambios tan importantes en el flujo de procesos de   casación que ingresan a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.    

7.5.1. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la   estructura institucional de la Corte Suprema de Justicia no guarda   correspondencia con la demanda de servicios de casación en las distintas salas,   y que además, se ha mantenido invariable pese a las transformaciones en la   dinámica de los procesos, salvo por la implementación de medidas de   descongestión puntuales y transitorias.    

Es   así como el artículo 16 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia   establece que la Sala de Casación Civil y Agraria y la Sala de Casación Laboral   tiene cada una siete magistrados, y que la Sala de Casación Penal se encuentra   integrada por nueve magistrados. Esta composición de las salas de la Corte   Suprema de Justicia no es consistente con la cantidad de recursos de casación   que ingresan a cada una de estas instancias, ni con la cantidad de demandas por   resolver. Mientras que entre los años 2007 y 2015 la Sala Penal tenía un 30% más   despachos que la Sala Laboral, esta última instancia tenía 13 veces la cantidad   de demandas de casación admitidas. Lo propio puede decirse de la Sala de   Casación Civil pues aunque ambas tienen el mismo número de magistrados   titulares, existen diferencias más que notables en la carga de trabajo asociada   a recursos de casación: en promedio, entre los años 2011 y 2014, a la Sala   Laboral ingresaron 15 veces más recursos de casación que los ingresados a la   sala Civil de la misma Corporación, por lo que las discrepancias en la carga de   trabajo igualmente saltan a la vista.    

Es   justamente esta situación la que condujo al Congreso a ordenar la conformación   de nuevas Salas de Descongestión en materia laboral, mediante la Ley Estatutaria   1781 de 2016. En la referida ley se dispuso la creación de cuatro salas de   descongestión, cada una integrada por tres magistrados de descongestión, las   cuales se encargarán únicamente de tramitar y decidir los recursos de casación   que determine la Sala de Casación Laboral. De hecho, en la Exposición de Motivos   al proyecto de ley se sostuvo que la razón de ser de la medida legislativa   propuesta radicaba en la multiplicación desproporcionada de procesos que arriban   a la Sala Laboral, por factores como el notable crecimiento de procesos fallados   en los tribunales por las medidas de descongestión implementadas en los últimos   años y a la ampliación de las competencias de la Sala, sin que por otro lado se   ajustara la estructura institucional de la Corte Suprema: “De manera   paralela, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha   mantenido  invariable su estructura durante mucho tiempo, a pesar de que la   demanda de justicia en materias laborales y de seguridad social ha aumentado   significativamente. A la Corporación le han sido asignados nuevos cargos y   medidas de descongestión transitorias, que se han enfocado en el nombramiento de   empleados y que han redundado en un aumento de la productividad, pero, en   definitiva, su infraestructura, aparato técnico y planta de personal ha sido   notoriamente insuficiente para contrarrestar el incremento abrupto de los   recursos de casación sometidos a su conocimiento y decisión”[42].    

No   obstante, esta respuesta llegó tan solo hasta el año 2015.    

7.5.2. Asimismo, deben tenerse en cuenta las amplias   competencias jurisdiccionales atribuidas a la Sala Laboral de la Corte Suprema   de Justicia. Es así como los mismos siete despachos han venido asumiendo, además   de la sustanciación y resolución de los recursos extraordinarios de casación,   una amplia gama de responsabilidades que demandan una cuota muy importante de   los recursos de esta instancia jurisdiccional.    

Así,   por un lado, la Corte Suprema debe resolver las acciones de tutela que les son   asignadas en virtud de las reglas de reparto establecidas en los decretos 1834   de 2015 y 1382 de 2000, acciones que, a su turno, también se han incrementado   dramáticamente a lo largo del tiempo. Así, mientras en el año 2002 se recibieron   1300 tutelas, en el año 2013 esta cifra ascendió a 4754, que equivale a un   aumento de más del 300% en tan solo diez años[43]. Y en promedio, los   procesos de tutela que ingresan anualmente a la Sala Laboral representan el 40%   de los ingresos totales. Así por ejemplo, en el año 2008 ingresaron 6257   procesos, de los cuales 2.577 corresponden a demandas de tutela en primera   instancia, es decir, el 41%. Lo que ocurre es que estas acciones son tramitadas   de manera prioritaria, de modo que como son evacuadas casi que en su totalidad,   se presenta una importante fuga de recursos en el ejercicio de estas   competencias (Ver Gráfica 8).    

Además, la Ley 1210 de 2008 asignó a esta Sala la competencia para determinar la   legalidad de las huelgas, además de las relativas a los recursos   constitucionales de hábeas corpus, los de anulación en contra de laudos   arbitrales emitidos en conflictos colectivos, demandas de revisión, conflictos   de competencias, recursos de queja, entre muchas otras.    

De   este modo, el diseño de la Sala de Casación Laboral no solo ha resultado   inadecuado para resolver los recursos de casación, sino que además, al asumir el   conocimiento de múltiples asuntos disímiles, se ha minado con la capacidad de   esta instancia judicial.    

8.     Análisis de los cargos    

Según   se indicó en los acápites precedentes, la accionante sostiene que la previsión   legal demandada es incompatible con el principio de igualdad, con el debido   proceso y con el derecho de acceso al sistema de justicia. Esto, por las   siguientes razones: (i) primero, porque el derecho positivo atribuye efectos   jurídicos diferenciados a un mismo supuesto de hecho, con fundamento en un   criterio de diferenciación inadmisible; en efecto, mientras en materia civil y   en materia penal la consecuencia jurídica por no presentar la demanda de   casación en el plazo legal es la declaratoria de desierta del recurso, en   materia laboral el efecto jurídico es, además de este, la imposición de una   multa al apoderado judicial, que oscila entre cinco y diez salarios mínimos   mensuales; (iii) asimismo, la previsión legal seria contraria al debido proceso,   en la medida en que prevé una suerte de responsabilidad objetiva, no contempla   un trámite específico para garantizar el derecho de defensa de los abogados   sujetos de la medida, y se superpone al régimen disciplinario, en detrimento del   principio de non bis in ídem; (iii) finalmente, la multa se convierte en   una barrera de acceso al sistema de administración de justicia, en contravía del   derecho de acceso al aparato judicial, como mecanismo para la garantía   jurisdiccional de los derechos sociales.    

La   Corte Constitucional comparte las apreciaciones de la accionante y de los   intervinientes que apoyan su solicitud, por dos razones fundamentales: (i)   primero, porque la norma adolece de indeterminaciones insuperable en sus   elementos estructurales, que impide a los actores de la comunidad jurídica   conocer los actos y conductas procesales admisibles e inadmisibles en sede de   casación, y los efectos jurídicos por su realización, así como determinar el   alcance de la restricción a los derechos a la igualdad, al debido proceso y de   acceso al sistema de justicia, alcance del cual también depende el análisis de   constitucionalidad; (ii) y segundo, porque la medida legislativa establece una   consecuencia claramente desventajosa por la realización de actuaciones   procesales que hace parte del desenvolvimiento y de la dinámica regular de los   procesos judiciales, como es el desistimiento, sobre la base de la presunta   contribución de la medida a la descongestión en la Sala Laboral de la Corte   Suprema de Justicia; sin embargo, como esta medida es inconsistente con la   naturaleza y con la dimensión del fenómeno que pretendía enfrentarse,  y como   por este motivo carece de toda idoneidad y eficacia, la norma provoca una   restricción injustificada al debido proceso, al principio de igualdad y al   derecho de acceso al sistema de justicia.    

8.1.           La indeterminación de la   medida legislativa    

8.1.1. Según se explicó en los acápites precedentes, el   precepto demandado abre interrogantes irresolubles sobre cuestiones medulares de   las cuales depende el juicio de constitucionalidad.    

A su   vez, la definición de la naturaleza jurídica tiene una incidencia decisiva en el   juicio de constitucionalidad. Así por ejemplo, de considerarse que se trata de   una modalidad de responsabilidad disciplinaria, resultarían aplicables los   estrictos estándares sobre la presunción de inocencia, sobre el derecho de   defensa, y sobre el alcance del principio de legalidad. Por el contrario, de   estimarse que se trata de una modalidad especial de arancel judicial, el   ejercicio analítico para valorar la constitucionalidad de la norma se orientaría   a establecer si este costo procesal se convierte en un obstáculo de acceso al   sistema judicial.    

No   obstante ello, el precepto acusado no proporciona luces sobre esta cuestión.    

8.1.3. También existen dudas fundadas sobre los elementos   constitutivos de la multa, pues la norma permite arribar a soluciones jurídicas   incompatibles entre sí. Así, podría pensarse que como se trata de una medida de   descongestión que no pretende someter a escrutinio el profesionalismo de los   abogados, la sanción debe imponerse siempre que deje de interponerse en el plazo   legal la demanda de casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de   Justicia, independientemente del contexto en el que esto ocurra, e   independientemente de que la conducta omisiva del abogado se encuentre   justificada. Sin embargo, también podría considerarse que como el efecto   jurídico de la norma es la imposición de una sanción de orden pecuniario, el   análisis debe centrarse no solo en el dato objetivo sobre la presentación de la   demanda de casación dentro del plazo legal, sino en si la falta de presentación   configura una infracción de los deberes profesionales. De este modo, en el   primer caso el análisis se centra en la verificación de un dato empíricamente   verificable, mientras que en el segundo, esta constatación es solo un punto de   partida para valorar cuestiones como el alcance de las obligaciones del   apoderado judicial frente a su cliente según el acuerdo entre éstos, la vocación   de prosperidad del recurso, la voluntad del poderdante, las circunstancias que   eventualmente podrían impedir la presentación del recurso, entre muchas otras.    

De   hecho, y tal como se explicó en los acápites precedentes, la Sala Laboral de la   Corte Suprema de Justicia ha considerado que en principio la sola falta de   sustentación del recurso da lugar a la imposición de la multa. Sin embargo,   cuando de hecho los abogados han controvertido la decisión sancionatoria, la   Sala Laboral de la Corte ha entrado a hacer otro tipo de análisis, centrándose   en determinar si la sustentación del recurso de casación se enmarcaba dentro de   las obligaciones del abogado frente a su cliente, y si estaba debidamente   facultado para ello; con fundamento en ello, la Sala ha revocado multas cuando,   por ejemplo, el contrato de servicios profesionales suscrito entre el poderdante   y apoderado judicial no prevé la intervención del abogado en sede de casación.   Sin embargo, la Sala no ha sido receptiva a otro tipo de consideraciones que   eventualmente podrían descartar la infracción de los deberes profesionales, como   cuando se alega que el cliente decidió no insistir en el proceso judicial, o   como cuando se argumenta que dentro del marco jurisprudencial vigente, no   resultaba viable la sustentación del recurso. En estas hipótesis la Sala suele   argumentar que el apoderado judicial contaba con la posibilidad de desistir del   recurso, por lo cual, ninguna dificultad que hubiera atravesado el abogado para   radicar la demanda, podría servir como eximente de responsabilidad.    

En un   escenario como este, no es posible establecer con un nivel de certeza razonable,   en qué casos hay lugar a la imposición de la multa en una amplia gama de   hipótesis: cuando el cliente considera que no es conveniente a sus intereses   insistir en el recurso de casación, cuando revoca el poder, cuando el abogado   renuncia al mismo, cuando las obligaciones del apoderado se circunscriben a la   primera y  la segunda instancia, cuando por razones de fuerza mayor la   demanda no fue radicada dentro del plazo legal, entre muchas otras.    

Nuevamente, la definición de esta cuestión tiene una incidencia decisiva en el   juicio de constitucionalidad, en aspectos como la prohibición de la   responsabilidad objetiva, los obstáculos al acceso a la justicia, o la   presunción de inocencia.    

8.1.4. Asimismo, tampoco existe claridad sobre la procedencia   del desistimiento tácito y del desistimiento expreso frente al recurso de   casación en materia laboral.    

Dentro de una primera línea hermenéutica, se ha considerado que el Código   General del Proceso, expedido en el año 2012, reconoce en términos muy amplios   el derecho de las partes a desistir de todos los recursos, y ha establecido una   presunción de desistimiento por silencio o inactividad del recurrente. Esta   norma, posterior a la Ley 1395 de 2010, habría derogado tácitamente la previsión   demandada, de modo que una vez presentado y admitido el recurso extraordinario   de casación, el apoderado judicial puede presentar un memorial desistiendo   discrecionalmente del recurso, o simplemente no presentan la demanda de casación   en el plazo legal, caso en el cual la Sala Laboral tendría que presumir el   desistimiento, y declarar desierto el recurso, tal como ocurre en materia civil.    

Sin   embargo, la Sala Laboral de la Corte Suprema ha asumido que únicamente procede   el desistimiento expreso, por lo que, una vez presentado y admitido el recurso,   el apoderado judicial que considera que no es viable o conveniente insistir en   el mismo a través de la presentación de la demanda, debe desistir expresamente   del recurso, o al menos indicar las razones que justificar su omisión, so pena   de ser multado en los términos del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010.    

Finalmente, habida consideración de que el precepto demandado es una norma   especial frente al régimen procesal del Código General del Proceso, y habida   consideración de que la norma pretende racionalizar el uso del recurso de   apelación, también podría concluirse válidamente que una vez presentado y   admitido el recurso extraordinario de casación, el apoderado judicial debe   presentar en tiempo la demanda correspondiente, so pena de ser multado. Esta es   la posición asumida tácitamente por la accionante en el proceso judicial, por   los intervinientes, y por el Ministerio Público.    

8.1.5. Finalmente, se advierte que el precepto demandado   tampoco define los criterios para la dosificación de la sanción, pues únicamente   se establece que la multa oscila entre los cinco y los diez salarios mínimos   mensuales. Esto ha dado lugar a que la Sala Laboral suela aplicar el tope máximo   de la multa, sin que sea posible establecer en qué hipótesis o bajo qué   circunstancias podría reducirse el monto de la misma. Esto, a su vez, impide   determinar la proporcionalidad de la medida atacada.    

8.1.6. En este orden de ideas, la norma demandada contiene   indeterminaciones en sus aspectos sustantivos, que impiden determinar el   contenido y alcance de las obligaciones de los apoderados judiciales frente al   recurso de casación en materia laboral, así como los efectos jurídicos por el   desconocimiento de tales deberes.    

8.2.          Efectos de la medida:   restricciones al desistimiento, e ineficacia frente a la descongestión judicial    

8.2.2. Independientemente del alcance que pueda otorgarse al   precepto legal, la Corte advierte que, en cualquiera de sus líneas   hermenéuticas, éste restringe el alcance de una actuación procesal que hace   parte de la dinámica regular de los procesos judiciales, y que esta limitación   no se encuentra compensada por la contribución de la medida a la descongestión   judicial.    

8.2.3. En efecto, la disposición demandada establece que   cuando se interpone y se admite el recurso de casación en la Sala Laboral de la   Corte Suprema de Justicia, y posteriormente no se sustenta, se debe imponer al   apoderado judicial recurrente una multa que oscila entre los 5 y los 10 salarios   mínimos legales. En contraste, para la legislación procesal ordinaria esta misma   conducta omisiva es asumida como un desistimiento tácito, de modo que, una vez   configurado, se continúa con el trámite del proceso; esta modalidad de   desistimiento, en sí mismo considerada, hace parte de la dinámica regular de los   procesos judiciales, y se explica por muy diversas razones: porque el cliente en   cuyo nombre actuó estima conveniente no insistir en el recurso, porque una vez   examinado en profundidad el marco legal y jurisprudencial se encuentra que el   recurso no tiene mayor vocación de prosperidad, porque dentro del acuerdo entre   el poderdante y el apoderado sólo se había previsto la intervención de este   último hasta la segunda instancia, entre muchas otras razones. De este modo, lo   que de manera general constituye una actuación procesal ordinaria, para el   precepto demandado es una irregularidad, o su realización implica una carga   económica.    

Desde   la perspectiva iusfundamental, esta medida restringe el alcance de tres   derechos:    

Primero, el derecho a la igualdad, pues el derecho positivo asigna consecuencias   distintas a una misma conducta realizada por los apoderados judiciales en el   marco de los trámites de casación, en función de la instancia jurisdiccional   ante la cual actúan. La conducta objeto de la diferenciación es la falta de   presentación de la demanda de casación, después de que el recurso ha sido   presentado y admitido. Frente a esta misma conducta omisiva, el ordenamiento   atribuye un efecto diferenciado, según la instancia ante la cual se litiga:   cuando se trata de la Sala Laboral, el efecto jurídico consiste en declarar   desierto el recurso, y en imponer al apoderado judicial una multa entre cinco y   diez salarios mínimos mensuales; cuando se trata de la Sala Penal o de la Sala   Civil de la Corte Suprema de Justicia, el efecto es meramente procesal, porque   se circunscribe a la declaratoria de desierta del recurso.    

Esta   diferenciación genera una mayor carga para los abogados que presentan recursos   de casación en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente a los que   litigan en las otras dos salas. En efecto, mientras para los primeros se prevé   una multa cuando han dejado de presentar en tiempo la demanda de casación,   después de que han interpuesto el recurso y éste ha sido admitido, con los   segundos no sucede lo propio, de modo que cuando incurren en esta misma conducta   el efecto jurídico es únicamente la declaratoria de desierta del recurso.    

Ahora   bien. Aunque el derecho positivo radica en el apoderado judicial la obligación   de pagar la multa cuando no se presenta en tiempo la demanda de casación, de   manera consecuencial e indirecta la medida legislativa establece una   diferenciación entre los clientes o poderdantes que actúan en las instancias   jurisdiccionales laborales, y quienes actúan en las instancias jurisdiccionales   civil y penal, porque en últimas, es en estos sujetos en que se radican las   consecuencias y los efectos de la diferenciación.    

Así,   cuando el apoderado se abstiene de presentar el recurso a pesar de que   eventualmente el fallo judicial pudiera ser controvertido exitosamente mediante   la casación, el cliente es que quien asume las consecuencias de un fallo   judicial adverso. Por su parte, cuando el abogado presenta el recurso y lo   sustenta independientemente de su vocación de prosperidad, se provoca no solo un   desgaste infructuoso de la justicia sino también una dilación inútil del proceso   judicial en aquellos casos en que el recurso no tiene vocación de prosperidad,   que en últimas, perjudica a la persona en cuyo nombre se propone la casación. Y   finalmente, cuando el abogado, para proteger los intereses de su cliente   interpone el recurso, y eventualmente asume el costo de la sanción pecuniaria   cuando posteriormente encuentra que no es viable o que no es conveniente   persistir en el mismo, en últimas, el gasto se traslada al poderdante, a manera   de costo procesal.    

En   contraste, cuando se inician procesos en las demás instancias jurisdiccionales,   el abogado puede desistir libremente del recurso, y en caso de no presentar en   tiempo la demanda de casación es únicamente que se declara desierto el recurso.    

En   este orden de ideas, el derecho positivo establece una diferenciación normativa   directa entre los abogados que presentan recursos de casación ante la Sala   Laboral de la Corte Suprema de justicia y entre los que lo presentan en las   demás salas de la referida corporación judicial, que tiene un efecto jurídico   adverso en los primeros. De manera indirecta, la diferenciación se establece   entre los poderdantes de unos y otros, e igualmente la norma tiene un efecto   jurídico adverso en los primeros.    

Asimismo, la norma restringe algunos de los componentes del derecho al debido   proceso. Así, en cuanto a la proscripción de toda forma de responsabilidad   objetiva, debe tenerse en cuenta que como la figura demandada tiene un carácter   híbrido y en ella se superponen elementos del derecho sancionatorio, de las   medidas correccionales y de los costos procesales análogos, en principio, la   multa se impone prescindiendo de la valoración de la conducta del abogado e   independientemente de que la falta de presentación de la demanda de casación se   encuentra justificada y de que constituya una infracción a los deberes   profesionales. Solo posteriormente y de manera tardía, cuando ya se ha impuesto   la multa y cuando el apoderado judicial controvierte la decisión administrativa   de la Sala Laboral, entran en consideración estos otros ingredientes. Pero, como   puede observarse, esta línea de acción restringe la presunción de inocencia   porque se aplica automáticamente la multa con la sola verificación de la falta   de presentación de la demanda de casación, restringe la prohibición de toda   forma de responsabilidad objetiva, y limita el derecho de defensa, pues ésta   solo se ejerce tardíamente, una vez impuesta la multa.    

Y   finalmente, el precepto demandado restringe el acceso a la administración de   justicia pues, al sancionar económicamente la falta de sustentación de los   recursos de casación que son admitidos por la Sala Laboral, establece un   obstáculo indirecto para la interposición de este recurso.    

8.2.4. Ahora bien, según el Ministerio de Justicia y según el   Ministerio Público, esta restricción se justifica en función en los objetivos a   los que atiende la medida legislativa, en consideración a que la norma busca   liberar a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la excesiva carga   que tiene en materia de recursos de casación, carga que ha provocado la   congestión en esta instancia jurisdiccional. Adicionalmente, el que el   legislador haya optado por no imponer la multa en el escenario de los recursos   de casación ante la Sala Penal y ante la Sala Civil, se explica porque los   niveles de congestión judicial son sustancialmente inferiores en estas otras dos   instancias.    

Y en   efecto, el diagnóstico efectuado en los acápites precedentes corrobora la tesis   de los intervinientes sobre la compleja situación que atraviesa la Sala Laboral   de la Corte Suprema de Justicia. Algunos de los hallazgos fueron los siguientes:   (i) existe un represamiento crónico de procesos judiciales en la Sala Laboral;   (ii) el represamiento es acumulativo y presenta una tendencia creciente que no   ha podido ser contenida; (iii) el represamiento se presenta fundamentalmente en   los trámites de casación; (iv) la mayor parte del represamiento de procesos en   la Corte Suprema de Justicia, es atribuible a la Sala Laboral de la Corte   Suprema de Justicia.    

Pese   a lo anterior, la medida legislativa resulta inconsistente con el fenómeno que   pretende enfrentarse, por las siguientes razones:    

8.2.4.1.    En primer lugar, la norma sanciona   un presunto desgaste en la justicia provocado por la presentación de un recurso   que debe ser remitido y repartido en la Corte Suprema de Justicia, y   posteriormente valorado en esa instancia jurisdiccional, pero que luego es   abandonado por la parte que interpuso el recurso, al no presentar la demanda   correspondiente. No obstante, este desgaste, aunque real, se circunscribe a la   remisión del recurso a la Sala Laboral, a la evaluación de aspectos meramente   formales relacionados con la verificación del cumplimiento del plazo para   recurrir, y de la legitimación y el interés para recurrir, y de la indicación de   la causal de casación que se entiende configurada, y finalmente, a la   verificación de la falta de presentación de la demanda dentro del plazo legal.   Esta activación del aparato judicial, aunque real, no es la fuente de la   congestión judicial en la Sala Laboral, porque el represamiento se produce por   el alto flujo de recursos de casación que son presentados y sustentados, y que   deben ser resueltos mediante sentencia. Claramente, una vez presentado y   admitido el recurso de casación, para la Sala Laboral representa una mayor carga   de trabajo resolverlo mediante sentencia, que verificar la falta de su   sustentación y declarar desierto el recurso. De este modo, la sanción prevista   en el precepto demandado es inconsistente con la naturaleza del desgaste   procesal objeto de la multa. En este sentido, cabe recordar que el stock de   inventario en la Sala Laboral de la Corte Suprema se encuentra conformado, no   por los recursos que ingresan y son admitidos y abandonados por sus clientes,   sino por los recursos que ingresan, que son admitidos y sustentados, y que por   ende, son susceptibles de ser fallados mediante sentencia.    

8.2.4.2.                  En segundo lugar, aunque la norma   fue expedida con el propósito de que los abogados racionalizaran la utilización   del recurso extraordinario de casación y que por esta vía se disminuyera el   flujo de ingresos a la Sala Laboral de la Corte Suprema, el efecto probable de   la norma demandada es otro.    

De   entenderse, como lo ha venido entendiendo la Corte Suprema de Justicia, que en   todo caso los apoderados judiciales preservan la facultad para desistir   expresamente del recurso de casación, la norma no tendría el efecto inhibitorio   e intimidatorio esperado, sino únicamente la presentación del recurso, y la   posterior presentación del memorial de desistimiento, en caso de que se estime   que insistir en el mismo no es viable o conveniente.    

Y de   entenderse, como lo entendió la demandante, el Ministerio Público y los   intervinientes, que no es procedente ninguna forma de desistimiento, los   abogados tendrían tres posibles líneas de acción: (i) de una parte, se puede   restringir y racionalizar el uso del recurso, apelando al mismo únicamente   cuando dentro del plazo para su interposición se evidencie que tiene verdadera   vocación de prosperidad; no obstante, como quiera que este tipo de valoración   tiene un alto nivel de indeterminación y se efectúa manera prematura, antes de   iniciarse la elaboración de la demanda de casación, es probable que esta lógica   restrictiva se traduzca en una pérdida de la oportunidad de controvertir fallos   judiciales que adolecen de yerros graves que podrían ser enmendados mediante la   casación, pero que no se advierten inmediatamente; (ii) en segundo lugar, el   apoderado judicial también podría optar por interponer el recurso de casación   independientemente de que tenga la certeza sobre su vocación de prosperidad, y   sustentarlo aunque posteriormente se haga evidente que no es viable; en este   caso el apoderado judicial, con el objeto de evitar la imposición de la multa,   activa el aparato judicial prescindiendo de cualquier otra consideración; (iii)   y finalmente, el apoderado judicial podría optar por interponer el recurso de   casación a partir de una valoración preliminar del mismo, y asumir el riesgo de   que posteriormente se considere que no es viable o que no es conveniente   insistir en el mismo, y asumir el valor de la multa como un costo procesal   adicional.    

Como   puede advertirse, únicamente en el primero de los escenarios la norma provocaría   el efecto esperado de la reducción de los ingresos de recursos en la Sala   Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En el segundo escenario no solo no se   reducen los ingresos, sino que la amenaza de la imposición de una sanción se   traduce en una mayor carga de trabajo para la Corte Suprema, porque lo que en   principio se convertiría en un auto en el que se declara desierto un recurso de   casación, ahora se traduce en una sentencia de casación, con todo lo que ello   implica. Y en el tercer escenario tampoco se reducen el nivel de ingresos de   recursos de casación en la Sala Laboral, porque la multa es asumida como un   costo procesal de ocurrencia eventual, que además, normalmente se traslada al   usuario de la justicia.    

La   evolución de los ingresos de recursos de casación en la Sala Laboral, así como   de las multas impuestas a los abogados por no sustentar el recurso dentro del   plazo legal, parece descartar la hipótesis en la que se amparó el legislador   para crear la sanción legal, es decir, la hipótesis de que la norma inhibiría a   los abogados de presentar recursos de casación sino únicamente cuando existe un   nivel de certeza razonable sobre la viabilidad jurídica del mismo. Tal como se   encuentra en la Gráfica No. 9, el ingreso de recursos de casación en la Sala   Laboral ha mantenido una tendencia creciente; y en cuanto a las multas, se   observa que el mayor nivel de imposición de multas se presentó en los años 2011   y 2012, cuando entró en vigencia la norma demandada, años en los cuales llegó a   ser el 22% de los recursos admitidos; a partir de entonces, se ha presentó un   fuerte decrecimiento en el nivel de imposición de multas, que llegó en el año   2014 al 5.86% de las admisiones; y en el año 2015 asciende nuevamente al 15,6 de   los ingresos de recursos. Este crecimiento sostenido en los ingresos de recursos   de casación, y esta evolución en el nivel de imposición de multas, podría   indicar que el efecto de la norma no fue el esperado por el legislador, en el   sentido de inhibir a los abogados de presentar demandas de casación, sino el de   presentar el recurso e insistir en su sustentación para evitar la imposición de   la multa, el de utilizar la figura del desistimiento expreso, o el de asumir la   multa como un costo procesal eventual. En ninguno de estos escenarios la medida   legislativa contribuye a la descongestión judicial (Ver Gráfica No. 9)    

Gráfica No. 9    

         

Fuente: Corte Suprema de Justicia. Elaboración propia.    

8.2.4.3.    Por lo demás, puede advertirse que   la figura utilizada por el legislador para inducir el decrecimiento en el   ingreso de recursos no solo no contribuye eficazamente a este propósito, sino   que además, podría generar una mayor carga de trabajo en la Sala Laboral de la   Corte Suprema de Justicia. De una parte, en aquellos casos en los que para   evitar la imposición de la multa el apoderado judicial presenta la demanda de   casación de recursos que no tiene mayor vocación de prosperidad, el deber de la   Sala Laboral ya no consiste en declarar desierto el recurso de casación, sino en   expedir una sentencia de casación. Y en caso de que el abogado se abstenga de   insistir en el recurso y de presentar la demanda de casación, la Sala Laboral   debe imponer la multa mediante  un acto motivado, y luego resolver los   recursos que los abogados sancionados interponen en contra de la decisión   sancionatoria, escenario en el cual el examen ya no se limita a verificar el   dato objetivo de la falta de presentación de la demanda en el plazo legal, sino   a valorar la conducta del profesional y a dosificar la sanción según las   circunstancias alegadas por los apoderados judiciales; así, los magistrados de   la sala Laboral deben entrar a revisar cuidadosa y meticulosamente los contratos   suscritos entre los apoderados judiciales y sus clientes, verificar las fechas   en que fueron conferidos los poderes judiciales, escuchar el testimonio del   cliente para verificar que éste solicitó no insistir en la casación, e incluso   valorar incapacidades médicas. La carga de la sala no concluye allí, porque una   vez confirmada la multa, el apoderado judicial puede controvertir judicialmente   la decisión, bien sea en la jurisdicción de lo contencioso administrativo o bien   sea por vía de tutela, y en este contexto, la Sala debe defender judicialmente   su determinación.    

8.2.4.4.    Finalmente, resulta paradójico que   la norma demandada restrinja el alcance del desistimiento tácito con el   propósito de contribuir a la descongestión judicial, cuando según el Consejo   Superior de la Judicatura, esta figura se ha convertido en una de las   herramientas fundamentales en el proceso de descongestión de la Rama Judicial.   Según se advirtió en el último informe rendido por esta entidad al Congreso de   la República, “la tendencia del nivel de inventario final es decreciente para   los ocho años analizados, lo que permite valorar el impacto de la aplicación de   las políticas de la Sala Administrativa en materia de descongestión,   modernización y tránsito del modelo escrito al oral, la aplicación del   desistimiento tácito y la perención, entre otros (…) los inventarios han tenido   un comportamiento con una tendencia marcada a la baja, gracias a la ejecución de   (…) medidas judiciales como el desistimiento tácito impartidas por la Sala   Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento de lo   establecido en la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) (…) Es por lo   que hace tres años, el Consejo Superior de la Judicatura otorgó la distinción   José Ignacio de Márquez a la Señora Juez Civil Municipal de Tunja, por su   trabajo (…) dedicado al desistimiento tácito en más de 3.500 expedientes, sin   requerir medidas de descongestión para poner su despacho al día”[45].    

8.2.5. Por último, aunque en principio podría argumentarse que   la medida legislativa se justifica porque pretende evitar que la casación sea   utilizada para eludir, dilatar o diferir el cumplimiento de los fallos   judiciales, en perjuicio de los trabajadores, de los pensionados y de los demás   sujetos de especial protección que intervienen en los litigios laborales, la   Corte estima que el precepto demandado no puede ser justificado a la luz de este   objetivo.    

En   primer lugar, aunque la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha   entendido que el recurso extraordinario de casación se concede en el efecto   suspensivo[46],   la multa prevista en el precepto demandado carece de la virtualidad para   garantizar el objetivo aludido. La razón de ello es que el propósito dilatorio   tiene sentido cuando se extiende a lo largo de todo el trámite del recurso,   mientras que la multa se impone cuando después de haberse interpuesto el   recurso, no se presenta la demanda dentro de los 30 días siguientes, y aquel se   declara desierto; es decir, la multa fue prevista para otro tipo de actuaciones   procesales, y el mejor de los escenarios serviría para sancionar a quienes   pretenden suspender la ejecución del fallo por 30 días, que es el plazo.    

Por   lo demás, el recurso puede ser interpuesto por cualquiera de las partes, de modo   que si el objetivo de la norma es la protección de los trabajadores y   pensionados, la multa únicamente debería estar prevista cuando el recurso es   interpuesto por la contra-parte de los referidos sujetos procesales.    

8.3.          En un escenario como el anterior,   puede advertirse que la previsión normativa demandada no solo genera una   incertidumbre jurídica sobre su naturaleza, contenida y alcance, incertidumbre   que hasta el momento no ha podido ser superada, sino que además, provoca una   restricción desproporcionada en los derechos a la igualdad, en el acceso a la   justicia y al debido proceso, sin que por otro lado esta limitación pueda   ampararse en la contribución de la medida a la descongestión judicial.    

III.      DECISIÓN    

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,   administrando justicia y en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución    

RESUELVE    

DECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD de la expresión “y se impondrá al apoderado judicial   una multa de 5 a 10 salarios mínimos” contenida en el artículo 49 de la Ley   1395 de 2010.       

Notifíquese, comuníquese,   cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y   archívese el expediente.     

MARIA VICTORIA CALLE CORREA    

Presidente    

AQUILES IGNACIO ARRIETA GÓMEZ    

Magistrado (E)    

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ    

Magistrado    

ALEJANDRO LINARES CANTILLO    

Magistrado    

Con salvamento de voto    

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO    

Magistrado    

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO    

Magistrada    

JORGE IVAN PALACIO PALACIO    

Magistrado    

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ    

Magistrada    

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ    

Secretaria General    

      

ANEXO No. 1    

FICHA TÉCNICA DE LAS ESTADÍSTICAS DEL CONSEJO SUPERIOR   DE LA JUDICATURA    

        

Descripción

                  

Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia   

Fuente de la Información

                  

Sistema de Información Estadístico de la Rama           Judicial -SIERJU-   

Nivel de desagregación                    

Por sala y tipo de proceso   

Nota                    

A partir del año 2012, se presenta información de los           ingresos y egresos efectivos.   

Periodo

                  

 Año 2008 a 2015 y de Enero a Junio de 2016   

Fecha de Corte de la Información                    

Año 2008: 10 de Marzo de 2010

    Año 2009: 10 de Marzo de 2010

    Año 2010: 17 de Febrero de 2011  

    Año 2011: 30 de Enero de 2012

    Año 2012: 6 de Febrero de 2013

    Año 2013: 29 de Enero de 2014

    Año 2014: 26 de Enero de 2015

    Año 2015: 3 de Agostode 2016

    Enero a Junio de 2016: 3 de Agosto de 2016   

Destinatario

                  

Doctor Manuel Felipe Rodríguez Duarte.   

Radicado

                  

Correo electrónico      

      

ANEXO No. 2    

Año 2008    

        

SALA                    

TIPO DE PROCESO                    

INGRESOS                    

EGRESOS                    

INVENTARIO FINAL   

2008

              

  

Civil

              

  

Casación

              

  

244

              

  

234

              

  

153   

 

              

  

 

  

Colisión de Competencia

              

  

402

              

  

403

              

  

18   

 

              

  

 

              

  

De responsabilidad contra funcionarios

              

  

5

              

  

5

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

              

  

81

              

  

61

              

  

55   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

              

  

72

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

27

              

  

26

              

  

5   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

55

              

  

65

              

  

34   

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.822

              

  

1.829

              

  

32   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

3.486

              

  

3.504

              

  

140   

 

              

Total Civil

              

  

 

              

  

6.193

              

  

6.199

              

  

440   

2008

              

  

Laboral

              

  

Casación

              

  

3.285

              

  

2.524

              

  

3.797   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

282

              

  

278

              

  

5   

 

              

  

 

              

Otros asuntos

              

  

9

              

  

4

              

  

6   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

69

              

  

58

              

  

17   

 

              

  

 

              

  

Recursos de anulación

              

  

11

              

14

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

24

              

  

19

              

  

8   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.088

              

  

1.042

              

  

77   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

1.489

              

  

1.505

              

  

94   

              

  

Total Laboral

              

  

 

              

  

6.257

              

  

5.444

              

  

4.006   

2008

              

  

Penal

              

  

Apelación o impugnación

              

  

75

              

  

70

              

  

23   

 

              

  

 

              

  

Cambios de radicación

              

  

44

              

  

44

              

  

0   

 

  

 

              

  

Casación – Excepcional

              

  

21

              

  

43

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Casación – Ordinaria

              

  

1.085

              

  

1.290

              

  

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

457

              

  

463

              

  

6   

 

              

  

 

              

  

Concepto de Extradición

              

  

191

              

  

204

              

  

63   

 

              

  

 

              

  

Juzgamiento funcionarios

              

  

170

              

  

101

              

  

179   

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

225

              

  

221

              

  

6   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

              

  

6

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

111

              

  

105

              

  

50   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

2.519

              

  

2.498

              

  

68   

 

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

2.597

              

  

2.552

              

  

142   

 

              

  

Total Penal

              

  

 

              

  

7.502

              

  

7.597

              

  

794   

 

              

  

Total general

              

 

              

  

19.952

              

  

19.240

              

  

5.240   

 

              

  

 

              

  

 

              

  

19.952

              

  

19.240

              

  

       

      

ANEXO No. 3    

Año 2009    

        

AÑO                    

SALA                    

TIPO DE PROCESO                    

INGRESO                    

EGRESOS                    

INVENTARIO FINAL   

2009

              

  

Civil

              

Casación

              

  

201

              

  

191

              

  

102   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

98

              

  

105

              

  

5   

 

              

  

 

              

  

Contenciosos contra Agentes Diplomáticos

              

  

2

              

  

2

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

De responsabilidad contra funcionarios

  

3

              

  

4

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

              

  

62

              

  

74

              

  

27   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

62

              

  

62

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

17

              

  

18

  

3   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

54

              

  

45

              

  

34   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.361

              

  

1.365

              

  

21   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

2.712

  

2.730

              

  

69   

 

              

  

Total Civil

              

  

 

              

  

4.572

              

  

4.596

              

  

263   

2009

              

  

Laboral

              

  

Casación

              

  

5.032

              

  

2.883

              

  

5.993   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

73

              

  

27

              

  

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

65

              

  

62

              

  

10   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

  

95

              

  

74

              

  

32   

 

              

  

 

              

  

Recursos de anulación

              

  

11

              

  

10

              

  

4   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

25

              

  

14

              

  

20   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.600

              

  

1.342

              

  

330   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

2.036

              

  

1.836

              

  

289   

 

              

  

Total Laboral

              

  

 

  

8.937

              

  

6.248

              

  

6.729   

2009

              

  

Penal

              

  

Apelación o impugnación

              

  

96

              

  

80

              

  

39   

 

              

 

              

  

Cambios de radicación

              

  

100

              

  

95

              

  

5   

 

              

  

 

              

  

Casación – Excepcional

              

  

24

              

  

26

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Casación – Ordinaria

              

1.235

              

  

1.102

              

  

449   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

174

              

  

161

              

  

15   

              

  

 

              

  

Concepto de Extradición

              

  

169

              

  

164

              

  

63   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

              

2

              

  

1

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Juzgamiento funcionarios

              

  

156

              

  

87

              

  

192   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

221

              

  

204

              

  

19   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

5

              

  

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

136

              

  

114

              

  

68   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

2.495

              

  

2.490

              

  

66   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

              

  

3.121

              

  

183   

 

              

  

Total Penal

              

  

 

              

  

7.982

              

  

7.650

              

  

1.102   

 

              

  

Total general

              

  

 

              

  

21.491

              

  

18.494

              

  

8.094      

      

ANEXO No. 4    

Año 2010    

        

AÑO                    

SALA                    

TIPO DE PROCESO                    

INGRESOS                    

EGRESOS                    

2010

              

  

Civil

              

  

Casación

              

  

254

              

  

251

              

  

182   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

121

              

  

101

              

  

31   

 

              

  

 

              

  

Contenciosos

              

  

1

              

  

1

              

  

2   

 

  

 

              

  

Exequátur

              

  

113

              

  

103

              

  

57   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

  

55

              

  

48

              

  

11   

 

              

  

 

              

  

Procesos contra funcionarios

              

  

16

              

  

5

              

  

22   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

23

              

  

27

              

  

5   

 

  

 

              

  

Revisión

              

  

92

              

  

85

              

  

60   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.892

              

  

1.855

              

  

74   

 

              

  

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

4.045

              

  

3.956

              

  

231   

 

              

  

Total Civil

              

  

 

              

  

6.612

              

  

6.432

              

  

675   

2010

              

  

Laboral

              

  

Casación

              

  

5.694

              

  

3.329

              

  

7.705   

 

              

  

 

  

Colisión de Competencia

              

  

104

              

  

76

              

  

79   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

78

              

  

66

              

  

21   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

88

              

  

72

              

  

48   

 

              

  

 

              

Recursos de anulación

              

  

12

              

  

12

              

  

3   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

20

              

31

              

  

9   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.256

              

  

1.145

              

  

247   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

2.009

              

  

1.738

              

  

442   

 

              

  

Total Laboral

              

  

 

              

  

              

  

6.469

              

  

8.554   

2010

              

  

Penal

              

  

Apelación o impugnación

              

  

114

              

  

109

              

  

43   

 

              

  

 

              

  

Cambios de radicación

              

  

57

              

  

59

  

0   

 

              

  

 

              

  

Casación – Excepcional

              

  

21

              

  

24

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Casación – Ordinaria

              

  

1.191

              

1.096

              

  

583   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

190

              

  

184

              

  

20   

 

              

  

 

              

  

Concepto de Extradicción

              

  

176

              

  

176

              

  

58   

 

              

  

 

              

  

Contenciosos

              

  

2

              

1

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

              

  

0

              

  

1

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Juzgamiento funcionarios

              

  

234

              

  

124

              

  

284   

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

179

              

  

182

              

  

17   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

13

              

  

14

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Revisión

  

187

              

  

171

              

  

90   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

2.352

              

  

2.361

              

  

51   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

3.896

              

  

3.857

              

  

205   

 

              

  

Total Penal

              

  

 

              

  

8.612

              

  

8.359

  

1.355   

 

              

  

Total general

              

  

 

              

  

24.485

              

  

21.260

              

  

10.584      

      

ANEXO No. 5    

Año 2011    

        

AÑO                    

TIPO DE PROCESO                    

INGRESOS                    

EGRESOS                    

INVENTARIO FINAL   

2011

              

  

Civil

              

  

Casación

              

  

224

              

  

223

              

  

163   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

91

              

  

104

  

17   

 

              

  

 

              

  

Contenciosos

              

  

0

              

  

1

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Contenciosos contra Agentes Diplomáticos

              

  

2

              

  

2

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

              

  

54

              

  

              

  

47   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

35

              

  

33

              

  

5   

 

              

  

 

              

  

Procesos contra funcionarios

              

  

0

              

  

22

              

  

0   

 

              

  

 

  

Recurso de queja

              

  

28

              

  

30

              

  

3   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

47

              

  

              

  

40   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.214

              

  

1.233

              

  

55   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

2.354

              

  

2.398

              

  

171   

 

              

  

Total Civil

              

  

              

  

4.049

              

  

4.159

              

  

503   

2011

              

  

Laboral

              

  

Casación

              

  

3.163

              

  

2.507

              

  

9.019   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

94

              

  

79

              

  

60   

 

              

  

 

              

Contenciosos

              

  

1

              

  

1

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

51

              

  

41

              

  

32   

 

              

  

 

              

  

Procesos contra funcionarios

              

  

15

              

  

8

              

  

30   

 

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

69

              

  

49

              

  

79   

 

              

  

 

              

  

Recursos de anulación

              

15

              

  

12

              

  

7   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

30

              

  

13

              

  

27   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.144

              

  

1.246

              

  

87   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

1.980

              

  

              

  

150   

 

              

  

Total Laboral

              

  

 

              

  

6.562

              

  

6.168

              

  

9.491   

2011

              

  

Penal

              

  

Apelación o impugnación

              

  

116

              

  

              

  

53   

 

              

  

 

              

  

Cambios de radicación

              

  

56

              

  

54

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Casación – Excepcional

              

16

              

  

15

              

  

6   

 

              

  

 

              

  

Casación – Ordinaria

              

  

1.346

              

  

1.239

              

  

781   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

162

              

  

170

              

  

6   

 

              

  

 

              

  

Concepto de Extradicción

              

  

201

              

  

160

  

99   

 

              

  

 

              

  

Contenciosos

              

  

0

              

  

1

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

              

  

1

              

  

0

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Juzgamiento funcionarios

              

  

212

              

148

              

  

300   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

155

              

  

164

              

  

5   

 

              

  

 

              

  

Procesos contra funcionarios

              

  

1

              

  

0

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

4

              

  

4

              

1   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

174

              

  

128

              

  

136   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

2.000

              

  

1.996

              

  

55   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

3.664

              

  

3.586

              

  

279   

              

  

Total Penal

              

  

 

              

  

8.108

              

  

7.778

              

  

1.725   

 

              

  

Total general

              

  

 

              

  

18.719

              

  

18.105

              

  

11.719      

      

ANEXO 6    

Año 2012    

        

AÑO                    

SALA                    

TIPO DE PROCESO                    

INGRESOS EFECTIVOS                    

EGRESOS EFECTIVOS                    

INVENTARIO FINAL   

2012

              

  

Civil

              

  

Casación

              

  

294

  

123

              

  

229   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

239

              

  

212

              

  

58   

 

              

  

 

              

  

Contenciosos

              

  

1

              

  

1

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

  

74

              

  

20

              

  

29   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

44

              

  

42

              

  

2   

 

              

 

              

  

Recurso de queja

              

  

43

              

  

35

              

  

12   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

84

              

  

30

              

  

59   

 

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.948

              

  

1.618

              

  

23   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

3.815

              

  

3.942

              

  

51   

 

              

  

Total Civil

              

  

 

              

  

6.542

              

  

6.023

  

463   

2012

              

  

Laboral

              

  

Casación

              

  

5.161

              

  

1.750

              

  

11.916   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

56

              

  

91

              

  

24   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

166

              

  

158

              

  

 

              

  

 

              

  

Procesos contra funcionarios

              

  

0

              

  

26

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

97

              

  

116

              

  

63   

 

              

  

 

              

  

Recursos de anulación

              

  

15

  

12

              

  

10   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

24

              

  

6

              

  

26   

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.722

              

  

1.559

              

  

252   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

2.654

              

  

2.521

  

270   

 

              

  

Total Laboral

              

  

 

              

  

9.895

              

  

6.239

              

  

12.604   

2012

              

  

Penal

              

  

Apelación o impugnación

              

  

204

              

  

158

              

93   

 

              

  

 

              

  

Cambios de radicación

              

  

45

              

  

46

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Casación – Excepcional

              

  

              

  

5

              

  

3   

 

              

  

 

              

  

Casación – Ordinaria

              

  

1.336

              

  

298

              

  

753   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

143

              

  

146

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Concepto de Extradicción

  

216

              

  

223

              

  

95   

 

              

  

 

              

  

Contenciosos

              

  

4

              

  

4

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

              

  

0

              

  

1

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Juzgamiento funcionarios

              

  

157

              

  

126

  

277   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

170

              

  

175

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Procesos contra funcionarios

              

  

59

              

  

2

              

58   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

6

              

  

5

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

193

              

  

48

              

  

125   

 

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

2.401

              

  

2.015

              

  

48   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

4.297

              

  

4.313

              

  

141   

 

              

  

Total Penal

              

  

 

              

  

9.241

              

  

7.565

              

  

1.597   

 

              

  

Total general

              

  

 

  

25.678

              

  

19.827

              

  

14.664      

      

ANEXO No. 7    

Año 2013    

        

AÑO                    

SALA                    

TIPO DE PROCESO                    

INGRESOS EFECTIVOS                    

EGRESOS EFECTIVOS                    

INVENTARIO FINAL   

2012

              

  

Civil

              

  

Casación

  

294

              

  

123

              

  

229   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

239

              

  

212

              

58   

 

              

  

 

              

  

Contenciosos

              

  

1

              

  

1

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

              

  

74

              

  

20

              

  

29   

 

              

  

 

              

  

              

  

44

              

  

42

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

43

              

  

35

              

  

12   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

84

              

  

30

              

  

59   

 

              

  

 

              

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.948

              

  

1.618

              

  

23   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

3.815

              

  

3.942

              

  

51   

 

              

  

Total Civil

  

 

              

  

6.542

              

  

6.023

              

  

463   

2012

              

  

Laboral

              

  

Casación

              

  

5.161

              

  

1.750

              

  

11.916   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

56

              

  

91

              

24   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

166

              

  

158

              

  

43   

 

              

  

 

              

  

Procesos contra funcionarios

              

  

0

              

  

26

              

  

0   

              

  

 

              

  

Recurso de queja

              

  

97

              

  

116

              

  

63   

 

              

  

 

              

  

Recursos de anulación

              

  

15

              

  

12

              

  

10   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

24

              

  

6

              

  

26   

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.722

              

  

1.559

              

  

252   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

2.654

              

  

2.521

              

  

270   

 

              

  

Total Laboral

              

  

 

              

  

9.895

              

  

6.239

              

  

12.604   

2012

              

Penal

              

  

Apelación o impugnación

              

  

204

              

  

158

              

  

93   

 

              

  

 

              

  

Cambios de radicación

              

  

45

              

  

46

              

  

 

              

  

 

              

  

Casación – Excepcional

              

  

10

              

  

5

              

  

3   

 

              

  

 

              

  

Casación – Ordinaria

              

  

1.336

              

  

298

              

  

753   

 

              

  

 

              

  

Colisión de Competencia

              

  

143

              

  

146

              

  

1   

 

              

  

 

              

Concepto de Extradicción

              

  

216

              

  

223

              

  

95   

 

              

  

 

              

  

Contenciosos

              

  

4

              

  

4

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

              

  

0

              

  

1

              

  

 

              

  

 

              

  

Juzgamiento funcionarios

              

  

157

              

  

126

              

  

277   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

170

              

  

175

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Procesos contra funcionarios

              

  

59

              

  

2

              

  

58   

 

              

  

 

              

Recurso de queja

              

  

6

              

  

5

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

193

              

  

48

              

  

125   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

2.401

              

2.015

              

  

48   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a Instancia

              

  

4.297

              

  

4.313

              

  

141   

 

              

  

Total Penal

              

  

 

              

  

9.241

              

  

7.565

              

  

1.597   

 

              

  

Total general

              

  

 

              

  

25.678

              

19.827

              

  

14.664      

      

ANEXO 8    

Año 2014    

        

AÑO                    

SALA                    

TIPO DE PROCESO                    

INGRESOS EFECTIVOS                    

EGRESOS EFECTIVOS                    

INVENTARIO FINAL   

2014

              

  

Civil

              

  

Casación

              

  

464

              

  

214

              

  

427   

 

              

  

 

              

  

Especiales – Conflicto de competencia

              

  

234

              

232

              

  

32   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

              

  

143

              

  

52

              

  

62   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

182

              

  

173

              

  

9   

 

  

 

              

  

Proceso contra funcionarios

              

  

1

              

  

0

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Procesos contenciosos contra agentes 

       diplomáticos

              

  

224

              

  

220

              

  

0   

 

              

  

 

  

Recursos de queja

              

  

55

              

  

58

              

  

10   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

109

              

  

57

              

  

55   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

2.471

              

  

2.064

              

  

24   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a. Instancia

              

5.170

              

  

5.224

              

  

65   

 

              

  

Total Civil

              

  

 

              

  

9.053

              

  

8.294

              

  

684   

2014

              

Laboral

              

  

Casación

              

  

4.962

              

  

1.083

              

  

15.382   

 

              

  

 

              

  

Consultas incidentes de desacato

              

  

46

              

  

41

              

  

6   

 

              

  

 

              

  

Especiales – Conflicto de competencia

              

106

              

  

75

              

  

54   

 

              

  

 

              

  

Hábeas Corpus

              

  

63

              

  

63

              

  

0   

              

  

 

              

  

Ordinario de única instancia

              

  

13

              

  

7

              

  

8   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

5

              

  

13

              

  

24   

 

              

  

 

              

  

Proceso contra funcionarios

              

  

7

              

7

              

  

68   

 

              

  

 

              

  

Procesos contenciosos administrativos – 

       Otros procesos

              

  

0

              

  

2

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Recurso de apelación

              

  

8

              

  

4

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Recursos de anulación

              

34

              

  

2

              

  

39   

 

              

  

 

              

  

Recursos de queja

              

  

88

              

  

75

              

  

87   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

21

              

1

              

  

24   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.447

              

  

1.354

              

  

138   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a. Instancia

              

  

2.165

              

2.009

              

  

305   

 

              

  

Total Laboral

              

  

 

              

  

8.965

              

  

4.736

              

  

16.137   

2014

              

  

Penal

              

  

Apelación o impugnación

              

  

              

  

148

              

  

111   

 

              

  

 

              

  

Cambios de radicación

              

  

49

              

  

49

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Casación – Excepcional

              

  

8

              

  

1

              

  

5   

 

              

  

 

              

  

Casación – Ordinaria

              

  

868

              

  

213

  

850   

 

              

  

 

              

  

Concepto de extradicción

              

  

156

              

  

183

              

  

75   

 

              

  

 

  

Especiales – Conflicto de competencia

              

  

190

              

  

193

              

  

3   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

192

              

  

186

              

  

10   

 

              

  

 

              

  

Proceso contra funcionarios

              

  

152

              

  

98

              

  

299   

 

              

  

 

  

Procesos contenciosos administrativos – 

       Otros procesos

              

  

0

              

  

0

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Recursos de queja

              

  

10

              

  

8

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

236

              

  

70

              

  

160   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

1.731

              

  

1.470

              

  

59   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a. Instancia

              

  

3.418

              

  

3.380

              

  

 

              

  

Total Penal

              

  

 

              

  

7.182

              

  

5.999

              

  

1.767      

      

ANEXO 9    

Año 2015    

        

AÑO                    

SALA                    

TIPO DE PROCESO                    

INGRESOS EFECTIVOS                    

EGRESOS EFECTIVOS                    

INVENTARIO FINAL   

2015

              

  

Civil

              

  

Casación

              

  

343

              

  

184

              

  

376   

 

  

 

              

  

De responsabilidad contra funcionarios

              

  

0

              

  

2

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Especiales – Conflicto de competencia

              

  

415

              

  

307

              

  

125   

 

              

  

 

              

  

Exequátur

              

  

              

  

65

              

  

40   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

160

              

  

158

              

  

6   

 

              

  

 

              

  

Proceso contra funcionarios

  

134

              

  

16

              

  

51   

 

              

  

 

              

  

Procesos contenciosos administrativos – 

       Otros procesos

              

  

1

              

  

0

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Recursos de queja

              

  

44

              

  

34

              

  

14   

 

              

  

              

  

Revisión

              

  

75

              

  

38

              

  

42   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

1.936

              

  

1.620

              

  

35   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a. Instancia

              

  

4.797

              

  

4.613

              

  

198   

 

              

  

Total Civil

              

  

 

              

8.013

              

  

7.037

              

  

888   

2015

              

  

Laboral

              

  

Casación

              

  

3.531

              

  

1.467

              

  

16.712   

 

              

  

 

              

  

Consultas incidentes de desacato

              

  

115

              

  

106

              

  

19   

 

              

  

 

              

  

Especiales – Conflicto de competencia

              

  

144

              

115

              

  

70   

 

              

  

 

              

  

Hábeas Corpus

              

  

76

              

  

81

              

  

1   

 

              

  

 

              

  

Impedimentos y recusaciones

              

  

9

              

  

0

              

  

9   

 

              

  

 

              

  

              

  

9

              

  

2

              

  

17   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

4

              

  

0

              

  

30   

 

              

  

 

              

  

Procesos contenciosos administrativos – 

       Otros procesos

              

  

2

  

0

              

  

2   

 

              

  

 

              

  

Recurso de apelación

              

  

10

              

  

3

              

  

14   

 

              

  

 

  

Recursos de anulación

              

  

33

              

  

22

              

  

48   

 

              

  

 

              

  

Recursos de queja

              

  

104

              

  

56

              

94   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

18

              

  

5

              

  

19   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

              

  

1.419

              

  

153   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a. Instancia

              

  

3.460

              

  

3.347

              

  

215   

 

              

  

Total Laboral

              

  

 

              

  

9.112

              

  

6.623

              

  

17.403   

2015

              

  

Penal

              

  

Apelación o impugnación

              

  

272

              

  

153

  

153   

 

              

  

 

              

  

Cambios de radicación

              

  

50

              

  

49

              

  

1   

 

              

  

              

  

Casación – Excepcional

              

  

0

              

  

1

              

  

0   

 

              

  

 

              

  

Casación – Ordinaria

              

  

1.616

              

  

375

              

  

649   

 

              

  

 

              

  

Concepto de extradición

              

  

231

              

  

185

  

76   

 

              

  

 

              

  

Especiales – Conflicto de competencia

              

  

198

              

  

185

              

  

5   

 

              

  

 

              

  

Otros asuntos

              

  

262

              

  

258

              

  

9   

 

              

  

 

              

  

Proceso contra funcionarios

              

  

420

              

  

146

              

  

354   

 

  

 

              

  

Procesos contenciosos administrativos – 

       Otros procesos

              

  

3

              

  

0

              

  

3   

 

              

  

 

              

  

Recursos de queja

              

  

18

              

  

16

              

  

3   

 

              

  

 

              

  

Revisión

              

  

357

              

  

124

              

  

110   

 

              

 

              

  

Tutelas – 1a. Instancia

              

  

2.222

              

  

1.908

              

  

81   

 

              

  

 

              

  

Tutelas – 2a. Instancia

              

  

4.286

              

  

4.044

              

  

237   

 

              

  

              

  

 

              

  

9.935

              

  

7.444

              

  

1.681   

 

              

  

Total general

              

  

 

              

  

27.060

              

  

21.104

  

19.972      

      

ANEXO 10    

GRAFICAS    

(ELABORACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A PARTIR DE LA   INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO SUPERIOR   DE LA JUDICATURA)    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                                                                             

         

         

[1]  M.P. Juan Carlos Henao Pérez.    

[2]  Como pretensión principal.    

[3]  M.P. Mauricio González Cuervo.    

[4]  M.P. Juan Carlos Henao Pérez.    

[5]  Como pretensión subsidiaria.    

[6]  A través del académico Germán Valdés Sánchez.    

[7]  A través de Jorge Eliécer Manrique (Director del Departamento   de Derecho Laboral) y de Jorge Mario Benitez Pinedo (docente del Departamento de   Derecho Laboral).    

[9]  A través de Carlos David Vergara, Juan Camilo Hoyos y Felipe   Otálora.    

[10]  A través del Secretario General Lulis Humberto Ayala Torres.    

[11]  Argumento de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.    

[12]  Tesis de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.    

[13]  Sentencia C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.    

[14]  Planteamiento de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.    

[15]  M.P. Clara Inés Vargas Hernández.    

[16]  M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.    

[17]  M.P. Mauricio González Cuervo.    

[18]  M.P. Mauricio González Cuervo.    

[19]  M.P. Juan Carlos Henao.    

[20]  M.P. Juan Carlos Henao Pérez.    

[21]  Decisión del 22 de enero de 2013, rad. 49327, M.P. Rigoberto   Echeverry.    

[22]  Decisión del 2 de mayo de 2012, rad. 53200, M.P. Carlos Ernesto   Molina Monsalve.    

[23]  Decisión del 22 de enero de 2013, rad. 52517, M.P. Rigoberto   Echeverry Bueno.    

[24]  Decisión de 11 de febrero de 2015, rad. 66769, M.P. Luis   Gabriel Miranda Buelvas.    

[25]  Decisión del 18 de septiembre de 2012, rad. 55426, M.P. Carlos   Ernesto Molina Monsalve.    

[26]  Decisión del 18 de septiembre de 2012, rad. 55426, M.P. Carlos   Ernesto Molina Monsalve.    

[27]  Rad. 66659, M.P. Rigoberto Echeverry Bueno.    

[28]  Al respecto cfr. las siguientes decisiones: (i) Decisión   del 22 de enero de 2013, rad. 49327, M.P. Rigoberto Echeverry; (ii) decisión del   2 de mayo de 2012, rad. 53200, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve; (iii)   decisión del 11 de febrero de 2015, rad. 66769, M.P. Luis Gabriel Miranda   Buelvas; (iv) decisión del 18 de septiembre de 2012, rad. 55426, M.P. Carlos   Ernesto Molina Monsalve.    

[29]  Sentencia C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.    

[30]  Sobre el panorama de la congestión judicial en el país, cfr.  el informe del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso de la   República, año 2015.    

[31]  Dato tomado para el año 2015.    

[32]  Información obtenida del Informe de Ponencia par primera debate   en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes al Proyecto de Ley   Estatutaria nro. 187 de 2014 Cámara – 78 de 2014 Senado, “por la cual se   modifican los artículos 15 y16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la   Administración de Justicia”.    

[33]  Informe del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso   Nacional por el año 2015, p. 129.    

[34]  Informe del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso   Nacional por el año 2015, pp. 159-160.    

[35]  Informe del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso   Nacional por el año 2015, p. 149.    

[36]  La Ley 1149 de 2007 de 2007, “por la cual se reforma el   Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la   oralidad en sus procesos”,    

[37]  Ley 1285 de 2009, “por la cual se reforma la Ley 270 de 1996   Estatutaria de la Administración de Justicia.”.    

[38] Informe al Congreso de la República presentado por el Consejo   Superior de la Judicatura para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.   Documentos disponibles en:   https://www.ramajudicial.gov.co/web/publicaciones/informe-al-congreso-de-la-republica.   Último acceso: 17 de agosto de 2016.    

[39] Según el Consejo Superior de la Judicatura, el   crecimiento en los egresos de procesos entre el año 2008 y el año 2015, fue de   un 57%, al pasar de 132.956 a 208.979 en este período de tiempo. Datos tomados   del Informe al Congreso de la Repúblico por el Consejo Superior de la Judicatura   para el año 2015, p. 160.     

[40]  Informe al Congreso de la República presentado por el Consejo   Superior de la Judicatura para el año 2015, pp. 193-210.    

[41]  M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.    

[42]  Gaceta del Congreso Nro. 446 del 1 de septiembre de 2014.    

[43]  Gaceta del Congreso Nro. 446 del 1 de septiembre de 2014.    

[44]  Sentencia C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.    

[45]  Consejo Superior de la Judicatura, Informe   al Congreso de la República año 2015. Documento disponible en:   www.camara.gov.co/portal2011/gestor…/13578-com-i-informe-csj-2015. Último acceso: 15 de agosto de 2016.    

[46]  Auto del 3 de mayo de 2011, rad. 46718, M.P. Carlos Ernesto   Molina Monsalve.