C-931-09

    Sentencia C-931/09  

INHIBICION      DE      LA      CORTE  CONSTITUCIONAL-Procedencia  frente  a  norma que no se  encuentra   vigente   ni   está   produciendo  efectos  jurídicos/DEMANDA             DE             INCONSTITUCIONALIDAD-Incompetencia   de  la  Corte  Constitucional  por  sustracción  de  materia o carencia de objeto   

Si  bien la Corte Constitucional en ejercicio  de  la  función de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución  puede  emitir  pronunciamientos  de  fondo  sobre  normas legales vigentes o que  están  produciendo  efectos  jurídicos,  resulta  incompetente para conocer de  fondo  las demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones que han perdido  plenamente   su   vigencia,   por   sustracción   de   materia  o  carencia  de  objeto   

INHIBICION      DE      LA      CORTE  CONSTITUCIONAL-Sustracción  de  materia o carencia de  objeto/INHIBICION        DE       LA       CORTE  CONSTITUCIONAL-Ley  sobre libertad de esclavos de 1851   

En el caso particular de la Ley del 21 de mayo  de  1851  sobre  libertad  de esclavos la incompetencia de la Corte deriva de la  sustracción  de  materia  o carencia de objeto, en la medida que la norma ni se  encuentra  vigente  ni  está  produciendo  efectos en el ordenamiento jurídico  vigente   

No le es dado al juez constitucional entrar a  juzgar  una  de  las decisiones legales más controversiales y celebradas que se  hubiese  presentado al inicio de la historia republicana de Colombia, a mediados  del  siglo  XIX,  bajo  los parámetros del orden constitucional vigente, cuando  tal  decisión  no se encuentra vigente y no produce consecuencias jurídicas en  el presente   

Referencia.:  expediente  D-7729   

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley  del  21  de  mayo  de  1851  “sobre  la  libertad de  esclavos”   

Actor:    Antonio   Eduardo   Bohórquez  Collazos.   

Magistrada Ponente  

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA  

Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos  mil nueve (2009)   

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en  cumplimiento  de  sus  atribuciones  constitucionales  y  de  los  requisitos de  trámite   establecidos   en   el   Decreto   2067  de  1991,  ha  proferido  la  siguiente   

SENTENCIA  

I. ANTECEDENTES  

1.  El  24  de  abril  de  2009, el ciudadano  Antonio  Eduardo  Bohórquez  Collazos  demandó  la  Ley del 21 de mayo de 1851  “sobre     libertad    de    esclavos”,  en  ejercicio  de  su  derecho  político  consagrado  en  los  artículos  40 y 241, numeral 4°, de la Constitución.   

2.  Mediante  Auto del 18 de mayo del año en  curso,      el      Magistrado      sustanciador1  inadmitió  la  demanda  por  considerar  que  el  texto  no  satisfacía  los  requisitos  constitucionales y  legales  requeridos  para  darle trámite a su acusación normativa.2 Al actor se le  concedió  el término de tres días para subsanar la demanda, de acuerdo con el  Decreto 2067 de 1991.   

3.  Conforme  lo  constató  la  Secretaría  General  de  la  Corte  Constitucional,  el  26  de  mayo de 2009, el demandante  corrigió  su  demanda dentro del término. Revisada la corrección hecha por el  actor,  mediante  Auto  del  4  de  junio  de  2009,  el Magistrado sustanciador  resolvió admitir la demanda.   

4. Cumplidos los trámites constitucionales y  legales   propios   de   los   procesos   de   inconstitucionalidad,   la  Corte  Constitucional    procede    a    decidir    acerca    de    la    demanda    de  referencia.   

II. NORMAS DEMANDADAS  

A  continuación se transcribe el texto de la  norma demandada:   

“Ley de 1851  

(Mayo 21)  

Sobre Libertad de esclavos  

El  Senado  y  la  Cámara de Representantes   

de la Nueva Granada,  

Reunidos en el Congreso,  

DECRETAN  

ARTÍCULO  1. Desde  el  día  1  de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el  territorio  de  la  república. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de  los  mismos  derechos  y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y  las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos.   

ARTÍCULO  2.  El  comprobante  de  la libertad de cada esclavo será la carta de libertad expedida  en  su  favor con arreglo a las leyes vigentes, previos los respectivos avalúos  practicados  con las formalidades legales, y con las demás que dictare el Poder  Ejecutivo.   

PARÁGRAFO     ÚNICO.    Ningún  esclavo  menor  de cuarenta y cinco años será avaluado en  más  de  mil  seiscientos reales si fuere varón, y de mil doscientos reales si  fuere  hembra; ningún esclavo mayor de cuarenta y cinco años será avaluado en  más  de mil doscientos reales si fuere varón, y de ochocientos reales si fuere  hembra.   

ARTÍCULO  3.  Las  juntas  de  manumisión  expedirán  a  los  tenedores  de aquellos esclavos que  fueren  avaluados,  y  a quienes se fuere dando carta de libertad de conformidad  con  lo  dispuesto  en  esta  ley,  certificados  de la presentación, avalúo y  libertad  de  cada  esclavo,  a  fin  de  que  oportunamente  puedan cambiar los  referidos  certificados  por  los vales de manumisión mandados a expedir por la  presente ley.   

ARTÍCULO  4.  La  junta  abrirá un registro de los nombres de todos los esclavos existentes en el  cantón,  expresando,  si  fuere  posible, la fecha y el lugar del nacimiento de  cada  uno  de  ellos,  el distrito parroquial de su residencia y el dueño a que  pertenezca.  De este registro se sacará copia legalizada, la cual se enviará a  la junta provisional de manumisión.   

ARTÍCULO      5.      Teniendo  a  la  vista  la  junta  provisional la copia de todos los  registros  de  las juntas de cantón, formará un cuadro del cual enviará copia  al  Poder Ejecutivo por la secretaría de relaciones exteriores, a fin de que se  expidan  por la de hacienda los vales de la deuda creada por la presente ley, de  conformidad  con  los  reglamentos  que  en  el  particular  expidiere  el Poder  Ejecutivo.   

ARTÍCULO  6.  Los  vales  que se emitan conforme a esta ley, llevarán la denominación de “vales  de  manumisión”, y no ganarán interés. El producto anual de las condiciones  establecidas  por las leyes anteriores y por la presente, para la manumisión de  esclavos,  se destinará a la amortización anual de dichos vales, a cuyo efecto  el  Poder  Ejecutivo  formará lotes de mil a diez mil reales, los cuales serán  rematados  en pública subasta en el mejor postor, que lo será el que ofreciere  mayor cantidad, en vales de la deuda creada por la presente ley.   

ARTÍCULO  7.  El  Poder  Ejecutivo  dispondrá  que  los  tesoreros  de manumisión enteren en las  respectivas  oficinas  de  hacienda,  los fondos de su privativa recaudación, y  tanto  de estos como de los que recaudaren las oficinas de hacienda, y aplicados  por  leyes  anteriores  y  por  la  presente  a  la  manumisión de esclavos, se  llevará cuenta separada.   

ARTÍCULO  8. A fin  de  cada  año  económico  se  formará la cuenta general de los ingresos, y la  suma  total  que  resultare,  tanto  en  dinero  como  en  deudas  líquidas, se  destinará  por  el  poder Ejecutivo a la amortización de los vales de la deuda  creada  por  la  presente  ley,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo  6.   

ARTÍCULO  9.  Se  aumentan   los  fondos  destinados  para  la  manumisión,  con  los  siguientes  impuestos que se cobrarán desde el día 1 de septiembre próximo.   

1.  El 6 por 100 en lugar del 4, y el 15 por  100  en  lugar  del 12 ½ de que habla el parágrafo 1 del artículo 1 de la ley  de 22 de junio de 1850 (1).   

3. El 4 por 100 de las rentas provenientes de  capellanías       y       fundaciones      piadosas      para      festividades  eclesiásticas.   

4.  El  2  por  100  de  todas  las  rentas  provenientes  de  beneficios  eclesiásticos  y  propiedades  de  monasterios, y  cualesquiera  bienes  conocidos  bajo  la  denominación  común de “bienes de  manos  muertas”,  con  excepción  de  las  rentas  de los establecimientos de  caridad, beneficencia y educación pública; y   

5.  El 4 por cien de las pensiones civiles y  militares  que  alcancen  a  doscientos pesos anuales, y el 1 por 100 más sobre  esta base de las pensiones que excedan de aquella suma.   

ARTÍCULO  10.  Las  contribuciones  establecidas  por  leyes  anteriores  y  por la presente, con el  objeto  de  crear  fondos  aplicables a la manumisión de esclavos, continuarán  cobrándose  hasta  obtener  la  total amortización de los vales mencionados en  los artículos 5 y 6.   

ARTÍCULO  11.  Los  fondos   de  manumisión  son  sagrados  y  ninguna  autoridad  ni  corporación  pública,  ni  funcionario  de cualquier clase que sea, podrá distraerlos de su  objeto,  ni  darles  distinta inversión de la aquí establecida; pues quedarán  personalmente    responsables    de    mancomun   et  insolidum, y obligados al reintegro de la suma o sumas  distraídas,  o invertidas en otros usos, tanto la corporación o el funcionario  que    diere    la    orden,   como   el   funcionario   o   empleado   que   la  ejecutare.   

ARTÍCULO      12.      Inmediatamente  después  de  la  publicación  de  esta ley en cada  cabecera  de cantón cesarán los efectos de las disposiciones contenidas en los  capítulos  marcados  con  los números 1, 2 y 3 del artículo 9 de la ley de 22  de  junio  de  1850;  pero serán pagadas en dinero las deudas contraídas hasta  dicho  día,  por  los fondos de manumisión. De ahí en adelante los fondos que  se  colectaren  servirán  para llevar a ejecución las disposiciones contenidas  en la presente ley.   

ARTÍCULO      13.      Ningún  esclavo  prófugo  será avaluado antes de su aprehensión,  ni  expedido  por  su valor el certificado mencionado en el artículo 3. Tampoco  lo  serán  los  esclavos mayores de sesenta años, los cuales son libres ni los  manumisos  nacidos  después de la publicación de la ley 7, parte 6, tratado 1,  de la recopilación granadina, los cuales no son vendibles.   

ARTÍCULO  14.  Son  libres  de  hecho  todos  los  esclavos  procedentes  de  otras  naciones que se  refugien  en  el  territorio  de  la  Nueva  Granada,  y las autoridades locales  tendrán  el  deber de protegerlos y auxiliarlos por todos los medios que estén  en la esfera de sus facultades.   

ARTÍCULO      15.      Autorízase  al  Poder  Ejecutivo para que pueda celebrar un tratado  público  con  el  gobierno  de  la  república del Perú, por medio del cual se  obtenga  la  libertad  de  los  esclavos  granadinos  que han sido importados al  territorio  de  aquella nación, abonando la Nueva Granada la indemnización que  haya  que  darse  a los actuales poseedores de aquellos esclavos, en parte de la  cantidad  que corresponde a esta República en la que adeudaba la del Perú a la  antigua Colombia.   

ARTÍCULO  16.  Los  derechos  que  se  causen a deber a la renta de manumisión por fallecimiento de  una  personas que haya dejado bienes en diferentes provincias, se liquidarán en  aquella  en  que hayan fallecido, y para el pago de ellos se pondrán de acuerdo  con las respectivas juntas de manumisión.   

ARTÍCULO 17. Si el  individuo  que  fallezca  dejare  bienes  en  diferentes  cantones  de una misma  provincia,  la  liquidación  y  el  pago  se  harán  en el cantón en que haya  fallecido,  si  la junta provincial de manumisión no designare al efecto uno de  los otros en que se encuentre parte de los bienes.   

ARTÍCULO  18.  Los  que  reconozcan  censos  cuya  hipoteca  consista  en  esclavos, o en fincas con  esclavos,  podrán  redimirlas con vales de los mandados expedir por la presente  ley, siendo admisibles en pago por su valor nominal   

ARTÍCULO 19. Quedan  derogadas  todas  las  disposiciones  contrarias  a las de la presente ley, y el  Poder  Ejecutivo dictará todos los reglamentos y órdenes del caso a fin de que  tenga su más puntual cumplimiento.”   

Ejecútese y publíquese  

Dada   en   Bogotá,   a  21  de  mayo  de  1851   

III. DEMANDA  

1.  El  ciudadano  Antonio Eduardo Bohórquez  Collazos  presentó  demanda  de inconstitucionalidad en contra de la Ley del 21  de  mayo  de 1851 ‘sobre la  libertad   de   esclavos’  por  considerar  que  esta ley vulnera el Preámbulo y  los artículos 1, 2, 11 y 13 de la Constitución Política.   

Según     el    actor,    (i)   la   ley   acusada  desconoció  el  principio  de dignidad humana, dado que contempló una indemnización a favor de  los  tenedores de personas esclavizadas, en el marco del proceso de manumisión,  cosificando  de  esta  manera  a  los  últimos, asignándoles una condición de  mercancía   y   perpetuando,   su   discriminación   social.   Adicionalmente,  (ii) argumentó que de la ley  acusada  se  desprende  un  caso  de  ‘omisión               legislativa              relativa’. Para sostener este planteamiento, el  actor  manifestó  que  la  norma  objeto  de  análisis,  si  bien  ordenó  la  liberación  de  todas  las  personas  esclavizadas  hace  más  de un siglo, no  estableció  un  sistema  de indemnizaciones a favor de los manumitidos y de sus  descendientes,  como  sí  lo hizo a favor de los llamados propietarios. En este  sentido,  afirmó  que  la  Ley objeto de estudio omitió, de manera deliberada,  regular  lo  atinente a las indemnizaciones que debían recibir los libertos por  los   daños   materiales  e  inmateriales  sufridos  como  consecuencia  de  la  esclavitud.   

2. En la corrección de la demanda, el actor,  además  de  justificar  sus acusaciones iniciales, concentró su argumentación  en  sostener  que,  aunque  los mandatos de la Ley atacada no están produciendo  efectos  materiales  actualmente,  la omisión alegada sigue vigente, razón que  habilitaría  el  estudio  de su demanda por parte de esta Corporación. En este  sentido,  afirmó  que la Ley demandada no ha perdido vigencia pues: (a) ninguna  norma  posterior  a  su promulgación la ha derogado o subrogado, y  (b) la  desigualdad  de  trato allí establecida no ha sido corregida por el legislador.  Concluyó  sosteniendo que dicha omisión repugna al Constituyente del 91 que ha  expedido   “una  carta  fundamental  donde  propone  como centro y guía de toda  actividad  estatal  y  social, el respeto a la vida humana digna, en el marco de  un  orden  de  justeza  material,  con  democracia  racial,  y  bajo el precepto  inequívoco de la igualdad material”.   

3.  Por  los  motivos  expuestos,  el  actor  solicitó  que  se  declarara  la  inconstitucionalidad  de la Ley demandada con  excepción  de  sus  artículos  1,  14 y 19 o que, en su lugar, se declarara su  constitucionalidad   condicionada   al   reconocimiento  de  una  indemnización  tendiente  a reparar a los descendientes de las personas esclavizadas que fueron  liberadas en virtud de la Ley acusada.   

IV. INTERVENCIONES  

1.   Intervención   del   Ministerio   de  Cultura   

Martín  Francisco  Ortiz  Herrera,  en  su  condición  de  apoderado  del  Ministerio de Cultura, manifestó que a pesar de  que  la  ley  objeto  de  examen  ya salió del ordenamiento jurídico, la Corte  Constitucional  debería  realizar  un  pronunciamiento sobre el contenido de la  Ley del 21 de mayo de 1851.   

1.1. Sostuvo que la norma estudiada no estaba  vigente,  pues  había  sido  expresamente  derogada  por  varias  disposiciones  constitucionales  contenidas  en  las  Cartas de 1858 (art. 11), 1863 (art. 12),  1886  (art. 22) y 1991 (art. 13 y 17).  A pesar de lo anterior, estimó que  si   bien   la   Corte   no   puede   pronunciarse   de  fondo  respecto  de  la  constitucionalidad    de    la    Ley    demandada,   debería   “entrar  (…)  a  analizar  las  situaciones  de  hecho  y  de derecho que con fines de pedagogía  jurídica,  económica, política o sociológica requiera el país en procura de  hacer  justicia,  máxime  cuando se trata de normas que por su misma condición  de  no  vigentes,  no  volverán  a  ser discutidas en el escenario público, ni  abordados  con  trascendencia  en  la conciencia social y colectiva de un país,  siendo   un   antecedente   bochornoso  en  la  historia  de  nuestro  país”.  En  esa  dirección,  solicitó a la Corte realizar un  estudio    sobre    la    figura    de   la   esclavitud   y   su   “inaceptable  ocurrencia  en  la  sociedad actual”, con  el  fin  de  que  realice,  por  vía  de  jurisprudencia,  una  reivindicación histórica con la población afrodescendiente.   

1.2. Por último, manifestó que la Corte no  puede  ordenar,  dentro  de un proceso de constitucionalidad, una indemnización  como  medida  de  reparación, puesto que esta acción no ha sido diseñada para  tal fin.   

2. Intervención del Ministerio del Interior y  de Justicia   

2.1.  En  primer  lugar,  afirmó  que  en la  sentencia  C-571  de  2004,  la Corte Constitucional sistematizó los requisitos  para  determinar  la  procedencia  del examen de constitucionalidad de una norma  anterior  a  la expedición de la Constitución de 1991. Según la representante  del  Ministerio,  de acuerdo a los parámetros definidos en esta sentencia, para  que  la  Corte  pueda  analizar la constitucionalidad de una norma anterior a la  Carta  del  91  se  debe  estar  frente  a  una  norma  que: “(1) estuviere  ‘en  tránsito  de  ejecución’  al  momento  de  expedirse  la nueva Constitución, por no haberse consolidado o  concretado   la   respectiva   situación  jurídica  bajo  la  vigencia  de  la  Constitución     de     1986    o,    (2)     se  trate  de una norma expedida  durante  la  vigencia  de  la Constitución derogada y,  por        tanto,        de        ‘legislación  preexistente’, aunque ya no esté surtiendo efectos  jurídicos”.   

2.2.  Teniendo  en cuenta este planteamiento,  según  la  representante  del  Ministerio  del  Interior  y  de Justicia, en el  presente  caso  se  debe  determinar  si,  al  momento  de entrar en vigencia la  Constitución  de  1991, la Ley demandada estaba en tránsito de ejecución o si  se  trataba  de  una  norma  preexistente  expedida  durante  la  vigencia de la  Constitución  derogada.  Por  ello,  luego  de  hacer  un  detallado  recorrido  histórico  sobre  las diferentes disposiciones relacionadas con la prohibición  de  la  esclavitud, consagradas en las Constituciones expedidas desde 1851 hasta  nuestros  días,  la  interviniente  concluyó  que,  en el caso concreto, no se  configuraba  ninguna  de las situaciones que posibilitan el control por parte de  esta  Corporación.  Así,  la  representante  del  Ministerio del Interior y de  Justicia  estimó  que la Ley demandada dejó de tener efectos mucho antes de la  expedición  de la Constitución de 1991. Por tanto, de conformidad  con lo  expuesto  en  el fallo precitado y lo dicho en la sentencia C-379 de 1998, en el  caso  bajo  estudio  existe una carencia actual de objeto sobre el cual efectuar  el respectivo control de constitucionalidad.   

2.3. Por último, la interviniente consideró  que  la demanda contra la Ley de 21 de mayo de 1851 no cumplía con el requisito  de  exponer  razones  de  inconstitucionalidad  ciertas  pues  recaía sobre una  proposición  jurídica  deducida  por  el  actor.  Según  la representante del  Ministerio  del  Interior  y de Justicia, la Ley no establece una desigualdad de  tratamiento  entre  propietarios  y  esclavos,  ni  vulnera  la  dignidad de los  libertos  pues,  por el contrario, esta Ley reconoció la condición de personas  a  los  esclavos.  Además,  la  Ley demandada no consagró una indemnización a  favor  de los propietarios de esclavos sino “un valor  representativo  de  lo  que cada tenedor o poseedor del respectivo esclavo pagó  por  él  en su momento y, por ello, al contemplar un avalúo de los esclavos no  lo  [hizo]  con  el  fin de desconocerse dignidad humana sino como referente del  valor a devolver a dichos tenedores o poseedores”.   

3. Intervención de la Academia Colombiana de  Jurisprudencia   

Hernán Alejandro Olano García, actuando como  comisionado  de  la  Academia  Colombiana de Jurisprudencia, instó a la Corte a  declararse  inhibida  debido  a que la Ley demandada no está vigente, en tanto,  “no sigue produciendo efectos jurídicos”.  Adicionalmente, las Constituciones de 1853, 1858, 1863, 1886 y  1991  contemplaron  disposiciones en las que se consolidó la prohibición de la  esclavitud,   por   lo   que   carecería   de   objeto  un  pronunciamiento  al  respecto.   

4.   Intervención   de   la   Universidad  ICESI   

Yesid  Echeverri  Enciso, del Departamento de  Estudios   Jurídicos   de   la   Universidad   ICESI,   solicitó  a  la  Corte  Constitucional   que   se   abstuviera   de   pronunciarse  de  fondo  sobre  la  constitucionalidad  de  la  Ley  del  21  de mayo de 1851 pues se trataba de una  norma   derogada   cuyos  efectos  jurídicos  habían  sido  superados  con  la  expedición  de las Constituciones de 1853, 1863, 1886 y 1991. Luego de hacer un  recorrido  por  las  disposiciones  relacionadas  con  la  proscripción  de  la  esclavitud   en   cada   uno   de   los  textos  constitucionales,  sostuvo  que  “se  puede  apreciar  como  resultado  lógico de la  derogatoria  tácita de la ley 21 de mayo de 1851 los artículos acusados quedan  desprovistos  de toda eficacia”. Por último, afirmó  que  las  pretensiones del demandante, en el sentido de corregir “errores   histórico   políticos”,  no  pueden  ser  resueltas  por  vía  judicial  acusando  al  legislador de 1851 de  incurrir   en  una  omisión  legislativa,  sino  acudiendo  al  “plano  de  lo  político”  para  que  se  expidan  leyes  tendientes  a  superar la discriminación contra las comunidades  afrodescendientes.   En  ese  orden  de  ideas,  concluyó  que  “lo  anteriormente  expuesto no constituye un impedimento para que la  Corte   (…)   exhorte  al  legislador  a  dar  cumplimiento  al  mandato contenido en el artículo 13 de la  Constitución  de  1991  y  legisle  en  procura  de  superar  las desigualdades  materiales”     que    padece    la    población  afrodescendiente.   

5. Intervención de la Universidad Santiago de  Cali   

Germán   de  Jesús  Castaño  Rodríguez,  Director  del  Programa de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, intervino  en  el  presente  caso  para  pedirle  a  la Corte Constitucional que se declare  inhibida  para  pronunciarse  de  fondo  sobre  la  exequibilidad  de  la  norma  demandada.  En  primer lugar, consideró que la ley objeto de estudio no ha sido  la   causa   del   racismo   y   ni   de   la   discriminación  en  contra  los  afrodescendientes,   ni   tampoco   podía   esperarse  de  ella  que  eliminara  “la  falta  de  igualdad  y  fraternidad  entre  los  colombianos,  así como la discriminación hacia ciertas comunidades”.  En  segundo  lugar,  el  interviniente  afirmó que la acción  pública  de  constitucionalidad no puede ser empleada como un mecanismo idóneo  para  solicitar  indemnizaciones  de  perjuicios.  Por el contrario, sostiene el  interviniente,  que si esta es la intención del actor, éste debe acudir a otra  jurisdicción.  En  tercer  lugar, aseguró que la Corte Constitucional no puede  declarar  la  inconstitucionalidad de una norma bajo el argumento de que violaba  derechos  que,  al  momento  de  su  expedición, no existían. En cuarto lugar,  respecto   de   la   vigencia   de  la  ley,  sostuvo  que  la  norma  estudiada  “ya fue ejecutada, ya produjo sus efectos y después  de  su  sanción  han  pasado  cuatro ordenamientos constitucionales”.  Con  base  en  todo  lo  anterior, concluyó que no es posible  otorgarle  efectos  retroactivos  a  la  Constitución  Política  de  1991 para  estudiar  la  exequibilidad  de  leyes  que  no  están vigentes, ni produciendo  efectos jurídicos al momento de la interposición de la demanda.   

6.  Intervención  de  la  Universidad  del  Cauca   

Martha  Lucía Chaves Zúñiga, Decana (e) de  la  Facultad  de  Derecho,  Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del  Cauca,  remitió  a  esta  Corporación  el  concepto  elaborado por el grupo de  investigación  “Derecho,  Constitución  y  Democracia”  de  esta Facultad,  dirigido  por  la  profesora  Kenny Elizabeth Campo Zarzosa, en el que solicitan  que  la  Corte se declare inhibida para fallar en este asunto. En el concepto se  argumenta  que  el  contenido  normativo  de  la  Ley  del 21 de mayo de 1851 se  agotó,  en  tanto  sus  mandatos  ya  produjeron  sus efectos, dado que estaban  destinados  a  cumplirse  en  un espacio de tiempo determinado y “aunque  no  se pueda establecer una fecha cierta de terminación del  proceso  de  redención de los vales [que se cancelaban  a  los  tenedores  de  esclavos], dicho proceso debió  culminar  en  algún  momento  de la segunda mitad del siglo XIX, con lo cual se  entiende  agotado  su  propósito”. Por consiguiente,  sostiene  que  aunque la ley evidentemente consagró un trato discriminatorio al  ordenar   una   compensación   a   los   esclavistas   y  no  a  los  esclavos,  “el   cargo   por   omisión  legislativa  relativa  planteado  por el demandante estaría llamado a prosperar si la ley demandada no  hubiese  perdido vigencia”, pero como su contenido ya  se   agotó   y  además  le  han  sobrevenido  varias  disposiciones  de  orden  constitucional  que  han  proscrito la práctica de la esclavitud, no se cumplen  los  parámetros  jurisprudenciales  para  que la Corte declare la existencia de  una  omisión  legislativa, específicamente el primer requisito señalado en la  sentencia  C-427  de 2000, esto es, “la existencia de  la    norma    sobre    la    cual    se    predica    la   omisión”.   

7.  Intervención del ciudadano Jack J. Smith  May   

El ciudadano Jack J. Smith May sostuvo que la  Corte  en  el  presente  caso  debe  plantearse  dos  problemas:  el  primero en  relación  con la determinación de la vigencia de la ley acusada, y el segundo,  sobre   la   procedencia  de  la  acción  de  constitucionalidad  para  obtener  “algún   tipo   de   sanción  onerosa”. Respecto del  problema  de  vigencia que plantea la demanda, estimó que aunque la ley acusada  se  encuentra  derogada,  ha  provocado  serias  lesiones morales a la comunidad  afrocolombiana.  Manifiesta  que  estas  lesiones,  sin  embargo,  no pueden ser  indemnizadas  por  la  vía  de la acción pública de inconstitucionalidad dado  que  de  la  naturaleza y finalidad de esta acción no se desprende un carácter  reparatorio  de  daños  ocurridos.  A  pesar de lo anterior, afirma que dada la  trascendencia  social  del tema en cuestión, la Corte debe exhortar al Congreso  de   la   República   para  que  “regul[e]  la brecha de la desigualdad existente  entre  las  denominadas  poblaciones  minoritarias  del país, consideradas como  tales  los  pueblos  afrodescendientes, raizales e indígenas y en general todos  los sectores menos favorecidos”.   

8.  Intervención  del Proceso de Comunidades  Negras en Colombia (PCN)   

Eliana  Fernanda  Antonio  Rosero,  asesora  jurídica  y  José  Santo  Caicedo,  del  Equipo  de Coordinación Nacional del  Proceso   de   Comunidades   Negras   en  Colombia,  solicitaron  que  la  Corte  Constitucional  declare que existe una omisión legislativa relativa, dado que a  su  juicio, “los efectos de la ley 21 de mayo de 1851  siguen  vigentes  en  el  tiempo y en el espacio y por tanto es una discusión y  una  reflexión  que debe darse en beneficio de los afrocolombianas y del Estado  Colombiano”.  Por  tanto,  constituye un deber de la  Corte  ordenar  que  se  realice  una  reparación  colectiva que reivindique su  identidad   “como  grupo  étnico,  como  individuo  cultural,     política     y     socialmente    diferenciado”    destinada   a  “generar  condiciones  de  igualdad   real   y  material  entre  los  afrocolombianas  y  el  resto  de  la  sociedad”.   

Para   argumentar   su   posición,   los  intervinientes  afirmaron,  en  primer  lugar,  que  la esclavitud no es solo un  asunto  del  pasado  sino  que  aún  hoy  es  una  realidad  padecida  por  las  comunidades  afrodescendientes.  En  este sentido, aseguraron que la reparación  colectiva  a  la  que tiene derecho la comunidad afrocolombiana debe empezar por  el  reconocimiento  histórico  de  la  existencia  de  la esclavitud. Por ello,  consideraron  que  en  el presente caso, el Estado debía reparar a la comunidad  afrodescendiente  siguiendo los principios de proporcionalidad e integralidad, y  reconocimiento  de  la  responsabilidad  del  Estado  dado  que  “por  su  acción  y  omisión se han violado los derechos del Pueblo  Negro”.  En  consecuencia  la  reparación colectiva  reclamada       debe       “implica[r]   una  política  de  Estado  que  vincule   el   pasado  y  el  presente”.   

9.  Intervención  conjunta  del  Centro  de  Estudios  de  Derecho,  Justicia  y  Sociedad,  DeJusticia y del Observatorio de  Discriminación Racial   

Los   ciudadanos  Rodrigo  Uprimny,  Nelson  Sánchez  y  César  Rodríguez,  en  su  condición  de  miembros del Centro de  Estudios  de  Derecho,  Justicia  y  Sociedad,  DeJusticia y del Observatorio de  Discriminación  Racial  de  la  Universidad  de  los Andes, intervinieron en el  presente   asunto   con  el  fin  de  solicitar  a  la  Corte  que  declare  que  “existe  un  deber  del Estado colombiano de otorgar  una  reparación  colectiva a la población afrodescendiente debido al crimen de  esclavitud  que  sufrieron sus antepasados y cuyas consecuencias persisten en la  discriminación  que  vive  esa población.  Que  por  esa  razón  la  ley  acusada, que está aun formalmente  vigente,  incurrió  en  una  omisión legislativa relativa sobreviniente, cuyos  efectos  jurídicos  inconstitucionales,  persisten,  por  lo  cual  procede una  pronunciamiento   de   fondo   de   la  Corte  Constitucional  que  corrija  esa  situación”.  En  consecuencia, piden a la Corte que  en  la  parte  resolutiva  señale  “que es deber del  Congreso  y  del Gobierno elaborar una política de reparación por el crimen de  esclavitud  en un término razonable y luego de los correspondientes procesos de  consulta  con  estas  comunidades étnicas; y que debe tratarse de una política  integral     y     colectiva     de     reparación     para    la    población  afrodescendiente”.   

9.1.  Para  tal  efecto,  distribuyeron  su  intervención  en  una parte introductoria y dos grandes partes sustanciales: en  la  parte introductoria, exponen una serie de argumentos encaminados a demostrar  por  qué  en  el  presente  asunto  la  Corte  no debería inhibirse a pesar de  existir  algunas razones por las que aparentemente pudiera hacerlo, y exponen la  metodología  mediante  la  cual, a su juicio, deberían abordarse los problemas  que  plantea  la  demanda. Las otras dos partes hacen referencia a: (i)  el  deber  del  Estado  colombiano de  reparar  el  crimen de esclavitud y el derecho a la reparación de la población  afrodescendiente;  y  (ii) la  procedencia  de  un  pronunciamiento  de  fondo  de  la Corte Constitucional que  declare  la  omisión  legislativa  y  ordene una política de reparación de la  esclavitud.   

9.2. En la parte introductoria sostienen que,  en  principio,  existen  cuatro  razones  u objeciones por las cuales se podría  pensar  que esta Corporación debe declararse inhibida para conocer del presente  asunto,  pero  que  no  son lo suficientemente sólidas para evitar que la Corte  declare  que  la  Ley  bajo  examen “incurrió en una  omisión  legislativa  relativa  en  cierta  forma  sobreviniente”:  la  primera la  denominan    objeción    sustantiva,   según  la  cual  la  Corte no podría emitir un pronunciamiento que  ordenara  la  reparación  de  injusticias  de  orden  histórico,  dado que las  víctimas  directas  del  crimen  de  esclavitud  ya  desaparecieron. La segunda  objeción  es  de  orden  institucional.  Hace   referencia   a   que  dadas  las  competencias  de  la  Corte  Constitucional,   ésta  no  podría  formular  ningún  tipo  de  política  de  reparaciones  porque  ello implicaría entrometerse en ámbitos propios de otras  ramas  del  poder.  La  tercera  objeción  tiene  que  ver  con la inocuidad  de  la  decisión.  Según esta  objeción,  teniendo en cuenta que la Ley que estamos analizando “fue    expedida    hace   más   de   150   años   y   [sus]   efectos  parecen  haberse  agotado  totalmente,  pues  los  esclavos  fueron  liberados  y las indemnizaciones a los  propietarios  fueron  otorgadas”,  la Corte no puede  pronunciarse  de  fondo  por  carencia  actual de objeto. Por último, la cuarta  objeción  sostiene  que, en el presente asunto, estaríamos en presencia de una  omisión  legislativa absoluta por lo cual la Corte no tendría competencia para  fallar de fondo.   

9.3.   Con   el   fin  de  estructurar  una  argumentación  encaminada  a  defender  la  idea  según la cual las objeciones  mencionadas   pueden   ser   superadas   manifiestan  que  resulta  más  útil,  metodológicamente,  abordar  primero  el  tema  sustancial  relacionado  con el  derecho  a  la  reparación  y  luego,  desarrollar  los  temas  procesales y de  competencia  de  la  Corte  frente  al análisis de constitucionalidad de la ley  demandada.   

9.3.1.   En   la   primera   parte   de  la  intervención,  que  se  refiere  al  tema  sustancial, se plantean el siguiente  problema  jurídico:  ¿se  deben reparar, hoy en día, los daños sufridos como  consecuencia  de la esclavitud? Para responder a esta pregunta, en primer lugar,  describen   los   requisitos   necesarios  para  que  surja  la  obligación  de  reparar   “injusticias  históricas”.  A  continuación,  explican  que  el  deber  de  reparar a las  víctimas  de  la  esclavitud  se deriva de las siguientes razones: (i)  porque el daño es actual pues, desde  la  adopción  de la institución de la esclavitud, se ha discriminado de manera  continua  y  permanente  a  la  población  afrocolombiana  y  los efectos de la  esclavitud  se han mantenido en el tiempo de manera ininterrumpida; (ii) porque esos efectos se manifiestan en  la  marginalización  y  exclusión  de  esta población, como lo demuestran las  cifras  relacionadas,  con  la satisfacción de los derechos a la vivienda, a la  salud,  a la educación y la existencia del desplazamiento forzado que afecta de  manera    particular    a    la    población    afrocolombiana;    (iii)  porque la población afrocolombiana  es,  de  conformidad  con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con  el  ordenamiento  jurídico  interno,  titular  del  derecho  fundamental  a  la  reparación  integral  y  colectiva  del  daño  sufrido como consecuencia de la  institución  de  la  esclavitud  y  de su falta de reparación. Posteriormente,  establecen  la  forma  en la que la población afrocolombiana debe ser reparada.  Así,  señalan  los  objetivos que, de acuerdo al bloque de constitucionalidad,  deben  ser  respetados  para  que  exista una reparación integral de los daños  causados  por  violación  de  los  derechos humanos. Para finalizar esta parte,  ponen  de  presente que el responsable de la reparación es el Estado ya que, en  el  caso  objeto  de  estudio,  los  que  causaron  el  daño  no  son  personas  determinadas.   

9.3.2.   En   la   segunda   parte   de  la  intervención,  manifiestan  que,  en este asunto, procede un pronunciamiento de  fondo  que declare la omisión legislativa y ordene una política de reparación  de  la  esclavitud.  Para  fundamentar esta tesis, argumentan que la ley acusada  incurrió  “en  una  omisión  legislativa relativa,  puesto  que  su  propósito  expreso  era  liberar  a  los esclavos y que éstos  gozaran  de los mismos derechos que el resto de la población. Pero precisamente  al  omitir  una  política  de  reparación  de  los esclavos y por el contrario  establecer  una  compensación  económica  para  los  victimarios,  esto es los  propietarios,  la  ley siguió discriminando a los antiguos esclavos e incurrió  en  una omisión relativa frente a su propio propósito, que era lograr no sólo  liberar  a  los  esclavos  sino lograr la igualdad de derechos de esa población  con el resto de los colombianos”.   

Una  vez  determinados los requisitos fijados  jurisprudencialmente  por  esta  Corporación para que se configure una omisión  legislativa  relativa,  concluyen que en el caso de la ley demandada, existe una  omisión   en   algún   sentido   sobreviniente   debido  a  que:  (i)   la  demanda  recae  sobre  una  ley  concreta;   (ii)  la  norma  demandada  excluye  supuestos  de  hecho  esenciales para que sea constitucional  pues,  por un lado, genera una desigualdad injustificada entre los esclavistas y  los  esclavizados  en  la  medida  en que sólo indemniza al primer grupo y, por  otro  lado,  regula  defectuosamente  el objetivo de la misma Ley consistente en  lograr  la  igualdad  de  derechos  de la población esclava con el resto de los  colombianos,  para  lo  cual  era  necesario  reparar  a  las  víctimas  de  la  esclavitud;  (iii) la falta de  reparación  no  se  justifica en razones suficientes ni objetivas; (iv)  con  la  omisión  se perpetúan los  efectos  de  la  esclavitud  y se genera una desigualdad injustificada entre los  propietarios  y  los antiguos esclavos; (v)  la  falta  de  reparación de los antiguos esclavos constituye una  violación  del deber del legislador de construir un orden justo y democrático,  con igualdad material y dignidad para sus habitantes.   

A  partir  de  lo anterior, establecen que la  Corte  debe  pronunciarse  de  fondo debido a que la ley acusada está vigente y  sigue   produciendo   efectos  jurídicos  inconstitucionales.  Así,  la  norma  demandada  no  se  encuentra  derogada  porque en nuestro ordenamiento jurídico  (i)  no  existe  una  norma  posterior   que   establezca   su   derogación  expresa  ni  que  contenga  una  disposición   con  un  sentido  normativo  contrario  a  la  ley  demandada  y;  (ii)  no  existe  una  norma  posterior  que regule de manera integral la materia regulada por la Ley de 21 de  mayo  de  1851.  Incluso,  -sostienen- que aunque se concluya que la norma está  derogada,  procede  un  pronunciamiento de fondo debido a que la norma demandada  sigue  produciendo  efectos sobre la población afrodescendiente en la medida en  que  estableció  que esa población gozaba de los mismos derechos de los demás  granadinos  y,  sin  embargo,  no consagró medidas adecuadas para reparar a los  antiguos  esclavos, situación que sigue “alimentando  la     discriminación    de    la    población    afrodescendiente”.   

9.4. Con base es los motivos antes expuestos,  concluyen  que  la Corte debe declarar la existencia de una omisión legislativa  relativa  y  diseñar  un  remedio  judicial  flexible,  encaminado  ordenar las  medidas    pertinentes    para    reparar    integralmente   a   la   población  afrodescendiente.   

V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA  NACIÓN   

El  Procurador  General  de  la  Nación,  en  ejercicio  de  las  competencias descritas en los artículos 242-2 y 278-5 de la  Constitución   Política,   presentó   concepto   en   el  presente  trámite,  solicitando  a esta Corporación que se declare inhibida para pronunciarse sobre  la constitucionalidad de la Ley demandada.   

1.  En  primer  lugar, se pronunció sobre la  vigencia  de  la  Ley  demandada  en  el  ordenamiento  jurídico.  Al respecto,  estableció  que  la norma objeto de estudio fue subrogada tácitamente, por una  parte,  por  las  Constituciones  expedidas con posterioridad a su promulgación  (Constituciones  de  1853,  1858,  1863, 1886 y 1991) y, por otra parte, por los  instrumentos    internacionales    que    hacían    parte    del    bloque   de  constitucionalidad.  En efecto, tanto estas Constituciones como los instrumentos  internacionales   que   integraban  el  bloque  de  constitucionalidad,  habían  eliminado  cualquier rezago de esclavitud en el país y constituían un marco de  protección   de   las   personas  contra  toda  forma  de  explotación  en  su  contra.   

2.  Finalmente, aseguró que, como ninguno de  los  procesos  de manumisión estaba abierto en la actualidad, los efectos de la  Ley  demandada  habían  cesado y, en consecuencia, se configura el fenómeno de  la  sustracción  de  materia  que  imposibilita  a  la  Corte  para  revisar la  constitucionalidad de la norma demandada.   

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

1. Competencia  

De  acuerdo  con  el  mandato contenido en el  numeral  4°   del  artículo  241  de  la  Constitución  Política,  esta  Corporación  es  competente  para  conocer  y  decidir  sobre  las  demandas de  inconstitucionalidad  que  presenten  los ciudadanos contra las leyes, tanto por  su    contenido    material   como   por   vicios   de   procedimiento   en   su  formación.   

2.     Planteamiento    del    problema  jurídico   

2.1.  De  conformidad  con  los  antecedentes  expuestos,  la  Sala  Plena  advierte  que  en  el  presente asunto, se somete a  consideración  de  la  Corte  Constitucional  el  siguiente problema jurídico:  ¿incurrió  el  legislador  en  una  omisión  legislativa  relativa  al  haber  promulgado    la    Ley    del    21    de    mayo    de    1851    ‘sobre      la      libertad     de  esclavos’,   por  cuanto  diseñó  un  sistema  de  indemnizaciones  para  los  llamados  propietarios de las personas esclavizadas,  pero  no contempló forma alguna de reparación para las víctimas del crimen de  esclavitud?   

2.2.  Este problema plantea una cuestión que  está  más  allá  de  las  competencias  propias  de  la Corte Constitucional.  Considera  que  no  puede  entrar  a  resolver  de  fondo  el problema jurídico  planteado  por  la  demanda,  esto es, debe inhibirse para conocer la demanda de  inconstitucionalidad      por      ‘sustracción   de  materia’      o      por      ‘carencia    de    objeto’,  en  tanto constata que la Ley del 21 de mayo de 1851 ‘sobre      la      libertad     de  esclavos’ no está vigente  y,      además,     no     se     ‘proyectan  sus  consecuencias jurídicas hacia el futuro’.    No   le   es   dado   al   juez  constitucional,  al  terminar  la primera década del siglo XXI, entrar a juzgar  una  de  las decisiones legales más controversiales y celebradas que se hubiese  presentado  al  inicio  de  la  historia republicana de Colombia, a mediados del  siglo  XIX,  bajo  los parámetros del orden constitucional vigente, cuando esta  tal   decisión   no  está  vigente  y  no  produce  efectos  jurídicos.    

2.3.  Para  analizar  este problema jurídico  previo  y  fundamentar  la  decisión  adoptada,  a  continuación la Sala   (i) presentará los criterios  fijados  por  la  jurisprudencia  constitucional  para  establecer  cuando puede  emitir   pronunciamientos   de   fondo   sobre   una   norma   legal; (ii)  contextualizará  históricamente  la ley acusada y (iii)   establecerá   su  vigencia  y  la  posibilidad de que siga produciendo efectos.   

3.  La  Corte  Constitucional  puede  emitir  pronunciamientos   de   fondo   sobre  normas  legales  vigentes  o  que  están  produciendo efectos jurídicos   

3.1. El ejercicio de la Corte Constitucional  de  la función de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución,  con  ocasión  del control constitucional de las leyes, mediante el ejercicio de  la  acción  pública  de  inexequibilidad  (arts.  40,  241-4), “está  condicionado  al  cumplimiento de dos presupuestos básicos e  insustituibles:  (i)  que la  demanda  ciudadana  haya sido presentada en legal forma, esto es, que reúna los  requisitos  mínimos  señalados  en  el  artículo 2° del Decreto 2067 de 1991  para  ser admitida, y (ii) que  las  normas  acusadas,  cuya  validez se cuestiona, hagan parte del ordenamiento  jurídico   vigente   o,  en  su  defecto,  se  encuentren  produciendo  efectos  jurídicos   actuales.”3   Desde  su  inicio,  la  jurisprudencia  ha  sostenido  que  no  puede  estudiar la constitucionalidad de  normas  que  ya  no  hacen  parte  del  ordenamiento,  bien sea porque no están  vigentes   o   porque   simplemente,   ya   no   producen   efectos.4  Así pues, la  Corte  no  puede  conocer  de  fondo las demandas de inconstitucionalidad contra  disposiciones  que  han  perdido  plenamente  su  vigencia,  en  tales  casos es  incompetente         por        ‘sustracción   de  materia’,   denominada  también  ‘carencia  actual  de objeto’.5    

3.2.  La  jurisprudencia  constitucional  ha  insistido  en  resaltar  que  la  Corte  Constitucional  no  puede  considerarse  incompetente  para  conocer una demanda de inconstitucionalidad por ‘sustracción  de  materia’         o         ‘carencia    de    objeto’,  simplemente  por  el hecho de haber  constatado  que  las  disposiciones  acusadas  fueron  formalmente derogadas. En  efecto,  como  se ha señalado desde el inicio de la jurisprudencia, es deber de  la   Corte   Constitucional   “evitar   que  normas  pretéritas   ya   no   vigentes,   pero   inconstitucionales,   proyecten   sus  consecuencias        jurídicas        hacia        el        futuro”6  (esta  posición ha sido reiterada en varias ocasiones7).  En  otras  palabras,  cuando  se  demanda  una norma derogada, antes de declararse inhibida  por  carencia  actual de objeto, la Corte ha de establecer si la norma continúa  produciendo  efectos  jurídicos.  Si ello es así, debe proceder a pronunciarse  de  fondo,  definiendo  si el contenido normativo de la disposición derogada se  ajusta o no a la Constitución Política.   

3.3.  Así pues, en los casos en los que la  Corte   Constitucional   es   incompetente   para   conocer   una   acción   de  inconstitucionalidad    en    contra    de    una    norma,   por   ‘sustracción  de  materia’         o         ‘carencia    de    objeto’,  es  preciso distinguir al menos dos  situaciones:   (i) cuando  la  demanda  se dirige contra disposiciones derogadas y  (ii)  cuando  la demanda recae sobre disposiciones que contienen mandatos específicos  ya ejecutados.   

3.3.1. Frente al primer evento, como se dijo,  la  jurisprudencia  ha señalado que “la decisión de  la  Corte  Constitucional  sobre  la  exequibilidad  o  inexequibilidad  de  una  disposición  derogada,  que  determina su exclusión del ordenamiento jurídico  y,  por  lo  tanto,  su  ineptitud  para producir efectos, carece de sentido si,  ex      ante,   y   por  disposición  del  mismo  legislador,  la  norma  ha  perdido su vigencia dentro del ordenamiento. Por tal  razón,   ante   esa   eventualidad   la  Corte  debe  inhibirse  de  emitir  un  pronunciamiento      de      fondo.”8   

3.3.1.1. La jurisprudencia ha precisado que  la  derogatoria  de  una ley conlleva la cesación de sus efectos jurídicos, lo  cual     ocurre     en     al     menos    tres    casos:     (i)     cuando     una     ‘nueva    ley    suprime   formal   y  específicamente     la     anterior’   [derogatoria  explícita];  (ii)               ‘cuando   la   ley   nueva   contiene  disposiciones  incompatibles  o  contrarias  a  las  de  la  antigua’ [derogatoria  implícita],  y (iii)              ‘cuando  una  ley  reglamenta  toda  la  materia   regulada   por  una  o  varias  normas  precedentes,  aunque  no  haya  incompatibilidad   entre   las   disposiciones   de  éstas  y  las  de  la  ley  nueva’  [derogatoria  por  regulación                 integral].9   

3.3.1.2.  Con  relación  a  las  normas  que  derogan  otras  normas,  la  jurisprudencia  ha indicado que éstas también son  objeto  de acciones de inconstitucionalidad. Al respecto, ha sostenido que no es  “cierto  que  una norma derogatoria cese de producir  efectos  una  vez  promulgada,  ya que ella, al eliminar otras disposiciones, ha  producido  una  transformación del orden normativo”;  esto  en razón a que a pesar de que “el efecto de la  norma  derogatoria  agote  su  objeto  una  vez  promulgada,  los  efectos de su  contenido  normativo  subsisten,  pues  la expulsión de las normas derogadas se  mantiene  en  el  tiempo, siempre y cuando, obviamente, que la norma derogatoria  se    ajuste   al   ordenamiento   constitucional.”  10  Por  tanto,  las  normas  que derogan otras normas legales, pueden ser objeto de  una   acción   de  inconstitucionalidad,  en  tanto  éstas  sigan  produciendo  efectos.   

3.3.2.   Frente   al   segundo  evento,  la  jurisprudencia  constitucional  ha  considerado  que  carece de competencia para  conocer  de  demandas  contra  leyes  cuyo  objeto  ya  se cumplió, y no siguen  produciendo  efectos.  Así,  desde  su inicio, consideró que debe inhibirse de  conocer  la  constitucionalidad  de una norma que “ya  agotó    plenamente   su   contenido”.11  En tal  sentido,  “[c]uando se demandan normas que contienen  mandatos  específicos  ya  ejecutados,  es  decir,  cuando  el precepto acusado  ordena  que  se  lleve  a  cabo  un  acto  o  se  desarrolle  una actividad y el  cumplimiento   de   ésta   o   aquél   ya  ha  tenido  lugar”,  dijo  la  Corte  enfáticamente  en  la sentencia C-350 de 1994 que,  “carece  de  todo objeto la decisión de la Corte y,  por  tanto,  debe  ella  declararse  inhibida En efecto, si hallara exequible la  norma  impugnada  no  haría  otra  cosa que dejar en firme su ejecutabilidad y,  habiéndose  dado  ya  la  ejecución,  la resolución judicial sería inútil y  extemporánea.  Y  si  la  encontrara  inexequible,  no podría ser observada la  sentencia  en  razón  de  haberse  alcanzado  ya  el  fin  propuesto  por quien  profirió  la  disposición;  se  encontraría  la  Corte  con  hechos cumplidos  respecto   de   los   cuales   nada   podría   hacer   la   determinación  que  adoptase.”12   

3.4.  La regla constitucional para establecer  la  incompetencia  de  la  Corte  Constitucionalidad  en  materia de acciones de  inconstitucionalidad  por  sustracción  de  materia, ha sido clara y constante.  Las  ocasiones en que la Corte ha debatido su aplicación, lo ha hecho en razón  de  discrepancias  sobre  si  una  norma  específica  sigue produciendo efectos  jurídicos  o  no,  pero  no sobre cuestionamientos o desacuerdos sobre la regla  jurisprudencial,    en   sí   misma   considerada.13  Así ocurrió, por ejemplo,  a  propósito de una demanda en contra de normas con fuerza de ley, anteriores a  la  Constitución  de  1991,  que  habían dado competencia a Jueces Civiles del  Circuito  para  conocer  de  ciertos  delitos  [C-634  de 1996]. En ese caso, se  consideró  que el nuevo sistema penal había sido implantado en el ordenamiento  jurídico  con  la  nueva  Constitución  (1991), “lo  cual  indica  que  hace  más  de  cuatro  años que dicha normatividad dejó de  afectar   a   la   Carta   Fundamental.”14   Son  varias  las  ocasiones en las que esta regla jurisprudencial ha sido reiterada y  aplicada.15   

3.5.  En conclusión, la Corte Constitucional  es   incompetente   para   conocer   una  acción  de  inconstitucionalidad  por  carencia    de    objeto  (‘sustracción    de  materia’), cuando la norma  (1)  se  encuentra  derogada  y  (2) no produce efectos. Los criterios que ha de  tener  en cuenta la Corte Constitucional para llegar a concluir que se encuentra  en   un   caso   concreto  ante  esta  situación,  fueron  recopilados  por  la  jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:   

“[En   primer   lugar],   (i)  la  Corte  constata  si  la norma bajo  análisis  ha  sido  expresamente  derogada o no. Si no hay derogatoria expresa,  (ii)  la  Corte  precisa  el  contenido   y   ámbito   de  la  norma  supuestamente  derogada;  (iii)    examina   si   ha   habido   una  modificación   integral  del  régimen  regulado  por  la  norma  supuestamente  derogada;  y (iv) determina si  hay  contradicciones  entre  el  ámbito  regulado  por  la  norma supuestamente  derogada  y  las  normas expedidas posteriormente y aplicables al mismo supuesto  de  la norma presuntamente derogada. Si de este análisis surge con claridad que  la   norma  no  se  encuentra  vigente,  la  Corte  se  inhibe  de  proferir  un  pronunciamiento   de   mérito.  Si  luego  de  dicho  análisis,  (v) persisten dudas sobre la vigencia de la  norma,  y  sobre  si  sus  efectos  se  han perpetuado en el tiempo, la Corte ha  procedido  al  análisis de su constitucionalidad.”16   

3.6. Hechas las anteriores anotaciones, pasa  la  Corte  a  establecer  si  la  Ley  del  21  de  mayo  de  1851  ‘Sobre      la      libertad     de  esclavos’  se  encuentra  derogada y si produce efectos jurídicos en la actualidad.    

4.  La Ley  del 21 de mayo de 1851 sobre libertad  de   esclavos   no  se  encuentra  vigente  ni  está  produciendo efectos   

4.1.  La Corte Constitucional es incompetente  para    conocer    la    Ley    de    21   de   mayo   de   1851,   ‘sobre      la      libertad     de  esclavos’,     por  sustracción  de  materia,  en la medida que la norma ni se encuentra vigente ni  está    produciendo    más   efectos   dentro   del   ordenamiento   jurídico  vigente.17   La   Ley  sobre  libertad  de  esclavos  de  1851  no ha sido derogada expresamente por ninguna  norma  legal  posterior, no obstante, su contenido normativo o bien fue regulado  en  normas  posteriores,  o  bien  ya se agotó, al tratarse de procedimientos y  actos administrativos que ya tuvieron lugar.   

4.2.  La  Ley  del  21  de  mayo de 1851, fue  expedida  bajo  la  vigencia  de  la  Constitución de la República de la Nueva  Granada  de  1843.  A los pocos días, y como parte del mismo proceso político,  fue  aprobada  la Constitución de la República de la Nueva Granada en 1853 que  elevó  por primera vez a rango constitucional la prohibición de la esclavitud.  De    esta    manera,    dispuso    en   su   artículo   6   que   ‘no  hay ni habrá esclavos en la Nueva  Granada’.  Más adelante,  este  enunciado normativo fue recogido por las constituciones políticas de 1858  (artículo  11); la de 1863 (artículo 12); la de 1886 y, finalmente, la de 1991  (artículo  17).  Adicionalmente,  la  prohibición  de  esclavitud  también se  encuentra  consagrada  en  el  bloque  de  constitucionalidad.  La  Declaración  Americana  de  Derechos Humanos (Bogotá, 1948) estableció en su artículo 1°,  que  ‘todo ser humano tiene  derecho  a  la  vida,  a  la libertad y a la seguridad de la persona’.  Al  finalizar  el mismo año, en la  Declaración  Universal de Derechos Humanos (1948) se consagró categóricamente  en    el    artículo    4°   que   ‘nadie  estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud  y  la  trata  de  esclavos  están  prohibidas  en  todas sus formas’.   Posteriormente,   en  el  ámbito  internacional  el  Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP,  1966)      estableció     que     ‘nadie  estará  sometido  a  esclavitud. La esclavitud y la trata de  esclavos     estarán     prohibidas    en    todas    sus    formas’    (artículo    8°),18  y,  en  el  interamericano,  la  Convención  Americana  sobre  Derechos Humanos (San José,  1969)     reiteró     la     prohibición    (artículo    6°),    con    tres  precisiones.19  Una  protección especial y explícita a las mujeres [‘nadie  puede ser sometido a esclavitud  o  servidumbre,  y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres  están  prohibidas  en todas sus formas’  (artículo  6,  numeral  1)];  la  aclaración de que ‘nadie   puede   ser   constreñido  a  ejecutar  un  trabajo forzoso (artículo 6, numeral 2);  y  la  identificación  de labores que a la luz de la Convención no constituyen  trabajo forzoso u obligatorio (artículo 6, numeral 3).   

4.3.  Por otra parte, la Sala considera que  la   Ley   acusada   no   está  produciendo  efectos  jurídicos  en  el  orden  constitucional  vigente.  La  Ley  del  21  de  mayo  de  1851,  la ley  de  libertad,  tuvo  dos  propósitos  centrales,  liberar  a  las  personas  esclavizadas  y  organizar el pago de las  indemnizaciones  a los propietarios. Se decidió que el primero de enero de 1852  quedarían  en libertad todos los esclavos que existieran en el territorio de la  República,     por    lo    que    ‘desde  aquella  fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las  mismas  obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los  demás    granadinos.’  (artículo  1).  Para el segundo se adoptaron diversas  medidas,  dentro  de  la  que  se destaca la expedición por parte del Estado de  unos   títulos   (vales  de  manumisión),  que  tenían  por  objeto  garantizar  y poder hacer efectiva la  deuda que se adquirió.   

4.3.1. Con relación a la primera consecuencia  jurídica  de  la Ley acusada, se ha de reiterar que las normas constitucionales  vigentes,  así como las cartas de derechos, internacional e interamericana, que  sobrevinieron  a  la  Ley  del  21  de  mayo  de 1851, son las disposiciones que  integralmente  se ocupan en la actualidad de mantener en libertad a las personas  y  prohibir  que  sean  esclavizadas  hoy  en  día. Es el principio de dignidad  humana,  el  concepto  central  del  estado  social  y  democrático de derecho,  instaurado  en  1991, el que excluye por completo y en todo sentido, la criminal  institución   de   ‘la  esclavitud’.   

4.3.2.  En  cuanto  al  segundo aspecto de la  norma,  las  investigaciones de historia económica han permitido esclarecer que  buena  parte  de  estos pagos sí se realizaron. En todo caso, las deudas que no  hayan  sido  satisfechas,  o  prescribieron  por el paso del tiempo, simplemente  serían  imposibles  de  cobrar  bajo el orden constitucional vigente. No existe  por  tanto,  un texto normativo de la Ley de 21 de mayo de 1851 que se encuentre  vigente,  respecto  del  cual  la Corte pueda pronunciarse de fondo. Por ello la  Corte  se  inhibirá  de conocer la acción de inconstitucionalidad estudiada en  el presente proceso.   

4.3.3.  Las  consecuencias que las leyes de  esclavitud  y  regulaciones posteriores que ya no se encuentran vigentes, son de  carácter  social y cultural. No se trata de efectos jurídicos específicos que  dependan  de  dichas  normas  y  sean  controlables  por  los  jueces,  sino  de  consecuencias  sociológicas  que sumadas a muchas otras causas sieguen teniendo  efectos  negativos sobre las comunidades afrocolombianas. Pero, como se dice, no  son  consecuencias  jurídicas que se derivan directamente de la disposición en  cuestión,  ni  porque  esté  vigente  la  norma,  ni porque sin tener efectos,  erradamente se le siga aplicando.   

No  descarta  la  Sala  que  dentro  de las  consecuencias  sociales  y  culturales  que  se  hayan generado, se encuentre el  sustento  de normas legales vigentes que tienen contenidos jurídicos que siguen  siendo  aplicables,  y que tienen un claro carácter discriminatorio. Pero tales  casos  son  situaciones  jurídicas,  que  si  bien  pueden  tener una conexión  histórica  con  la  Ley  de mayo 21 de 1851, no depende jurídicamente de éste  estatuto.  Son  consecuencias  que  se  siguen  de otras normas del ordenamiento  legal  y,  por  lo  tanto,  los  reclamos  en su contra se han de dirigir hacía  dichos  referentes  jurídicos  y normativos específicos. Los efectos de la Ley  acusada, como se dijo, ya han cesado.      

4.4. Dentro del proceso de constitucionalidad,  la  mayoría  de  los intervinientes consideraron que la Ley objeto de examen no  se    encuentra    vigente    porque   (i)  su  contenido  fue  derogado  tácitamente por los textos constitucionales que le sobrevinieron  y,    o,    (ii)   porque  materialmente  no está produciendo efectos jurídicos, en tanto sus mandatos ya  se  cumplieron.20  En  consecuencia,  estas intervenciones coinciden con esta Sala en  que  la  Corte se debe inhibir para pronunciarse de fondo sobre la demanda de la  referencia.   

4.4.1.   Sin   embargo,   algunas   de  las  intervenciones  coinciden  con  el  demandante en que la Corte debería declarar  que  la  Ley  de 21 de mayo de 1851 incurrió en una omisión legislativa, al no  haber  reparado  integralmente  a  las  personas  que habían sido víctimas del  crimen  de  esclavitud.  Ahora  bien,  en  la medida que la Corte Constitucional  sólo  puede  conocer  de  una  demanda  contra  una  norma  que  haga parte del  ordenamiento,  o  que  aún  produzca efectos en este, una de las intervenciones  que  participó  para  ayudar  a  la demanda en su pretensión, sostuvo que esta  situación sí ocurría, por las siguientes razones:   

“[…]  la  Ley  del  21 de mayo de 1851,  ‘sobre  libertad  de  los  esclavos’,  no  perdido  vigor,   no  se  encuentra  derogada  ni  expresa,  ni  tácita  y  mucho  menos  orgánicamente.  Sin  embargo,  aun  cuando  se  considere  que  no se encuentra  vigente  en  cualquiera de las formas antes anunciadas, la norma demandada sigue  produciendo  efectos  en  la  población  afrodescendiente,  su  eficacia  se ha  prolongado en el tiempo,   

[…]  la norma demandada sigue produciendo  efectos,  pues  la  norma  a  pesar  de disponer la libertad de los esclavizados  omite  disponer  las  condiciones  de  igualdad  en  que  ésta  se materializa.  […]”21   

4.4.2.  Para  la Sala este argumento no es de  recibo  porque  es  circular, incurre en una petición de principio, esto es, se  presupone   la   conclusión   a  la  cual  se  quiere  llegar.  En  efecto,  la  intervención  citada,  al  igual  que la demanda, pretende demostrar que la ley  omitió    incluir    un    contenido    normativo,    a   saber,   ‘disponer  las  condiciones de igualdad  en  que  la  igualdad  de  las  personas esclavizadas se materializa’.  Ahora  bien,  en  la  medida que la  acción  de inconstitucionalidad sólo puede ser conocida si se dirige en contra  de  una  norma  legal  que  se  encuentra  vigente  o  produciendo  efectos,  la  intervención  sostiene  que  la  Ley  acusada  sí está vigente, porque por la  misma   razón   por   la   que   posteriormente   se   espera  que  se  declare  inconstitucional,      a      saber,     que     no     dispuso     ‘las  condiciones de igualdad en que la  igualdad    de    las    personas    esclavizadas   se   materializa’.   

La intervención citada trata de justificar la  circularidad  argumentativa  al sostener que primero es necesario establecer que  Colombia  tiene  la obligación de reparar y resarcir el crimen de la esclavitud  y,  ahí  sí,  entrar  a  determinar  si  la norma está vigente y se encuentra  produciendo   efectos   aún.   Además   que   el   orden   del   análisis  de  constitucionalidad  propuesto  por  la  intervención, desconoce la metodología  prevista  por  la  jurisprudencia  y  no  permite  llegar  a  la conclusión que  pretende  sostener.  En  efecto,  constatar que Colombia tiene la obligación de  disponer  las  condiciones  de  igualdad  en  que  la  igualdad    de    las    personas    esclavizadas   se   materializa’  no implica de forma alguna  (i)  demostrar  que  la Ley objeto de la acción pública está vigente o produciendo  efectos,  y   (ii)  que  obligación  omitida se ha debido incluir en dicha  Ley.   

4.5. Dadas las consideraciones previas, no le  corresponde  a  la Corte establecer en el presente caso, en qué condiciones una  norma  anterior a la Constitución de 1991, que no contempló algún mandato que  pueda  ser  exigible  ahora, a la luz de la Carta Política, puede ser objeto de  control de constitucionalidad por esa razón.   

4.6.  En conclusión, la Corte Constitucional  es  incompetente  para  conocer  la  Ley  de  21  de  mayo de 1851, ‘sobre      la      libertad     de  esclavos’,     por  sustracción  de  materia,  en la medida que la norma ni se encuentra vigente ni  está  produciendo  más  efectos dentro del ordenamiento jurídico vigente; por  lo  tanto  se  inhibirá  de conocer la demanda presentada en su contra y objeto  del presente proceso constitucional.   

5.  Precisiones  acerca  del  alcance  de  la  decisión   

La declaratoria de inhibición en el presente  caso  no  implica  desconocer  en modo alguno, los graves efectos que produjo la  esclavitud  en  las  personas que la padecieron y la sufrieron, fuese cual fuese  su  color de piel. Tampoco implica restar importancia a la deliberación que, en  democracia   participativa,   se  ha  de  dar  acerca  de  las  consecuencias  e  implicaciones  de las prácticas racistas, pasadas y presentes, así como de las  medidas   que  se  han  de  tomar  para  evidenciarlas,  abolirlas,  superarlas,  repararlas   y   asegurar   que  no  se  repitan  nunca  más.      

La  decisión  que  la  Corte  Constitucional  adopta  en  la presente sentencia se limita a señalar que, en sede de revisión  de  constitucionalidad,  esta Corporación carece de competencia para evaluar la  Ley  del  21  de mayo de 1851. No puede pronunciarse, específicamente, sobre si  esa  ley observa o no los parámetros constitucionales actuales, pues tal, no es  una  función  que  se  le  haya asignado, por las razones antes dichas. En todo  caso,  esto  no obsta, en modo alguno, para que el debate se dé, como en efecto  se da en la actualidad, en democracia.    

6. Conclusión  

En  conclusión,  la  Corte  Constitucional  reitera  que  puede  inhibirse  para conocer una demanda de inconstitucionalidad  por   ‘sustracción  de  materia’    o    por  ‘carencia      de  objeto’,   cuando  haya  constatado    que    no    se   encuentra   vigente   y   no   se   ‘proyectan sus consecuencias jurídicas  hacia  el  futuro.’ En el  presente   caso,   la   Corte   se   inhibirá   de   conocer   la   acción  de  inconstitucionalidad  de la referencia, por cuanto la Ley de 21 de Mayo de 1851,  sobre libertad de esclavos no  se  encuentra  vigente  y  no  produce  consecuencias jurídicas en el presente.   

VII. DECISIÓN  

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la  Corte  Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato  de la Constitución,   

RESUELVE:  

Declararse  INHIBIDA  de emitir pronunciamiento de fondo acerca de  la  Ley  del  21  de  mayo  de 1851 adoptada por el Congreso de la Nueva Granada  –Sobre  la  libertad  de  esclavos–,  por  carencia  actual de objeto de juzgamiento.    

Notifíquese,  comuníquese,  publíquese,  cúmplase,  insértese  en  la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el  expediente.   

NILSON PINILLA PINILLA  

Presidente  

No firma  

MARIA VICTORIA CALLE CORREA  

Con aclaración de voto  

MAURICIO GONZALEZ CUERVO  

Magistrado  

JUAN CARLOS HENAO PEREZ  

Magistrado  

Con salvamento de voto  

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO  

Magistrado  

JORGE IVAN PALACIO PALACIO  

Magistrado  

JORGE   IGNACIO   PRETELT   CHALJUB   

Magistrado  

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO  

Magistrado  

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA  

Magistrado  

Con salvamento de voto  

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ  

Secretaria General  

Anexo   –   Índice   

I. ANTECEDENTES  

II. NORMAS DEMANDADAS  

III. DEMANDA  

IV. INTERVENCIONES  

1.   Intervención   del   Ministerio  de  Cultura   

2. Intervención del Ministerio del Interior  y de Justicia   

3.  Intervención de la Academia Colombiana  de Jurisprudencia   

4.   Intervención   de   la  Universidad  ICESI   

5. Intervención de la Universidad Santiago  de Cali   

6.  Intervención  de  la  Universidad  del  Cauca   

7. Intervención del ciudadano Jack J. Smith  May   

8. Intervención del Proceso de Comunidades  Negras en Colombia (PCN)   

9.  Intervención  conjunta  del  Centro de  Estudios  de  Derecho,  Justicia  y  Sociedad,  DeJusticia y del Observatorio de  Discriminación Racial   

V.  CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE  LA NACIÓN   

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

1. Competencia  

2.    Planteamiento    del    problema  jurídico   

3.  La  Corte  Constitucional  puede emitir  pronunciamientos   de   fondo   sobre  normas  legales  vigentes  o  que  están  produciendo efectos jurídicos   

4.   La  Ley  del  21  de  mayo  de  1851  sobre libertad de esclavos no  se encuentra vigente ni está produciendo efectos   

5.  Precisiones  acerca  del  alcance de la  decisión   

6. Conclusión  

Anexo         –  Índice   

Salvamentos y aclaraciones  

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA   

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA  

A LA SENTENCIA C-931/09  

LEY   SOBRE   LIBERTAD   DE  ESCLAVOS  DE  1851-Contexto   histórico   en   que   se   expidió   

LEY   SOBRE   LIBERTAD   DE  ESCLAVOS  DE  1851-Constituye  la  decisión  legal  que puso fin al  proceso de manumisión en Colombia   

ESCLAVITUD       EN      COLONIAS  ESPAÑOLAS-Origen, desarrollo, decadencia y abolición   

ESCLAVITUD       EN      COLONIAS  ESPAÑOLAS-Institución    injusta    y    oprobiosa   

ESCLAVITUD-Crimen  sin cabida en orden constitucional fundado en la dignidad humana   

INHIBICION      DE     LA     CORTE  CONSTITUCIONAL-No  implica  desconocimiento de efectos  que produjo la esclavitud en quienes la padecieron   

Referencia: Expediente D-7729  

Demanda  de  inconstitucionalidad contra la  Ley  del  21  de  mayo  de 1851 “sobre la libertad de  esclavos”   

Actor:  

Antonio      Eduardo     Bohórquez  Collazos   

Magistrada Ponente:  

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA  

La constitución de la libertad  

Cuando  la Corte Constitucional debe estudiar  la   constitucionalidad   de   una  ley  que  fue  expedida  hace  muchos  años  —tal  cual como ocurre en  el  presente  caso,  que  se  trata  de  disposiciones  legales  de hace siglo y  medio—, es preciso que se  establezca  el  contexto  histórico  en  que  las  normas surgieron, para poder  aproximarse  adecuadamente  al  sentido que se les daba y a la forma como se les  usó.22   En ese orden de ideas, el sentido de la presente aclaración  de  voto  es  brindar  un contexto respecto al momento en que se expidió la Ley  del  21 de mayo de 1851, analizada por la sentencia C-931 de 2009, en la cual la  Corte  decidió  inhibirse  de  conocer  la  acción  de inconstitucionalidad en  contra  de la Ley de 21 de Mayo de 1851, sobre libertad  de   los   esclavos,   por   cuanto   “no  se encuentra vigente y no produce consecuencias jurídicas en el  presente.”23   En  el  recuento  de  tal  contexto,  haré  especial  énfasis  en  la  génesis  de la Ley misma, por una  parte,  y  de  las  personas y las historias que hacen parte de la construcción  del  derecho  a  la  libertad,  y  han  sido  tradicionalmente  invisibilizadas.   

I.  Génesis  y  desarrollo  de  la Ley 21 de  1851,   ‘sobre           libertad           de          esclavos’   

Acabar  la  institución  de  la  esclavitud,  esencial  en  el  desarrollo  de la economía colonial y en el desarrollo de las  incipientes  naciones  del  continente,  que  luego  de  las  independencias  se  proclamaban  repúblicas  capitalistas,  fue una de las mayores dificultades que  enfrentaron  las  primeras  constituciones  americanas.  La  coherencia entre el  discurso  de libertad e igualdad y las nuevas instituciones jurídicas, sociales  y  económicas que se creaban, se ponían a prueba, sin duda, en la decisión de  acabar   de  una  vez  por  todas  con  tan  criminal,  indignante  y  oprobiosa  institución:  la  esclavitud.  Por  eso, contextualizar la Ley de 21 de mayo de  1851,   sobre  la  libertad  de  esclavos,  implica  referirse,  al menos brevemente, al origen y significado  de  la institución en la época, y el comienzo de las ideas y de las prácticas  de libertad.   

Con tal propósito, se hará referencia   [1]  a  las particularidades de la esclavitud proveniente del África;  [2]  a   las   ideas   de  libertad  de  las  revoluciones  republicanas  y la esclavitud;  [3] a Haití, primera tierra de la libertad  para  todas las personas;  [4] a la fundación de la República de Colombia  y  a  la  ley  antioqueña de partos;  [5] a Haití, como retaguardia de la  lucha  de  independencia;  [6] al Congreso de Angostura;  [7] a la ley  de  libertad  de  vientres  y a la primera Constitución (1821);  [8] a las  tensiones  entre  razas  y  a las segunda (1830) y tercera (1832) Constituciones  Políticas  de  Colombia;   [9] al endurecimiento de las revueltas y de las  represiones  y  a  la cuarta Constitución Política (1843);  [10] a la ley  de  21  de  mayo  de  1851,  “sobre  libertad de los  esclavos”;   [11]  a  las Constituciones de las  Repúblicas   liberales   federales   –quinta   (1853),   sexta   (1858)   y   séptima  (1863)–,  a  la  regeneración  conservadora  –Constitución    de  1886–; y, finalmente, [12]  a       la      Constitución      de      1991.24   A   lo   largo   de  este  recorrido,  se usarán las expresiones ‘esclavo’  y  ‘esclava’  únicamente cuando sea estrictamente  necesario.    En   su   lugar,   se   empleará   la   expresión   ‘persona     esclavizada’.  Dos  razones,  al  menos,  hay para  hacerlo;  por  respeto  a sus actuales descendientes y, ante todo, en homenaje a  sus  ancestros,  a todas aquellas mujeres y hombres provenientes del África que  durante  años,  a  pesar  de  las  cadenas  a  las  que  se  les quiso someter,  mantuvieron  su dignidad y su libertad –espiritual    y   física–, hasta donde les fue posible.      

1.  La esclavitud de  personas del África, injusticia imperdonable   

1.1. Desde finales del siglo XVI y principios  del  siglo XVII la escasez de mano indígena para el trabajo a causa de guerras,  explotaciones  o  rebeldía,  llevó  a  la  Corona  española  a  incentivar el  comercio  de  personas negras esclavizadas en sus colonias. Aunque la esclavitud  era        una        vieja       institución,25  legitimada  incluso  en  la  iglesia    católica    desde    sus    comienzos,26  trajo  a América aparejada  consigo,  la  lucha  por  la  libertad,  puesto  que las reglas que la regían y  trataban  de  humanizar,  construidas  a  lo largo de los años, se desconocían  plenamente  en  el  comercio  de  personas  esclavizadas  desde  el  África. La  esclavitud  en  estos  casos  no  era  producto  de  las  tradicionales  razones  aceptadas,  sino  de  la  captura y secuestro brutal de millones de personas. La  trata  de  africanos,  por  tanto,  era  cuestionable incluso desde los cánones  esclavistas,  lo  que  enardecía aún más el espíritu rebelde de quienes eran  víctimas        de        este       comercio.27   Las   revueltas   de  las  personas    esclavizadas,    provenientes   del   África,   fue   siempre   una  constante.28   Sin  embargo,  las personas en tal situación no tenían por  única  opción  permanecer esclavizadas. Podían también retar la institución  fugándose  en  la  calidad  de  cimarrón,  escondiéndose  en algún palenque, o incluso obtener su libertad  legalmente        mediante        un        proceso        de       manumisión,   esto   es,   comprando  su  libertad,   para   poder   finalmente   ser   reconocidas   jurídicamente  como  ‘dueñas    de    sí  mismas’.   

1.2.  La  expansión  de la esclavitud fue un  proceso   que   creció   de   la   mano   con  el  modelo  de  la  ‘colonización’  y la primera revolución industrial.  Fue  una  institución  jurídica  y  social  que  se  convirtió  en  un factor  determinante  para  la  acumulación de capital y para el desarrollo del sistema  capitalista   desde  el  siglo  XVI  al  siglo  XIX.29  En tal medida, las naciones  fueron  estructurando  sus  sistemas económicos alrededor de la institución de  la  esclavitud,  hasta  tal punto, que en muchos aspectos dependían enteramente  de  ésta.  Algunos  han cuestionado el que las ideas y teorías políticas sean  la  verdadera  razón  del  cambio,  y  resaltan el hecho de que la institución  sólo  dejó  de existir cuando perdió rentabilidad.30   

1.3.  Como  cuenta la historia colombiana, la  historia  negra  de  nuestro  país,  el  primer  levantamiento significativo en  contra  de  la esclavitud y en defensa de la libertad en Colombia, se dio en los  alrededores   de  Cartagena,  bajo  el  mando  de  Benkos  Biohó,  uno  de  los  principales   líderes   del  cimarronismo31 y fundador de  lo   que   luego   de   muchos   años   llegó   a   ser  el  Palenque  de  San  Basilio.32  Aunque su rebelión no excluía ni cuestionaba la existencia de la  institución   de   la   esclavitud  en  sí  misma,33 la desafiaba y se convertía  en  una  amenaza  para  el  orden  colonial  cuya subsistencia, como se indicó,  dependía  en gran parte del trabajo esclavo africano y del comercio de personas  esclavizadas   en   las  condiciones  de  opresión.34  Su  ejemplo fue seguido por  muchos,  y  dio  lugar  a  la  coexistencia de comunidades negras autónomas con  gobiernos  independientes,  al  lado  del  gobierno que representaba a la corona  española.35  Aunque  no  fue  el  primer  palenque  que existió, si fue el que  surgió   de   lo   que   podría   ser  el  primer  gran  desafío.36   

Las constantes derrotas a las expediciones del  Gobernador  de  Cartagena  junto  a  otros  hacendados  y  una  suerte  de grupo  paramilitar       denominado      ‘los     cuadrilleros     de     la    Santa    Hermandad’,37  para reducir los palenques,  dieron  el  valor  a  los  libertos de atacar el poder de la corona, pensando en  libertar  a  sus  hermanos. No lo lograron, pero sí pudieron defender, al menos  por       un      tiempo,      su      palenque.38  En  1621, Benkos Biohó fue  traicionado,  apresado  y  ahorcado.  Sus  seguidores  huyeron  y continuaron su  lucha,  hasta  la  fundación  del  actual  San  Basilio de Palenque. Los nuevos  ataques   llevaron  a  que  la  Corona,  por  recomendación  de  un  importante  representante  de  la  iglesia,  reconociera  el  poder  de los cimarrones y, en  consecuencia,  respetará  su  libertad  y  autonomía. El acuerdo, sin embargo,  nunca  llegó  a buen término por la inestabilidad que podría representar para  el  poder de los criollos Cartageneros; los cimarrones fueron traicionados y las  luchas                  continuaron.39   

1.4.  Pero la resistencia no sólo provino de  los  esclavos. Miembros de la iglesia católica iniciaron procesos de defensa de  algunos  de  los  derechos  de  los  esclavos,  buscando  al  menos humanizar el  comercio             de            éstos.40  Dos  de los personajes más  importantes  en  estas  batallas por la libertad, la dignidad y la igualdad, que  siguen  siendo  poco  conocidos,  fueron  los  frailes capuchinos Fray Francisco  José  de  Jaca  y  Fray  Epifanio de Moirans, español el primero y francés el  segundo.  Ambos,  perseguidos  por  sus  ideas, defendieron de manera radical la  clara  oposición  entre  los  principios religiosos que ellos y su comunidad de  fieles    profesaban   y   la   institución   de   la   esclavitud.41   

1.5.  En  la  Colonia,  cabe  resaltar,  los  esclavos  contaban  con  otro camino para alcanzar la libertad, a saber, el acto  de                   ‘manumisión’.  No  obstante,  éste dependía de la posibilidad de contar con los recursos para  ello.  Aunque  en  teoría  un  esclavo  podría  llegar  a ahorrar un capital y  manumitirse  a  sí  mismo  o  a  algún  pariente,  por  cuanto la figura legal  existía  y  se  les  permitía  tener un capital, la realidad era que muy pocos  alcanzaban  a  reunir  tal  suma o simplemente preveían que, una vez libres, no  iban  a  ser  respetados sus derechos en la sociedad a la cual entraban a formar  parte.42  Adicionalmente, la institución de la manumisión fue ‘aclimatándose’  a  las formas propias de la colonia,  retrocediendo  en el avance que había alcanzado la figura durante la edad media  en  el mediterráneo. Así, la forma de manumitir a los esclavos podía dejarlos  en  un  limbo  jurídico de servilismo que hacía incierta su situación legal y  sus derechos.43   

1.6.  La  esclavitud de personas traídas del  África  a  América,  por  tanto,  es  una  institución  jurídica  injusta  y  opresora,  que  se  difundió  de  la mano de la primera revolución industrial,  hasta  el  punto de ser un elemento fundamental de la sociedad y de la economía  colonial.  La  República  traería  la  promesa  de libertad, pero no sin antes  tener que luchar por ella.   

2.  Las ideas de las  revoluciones      republicanas      y      la     esclavitud,     contradicción  insalvable   

2.1.   La   tensión   de   los   procesos  revolucionarios  americanos,  tanto  en  el norte como en el centro y el sur del  continente,   siempre  enfrentó  la  contradicción  de  estar  defendiendo  la  libertad   de  las  personas  con  pretender  mantener  la  institución  de  la  esclavitud,  la  cual  ya  había  sido  ampliamente  cuestionada  por  inmoral,  inhumana  e  indigna.  A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, era  claro  que  existía un consenso sobre la necesidad de abolir, tarde o temprano,  la  institución.  Pero,  como  se  dijo, la persistencia y la resistencia de la  institución  a  desaparecer  se  debía, ante todo, a la dependencia económica  que  tenían las colonias al modelo de producción esclavista, en especial en el  Caribe.   

2.2.   En   los   años   anteriores  a  la  independencia,  el comercio de la esclavitud había sido impulsado por la Corona  española,  mediante  la  cédula real del 28 de febrero de 1789, concediendo el  libre  comercio  de  esclavos  en  Cuba,  en  Santo Domingo y en la provincia de  Caracas,  a españoles y extranjeros. El Rey había justificado su decisión, en  que    así    brindaba    una    herramienta    a    todos   sus   ‘amados  vasallos,  [para que obtengan]  por  cuantos  medios sean imaginables, las grandes utilidades que deben producir  el    fomento   de   la   agricultura’.  A  su  parecer,  así  acudía a la estrecha necesidad con que se  hallan  de  estos  brazos,  sin  los  cuales  no  pueden prosperar y florecer ni  producir   al   Estado   las   numerosas   riquezas   que   ofrece  su  clima  y  fertilidad.   En  la  Nueva  Granda,  el  23  de  febrero de 1781 el virrey  Espeleta  declaró  a  Cartagena  y  Riohacha puertos libres para el comercio de  esclavos.  Y  aunque  un  año  después  el  virrey echó para atrás la medida  “por  haber  acreditado  la  experiencia  la  poca o  ninguna  ventaja  que tiene y que su introducción únicamente sirve de pretexto  para  hacer  contrabando”,  el  comercio  ilegal  de  esclavos            se            mantuvo.44    

2.3. De acuerdo con las cifras que se tienen,  durante  el  siglo  XVI el comercio de esclavos africanos fue menor que en años  posteriores  (cerca  de  125.000  personas)  y  se  dirigió, en especial, hacia  Europa.45  Durante el siglo XVII (1601-1700) el comercio de esclavos aumentó  significativamente   (más   de  un  1’300.000  personas),  dirigiéndose  principalmente  al Brasil (41%),  luego  a  la América española (22%), al Caribe inglés (20%) y francés (12%),  y  a otras colonias. El apogeo del comercio de esclavos africanos corresponde al  siglo  XVIII  (1701-1800),  llegándose  a  traficar  con  más de 6’000.000  personas. Es este siglo en el  cual  va  a  ingresar  la  mayor  parte de futuros colombianos descendientes del  África.  Aunque  el  comercio  no se centró en América española (9%), si fue  considerable.  La  trata  seguía  estando centrada en Brasil (31%) en el Caribe  inglés  (23%)  y  el  Caribe  francés que aumentó considerablemente (22%). La  América inglesa tenía un (6%).   

3.  Haití, primera  tierra de libertad para todas las personas   

3.1. La tensión interna que representaba para  los  ideales  revolucionarios y libertarios burgueses el mantener la esclavitud,  se  hizo  evidente  en  Haití,  segunda  colonia  en  América  que  se declara  independiente  (1791)  y que logra establecer una Constitución para convertirse  en una nación autónoma (1804).   

3.2. En Haití en 1791, es el primer lugar de  América  donde  un grupo de esclavos juran formal y colectivamente ‘vivir   libres   o  morir’,48  abriendo  el  camino  de la  libertad  para  todas  las personas. En efecto, la lucha en Haití antes que ser  por  instaurar  en la colonia un Gobierno autónomo e independiente del Gobierno  del  respectivo  imperio  (Francia,  en este caso), es ante todo una lucha   por   acabar   con   la   esclavitud  –forma  intolerable  de  violación  de  la libertad y de la dignidad  humana–  y por acabar por  la  marginación  y  exclusión  de  las  colonias, como regiones inferiores con  personas   con   derechos   inferiores   a   los   de   los   ciudadanos  de  la  República-imperio.   

3.3. Los principios de la Revolución Francesa  de  1789, que tomó la decisión de perpetuar la esclavitud, fueron parte de las  razones   que   llevaron   a   Haití   a   independizarse   y   a   acabar   la  esclavitud.49      De      hecho,      la     definición     de     ‘esclavitud’  de  los  enciclopedistas  franceses,  cuestionaba  la  institución  al entenderla como “la  implantación  de  un derecho basado en la fuerza en el cual un hombre se vuelve  propiedad  absoluta  de  otro  pudiendo  entonces éste disponer de su vida, sus  bienes  y  su  libertad.”  Sostuvieron,  entre otras  cosas,  que la “esclavitud es un estado denigrante no  sólo  para  el  que  la  sufre,  sino  para  la  humanidad  entera.  […] Solamente los prejuicios basados en  la   arrogancia   y   la   ignorancia   nos   permiten   deshacernos  del  trato  humanitario.”50     

3.4. Como se dijo, la revolución de Haití se  produce  a pesar de la revolución francesa, pues decidió negar la petición de  liberar  a la población negra de la isla. Conocida la revolución, delegados de  Haití  van  a París a defender las ideas revolucionarias, y a solicitar que en  virtud  de  ellas  se  diera  fin  a  la esclavitud. Presentan la petición a la  Asamblea  Nacional  Francesa,  que  la niega en 1791.51 La Delegación Haitiana, con  Vincet    Ogé    a    la   cabeza,   regresa   a   la   isla   a   iniciar   la  revolución.52    

3.4.1.  El  4  de  abril de 1792, la Asamblea  Nacional    Francesa    decidió   otorgar   la   ciudadanía   a   los  hombres  libres  de  color. Se cambió  así,  la  primera  estrategia de dividirlos entre negros y mulatos, dándoles a  algunos   de   éstos   derechos   sobre   aquellos.53  La  medida  fue difícil de  hacer  cumplir en un inicio, tanto por las divisiones al interior de Haití como  las    divisiones    al    interior   de   Francia.54  Finalmente, el 4 de febrero  de  1794  la Convención Nacional Francesa declaró abolida la esclavitud de los  negros    en    todas   las   colonias   francesas.55   

3.4.2.   En   1801,  el  General  Toussaint  L’Overture56 proclamó una  Constitución     mediante     la     cual     se    estableció    ‘las   bases   constitucionales   del  Régimen    de    la    Colonia    francesa    de    Santo   Domingo’.57  En  su  artículo  3°  se  estableció  que  no  podían  existir  esclavos  en  el  territorio,  y  que la  servidumbre  era  abolida para siempre. Advirtió además, que todos los hombres  nacen,  viven  y  mueren  libres  y  franceses. Posteriormente su artículo 4°,  sostuvo  que  todas  las  personas  eran  elegibles  para  cualquier empleo, sin  importar   su   color.   Napoleón   Bonaparte   envió  una  carta  al  General  L’Overture manifestándole  que  la  Constitución  de 1801 contemplaba normas que desconocían los derechos  del  pueblo  de  Francia,  del  cual  la  colonia de Santo Domingo era sólo una  parte.   

3.4.3.  Al año siguiente, en 1802, Bonaparte  decidió  enviar  una expedición de más de 20.000 hombres con el propósito de  restablecer   el   Gobierno   imperial  y  reinstaurar  la  institución  de  la  esclavitud.58   En   1804,   luego   de   la  muerte  del  General  L’Overture   y   de   que   las  tropas  revolucionaras  evitarán  los  planes  napoleónicos, bajo el mando del General  Jean-Jaques  Dessaliness,  se  proclamó  la  primera Constitución en la que se  cambió      el      nombre      colonial      francés      de     Saint-Domingue  por el nombre indígena de  Haití.59 En ella se mantuvo la proscripción de la esclavitud.   

3.5. Así pues, Haití es la primera tierra de  América  en  la  cual  toda  persona  fue declarada libre. Pero el precio de su  decisión  fue  alto.  Europa  se negó a reconocer una República gobernada por  antiguos                ‘esclavos’, en  la  cual  eran  ellos  ciudadanos. Haití fue sometida a un estricto aislamiento  comercial  y a la exclusión, pues ninguna República reconocía Haití como una  Nación     ni     estaba     interesado     en    comprar    el    ‘azúcar’  producida  por  hombres  y  mujeres  libres.  Europa  comenzó  a  reconocer  a  Haití, luego de que la isla hubiese  aceptado  indemnizar  a  Francia  con  150  millones  de  francos oro, deuda que  comprometió  el  desarrollo  económico  del  país.60     

4.  La fundación de  la República y la esclavitud; la ley antioqueña de partos   

4.1. Desde 1810, Colombia fue constituida como  una  República  Federal. La discusión acerca de acabar con la esclavitud no se  planteó  de  forma  expresa,  pero sí dejó la puerta para que cada una de las  provincias   tomara   una   posición  al  respecto.61   Una   de   las   primeras  discusiones  que  se  planteó  fue  la de cómo enfrentar la institución de la  esclavitud  en  la  nueva  República.  Las  alternativas  legislativas  que  se  siguieron  fueron  básicamente  cinco. La primera conocida fue la de abolición  inmediata   sin   indemnización,   que   fue  el  caso  de  Haití.62  La  segunda  opción  planteada  fue  la  abolición inmediata con indemnización, que fue la  seguida  por  las Antillas inglesas. La tercera alternativa, propuesta y seguida  por  Colombia,  fue  la  de una abolición gradual con indemnización. La cuarta  era  la  abolición  gradual  con  patronatos,  como  en  Cuba,  y  la quinta la  abolición   lenta   y  gradual,  pero  sin  indemnización,  como  ocurrió  en  Brasil.   

4.2.1.  Don  Juan  del  Corral, Presidente de  Antioquia,  siguiendo  la  propuesta  del  jurista  José  Félix  de  Restrepo,  presentó  en  diciembre  de  1813  la  propuesta  al  Gobierno  central  en los  siguientes términos:   

“Oprimido este gobierno de reflexiones las  más  tristes  sobre  la  miserable suerte de los esclavos a quienes no basta la  espada  de  la revolución para romper sus cadenas ni las luces de la filosofía  para  mejorar  de  condición,  habría  tratado  una  reforma  parcial  de esta  República  […],  si  no creyera que la resolución de esta materia debía ser  del Soporte del Supremo Congreso.   

Cuando  por  todas  partes  se reclaman los  eternos  derechos  del hombre, y apenas se escucha la débil voz de los esclavos  condenados  a  la  ignominia,  a los ultrajes y a la torpeza de la más bárbara  codicia,  ¿podrá  un  gobierno fundado en la justicia dejar de interesarse por  sus  hermanos,  cuya  servidumbre continuada es acaso el poderoso obstáculo que  nos  impide  hacer  progresos  en nuestra regeneración y que irrita la justicia  del   Todopoderoso   para   no   extender  sobre  nosotros  los  efectos  de  su  beneficencia?   

Si  es  un  crimen  el  ir  a  encadenar  a  inocentes   africanos,   no   es  menos  inhumano  perpetuarlo  en  las  cadenas  extendiéndolas  a  su  posteridad y multiplicando así una serie de delitos los  más  atroces  al  mismo  tiempo  que  nosotros  reivindicamos nuestra libertad.  […]”.64   

4.2.2.  No  obstante,  si  bien se alegaba lo  inhumano  de la esclavitud, a la vez se defendía la idea de que la institución  no  podía  ser  abolida de un tajo, de un día para otro, por las consecuencias  que  se  creía  que  ello  tendría en la sociedad. Se consideraba pues, que no  podía  acabarse  con  la esclavitud repentinamente, pero tampoco no hacer nada,  por    cuanto    ello    promovía    una    revolución    o    una    revuelta  generalizada,65    como    había    ocurrido   por   aquel   entonces.66 La propuesta  antioqueña,  aun  cuando  se planteaba en términos de gradualidad, fue apoyada  por  algunos  con  entusiasmo  y  cuestionada por otros, en razón a los efectos  nefastos  que  podría  implicar  en  la economía. Se alegaba, por ejemplo, que  podía  ser  una ‘decisión  precipitada’  que podría  implicar   grandes   consecuencias   para  la  agricultura,  la  minería  y  la  tranquilidad  en  cada  territorio.  Como  alternativa se proponía ‘dulcificar’   la   suerte   de   las   personas  esclavizadas     en     cada     territorio,     concediéndoles    ‘más  días  para  su propia utilidad,  más   alimento   y   más   vestuario’.67   

Finalmente,  el  20  de  abril de 1814, días  después  del  fallecimiento  del  Presidente  Juan  del  Corral  (7  de abril),  Antioquia  aprobó la llamada ley de partos.68  Las  principales  disposiciones  de  la  ley se encontraban en los  numerales  uno  y  dos  del  artículo  primero  y único, que establecieron los  parámetros  generales  de  la política legislativa, a saber, liberar los hijos  de  esclavos  y  obligar  a  los  dueños  a  mantenerlos  hasta cierta edad (16  años).69   Se  decidió también que quien a los 16 años no tuviera un  oficio     para    subsistir    y    no    fuera    útil,    no    ‘entraba     en     goce’  de  los  derechos  de  ciudadano  y  quedaba   en   manos   de   las   juntas  que  se  crearían (num. 3); se prohibió vender separadamente a los  esclavos  miembros  de una misma familia (num. 4); se suspendió el ejercicio de  sus  derechos  al  emancipado que abusará de su libertad (num. 5); se prohibió  introducir  esclavos al territorio y se dejó sin efecto los actos jurídicos de  venta  o  similares  que  sobre  tales personas se hiciera (num. 6). También se  impuso  la  obligación  al  testador de manumitir un esclavo de cada diez (num.  7);  se  constituyó  un  fondo  destinado  a pagar manumisiones, nutrido de las  contribuciones      que      libremente      hicieran      los      ‘ciudadanos       sensibles      y  virtuosos’,  del  recaudo  del  ‘título  de  mandas  para   la   redención   de   cautivos’  y de un impuesto a los propietarios de esclavos (num. 9). Se fijó  el  primer  día  de  pascua de resurrección, como aquel en que se celebrarían  las  manumisiones  (num. 12) y se crearon las juntas de  amigos  de  la  humanidad,  encargadas  de asegurar la  manumisión  de  los esclavos (num. 11) y de revisar la política, adoptando los  correctivos   que   fueran   necesarios  (num.  14).70   La ley estuvo vigente  hasta 1816, cuando fue suspendida por la reconquista española.   

5.    Haití,  retaguardia  de  la  lucha de independencia del General Simón Bolívar y fuente  de libertad   

5.1.  En  1815,  Bolívar  junto  con  otros  revolucionarios  criollos,  huyó  a Jamaica, en donde los británicos, enemigos  de  los españoles, lo recibieron durante un tiempo. Luego, cuando Gran Bretaña  se  acercó  a  España,  los  revolucionarios  tuvieron que abandonar la Isla y  partir  a la única tierra en América en la que en ese momento se reconocía la  libertad   a  todas  las  personas  sin  importar  su  color  de  piel,  Haití.   

5.2. El General Alexandre Pétion, a pesar del  riesgo  que  implicaba  para  la  frágil  República  molestar a España, apoya  decididamente     al     Libertador     Bolívar.71 Éste, en agradecimiento, se  compromete  a  liberar a los esclavos. En una nota escrita se manifestó así el  Libertador,   

“[…]  En  mi  proclama  a  los habitantes de Venezuela y en los decretos que debo expedir para  la  libertad  de  los esclavos. No sé si me será permitido dejar testimonio de  los  sentimientos  de  mi  corazón  hacia  Vuestra  Excelencia  y  dejar  a  la  posteridad  un  monumento  irrecusable de vuestra filantropía. No sé, digo yo,  si  debo  nombraros  como el autor de nuestra libertad.  […]”72   

5.3.  Con  el  ánimo de cumplir su promesa a  Pétion   de   dar   la  libertad  a  ‘pardos,       negros,       mulatos      y      llaneros’,73   luego   de   la   primera  invasión  revolucionaria a la Nueva Granada procedente de Haití, el Libertador  Simón  Bolívar  dicta  un  decreto  con  fuerza  de ley el 2 de junio de 1816,  consagrando  la  libertad  para  los esclavos, dentro del contexto de un proceso  revolucionario  independentista.  Consideró  el  Libertador que “la  justicia,  la  política y la patria reclaman imperiosamente los  derechos  imprescindibles  de  la naturaleza”, por lo  que  resolvió  decretar “la libertad absoluta de los  esclavos   que   han   gemido   bajo   el  yugo  español  en  los  tres  siglos  pasados.”74     Se    estimuló    la  participación  en  lucha  revolucionaria mediante la libertad, pero a la vez se  desestimulaba  con  la  amenaza  de la ‘servidumbre’,  a       quien       no       se       enlistaba.75   Posteriormente,  Bolívar  proclamará   la   libertad   absoluta   y  sin  matices  de  las  personas  esclavizadas, decisión que en la práctica no se cumplió.   

En  todo caso, la actitud libertaria frente a  la  esclavitud,  también  se  matizaba  con  acciones  decididas  en  contra de  aquellas   personas  que  promovían  lo  que  él  denominaba  la  ‘guerra    de    colores’,  tal  como ocurrió un año después  con   el   fusilamiento  del  General  Manuel  Piar.76   

6.  El  Congreso de  Angostura   

6.1.  El  19  de  febrero  de  1819,  en  su  alocución  ante el Congreso de Angostura, el Libertador Simón Bolívar sostuvo  que     abandonaba     a     su     ‘soberana      decisión’   revocar  o  reformar  todos  sus  estatutos y decretos, pero  imploró    que    se   confirmara   ‘la  libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la  vida  de la República’. El  Congreso  resolvió no decidir la cuestión y dejar al siguiente Congreso que se  reuniría,   la   misión   de   tomar   una   decisión   definitiva  sobre  la  esclavitud.   

6.2.  En  efecto,  el 11 de enero de 1820, el  Congreso  declaró que “tomando en consideración las  dos   proclamas  en  que  el  general  Bolívar  […]  declaró  la  libertad  de  los  esclavos, primero con  algunas    modificaciones,    y    después    entera   y   absoluta”,     iba     a    resolver    acabar    con    la    esclavitud,  gradualmente.77  Considerando  el  congreso “la libertad  como  la  luz  del  alma, creyó también que debía dársele por grados, como a  los  que  recobran  la vista corporal, que no se los expone de repente a todo el  esplendor  del  día”;  a su parecer “la    experiencia    tiene   acreditada   la   exactitud   de   esta  comparación.”   Sin   embargo,   consideró   que  “los     sucesos     extraordinarios”  de  las  campañas  libertadoras  habían  dado “una  nueva  existencia  y  forma colosal a la República”  que  implicaban  trabajar en “nuevas  dimensiones”.   Estas consideraciones sirvieron  al  Congreso para  (1) respaldar la decisión de apoyar la extinción de la  esclavitud  formalmente,   (2)  asegurarse  que  en  la  realidad las cosas  siguieran  igual  en  la  medida de lo posible, y  (3) que en el momento de  tomar  acciones  y  medidas,  éstas  serían  graduales, no inmediatas. Los dos  artículos  centrales  de  la  decisión  del  Congreso  revelan  esta  postura.   

“Artículo  1°-  La  esclavitud  queda  abolida  de  derecho,  y  se verificará de hecho su total extinción dentro del  término  preciso  y  por  los  medios prudentes, justos y filantrópicos que el  Congreso general tuviese a bien fijar en su próxima reunión.   

Artículo  2°-  Entre  tanto,  las  cosas  quedarán  en  el  estado mismo en que se hallan hoy en día, en cada uno de los  tres  departamentos  de la República, sin hacerse la menor novedad en provincia  ni  lugar  alguno,  permaneciendo  en  libertad  los  que  la  hayan obtenido, y  aguardando   a   recibirla  del  Congreso  general  los  que  se  encuentran  en  servidumbre.”   

De esta forma, el Congreso de Angostura logró  generar    una    situación    en   la   que   de   derecho   el   régimen  antiguo se había terminado, pero  en  la  que  de  hecho,  seguía existiendo junto con todos sus privilegios, los  cuales  ahora  eran  protegidos  por  el  nuevo  sistema constitucional y legal.   

7. La ley de libertad  de  vientres  de 1821 y primera Constitución Política de Colombia (1821)   

7.2.  La  Ley  de  libertad  de  vientres de Colombia siguió entonces, la  misma  política  legislativa  trazada  por  la  Ley de  partos  de Antioquia. Es decir, el Congreso de Cúcuta  optó  por  la  misma  fórmula  (i)  acabar  con la posibilidad de que pudieran  aparecer  nuevos  esclavos  en  el  territorio  (bien fuera por nacimiento o por  importación)  y   (ii)  que  los  esclavos que siguieran existiendo fueran  siendo   poco  a  poco  manumitidos,  con  lo  cual  se  permitía  una  gradual  incorporación  de  los  nuevos  ciudadanos  a  la  sociedad,  a  la  vez que se  respetaba  el  capital  de las personas que, sobre la base de la legalidad de la  esclavitud,   habían   invertido   de  buena  fe  su  capital  en  ‘esclavos’.80   Esta postura, si bien  se  fundaba  en  algunos  prejuicios  raciales  de  los  cuales  no escapaban ni  siquiera  los  abolicionistas,  también  intentaba luchar contra algunos de los  principales  y más fuertes de esos prejuicios, como por ejemplo, la creencia de  que  una  persona  podía  ser  más  o menos perezosa en razón del color de su  piel.81   

7.3.  En  el  debate, también se destacó el  argumento  de  que el trabajo libre sería más benéfico no sólo para quien lo  hace,  sino también para el desarrollo de la economía en general. José Félix  de  Restrepo,  en  defensa  de la ley durante su trámite sostuvo al respecto lo  siguiente,   

“[…]  Por  el contrario, la libertad de  los  esclavos  es  el medio infalible, el único medio por donde pueden florecer  la  agricultura  y  las  minas.  Nada más propio del hombre que emplear mayores  esfuerzos  que  aquel ejercicio en donde encuentra mayor utilidad. El esclavo no  tiene  interés  en  afanarse  por  un trabajo cuyas ventajas no le tocan: sólo  hace  aquellos  a  que  la  necesidad le obliga; que la cosecha sea abundante, o  escasa,  le  es  indiferente;  su triste ración no se ha de aumentar, y él es,  con  toda  propiedad,  el burro de la fábula. Por el contrario, el hombre libre  que  trabaja  para  sí  y  su descendencia, que puede disponer del fruto de sus  tareas,  duplica  los esfuerzos, y sus cosechas son más abundantes. Todo el que  consulte  las  inclinaciones  del corazón humano convendrán en la exactitud de  este           raciocinio.          […]”82   

7.4.  La  incompatibilidad  entre un proyecto  libertario  como  el que inspiraba la revolución independentista y la libertad,  fue  otro  de  los más fuertes argumentos que se empleó durante los debates de  defensa  de  la ley de libertad de vientres.  Esta contradicción, se sostuvo, era el origen de la destrucción  de  la República. En palabras del defensor de la ley, José Félix de Restrepo,   

“Ningún  gobierno puede permanecer mucho  tiempo  con  la  esclavitud.  En  los  cuerpos  políticos,  así  como  en  los  naturales,  los  elementos  de  que  se componen, si son contrarios, producen la  fermentación  y la ruina del compuesto. La esclavitud es siempre odiosa al lado  de  la  libertad.  Estos  son dos enemigos que están siempre en guerra sorda; y  tarde  o  temprano la victoria de uno de los dos es la muerte del estado. No hay  otro  medio de precaver los desastres espantosos de este temible combate, que la  conciliación     y    la    justicia.    […]”83   

Para  el  Presidente  del Congreso general de  Colombia,  esta  incompatibilidad  entre la esclavitud y el proyecto republicano  instaurado  en  Colombia,  implicaba con mayor razón la necesidad de aprobar la  ley  de libertad de vientres.  A  su  juicio,  la  esclavitud  era  para entonces, claramente, una institución  inconstitucional.  Dijo  al respecto en su discurso de defensa de la ley para su  aprobación:   

“La  esclavitud  es  opuesta  a  la  ley  fundamental  de  la  República de Colombia. Su gobierno, dice el artículo 1°,  ha  de  ser  popular representativo. Subsistiendo la esclavitud, no es ni lo uno  ni  lo  otro.  No  lo  primero,  porque un Gobierno compuesto de tantos señores  vasallos,  de  tantos  pequeños  soberanos  absolutos, cuanto son los mineros y  hacendados,  más  analogía  tiene con la aristocracia que con la democracia; o  por  hablar  con  exactitud,  es  el  verdadero  gobierno feudal, que ha causado  tantos  males  en  la Europa y los causará en donde quiera que se encuentre. No  lo  segundo, puesto que una gran parte de Colombia queda excluida de representar  y      de      ser     representada.     […]”84   

7.5. Las principales razones para defender la  ley  fueron  resumidas  por  su  propio  defensor  en el Congreso general, José  Félix    de    Restrepo,   en   los   siguientes   términos:   “1°  la  esclavitud  es  directamente  contraria  al  derecho  de la  naturaleza;   2°  al  espíritu  del Evangelio;  3° a la seguridad y  permanencia  de la República;  4° a las buenas costumbres;  5° a la  población;   6°  al aumento de la agricultura, minería y todo género de  industria.  Sólo resta hallar los medios de conseguir la libertad. Si se oye al  interés  es  absolutamente  imposible, si se consulta la justicia, nada es más  fácil.”   

7.6. Ahora bien, a pesar de las palabras y el  apoyo  decidido  a  acabar  con  la  esclavitud,  se  decidió  que el fin de la  institución  sería  gradual  y  con  el  pleno  respeto  a los derechos de los  dueños  de  los  esclavos.  Esta  gradualidad en el proceso se justificó en el  respeto  de  los  derechos de los propietarios, por una parte, y en la necesidad  de  integrar,  poco  a  poco,  a  las  personas que abandonaban la condición de  esclavitud.  La  política  de  manumisión gradual se justificaba también como  una  manera  de evitar que los errores del legislador los asumieran personas que  se  habían  atenido  a  la  ley.  En  su  discurso de defensa de la ley dijo el  Presidente del Congreso general lo siguiente,   

“Convengo  en  el  principio  de  que  la  esclavitud  debe  destruirse,  sin destruir al propietario (me cuesta dificultad  darle  ese nombre); no conceder la libertad es una barbarie; darla de repente es  una  precipitación.  La  libertad social tiene ciertos grados y necesita cierta  disposición  en  los  que  la  reciben  para  que  no sea peligrosa. No se pasa  repentinamente  de un estado al opuesto, sin exponerse a grandes inconvenientes.  Por  otra parte, los blancos que, bajo la autoridad de las leyes existentes, han  empleado  su  caudal  en  una  especie  de comercio, por más injusto que sea (y  ninguno  puede  serlo  tanto  como del que hablamos), no deben ser arruinados de  repente  por  otro nuevo error de los legisladores. Estamos en un caso en que no  podemos  ser  enteramente  justos. […] La enfermedad y los remedios suelen ser  igualmente funestos si se aplican sin oportunidad. […]   

El  remedio  radical  de  la  esclavitud se  presenta  por  sí  mismo,  y  es  la libertad de vientres; remedio que evita la  propagación  de  este cáncer político y no trae perjuicio a los propietarios.  Es  verdad  que  éstos  no  tendrán el aumento de los partos de esclavas, como  tienen  sus  yeguas o vacas; pero por justa que fuese la esclavitud de la madre,  jamás  pudo  transmitirse  a  la prole. Los partos humanos jamás han estado de  usufructo,  y  aun la ley romana no pudo sufrir esta desgracia del hombre. […]  Al  propietario  nada  se  le  quita  sino sólo la esperanza de una cosa que no  existe,  y  a  la  cual  jamás  puede aplicar los títulos de conquista, guerra  justa,  invención,  u  otro  de  aquellos  donde  se  adquiere  el  dominio. En  recompensa  de los alimentos, los hijos quedarían sujetos hasta los diez y seis  o  diez  y  ocho años, sirviendo en los ministerios de sus padres. Los amos por  una  justicia natural están obligados a vestirlos y alimentarlos, o dejar a sus  padres  el  tiempo  necesario  para  ejecutarlo.”  85   

7.7.  Finalmente,  el  Congreso  general  de  Colombia  en  Cúcuta  adoptó  el 30 de agosto en 1821 la primera Constitución  Política.86  Mediante ésta, se constituyó la Nación colombiana, ‘para   siempre   e   irrevocablemente  independiente’ y libre de  la  monarquía  española  (art.  1°),  y se le impuso el deber de ‘proteger    por   leyes   sabias   y  equitativas  la  libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de todos los  colombianos’. Ahora bien,  la    Constitución    de   1821   llamaba   colombiano   a   (1)   ‘todos los hombres libres nacidos en el  territorio     de     Colombia     y    los    hijos    de    éstos’;        (2)        ‘los  que estaban radicados en Colombia  al  tiempo  de su transformación política, con tal de que permanezcan fieles a  la  causa de independencia’  y  (3)  ‘a los no nacidos  que   obtengan   carta  de  naturaleza’.  La  protección  de  los  derechos  que  debía  dar  la  Nación  colombiana  no  era,  por  tanto,  para  todas  las  personas  que estaban en el  territorio  nacional,  sólo  era para ‘los    hombres    libres’.  Así  pues,  además de excluir a las mujeres, implícitamente se  reconocía  y  aceptaba la esclavitud al reconocer la existencia de ‘hombres’    que   no   fueran   ‘libres’.  Es  más, las normas imponían a la  Nación  colombiana  la  obligación  de proteger el derecho de propiedad de los  hombres  libres sobre aquellos que no lo eran. Ahora bien, sólo los colombianos  podían          ser          ‘sufragantes’.87   

Tal  como  lo  señaló  el  General  Daniel  Florencio  O’Leary en sus  memorias,  si  bien  el  Libertador  consideraba  que la ley era “humanitaria  y en  parte  equitativa”, no lo satisfizo, pues él abogaba  por  la  “abolición  absoluta e incondicional de la  esclavitud”.    Solicitó    que    se   decretara  “la  libertad  absoluta  de todos los colombianos al  acto  de  nacer en el territorio de la república. De este modo se concilian los  derechos     posesivos,    los    derechos    políticos    y    los    derechos  naturales”.88    Bolívar    pidió   al  Presidente  del Congreso José Félix de Restrepo que pidiera que se accediera a  su   solicitud  en  “recompensa  de  la  batalla  de  Carabobo,  ganada por el ejército libertador”.   El  Congreso  no  accedió  a  la  insistencia  del  Libertador  y  publicó  la  ley  de  libertad de vientres  en   1822   en   un   folleto   que  incluía  al  final  la  respuesta  dada  a  Bolívar.   

“Libertador  ilustre,  tus  votos  están  satisfechos.  Dentro  de  poco  el  sol  de  Colombia  no  iluminará cadenas ni  grillos.  Proseguid  a  completar  tu  grande  obra  de  la  perfección  de  la  República,  acabando  de  arrojar de su suelo los enemigos de la libertad. Nada  temas  en  medio de combates. […] Tú no combates por dominar y oprimir:   tu  verdadera  gloria  es,  y  debe ser siempre, libertar a los americanos de la  servidumbre  exterior,  y  a los esclavos de la tiranía doméstica. El fruto de  tus  victorias  sería para nosotros insípido, y aún amargo, si lo tuviéramos  que   gustar   al   lado  del  desconsuelo  y  lágrimas  de  nuestros  hermanos  […]”     

La  decisión  de abolir la esclavitud no fue  adoptada   por   los   revolucionarios  independentistas,  a  pesar  de  que  la  institución  no  tenía  la  importancia  que  había  adquirido  por fuera del  sistema  colonial  español,  en colonias donde se había propiciado o permitido  la expansión de grandes plantaciones esclavistas.   

7.9.  Pero  la  decisión  de  1822  no  fue  suficiente.92  El  Libertador,  deseoso  de  cumplir  se misión de acabar con la  esclavitud  expidió  un  nuevo  Decreto el 27 de junio de 1828, dictando reglas  para      las      juntas     de     manumisión.93     Así,    ‘deseando  hacer eficaz la Ley de 18 de  julio  del  año 21°., y que se cumplan los santos e importantes fines que ella  se     propuso     en     la    manumisión    de    los    esclavos’  se  expidieron  una serie de normas,  entre  las  cuales  se  encontraban,  por  ejemplo,  el orden de preferencia que  debían  seguir  las  juntas de manumisión al momento de decidir a qué esclavo  dar  la  libertad,  teniendo en cuanta los limitados recursos con que se contaba  para              tal              tarea.94   

8.  Las  tensiones  entre   razas;   la   segunda   (1830)   y    la    tercera    (1832) Constitución Política de Colombia   

8.1.  En  la  década de los años veinte del  siglo     diecinueve,     el     uso     de    conceptos    como    libertad,           igualdad,           propiedad,           justicia        o       derechos            sociales  era  corriente  en  los sectores  sociales       denominados       ‘plebeyos’, por  su  cruce  racial  o  ascendencia  africana.  Esto  preocupaba  a algunas de las  autoridades  republicanas  e  hizo aparecer el temor a una eventual ‘guerra     de     razas’.   Para aquel entonces, esta era  una  amenaza  al orden establecido que  consideraba la desigualdad de clase  como    una    situación   justa,   ‘fundada     en    la    naturaleza    de    las    cosas’.95   

8.2. En las colonias del Caribe el problema de  la  esclavitud  era inaplazable en razón al porcentaje de la población negra y  mulata  en  contraste  con  la  población  blanca y de criollos, que solía ser  inferior  al  10%  del  total.  La  imposibilidad  de  controlar las revueltas y  sublevaciones,  así  como  los  sucesos  ocurridos  en Haití, eran siempre una  amenaza  y fuente de temor para los criollos. En Colombia, concretamente, aunque  la  población  negra  en  situación de esclavitud no era proporcionalmente tan  alta,  se  encontraba  concentrada en algunas partes del territorio [en la costa  Caribe,  la costa Pacífica y el sur occidente], lugares en los cuales se temía  por  la  constante  amenaza  de  las  revueltas  y  por  la implantación de una  ‘pardocracia’.96   

8.3.  Durante  los  años  siguientes  a  la  constitución  de  la  República,  uno de los episodios más controvertidos que  ocurrieron  en  relación con el hecho de que la revolución de independencia no  hubiera  acabado  con  la  esclavitud,  fue  el fusilamiento del Almirante José  Prudencio  Padilla,  uno  de  los  principales  guerreros  de  la  independencia  nacional.  El  Almirante  Padilla,  quien  aprendiera  su oficio en los Galeones  españoles,  que  lo  llevaron, entre otras, a la batalla de Trafalgar (el 22 de  octubre             de             1805),97   no  siempre  recibió  el  reconocimiento  que le era merecido por algunos de sus compañeros y superiores,  que  envidiaban  sus conquistas y le discriminaban por el color de su piel y por  su  origen  familiar,  sin  embargo,  siempre  fue  respetado y valorado por las  tropas     que     estuvieron    a    su    mando.98 Su cuestionado fusilamiento,  al   parecer,  fue  propiciado  y  ambientado,  entre  otras,  por  sus  fuertes  posiciones  públicas  que estimulaban los miedos ante una eventual ‘guerra    de    colores’.99      La     noche  septembrina (el 25 de septiembre de  1828),  algunos  conjurados,  luego de atentar contra el Coronel José Bolívar,  primo  del  Libertador,  liberaron al General Padilla de la cárcel en la que se  encontraba   recluido  en  Bogotá  y  lo  reconocieron  como  jefe.100 El General,  que  no sabía qué era lo que ocurría aquella noche, fue capturado nuevamente,  juzgado   por   la  Ley  de  Conspiradores,  condenado  a  muerte  y  fusilado  del  2  de  octubre de 1828 en  Bogotá.  La  Convención Granadina de 1832 restableció su memoria y lo eximió  de los delitos por los que se le condenó.   

8.4.  La  segunda  Constitución Política de  Colombia,  acordada  en  el  año de 1830, reitera la fórmula ya adoptada en el  año  21,  pero aclarándola conceptualmente e incluyendo a aquellos hombres que  si  bien  no habían nacido libres, habían sido libertados. Luego de establecer  en   su   primer  artículo  que  la  ‘nación  colombiana  es la reunión de todos los colombianos bajo un  mismo  pacto político’, el  texto   constitucional   del   30  indicó  que  una  persona  era  ‘colombiano’    en   dos   casos,   ‘por       nacimiento’         o         ‘por     naturalización’ (art. 8°).  Los colombianos por  nacimiento,  a  su  vez,  eran  divididos  en  dos  grupos diferentes, (1) el de  ‘todos los hombres libres  nacidos  en  el  territorio de Colombia, y los hijos de éstos, aun cuando hayan  nacido  fuera  de  él’, y  (2)  el  de  ‘los libertos  nacidos  en  el  territorio de Colombia’            (art.           9).101  Se  trataba  pues  de  un  régimen  constitucional  que todavía permitía la existencia de la esclavitud,  pero   que   ahora   otorgaba   la   condición  de  colombiano  a  ‘los        libertos’.  La  Constitución de 1830 suprimió  la        noción       de       ‘sufragante’ e  introdujo       la       de       ‘ciudadanía’,  indicando  que  gozar  de  tal condición es un presupuesto para el ejercicio de  los           derechos           políticos.102 Como primer requisito para  ser   ciudadano  se  mantuvo  el  de  ‘ser        colombiano’.103   

8.5. Dos años después, en 1832, se expidió  la   tercera   Constitución   Política   de   Colombia,  denominada  entonces,  ‘Estado   de  la  Nueva  Granada’. En este caso se  mantuvo  la  fórmula  del  30,  incluyendo  los  efectos  de  la llamada ley de  ‘libertad      de  vientres’.  En efecto, el  artículo  4°  establecía  de  forma  similar  a  la  anterior  Carta  que los  ‘granadinos’   podrían  serlo  por  ‘nacimiento’      o      por      ‘naturalización’.  En  el  primer  caso  –por       nacimiento­­–  eran  considerados  granadinos,  ‘todos los hombres libres  nacidos     en     el     territorio    de    la    Nueva    Granada’  (art.  5,  num.  1)  y  ‘los  libertos nacidos en el territorio  de  la Nueva Granada’ (art.  5,  num.  5),  añadiendo a este grupo ‘los  hijos  de  las esclavas nacidos libres, por el ministerio de la  ley,    en    el   mismo   territorio’.104 La noción de ciudadano se  mantuvo.105   

9. El endurecimiento  de   las   revueltas  y  de  las  represiones;  cuarta  Constitución  Política  (1843)   

9.1.  A  finales  de  la  década de los 30 y  principios  de  la década de los cuarenta del siglo diecinueve, las revueltas y  rebeliones  de  los  negros en el sur de Colombia, eran frecuentes. La guerra de  Los   Supremos,   como  es  conocida  la  guerra  civil  de  1840, despertó ilusiones de liberación de los  esclavos  en  el  sur  del país. Algunos políticos de la época defendían con  ahínco  una  versión  de  la esclavitud según la cual, la institución no era  inhumana  y  era  benéfica  para los esclavos. Según tales opiniones, los amos  tenían  el  interés  de conservar el ‘capital’  que  habían  invertido en ‘mano  de   obra’  y,  además,  habían  convertido  en  motivo de orgullo, el buen trato de sus esclavos, a tal  punto  que incluso “los que son de carácter áspero y cruel, tienen que ceder  a   este   punto   al  imperio  de  la  opinión,  al  imperio  de  la  sanción  pública.”106  Esta  descripción  idílica, por supuesto, era muy distante de la  realidad.   

9.2. Las sociedades democráticas de mediados  del  siglo  XIX,  crearon  una  idea de ciudadanía, en la cual las clases menos  privilegiadas  también  comenzaron  a  elaborar  una  imagen de sí mismos como  verdaderos  constructores  de  la patria. De forma análoga a lo que hacían las  clases  privilegiadas,  se  presentaban  a sí mismos como buenos trabajadores y  honorables  ciudadanos, en tanto que a los otros, como personas perezosas y poco  confiables,   que   antes   del   bien   común,   pensaban   en   su   interés  privado.107  De  forma  análoga,  los  propietarios y señores consideraban su  labor     indispensable    y    necesaria    para    guiar    al    ‘pueblo’,    lo    que   ellos   denominaban  los plebeyos.   

9.3.  El  1°  de abril de mayo de 1841 José  María  Obando  publicó  un decreto tratando de contener la insurrección y las  protestas  de  los  esclavos, mediante el cual impedía la participación de los  esclavos de su territorio en el ejército. Decía el Decreto,   

“Tratando  de contener el desorden que se  ha  introducido  en  las haciendas y casas particulares, a causa de la alarma en  que  han  entrado  los  esclavos  que  desean  tomar servicio en el ejército, y  considerando:   

1. Que aunque no se admitan dichos esclavos  al  servicio  de las armas, no obstante ellos han formado esperanzas de serlo, y  se  fugan de la casa de sus amos, dejando de emplear el tiempo, y se fugan de la  casa  de  sus  amos,  dejando  de  emplear  el  tiempo en los trabajos a que son  destinados.   

2.  Que  tales  esperanzas prohíben en los  esclavos  el  irrespeto  e  insubordinación a sus amos y el desamor al trabajo,  que traen tan funestos resultados a la sociedad, decreto:   

Artículo  único. Se suspende la admisión  de  los  esclavos  al  servicio de las armas en las Provincias del Cauca y de la  Buen ventura.”   

A  esto se sumó un segundo Decreto de Obando  para   sancionar   a   los   esclavos   insurrectos.108   

9.4. La cuarta Constitución de Colombia es de  1843,         denominada        ‘Constitución    Política    de   la   República   de   la   Nueva  Granada’.109 Este nuevo  texto  siguió  amparando  implícitamente  la institución de la esclavitud, en  los  términos  en  que  se  había  consagrado hasta entonces. El cambio que se  introdujo,  fue  que  aquellos  casos  en  los que se concedía la condición de  ‘colombiano’              –‘granadino’–,   se   clasificaron  como  casos  ‘por  naturalización’110     y     ‘no    por    nacimiento’.111  Por  otra parte, sobre la  noción  de  ciudadanos,  se  aclaró  que éstos son algunos de los ‘granadinos      varones’.112   Esta  constitución  incluyó  una  carta  de  derechos  al  final,  en  el  Título  XII, dedicado a  ‘disposiciones  varias’.113   

9.5. El triunfo de los conservadores sobre los  movimientos  liberales de raigambre popular, con el respaldo de los propietarios  de  esclavos, tuvo una respuesta institucionalizada. La ley 22 de junio de 1843,  meses  después  de  instaurarse  la  nueva Constitución, autorizó la venta de  personas  esclavizadas  en  el exterior, derogando la prohibición de 1821 sobre  esta  práctica.  Aunque  no se importaron personas en tal situación, muchos de  los  colombianos  privados  de  su  libertad que estaban esperando ser liberados  gradualmente,  de  acuerdo  con  la  política  establecida  de  la ley   de   libertad   de   vientres,   se  enfrentaron  a una nueva realidad: poder ser vendidos a un país con un régimen  de   esclavitud  robusto  y  vigente,  en  el  cual  la  persona  no  tenía  la  posibilidad,  ni  siquiera  gradualmente, de acceder al derecho a ser reconocido  como  una  persona digna, libre e igual a los demás. Hubo discusiones acerca de  si  el  país  debía  recuperar  a  las personas que habían sido vendidos como  esclavos,   propuesta   que   fue   desechada   sobre   la  base  de  argumentos  racistas.114   

10.  La ley de 21 de  mayo    de    1851,    “sobre   libertad   de   los  esclavos”.   

10.1. El cambio introducido por el Gobierno de  José  Hilario  López  en  materia  de  esclavitud  no  fue accidental. Era una  propuesta  que  había  prometido,  al  haber  suscrito,  antes  del  día de su  elección,  un plan de gobierno diseñado por su partido político, en el que se  garantizaba   la   abolición   de   la  esclavitud.115  En  la  celebración  de  independencia  del  20  de  julio  de  1850  en Bogotá, que se liberaron varios  esclavos  como  en  otras  zonas  del  país, el propio Presidente José Hilario  López  participó, pagando el valor “de cuatro seres  humanos”;  el ejemplo se siguió, y las manumisiones  se  continuaron celebrando a lo largo del país en comidas y bailes.116  A finales  de  1849  y  principios de 1850 los actos de manumisión eran permanentes en los  pueblos    de    la    provincia    de   Cartagena.117  La  Administración,  por  medio  del Gobernador, celebraba la realización de estos actos de liberación y  saludaba     a     los     nuevos     ciudadanos.118   

10.2. Dado el camino elegido de respeto a los  derechos  de  propiedad  de  los  amos, uno de los obstáculos que fue necesario  superar,  era  la  ausencia  de  recursos  públicos  para poder cumplir con los  costos  que  suponía una política de manumisión inmediata. En tal sentido, el  Estado  promulgó  la  Ley  adicional  de  la  manumisión  de junio 22 de 1850,  mediante  la  cual se buscó un mayor recaudo para poder contar con los recursos  necesarios  para  garantizar  las  liberaciones.  Otras medidas que este año se  tomaron,  fueron establecer topes a los precios fijados como contraprestación a  la   liberación   de   la  persona  y  restaurar  las  juntas  de  manumisión.   

10.3.  El 21 de mayo de 1851, finalmente, fue  decretada   la   Ley   sobre  “la  libertad  de  los  esclavos”.   

10.3.1.  El  artículo  primero  de  la  ley,  categóricamente   estableció   que  ‘desde  el  día  1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos  que     existan     en    el    territorio    de    la    república’, convirtiéndose así en ‘granadinos’,  en  ciudadanos. Por eso advierte la  norma  que  ‘desde aquella  fecha  gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la  Constitución    y    las    leyes   garantizan   e   imponen   a   los   demás  granadinos’.   

10.3.2.  El artículo segundo estableció que  ‘el   comprobante   de  libertad’    sería  ‘la     carta    de  libertad’  expedida  de  acuerdo  a  la  ley,  a favor de la persona liberada. Señala que el comprobante  sólo  podrá  ser  expedido  una  vez  se  hubiese  realizado  el  ‘avalúo’  de la persona sometida a esclavitud,  de  acuerdo con la reglas legales y administrativas previstas para el efecto. La  norma  contempla  un  parágrafo  que fijó topes a los avalúos, dependiendo de  dos  variables  (i) el sexo de la persona y (ii) su edad (si tenía menos o  más  de  45  años). Luego, en el artículo 13, la ley dispuso que los esclavos  prófugos  no  podían  ser  evaluados,  al  igual  que  los esclavos mayores de  sesenta  años, ‘los cuales  –dice  expresamente– son          libres’.   

10.3.3.  Ahora  bien,  la libertad no es solo  concedida  a  las  personas  esclavizadas  en  Colombia.  Por  una parte, la Ley  estableció      (artículo      14)      un     reconocimiento     ‘de          facto’   a   las   personas   esclavizadas  provenientes     del     extranjero     al     decretar     que     ‘son libres de hecho todos los esclavos  procedentes  de  otras  naciones  que  se  refugien en el territorio de la Nueva  Granda’.  Para este caso,  además,      dio      a      las      autoridades      locales     ‘el  deber de protegerlos y auxiliarlos  por  todos  los  medios  que  estén  en la esfera de sus facultades’.  Por  otra parte, la Ley estableció  (artículo  15)  una  medida  para  libertar muchas de las personas esclavizadas  que,     habiendo     sido     colombianas,     habían     sido    ‘importados’  a Perú. Concretamente, se autorizó  al  Poder  Ejecutivo  que  celebrara  un  tratado público con el gobierno de la  República  de  Perú  ‘por  medio  del  cual  se obtenga la libertad de los esclavos granadinos que han sido  importados      al      territorio      de      aquella      nación’,   para   lo   cual   debía  abonar  ‘la  indemnización  que  haya      de      darse      a      los      actuales     poseedores’.   

10.3.4.  En  cuanto  a  los  dineros  que  se  requerían,  el  artículo  11  de la Ley brindó una protección especial a los  recursos  para  el  pago de las liberaciones, al establecer categóricamente que  ‘los fondos de manumisión  son  sagrados’. Se indicó  que    ninguna    autoridad   o   funcionario   público   podía   ‘distraerlos  de  su  objeto, ni darles  distinta      inversión      de      la      aquí      establecida’,   advirtiendo   que   de   hacerlo,  ‘quedarían personalmente  responsables  de  mancomun  et  insoldum,  y  obligados al reintegro’.  Teniendo  en cuenta el hecho de que  las  personas  eran  liberadas  por  mandato  de la ley desde el 1° de enero de  1852,  en  otras  palabras,  que  la  liberación no estaba condicionada al pago  previo,  efectivo  y  real  de la compensación (ni siquiera mediante el título  valor  emitido), podría considerarse que la extrema protección de los recursos  de     liberación     era     una     protección     a     los    ‘amos’.  Pero,  los  promotores  de la norma  eran  conscientes  que  del  cumplimiento  del pago de dicha deuda dependía, en  buena  parte,  la  estabilidad  de  la  política  pública de libertad y el fin  efectivo  de  la  esclavitud.  En  especial,  teniendo  en  cuenta el naciente y  frágil  sistema  institucional  que  para entonces existía en la República de  Colombia.   

10.3.5.  El  resto  de  las  normas  de  la  Ley  de  libertad se ocuparon  de  establecer  la  manera  de determinar las deudas asumidas por el Estado para  con  los propietarios, por causa de la ‘liberación’  de  las  personas  que tenía esclavizadas. Se consagró que de cada comprobante  de  libertad  dado  a  una  persona  considerada  propietaria,  se  le daría un  certificado   que,   posteriormente,   podría   cambiar  por  los  vales  de  manumisión,  que la propia ley  creaba  (artículo  3).  Contempló  el  deber a la juntas fijar un registro por  ‘cantón’  y  remitir  copia  del  mismo  a  la  ‘junta  provisional  de  manumisión’  (artículo  4),  con  el  fin de que ésta hiciera cuadro definitivo y lo remitiera al Poder  Ejecutivo  para  efectos  de la expedición de los vales de deuda (artículo 5).  Los  vales  de  manumisión, que por mandato de la ley no ganarían interés, se  rematarían  en  subasta  pública  de  la  manera  establecida  (artículo  6).  Señaló  también  que  las  hipotecas que consistieran en esclavos o en fincas  con  esclavos, podrían redimirse con vales (artículo 18). Se dispuso la manera  como  el  Poder Ejecutivo manejaría los recursos (artículos 7 y 8), incluyendo  aumentos  a  los  fondos  de  manumisión  (artículo  9)  y fijando reglas para  determinar  la  duración y vigencia de algunas de las contribuciones existentes  (artículos 10, 12 y 17).   

10.3.6. Finalmente, el artículo 19 de la ley  derogó    ‘todas   las  disposiciones    contrarias    a    las    de    la   presente   ley’  y  concedió  al  Poder Ejecutivo la  facultad  de  dictar ‘todos  los  reglamentos  y  órdenes  del  caso  a  fin  de  que  tenga su más puntual  cumplimiento’.   

10.4.  Las juntas de  manumisión,  la  herramienta administrativa creada en  1821  y  restaurada  en  1850  para  llevar  a  cabo la política pública de la  liberación  de  las  personas  en  situación  de  esclavitud,  fue  una de las  primeras  representaciones  de  la naciente República; las juntas tenían pleno  respaldo  político,  como  medio  para  la construcción y materialización del  Estado  y  para  la  instauración del ‘nuevo     orden    legal’.  Su  labor,  conllevó  la  adopción de diversas medidas, como la  realización   de   amplios   censos   a   la   población   en   situación  de  esclavitud.119   Estos  permiten  saber  que  la  reducción  del  número  de  la  población  colombiana  en  condiciones de esclavitud durante todo el proceso de  manumisión  (de  1821  a  1851) fue significativa. En 1825, en la Gran Colombia  fundada  por  Bolívar,  se  permitió  mantener  en condiciones de esclavitud a  103.892  personas,  de  las  cuales,  47.029 de ellas estaban en territorios que  actualmente  son  Colombia.  Posteriormente, en 1851, el año en que se expidió  la  ley de manumisión, sólo  quedaban  16.468. Según sus datos, entre 1821 y 1851 fueron 20.000 las personas  liberadas por las juntas de manumisión creadas por la ley.    

10.5.   La  política  estableció  algunos  tratamientos  diferenciales  entre  aquellos  que habían aceptado y participado  del  proceso de manumisión, antes de la Ley de 1851 eran consideradas deudas de  primera  clase y tenían prelación en su pago, en tanto que las deudas surgidas  con  posterioridad a la Ley de 1851, cuando se obligó y forzó al proceso, eran  consideradas       de       segunda       clase.120  Así se decidió mediante  ley de abril de 1852.   

El  proceso de manumisión, también forzó a  muchos  amos  a  actuar  con  prontitud,  pues  en la medida que la institución  estaba  en  declive,  los  precios  de  los esclavos cayeron significativamente.  Mientras  que  en  1830  por  un  hombre se pagaba en promedio algo menos de 200  pesos  y  por una mujer alrededor de 150 pesos, en 1850, se pagaba 130 pesos por  un  hombre  y  menos  de  100  pesos  por  una mujer.121  No  obstante, el hecho de  que  muchas  personas  sólo  aceptarán  liberar a quienes tenían esclavizados  cuando  fue  una  obligación, demuestra la importancia de la medida legislativa  para  asegurar  a  todas  las  personas  el  goce  efectivo del derecho a no ser  esclavizado.   

10.6.  Ahora  bien,  en cuanto al pago de las  deudas,  fue  un  efecto  jurídico  que,  con retrasos y problemas, también se  cumplió.  Una  reciente investigación de historia económica dice al respecto,   

“La  manumisión  definitiva, a partir de  1852,  sólo  fue posible mediante la emisión de bonos por parte del Estado. En  esta  investigación  se  ha  encontrado  evidencia de que, al menos durante los  diez  años  posteriores, el Estado se esforzó por cumplir con las obligaciones  contraídas  con los amos. Si bien hubo retrasos y algún desorden burocrático,  la  información  recolectada  permite  afirmar  que en buena parte los vales de  manumisión  emitidos  fueron  amortizaos.  […]”.122   

10.7.  Las  prácticas  esclavistas  habían  implicado  gran  cantidad  de  afectaciones  en múltiples sentidos a quienes la  sufrieron,  de  tal  suerte  que  la  liberación  jurídica  no  trajo  consigo  necesariamente  una  liberación  real.  Para  el  intelectual colombiano Manuel  Zapata   Olivella,  por  ejemplo  la  emancipación  “en  el  campo  meramente  económico,  fue una nueva carga que se echaba sobre las espaldas de los negros.  Desnudos,  carentes  de  herramientas de trabajo, sin tierra y expulsados de las  ciudades,  muchos  debieron  resignarse a proseguir en las haciendas de los amos  recibiendo  una  paga  que  ni siquiera les permitía asegurar su alimentación.  Con  razón  dijo un liberto: “antes, cuando esclavo,  era     libre,     y     ahora    sin    cadenas,    soy    esclavo.”123   

La destrucción de las familias, por ejemplo,  había  sido  notoria.  Así  la iglesia promoviera la constitución de familias  cristianas,  formadas  entre  parejas  de  esclavos,  para  sus  dueños  no era  deseable   que   se  dieran  tales  estructuras  monogámicas,  porque  impedía  propiciar  una  procreación  de  un  mayor  número  de niños. En tal sentido,  propiciaban  prácticas  de prostitución que promovían el nacimiento de nuevos  esclavos.  Esta  condición  también  constituye  una  de  las  razones para la  creación   de   familias   poligámicas   o  uniones  esporádicas.124   

10.8.    Los  mismos  cambios  en  las  tendencias  políticas  que  habían  dado lugar a proclamar legislativamente la  libertad   de  los  esclavos,  habían  dado  lugar  a  una  serie  de  reformas  constitucionales,   entre  las  cuales  estuvo  la  de  la  prohibición  de  la  esclavitud.125  El  24  de  mayo de 1851, tres días después de expedir la ley de  manumisión  de  esclavos,  el Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva  Granada,   reunidos   en   Congreso,   resolvieron  modificar  profundamente  la  Constitución      de      1843,     por     considerar     que     ‘no   satisfacía   cumplidamente  los  deseos      ni      las      necesidades      de      la     Nación’.   La  reforma  constitucional,  que  definió  a  Colombia  (a  la  Nueva  Granada)  como una República ‘democrática’  por  primera  vez  (artículo  1°),  entre  otras  modificaciones,  (i) introdujo una carta de derechos, contemplando  entre  éstos  la  libertad  individual  y  la  seguridad  personal;   (ii)  simplificó    la    noción    de   ‘colombiano’  (‘granadino’)    y    (iii)   excluyó   la  posibilidad  de  que  existieran  esclavos  en  ese  momento  y  después  en la  República.   Los   artículos  constitucionales  respectivos,  después  de  la  reforma, quedaron así:   

“Artículo  2°– Son granadinos:   1,  todos  los  individuos  nacidos  en  la  Nueva  Granada;   2, todos los  naturalizados según las leyes.   

[…]  

Artículo       4°–  La  República garantiza a todos los  granadinos:   

1.  La libertad individual, que no reconoce  otros   límites   que   la  libertad  de  otro  individuo,  según  las  leyes;   

2.  La  seguridad  personal;  el  no  ser  detenido,  arrestado o confinado sino por motivos puramente criminales, conforme  a  las  leyes; y el no ser juzgado ni penado por comisiones especiales, sino por  jueces  naturales, a virtud y en conformidad de leyes preexistentes, después de  ser vencido en juicio;   

         […]   

Artículo       6°– No hay ni habrá esclavos en la Nueva  Granada.”   

10.9.   El   impacto   de  la  ley  de manumisión fue mayúsculo. Como lo  sostiene  el profesor Carlos Restrepo Piedrahita, “la  definitiva  abolición  de  la  esclavitud en 1851 fue sin duda alguna la triple  operación  de  ofensiva  política,  social  y  económica  de más resonante y  estremecedor  impacto  que  los  radicales  de  la  primera  República  Liberal  pusieron   en  acción.”126 Fue un cambio de política  legislativa,  que  implicaba  acelerar  el  proceso iniciado por la ley  de manumisión de 1821, el cual había  sido  lento  en especial por dos razones, por la escasa apropiación de recursos  para  pagar  las  indemnizaciones  a  los propietarios, y por la “sistemática   oposición   de   los   terratenientes   y   señores  urbanos”.127  De hecho, el impacto  de  la  medida  fue  tan grande que generó la guerra civil de 1851.128  Sobre  la  situación   en  ese  entonces,  el  profesor  Retrepo  Piedrahita  recuerda  lo  siguiente,   

“Don  Joaquín  Mosquera,  uno  de  los  propietarios  acaudalados  del  Cauca  le  escribió al doctor Rufino Cuervo que  ‘…    la   libertad  simultánea  de  los esclavos ha hecho por allá el efecto que hace un terremoto  en   una  ciudad  cuando  la  derriba.’129  En  las  provincias      meridionales      –hoy   los  departamentos  del  Valle,  Cauca  y  Nariño–  el  signo característico de su vida  social,  económica  y  política  era el esclavismo. Su terminación tenía que  producir  los  sacudimientos  de  un  sismo.  Era  aquella  región ‘la  más  reaccionaria  del  país,  a  donde   la   emancipación  no  había  llegado  aún  y  en  donde  las  formas  republicanas    de    gobierno,    apenas   se   toleraban   por   un   precario  acuerdo’.130  La  descripción  de  Ramón  Mercado  sigue siendo un  documento   elocuente   de   la   ominosa   diferencia   clasista   –la  más  abyecta de todas–  que  se  erguía  desafiante  a todo  intento  de reforma. Era el cáncer de la naciente y deformada república. En el  Chocó  y  Antioquia,  la  industria minera se alimentaba también de la mano de  obra  esclava.  Dos  países  diversos  se  acomodaban  en  el recinto del mismo  Estado:  el  del  centro  y  norte,  donde la receptividad y disposición de las  reformas  eran  más sensibles y visibles, y el del sur, refractario y obstruido  a  toda  innovación.  La  política  eclesiástica  que  el  radicalismo estaba  practicando,  no obstante el rechazo de que fue objeto por parte del clero y del  partido  conservador, no provocó alteración del orden público. Pero el ataque  a  la  esclavitud  sí.  Y  la reacción fue inmediata: la guerra civil de 1851,  prontamente  conjurada  por  el  gobierno  y  así quedó demolido el desafiante  torreón  del  esclavismo que durante tres decenios se había mantenido frente a  todos   los   poderes   del  Estado  republicano.”131   

10.10.  En  este  punto  del  recuento  de la  génesis  de  la  Ley  del  21  de mayo de 1851, vale la pena hacer un contraste  entre  la  situación  de  Colombia  con  lo  que por entonces ocurría en otras  latitudes  como,  por ejemplo, los Estados Unidos de América. Mientras Colombia  entraba  en  el  fin  de  la  era  de  la  esclavitud, en el país del norte los  conflictos  más graves en torno a esa institución estaban tan sólo iniciando.   

La  contradicción  entre  la declaración de  independencia  del  4  de  julio  de 1776 y la institución de la esclavitud era  evidente     para    muchos,    entre    ellos,    importantes    abolicionistas  afrodescendientes.132  Por  eso, desde un inicio  de  la revolución estadounidense, algunas voces se unieron para intentar abolir  la  institución,  así  fuera paulatinamente. La política contra la esclavitud  que  se  asumió  en los Estados Unidos de América fue similar a la adoptada en  Colombia,  pero  más  restrictiva, pues no contempló una regla de ‘libertad   de   vientres’.133  Se optó por prohibir las  importaciones  y  por impedir que la institución de la esclavitud se extendiera  por  fuera  de  aquellos  territorios  en  los  cuales  la  institución  había  existido.134     Se     buscó     ‘dejar  morir’  la  institución, sin tener que llevar a cabo una política masiva y decidida de  abolición.  Ahora  bien,  la  finalidad  de  muchos  políticos críticos de la  esclavitud  en  los Estados Unidos de América, dejó de propiciar la extinción  de  la  institución,  y  se  concentró  en  evitar su expansión. De hecho, se  consideraba  que  la  sola presencia de personas de raza negra en condiciones de  esclavitud,  era  la  razón  de  la  separación  y la confrontación entre las  personas         de        raza        blanca.135 Coincidiendo con las ideas  de  Jefferson,  Abraham  Lincoln  defendió en el año 1854, las bondades de una  América  blanca,  sin  la  presencia  de  personas  negras  esclavizadas.  Pero  reconocía  que  incluso  el  plan  de devolver a todas esas personas al África  –a  Liberia–, tendría que hacerse paulatinamente,  por   lo   que   ello   parecía   justificar,   al   menos   temporalmente,  la  esclavitud.136    

El  efecto de las medidas fue diverso. En los  Estados                 ‘abolicionistas’,  su  mayoría  en  el norte, se logró acabar con la institución,  mientras   que   en   los   estados   ‘esclavistas’  sureños  no.137  De  hecho,  la  producción  sureña  de  algodón  pasó  de  mil  toneladas  en  1790  a  un millón de toneladas en 1860. Este avance había sido  paralelo  al  crecimiento  de  la  esclavitud  como institución, que de 500.000  personas  esclavizadas  había  pasado  a 4 millones de personas sometidas a tal  condición.138  El  sentimiento de codicia que se escondía tras la esclavitud fue  denunciado   por   Lincoln   en  1854  con  las  siguientes  palabras:  “[…]  Tengamos  cuidado,  no  sea  que  en nuestra codiciosa  carrera  para sacar provecho del negro ‘cancelemos           y          hagamos          pedazos’  incluso  la  carta  de  libertad del  hombre  blanco.”  Las  políticas  de  represión  y  control   al  trabajo  esclavizado  contrastaban  con  el  espíritu  rebelde  y  libertario   de   quienes   se   negaban  a  estar  sometidos  a  esas  injustas  condiciones.139   

En  1857, la Corte Suprema de Justicia de los  Estados   Unidos   de   América   decidió  en  el  tristemente  célebre  caso  Dred  Scott  v.  Sanford, que  las  personas  negras  no  podían  tener  los  mismos  derechos de las personas  blancas;  concretamente,  que  no  podían ser considerados ciudadanos. La Corte  estadounidense  indicó,  además, que el Congreso Federal no tenía competencia  para  acabar  con la esclavitud en aquellos Estados de la Unión en la que dicha  institución  existiera.  En este caso, un esclavo que desde hacía varios años  se   encontraba  en  territorios  libres  de  esclavitud,  reclamó  que  se  le  reconociera  su  libertad.  La  decisión  negativa de la Corte estadounidense a  reconocerle  sus  derechos  alertó  a  los enemigos de la esclavitud, pues a su  juicio,  indicaba  que  lejos  de  estar  muriendo  la  institución,  se estaba  robusteciendo y expandiendo.   

11.     Las  Constituciones    de    las   Repúblicas   liberales   federales   –quinta           (1853),       sexta      (1858)    y    séptima    (1863)–  la    regeneración    conservadora    –Constitución    de    1886–   

11.1.  La  quinta  Constitución Política de  Colombia    (de    la   República   de   la   Nueva  Granada)  fue  decretada por el Senado y la Cámara de  Representantes,  reunidos  en  congreso, el 21 de mayo de 1853, 3 años después  de   proferir   la   Ley  de  manumisión.  En  esta  se  retoman  los cambios introducidos por la reforma de  1851  en  los artículos 2°, 4° (que pasa a ser el quinto) y 6°, de tal forma  que  se reafirmó categóricamente que ‘no   hay   ni   habrá  esclavos  en  la  Nueva  Granada’.  La  noción  de  igualdad entre los  ciudadanos  se  refuerza aún más, con la introducción del sufragio universal,  directo      y      secreto     para     varones.140    La  decisión  de  conceder  el  sufragio  universal  para toda persona, que en aquel momento sólo  había  sido  adoptada  por  Francia,  fue altamente criticada. No obstante, los  líderes  de  la  época  encontraban  en  tal institución un presupuesto de la  República  que  estaba en mora de instaurarse en Colombia. Manuel Morillo Toro,  quien   después   sería   Presidente   del   país,   sostuvo   en   1855   lo  siguiente,   

“Proclamando  la República como la ley o  el  régimen  que ha de construir nuestra existencia política, hemos proclamado  el  principio  de  libertad y de autocracia individual; o lo que es lo mismo: el  derecho  de  cada  uno  a  ser el regulador exclusivo de sus acciones, su propio  legislador,  su  soberano; y hemos consagrado como el primero de nuestros dogmas  que   el   mejor   juez   de  los  intereses  propios  es  el  individuo  mismo.  […]   

La  Constitución  no  hizo,  pues,  sino  reconocer  un  derecho  que  era  indisputable y que debió ser reconocido desde  1810,  o  desde  1821 al proclamarse la República como la ley del país; porque  era  preciso consagrar al fin la verdad del sistema, y dar una base permanente y  fija  al  orden  social.  Los legisladores no podían, por satisfacer exigencias  egoístas,  dejar  de  reconocer el derecho de cada uno, pues habrían fallado a  su deber.”141   

11.2.  La  sexta  Constitución  Política de  Colombia,    ‘para   la  Confederación  Granadina’,  fue  decretada por el Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada,  reunidos  en  Congreso,  el 24 de mayo de 1858. En esta Constitución, dentro de  un  modelo  de  estado  federalista, se excluye la carta de derechos contemplada  desde  1851,  y  se  remplaza  por prohibir a los  Gobiernos de los Estados  amparar  la  institución  de  la esclavitud, en los siguientes términos:    

“Artículo      8°–   Todos  los  objetos  que  no  sean  atribuidos  por esta Constitución a los poderes de la Confederación, son de la  competencia de los Estados.   

[…]  

Artículo       11°–  Es  prohibido  al  Gobierno  de  los  Estados:   

1.  Enajenar  a potencias extranjeras parte  alguna   de  su  territorio,  ni  celebrar  con  ellas  trazados  ni  convenios;   

2.  Permitir  o autorizar la esclavitud.”   

11.3. El 20 de septiembre de 1861, los Estados  soberanos  de  Bolívar,  Boyacá,  Cauca,  Cundinamarca, Magdalena, Santander y  Tolima   celebraron  un  Pacto  de  Unión     en     el     que    se    consideraron    como    ‘bases  invariables de unión entre los  Estados’   el   respeto  ‘a   los   derechos   y  garantías  individuales a todos los habitantes y transeúntes por el territorio  de   la   Unión’;  entre  éstos,  la  seguridad  individual  (art. 4°, num 4-2) y la libertad individual  (art.   4°,  num  4-3).  En  el  artículo  7°  de  dicho  Pacto  se  reiteró  categóricamente  la prohibición de la esclavitud, pero ahora en los siguientes  términos:   ‘no  habrá  esclavos      en      los     Estados     Unidos     de     Colombia.’   

11.4.  El  8  de  mayo  de  1863,  mediante  Convención  Nacional,  se  decretó  la  séptima constitución de Colombia, la  Constitución    de    los    Estados    Unidos   de  Colombia.  Dentro  del Capítulo II, que establece las  ‘bases     de    la  unión’,  en  la sección  1ª,  dedicada  a  los  derechos  y  los  deberes  de los estados, nuevamente se  estableció   categóricamente   que  ‘no   habrá   esclavos  en’  la  Nación (artículo 12). Posteriormente, en la sección 2ª del  mismo    Capítulo,    en    la    cual    se    establece    la    ‘garantía     de    los    derechos  individuales’,    se  introdujeron   los   derechos  de  libertad  individual  y  seguridad  personal,  adoptando  la  fórmula  del Pacto de Unión de 1861.142   

11.5.  La  octava  Constitución Política de  Colombia  fue adoptada por los Delegatarios de los Estados Colombianos, reunidos  en  Consejo  Nacional  Constituyente,  el  7  de  agosto  de  1886.  Este  texto  constitucional,  que  fue  objeto  de varias reformas importantes a lo largo del  siglo   XX,143  reiteró  la  prohibición  de  la esclavitud, aclarando que quien  llegara siendo esclavo, quedaría libre.   

“Artículo  22.– No habrá esclavos en Colombia   

El que siendo esclavo, pise el territorio de  la República, quedará libre.”   

12. La Constitución  de 1991   

La novena y actual Constitución Política de  Colombia,   promulgada   el  4  de  julio  de  1991  por  la  Asamblea  Nacional  Constituyente,  fundándose  en  el  concepto  de  dignidad  humana,  reitera la  prohibición  a  la  esclavitud como un derecho fundamental. Protege la libertad  mediante  acción  de  tutela y amplía la prohibición de esclavitud a diversas  formas  de  sujeción y subordinación injustificables, que representen viejas y  nuevas  formas  de dominación, como la servidumbre o la trata de personas. Así  pues,  luego  de  consagrar  el  derecho a la vida como inviolable (art. 11), el  derecho  a  no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 12),  el  derecho de libertad e igualdad (art. 13), el derecho de toda persona a tener  personalidad  jurídica  (art.  14)  y  el  derecho  al  libre  desarrollo de la  personalidad  (art.  16),  la  Constitución establece en el artículo 17 que se  ‘prohíbe  la esclavitud,  la     servidumbre     y     la     trata     de    seres    humanos’.   

13.   Anotaciones  finales   

El  breve  recuento  hecho  hasta el momento,  permite  concluir  que  la  Ley  de 21 de mayo de 1851 no es el acto mediante el  cual  se  tomó  la  decisión  legal  de liberar a las personas esclavizadas en  Colombia;  es la decisión legal mediante la cual se puso fin al largo, complejo  y   doloroso  proceso  de  manumisión  que  había  iniciado  30  años  antes.  Concretamente,  abrió  la  puerta  para  pasar  de  una  abolición gradual con  indemnización  a  una  política  de  abolición  inmediata  con indemnización  posterior.  Llegar a este momento tuvo costos. Los rechazos que estas políticas  tuvieron  de  parte de poderosos hacendados y señores, cuyo poder económico se  fundaba  en  ‘el  trabajo  esclavo’  fue  enorme  y,  como se dijo, dio lugar a confrontaciones bélicas.   

Cuando  la  República de Colombia celebrará  200  años de haber proclamado su independencia en 1810, es preciso recordar que  sólo  cuatro  décadas  después de haber decidido conceder la libertad a todos  los  colombianos,  se  pudo  cumplir tal promesa. En tanto la institución de la  esclavitud  priva  de vivir en libertad a los llamados esclavos, pero también a  los  llamados  dueños,  puede  decirse  que sólo hasta 1852, después de haber  producido  efectos  jurídicos  la  Ley  de  21 de mayo de 1851, se instauró en  Colombia,  por fin, el derecho a la libertad y, por tanto, un verdadero proyecto  republicano.   

La  historia  de  la  independencia  y  de la  instauración  de  la  libertad  en  Colombia  es  parte  de  un proceso largo y  difícil,  que  encontró  muchos  obstáculos  en  el  camino.  La  libertad en  Colombia  se  debe  a muchas culturas y etnias, fue una lucha colectiva y hoy es  una  conquista  igualmente colectiva. En el caso de los pueblos que llegaron del  África  es  claro  su  aporte.  El  grito  de  libertad en Haití dio paso a la  primera   República  de  América  donde  toda  persona  era  libre.  Ésta  se  convirtió  en  refugio  de  libertad y, por tanto, en retaguardia del ejército  Libertador  comandado  por  Simón  Bolívar.  La  independencia de Colombia, al  igual  que  la  de las repúblicas vecinas, no hubiese sido posible sin el apoyo  del  pueblo  de Haití; sin su apoyo en armas, barcos, dinero y provisiones. Las  luchas  de las comunidades negras de América han brindado libertad a su gente y  a  los  demás  pueblos. Pero no sólo se trata de luchas bélicas. De hecho, el  actual  auge  del derecho constitucional y su importancia como medio para lograr  el  verdadero  imperio  de los derechos fundamentales encuentra su origen en una  histórica   batalla   por   la   igualdad,  el  famoso  casos  de  Brown   vs   Board  of  Education  (1954),  mediante  el  cual  se  comenzó  a  poner  fin  a la segregación racial en los  Estados                    Unidos.144    

Así,  la  historia negra muestra que si bien  las  ideas  de libertad y de igualdad llegaron a América escondidas en medio de  los  galeones  realistas europeos, gran parte del coraje y la determinación que  permitieron  llevarlas  a  la  práctica,  llegó al continente escondida en los  galeones esclavistas provenientes del África.   

Una vez analizada la Ley acusada y el contexto  histórico  en  el  que surgió, a continuación se harán algunos comentarios y  precisiones  sobre  el  impacto  de la institución de la esclavitud de personas  provenientes del África en la actualidad.     

II. La esclavitud, un crimen sin cabida alguna  en un orden constitucional vigente fundado en la dignidad humana   

14.  El  Estado colombiano nunca ha realizado  hasta  el  momento  un  pronunciamiento  institucional  o  ha  expedido  una ley  encaminada  a reparar a las víctimas del crimen de esclavitud en la historia de  Colombia.  La  Asamblea  Nacional  Constituyente de 1991 decidió proteger a las  comunidades  negras  de  Colombia,  en  el  contexto de un estado pluriétnico y  multicultural.  En tal contexto, es deber del Estado tomar las medidas adecuadas  y  necesarias  para  superar  las  marginaciones  y  exclusiones, producto de la  injusticia  que  históricamente se dio en Colombia con la esclavitud, así como  también, de injusticias más recientes.   

Si  bien  los  efectos  que  perduran  de  la  esclavitud   no   son   consecuencias   jurídicas  controlables  por  la  Corte  Constitucional,  se  trata  de  consecuencias  sociales  y  culturales  que  han  afectado  el  goce efectivo de los derechos de las comunidades negras del país.  Estas  condiciones  de  marginación  y exclusión de las que han sido víctimas  dichas  comunidades  no  sólo  surgen  de  la institución esclavista. También  provienen  de políticas posteriores a la abolición definitiva de la esclavitud  (1851)  que  preservaron  y mantuvieron estructuras racistas en la sociedad. Por  ejemplo,   la   Ley   114  de  1922,  ‘sobre     inmigración     y     colonias     agrícolas’,   popularmente   conocida  como  la  ‘ley       de  blanqueamiento’,  estableció  políticas  racistas que excluían de la construcción de nación a  parte   de   los   grupos   étnicos   colombianos.145   Situación  similar  se  vivía  en otros rincones de América. Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque en  un  primer  momento  los hechos favorecieron un renacimiento y empoderamiento de  la  comunidad  afrodescendiente,  los  movimientos  y  fuerzas racistas buscaron  detener  el  proceso  y recuperar el terreno perdido.146  Cien  años  después  de  haber  logrado  la  emancipación,  el  premio Nobel de paz, Martin Luther King,  ponderaba  el  gran  logro  que  con ella se había alcanzado, pero no dejaba de  denunciar  el  trato  de  marginación  y  exclusión  al  que  seguían  siendo  sometidos.147   

15.  El  Gobierno  Nacional,  a  través  del  Ministerio  del Interior y de Justicia y del Ministerio de Cultura, presentó en  el  año  2009  las  Recomendaciones  de  la Comisión  Intersectorial  para  el  Avance  de  la  Población  Afrocolombiana,  en  donde  reconoce la existencia de 10 barreras que obstaculizan  el  goce  efectivo  de los derechos de las comunidades negras. Las barreras son:  (1)   Racismo   y   discriminación  racial.   (2)  Baja  participación  y  representación  de  la población afro en espacios políticos e institucionales  de   decisión.    (3)  Débil  capacidad  institucional  de  los  procesos  organizativos  de  la  población afrocolombiana, palenquera y raizal.  (4)  Mayores  dificultades  para  el  acceso,  permanencia  y  calidad  en  el  ciclo  educativo,  lo  cual  limita el acceso a empleos de calidad y el emprendimiento,  lo  que, a su vez, dificulta la superación de la pobreza.  (5) Desigualdad  en   el   acceso   al   mercado  laboral  y  vinculación  a  trabajos  de  baja  especialización   y   remuneración  (empleos  de  baja  calidad).  (6)  Escaso  reconocimiento  y  valoración  social  de la diversidad étnica y cultural como  uno  de  los  factores  que  definen  la  identidad  étnica nacional.  (7)  Deficiencias  en  materia de seguridad jurídica de los derechos de propiedad de  los  territorios  colectivos.   (8)  Deficiencia  en  la  incorporación  e  implementación  de  las  iniciativas  y  propuestas que surgen de la población  afrocolombiana,   palenque   y   raizal.    (9)   Baja   disponibilidad  de  información  sobre  población  afro,  lo  cual  limita  la  cuantificación  y  focalización  de  beneficiarios,  así  como  la  definición  de una política  pública  ajustada  a  las particularidades étnicas y territoriales.  (10)  Acceso limitado a programas de subsidio.   

16.  Dentro del orden constitucional vigente,  esto   es,   un   estado  social  y  democrático  de  derecho,  pluriétnico  y  multicultural,  el hecho de que las comunidades negras de Colombia se encuentren  en  situación  de  exclusión,  implica  la  adopción  de medidas y políticas  incluyentes  y  de  protección  que promuevan la igualdad real y el respeto por  sus derechos fundamentales.    

16.1.  En  Colombia,  como  se  mostró,  la  población  afrocolombiana  fue  esclavizada  hasta el año 1851, cuando la ley,  demandada  ante  esta Corte, abolió la institución.148  A pesar de la abolición,  la  institución  de  la  esclavitud  causó  una  serie de efectos negativos de  diversa  índole  para  las comunidades negras que, aún hoy, se hacen evidentes  en  la  sociedad  colombiana  y se encuentran pendientes de reconocimiento, así  como de reparación.   

16.2.  Dentro  del proceso de defensa y lucha  por  los  derechos,  el ordenamiento jurídico colombiano ha contemplado medidas  para  promover la equidad de la etnia negra o afrocolombiana. Aunque son avances  y  conquistas significativas, se reitera, son sólo pasos en la construcción de  soluciones  a  los problemas graves y estructurales a los que la realidad social  actual  enfrenta a las comunidades y a la población afrocolombiana.     

16.2.2.  También se han promulgado numerosos  decretos  reglamentarios  y  elaborado directivas presidenciales y documentos de  política    orientados    a    favorecer    a    la    población    negra    o  afrocolombiana153  que  buscan  articular la  participación   de   estas  comunidades  en  los  espacios  de  planificación,  discusión  y  decisión  de las políticas del país y en los procedimientos de  reglamentación  para  el  reconocimiento  de  la  propiedad  colectiva.  Aunque  institucionalmente,    también    se    ha   reconocido   que   “se  carece  de  una  política  orientada al grueso de la población  negra  o  afrocolombiana dispersa en campos y ciudades de nuestra geografía que  se   encuentra   en   condiciones   de   marginalidad,  exclusión  e  inequidad  socioeconómica.  Por lo [que]  se  hace necesario avanzar en acciones afirmativas orientadas a crear mecanismos  para  el  mejoramiento de sus condiciones de vida.”154   

16.2.3.  En  este mismo sentido, la Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  en las Observaciones Preliminares tras la  visita  del  relator  sobre  los  derechos  de los afrodescendientes y contra la  discriminación racial al país, señaló:   

“La población  afrodescendiente   en   Colombia  se  encuentra  marcada  por  una  historia  de  invisibilidad,  exclusión  y  desventajas sociales y económicas que afectan el  goce  de  sus  derechos fundamentales.  La población afrocolombiana constituye  el  segmento  mayoritario  de  las  clases  más  pobres  del país, muestra los  indicadores  socioeconómicos más bajos, con menor acceso a servicios básicos,  como   la   educación   y  salud,  y  menor  acceso  a  empleos  redituables  y  participación en la vida pública   

(…)  A pesar de la vigencia de normas que  prohíben  la  discriminación  racial y del reconocimiento legal del derecho de  las  comunidades  afrodescendientes  que  habitan  en  la  costa  Pacífica a la  titulación  colectiva  de  la  tierra,  persisten  en  Colombia situaciones que  reflejan  la subsistencia de un cuadro de discriminación estructural que afecta  a  los  afrocolombianas”155   

16.2.4.  La  jurisprudencia  de  esta  Corte  Constitucional  no  ha  sido  indiferente  a  las  problemáticas producto de la  discriminación  padecida  por  este  grupo  poblacional,  perpetuadas desde los  tiempos  de  la  esclavitud.  Así,  en  el  Auto 005 de 2009, esta Corporación  recogió   las   principales   reglas  jurisprudenciales  en  relación  con  la  protección  reforzada  de  las comunidades afrocolombianas y de sus miembros en  los siguientes términos:   

“1.  La Corte  Constitucional  en  diversas  decisiones  ha  garantizado  los  derechos  de los  afrocolombianos.  Por  un  lado,  ha insistido en que en virtud del derecho a la  igualdad  y el principio de no discriminación, las diferenciaciones fundadas en  la  identidad  étnica  o  el  origen  racial,  que  generan  una  exclusión  o  restricción  en  el  acceso  a  beneficios  o  servicios a las personas que las  ostentan,     se    presumen    inconstitucionales156.   Por   otro   lado,  ha  insistido  en  que  dada la situación de histórica marginalidad y segregación  que  han  afrontado  los  afrocolombianos,  éstos  deben  gozar de una especial  protección  por  parte  del  Estado,  de  conformidad  con  lo  dispuesto en el  artículo            13           superior.157   

2. Así mismo, la jurisprudencia de la Corte  ha  reconocido  en  diversas  oportunidades el carácter de grupo étnico de las  comunidades  afrocolombianas y ha resaltado la importancia de tal reconocimiento  para  asegurar su ‘adecuada  inserción   en   la   vida   política   y   económica  del  país’158  Ha precisado la Corte que  la  definición  de  los miembros de las comunidades afrodescendientes, no puede  fundarse    exclusivamente    en    criterios   tales   como   el   ‘color’  de  la  piel, o la ubicación de los  miembros   en   un  lugar  específico  del  territorio,  sino  en  ‘(i)    un    elemento   objetivo, a saber, la existencia de rasgos  culturales   y  sociales  compartidos  por  los  miembros  del  grupo,  que  les  diferencien  de  los  demás  sectores sociales, y (ii) un elemento subjetivo,  esto  es, la existencia de una  identidad  grupal  que  lleve  a  los  individuos a asumirse como miembros de la  colectividad      en     cuestión.’159   

3.   En   tanto   grupo  étnico,  en  la  jurisprudencia   constitucional   se   ha   insistido  en  que  las  comunidades  afrocolombianas  son  titulares  de derechos constitucionales fundamentales a la  propiedad  colectiva  de  sus  territorios  ancestrales, al uso, conservación y  administración  de  sus  recursos naturales, y a la realización de la consulta  previa     en     caso    de    medidas    que    les    afecten    directa    y  específicamente.160  En  este sentido la Corte  ha   adoptado   importantes   decisiones   para  garantizar  a  las  comunidades  afrodescendientes  sus  derechos  constitucionales.  Así,  entre  otras,  en la  sentencia         C-461         de        2008161     condicionó     la  exequibilidad  de  la  Ley  1151  de  2007,  por la cual  se expide el Plan  Nacional  de  Desarrollo  2006-2010,  al  “entendido  de que se suspenderá la  ejecución  de  cada uno de los proyectos, programas o presupuestos plurianuales  incluidos  en  la  misma  que  tengan  la  potencialidad  de  incidir  directa y  específicamente    sobre    pueblos    indígenas    o   comunidades   étnicas  afrodescendientes,  hasta  tanto  se  realice  en  forma  integral y completa la  consulta  previa  especifica  exigida  por  el  bloque de constitucionalidad, de  conformidad   con   las   pautas   trazadas  para  ello  por  la  jurisprudencia  constitucional.   En  la  sentencia  C-030  de  2008162  este  Tribunal  declaró  inconstitucional  la  Ley 1021 de 2006 ‘Por    la    cual    se    expide    la   ley   forestal’,   porque   en   la   discusión   y  aprobación  de  la  misma no se había consultado previamente a las comunidades  indígenas  y  afrodescendientes,  a  pesar  de  que sus disposiciones afectaban  directamente      a      estas      comunidades.163  En  la sentencia T-955 de  2003164  la  Corte  tuteló  los  derechos  fundamentales a la diversidad e  integridad   étnica  y  cultural,  a  la  propiedad  colectiva,   a  la  participación  y  a  la  subsistencia  de  las  comunidades  afrocolombianas   de   la   Cuenca   del   Río   Cacarica,  amenazados  por  la  indiscriminada   explotación   forestal  en  el  territorio  colectivo  de  los  accionantes.   Por   su   parte,  en  la  sentencia  T-574  de  1996165, la Corte  concedió  la tutela a los miembros de una comunidad afrocolombiana, dedicada al  oficio  de  la  pesca,  frente  a la contaminación generada por vertimientos de  petróleo  en  el  mar.  En  dicha  providencia  la  Corte  insistió  en que la  explotación  de  los  recursos  naturales  no  puede  hacerse en desmedro de la  integridad   cultural,   social   y   económica   de  las  comunidades  afro  e  indígenas.”166   

En la providencia citada (el Auto 005 de 2009)  la   Corte   Constitucional  adoptó  medidas  de  protección  especial  a  las  comunidades  negras  de Colombia, frente al fenómeno del desplazamiento forzado  que  se  produce  en el contexto del conflicto armado en Colombia, el cual sigue  teniendo   en   la   actualidad   un   impacto   desproporcionado   sobre  estas  comunidades.167  Según  información  suministrada  por  ACNUR,  el  1,44%  de  la  población  afrodescendiente  ha  sido  desplazada,  seguida  de  un 1,27% de la  población  indígena.  Estos  datos  contrastan  con  el  mismo  porcentaje  de  población mestiza desplazada, que se reduce al 0,68%.   

16.2.5.  Así,  a pesar de las consagraciones  normativas,  los  avances  jurisprudenciales  y  las  luchas  adelantadas por la  población  afrocolombiana,  la  cultura  política  nacional no ha decantado la  necesidad  de  reconocer  la  real  marginación  y  exclusión  a  la que estas  comunidades  han sido sometidas. En tal contexto, son también pocas y limitadas  las  medidas y acciones que promuevan la inclusión, la equidad y la igualdad de  las comunidades negras de Colombia.   

Dada  la  situación  descrita  actual de las  comunidades  negras  de Colombia, varias son las dimensiones que se han de tener  en  cuenta  para  las  políticas públicas que en materia de reparación puedan  ser   implementadas.   Entre   ellas   (i)  reconocer  institucionalmente  el crimen de esclavitud y promover  el    conocimiento   y   la   memoria   histórica;168      (ii) adoptar medidas adecuadas y necesarias  tendientes   a   eliminar   las   desigualdades   producto  de  la  ausencia  de  restablecimiento  del  territorio  ancestral de las comunidades afrocolombianas,  en  el  marco  del  fortalecimiento  de  los  mandatos  de  la Ley 70 de 1993; y  (iii)   de  acuerdo  a  lo  dispuesto   por  el  Convenio  169  de  la  OIT,  consultar  previamente  a  las  poblaciones   afrodescendientes  las  políticas  que  en  esta  materia se  establezcan.   De   acuerdo   a  la  jurisprudencia  de  esta  Corporación,  la  preservación   de   la   identidad   diferenciada  de  las  comunidades  negras  colombianas  y  la eficacia del mandato superior de reconocimiento y protección  de  la  diversidad  étnica,  se  logra,  entre  otras, a través de la consulta  previa  que, en el caso de las medidas legislativas, se predica de las leyes que  tengan  la  posibilidad de afectar directamente los intereses de las comunidades  afrodescendientes.169   

17.   La   reconstrucción  de  la  memoria  histórica  es  trascendental,  en  la  medida que una parte significativa de la  exclusión  a  las  que  se ha sometido a las comunidades negras colombianas, ha  sido        la        del        ‘silenciamiento          de          la          historia’.  Son múltiples los personajes y las  historias  de la etnia que han sido ocultados o simplemente ignorados a lo largo  de  los  años,  propiciando  una  imagen  de  la  historia nacional, en la cual  parecen  hechos  de  ficción  algunos  de  los episodios de los cuales se tiene  noticia cierta.   

17.1. Tal es el caso, por ejemplo, de algunas  de   las   incursiones  de  Benkos  Biohó  a  Cartagena,  con su guardia personal.170  En  sentido  similar,  en  Haití,  el  poder de las élites criollas, por ejemplo, excluyó de la historia  el  aporte  de  importantes próceres de la revolución de origen africano, como  es   el   caso   del   Coronel   Jean-Baptiste   Sans  Souci,  un  rebelde  radical,  aparentemente de origen  congolés.171   Por  ello,  el  escritor colombiano, Manuel Zapata Olivella,  señaló  que  “[son] racistas todos aquellos relatos  e  interpretaciones  que olvidan la importancia decisiva que tuvo la revolución  antiesclavista  de  Haití, cuya victoria influyó no sólo en el pensamiento de  los  pueblos  de  toda  América.  Fue ella la que demostró que el colonialismo  europeo,  pese  a sus grandes ejércitos, a sus armadas y a sus alianzas, podía  ser     derrotado.”172  Han  sido la música, las  artes  o  la  literatura,  los  ámbitos de producción intelectual humana donde  muchos   de  éstos  hechos  de  la  historia  negra  de  América,  han  podido  preservarse.173     En    la    poesía,   por   ejemplo,   son   muchas   las  voces.174   

17.2.  La  mujer  negra  también  ha  sido  silenciada  de  la historia, de hecho, más de lo que ha sido ocultado el hombre  negro.  Es  cierto  que  Benkos  Biohó no ha ocupado en la historia nacional el  lugar  que  merece,  como uno de los primeros defensores de la libertad, pero se  le  conoce.  Menos  reconocida aún ha sido su mujer, Wiva, que junto con Biohó  fue  otra  de  las  personas  que  fundó el primer palenque [el de Matuna,  antecesor  del  de  San  Basilio].175    Dentro   de   los  tiempos  de  la  esclavitud,  una  de  las  principales  figuras femeninas en la  construcción    de    la    República    fue    la    de    la    ‘nana’, entre las que destaca, precisamente,  la  nana  del  libertador,  Simón Bolívar, quien se ocupó de su crianza en su  primera   infancia  y  su  niñez,  así  como  de  su  primera  educación.  La  importancia   que   tuvo   en   la   vida   del  Legislador  la  reconoció  él  mismo.176   

17.3.    Las   figura   de   Maheo,   de  la  mitología  Cheyenne   en   Norteamérica;  Mixcoatl,  Quetzalcóalt  en  Centroamérica;  o  la  de  Bochica,  entre  los  chibchas de  Suramérica  no tuvieron la suerte de negación y exclusión que tuvieron muchos  de  los personajes de la mitología africana que llegaron a América. Una de las  herramientas  sociales  del  mundo  colonial  para oprimir a las personas que se  encontraban  esclavizadas, y para reprimir su cultura, fue el Tribunal del Santo  Oficio.  Las  prácticas  de  la  inquisición, que no afectaron a la población  indígena,    porque   no   hacia   parte   de   su   jurisdicción,177    si  sirvieron  para  reprimir  buena  parte  de  las  manifestaciones  culturales  y  religiosas  de los afrodescendientes. De hecho, la inquisición sirvió en buena  medida  para  demonizar  las  religiones  africanas,  de suerte que nombres como  Changó,    Obatalá,    Babalú    o   Yemanyá,  a  veces  no se les reconoce su  enorme  valor  histórico  y  cultural, como mitos fundadores de la América, en  general,  y  de  la  América  negra,  en  especial.178   

17.4.  En  1989, antes de que se expidiera la  Constitución  de  1991,  el escritor Manuel Zapata Olivella, denunciaba que las  situaciones  discriminatorias  y  los  prejuicios  de  la sociedad colombiana se  enraízan  en  una injusticia histórica, “[…] pues  hasta  el  presente  nada  se  ha  hecho  para  retribuir a los descendientes de  esclavos,  ningún  derecho  de  propiedad  sobre  el  patrimonio  nacional  que  contribuyeron   a  forjar  en  forma  decisiva,  en  más  de  cuatro  siglos  y  medio.      ||      […]    En   lo   cultural,   esta   discriminación  se  manifiesta  en  el  sistemático  ocultamiento  del  aporte africano a la historia del país. En los  textos  escolares  apenas  se  hace  alusión  al tráfico de esclavos, a la muy  noble  acción  comunitaria y evangélica de San Pedro Claver, y luego se tiende  el  velo  del  silencio sobre cuatro siglos y medio de creatividad sociocultural  del      negro.”179   

17.6.  Finalmente,  debe  resaltarse  que  la  pérdida  de  historia  e  identidad  del  origen  africano de Colombia, si bien  afecta  mayoritariamente  a  las  comunidades  negras  colombianas,  implica una  pérdida  de  identidad  para  todos  los colombianos. Esto ocurre en múltiples  dimensiones.  Algunas  obvias,  como  desconocer las conexiones originales de la  cumbia,  el  currulao o tantos otros ritmos nacionales con el África. Y algunas  no  tan  obvias,  como  es  el  caso  de  una  palabra de gran importancia en el  imaginario  colombiano:  macondo; al parecer tendría su origen en la expresión  ‘makondo’,        (un        fitónimo)  el  nombre  de  un  vegetal en  lengua        bantú:        plátano.185   

18.  Esas  son  las  razones  que me llevan a  aclarar  mi  voto  a la sentencia C-931 de 2009. Comparto plenamente, como allí  se  señala,  que  no  le es dado al juez constitucional, al terminar la primera  década  del siglo  XXI, entrar a juzgar una de las decisiones legales más  controversiales  y celebradas que se hubiese presentado al inicio de la historia  republicana  de  Colombia,  a  mediados  del siglo XIX, bajo los parámetros del  orden  constitucional  vigente, en especial, teniendo en cuenta que tal norma no  está  vigente y no produce efectos jurídicos. En tal medida, una aproximación  al  alcance  y  sentido de tales disposiciones supone una visión histórica que  indague por la génesis de la Ley acusada.   

En todo caso, como se indicó en la sentencia  C-931  de  2009, la decisión de inhibición en el presente caso, en modo alguno  implica  desconocer los graves efectos que produjo la esclavitud en las personas  que  la  padecieron y la sufrieron, fuese cual fuese su color de piel. Así como  tampoco  implica  restar  importancia  a  la  deliberación  que,  en democracia  participativa,  se  ha de dar acerca de las consecuencias e implicaciones de las  prácticas  racistas,  pasadas  y presentes, así como de las medidas que se han  de  tomar  para  evidenciarlas, abolirlas, superarlas, repararlas y asegurar que  no  se  repitan  nunca  más.  Es  parte  del  camino  de la constitución de la  libertad.   

Fecha ut supra,  

MARIA VICTORIA CALLE CORREA  

Magistrada  

Anexo   –   Índice   

I.  Génesis  y  desarrollo de la Ley 21 de  1851,    ‘sobre libertad de esclavos’   

1. La esclavitud de  personas del África, injusticia imperdonable   

2. Las ideas de las  revoluciones      republicanas      y      la     esclavitud,     contradicción  insalvable   

3. Haití, primera  tierra de libertad para todas las personas   

4. La fundación de  la República y la esclavitud; la ley antioqueña de partos   

5.   Haití,  retaguardia  de  la  lucha  de  independencia  del  General Simón Bolívar y de  fuente de libertad   

6.  El Congreso de  Angostura   

7.  La  ley  de  libertad  de  vientres  de  1821  y  primera Constitución Política de Colombia  (1821)   

8.  Las tensiones  entre   razas   y   la   segunda  (1830)  y    la    tercera    (1832) Constitución Política de Colombia   

9.     El  endurecimiento  de  las  revueltas  y  de  las represiones; cuarta Constitución  Política (1843)   

10. La ley de 21 de  mayo    de    1851,    “sobre   libertad   de   los  esclavos”   

11.    Las  Constituciones    de    las   Repúblicas   liberales   federales   –quinta           (1853),       sexta      (1858)    y    séptima    (1863)–  la    regeneración    conservadora    –Constitución    de    1886–   

12.    La  Constitución de 1991   

13.  Anotaciones  finales   

II.  La  esclavitud,  un  crimen sin cabida  alguna   en   un   orden   constitucional   vigente   fundado   en  la  dignidad  humana   

SALVAMENTO  DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS   

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ Y  

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA  

A LA SENTENCIA C-931/09  

INHIBICION      DE     LA     CORTE  CONSTITUCIONAL-Improcedencia    frente    a    norma  preconstitucional  que  no  ha sido derogada y que continúa produciendo efectos  jurídicos   

A  juicio de la Sala Plena, la Ley del 21 de  mayo    de    1851    no    está    vigente,    situación   que   indefectiblemente,   por   ‘sustracción  de  materia’      o      por      ‘carencia    de    objeto’,  conduce  a  una  inhibición.  Sin  embargo,  estimamos  que la cuestión que propone este  caso,  en  apariencia  breve,  presenta  un  alto grado de complejidad, en tanto  está  atravesada por dos problemas específicos: uno de carácter técnico o de  procedimiento  constitucional,  y  otro  de  carácter  sustancial.  El primero,  relacionado  con  la pregunta sobre la competencia de la Corte para pronunciarse  sobre  la  constitucionalidad  de  la  Ley  del 21 de mayo de 1851, pregunta que  surge  como  resultado  de  los cuestionamientos respecto de la vigencia de esta  ley.  Bien  sea  por  tratarse  de  una  norma  anterior a la Carta del 91, cuyo  contenido  habría sido recogido por varios textos constitucionales, o porque no  hay  claridad  sobre los efectos jurídicos que esta ley está produciendo en la  actualidad.  Una  de  las discusiones centrales que ha  desatado  este  asunto está relacionada con el interrogante sobre la vigencia y  la  producción  de efectos jurídicos de la Ley del 21 de mayo de 1851 “Sobre  la  libertad  de  esclavos”,  asunto  frente al cual se pueden identificar dos  posiciones:  por un lado, la de los que sostienen que la Ley objeto de examen no  se  encuentra  vigente porque (i) su contenido fue derogado tácitamente por los  textos  constitucionales  que  le sobrevinieron y/o porque (ii) materialmente no  está  produciendo  efectos  jurídicos  en tanto los mandatos contenidos en sus  enunciados  normativos, ya se cumplieron, y por tanto, no existe una norma sobre  la  cual  la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo; y por el otro la de  quienes  argumentan  que la Ley del 21 de mayo de 1851 incurrió en una omisión  legislativa  relativa susceptible de ser declarada por esta Corporación, con el  argumento  que:  (i)  la  ley  formalmente no ha sido derogada por ningún texto  posterior  y  su  contenido  normativo  ha  sido  reiterado  por normas de rango  constitucional,  y  (ii)  su  contenido  no  se ha agotado totalmente, en razón  precisamente,  del  efecto  jurídico  que  persiste  dado que la omisión sigue  operando,  por  lo que “la norma sigue produciendo efectos en la medida en que  siendo  su  objeto  principal  el abolir la esclavitud y reparar a los afectados  por  este  fenómeno,  la  norma  omite  disponer  las  medidas pertinentes para  reparar    a    los    esclavizados    y    sólo   las   prescribe   para   los  esclavizadores”.   

CONTROL  DE  CONSTITUCIONALIDAD  DE OMISION  LEGISLATIVA-Condiciones  para que proceda/CONTROL  DE  CONSTITUCIONALIDAD  DE OMISION LEGISLATIVA-Reglas jurisprudenciales aplicables   

OMISION     LEGISLATIVA-Concepto/OMISION  LEGISLATIVA-Clases   

OMISION  LEGISLATIVA  RELATIVA-Concepto/OMISION        LEGISLATIVA  RELATIVA-Requisitos   

OMISION  LEGISLATIVA  RELATIVA  EN  NORMA  PRECONSTITUCIONAL-Requisitos adicionales   

En relación con la existencia de una omisión  legislativa  relativa  frente  a  un  texto  anterior  a la Constitución, deben  cumplirse,  además  de  los requisitos jurisprudenciales generales relacionados  con  las  omisiones  legislativas,  los  siguientes:  (i) que la omisión que se  alegue  respecto  de  la  ley preconstitucional persista en el tiempo; es decir,  que  se  determine que nunca ha sido saneada por otra disposición de la misma o  diferente  jerarquía  normativa;  (ii) que esta omisión plantee un problema de  relevancia  constitucional,  es  decir,  se  traduzca  en  la  inobservancia  de  postulados  contemplados  en  la  Constitución de 1991, y finalmente, (iii) que  esta  inobservancia haya generado un daño susceptible de ser corregido a partir  de una orden de este Tribunal.   

OMISION         LEGISLATIVA  SOBREVINIENTE-Configuración   por   omisión  de  la  reparación del crimen de esclavitud en la historia de Colombia   

VALIDEZ,   VIGENCIA   Y  EFICACIA  DE  LA  NORMA-Distinción conceptual   

DEROGATORIA   DE   UNA   LEY-Concepto/DEROGATORIA      DE      UNA  LEY-Clases/DEROGATORIA DE UNA  LEY-Efectos   

Esta   Corporación  ha  precisado  que  la  derogatoria  de una ley conlleva la cesación de sus efectos jurídicos, lo cual  ocurre  cuando  una  “nueva  ley suprime formal y específicamente la anterior  [derogatoria  explícita];  (…)  cuando  la  ley  nueva contiene disposiciones  incompatibles  o  contrarias  a las de la antigua [derogatoria implícita], y la  tercera,  cuando  una  ley  reglamenta toda la materia regulada por una o varias  normas  precedentes,  aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de  éstas    y    las    de    la    ley   nueva   [derogatoria   por   regulación  integral]”.   

DEROGATORIA    EXPLICITA-Concepto    

DEROGATORIA    IMPLICITA-Concepto   

DEROGATORIA      POR     REGULACION  INTEGRAL-Concepto    

DEBER DE REPARACION DEL ESTADO-Deber  constitucional/DEBER  DE REPARACION  DEL  ESTADO-Instrumentos internacionales que lo prevén   

RESOLUCIONES  DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS  NACIONES      UNIDAS-No      tienen      carácter  vinculante/RESOLUCIONES  DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS  NACIONES   UNIDAS-Constituyen  criterio  hermenéutico   

DEBER DE REPARACION DEL ESTADO-Aplicación  respecto  de  injusticia  histórica relacionada con la  esclavitud   

ESTATUTO   DE  ROMA  DE  LA  CORTE  PENAL  INTERNACIONAL-Considera  la  esclavitud como un crimen  de lesa humanidad   

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION  LEGISLATIVA-Procedencia   en   relación   con  norma  preconstitucional  que  omitió disponer medidas para reparar a los esclavizados   

Habiéndose constado que la Ley del 21 de mayo  de   1851   “sobre  la  libertad  de  esclavos”  sigue  produciendo  efectos  jurídicos  y  que  a  la luz de nuestro ordenamiento constitucional vigente, la  norma  acusada ha debido (i) incluir como ingrediente o condición esencial para  armonizar  la  Ley  con  la  Constitución  de 1991, un mandato de reparación a  favor  de  la  víctimas  de  la esclavitud, y que adicionalmente, (ii) no   existe  ninguna  razón  que  justifique  dicha  omisión, menos si dentro de la  misma  ley  se  contempló  una  disposición  que  describía  como  uno de sus  objetivos,  dejar  en igualdad de condiciones a los libertos con respecto de los  demás  ciudadanos del país; (iii) esta omisión, evidentemente, ha generado un  trato  desigual  en  perjuicio  de  los  esclavizados  frente  a los esclavistas  quienes  sí  tuvieron acceso a un sistema de compensaciones, trato inequitativo  que  además  se  ha  mantenido a través del tiempo; y por último, (iv) que la  falta  de   medidas  encaminadas  para  reparar  a los esclavizados, hoy en  día,  implica  el  incumplimiento  del  mandato constitucional de reparar a las  víctimas  de  violaciones  derechos  humanos.  En  conclusión, la Corte debió  haber  declarado  que,  de  conformidad  con los mandatos de la Constitución de  1991,  existía una omisión  legislativa   sobreviniente   en   relación  con  la  ausencia  de  reparación  histórica  respecto  de  las víctimas del crimen de esclavitud en Colombia, en  cuanto  la  Ley del 21 de mayo de 1851 “Sobre la libertad de esclavos” no la  contempló y posteriormente, tampoco se ha realizado.   

Referencia:  Expediente  D-7729   

Demanda  de  inconstitucionalidad contra la  Ley  del  21  de  mayo  de 1851 “sobre la libertad de  esclavos”   

Actor:   Antonio   Eduardo   Bohórquez  Collazos.   

Magistrada Ponente:  

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA  

1.-  Con  el  respeto  acostumbrado  por las  decisiones  que  adopta  la Sala Plena, nos permitimos presentar las razones por  la  cuales  no  compartimos  las conclusiones a las que llegó la mayoría en la  sentencia  C-931  de  2009.  Para  ello,  hemos  distribuido  el  texto  de este  salvamento  en  tres partes: en la primera, describiremos brevemente el problema  jurídico  analizado  en  la  sentencia aprobada y señalaremos algunos aspectos  constitucionales  en  juego  detrás de éste. En la segunda, transcribiremos la  parte  considerativa  y  resolutiva del proyecto de sentencia que fue derrotado,  elaborado  por  el  Magistrado  Henao  Pérez,  por  considerar  que  recoge, en  conjunto,  los  argumentos  por los cuales a nuestro juicio la decisión en este  caso  particular,  debió  ser  diferente de aquella que fue finalmente suscrita  por  la  mayoría  de  la  Sala  Plena. Por último, en la tercera, formularemos  algunos  comentarios  adicionales frente al texto aprobado de la sentencia C-931  de 2009.   

I.  Del  problema  jurídico analizado en la  sentencia C-931 de 2009: fundamentos del disenso   

2.-  La sentencia C-931 de 2009 estudió una  demanda  de  constitucionalidad  en  contra  de  la  Ley  del 21 de mayo de 1851  “sobre   la  libertad  de  esclavos”.  En  resumen,  a  juicio del demandante, la norma acusada vulnera  varias  disposiciones de la Carta de 1991, por cuanto contempló indemnizaciones  para     los     esclavistas    o    tenedores    de    esclavos    –como   resultado   de   una  especie  sui     generis    de  expropiación–  pero  no  contempló   un   sistema   de   indemnizaciones  reparatorio  a  favor  de  los  manumitidos.  Esta  omisión  legislativa  relativa,  a  juicio  del  demandante  vulnera,  entre otros, el principio de dignidad humana en la medida que terminó  cosificando  a  las  personas  víctimas  de  la  trata  esclavista dado que les  asignó  una condición de mercancía y terminó perpetuando a través de varias  generaciones las condiciones de exclusión social.   

En  criterio  de  la  mayoría,  la  demanda  formulada  por  el  actor,  de  entrada,  planteaba  una cuestión que excede el  margen  de  competencias  de la Corte Constitucional. A juicio de la Sala Plena,  la  Ley  del  21  de  mayo de 1851 no está vigente, situación que indefectiblemente,   por   ‘sustracción  de  materia’      o      por      ‘carencia    de    objeto’,  conduce  a  una  inhibición.  Sin  embargo,  estimamos  que la cuestión que propone este  caso,  en  apariencia  breve,  presenta  un  alto grado de complejidad, en tanto  está  atravesada por dos problemas específicos: uno de carácter técnico o de  procedimiento  constitucional, y otro de carácter sustancial. El primero, está  relacionado  con  la pregunta sobre la competencia de la Corte para pronunciarse  sobre  la  constitucionalidad  de  la  Ley del 21 de mayo de 1851. Esta pregunta  surge  como  resultado  de los cuestionamientos hechos por varios intervinientes  respecto  de  la  vigencia  de  esta  ley.  Bien  sea  por tratarse de una norma  anterior  a  la  Carta  del  91, cuyo contenido habría sido recogido por varios  textos  constitucionales  (derogatoria  tácita  sostienen algunos), o porque no  hay  claridad  sobre los efectos jurídicos que esta ley está produciendo en la  actualidad,   este   Tribunal   no   podría  pronunciarse  de  fondo  sobre  el  asunto.   

3.-   El  segundo  problema,  como  ya  se  mencionó,  tiene  un  carácter  más  sustancial.  Está  relacionado  con  la  pregunta  frente  a  las posibilidades del juez constitucional, en su condición  de  garante  de  la  Carta  Política,  de ordenar en el marco de sus facultades  dentro   de  un  proceso  de  constitucionalidad,  reparaciones  de  injusticias  históricas,  en este caso respecto del crimen de esclavitud. En este punto, las  cuestiones   específicas   tienen   que  ver  con  los  debates  acerca  de  la  justificación  (pertinencia  y  necesidad),  la  forma  y el alcance que pueden  llegar    a    tener    dichas    medidas    de    reparación    en   sede   de  constitucionalidad.   

4. Con el fin de absolver estos problemas, el  proyecto  original  adoptaba  la  siguiente  metodología:  en la primera parte,  examinaba  brevemente  las  reglas  definidas por la jurisprudencia respecto del  control  constitucional de las omisiones legislativas, con el fin de identificar  cuáles  son  los parámetros requeridos para que la Corte declare la existencia  de   ésta   figura.   En   la   segunda  parte,  se  analizaban  los  criterios  hermenéuticos,  sistematizados  por la jurisprudencia de esta Corporación para  establecer   la  vigencia  y  la  eficacia  de  una  norma.  La  reconstrucción  dogmática  de estas dos primeras partes, tenía como fin determinar la vigencia  y  la  eficacia  de  la  Ley del 21 de mayo de 1851, como requisito sine  qua  non para que esta Corporación  pudiera  declarar  respecto  de  ella, la existencia de una omisión legislativa  relativa.  Por último, se estudiaba el deber del Estado Colombiano, a la luz de  la  Constitución  de  1991,  de  volver sobre el tema de la esclavitud, como un  hecho  susceptible  de  reproche  en  la conciencia histórica de la Nación. En  este  último  apartado,  se examinaron (i) si existe el deber, (ii) cuáles las  posibilidades  institucionales  y  (iii)  cuáles  son  los  parámetros  que se  deberían  reunir  para reparar históricamente a las comunidades que padecieron  directamente  la  esclavitud  y  a quienes consecuencialmente y por generaciones  han sufrido las secuelas de este flagelo.   

5.- Este texto de la parte considerativa del  Proyecto    original    de    sentencia   es   el   que   a   continuación   se  transcribe.   

II.  De  la parte considerativa del Proyecto  original de sentencia   

Del  control  de  constitucionalidad  de las  omisiones legislativas en la jurisprudencia de la Corte   

6-  Desde  sus  inicios,  esta  Corporación  reconoció  que los ciudadanos pueden demandar las omisiones legislativas en las  que  incurre  el  legislador.   Así,  desde sus primeros pronunciamientos,  aceptó   la   existencia  de  la  figura  llamada  “inconstitucionalidad  por  omisión”   en  la  que incurre el legislador cuando, por su inactividad,  no  cumple con el deber de llevar a cabo los desarrollos legales necesarios para  garantizar  la  efectividad  de  los  enunciados  normativos  previstos  por  el  constituyente.   

7-  La  jurisprudencia constitucional ha ido  precisando  y  sofisticando  la  doctrina  respecto  del  alcance del control de  constitucionalidad  de  las  omisiones  legislativas. En las sentencias C-108 de  1994  y  C-555 de 1994, la Corte desarrolló con más profundidad el tema de las  omisiones  legislativas  al afirmar que es competente para pronunciarse sobre lo  que  ha  dejado  de  decir  la  norma,  siempre  que  esa  omisión  tenga  como  consecuencia  la  configuración  de  un  tratamiento  discriminatorio. En estos  casos,  sostuvo  la  Corte,  la  inexequibilidad  se  deriva del hecho de que el  legislador  no  extienda  un  determinado  régimen legal a un supuesto de hecho  similar al regulado por la norma demandada.   

6- Sin embargo, fue en la sentencia C-543 de  1996,  cuando  la Corte Constitucional distinguió como categorías de análisis  respecto  de este tema, las nociones de (i) omisión legislativa absoluta y (ii)  omisión  legislativa  relativa. Se puede decir que las reglas jurisprudenciales  allí   definidas,  con  algunos  pequeños  matices,  siguen  vigentes  hoy  en  día.   

De  acuerdo  con esta sentencia, la omisión  legislativa  absoluta  se  presenta  cuando  el  legislador  no  produce ningún  precepto  encaminado  a  ejecutar  un  deber  concreto  que  le  ha  impuesto la  Constitución.  En  cambio, incurre en una omisión legislativa relativa cuando,  en  cumplimiento del deber impuesto por la Constitución: (i) favorece a ciertos  grupos,  perjudicando  a otros; (ii) excluye tacita o expresamente a un grupo de  personas  de  los  beneficios  que  otorga  al  resto  y;  (iii)  al regular una  institución,  omite  una  condición  o  un  ingrediente  que,  de acuerdo a la  Constitución,  sería  exigencia esencial para armonizar con ella (V. gr. si al  regular   un   procedimiento,   se  pretermite  el  derecho  de  defensa).    

7-  Por  lo  tanto,  la omisión absoluta se  configura  cuando  no  hay  ninguna  actuación  por parte del legislador lo que  implica,   necesariamente,   ausencia   total  de  normatividad  legal.  Por  el  contrario,  la omisión relativa se configura cuando la ley existe pero viola el  principio  de  igualdad,  bien porque no cobija todos los supuestos de hecho que  debería  abarcar o bien porque viola otros derechos como el derecho de defensa.  Además  de  precisar  la  distinción entre omisiones absolutas y relativas, en  esta  sentencia  la Corte definió la regla según la cual, sólo es competente,  en   principio,  para  conocer  de  las  demandas  de  inconstitucionalidad  por  omisiones  legislativas relativas. Así, teniendo en cuenta que la Constitución  no  le  otorga  a  la  Corte  la función de fiscalizar o controlar la actividad  legislativa   y   que   sus   funciones  están  limitadas  taxativamente,  esta  Corporación  no  puede  pronunciarse  cuando  no  existe  una ley que pueda ser  comparada  con  las normas superiores. Esta sería básicamente la razón por la  cual  la  Corte  no  es  competente, en principio, para conocer de las omisiones  legislativas absolutas.   

8-  Posteriormente, en la sentencia C-427 de  2000,  la  Corte  recogió  y resistematizó todos los requisitos que, en varios  fallos  aislados,  se exigieron para que se configurara una omisión legislativa  relativa  violatoria  del  derecho  a  la  igualdad.  En esta sentencia la Corte  sostuvo  que  para  poder  pronunciarse  sobre  una omisión legislativa de este  tipo,  deben concurrir los siguientes requisitos: (i) debe existir una norma que  excluya  supuestos  de  hecho  que,  por  ser  similares a los que regula, deben  incluirse  dentro  de  su  ámbito  de aplicación; (ii) esta exclusión no debe  obedecer  a  razones objetivas y suficientes, de manera que la omisión produzca  una   desigualdad   injustificada   y   (iii)   la  omisión  debe  implicar  el  desconocimiento de un deber constitucional dirigido al legislador.   

9- En la sentencia C-1549 de 2000,  esta  Corporación  reiteró  lo  dispuesto en las sentencias C-543 de 1996 y C-427 de  2000  al  reafirmar  que  la  Corte Constitucional debe declararse inhibida para  pronunciarse  de  fondo  sobre  una demanda de inconstitucionalidad por omisión  legislativa  absoluta,  pues uno de los requisitos para que adquiera competencia  es  que  la  omisión  legislativa  se  refiera  a una norma existente y no a la  ausencia de norma.   

10-  Más adelante, en la sentencia C-041 de  2002,  la  Corte reiteró lo dispuesto en las sentencias C-543 de 1996, C-427 de  2000  y  C-1549  de  2000,  pero   agregó  que,  para  que  una demanda de  inconstitucionalidad  por  omisión legislativa relativa sea admisible, el actor  debe  acusar  el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión,  de  manera  que  los  cargos  generales  contra  normas  indeterminadas  no  son  atendibles .   

Finalmente, en la sentencia C-185 de 2002, la  Corte  recogió  y  agrupó  todas las reglas jurisprudenciales aplicables a las  omisiones legislativas así:   

“(i)  que exista una norma sobre la cual  se  predique  necesariamente  el  cargo;  (ii)  que  la  misma  excluya  de  sus  consecuencias  jurídicas  aquellos  casos que, por ser asimilables, tenían que  estar  contenidos  en  el  texto  normativo cuestionado, o que el precepto omita  incluir  un  ingrediente  o  condición  que,  de  acuerdo con la Constitución,  resulta  esencial  para  armonizar  el texto legal con los mandatos de la Carta;  (iii)  que  la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de  razón  suficiente;  (iv)  que  la  falta de justificación y objetividad genere  para  los  casos  excluidos  de  la  regulación  legal una desigualdad negativa  frente  a  los  que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y  (v)  que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico  impuesto por el constituyente al legislador”   

En este sentido, se puede afirmar que en esta  sentencia  está  condensado todo lo que, sobre omisiones legislativas, ha dicho  esta Corporación.   

11-  La  reconstrucción  de  esta  línea  jurisprudencial  permite  insistir  en  lo  siguiente:  Es  claro  que  la Corte  Constitucional    es    competente    para    conocer   de   las   demandas   de  inconstitucionalidad  por  omisión  legislativa  relativa.  Por  el  contrario,  frente  a  las demandas de inexequibilidad por omisión legislativa absoluta, en  principio,  es  incompetente  y  debe declararse inhibida pues en estos casos no  existe    una    norma    cuyo    contenido    se    pueda    cotejar   con   la  Constitución.   

12- En ese orden de ideas, para el caso bajo  examen  resulta  útil  rescatar  un componente especial pero implícito, que se  desprende  de  lo  dicho:  La  Corte  ha  entendido  que para poder pronunciarse  respecto   de   una   eventual   omisión   legislativa  relativa  se  requiere,  necesariamente,  que  el  contenido  normativo específicamente vinculado con la  omisión,  además  de  estar  plenamente  identificado  en  la  acusación,  se  encuentre  vigente  y/o  esté  produciendo efectos jurídicos. De lo contrario,  esta  Corporación  ha  de  declararse  inhibida, por carecer de objeto material  sobre  el  cual  ejercer  competencia para hacer una confrontación con la Carta  Política.   

Así   las   cosas,  la  pregunta  que  le  corresponde  ahora  analizar a la Corte es cuál es la forma para determinar que  una    norma    se    encuentra    vigente   y/o   está   produciendo   efectos  jurídicos.   

Doctrina  constitucional  respecto  de  la  validez,  vigencia  y eficacia jurídica de las normas legales. Condiciones para  el ejercicio del control constitucional de normas derogadas   

13-  De  conformidad  con  la jurisprudencia  reiterada         de         esta        Corte186,  el ejercicio de su  función  como  guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución con  ocasión  del  control constitucional de las leyes gracias a la acción pública  de   inexequibilidad,   “está   condicionado   al  cumplimiento  de  dos presupuestos básicos e insustituibles: (i) que la demanda  ciudadana  haya  sido  presentada  en  legal  forma,  esto  es,  que  reúna los  requisitos  mínimos  señalados  en  el  artículo 2° del Decreto 2067 de 1991  para  ser  admitida,  y (ii) que las normas acusadas, cuya validez se cuestiona,  hagan  parte  del ordenamiento jurídico vigente o, en su defecto, se encuentren  produciendo    efectos    jurídicos   actuales.”187   

14-  De  ahí  que  sea necesario, en primer  lugar,   recordar   algunas  distinciones  analíticas  propias  de  la  teoría  jurídica  relacionadas  con el tema de la validez, la vigencia y la eficacia de  las  normas.  Como  se indicó de forma magistral en la sentencia C-443 de 1997,  tradicionalmente,  se  ha  asociado  la  existencia  de una norma con la idea de  validez,  en  tanto  se  parte  del  supuesto  según  el  cual una disposición  comienza  a  existir  y  entra  a  hacer  parte  del ordenamiento por haber sido  dictada  de  acuerdo a las reglas del sistema jurídico. Sin embargo, la noción  de  validez  tendría  varias  concepciones  en  la teoría del derecho: Algunas  asocian  la  noción  de  validez  a  los presupuestos de corrección material y  justicia  de  la  norma (iusnaturalismo), otras estiman que una norma es válida  si  ella  formalmente  ha  ingresado  o  hace parte del sistema, respetando unas  reglas   de   incorporación   que  este  mismo  sistema  establece  (formalismo  positivista).  Por último, existen otras tesis que sostienen que sólo existe y  es  válida  aquella  norma  con  capacidad de producir efectos concretos al ser  efectivamente  reconocida  y  aplicada  por  los  jueces  (realismo  jurídico).   

Sobre  este  punto  dijo  la  Corte  en  el  precitado fallo:   

“Independientemente   de  los  debates  teóricos  asociados  a  esas  escuelas, y que obviamente no le corresponde a la  Corte  Constitucional  resolver,  lo  cierto  es  que importantes sectores de la  doctrina   contemporánea   consideran   que  esas  distintas  nociones  no  son  incompatibles  entre  sí  sino  que,  con  algunos  matices,  expresan diversos  componentes  y  momentos  de la validez de una norma, en aquellos regímenes con  supremacía  de una constitución que incorpora principios y valores materiales,  tal  y  como  sucede  en  Colombia.  Por ello estos sectores proponen distinguir  estos  aspectos, e incluso utilizar apelativos distintos para cada uno de ellos,  a  fin  [de]  tener  una  visión  integral del complejo fenómeno de la validez  jurídica  en  una  democracia  constitucional.  Así,  de  un  lado, se propone  denominar    validez   sustantiva   o   validez   en  estricto  sentido,  al  hecho  de  que  una  norma de  inferior  jerarquía  no  contradiga las disposiciones superiores, y en especial  que   armonice  con  los  valores  materiales  defendidos  por  el  ordenamiento  constitucional.    De    otro    lado,    se    propone    llamar   validez  formal  o  vigencia al hecho de  que  la  norma  formalmente  haga  parte  del  sistema,  por  haber cumplido los  requisitos  mínimos  para  entrar  al  ordenamiento.  Y  finalmente  se designa  eficacia   jurídica   o   aplicabilidad   a  la  posibilidad  de  que  la  disposición  produzca  efectos  jurídicos,  o  al  menos  sea  susceptible  de  hacerlo.  Sin embargo, la Corte  precisa  que  este  último  concepto  no debe ser confundido con el de eficacia  sociológica,  que  se refiere al hecho de que las normas alcancen sus objetivos  y  sean  efectivamente  cumplidas  y  aplicadas,  o  al menos que en caso de ser  violadas,  se  imponga  una  sanción  a  su  infractor”  [negrillas  fuera de  texto].   

15-  Así  las  cosas,  las  categorías (i)  validez,  (ii) vigencia y (iii) eficacia, en la mayoría de las veces utilizadas  indiferenciadamente,  así  entendidas,  representan  parámetros hermenéuticos  útiles  para constatar ciertas situaciones normativas: por ejemplo “una  norma puede estar vigente pero no ser válida, para lo cual  basta  pensar  en una ley inconstitucional pero que aún no ha sido retirada del  ordenamiento  por  la  decisión  del  respectivo  órgano de control. Una norma  puede  haber  sido  derogada,  con  lo  cual parece no estar vigente, pero puede  seguir  produciendo  efectos  jurídicos, es decir ser eficaz. O, finalmente, la  norma  puede  ser válida y encontrarse vigente, pero no ser eficaz, por ejemplo  por  tratarse  de  una  ley  que  fue formalmente adoptada, que no viola ningún  mandato  superior,  pero que establece que debe transcurrir un determinado plazo  antes  de  que  pueda  ser aplicada por los operadores jurídicos”188.   

17- Frente al primer evento, cuando se está  frente   a   disposiciones   derogadas,   la  jurisprudencia  ha  señalado  que  “la  decisión  de la Corte Constitucional sobre la  exequibilidad  o  inexequibilidad de una disposición derogada, que determina su  exclusión  del  ordenamiento  jurídico  y,  por  lo  tanto,  su ineptitud para  producir  efectos,  carece  de sentido si, ex ante, y por disposición del mismo  legislador,  la  norma  ha  perdido su vigencia dentro del ordenamiento. Por tal  razón,   ante   esa   eventualidad   la  Corte  debe  inhibirse  de  emitir  un  pronunciamiento          de         fondo.”189   

18-  Esta  Corporación ha precisado que la  derogatoria  de una ley conlleva la cesación de sus efectos jurídicos, lo cual  ocurre  cuando  una  “nueva  ley  suprime  formal  y  específicamente     la     anterior    [derogatoria  explícita];                (…)   cuando   la  ley  nueva  contiene  disposiciones  incompatibles  o  contrarias  a  las  de  la antigua [derogatoria  implícita],  y  la tercera,  cuando  una  ley  reglamenta  toda  la  materia regulada por una o varias normas  precedentes,  aunque  no haya incompatibilidad entre las disposiciones de éstas  y  las  de  la  ley  nueva [derogatoria por regulación  integral]”.190   

18-  Esta  Corporación ha precisado que la  derogatoria  de una ley conlleva la cesación de sus efectos jurídicos, lo cual  ocurre  cuando  una  “nueva  ley  suprime  formal  y  específicamente     la     anterior    [derogatoria  explícita];                (…)   cuando   la  ley  nueva  contiene  disposiciones  incompatibles  o  contrarias  a  las  de  la antigua [derogatoria  implícita],  y  la tercera,  cuando  una  ley  reglamenta  toda  la  materia regulada por una o varias normas  precedentes,  aunque  no haya incompatibilidad entre las disposiciones de éstas  y  las  de  la  ley  nueva [derogatoria por regulación  integral]”.191   

19-   No   obstante   lo  anterior,  esta  Corporación  también  ha reconocido que, “la simple  derogatoria   formal   de  una  ley  (…)  no  conduce necesariamente a su inexistencia, pues es posible que,  desde  el  punto  de  vista  material,  dicha  ley  siga produciendo efectos con  posterioridad   a   su   desaparición,   es   decir,  continúe  proyectándose  ultractivamente  respecto  de  hechos acaecidos durante su vigencia. Cuando esta  situación     tiene    ocurrencia,    debe    adelantarse    el    juicio    de  inconstitucionalidad”,192  a  fin de “evitar    que    normas    pretéritas    ya   no   vigentes,   pero  inconstitucionales,    proyecten   sus   consecuencias   jurídicas   hacia   el  futuro”.193   

20-  Por lo anterior, cuando se demanda una  norma  derogada,  antes de proceder a declararse inhibida por carencia actual de  objeto,  la  Corte  ha  de  establecer si la misma continúa produciendo efectos  jurídicos.  Si  ello es así, debe proceder a pronunciarse de fondo, definiendo  si  el  contenido  normativo  de  la  disposición  derogada se ajusta o no a la  Constitución Política.   

21-   Dado  que  la  derogatoria  de  una  disposición   también   puede  ser  tácita,  la  Corte  ha  desarrollado  una  metodología  de  análisis  para determinar si resulta claro que la norma no se  encuentra                   vigente194  y,  por  lo  tanto, no es  posible  hacer  un  pronunciamiento  de  fondo sobre su constitucionalidad, o si  luego  de  ese  análisis, persisten dudas sobre su vigencia, ejercer el control  de                 constitucionalidad195.   Esta  metodología  se  sistematizó en la sentencia C-397 de 2007 de la siguiente manera:   

“[En  primer  lugar]  (i),  la  Corte  constata  si  la  norma  bajo  análisis  ha  sido  expresamente  derogada o no. Si no hay derogatoria expresa,  (ii)  la  Corte  precisa  el  contenido  y  ámbito  de  la  norma supuestamente  derogada;  (iii)  examina  si  ha habido una modificación integral del régimen  regulado   por  la  norma  supuestamente  derogada;  y  (iv)  determina  si  hay  contradicciones  entre el ámbito regulado por la norma supuestamente derogada y  las  normas  expedidas posteriormente y aplicables al mismo supuesto de la norma  presuntamente  derogada. Si de este análisis surge con claridad que la norma no  se  encuentra  vigente,  la  Corte  se  inhibe de proferir un pronunciamiento de  mérito.  Si  luego de dicho análisis, (v) persisten dudas sobre la vigencia de  la  norma,  y  sobre  si sus efectos se han perpetuado en el tiempo, la Corte ha  procedido al análisis de su constitucionalidad.”   

22-  Frente  al  segundo  evento,  esto  es,  “[c]uando  se demandan normas que contienen mandatos  específicos  ya  ejecutados, es decir, cuando el precepto acusado ordena que se  lleve  a cabo un acto o se desarrolle una actividad y el cumplimiento de ésta o  aquél   ya   ha   tenido   lugar”,  dijo  la  Corte  enfáticamente   en   la   sentencia   C-350   de   1994   que,  “carece  de  todo  objeto la decisión de la Corte y, por tanto, debe  ella  declararse  inhibida En efecto, si hallara exequible la norma impugnada no  haría  otra cosa que dejar en firme su ejecutabilidad y, habiéndose dado ya la  ejecución,  la  resolución  judicial  sería  inútil y extemporánea. Y si la  encontrara  inexequible,  no  podría  ser  observada  la sentencia en razón de  haberse  alcanzado  ya  el fin propuesto por quien profirió la disposición; se  encontraría  la  Corte con hechos cumplidos respecto de los cuales nada podría  hacer la determinación que adoptase.”   

Hechas   las   anteriores   anotaciones,  a  continuación  examinará  la aplicación de estas reglas respecto de la Ley del  21   de   mayo   de   1851  “Sobre  la  libertad  de  esclavos”.   

Un  problema  complejo:  ¿Se  encuentra o no  vigente  y/o  produciendo  efectos  jurídicos  la  Ley  del  21 de mayo de 1851  “Sobre   la  libertad  de  esclavos”?   

23-  Una  de las discusiones centrales que ha  desatado  este  asunto está relacionada con el interrogante sobre la vigencia y  la  producción  de  efectos  jurídicos  de  la  Ley  del  21  de  mayo de 1851  “Sobre   la   libertad  de  esclavos”196.  Frente  a este asunto se pueden identificar claramente  dos posiciones que se describirán a continuación.   

Por  un  lado,  para  la  mayoría  de  los  intervinientes,  la  Ley  objeto  de  examen  no  se  encuentra  vigente  porque  (i) su contenido fue derogado  tácitamente  por  los  textos  constitucionales que le sobrevinieron y/o porque  (ii)  materialmente no está  produciendo   efectos  jurídicos  en  tanto  los  mandatos  contenidos  en  sus  enunciados    normativos,    ya    se    cumplieron197.   En   consecuencia,  de  acuerdo  a  este planteamiento, no existe una norma sobre la cual la Corte pueda  emitir  un  pronunciamiento  de  fondo,  razón por la cual no queda más que la  inhibición.   

Por  otro lado, están quienes argumentan que  la  Ley  del  21  de mayo de 1851 incurrió en una omisión legislativa relativa  susceptible   de  ser  declarada  por  esta  Corporación.  Para  defender  esta  hipótesis      exponen      los     siguientes     argumentos:     (i)la  ley formalmente no ha sido derogada  por  ningún  texto  posterior, por el contrario, su contenido normativo ha sido  reiterado  por  normas  de rango constitucional, razón por la cual, no se puede  afirmar   que   la   norma   demandada   haya   perdido  vigor;  y  (ii)   su  contenido  no  se  ha  agotado  totalmente,  en  razón precisamente, del efecto jurídico que persiste dado que  la  omisión  sigue  operando.  Manifiestan  que  “la  norma  sigue  produciendo efectos en la medida en que siendo su objeto principal  el  abolir la esclavitud y reparar a los afectados por éste fenómeno, la norma  omite  disponer  las medidas pertinentes para reparar a los esclavizados y sólo  las    prescribe    para    los   esclavizadores”198.        Señalan   también   que   el   “efecto  material  de  esa  omisión  es  la  persistencia  de  la  discriminación de la  población  afrodescendiente,  que  es  deber  del  Estado  corregir”199.   

24- Con base en lo anterior, corresponde a la  Corte   determinar,   en   primer   lugar,   de  acuerdo  con  los  lineamientos  jurisprudenciales  expuestos,  si  la norma objeto de análisis ha sido derogada  y,  en segundo lugar, establecer si ésta sigue produciendo efectos jurídicos o  no.   

25-  Respetando  la metodología definida por  esta  Corporación  para  determinar si una norma se encuentra vigente y, por lo  tanto,   si   es   posible   hacer   un   pronunciamiento   de  fondo  sobre  su  constitucionalidad       (Supra      num.  21), primero  se  ha  de  constatar  si  la  Ley  del  21  de  mayo  de  1851  “Sobre  la  libertad  de esclavos” ha sido  expresamente derogada.   

La  Ley  del  21 de mayo de 1851 fue expedida  bajo  la  vigencia  de  la Constitución de la República de la Nueva Granada de  1843.  Con  posterioridad  a  la  expedición  de  esta  Ley,  fue  aprobada  la  Constitución  de  la  República  de  la  Nueva  Granada en 1853 que elevó por  primera  vez  a  rango  constitucional la prohibición de la esclavitud. De esta  manera,  dispuso  en  su  artículo  6 que “No hay ni  habrá esclavos en la Nueva Granada”.   

Más  adelante,  este enunciado normativo fue  recogida  por  la  Constitución  para  la Confederación Granadina, aprobada en  1858,   en   su  artículo  11  cuando  dispuso  “Es  prohibido   al  gobierno  de  los  Estados  (…)2º  Permitir  o  autorizar  la  esclavitud.(…)”  y  en su artículo 56 al señalar  que   “-   La  Conferencia  reconoce  a  todos  los  habitantes  y  transeúntes:  (…)2º  La  libertad individual, que no reconoce  otros  límites  que  la  libertad  de  otro individuo; es decir, la facultad de  hacer  u  omitir  todo  aquello de cuya ejecución u omisión no resulte daño a  otro individuo o a la comunidad conforme a las leyes”.   

En  1863  se  aprobó la Constitución de los  Estados  Unidos de Colombia. En el artículo 12 de dicha carta constitucional se  reiteró  la  prohibición de la esclavitud así: “No  habrá  esclavos  en los Estados Unidos de Colombia”.  Este  mandato  fue  reproducido en la Constitución de la República de Colombia  de  1886  en  su  artículo 22 “No habrá esclavos en  Colombia”.   

Con   la   expedición   de   la   actual  Constitución  de  1991,  se  fortaleció  la  prohibición constitucional de la  esclavitud,  en  tanto  el  artículo  17 prescribió lo siguiente: “Se  prohíben  la  esclavitud, la servidumbre y la trata de seres  humanos  en todas sus formas”. Por último, dentro de  nuestro  ordenamiento jurídico, esta prohibición encuentra respaldo adicional,  en  virtud  de  la  figura  del bloque de constitucionalidad, en lo dispuesto en  varios  tratados  internacionales  de  protección de derechos humanos adoptados  por  Colombia200.   

Revisadas  las  disposiciones normativas de  rango  constitucional  que  sobrevinieron  a  la  Ley  del 21 de mayo de 1851, a  juicio  de  quienes  suscriben  este  Salvamento  de  Voto,  no  puede afirmarse  –de  hecho ninguno de los  intervinientes  lo  hizo- que haya existido una derogatoria explícita, dado que  ninguno  de  los mandatos constitucionales precitados hizo referencia expresa al  contenido  de  la  Ley  del  21  de  mayo  de 1851, ni dispusieron su supresión  formal.  En  conclusión, la Corte constata que la Ley del 21 de mayo de 1851 no  fue derogada expresamente.   

26-  Así  las  cosas,  siguiendo  con  la  metodología  de  análisis,  corresponde  ahora:  a)  precisar  el  contenido y  ámbito  de  la  norma;  b) examinar si ha habido una modificación integral del  régimen  regulado por la norma; y c) determinar si hay contradicciones entre el  ámbito  regulado  por  la  norma  supuestamente derogada y las normas expedidas  posteriormente  y  aplicables  al  mismo  supuesto  de  la  norma  presuntamente  derogada.   

a) La Ley del 21 de mayo de 1851 dispuso que  desde  el primero de enero de 1852 quedarían en libertad todos los esclavos que  existieran   en   el   territorio  de  la  República.  Como    consecuencia   de   lo   anterior,   dispuso  que,  “desde  aquella  fecha  gozarán de los mismos  derechos  y  tendrán  las  mismas obligaciones que la Constitución y las leyes  garantizan  e imponen a los demás granadinos.” (Art.  1).  Adicionalmente,  contempló  que dentro de este proceso de manumisión o de  liberación  de  esclavos  bajo  la  dirección  del  Estado, se expidieran unas  cartas  o  comprobantes  de  libertad de esclavos, así como unos certificados o  “vales  de  manumisión”,  que  consistían en títulos representativos de pago o de indemnización asumida  por   el   Estado  a  favor  de  los  ‘propietarios’  de esclavos libertos.   

b)  Para  la Corte, no es evidente que haya  operado  una  derogatoria  por  regulación integral en tanto no se advierte que  las     normas     constitucionales     precitadashubieranreglamentadotoda    la  materiareguladapor  la  Ley  del  21  de mayo de 1851201.  Lo  que  hicieron  estas  disposiciones  constitucionales  fue elevar, en términos de principio o mandato  de  optimización,  una  de  las  finalidades  de la Ley (la proscripción de la  esclavitud),    a    rango    superior.   Ello,   per  se,  no  implica  una  reglamentación  integral de la  materia de que trata la Ley objeto de análisis.   

c)  En consonancia con lo anterior, tampoco  puede      sostenerse,prima     facie,que    las   disposiciones   constitucionales   sobrevinientes   son  incompatibles  o contrarias a los postulados normativos de la Ley 21 de 1851, de  ahí  que  no se pueda afirmar que se configuró una derogatoria tácita de esta  Ley202.   

En   estos   términos,   revisadas   las  disposiciones  normativas de rango constitucional que sobrevinieron a la Ley del  21  de  mayo  de 1851, a juicio de quienes suscribimos el presente Salvamento de  Voto,  no es claro ni manifiesto, que se haya presentado una derogatoria tácita  o una derogatoria orgánica por regulación integral.   

27-  Cuando se presenta esta situación, este  Tribunal  ya ha anotado quelo que corresponde en el juicio de constitucionalidad  es  determinar  si  la  norma  acusada  está  produciendo  efectos jurídicos o  no203.   

En relación con este tema, particularmente la  discusión  se  muestra  aún  más  polarizada.  Pues  como  ya se ha señalado  (supra   num.   23),  para  algunos,  claramente,  la  norma  ya  produjo su mandato por lo que su contenido  normativo  ya  se  materializó; para otros, la norma sigue produciendo efectos,  por causa misma de la omisión alegada.   

En   estas  condiciones,  le  correspondía  entonces  a  la  Corte  esclarecer  esta  cuestión.  Para  ello, debieron haber  reconstruido  con  un  poco más de detalle los argumentos que defiende la tesis  según  la  cual,  dado  que  la Ley del 21 de mayo de 1851 no está produciendo  efectos,   la   Corte   debía   declararse  inhibida  para  fallar  (Tesis  A).  Posteriormente,  se  debieron  confrontar  con  aquellos  que  sostienen  que es  posible  advertir  que algunos contenidos normativos de la Ley del 21 de mayo de  1851  se encontraban produciendo efectos jurídicos, lo cual habilitaría a esta  Corte  para  pronunciarse  respecto  de  la  omisión legislativa alegada por el  actor  (Tesis  B).  Lo anterior con el fin de que la Corte pudiera, por último,  emitir un pronunciamiento al respecto.   

Tesis  A: sostienen  los  defensores  de  esta  posición, que la Ley de 21 de mayo de 1851 contenía  dos  mandatos  claramente  identificables: el primero, abolir la esclavitud y el  segundo,  la implementación de medidas para adelantar el proceso de manumisión  o  liberación  de  esclavos. Dentro de las medidas contempladas por la ley para  satisfacer   este   segundo   mandato,  se  encuentra  la  cancelación  de  los  “vales  de  manumisión”,  que  como  ya  se ha dicho, consistían en títulos representativos de pago o de  indemnización   asumida   por   el   Estado   a   favor   de  los  ‘propietarios’   de   las   personas   sometidas  a  esclavitud.  A  pesar  de  no existir certeza del cumplimiento de estas medidas,  según  ellos, resulta plausible considerar que por el paso del tiempo ya fueron  satisfechas.  A  partir  de esta premisa, infieren que dado que el mandato de la  ley  se  materializó,  no  existe  un  texto legal vigente respecto del cual la  Corte  pueda  pronunciarse  de  fondo.  Por  ello  la Corte debe inhibirse en el  presente asunto.   

Tesis  B:  los  que  argumentan  a favor de esta posición sostienen que la omisión  de la Ley,  por  no  haber  ordenado  reparar  a  los  esclavos,  sigue  produciendo efectos  jurídicos,  perpetuándose  en  el tiempo, en tanto nunca se subsanó, al punto  que    hoy   –y   puede  comprobarse    sin    dificultad    –,  devino  en  una suerte de discriminación histórica persistente,  respecto  de  la  población  afrodescendiente.  En  pocas  palabras,  el efecto  jurídico que se mantiene es que precisamente la omisión subsiste.   

28-  Los  que  nos  apartamos de la decisión  mayoritaria,  revisadas  estas  dos  posiciones  y a partir de la recomposición  hecha  del  contenido  de  la  Ley  (Supra num.   25),  la  norma  sigue produciendo efectos jurídicos, los cuales se traducen precisamente  en   la   omisión   alegada  por  el  actor.  Así  las  cosas,  se  expondrán  detalladamente    las    razones    que   justifican   que   se   formule   este  planteamiento.   

La Ley del 21 de mayo de 1851, no tenía como  únicos  mandatos  liberar  a los esclavos y cancelar a los esclavistas un valor  determinado,   considerado   pertinente   en   esa   época,   como   medida  de  compensación.  Dentro del contenido de la Ley existen mandatos que aún hoy son  susceptibles  de  ser  exigidos.  Por  ejemplo,  la  orden  que se desprende del  artículo primero de la Ley:   

“Desde  el día 1 de enero de 1852 serán  libres  todos  los  esclavos  que  existan en el territorio de la república. En  consecuencia,  desde  aquella  fecha  gozarán de los  mismos  derechos  y  tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las  leyes  garantizan e imponen a los demás granadinos.”  [Énfasis fuera de texto]   

El aparte subrayado de esta disposición está  surtiendo  efectos  actualmente. La estructura deóntica que define el cuerpo de  este  enunciado  normativo, no está formulada en términos de una prescripción  destinada  a  agotarse  en un momento determinado. Por el contrario, se trata de  un  mandato  indefinido  temporalmente.  Este  mandato, como ya se mostró antes  (Supra  num. 26), tampoco ha  sido   derogado  expresa,  tácita  o  integralmente204.   

De  acuerdo  con  este  mandato, a partir del  primero  de enero de 1852, las personas que habían sido sometidas al flagelo de  la  esclavitud  deberían  contar  con los mismos derechos y obligaciones que el  ordenamiento  jurídico  contemplara  para  los  demás ciudadanos. Sin embargo,  revisado  este  mandato  hoy, a la luz de la Constitución de 1991, se tiene que  no    se    encuentra    satisfecho,    particularmente,   porque   (i)  la  Ley  del  21  de mayo de 1851, no  diseñó   un   mecanismo   de   satisfacción   encaminado  a  garantizar  esos  ‘mismos  derechos’    que   se  protegieron  para  los  esclavistas,  respecto  de  quienes  fueron  esclavos  y  (ii) dicha ausencia (o efecto  negativo)   de   la   Ley  no  ha  sido  subsanado  por  los  textos  legales  y  constitucionales   que   le   han  sobrevenido,  por  lo  cual,  es  verificable  actualmente.   

En  consecuencia,  una  vez  constatada  la  producción  de  efectos  de la Ley del 21 de mayo de 1851, el paso que sigue en  el  análisis  de  constitucionalidad,  es  el  de establecer si se trata de una  omisión   legislativa   que   debió   ser  declarada  por  esta  Corporación.   

En  primer lugar, se tiene que en el presente  caso    no    estamos   frente   a   una   omisión   legislativa   absoluta.   En   este  asunto,  vista  la  ausencia  de  derogación y constatada la forma en que está produciendo efectos  jurídicos   la   Ley   “Sobre   la   libertad   de  esclavos”, no puede argumentarse que estamos ante la  ausencia   de   un   precepto   o   texto   legal   sobre   el   cual  hacer  un  pronunciamiento.   

Por   el  contrario,  existe  un  contenido  normativo,  con  disposiciones  concretas  que  no comprendieron una hipótesis,  esto  es,  la  reparación por el daño sufrido a quienes padecieron los rigores  de  la esclavitud, compensación que en su momento sí fue contemplada a través  de    un   sistema   de   resarcimiento   a   favor   de  los  ‘tenedores   de   esclavos’,   en   el   marco  del  proceso  de  manumisión  definido  en  los  artículos  2  al  13  y 15 al 18 de la Ley bajo  examen.  De  esta  manera, se cumple la primera de las condiciones (Supra  num. 10), para que se configure una  omisión    legislativa    relativa,    es  decir, (i) que  exista una norma sobre la cual pueda predicarse el cargo.   

Las    demás    condiciones205,   hacen  referencia  a  que  la exclusión no obedezca a razones objetivas y suficientes,  de  manera  que  la  omisión produzca una desigualdad injustificada, y a que la  omisión  implique  el  desconocimiento  de  un deber constitucional dirigido al  legislador.  Estas  condiciones,  tienen  una  particularidad que, a pesar de su  obviedad,  vale  la  pena  recalcar:  estos  parámetros  deben  ser revisados y  analizados  a  la  luz  de  los  preceptos  de  la  Constitución  Política  de  1991.   

En ese sentido, para efectos de este análisis  resulta  prácticamente irrelevante que al momento de expedirse la Ley del 21 de  mayo  de 1851, la omisión hoy cuestionada, no fuera objeto de censura, dado que  la  función  de  esta  Corte  es  fungir  como  guardiana  de  la  integridad y  supremacía  de  la  Constitución Política de 1991 (Art. 4 C.P), por lo que le  competía  a  la  Sala era revisar bajo los postulados constitucionales vigentes  las  demandas  que  presenten los ciudadanos contra las leyes (Art. 241 ord. 4º  C.P).   

Así   las  cosas,  a  la  luz  de  nuestro  ordenamiento  constitucional  vigente,  la  norma acusada ha debido (i)  incluir como ingrediente o condición  esencial  para armonizar la Ley “Sobre la libertad de  esclavos”  con  la Constitución de 1991, un mandato  de  reparación  a  favor  de  la  víctimas  de  la esclavitud. Adicionalmente,  (ii)  no  existe ninguna  razón  que  justifique  dicha  omisión,  menos  si  dentro  de la misma ley se  contempló  una  disposición que describía como uno de sus objetivos, dejar en  igualdad  de  condiciones  a  los libertos con respecto de los demás ciudadanos  del    país;    (iii)esta  omisión,  evidentemente,  ha  generado  un  trato  desigual en perjuicio de los  esclavizados  frente  a los esclavistas quienes sí tuvieron acceso a un sistema  de  compensaciones.  Este trato inequitativo, además, se ha mantenido a través  del   tiempo;   y   por   último,   (iv)   la   falta  de   medidas  encaminadas  para  reparar  a  los  esclavizados,  hoy en día, implica el incumplimiento del mandato constitucional  de  reparar  a  las  víctimas  de  violaciones  derechos humanos. Este deber se  encuentra  disperso en varias fuentes que le dan forma y contenido, pero que han  sido   sistematizadas  de  manera  suficiente  por  la  jurisprudencia  de  este  Tribunal.   

Específicamente,   el   deber  de  reparar  encuentra  sustento  constitucional  en disposiciones como el artículo 90 de la  Constitución  que  dispone  que  el  Estado  tiene el deber de reparar el daño  antijurídico  que  le  sea imputable. Este deber fundamental debe ser estudiado  de  acuerdo  a  los  parámetros  fijados,  de la misma manera, en disposiciones  contempladas  en  instrumentos  internacionales. Como se indicó en la sentencia  C-916  de  2002,  “tanto la Declaración Americana de  Derechos            del            Hombre206   como   la  Declaración  Universal       de       Derechos       Humanos207 marcan, en 1948, el inicio  de  una  tendencia  en el derecho internacional por desarrollar instrumentos que  garanticen  el  derecho  de todas las personas a una tutela judicial efectiva de  sus  derechos  lo cual comprende una indemnización justa y adecuada208”.  En  la  misma  dirección,  el  artículo  63.1  de la  Convención   Americana   sobre   Derechos   Humanos,   que  hace  parte  de  la  Constitución  en  virtud  de  la  figura  del  bloque,  dispone “el  pago  de  una justa indemnización” a  favor  de  las  persona  cuyos  derechos humanos han sido vulnerados209.   

Sin embargo, el alcance del derecho a reparar  ha  adquirido  dimensiones  que  trascienden  la  mera compensación monetaria o  indemnización  pecuniaria,  como  se  desarrollará  más  adelante. Por ahora,  basta  señalar  que  existe  entonces  un mandato constitucional de reparar los  daños  causados  por  el crimen de esclavitud que se encuentra sin ser cumplido  dentro del ordenamiento jurídico colombiano.   

En   conclusión,  la  Corte  debió  haber  declarado   que,  de  conformidad  con  los  mandatos  de  la  Constitución  de  1991,  existía una omisión  legislativa   sobreviniente   en   relación  con  la  ausencia  de  reparación  histórica  respecto  de  las víctimas del crimen de esclavitud en Colombia, en  cuanto  la  Ley  del  21  de  mayo  de 1851 “Sobre la  libertad   de   esclavos”   no   la   contempló  y  posteriormente, tampoco se ha realizado.   

29-  La  consideración  anterior  sugiere un  problema   de  hermenéutica  constitucional.  De  acuerdo  con  la  conclusión  defendida  en  el  numeral  anterior, ¿se puede sostener entonces que todas las  normas  anteriores  a  la  Constitución  de  1991,  que  no contemplaron algún  mandato  que pueda ser exigible a la luz de la Carta Política, están surtiendo  efectos  en el presente y, por lo tanto, la Corte puede pronunciarse de fondo en  todas  las  acusaciones  que  se  hagan  sobre éstas? La respuesta es que no en  todos  los  casos.  Al  respecto,  debe  decirse  que la regla decisional que se  configura    en    este    caso    es    diferente,    por    cuanto   es   más  restringida.   

Para  que  se pueda declarar la existencia de  una   omisión   legislativa   relativa   frente   a  un  texto  anterior  a  la  Constitución,  deben  cumplirse,  además  de  los requisitos jurisprudenciales  generales    relacionados    con   las   omisiones   legislativas   (supra   num.  10),  los  siguientes:  (i)  que  la omisión que se  alegue  respecto  de  la ley pre-constitucional persista en el tiempo. Es decir,  que  se  determine que nunca ha sido saneada por otra disposición de la misma o  diferente   jerarquía  normativa;  (ii)  que  esta omisión plantee un problema de relevancia constitucional,  es  decir,  que se traduzca en la inobservancia de postulados contemplados en la  Constitución    de   1991,   y   finalmente,   (iii)  que   esta   inobservancia  haya  generado  un  daño  susceptible   de  ser  corregido  a  partir  de  una  orden  de  este  Tribunal.   

En  este  caso,  se reúnen estos requisitos.  Como  los dos primeros ya fueron expuestos, se realizarán unas consideraciones,  sobre el último.   

Consideraciones respecto del deber del Estado  colombiano  de  reparar  la  injusticia  histórica relacionada con el crimen de  esclavitud.   

a. De los aspectos generales de la reparación  integral en el derecho constitucional colombiano   

31-  En reiterada jurisprudencia, la Corte ha  reconocido  que,  cuando  una  persona  o  grupo de personas ha sido víctima de  violaciones  a sus derechos humanos, surge el derecho fundamental a ser reparado  integralmente.  Por ejemplo, en la sentencia T-821 de 2007, en la que se tuteló  el   derecho   fundamental  a  la  reparación  integral  de  una  víctima  del  desplazamiento forzado en Colombia, la Corte afirmó que:   

“las  personas  que  han sido objeto de  violaciones  de derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral del  daño                    causado”210.   

32-   Como   se   mencionó   (Supra   num.  28),  existen  disposiciones  constitucionales  y  contempladas en instrumentos internacionales, de las que se  desprende  el  deber  del  Estado  de  reparar  todo daño que le sea imputable,  también  cuando  quienes  causaron  ese  daño son personas indeterminadas o no  están  dispuestas  a  reparar,  siempre  y  cuando, como se ha dicho, exista un  título de imputación para tal efecto.   

Por  ejemplo,  dentro  de  estos instrumentos  internacionales  se  encuentra  la  Resolución 60/147 de la Asamblea General de  las  Naciones  Unidas el 16 de diciembre de 2005, mediante la cual se establecen  los  “Principios  y  directrices  básicos  sobre el  derecho   de   las   víctimas   de   violaciones   manifiestas  de  las  normas  internacionales  de  derechos  humanos  y  de  violaciones  graves  del  derecho  internacional  humanitario  a  interponer  recursos  y  obtener reparaciones”.  El   principio   IX   de  esta  Resolución  dispone:   

“Reparación    de    los    daños  sufridos   

15.  Una  reparación  adecuada, efectiva y  rápida  tiene  por  finalidad  promover la justicia, remediando las violaciones  manifiestas  de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones  graves   del  derecho  internacional  humanitario.  La  reparación  ha  de  ser  proporcional  a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su  derecho  interno  y  a  sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados  concederán  reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan  atribuirse  al  Estado  y  constituyan  violaciones  manifiestas  de  las normas  internacionales   de   derechos   humanos   o  violaciones  graves  del  derecho  internacional  humanitario.  Cuando  se  determine  que  una  persona  física o  jurídica  u  otra  entidad  está obligada a dar reparación a una víctima, la  parte  responsable  deberá  conceder  reparación a la víctima o indemnizar al  Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.   

16.  Los Estados han de procurar establecer  programas  nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el  responsable   de   los  daños  sufridos  no  pueda  o  no  quiera  cumplir  sus  obligaciones.   

17. Los Estados ejecutarán, con respecto a  las  reclamaciones  de  las  víctimas,  las  sentencias  de  sus tribunales que  impongan  reparaciones  a  las  personas  o entidades responsables de los daños  sufridos,  y  procurarán  ejecutar  las  sentencias  extranjeras  válidas  que  impongan  reparaciones  con  arreglo  al  derecho  interno  y a las obligaciones  jurídicas  internacionales.  Con  ese  fin,  los Estados deben establecer en su  derecho  interno  mecanismos  eficaces  para la ejecución de las sentencias que  obliguen a reparar daños.   

18. Conforme al derecho interno y al derecho  internacional,  y  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  de  cada  caso, se  debería   dar  a  las  víctimas  de  violaciones  manifiestas  de  las  normas  internacionales  de  derechos  humanos  y  de  violaciones  graves  del  derecho  internacional  humanitario,  de  forma apropiada y proporcional a la gravedad de  la  violación  y  a  las  circunstancias  de cada caso, una reparación plena y  efectiva,  según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes:  restitución,  indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no  repetición.   

19.  La  restitución,  siempre  que  sea  posible,  ha  de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación  manifiesta  de  las  normas  internacionales de derechos humanos o la violación  grave  del  derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según  corresponda,  el  restablecimiento  de  la libertad, el disfrute de los derechos  humanos,  la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar  de  residencia,  la  reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.   

20.  La indemnización ha de concederse, de  forma  apropiada  y  proporcional  a  la  gravedad  de  la  violación  y  a las  circunstancias   de   cada   caso,  por  todos  los  perjuicios  económicamente  evaluables  que  sean  consecuencia  de  violaciones  manifiestas  de las normas  internacionales  de  derechos  humanos  o  de  violaciones  graves  del  derecho  internacional humanitario, tales como los siguientes:   

a) El daño físico o mental;  

b)   La  pérdida  de  oportunidades,  en  particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;   

c)  Los  daños materiales y la pérdida de  ingresos, incluido el lucro cesante;   

d) Los perjuicios morales;  

e)  Los gastos de asistencia jurídica o de  expertos,   medicamentos  y  servicios  médicos  y  servicios  psicológicos  y  sociales.   

21.  La  rehabilitación  ha  de incluir la  atención  médica  y  psicológica,  así como servicios jurídicos y sociales.   

22.  La satisfacción ha de incluir, cuando  sea  pertinente  y  procedente,  la totalidad o parte de las medidas siguientes:   

a)  Medidas  eficaces para conseguir que no  continúen las violaciones;   

b)  La  verificación  de  los  hechos y la  revelación  pública  y  completa  de  la  verdad,  en  la  medida  en  que esa  revelación  no  provoque  más daños o amenace la seguridad y los intereses de  la  víctima,  de  sus  familiares,  de  los  testigos  o  de  personas  que han  intervenido  para  ayudar  a  la  víctima  o  impedir  que  se produzcan nuevas  violaciones;   

c)   La   búsqueda   de   las   personas  desaparecidas,   de  las  identidades  de  los  niños  secuestrados  y  de  los  cadáveres   de   las   personas  asesinadas,  y  la  ayuda  para  recuperarlos,  identificarlos  y  volver  a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de  la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;   

d)  Una  declaración  oficial  o decisión  judicial  que  restablezca  la  dignidad,  la  reputación  y los derechos de la  víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;   

e)  Una  disculpa  pública  que incluya el  reconocimiento   de   los   hechos   y   la  aceptación  de  responsabilidades;   

f) La aplicación de sanciones judiciales o  administrativas a los responsables de las violaciones;   

g)  Conmemoraciones  y  homenajes  a  las  víctimas;   

h) La inclusión de una exposición precisa  de  las  violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de  derechos  humanos  y  del  derecho  internacional  humanitario,  así como en el  material didáctico a todos los niveles.   

23. Las garantías de no repetición han de  incluir,  según  proceda,  la  totalidad o parte de las medidas siguientes, que  también contribuirán a la prevención:   

a)  El ejercicio de un control efectivo por  las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;   

b)   La   garantía   de  que  todos  los  procedimientos  civiles  y  militares  se  ajustan  a las normas internacionales  relativas   a   las  garantías  procesales,  la  equidad  y  la  imparcialidad;   

d)  La protección de los profesionales del  derecho,  la  salud  y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores  conexos, así como de los defensores de los derechos humanos;   

e)  La  educación,  de  modo prioritario y  permanente,  de  todos  los  sectores  de  la  sociedad respecto de los derechos  humanos  y  del  derecho  internacional  humanitario  y la capacitación en esta  materia  de  los  funcionarios  encargados de hacer cumplir la ley, así como de  las fuerzas armadas y de seguridad;   

f)  La  promoción de la observancia de los  códigos  de  conducta  y  de  las  normas  éticas,  en  particular  las normas  internacionales,  por  los  funcionarios públicos, inclusive el personal de las  fuerzas  de  seguridad,  los  establecimientos  penitenciarios,  los  medios  de  información,  el  personal  de servicios médicos, psicológicos, sociales y de  las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales;   

g) La promoción de mecanismos destinados a  prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales;   

h)  La revisión y reforma de las leyes que  contribuyan  a  las  violaciones  manifiestas  de  las normas internacionales de  derechos  humanos  y  a  las  violaciones  graves  del derecho humanitario o las  permitan”.   

33-  Aunque  este  tipo  de  Resoluciones, en  principio,  no  tienen  un  carácter  estrictamente vinculante, de acuerdo a la  jurisprudencia      de      esta     Corporación211,  constituyen  un criterio  hermenéutico  relevante  a  la  hora  de  adoptar  decisiones.  Frente  al caso  sub examine en particular, la  relevancia  hermenéutica  de  esta  Resolución  tiene  un doble sustento:de un  lado,  no se trata de un documento cualquiera de los que fluctúan en el derecho  internacional,  sino  que  se trata de un texto aprobado por la Asamblea General  de  las  Naciones  Unidas,  y  por  otro,  este  texto  recoge y sistematiza los  estándares  de  protección y garantía más elevados sobre los derechos de las  víctimas  de  violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos  humanos  y  de  violaciones  graves  del  derecho  internacional  humanitario  a  interponer  recursos  y  obtener  reparaciones,  los  cuales han sido discutidos  durante   años   en   el   seno   de   la  Asamblea212.   

34-  Los  estándares  sistematizados en esta  Resolución    han   sido   empleados   ya   en   otras   decisiones   de   esta  Corporación213.  Por ejemplo, en la sentencia C-454 de 2006, en la que se estudió  la  constitucionalidad  de  varios artículos del Código de Procedimiento Penal  que  se  referían a los derechos de las víctimas de delitos. Esta Corporación  señaló que:   

“El  derecho  de reparación, conforme al  derecho   internacional   contemporáneo   también   presenta   una  dimensión  individual  y  otra  colectiva.  Desde su dimensión individual abarca todos los  daños  y  perjuicios  sufridos  por  la víctima, y comprende  la adopción de  medidas   individuales   relativas   al  derecho  de  (i)  restitución,  (ii)   indemnización,  (iii)   rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de  no  repetición.  En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción  de  alcance  general  como  la  adopción  de  medidas  encaminadas a restaurar,  indemnizar  o  readaptar  los  derechos  de  las  colectividades  o  comunidades  directamente afectada   s por las violaciones ocurridas.  

La  integralidad de la reparación comporta  la  adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los  efectos  de  las  violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en  que se encontraba antes de la violación”.   

En esa decisión, a partir de lo anterior, la  Corte  concluyó que las víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos,  tienen  el  derecho  fundamental a la reparación, ya sea de manera individual o  colectiva.   

b.  Sobre  el  deber  de  reparar crímenes o  injusticias históricas.  El caso de la esclavitud en Colombia   

35- Hechas las consideraciones generales sobre  el  entendimiento  que  le  ha  dado  esta  Corporación al deber de reparar, se  debió  haber  entrado  a  estudiar  puntualmente  por  qué  la práctica de la  esclavitud,  en  general,  y  la  ausencia  persistente  en el tiempo de medidas  compensatorias  respecto de quienes padecieron la ocurrencia de este flagelo, en  particular,  reunían  los  requisitos para ser considerados hechos susceptibles  de  reproche histórico, que debieron ser reparados a la luz de la Constitución  de   1991.   Para   ello,   en   lo   que  sigue,  se  explicarán  (a)   algunas   generalidades  frente  al  concepto   de   reparaciones  históricas,  cuáles  son  las  dificultades  teóricas  y  prácticas  de  su  implementación,   en  qué  tipo  de  eventos  proceden  y cuáles son los  elementos  estructurales  que  caracterizan este tipo de medidas de reparación,  para  lo cual se observará cuáles han sido las formas en que estas medidas han  operado   en   el  derecho  comparado.  Después,  (b)  se  realizarán unas consideraciones históricas sobre  la  práctica  de  la  esclavitud  en  Colombia;  y (c)  se  examinará, en concreto, por qué en relación con  este  tema,  se  reúnen  los  requisitos  para  que se pueda hablar de un hecho  histórico   frente   al   que   se   puede   predicar  la  responsabilidad  del  Estado.   

36-   (a)   La   idea   de   reparación  histórica, como categoría de  análisis,  está  asociada  directamente con la existencia de sucesos ocurridos  en  el  pasado que ocasionaron graves daños a grupos poblacionales determinados  o  determinables, pero que, a pesar del trascurso del tiempo (incluso décadas o  siglos)  y de la certeza sobre su antijuridicidad e ilicitud, no han sido objeto  de  pronunciamientos  o  manifestaciones  institucionales encaminadas a corregir  sus  consecuencias, por lo que en la actualidad se hacen indispensables diversas  medidas  de  satisfacción a favor de las víctimas directas o indirectas de las  conductas objeto de censura.   

De    esta    manera,   la   reparación  histórica  se inscribe tanto  en  el  marco  de procesos de orden internacional dirigidos a procesar conductas  calificadas  como  crímenes  contra  la humanidad, como dentro de políticas de  orden  nacional,  que aparecen, por ejemplo, en contextos de cambios de régimen  político214,  para  indagar  y  reconocer  la  verdad  sobre  hechos injustos y  crueles   que  hayan  perjudicado  sectores  de  la  población,  comunidades  o  individuos  específicos  en  el  pasado  y así condenar a los responsables, al  tiempo   que   para   hacer   algo   que   ayude  a  los  afectados.215   

37-  A pesar de la aparente sencillez de esta  noción,  son  varios  los  interrogantes,  tanto  teóricos  como  políticos y  prácticos,   que   surgen   respecto   de  la  implementación  de  estrategias  encaminadas  a  reparar  históricamente los daños causados por la comisión de  determinados hechos.   

Como  fue  retratado  por  el Observatorio de  Discriminación  Racial  de la Universidad de los Andes y Dejusticia en el marco  de  este  proceso,  el  tema  de  la  reparación  histórica ha sugerido serios  interrogantes:   

“(…)  algunos  autores  han  criticado la idea de que exista  algún  deber  de  reparar  esas  injusticias históricas, con base en distintos  argumentos,   pero   que  en  esencia  pueden  ser  resumidos  en  estos  cuatro  puntos216:  i)  que  es  prácticamente  imposible  hacerlo  pues el paso del  tiempo  borra  las consecuencias de los crímenes, con lo cual la documentación  de  esos  crímenes  y de sus víctimas es poco factible; ii) que una persona no  tiene  por  qué  responder  por los crímenes de sus antepasados, por lo que es  injusto  que  deba  reparar,  esto es, que no existe justicia intergeneracional;  iii)  que  esas  reparaciones,  para  tener  algún  sentido,  tendrían que ser  colectivas,  pero  que  la  idea  de  reparaciones colectivas es contraria a los  derechos   humanos  y  a  los  derechos  fundamentales,  que  son  esencialmente  individuales;  iv)  y  que  a  veces  los esfuerzos por reparar esas injusticias  históricas  resultan  a  su  vez injustos, pues implican que el Estado abandone  otras   obligaciones  más  importantes  de  justicia  distributiva  o  que  por  rectificar  el  pasado  se  desconozcan  derechos de terceros de buena fe o  que  se desconozca el hecho de que las injusticias históricas puedan haber sido  en  cierta forma “superadas” con el paso del tiempo, en la medida en que los  herederos  de  las  víctimas  pueden haber mejorado su situación, mientras que  los   herederos  del  victimario  pueden  haber  empeorado  notablemente  la  de  ellos.”217   

38- A pesar de la existencia de los debates y  de  las  discusiones  mencionadas, – que, obviamente, no le correspondía a esta  Corte  resolver,  entre  otras  por  no  ser  éste  el  espacio  pertinente  de  reflexión  y  análisis-,  puede  decirse que existe un relativo consenso en la  doctrina  contemporánea  y  en  la  jurisprudencia internacional respecto de la  existencia       de       hechos      históricos  incontrovertibles  y en que las consecuencias de estos  hechos   deben   ser   asumidas   por   los   Estados   y   las   sociedades  en  general.   

La  doctrina  internacional  ha  indicado que  “[l]as  acciones  en  indemnización  de los crímenes de la historia se  centran  en  un  perjuicio  de naturaleza diferente: no identifican el perjuicio  material  sino la humillación, la falta de reconocimiento. Reclamos que son hoy  día  más fuertes puesto que la conciencia sobre el punto es reciente (pensemos  en  la  colonización).  Estas acciones se relacionan con la guerra, obvio, pero  también  con  el  crimen  contra la humanidad y el genocidio, la esclavitud, la  colonización,  la  ocupación o los litigios particulares como los experimentos  médicos218”   

Estas  observaciones se pueden evidenciar, en  la  práctica,  en  las  diferentes  modalidades  que han adoptado las formas de  reparación   histórica   para  enmendar  crímenes  pasados.  Miremos  algunos  ejemplos.   

En  Francia,  podemos  observar  cómo  se ha  acuñado         la         expresión         de        ley        “memorielle”para dar cuenta de algunas  leyes  destinadas  a  reparar injusticias históricas. En primer lugar, está la  Ley  Gayssot  del  13 de julio de 1990, destinada a crear el delito de negación  del  genocidio  del  que  fue víctima la población judía en el contexto de la  segunda   guerra   mundial.  El  fin  del  legislador  era  luchar  contra  este  negacionismo  y reconocer el dolor de los supervivientes de los descendientes de  las víctimas.   

En segundo lugar, está la Ley que condenó el  crimen  de  la esclavitud. Formalmente la abolición de la esclavitud se produjo  el  27 de abril de 1848. Sin embargo, como resultado de las demandas articuladas  por  movimientos  sociales que reclamaban el reconocimiento del hecho esclavista  en  la  historia  francesa,  se  expidió  la  Ley  Nº  2001-434, dotada de una  dimensión  simbólica  y pedagógica con contenido reparatorio respecto de esta  conducta.   Dice   el   artículo   primero  de  esta  Ley  que  “La    República    Francesa   reconoce   que   la   trata   negrera  transatlántica,  así  como  la  trata en el océano Índico de una parte, y la  esclavitud  por otra parte, perpetradas a partir del siglo XV en las Américas y  en  el  Caribe,  en  el  océano  Índigo  y  en  Europa  contra las poblaciones  africanas,  las  amerindias,  malgaches e indias constituyen un crimen contra la  humanidad” [traducción libre].   

El  artículo  2 dispone que los “programas   escolares   y  los  programas  de  investigación  en  historia  y en ciencias humanas concederán a la trata negrera y a la esclavitud  la  plaza  consecuente  que  merecen.  La  cooperación  que permitirá poner en  articulación  los  archivos  escritos  disponibles  en  Europa  con las fuentes  orales  y  los conocimientos arqueológicos acumulados en África, en Américas,  en  el  Caribe  y  en  todos  los  demás  territorios  que  habrán conocido la  esclavitud  será  animada  y favorecida”[traducción  libre].  En  cumplimiento de los mandatos de esta Ley, en el año 2004, se creó  un Comité para la memoria de la esclavitud.   

Durante  los  últimos años de la democracia  española,  se  dio la aprobación de la Ley de memoria histórica, “por  la  que  se  reconocen  y  amplían derechos y se establecen  medidas  en  favor  de  quienes  padecieron  persecución o violencia durante la  Guerra  Civil  y  la Dictadura”por el Congreso de los  Diputados  el  31 de octubre de 2007”. Esta ley contempla el reconocimiento de  todas  las  víctimas de la Guerra Civil, las víctimas de la dictadura. Además  establece  como  medidas  reparatorias,  la apertura de fosas comunes en las que  aún   yacen  algunas  víctimas,  hasta  entonces  realizadas  desde  entidades  privadas  como  la  Asociación  para  la Recuperación de la Memoria Histórica  -ARMH-  y  el  Foro  por la Memoria), compensaciones financieras a las víctimas  del  franquismo,  así  como  la  orden  de que los escudos, insignias, placas y  otros  objetos  o  menciones  conmemorativas de exaltación personal o colectiva  del  levantamiento  militar,  de  la  Guerra  Civil  y  de  la  represión de la  dictadura  deberán  ser  retiradas  de los edificios y espacios públicos; y se  crea el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca.   

En  Bélgica,  la ley del 23 de marzo de 1995  pretende  reprimir  la  negación,  la  minimización,  la  justificación  o la  aprobación  del  genocidio  cometido  durante  la Segunda Guerra mundial por el  régimen   nacionalsocialista   alemán.   El   Centro   para   la  igualdad  de  oportunidades  y la lucha contra el racismo, organismo público que directamente  depende  de  servicios  del  Primer  Ministro,  es  el encargado de velar por la  aplicación de esta ley.   

Por ejemplo, por su parte, el Tribunal Europeo  de  Derechos  Humanos  ha  señalado, en decisiones relacionadas con libertad de  expresión,  que  existen  hechos  históricos  incontrovertibles  o  claramente  establecidos,  como el holocausto judío, que no pueden ser negados invocando la  libertad  de  opinión,  porque  ello  implicaría  una violación al sistema de  protección  de derechos humanos del Convenio Europeo219.   

39- La revisión de los anteriores modelos del  derecho  comparado,  permite  a esta Corporación presentar una caracterización  aproximativa   sobre  los  requisitos  que  debe  reunir  un  determinado  hecho  histórico para que deba ser reparado integralmente:   

(i)  debe tratarse  de  un  hecho que acarree una injusticia verificable. La expresión ‘injusticia’  no debe ser entendida como un simple  término  valorativo,  sino  que  se manifiesta en que el hecho histórico pueda  ser   objeto   de   reparos   a   la   luz   marcos  normativos  específicos  y  exigibles;   

(ii) las víctimas  de  esta  injusticia  histórica  deben  estar  determinadas  o  al  menos,  ser  determinables;   

(iii) las víctimas  deben   seguir   padeciendo,   directa  o  indirectamente,  los  efectos  de  la  injusticia;   

(iv)  además  se  requiere  que  exista  un  nexo  causal  entre  la  injusticia  histórica  y la  situación actual de las víctimas;   

(v) por último, es  necesario  que no se hubieran ejecutado medidas de reparación integral respecto  de estos injustos históricos.   

40-  (b)  ¿Puede  considerarse  entonces,  a  partir  de  estos  parámetros  que  la  esclavitud  en  Colombia  y la falta de  reparación  de  sus  víctimas  constituyen  una  injusticia  histórica?  Para  responder  este  interrogante  se  examinarán  las percepciones internacionales  respecto   de   la   esclavitud   y   se   examinará   el  caso  particular  de  Colombia.   

41- En el Derecho Internacional la esclavitud  es  considerada  como un crimen de lesa humanidad. Como tal fue consagrado en el  artículo  7  del  Estatuto  de Roma de la Corte Penal Internacional220,   por  considerarse  que  esta  conducta  viola  de manera directa la dignidad humana y  afecta  los  derechos  fundamentales  de  cualquier  población  sometida a esta  práctica.   

42-   Por   otra   parte,   existen   otras  manifestaciones  internacionales  que  permiten  ver  cómo  se  ha condenado la  ocurrencia  histórica  de  la  esclavitud.  Así lo demuestra la Conferencia de  Durban  (Sudáfrica),  celebrada  en el año 2001, en el marco de la Conferencia  Mundial  contra  el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas de  intolerancia.  En  este  evento se reconoció que el racismo, la discriminación  racial,  la  xenofobia  y  las  formas  conexas  de intolerancia, son amenazas y  agresiones  frontales  contra  la  libertad  y  la  dignidad  del ser humano. En  particular,    se    firmó    una    Declaración221  en  la  que  se  hizo  un  reconocimiento  histórico,  en  relación  en el título sobre los orígenes de  estas prácticas:   

“13.  Reconocemos  que la esclavitud y la  trata  de  esclavos,  en  particular  la trata transatlántica, fueron tragedias  atroces  en  la  historia de la humanidad, no sólo por su aborrecible barbarie,  sino  también  por  su  magnitud,  su carácter organizado y, especialmente, su  negación  de  la  esencia  de  las  víctimas,  y  reconocemos  asimismo que la  esclavitud  y  la  trata  de esclavos, especialmente la trata transatlántica de  esclavos,  constituyen, y siempre deberían haber constituido, un crimen de lesa  humanidad  y  son  una  de las principales fuentes y manifestaciones de racismo,  discriminación  racial,  xenofobia  y formas conexas de intolerancia, y que los  africanos   y  afrodescendientes,  los  asiáticos  y  las  personas  de  origen  asiático  y  los pueblos indígenas fueron víctimas de esos actos y continúan  siéndolo      de      sus      consecuencias”222.   

Este    reconocimiento    fue   reiterado  recientemente  en  el  Estudio  de  los  progresos  hechos  y  evaluación de la  aplicación  de  la  Declaración  y  Programa  de  Acción  de  Durban,  en  la  Conferencia de Revisión de 2009 donde se dijo:   

“   [Se]  Recuerda  que la esclavitud y la trata de esclavos, en  particular  la  trata transatlántica de esclavos, el apartheid, el colonialismo  y   el  genocidio,  jamás  deben  olvidarse  y,  a  este  respecto,  acoge  con  beneplácito   las   medidas   adoptadas   para   honrar   la   memoria  de  las  víctimas”223.   

43-  En  la  misma  dirección,  la UNESCO, a  partir  del  presupuesto  según el cual la  ignorancia o la ocultación de  acontecimientos  históricos  importantes  constituyen  un  obstáculo  para  el  entendimiento  mutuo, la reconciliación y la cooperación entre los pueblos, ha  articulado  un  mega  proyecto  internacional en relación con el tema objeto de  análisis.  Se trata de la Ruta del esclavo  con  el  cual  se  pretende  ubicar,  en la historia universal, la  esclavitud  y la trata trasatlántica, dada su triple singularidad: “su  duración:  casi  cuatro  siglos  ;  la  especificidad de sus  víctimas:  el  niño,  la mujer, el hombre negros africanos, y su legitimación  intelectual:  la denigración cultural de África y del Negro y la construcción  de  la  ideología  del  racismo  contra el Negro”224.        Este  proyecto  apareció  en  1994  en  Ouidah  (Benin),y desde sus  orígenes    ha    buscado    tres    objetivos    específicos:    “contribuir  a  una mejor comprensión de sus causas y modalidades  de  funcionamiento,  así  como  de  las  problemáticas  y  consecuencias de la  esclavitud  en  el  mundo  (África, Europa, Américas, Caribe, Océano Índico,  Oriente   Medio   y  Asia);  evidenciar  las  transformaciones  globales  y  las  interacciones  culturales  derivadas de esa historia; y contribuir a una cultura  de  paz  propiciando  la  reflexión  sobre  el pluralismo cultural, el diálogo  intercultural     y     la     construcción    de    nuevas    identidades    y  ciudadanías”225.   

44- (c) En el caso particular de Colombia, es  ampliamente  conocido  que  la  población  afrocolombiana  fue  esclavizada  en  Colombia  hasta el año 1851, cuando la ley hoy revisada por esta Corte, abolió  la  institución  de la esclavitud. La llegada de los primeros afrodescendientes  al  territorio  colombiano  “data  del arribo de los  primeros  conquistadores  y  colonos  europeos al “nuevo mundo”.  La Corona  española  habilitó  la  trata  de  esclavos  hacia principios del siglo XVI.   Entre  1533  y  1810  ingresaron  al  Virreinato  de Nueva Granada a través del  puerto  de Cartagena de Indias decenas de miles de africanos provenientes de las  zonas  de  Alta Guinea, Baja Guinea y Angola quienes fueron empleados en labores  de  agricultura  y  minería,  además  de quehaceres domésticos”226.   

45- No obstante haberse abolido la esclavitud,  esta  institución causó una serie de efectos negativos para la población afro  colombiana  que  aún  hoy, como se verá a continuación, se hacen evidentes en  la  sociedad  colombiana  y  se  encuentran  pendientes  de reconocimiento y, en  consecuencia, de reparación.   

46-  El  daño causado a los esclavos y a sus  descendientes  se  puede evidenciar en diferentes manifestaciones y dimensiones.  De  acuerdo a lo dicho por los propios miembros académicos de estas comunidades  afro  colombianas,  existen  tres  razones por las que deben ser históricamente  reparados.   Miremos   en   detalle,   lo   explicado   por   Claudia   Mosquera  Rosero-Labbé227:   

“Al lado de Libia  Grueso,  Leyla  Andrea  Arroyo  Muñoz,  Julia  Cogollo,  Zulia Mena, Betty Ruth  Lozano,  Teresa  Cassiani,  Dorina Hernández, Isabel Mena, Doris García y Rosa  Carlina  García,  por  nombrar  sólo  a  algunas, yo hago parte de un grupo de  intelectuales   activistas   que   sostenemos   que  los  descendientes  de  los  esclavizados  traídos  en  el  marco  de  la trata negrera transatlántica a la  Nueva  Granada  son  un grupo subalternizado al cual el Estado colombiano actual  debe reparar por tres razones.   

“Primero,  por  los  grandes  beneficios  económicos  que  obtuvo  la  economía colonial de esta institución económica  durante  tres  siglos:  el  oro,  las grandes haciendas azucareras, los extensos  hatos,  las  artesanías  del  Caribe  y de buena parte del occidente colombiano  fueron  obra  del  trabajo  esclavizado,  al  menos durante el siglo XVIII   (…)   

“La  segunda razón por la cual el Estado  colombiano   debe   reparar   al   grupo   subalternizado  que  constituyen  los  descendientes  de  los  esclavizados  traídos  en  el marco de la trata negrera  transatlántica  a la Nueva Granada tiene que ver con la forma como dicho Estado  racializó228también       la       geografía       nacional       [referencias    no    trascritas]   para  justificar  la exclusión territorial de vastas áreas del proyecto republicano.  Para   el   caso   del   Pacífico,   ‘según  los  geógrafos decimonónicos, determinadas clasificaciones  raciales  se  correspondían  con  unas  formas  de  vida social y unos espacios  geográficos  diferenciados  de  poblamiento,  que  configuraron  una  suerte de  topografía      racial      en     esta     parte     del     país’(…)   

“La  última  razón tiene que ver con la  forma  como  el  Estado  colombiano  salvaguarda una memoria nacional neutra sin  pensar  que  ésta  nunca puede ser única, que la memoria nacional ‘debería   estar   compuesta  de  una  multiplicidad   de   tramas   e  hilos  narrativos,  a  menudo  heterogéneos  y  contradictorios,  que  remitan  a una diversidad de interpretaciones del devenir  histórico’ [referencia no  trascrita].   Con  la  salvaguarda  de  esta  memoria  nacional  neutra  se  han promovido el olvido y el silencio ante la institución  colonial de la esclavitud”   

47-  Para  quienes  suscribimos  el  presente  salvamento  de  voto,  estos  argumentos estructuran con claridad suficiente los  motivos  por  los  cuales  se  justifica,  a la luz de la Constitución de 1991,  realizar  una  reparación  en  razón del crimen de la esclavitud a favor de la  población  afrodescendiente.  Pero  existe  un tema que no se puede desconocer:  ¿por  qué  ellos  deben  ser  los  primeros  destinatarios de estas medidas de  reparación histórica?   

48-  Las  formas  de  discriminación social,  económica,  simbólica que sufren los negros, afrocolombianos y raizales tienen  un   referente   directo  identificable  a  partir  de  la  institución  de  la  esclavitud.  Esta  situación  ha  hecho  que  el racismo, característico de la  economía  esclavista  del siglo XVI, perdure en el tiempo y se proyecte hoy, de  manera  persistente,  bajo  nuevas  formas  de  discriminación  en contra de la  población              afrodescendiente229.   

49- Ahora, lo anterior no desconoce que en el  ordenamiento  jurídico  colombiano  se han contemplado medidas para promover la  equidad   de  la  población  negra  o  afrocolombianas,  ni  tampoco  que  esta  población   ha   alcanzado   logros   significativos   haciendo  uso  de  estas  normatividades  y de especial capacidad de resistencia y lucha por sus derechos.   

En  primer  lugar,  como  se  explica  en  el  documento            Conpes            3310230,    la    Constitución  Política  de  1991, en su artículo transitorio 55 generó las condiciones para  la    expedición    de   la   Ley   70   de   1993231  que establece, además de  medidas  que  buscan  restablecer  la  igualdad  y  dar  pasos  encaminados a la  restitución  del  territorio  ancestral  de  las comunidades afrodescendientes,  mecanismos  de  protección  de  la  identidad  cultural,  de  los  derechos  de  comunidades  étnicas  y  de  fomento  para  su  desarrollo económico y social.   

También se han promulgado numerosos decretos  reglamentarios  y  elaborado directivas presidenciales y documentos de política  orientados  a  favorecer  a  la  población  negra  o afrocolombiana232 que buscan  articular   la   participación   de   estas  comunidades  en  los  espacios  de  planificación,  discusión  y  decisión  de  las políticas del país y en los  procedimientos  de  reglamentación  para  el  reconocimiento  de  la  propiedad  colectiva.   Aunque   institucionalmente,   también   se   ha   reconocido  que  “se  carece  de una política orientada al grueso de  la  población  negra  o afrocolombiana dispersa en campos y ciudades de nuestra  geografía  que  se  encuentra  en  condiciones  de  marginalidad,  exclusión e  inequidad  socioeconómica.  Por  lo  [que]  se  hace  necesario  avanzar  en acciones afirmativas orientadas a  crear  mecanismos  para  el  mejoramiento de sus condiciones de vida233”.   

50-  En  este  mismo  sentido,  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  en las Observaciones Preliminares tras la  visita  del  relator  sobre  los  derechos  de los afrodescendientes y contra la  discriminación racial al país, señaló:   

“La población  afrodescendiente   en   Colombia  se  encuentra  marcada  por  una  historia  de  invisibilidad,  exclusión  y  desventajas sociales y económicas que afectan el  goce  de  sus  derechos fundamentales.  La población afrocolombiana constituye  el  segmento  mayoritario  de  las  clases  más  pobres  del país, muestra los  indicadores  socioeconómicos más bajos, con menor acceso a servicios básicos,  como   la   educación   y  salud,  y  menor  acceso  a  empleos  redituables  y  participación en la vida pública   

(…)  A pesar de la vigencia de normas que  prohíben  la  discriminación  racial y del reconocimiento legal del derecho de  las  comunidades  afrodescendientes  que  habitan  en  la  costa  Pacífica a la  titulación  colectiva  de  la  tierra,  persisten  en  Colombia situaciones que  reflejan  la subsistencia de un cuadro de discriminación estructural que afecta  a           los           afrocolombianas”234   

51-  De  hecho,  la  jurisprudencia  de  este  tribunal   no   ha   sido  indiferente  a  las  problemáticas  producto  de  la  discriminación  padecida  por  este  grupo  poblacional,  perpetuadas desde los  tiempos  de  la  esclavitud.  Así,  en  el  Auto 005 de 2009, esta Corporación  recogió   las   principales   reglas  jurisprudenciales  en  relación  con  la  protección  reforzada  de las comunidades afro colombianas y de sus miembros en  los siguientes términos:   

“1. La Corte Constitucional en diversas  decisiones  ha  garantizado los derechos de los afrocolombianos. Por un lado, ha  insistido  en  que  en  virtud  del  derecho  a la igualdad y el principio de no  discriminación,  las  diferenciaciones  fundadas  en  la identidad étnica o el  origen  racial,  que  generan  una  exclusión  o  restricción  en  el acceso a  beneficios   o   servicios   a  las  personas  que  las  ostentan,  se  presumen  inconstitucionales235.  Por   otro   lado,  ha  insistido  en  que  dada  la  situación  de  histórica  marginalidad  y segregación que han afrontado los afrocolombianos, éstos deben  gozar  de  una  especial protección por parte del Estado, de conformidad con lo  dispuesto    en    el    artículo   13   superior.236   

“2.  Así  mismo, la jurisprudencia de la  Corte  ha  reconocido en diversas oportunidades el carácter de grupo étnico de  las   comunidades   afrocolombianas   y  ha  resaltado  la  importancia  de  tal  reconocimiento  para  asegurar  su “adecuada inserción en la vida política y  económica           del           país”237  Ha precisado la Corte que  la  definición  de  los miembros de las comunidades afrodescendientes, no puede  fundarse    exclusivamente    en    criterios   tales   como   el   ‘color’  de  la  piel, o la ubicación de los  miembros  en  un  lugar  específico  del territorio, sino en “(i) un elemento  ‘objetivo’,  a  saber,  la  existencia de rasgos  culturales   y  sociales  compartidos  por  los  miembros  del  grupo,  que  les  diferencien  de  los  demás  sectores sociales, y (ii) un elemento “subjetivo”,  esto  es,  la  existencia  de  una identidad grupal que lleve a los individuos a  asumirse   como   miembros   de  la  colectividad  en  cuestión.”238   

“3.  En  tanto  grupo  étnico,  en  la  jurisprudencia   constitucional   se   ha   insistido  en  que  las  comunidades  afrocolombianas  son  titulares  de derechos constitucionales fundamentales a la  propiedad  colectiva  de  sus  territorios  ancestrales, al uso, conservación y  administración  de  sus  recursos naturales, y a la realización de la consulta  previa     en     caso    de    medidas    que    les    afecten    directa    y  específicamente.239  En  este sentido la Corte  ha   adoptado   importantes   decisiones   para  garantizar  a  las  comunidades  afrodescendientes  sus  derechos  constitucionales.  Así,  entre  otras,  en la  sentencia         C-461         de        2008240     condicionó     la  exequibilidad  de  la  Ley  1151  de  2007,  por la cual  se expide el Plan  Nacional  de  Desarrollo  2006-2010,  al  “entendido  de que se suspenderá la  ejecución  de  cada uno de los proyectos, programas o presupuestos plurianuales  incluidos  en  la  misma  que  tengan  la  potencialidad  de  incidir  directa y  específicamente    sobre    pueblos    indígenas    o   comunidades   étnicas  afrodescendientes,  hasta  tanto  se  realice  en  forma  integral y completa la  consulta  previa  especifica  exigida  por  el  bloque de constitucionalidad, de  conformidad   con   las   pautas   trazadas  para  ello  por  la  jurisprudencia  constitucional.   En  la  sentencia  C-030  de  2008241  este  Tribunal  declaró  inconstitucional   la  Ley  102  de  2006  “Por  la  cual  se  expide  la  ley  forestal”,  porque  en  la  discusión  y aprobación de la misma no se había  consultado  previamente  a  las  comunidades  indígenas  y afrodescendientes, a  pesar    de    que    sus   disposiciones   afectaban   directamente   a   estas  comunidades.242   En   la   sentencia   T-955  de  2003243   la  Corte  tuteló  los  derechos    fundamentales    a   la   diversidad   e   integridad   étnica  y  cultural, a la propiedad colectiva, a la participación  y  a  la  subsistencia  de las comunidades afrocolombianas de la Cuenca del Río  Cacarica,   amenazados   por  la  indiscriminada  explotación  forestal  en  el  territorio  colectivo de los accionantes. Por su parte, en la sentencia T-574 de  1996244,  la  Corte  concedió  la  tutela a los miembros de una comunidad  afrocolombiana,  dedicada  al  oficio  de  la  pesca, frente a la contaminación  generada  por vertimientos de petróleo en el mar. En dicha providencia la Corte  insistió  en  que la explotación de los recursos naturales no puede hacerse en  desmedro  de la integridad cultural, social y económica de las comunidades afro  e indígenas.”   

52- Sin embargo, a pesar de las consagraciones  normativas,  los  avances  jurisprudenciales  y  las  luchas  adelantadas por la  población  afro colombiana de este país, lo cierto es que hasta ahora, como se  ha     constatado     en     esta     providencia245,   la  cultura  política  nacional  no  ha  decantado la necesidad de partir del reconocimiento del crimen  de  esclavitud en perjuicio, principalmente, de la población afro descendiente,  como    referente    válido    para    exigir    políticas    de   reparación  histórica.   

c.  Sobre  las  medidas de reparación que se  deben adoptar en el caso concreto   

53-  El reconocimiento de la ocurrencia de la  esclavitud  en  Colombia,  como  una  conducta  susceptible  de  reproche  en la  conciencia  histórica  de  la Nación, es un primer paso en la tarea de reparar  los  daños  cometidos con la implementación de esta práctica. En ese sentido,  esta  sentencia  de  la  Corte  Constitucional  hubiera  constituido  un  primer  componente  reparatorio  respecto  de  la  existencia de este crimen246.   

54-   No   obstante,   dadas   las   graves  circunstancias  de  la  conducta  reprochada,  la intensidad de los sufrimientos  causados  a  las  víctimas y las demás consecuencias de orden no material o no  pecuniario  que  sufrieron,  se  debió  haber  estimado  pertinente  ordenar al  Congreso  que,  en  un  plazo  razonable,  expidiera  una  ley que definiera una  política  de  reparación  colectiva a la población afrodescendiente debido al  crimen  de  esclavitud  que  sufrieron  sus  antepasados  y  cuyas consecuencias  persisten   en   la   discriminación   que  vive  actualmente  esa  población.   

55- En términos generales, esta política de  reparación   debería   satisfacer,  además  de  los  estándares  de  derecho  internacional  recogidos  y  desarrollados  por la jurisprudencia constitucional  mencionados  en  esta  sentencia (Supra 32 y  ss),  algunos  elementos  particulares,  que  surgen de las características propias del crimen  en  la  historia  del  país.  En esta medida, debió haber incluido(i)  un reforzamiento en el reconocimiento  institucional  de  la  ocurrencia  del  crimen  de  esclavitud  y de la falta de  reparación  a favor de sus víctimas; (ii)adicionalmente,   un   componente   de   reconstrucción  histórica  institucional  de  los  hechos  de  la  esclavitud,  los  daños  causados y sus  consecuencias  derivadas  hasta  la  actualidad. Esta reconstrucción histórica  institucional,  debió  haber contado con difusión suficiente, de tal forma que  le  hubiera  permitido  a  toda  la población colombiana volver la mirada sobre  este     crimen     histórico;    (iii)debió  incluir  medidas  tendientes  a  eliminar  las desigualdades  producto  de  la  ausencia  de  restablecimiento del territorio ancestral de las  comunidades  afrocolombianas, en el marco del fortalecimiento de los mandatos de  la  Ley  70 de 1993; (iv)en el  diseño  de  esta política, de acuerdo a lo dispuesto por el Convenio 169 de la  OIT,  el  Congreso debería haber consultado previamente a las poblaciones   afrodescendientes  pues, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación, la  preservación  de la identidad diferenciada del pueblo afrocolombiano -principal  acreedor  de  la  reparación  por  los daños causados por la esclavitud-, y la  eficacia  del  mandato superior de reconocimiento y protección de la diversidad  étnica,  se logra, entre otros, a través de la consulta previa que, en el caso  de  las  medidas legislativas, se predica de las leyes que tengan la posibilidad  de     afectar     directamente     los    intereses    de    las    comunidades  afrodescendientes247.   

56-  Ahora  bien, con esta orden, que además  estaría  dada  en  términos  generales,  la  Corte  no estaría desbordando su  competencia  o  invadiendo  la  órbita  de  actuación  del  Congreso.  Por  el  contrario,  debido  al  profundo  respeto  por  la estructura del Estado, por la  división  de  poderes  y  la  colaboración  armónica  entre  estos,  y por la  libertad  de  configuración  política  del  Legislador,  como guardiana de los  postulados  constitucionales, se habría diseñado este remedio judicial, con el  fin  de  que  fuere  posible  brindar  una reparación colectiva a la población  afrodescendiente,  cuyo resultado final proveniere de las deliberaciones propias  del   legislador   como  autoridad  representativa  de  la  Nación.248.   

Adicionalmente,  este  tipo  de  ordenes  o  exhortos,  no  suponen  en  manera  alguna,  una innovación doctrinaria de esta  Corporación      o     de     esta     sentencia249sino   que  este  tipo  de  medidas               “surge[n]  de  las tensiones valorativas propias  del  texto  constitucional,  en  particular  de  aquella  que  existe  entre  la  supremacía  normativa  de  la  Constitución  y  el  principio  de  libertad de  configuración  del  Legislador.  Esto explica que la mayoría de los tribunales  constitucionales  establezcan  formas  similares  de  exhortos  con  el  fin  de  armonizar  tales  principios  y  tomar  en  cuenta  los  efectos sociales de las  decisiones   constitucionales.  Así,  el  Tribunal  Constitucional  alemán  ha  adoptado   estos   exhortos   bajo   la  forma  de  “resoluciones  de  aviso”  o  “admonitorias”   .  En  el mismo sentido ha actuado, en determinados casos, el  Tribunal       Constitucional       Español”250.   

III. Consideraciones finales  

58.- Por último, quisiéramos agregar a los  planteamientos  formulados  en  el  presente  documento  dos breves anotaciones:   

59.- La mayoría de la Sala Plena consideró  que  la  norma  demandada  no  se encuentra vigente en la medida en que no está  produciendo   efectos   y   además  su  mandato  se  ha  reproducido  en  otras  disposiciones  normativas  posteriores,  incluso  con  rango constitucional. Sin  embargo,   la   pregunta  que  surge  –y  que  finalmente  no  es  respondida  con claridad en la versión  final  de  la  sentencia-   es  la  siguiente:  ¿cuándo  específicamente  perdió  la  Ley  del 21 de mayo de 1851 su vigencia? A efectos de justificar la  validez  argumentativa  del   pronunciamiento  inhibitorio, solucionar este  aspecto era neurálgico.   

60.-  En  segundo  lugar,  respetuosamente,  estimamos  que  la  Corte  Constitucional  ha  desperdiciado  en  este  caso una  oportunidad  histórica  para  reconocer,  a  la  luz de nuestra Carta Política  vigente,  la  ocurrencia  del  crimen  de  la  esclavitud  y  sus  consecuencias  principalmente  entre  la población afrodescendiente. Al haberse pronunciado de  fondo  sobre  el asunto, hubiera contribuido institucionalmente, a partir de los  estándares  normativos superiores, a visibilizar las consecuencias históricas,  en  términos  de  exclusión  y  desigualdad, de la trata esclava. Así, con la  decisión  adoptada, se perdió un espacio para reducir la asimetría que existe  entre  la relativamente poca atención que la justicia constitucional colombiana  le  ha  prestado a las reivindicaciones afrodescendientes, respecto de otras que  sí    han    merecido   prolijos   y   elaborados    análisis   de   esta  Corporación.   

Fecha    ut  supra.   

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ  

Magistrado  

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA  

Magistrado  

    

1  Magistrado   Juan   Carlos   Henao  Pérez,  quien  sustanció  inicialmente  el  proceso.   

2  Mediante  Auto  de  mayo  18  de  2009,  el  Magistrado Juan Carlos Henao Pérez  inadmitió  la  demanda de la referencia por considerar que la demanda no había  presentado        razones        ‘claras’  y  ‘suficientes’  que  sustentaran  su  solicitud  de  inexequibilidad. (Expediente, folios 10-13).   

3 Corte  Constitucional,  sentencia  C-110  de  2006  (MP  Rodrigo Escobar Gil); en tales  términos  sintetizó  la Sala Plena la jurisprudencia sobre la materia; en este  caso  se  inhibió  para pronunciarse sobre el artículo 1°, parcial, de la ley  4ª de 1976, por no estar vigente y no producir efectos.   

4 Corte  Constitucional,  Auto  007 de 1992 (MP Jaime Sanín Greiffenstein); en este caso  se  resolvió  rechazar  una  demanda  en  contra  de  normas  con  fuerza legal  (artículos  1,  13  y  25  del Decreto 2687 de 1988) por considerar que habían  perdido vigencia.   

5 Corte  Constitucional,   Auto  007  de  1992  (MP  Jaime  Sanín  Greiffenstein).  Esta  posición  ha sido reiterada, entre otros casos, en las sentencias C-055 de 1996  (MP  Alejandro  Martínez  Caballero), C-329 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil; SV  Manuel   José   Cepeda   Espinosa,   Clara  Inés  Vargas  Hernández,  Eduardo  Montealegre Lynett), C-338 de 2002 (MP Álvaro Tafur Galvis).   

6 Corte  Constitucional,  sentencia C-397 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo);  en  este  caso  la  Corte  resolvió pronunciarse sobre la constitucionalidad de  normas  con  fuerza  de  ley  que  pese  a estar derogadas, seguían produciendo  efectos  jurídicos.  Dijo  la  Corte:  “Tal  es la  hipótesis  específica  en  que se halla el artículo ahora enjuiciado, pues en  él  se  consagraban  las funciones de la Sala General de la Superintendencia de  Valores,  muchas  de  las  cuales  fueron  en  su momento ejercidas a través de  resoluciones,  unas  de  carácter  general,  otras  con  efectos individuales y  concretos,  cuyas  consecuencias  todavía  se  siguen  produciendo  en procesos  administrativos,      investigativos      e      indagaciones      en      casos  particulares.” En este caso se estudió una demanda  contra  varias  normas de la Ley 32 de 1979 y de los Decretos 831 de 1980 y 0653  de 1993.   

7 En la  sentencia  C-110 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), por ejemplo, se reiteró esta  posición  en  los  siguientes términos: “la simple  derogatoria   formal  de  una  ley  (…)  no conduce necesariamente a su inexistencia, pues es posible que,  desde  el  punto  de  vista  material,  dicha  ley  siga produciendo efectos con  posterioridad   a   su   desaparición,   es   decir,  continúe  proyectándose  ultractivamente  respecto  de  hechos acaecidos durante su vigencia. Cuando esta  situación     tiene    ocurrencia,    debe    adelantarse    el    juicio    de  inconstitucionalidad   [a   fin   de]   evitar    que    normas    pretéritas   ya   no   vigentes,   pero  inconstitucionales,    proyecten   sus   consecuencias   jurídicas   hacia   el  futuro”.   

8 Corte  Constitucional,  sentencia  C-329  de  2001  (MP  Rodrigo Escobar Gil; SV Manuel  José  Cepeda  Espinosa,  Clara  Inés  Vargas  Hernández,  Eduardo Montealegre  Lynett);  en este caso se inhibió de pronunciarse de fondo sobre la demanda que  había  sido  presentada,  por considerar que se trataba de normas derogadas que  ya  no  producían  efecto  [el artículo 24 de la Ley 3ª de 1986 (normas sobre  administración  departamental  y  se dictan otras disposiciones) y el artículo  50 del Decreto 1222 de 1986 (Código de Régimen Departamental)].   

9 Esta  posición  fue fijada en la sentencia C-634 de 1996 (MP Fabio Morón Díaz) y ha  sido  reiterada  en  varias  ocasiones,  entre ellas, en las sentencias C-329 de  2001  (MP  Rodrigo  Escobar  Gil;  SV  Manuel José Cepeda Espinosa, Clara Inés  Vargas  Hernández,  Eduardo  Montealegre Lynett), C-895 de 2001 (MP Clara Inés  Vargas  Hernández),  C-836  de  2002  (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), C-823 de  2006  (MP  Jaime  Córdoba  Triviño),  C-397  de  2007  (MP Manuel José Cepeda  Espinosa) y C-640 de 2009 (MP Luís Ernesto Vargas Silva).   

Corte  Constitucional,  Sentencias  C-634 de  1996,  C-443  de  1997,  C-896 de 2001, C-1190 de 2001, C-1289 de 2001, C-419 de  2002,  C-1006  de  2003, C-159 de 2004, C-857 de 2005, C-823 de 2006, y C-215 de  2007, A 089 de 2008.   

10  Corte  Constitucional,  sentencia  C-055  de  1996 (MP Carlos Gaviria Díaz); en  este  caso se resolvió declarar exequible el artículo 18 de la Ley 48 de 1990,  en  el  cual se estableció la vigencia de la misma y que normas se derogaba con  su expedición.   

11  Corte   Constitucional,   sentencia   C-145  de  1994  (MP  Alejandro  Martínez  Caballero;  SPV  Jorge  Arango  Mejía,  Carlos  Gaviria  Díaz,  José Gregorio  Hernández  Galindo,  Vladimiro Naranjo Mesa;  SV Eduardo Cifuentes Muñoz,  Hernando  Herrera  Vergara) En este caso resolvió, entre otras cosas, inhibirse  de  conocer  una  norma [inciso segundo del artículo 4° de la Ley 84 de 1993],  por  cuanto  su  contenido  se  había  agotado  plenamente.  La  norma  decía:  ‘Habrá   un  período  general  de  zonificación  municipal  de  (2) meses comprendidos entre el 13 de  noviembre    de    1993    y    el    13    de    enero    de   1994.’   La  demanda  fue  decidida  el  23  de marzo. Los salvamentos de voto versaron sobre  otras cuestiones diferentes a la citada.   

12  Corte  Constitucional,  sentencia  C-350  de  1994 (MP José Gregorio Hernández  Galindo;  SPV  José  Gregorio  Hernández  Galindo,  Hernando  Herrera Vergara,  Vladimiro   Naranjo   Mesa);   coincidiendo  con  la  posición  jurisprudencial  establecida  en  la  sentencia  C-145  de 1994, la Corte resolvió en este caso,  entre   otras   cosas,   declararse   inhibida   para   resolver   de  fondo  la  constitucionalidad  de  varias normas de las Leyes 33 de 1927 y 1ª de 1952. Las  divergencias  del salvamento parcial de voto versaron sobre cuestiones de fondo,  y no en relación a la regla jurisprudencial que se cita.   

13  Corte  Constitucional,  sentencia  C-329  de  2001  (MP  Rodrigo Escobar Gil; SV  Manuel   José   Cepeda   Espinosa,   Clara  Inés  Vargas  Hernández,  Eduardo  Montealegre  Lynett); en este caso, los salvamentos coincidieron en que la regla  jurisprudencial  aplicada  por  la  mayoría  de  la  Sala  era la indicada para  solucionar  el  caso, pero discreparon de la decisión final, por considerar que  las  normas  sí  seguían  produciendo  efectos jurídicos y que, por tanto, la  Corte   sí   era   competente   para   conocer   de  fondo  los  cargos  de  la  demanda.   

14  Corte  Constitucional,  sentencia C-634 de 1996 (MP Fabio Morón Díaz); en este  caso  la  Corte se inhibió de conocer una demanda contra el numeral segundo del  artículo 3° del Decreto 2273 de 1989.   

15 De  forma  similar decidió la Corte en la sentencia C-338 de 2002 (MP Álvaro Tafur  Galvis),  a  propósito  de  una demanda contra el artículo 34 de la Ley 633 de  2000,  que había sido derogado por la Ley 716 de 2001, y que ya no producía ni  podría  producir efectos. Al respecto ver también las sentencias C-626 de 2003  (MP  Eduardo  Montealegre  Lynett);  C-170  de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil, SPV  Jaime  Araujo  Rentería); C-110 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil); C-397 de 2007  (MP   Manuel   José   Cepeda   Espinosa);  C-522  de  2007  (MP  Álvaro  Tafur  Galvis).   

17 Es  preciso   señalar   que   aunque   la  acción  de  tutela  no  “ha  sido  concebida para que la Corte haga un juicio de vigencia ni  un  estudio  de  los  efectos  derogatorios  de las normas jurídicas. Cuando la  Corte  ha  entrado  a  definir  si la norma demandada está vigente, lo ha hecho  para  determinar  la materia legal sujeta a su control. El análisis de vigencia  de  la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para determinar el objeto de  control”.    Así    lo   consideró   la   Corte  Constitucional  en la sentencia C-898 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa);  caso  en  que  se inhibió de pronunciarse sobre una demanda en contra de varios  artículos  del  Decreto 1355 de 1970, ‘por    el   cual   se   dictan   normas   de   policía’.  Esta  posición ha sido reiterada,  entre  otras, en las sentencias C-992 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto;  SV  Jaime  Araujo Rentería), C-1026 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),  C-823  de  2006  (MP  Jaime Córdoba Triviño, SV Rodrigo Escobar Gil), C-338 de  2007  (MP Nilson Pinilla Pinilla, SV Jaime Araujo Rentería) y C-640 de 2009 (MP  Luís Ernesto Vargas Silva).   

18 El  PIDCP   (1966)   fue  incorporado  al  orden  interno  mediante  la  Ley  74  de  1968.   

19 El  Pacto  de  San  José (1969) fue incorporado al orden interno mediante la ley 16  de 1972.   

20 En  esta  dirección,  el  concepto  del  Procurador  General  de  la  Nación y las  intervenciones  del  Ministerio  de  Cultura,  del  Interior  y  de Justicia, la  Academia  Colombiana  de Jurisprudencia; de las universidades ICESI, Santiago de  Cali, del Cauca y del ciudadano Jack Smith May.   

21 Ver  la intervención de DeJusticia.   

22 La  Sala  Plena de la Corte ha considerado contextualizar históricamente las normas  analizadas  en  varias  ocasiones,  entre ellas ver, por ejemplo, las sentencias  C-507  de  2004  (MP  Manuel  José Cepeda Espinosa; SV Jaime Araujo Rentería),  C-075  de  2007  (MP  Rodrigo  Escobar  Gil;  AV  Jaime Córdoba Triviño, Marco  Gerardo  Monroy  Cabra,  Rodrigo  Escobar Gil y Nilson Pinilla Pinilla; SV Jaime  Araujo Rentería), o C-544 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).   

23  Corte  Constitucional, sentencia C-931 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa;  SV  Juan  Carlos  Henao  Pérez  y Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria  Calle  Correa).  En  este  caso se decidió reiterar que la Corte ha de “[…]  inhibirse  para  conocer  una  demanda  de inconstitucionalidad por ‘sustracción  de  materia’      o      por     ‘carencia    de   objeto’,  cuando  haya  constatado que no se  encuentra    vigente   y   no   se   ‘proyectan  sus consecuencias jurídicas hacia el futuro’ […]”.   

24 La  bibliografía  básica  consultada por la Corte Constitucional que sustenta esta  aclaración   es   la   siguiente:    Camacho   Roldán,  Salvador  (1925).  Memorias. Editorial Bedout.  Medellín,    1974.     Conde   Calderón,   Jorge   (2009).   Buscando  la  nación.  Ciudadanía,  clase y tensión social en el  Caribe  colombiano, 1821 –  1855.  Editorial,  la  Carreta Histórica. Medellín,  2009.   Curtin,  Philip  De  Armind  (1969).  The  Atlantic  salve  trade.  A  census. The University of  Winsconsin  Press.  1969.   Díaz Díaz, Rafael Antonio (2001) Esclavitud,    Región    y    ciudad.    El   sistema   esclavista  urbano-regional  en  Santafé  de  Bogotá. Pontificia  Universidad  Javeriana.  Bogotá,  2001.   De  Friedemann,  Nina  S.  &  Patiño  Roselli,  Carlos (1983). Lengua y sociedad en  el  palenque de San Basilio. Bogotá, Instituto Caro y  Cuervo.  Bogotá,  1983.   Escalante  Polo,  Aquiles  (1954).  El  Palenque  de  San  Basilio. Instituto  Etnográfico  del  Atlántico.  Barranquilla,  1954.   Fals  Borda, Orlando  (1979):  La  historia  doble  de la Costa.  Universidad  Nacional  de  Colombia, Banco de la República y el  Áncora  Editores.  Bogotá,  2002.   Fanon,  Frantz  (1952).  Piel  negra, máscaras blancas. Editorial  Akal.  Madrid,  2009.   Gutiérrez  Azopardo, Idelfonso (1980) Historia     del     negro     en     Colombia     ¿sumisión    o  rebeldía?   Editorial   Nueva   América.  Bogotá,  1994   &  (2000).  La  población  negra  en  América.  Editorial  El  Búho. Bogotá, 2000.   Gutiérrez  Sanín, Francisco (1995). Curso y discurso  del   movimiento   plebeyo   1849/1854.  El  Áncora  editores.  Bogotá, 1995.  Hoyos Körbel, Pedro Felipe (2007). Bolívar  y  las  negritudes.  Momentos históricos de una minoría  étnica   en   la   Gran  Colombia.  Hoyos  editores.  Manizales,      2007.       Inikori,     Joseph     (2002)     Africans  and  the  industrial revolution. A study in international  trade  and  economic development. Cambridge University  Press.     UK,     2002.      Lamothe,     Louis    (1973).    Alejandró  Petión ayuda al Libertador Simón Bolívar.  Imprenta Márquez. Cali, 1973.  Llinás, Juan Pablo (1983).  José   Hilario   López.  Editorial  Intermedio.  Bogotá,  2007.   Mosquera Mosquera, Sergio Antonio  (2004).   La   gente   negra   en   la  legislación  colonial.  Editorial  Lealón. Medellín, 2004.   Navarrete  P.,  María  Cristina (2008) San Basilio de  Palenque:  memoria y tradición. Editorial Universidad  del   Valle.   Cali,   2008.    O’Leary,    Daniel    Florencio    (1879    –   1888).   Memorias.    Biblioteca   de   autores  colombianos.  Bogotá,  1952.  Tomo  IV, p.60.  Restrepo Piedrahita, Carlos  (1979).   Constituciones  de  la  Primera  República  Liberal.  Universidad Externado de Colombia. Bogotá,  1979.   5  Tms.   –  (1995).   Constituciones  Políticas  Nacionales  de  Colombia.  Universidad Externado de Colombia. Tercera  Edición.  Bogotá,  2004.   Splendiani,  Anna  María  (1997) Cincuenta  años  de  inquisición  en  el Tribunal de Cartagena de  Indias  1610-1660. Pontificia Universidad Javeriana y  el  Instituto  de  Cultura  Hispánica.  Bogotá,  1997.  Tisnés Jiménez,  Pbro.   Roberto  M.  (1980).  Don  Juan  del  Corral,  libertador   de   esclavos.   Banco  Popular.  Cali,  1980.   Tovar  Mora,  Jorge  Andrés  &  Tovar  Pinzón  Hermes (2009).  El  oscuro  camino  de  la  libertad. Los esclavos en  Colombia.   Universidad   de   Los  Andes.  Bogotá,  2009.   Trouillot, Michel-Rolph (1995). Silencing  the  past.  Beacon  Press.  USA,  1995.   UNESCO  (1981).  La  Trata  negrera  del  siglo  XV  al  XIX:  documentos  de  trabajo  e  informe de la Reunión de expertos organizada por la  UNESCO  en  Puerto  Príncipe,  Haití,  del  31  de  enero  al  4 de febrero de  1978.  Ediciones  del  Serbal. Barcelona, 1981.   Valencia  Villa, Carlos Eduardo (2003). Alma en boca y  huesos  en  costal.  Una  aproximación a los contrastes socio-económicos de la  esclavitud.  Santafé,  Mariquita  y Mompox 1610-1660.  Instituto  Colombiano  de  Antropología  e Historia, ICANH. Bogotá 2003.   Zapata  Olivella,  Manuel  (1989). Las claves mágicas  de  América.  Editorial  Plaza & Janes. Bogotá,  2005.  p.  59 y ss.  Zinn, Howard (1980): La otra  historia  de  los Estados Unidos. Editorial Siglo XXI.  México,     2006.      Zuleta,     Estanislao     (1977).     Conferencias  sobre  historia  económica  de  Colombia.  Hombre  Nuevo  Editores.  Medellín, 2008. Algunas otras fuentes  consultadas  son  citadas  a  lo  largo  de  la presente aclaración de voto; en  especial, ver la nota al pie número 158.   

25 La  esclavitud  es una institución que permitía tener propiedad sobre una persona,  pudiendo   venderla   y  comprarla.  Durante  muchos  siglos  se  justificó  en  múltiples  razones;  entre  otras,  las  siguientes: a cambio de la vida en los  prisioneros  de  guerra,  como castigo de ciertos delitos, como pago de deudas o  por  pertenencia  a  otra  nación con la que se estaba en conflicto. Durante la  edad  media  varias  normas la justificaron, en España, entre otras, la Partida  IV de las Siete Partidas de Alfonso X, El Sabio.   

26 Por  ejemplo,  durante  la  España  visigoda, el Concilio IV de Toledo, celebrado el  año  633, estableció en el canon LXVIII que un clérigo que no había aportado  bienes  a  la  Iglesia,  tenía  vedado  manumitir (liberar) esclavos. Decía el  canon:   “LXIX.   De   la   diferencia  entre  los  manumitidos  de  la Iglesia.  El obispo que desea  manumitir  a  un esclavo de la iglesia sin reservar el patrimonio eclesiástico,  deberá  ofrecer a los sacerdotes que suscriban por vía de permuta dos esclavos  del mismo mérito.”   

27 Las  ideas  falsas  en  las  que se fundó la esclavitud negra en América fueron las  siguientes:  que  el  negro  resistía el trópico americano mejor que el propio  nativo;  que  su  constitución  étnica  era  superior al del indígena; que le  aminoraba  la  carga  a  los  indígenas;  que la esclavitud católica era menos  gravosa  que  la  que  habían  vivido  en  África;  que los hispanos eran más  humanitarios   que   los  anglosajones.  Sobre  la  falsedad  de  estas  razones  ver:   Zapata Olivella, Manuel (1989). Las claves  mágicas de América. p. 59 y ss.   

28 El  gobernador  de  la Isla Española, Fray Nicolás de Ovando se quejaba ya en 1506  de  las  continuas fugas de los esclavos a las partes selváticas. El sociólogo  y  antropólogo francés Roger Bastide, constató numerosas revueltas: En Haití  en  1522, 1679 y 1691; en Santo Domingo en 1523, 1537 y 1549 y en Puerto Rico en  1822,   1826,   1843   y   1848.   [ver   Bastide,  Roger  (1971).  Antropología    aplicada.   Amarrortu  Editores. Buenos Aires, 1972]   

29 Ver  UNESCO  (1981).  La Trata negrera del siglo XV al XIX:  documentos  de  trabajo  e  informe de la Reunión de expertos organizada por la  UNESCO  en  Puerto  Príncipe,  Haití,  del  31  de  enero  al  4 de febrero de  1978;    Inikori,  Joseph  (2002)  Africans  and  the  industrial revolution. A study in international  trade and economic development.   

30 Por  ejemplo,  el  profesor  Estanislao  Zuleta  señaló  lo  siguiente:  “Es  muy  frecuente  todavía  hoy abordar este asunto con actitudes morales o políticas,  proyectadas  retrospectivamente sobre el pasado para condenar la inhumanidad del  sistema,  a  nombre de principios ideológicos que supieron coexistir con él en  su  tiempo,  o peor aún, regresar a los argumentos racistas más desacreditados  e  idealizar  a  posteriori  el  cuadro  de  la  esclavitud. Estas interminables  discusiones  no  conducen  a  nada, si no es a la sobria constatación de que la  esclavitud  se  mantuvo y se desarrolló mientras fue económicamente rentable y  se     disolvió     cuando    dejó    de    serlo.    […]”    Conferencias  sobre  historia  económica  de  Colombia; p.57   

31 Se  conoce          como          ‘cimarrones’  a  los  esclavos  negros  que  huían  de su amo y se establecían libremente en  lugares de difícil acceso o impenetrables.   

32  Benkos  Bioho  (que  fuera  rebautizado como Domingo Bioho) llegó a finales del  siglo  XVI  a  Cartagena  (1596).  Del  estudio  de  historia y la fundación de  Palenque  son fundacionales los trabajos de Aquiles Escalante Polo (El  Palenque  de  San Basilio, 1954) y de  Nina  de  Friedemann y Carlos Patiño Roselli, (Lengua  y  sociedad  en  el  palenque  de  San Basilio, 1983).  Benkos  Biohó  es  uno  de los fundadores del palenque de la Matuna, el primero  que  existió.  Lo  que  se  conoce  actualmente como el palenque de San Basilio  parece  provenir del movimiento cimarrón y de palenques relacionado, en mayor o  menor  grado  con  Biohó.  Al  respecto  un reciente estudio sobre la cuestión  sostiene  al  respecto:  “[…]  Si  bien no existe documentación escrita que  permita  probar  que  hubo  continuidad  entre  el  palenque  de la Matuna y San  Basilio  de  Palenque,  es posible afirmar que fueron parte del mismo proceso de  lucha  cimarrona.  Aunque  hubo  una discontinuidad temporal con la destrucción  del  palenque  de  la  Matuna,  persistió  le  proceso  de  resistencia, con la  construcción  y  desarrollo  de  los  palenques  de  las sierra de María. Este  proceso  culminará  con  el  resurgimiento  y legitimación del palenque de San  Miguel  Arcángel,  que se tornará en el Poblado de San Basilio de Palenque, en  1713.”     Navarrete    P.,    María   Cristina   (2008):   San   Basilio   de   Palenque:   memoria  y  tradición. p.51.   

33  Cuenta  el  historiador  y sociólogo Orlando Fals Borda que luego de haber sido  comprado  como  esclavo,  Biohó  se  fugó  con  algunos  compañeros  “[…]  sosteniendo  que  no podían ser esclavos por no haber  sido  ganados  en  guerra,  y así se convirtieron en  cimarrones,  esto  es,  en  gente   suelta,  oculta  o  montaraz.  […]”.  Fals  Borda,  Orlando  (1979):  La   historia   doble   de   la   Costa.  Universidad  Nacional  de  Colombia, Banco de la República y el  Áncora Editores. Bogotá, 2002. Tomo I, p.53A.   

34  Luego  de  fugarse  y haber sido capturado, Benkos Biohó se fugó nuevamente, y  se  refugió  con  su  mujer,  Wiva,  en un lugar cenagoso frente al mar llamado  Matuna.     “Allí  construyó,  hacia  1600, el primer palenque libre: palenque, porque se hizo con  una  gran  estacada  de  madera,  fosos, púas envenenadas, y trampas con huecos  disimulados  en  los caminos que a él conducían. Como tal, se convirtió en un  modelo  defensivo  para  todos los palenques de cimarrones que le siguieron, que  fueron  muchos  y  que  se  extendieron  por  todo  el  país,  con  base  en la  explotación  comunitaria.   ||  La noticia de la existencia del refugio de  Matuna  se  regó  como  pólvora  sobre  la gente esclava de Cartagena y de las  haciendas  cercanas  […]  Los  negros  empezaron  a huir en mayor número para  acogerse  al  santuario  cimarrón;  otros  se  quedaron  donde  habitaban, pero  actuando  como  espías  en apoyo de Biohó.” [ver Fals Borda, Orlando (1979):  La   historia   doble   de   la   Costa.  T.1, p.54A].   

35  Cuenta  Fals Borda que “[el] Palenque de Matuna creció a tal punto que debió  darse  una  organización  social  y  política  formal:  Biohó  fue proclamado  rey del arcabuco y la gente  eligió  en  cabildo  a sus propias autoridades según mérito y servicio. Estas  formas  de  organización  se  copiaron  en  los  palenques que fueron surgiendo  después  […].”  Fals  Borda,  Orlando  (1979): La  historia doble de la Costa. T.1, p 54A.   

36 Se  conocen,  por  ejemplo,  el  palenque  de  La  Ramada  (1529)  en  Santa Marta y  Riohacha, y el de San Miguel (1549) en Panamá.   

37  Sobre  la Santa Hermandad ver entre otros: Gutiérrez Azopardo, Idelfonso (1980)  Historia   del   negro  en  Colombia  ¿sumisión  o  rebeldía? p. 59.   

38 En  1602  los  cimarrones  iniciaron  una  revuelta  para  liberar a los esclavos de  Mompox,  luego tomarse Cartagena para seguir hacia Panamá. En 1605, después de  varios  combates,  el  Gobernador  de  Cartagena  se  rindió  ante  el  dominio  territorial  de  los  cimarrones  (la  zona  del  Canal del Dique, incluyendo un  trayecto  importante  del camino real al río Magdalena) y realizaron un acuerdo  para  que  se  respetara su libertad y la existencia de Matuna con la condición  de  que  ‘no  recibieran  más  negros huidos’. Fals  Borda,  Orlando  (1979):  La  historia  doble  de  la  Costa. T.1, p.56A.   

39  Cuando  el  Palenque de Matuna fue destruido, los seguidores de Benkos Biohó se  refugiaron  en  otro  gran  palenque de Sierra María, que recibió el nombre de  San  Basilio  y  continuaron el movimiento y los ataques. Su fuerza era tal, que  el  licenciado  Baltasar de la Fuente, cura de Turbaco y Tesorero de la Catedral  de  Cartagena  propuso reconocer la libertad de los esclavos huidos, como un mal  menor.  Cuenta  Fals  Borda  que  el  padre  escribió  con  su mano “[…] en  Cartagena,  en 1690, sus conclusiones y sugerencias sobre esta nueva política y  envió  un ejemplar a la Corte de Madrid. El rey Don Carlos II, impresionado con  la  argumentación  y  deseoso  de  poner  fin  a la interminable cuanto costosa  guerrilla  negra,  contestó  de manera positiva en una cédula fechada el 23 de  agosto  de  1691.  Por  ello  ordenó  a  los  dueños  de  esclavos  huidos que  ‘renuncien al derecho que  les  compete  en consideración de que en la ciudad no van a perder nada por ser  imposible  la  recuperación  de  ellos’     y     porque     ‘los  negros  fortificados  en los palenques de la Sierra de María,  sin  el  presupuesto infalible de su libertad general y absoluta, no vendrían a  reducirse.’ Solicitó al  licenciado  padre  Baltasar  que  coordinara  el cumplimiento de esta cédula, y  ordenó  a  las  autoridades  de Cartagena que le brindaran toda la cooperación  necesaria   a   éste.    ||    Evidentemente,  no  podía  haber  tal  cooperación,  y  mientras el padre Baltasar se preparaba, con pendón alzado, a  comunicar  la  orden  real a los palenques, las fuerzas esclavistas determinaron  apresar  al  cura,  desobedecer  la cédula y montar, en cambio, otra gigantesca  represión.    […]”   Ver   Fals   Borda,   Orlando   (1979):   La  historia  doble  de  la  Costa. T.1,  p.68A.   

40 El  más  famosos representante de los defensores de los esclavos fue el misionero y  jesuita  español  Pedro  Claver Corberó (1580-1654). Junto a San Pedro Claver,  también  se  destaca  el  nombre  del  jesuita Alfonso de Sandoval (1580-1654).  Ellos  lucharon  por  liberar  a  los  esclavos, más en su alma que en su vida.  También  ayudaron  y  negociaron  con los palenques los curas Miguel Ángel del  Toro y Baltasar de la Fuente.   

41  Ambos  frailes,  que conocieron la trata de esclavos, entre otros lugares, en la  ciudad  de  Cartagena,  comenzaron  a  predicar sus ideas al llegar a la Habana,  Cuba,  donde  habían  sido  trasladados. Cuenta el profesor Gutiérrez Azopardo  que  “[en]  sus  sermones  Fray  Francisco  comenzó  a predicar […] que los  negros  esclavos eran libres, que sus dueños los tenían contra derecho, que no  podían  tenerlos  en  cautiverio  y  que  los  confesores no debían absolver a  quienes  tuviesen  esclavos,  negando él mismo la absolución a los amos que no  prometían  firmemente  dejar  en  libertad  a sus negros.” “La obra de Fray  Epifanio  consta  de  un  prólogo  y  catorce capítulos en los que asientan la  siguiente  doctrina:  la  compraventa de negros del África es ilícita; los que  posean  algunos de estos esclavos deben manumitirlos y restituirles el precio de  los  trabajos realizados; para el negro esclavo es una obligación huir en busca  de  lugares  donde  pueda  encontrar  los  medios  necesarios para su salvación  […]”      Gutiérrez     Azopardo,     Idelfonso     (1980)     Historia     del     negro     en     Colombia     ¿sumisión    o  rebeldía? p. 106.   

42 El  historiador  Valencia  Villa sostiene que la institución esclavista “[…] se  autoreproduce,  en  los casos de los esclavos que tienen márgenes autónomos de  ingresos,  por  tres  vías.  Primero,  por la presión de los amos para que sus  esclavos  entreguen  transferencias  mayores  de  recursos y así los niveles de  ahorro  de  éstos  se  vean  reducidos.  Segundo, por la presión fiscal que se  ejercía  sobre  los  libres,  y  en  particular  los  castigos  a que se veían  sometidos  si eran atrapados como evasores. Tercero, como ya hemos dicho, porque  la  inversión  en  la  compra  de  la  libertad no se recuperaba rápidamente a  través  de  la  diferencia  entre  requintos  y  traslados  a  los amos.” Ver  Valencia  Villa, Carlos Eduardo (2003). Alma en boca y  huesos en costal. p.206.   

43  María  Fabiana de León, “[…] soltera vecina de Santafé, propietaria de la  negra  esclava  María  Teresa,  de  20 años, dispuso en 1722 la libertad de su  esclava   después  de  haber  fallecido  todas  mis  hermanas  y  mi sobrina. Para María Teresa, como para  todos  los esclavos sujetos a estas condiciones, su libertad implicó ingresar a  un  segundo horizonte de la esclavitud, el de una libertad servil y mediatizada.  […]”     Díaz     Díaz,     Rafael     Antonio     (2001)     Esclavitud,    Región    y    ciudad.    El   sistema   esclavista  urbano-regional  en  Santafé de Bogotá. p.199.    

44  Entre  1791  y  1794,  decía el Gobernador de Cartagena, se habían introducido  262  personas  esclavizadas desde el África. Al respecto ver Estanislao Zuleta,  Conferencias    sobre    historia   económica   de  Colombia, p.69.   

45  Estas  cifras  provienen  del  trabajo  del historiador de África Philp Curtin.  Ver:  Curtin,  Philip  De  Armind (1969). The Atlantic  salve  trade.  A  census. The University of Winsconsin  Press.  1969.  En este texto el autor no sólo analiza cuidadosamente las cifras  de  la esclavitud y sus fuentes, sino que muestra cómo y por qué se jugaba con  tales cifras.   

46  Desde  mediados  del  siglo  XVIII  se  debatía  ampliamente la cuestión de la  esclavitud  en  Gran  Bretaña.  En 1787, Thomas Clarkson fundó la sociedad  antiesclavista  británica, que  propondría  al  parlamentario  William  Willberforce  que luchara por abolir la  esclavitud.  En  1789, en medio de la euforia humanista y de libertad estimulada  por  la  revolución  francesa y los eventos ocurridos en Haití, intentan pasar  una  ley  en  el  Parlamento  condenando  la esclavitud. Aunque obtienen algunos  avances  como  la  reducción  de  la carga de personas traídas [5 esclavos por  cada  3  toneladas,  regla  con  la  que se respondía algunos de los argumentos  esgrimidos  por  Wilberforce  en  el  Parlamento  para demostrar lo inhumano del  comercio:  las  condiciones  de  hacinamiento  en  la  que eran trasportados los  esclavos     en     la    barcos    ‘negreros’],  su  batalla llega a buen puerto el año de 1807, cuando el Parlamento británico  aprobó  el  Slave Trade Act  (47  Geo  III Sess. 1 c. 36). La ley no abolió la esclavitud en sí, sino en el  Imperio  británico.  Luego  se  expidió  el  Slavery  Abolition  Act de 1833 (3 & 4 Will. IV c. 73) que  sí  acabó  con la institución, salvo algunas excepciones como los territorios  poseídos   por  la  East  India  Company.   

48 En  agosto   de   1791,  el  sacerdote  vudú  de  origen  jamaiquino,  Dutty            Boukman,   celebró  una  ceremonia  en  Bois-Cayman    en    la    que    los    participantes    juraron   ‘vivir   libres  o  morir’.  Decenas  de  miles  de esclavos se  sublevaron  junto  a  Boukman,  asesinando  indiscriminadamente  a  las personas  blancas  que  pudieron.  El sacerdote vudú fue apresado y decapitado. Su cabeza  se  exhibió  como  escarmiento,  pero  motivó a muchos líderes a continuar la  lucha y generar un estado de inseguridad permanente.   

49 En  1790,  un  grupo  de  más  de  300 mulatos, bajo el liderazgo de Vincent Ogé y  Chavannes,  exigieron ante la Asamblea de Puerto Príncipe derechos iguales para  mulatos  y negros. La manifestación fue reprimida mediante ejecuciones; algunos  de  los  líderes que lograron escapar, fueron apresados por los españoles, que  los  entregaron  a  los  franceses,  quienes  los  sometieron al suplicio y a la  ejecución pública.   

50  Enciclopedia.   Primera  edición.  Tomo 5, p.939. Primera serie, Tomos I al VII, publicados entre 1751 y  1757.   

51 Las  razones  de por qué esta actitud de la Asamblea Nacional Francesa son objeto de  debate;  pero  entre ellas se cuenta la suspicacia que producía la presencia en  París,  e insistencia en la propuesta, de uno de los importantes abolicionistas  ingleses   (Thomas   Clarkson),  sumada  a  las  consecuencias  económicas  que  representaría    el    final    del    trabajo    esclavo   en   las   colonias  francesas.   

52 Su  regreso   fue   patrocinado   por   Clarkson,   el  parlamentario  abolicionista  inglés.   

53  Luego  de  las  revueltas  de  1790,  Francia  había  otorgado la ciudadanía a  algunos  de  los  mulatos  ricos, que ahora pasaban tener privilegios tales como  ser dueños de esclavos.   

54 En  Haití  ni  los  blancos ni los mulatos con derechos aceptaban la liberación de  los  esclavos,  mientras  que  éstos no se contentaban con fugarse o liberarse,  sino  que  también  pretendían  vengarse de sus antiguos amos. En 1793 Francia  declara  la guerra a Inglaterra y el Rey Luís XVI es ejecutado, lo cual lleva a  que los franceses se dividan.   

55 La  primera  decisión  de  abolir  la  esclavitud  la  había  dado  la  Corona  de  Dinamarca,  que  en  1792 mediante un decreto del Rey, prohibió a los súbditos  comerciar  con persona esclavizadas después del 1° de enero de 1803. Dinamarca  tenía  algunas  islas  en el Caribe (Saint Croix y Saint Thomas, que hoy forman  parte de las estadounidenses Islas Vírgenes).   

56  General           François-Dominique           Toussaint          L’Overture,  uno  de  los  principales  líderes de la revolución Hatiana.   

57 Los  hechos  ocurridos entre la decisión de la Asamblea Nacional Francesa entre 1793  y  1794  con  relación  a  la  población  negra de Haití, por una parte, y la  aprobación   de   la  Constitución  de  1801,  por  otra,  fueron  en  extremo  turbulentos.  Los  hacendados  que  combatían  contra  los  rebeldes en Haití,  solicitaron  la  ayuda  de  ingleses y españoles, los cuales, gustosamente, les  dieron  la  mano  para  combatir  a la ‘revolución    francesa’.   

58  Dentro  de  estos  soldados  franceses  se  encontraba  Anne  Alexandre  Sabès,  conocido  como  Alexandre  Pétion, quien luego se unió a la revolución contra  Francia y fue uno de los primeros Presidentes y líderes de Haití.   

59 El  nombre  que  los  indígenas  taínos daban a la isla era el de Aytí (tierra de  las  altas  montañas, o la montaña sobre el mar). Posteriormente, el nombre de  Haití  fue  el  de  ‘la  Hispaniola’.   

60 El  aislamiento   de  Haití  duró  mucho  tiempo.  Estados  Unidos,  por  ejemplo,  reconoció  a  Haití  durante el gobierno de Abraham Lincoln; Venezuela no tuvo  representación diplomática en la Isla antes de 1870.   

61  Expresó  el Acta de independencia que ‘[…]  la  Constitución  de  Gobierno  deberán formarse sobre las  bases  de  libertad e independencia respectiva de ellas, ligadas únicamente por  un  sistema  federativo,  cuya  representación deberá residir en esta capital,  para   que   vele  por  la  seguridad  de  la  Nueva  Granada  […]’.  Acta de  independencia.  Acta  del  Cabildo  Extraordinario  de  Santafé. 20 de julio de  1810.   

62 La  realidad  política  internacional  llevará  a  Haití  a  no poder mantener su  posición  y  tener que asumir una deuda con Francia a título de indemnización  por la guerra de independencia.   

63 El  15  de  octubre  de 1811 Chile acogió la medida normativa solicitada por Manuel  de  Salas,  siguiendo  la  propuesta  del  Abate Raynal [Guillaume Thomas Raynal  (abbé    Raynal),    pensador    francés    quien    propondría   la   medida  originalmente].   

64  Carta  dirigida  por  el  Presidente  de  Antioquia,  Don  Juan  del  Corral, al  Presidente  Supremo  del  Poder  Ejecutivo,  Don  Jorge  Tadeo  Lozano, el 12 de  diciembre de 1813.   

65  Añadía  la  carta al respecto: “Este gobierno sabe  muy  bien  que  los esclavos sin propiedades, sin educación y sin sentimientos,  porque  todo  lo  destruye  la  servidumbre, no pueden ser desatados a un tiempo  sino  por  medio  de  una emancipación sucesiva.  ||  ¿Y por qué no  hemos  de  comenzar  estas  operaciones  filantrópicas,  principalmente  cuando  sabemos  que  nuestro  enemigo  implacable  tiene  fincadas sus esperanzas en la  conmoción  de  los siervos y que entre estos va cundiendo poco a poco la fiebre  revolucionaria?      ||     Aquí    ya   han   hecho   sus   amago  [refiriéndose      a      la     revuelta     del     Guarne];     anteriormente  lo  practicaron  en  Popayán  y  lo verificarán en  todas  partes;  porque  el  amor a la libertad se despliega del mismo modo en el  corazón  de un negro humillado bajo la vara de su amo que en los demás hombres  que  estudian  sus  derechos originales y su independencia primitiva  […].”Carta  dirigida por el Presidente de Antioquia, Don Juan  del  Corral,  al Presidente Supremo del Poder Ejecutivo, Don Jorge Tadeo Lozano,  el 12 de diciembre de 1813.   

66  Entre  otras  revueltas,  los  antioqueños  tenía  presentes las revueltas del  Guarne,  región  minera  explotada  mediante  mano de trabajo esclava. El 16 de  marzo  de  1781,  Manuela  Beltrán  dio  comienzo a la revolución comunera, el  domingo  17  de junio, en Guarne, Antioquia, los comuneros atacaron los estancos  de   tabaco   y   aguardiente.   En   1777   se   había  constituido  allí  un  palenque.   

67  Este  debate  es reseñado por el Presbítero Roberto María Tisnés Jiménez en  su  obra  sobre  Don  Juan  del Corral, libertador de  esclavos.      

68  Antioquia  aprobó  la  ley  de  partos, entre otras razones, por considerar que  “[al]   trabajar  en  la  grande  obra  de  nuestra  regeneración  política,  a  cada  paso se nos presentan unos seres degradados;  hombres  a  quienes  el  bárbaro  gobierno  de  España  ha tratado con última  abyección  y  condenando  a  ser  perpetuamente  esclavos.  Equiparados  a  las  bestias,  crecen  sin  educación,  viven sin sentimientos y mueren dejando a la  posteridad  sujeta  a  iguales  vicisitudes.  Esta  parte  de  la  humanidad  ha  trescientos  años  gime  en  la  servidumbre,  es  el objeto de la ternura y la  compasión  del  Gobierno.  Días  a que le ocupan profundas meditaciones y para  mejorar  su  suerte,  sacarla  de  tan funesto estado y colocarla en la clase de  ciudadanos,  para que goce de la beneficencia de un Gobierno justo y equitativo,  que   jamás  lograría  bajo  las  leyes  bárbaras  de  España.  […]”  Discurso  de  defensa de la ley  de partos.   

69  Ley  de  partos  de  1814,  Antioquia.  ‘Artículo 1.-  Los  hijos  de los esclavos que nazcan desde el día de la sanción de esta ley,  serán  libres  y  como  tales  se  inscribirán  sus  nombres  en los registros  cívicos  de  las  municipalidades.  || Artículo 2.- Será una obligación  precisa  de  los  dueños  de esclavos, educar y mantener a sus hijos que nazcan  desde  este  día,  pero éstos en recompensa, deberán indemnizar de los gastos  impedidos  en  su  crianza,  prestando a aquellos sus obras y servicios hasta la  edad de diez y seis años cumplidos.’   

70 Al  respecto,    ver    Hoyos    Körbel,    Pedro   Felipe   (2007).   Bolívar  y  las  negritudes.  Momentos históricos de una minoría  étnica en la Gran Colombia.   

71 El  General  Pétion pidió al General Ignacio Marión lo siguiente: “Podéis  poner  a  disposición del Libertador seis mil fusiles con  sus   bayonetas,   municiones   de   toda   clase,   plomo,  pólvora,  víveres  alimenticios,  medicamentos, una imprenta completa, la cantidad de cuatrocientos  dólares.  Haréis salir todo aquello del Arsenal como un envío para las tropas  de   la  República  que  pelean  en  ‘Grande         Anse’.  Nadie  debe  enterarse de ello y confío en las precauciones que  toméis  al respecto. Dichos artículos deben transportarse en uno de los buques  de  los  independientes,  pues  la  República no debe violar la neutralidad que  quería  mantener  frente  a  España  y  sus  insurrectas colonias.”      Ver      Lamothe,      Louis      (1973).     Alejandró  Petión ayuda al Libertador Simón Bolívar. p. 36.   

72 Ver  Lamothe,  Louis  (1973).  Alejandró Petión ayuda al  Libertador Simón Bolívar. p. 36.   

73  Pardo  es  una  expresión  colonial  para  hacer  referencia  al  grupo  de  personas  también denominadas  ‘mulatos’,  esto es, personas nacidas de negro  y blanca o de negra y blanco.   

74  Considerandos  del  Decreto  de  2  de  junio  de  1816  del  Libertador  Simón  Bolívar.   

75 El  artículo  primero  del  reglamento señalaba: “Artículo primero.-  Todo  hombre  robusto desde la edad de catorce hasta los sesenta años, se presentará  en  la parroquia de su Distrito a alistarse en las banderas de Venezuela, veinte  y  cuatro  horas  después  de  publicado  el  presente  Decreto.  ||   Artículo  tercero.-  El  nuevo  ciudadano que se rehúse a tomar las armas para  cumplir  con  el  sagrado  deber  de  defender su libertad, quedará sujeto a la  servidumbre,  no sólo él, sino también sus hijos menores de catorce años, su  mujer,  y  sus  padres ancianos.  ||  Artículo cuarto.- Los parientes  de  los  militares  empleados  en  el ejército libertador gozarán  de los  derechos  de Ciudadanos y de la libertad absoluta que les concede este decreto a  nombre de la República de Venezuela.”   

76  Manuel  Piar,  quien  nació  en  las  Antillas Holandesas, se incorporó en los  ejércitos  de  Simón  Bolívar donde fue protagonista de importantes victorias  militares  en  contra  de los realistas. No obstante, su condición de mulato le  implicó  malos  tratos  y  discriminaciones. Su férrea posición de defensa de  los  derechos  de  los  mestizos  lo  llevó a enfrentarse a Simón Bolívar, al  considerar  que  su  posición,  luego de la derrota de los realistas, no sería  firme  y  decidida  en la protección de los de su clase. Fue arrestado el 28 de  septiembre  de  1817  y  acusado  de  haber puesto a las tropas en contra de las  autoridades  blancas. Fue condenado por una corte marcial mediante sentencia del  15  de  octubre  de  ese  año,  y  fusilado  al día siguiente, luego de que la  decisión  hubiese  sido ratificada por Simón Bolívar en calidad de Comandante  Supremo.  Los  historiadores  debaten  la legitimidad y justicia de la decisión  que lo condenó a morir.   

77 El  Congreso  soberano  sostuvo  haber  “[…] reconocido con madura meditación y  acuerdo,   que  esta  medida,  dictada  por  la  justicia  y  reclamada  por  la  naturaleza,  requiere para ejecutarse de un modo ventajoso a la patria y a ellos  mismos,  diversas disposiciones preparatorias que en aquellas circunstancias era  imposible  tomar.  Es preciso, en el estado de ignorancia y degradación moral a  la  que  esta porción desgraciada de la humanidad se halla reducida, es preciso  en  tal  estado hacer hombres antes de hacer ciudadanos. Es igualmente necesario  proporcionarles  la  subsistencia  con la libertad, abriendo un vasto campo a su  industria  y  actividad,  para precaver los delitos y la corrupción, que siguen  en todas partes a la miseria y la ociosidad […]”.   

78 El  numeral  9° de la Ley de vientres es igual al numeral 8° de la de partos, y el  numeral 17 de aquella es igual al 15 de ésta.   

79  Algunas  cláusulas  como las 6°, 7°, 8° o 13° reiteran los textos de la ley  antioqueña, pero variando la redacción.   

80 En  muchos  casos,  por  ejemplo,  algunos herederos habían recibido tierra u otros  bienes   muebles,   mientras  que  otros  herederos  habían  recibido  personas  esclavizadas.    

82 Ver  al    respecto:    Hernández    de   Alba,   Guillermo   (1956):   Libertad  de  los  esclavos  en Colombia.  p.85 y ss.   

83 Ver  al    respecto:    Hernández    de   Alba,   Guillermo   (1956):   Libertad  de  los  esclavos  en Colombia.  p.85 y ss.   

84 Ver  al    respecto:    Hernández    de   Alba,   Guillermo   (1956):   Libertad  de  los  esclavos  en Colombia.  p.85 y ss.   

85 Ver  al    respecto:    Hernández    de   Alba,   Guillermo   (1956):   Libertad  de  los  esclavos  en Colombia.  p.85 y ss.   

86  Existen  algunos  documentos constitucionales previos como, por ejemplo, el Acta  de  la  Confederación  de  las  Provincias Unidas de la Nueva Granada del 27 de  noviembre  de  1811,  la Constitución de Venezuela del 15 de agosto de 1819, la  Ley  Fundamental  de  la República de Colombia del 17 de diciembre de 1819 y la  Ley  Fundamental  de  la  Unión  de  los Pueblos de Colombia del 18 de julio de  1821.   

87 El  término    empleado    por    la    constitución    de    1821,   sufragantes  parroquiales,  era definido  en     el    artículo    15    de    la    siguiente    manera:    ‘1.   Ser  colombiano;   2.  Ser  casado  o  mayor de veinte y un años;  3. Saber leer y escribir; pero esta  condición  no  tendrá  lugar  hasta  el  año  de 1840;  4. Ser dueño de  alguna  propiedad  raíz que alcance al valor libre de cien pesos. Suplirá este  defecto  el ejercitar algún oficio, profesión, comercio, o industria útil con  casa  o  taller  abierto  sin  dependencia  de  otro,  en  clase  de jornalero o  sirviente’.   

88 El  General   O’Leary,  de  origen  irlandés se vinculó a la revolución de independencia y a la muerte de  Bolívar  regresó  a Jamaica, en donde organizó sus memorias, una extensa obra  que     ocupan     más     de    treinta    volúmenes    [Ver    O’Leary,   Daniel  Florencio  (1879  –  1888).  Memorias. Tomo IV,  p.60].   

89 Al  respecto   ver   Mosquera   Mosquera,   Sergio   Antonio   (2004).  La    gente   negra   en   la   legislación   colonial.   

90 En  el  año  de  1685, Luís XIV expidió el Código Negro que regulaba el comercio  de  esclavos  y  enmarcaba  la  institución  en  la  defensa  y  promoción del  catolicismo.   

91 La  cédula  española de 1789 se ocupaba de la educación (cap. I), los alimentos y  el  vestuario  (cap.  II), la labor a realizar (cap. III), las diversiones (cap.  IV),  de  las  habitaciones  y  enfermería  (cap.  V), de los viejos y enfermos  habituales  (cap. VI), de los matrimonios (cap. VII), de las obligaciones de los  esclavos,  penas  y  correcciones (cap. VIII y IX), así como deberes y límites  de los amos (cap. X – XIV).   

92 En  1825,  el  2  de  enero,  el  General  Santander, Vicepresidente de Colombia, se  dirigió   al   Senado   y  a  la  Cámara  de  Representantes  manifestando  la  inconveniencia  de  apoyar  a  Haití  en  los siguientes términos: “[…] La  autoridad  superior  de  Haití  acreditó  debidamente  cerca  del  gobierno de  Colombia  un  agente  público  que nos propuso celebrar y ajustar un tratado de  alianza  defensiva  contra los respectivos invasores de ambos territorios.   ||   El lenguaje de la libertad empleado en las propuestas del agente, y de  los  servicios  privados  que  en  una  época  calamitosa  había  recibido  el  Libertador  Presidente del humano y sensible Petión, no cegaron al ejecutivo en  la  conducta  que debía seguir en tan delicado negocio. Haití había defendido  su  independencia  contra  las pretensiones de la Francia, de quien era parte, y  Colombia  la  defiende  contra  la  España:  una  liga defensiva con Haití nos  ponía  en  el  caso  de  entrar en guerra con una nación de quien no teníamos  queja,  ni  debíamos provocarla a que nos hostilizase. Cuando el interés de la  República  convenía disminuir el número de sus enemigos, el tratado propuesto  los  aumentaba,  y cabalmente tenía lugar este acontecimiento en circunstancias  de  que el gobierno español hacia esfuerzos para comprometer a la Francia en la  guerra  contra América. Nunca han podido ser idénticos los intereses de Haití  con  los  de  Colombia  respecto  a sus antiguas metrópolis: los han sido entre  Colombia  y  los  estados  de  la  América  que  dependió de España, por cuya  identidad  de  principios  el gobierno de la república promovió y concluyó la  confederación  de  los  nuevos  estados.  Los tratados existentes entre ellos y  nosotros,  nos  impiden  por  su  naturaleza  entrar a una alianza defensiva con  Haití,  que  debía  suscitar  un  nuevo  enemigo  a  nuestros  aliados  sin su  consentimiento  y  deliberación.  […] Todas estas consideraciones movieron al  ejecutivo  a  diferir la propuesta del agente de Haití para cuando se reúna la  asamblea  de  plenipotenciarios  de los gobiernos americanos. Nuestros aliados y  la  Francia  verán  en este noble procedimiento la buena fé y principios sobre  que  estriba  la  política  del  gobierno  colombiano  […]”.  Al  hablar de  servicios  privados  que  recibió  el  legislador,  el General Santander estaba  haciendo  referencia  a  los  6000  fusiles,  barcos,  víveres  y demás ayudas  otorgadas  por  el  General  Petión  al  General  Bolívar  En Haití, para que  pudiera regresar a su tierra y retomar la campaña libertadora.   

93 La  preocupación  de  Bolívar  siempre estuvo presente. El 25 de mayo de 1826, por  ejemplo,  había  enviado  una  carta  a  los  constituyentes  de Bolivia en los  siguientes  términos:  “[…] Legisladores, la infracción de todas las leyes  es  la  esclavitud.   ||   […]  Mírese  este  delito  por todos los  aspectos,  y  no  me  persuado  que  haya  un  solo  boliviano tan depravado que  pretenda  legitimar  la  más  insigne  violación  de  la dignidad humana. ¡Un  hombre  poseído  por  otro!  ¡Un hombre propiedad! […] ¿Y habrá esclavitud  donde   reina  la  igualdad?  Tales  contradicciones  formarían  más  bien  el  vituperio  de  nuestra  razón  que  el de nuestra justicia: seríamos reputados  más por dementes que por usurpadores.”   

94  Decreto  del  Presidente  Simón Bolívar, del 27 de junio de 1828. ‘Artículo  17°- Será preferidos por  las  juntas  de  darles su libertad:  1. Los esclavos del mismo testador en  cuyo  valor  cobrará todo el impuesto, si hubiere bastante número para dejarlo  pago.   2.  Los  más  ancianos de los que perteneciesen al testador, si la  suma  que  monte  el  impuesto  que haya de pagar la herencia no alcanzaré para  darlos  a  todos  libres.   3.  Los  más  honrados  e  industriosos de los  esclavos   del   cantón,   prefiriendo   siempre   entre   ellos   a  los  más  ancianos.   4.  Los  demás  esclavos de la provincia, y no habiéndolos se  manumitirán    los    del   departamento,   siguiendo   el   mismo   orden   de  preferencias.   5.  Los  esclavos  de  los otros departamentos, conforme al  juicio  del intendente de aquella a quien pertenezcan los fondos destinados para  la manumisión.’   

95  Plan  de  instrucción  pública,  Gaceta de Colombia, Bogotá. Marzo 4 de 1827,  N°    281.    Al   respecto,   ver   Conde   Calderón,   Jorge.   Buscando  la  nación.  Ciudadanía,  clase y tensión social en el  Caribe  colombiano, 1821 –  1855. p.99.   

96 En  el   año   1822  se  adelantó  una  ‘causa       criminal’  contra el alcalde ordinario de segunda nominación de la villa de  Majagual,    Valentín    de    Arcia.    Se    le   acusó   del   ‘grave         crimen        de  conspiración’ por estar  ‘tratando  de  seducir o  alucinar’ a alguna gente  para  ‘disgustar a los del  color  prieto  con los del color blanco’,  leer  en  voz  alta delante de personas un papel subversivo cuyo  ‘contenido era preguntas  y     respuestas’,  pronunciarse   a   través   de   una   proclama  dirigida  a  los  ‘ciudadanos     libres’ de la villa y haber expresado, en la  casa  del  alcalde ordinario de primera elección, Manuel Vergel, y en presencia  del  síndico  procurador,  Felipe  Carmen, y del alcalde pedáneo de Palmarito,  José       Acevedo,       las       siguientes      palabras:      ‘jamás  se  concluirá  la  presente  guerra  porque había de despertarse luego la más sangrienta contra los blancos  como  sucedió  en Guarico y que el anhelaba ese momento para tomar parte contra  ellos’.  [Guarico  era  el  nombre  dado  por  los  españoles  a Cap Français,  lugar    donde    comenzó    la   revolución   haitiana]   Ver:   Causa  criminal  contra  Valentín  de  Arcia  alcalde ordinario de  segunda  nominación  de  Majagual.  Año  1822, AGN,  República,  Asuntos  criminales,  t.6,  ff 1143-1209; t.96, f. 244 y 322.   [Ver  Conde  Calderón,  Jorge  (2009).  Buscando  la  nación.  Ciudadanía,  clase  y  tensión  social en el Caribe colombiano, 1821  –   1855, p.197].   

97 En  la  batalla de Trafalgar (nombre de un cabo en la provincia de Cádiz) la Armada  Británica  se  impuso  a  las de Francia y España. El Almirante Padilla hacía  parte  de  la  tripulación  del  San Juan Nepomuceno bajo el mando del Capitán  español Cosme Damián Churruca.   

98 Los  discursos   revolucionarios   independentistas   motivaban   la   participación  ciudadanos  comunes, que consideraban que podían participar en la construcción  de  las decisiones de la nueva patria que ellos, con su sangre y arriesgando sus  vidas  habían  ayudado  a  construir.  En  una  carta  de  un  marinero  de  la  Escuadra  de  Operaciones a  otro    del    Tercer   Departamento   dijo:  “¿Dónde  esta la libertad? Ha  hora  la  veremos, son imponderables los malos ratos que estoi pasando desde que  pertenesco  a  esta  esquadra  de  operaciones,  pues en mas de veinte años que  tengo  de  servicio  entre  los  Yngleses,  Españoles  y Colombianos jamas abia  experimentado  hun trato mas cruel ni mas duro; cada dia se me ase un siglo, por  que  esto  no  es  disciplina, en un palabra, esto no es nada, es hun despotismo  estremado  […]  aquellos que hemos hecho patria que no hemos sido corsaristas,  ni  venido  de  aventurados,  sino  que  emos sufrido muchas privaciones, pasado  muchas  ambres  y recibido muchas balas sin temblar como en el lago de Maracaibo  el  24  de  julio  (que  gracias  a  Padilla  y  Tono) (que hombres tan guapos);  […]    El   mayor  general  de  la  esquadra  R. B. procura desacreditar al benemérito Sr. General  José  Padilla,  al  héroe  de  la  marina colombiana, el vencedor de Cartagena  […].”    Primera  carta  de  un  marinero  de  la Escuadra de Operaciones, Embarcado en la Corbeta  Ceres,  a  otro  del Tercer Departamento. Cartagena 10  de  diciembre  de  1825,  AR,  vol. 170, f. 140. [Conde Calderón, Jorge (2009).  Buscando  la  nación.  Ciudadanía, clase y tensión  social  en  el Caribe colombiano, 1821 – 1855. p. 212]   

99 En  documento  publicado  en  noviembre  de  1825  en  Cartagena  dijo  el Almirante  Padilla,  entre  otras cosas, lo siguiente: “Los enemigos de mi clase, que han  tratado  de  desconceptuarme delante del gobierno, delante de mis conciudadanos,  delante  del  mundo  entero; ya se ve, yo no pertenezco a las antiguas familias,  ni  traigo  mi  origen  de  los  Corteses,  de  los  Pizarros, ni de los feroces  españoles  que  por  su  atrocidades  contra  los  desgraciados  indios  por su  rapiña,  su  usura y su monopolio amontonaron riquezas con que compraron nuevos  abuelos  o  dieron  a  estos  un  lustre  desconocido  de  sus  progenitores.”  Al   respetable   público   por  el  General  José  Padilla,  15  de noviembre de 1824, en la imprenta de  Juan  Antonio  Calvo,  Cartagena,  1824-14,  AR,  vol.  150,  f. 125. [ver Conde  Calderón,   Jorge   (2009).   Buscando  la  nación.  Ciudadanía,  clase y tensión social en el Caribe colombiano, 1821 –   1855;  p.208 y ss].   

100 El  General  Padilla  había  sido  capturado  y  conducido  a Bogotá, luego de ser  acusado  de  participar  en  un  acto de indisciplina junto a otros oficiales en  Cartagena.   

101  El  artículo 10 de la Constitución Política de 1830 definía los cuatro casos  en     los     que     alguien     podía     ser    considerado    ‘colombiano             por  naturalización’.   

102  Constitución   Política   de  Colombia  de  1830,  artículo  13  ‘No   habrá   empleos,   honores  ni  distinciones  hereditarios.  Todos  tienen  derecho  igual  para  elegir  y  ser  elegidos  para  los  destinos  públicos,  si  están en goce de los derechos de  ciudadanos       y       tienen      la      aptitud      necesaria.’   

103  Constitución   Política   de  Colombia  de  1830,  artículo  13  ‘1.  Ser  colombiano;  2. Ser casado o  mayor  de  veintiún años;  3. Saber leer y escribir, pero esta condición  no  será  obligatoria hasta el año de 1840;  4.  Tener una propiedad  raíz  cuyo  valor  libre  alcance a trescientos pesos, o en su defecto, ejercer  alguna  profesión  o industria que produzca una renta anual de ciento cincuenta  pesos,   sin   sujeción   a   otro   en  calidad  de  sirviente,  doméstico  o  jornalero.’   

104  Los  otros  casos  de  granadinos por naturalización eran los siguientes:   “[…]    2.   Los   descendientes   de  éstos,  y  los  granadinos  por  naturalización  que  hayan  nacido  o nacieren en el mismo territorio;  3.  Los  que  habiendo  nacido en países extranjeros de padres granadinos, ausentes  en  servicio de la república, o por su amor a la causa de la independencia o de  la  independencia  o  de la libertad, hayan fijado o fijaren su residencia en la  Nueva  Granada;   4.  Los  que habiendo nacido en el territorio de la Nueva  Granada  de  padre  extranjero,  hayan  finado,  o fijaren su residencia en él.  […]”.  El  siguiente  artículo  de  la  Constitución Política de 1832, el  sexto,   se   ocupó   de   establecer  quiénes  eran  granadinos  ‘por    naturalización’.   

105  El  único  cambio  que  se  introdujo  es  que se hizo evidente que se denomina  ‘ciudadanos’   a  algunos  de  los  ‘colombianos’   [en   este   caso,   ‘granadinos’],  por lo que se deja de incluir tal  condición  como  un  requisito  adicional  a  cumplir.  Decía  la norma:   “artículo  8.- Son ciudadanos todos los granadinos  que  tengan  las  cualidades  siguientes:  1.  Ser  casado  o mayor de veintiún  años;   2.  Saber  leer  y escribir, pero esta condición no tendrá lugar  hasta  el año de 1850;  3. Tener una subsistencia asegurada, sin sujeción  a   otro   en   calidad   de   sirviente   doméstico  o  jornalero.”   

106  Estanislao   Zuleta,   Conferencias  sobre  historia  económica de Colombia, p.59.   

107  Ver    al   respecto   Gutiérrez   Sanín,   Francisco   (1995).   Curso  y  discurso  del  movimiento  plebeyo  1849/1854.   

108  El  17  de  mayo de 1841 expediría un segundo decreto por razones y con medidas  similares.  En  éste  se  decretó  que:  “[…]  circulando  esta nota en la  provincia  de su mando, tome las providencias que le sugiera su acreditado celo,  a  favor  del  buen  orden  de  las  cosas  para  que las mencionadas esclavas y  esclavos   que   no  se  presenten  a  tomar  servicio  en  el  Ejército,  sean  precisamente  compelidos  y  obligados  a  servir  como  antes a sus respectivos  señores.  […]  Si  para  llevar  a  efecto  esta saludable disposición fuese  necesario  que  las  autoridades  locales  presten  su  apoyo a los interesados,  quiere  el  gobierno  que  así  suceda,  siempre que ellos hagan los gastos que  acaso  pudieran  necesitarse.”  [Gaceta  del  Cauca,  N°  3,  1841]  Ver  Gutiérrez  Sanín, Francisco (1995). Curso y discurso  del movimiento plebeyo 1849/1854.   

109  Dada  el 20 de abril y publicada el 11 de mayo. En este contexto constitucional,  y   sin   abolir   la   esclavitud,   se   promueve   el   estudio  del  derecho  romano.   

110  Constitución  Política de la República de la Nueva Granada de 1843. Artículo  3°­– Los granadinos los  son  por  nacimiento  o por naturalización.  ||  […]  ||   Artículo   5°–   Son  granadinos  por naturalización:  1. Todos los hombres libres nacidos fuera  del  territorio  de  la  Nueva  Granada,  que se hallaban domiciliados en ella a  tiempo  que  el  lugar de su domicilio se declaró independiente de la España y  que  después  se sometieron a la Constitución colombiana de 1821;  2. Los  hombres  nacidos  libres  en  el  territorio  de  la  Nueva  Granada,  de padres  extranjero   que   no  se  hallara  en  ella  al  servicio  de  otra  nación  o  gobierno;   3.  Las mujeres libres no granadinas, desde que se hayan casado  o  se casaren con granadino;  4. Los hijos de esclavas nacidos libres en el  territorio  de  la  Nueva  Granada  a  virtud  de  la ley;  5. Los libertos  nacidos  en  el  territorio de la Nueva Granada;  6. Los que obtengan carta  de naturaleza conforme a la ley.   

111  Constitución  Política de la República de la Nueva Granada de 1843. Artículo  4°–  Son granadinos por  nacimiento:   1.  Todos  los  hombres libres nacidos en el territorio de la  Nueva  Granada,  antes  de  que  el  lugar de su nacimiento se hubiese declarado  independiente  de  la  España;   2.  Los  demás  hombres  nacidos  en  el  territorio  de  la  Nueva  Granada,  de  padres  granadinos por nacimiento o por  naturalización;   3. Los nacidos fuera del territorio de la Nueva Granada,  de  padres  granadinos  ausentes  en  servicio  o  por  causa  de  su  amor a la  independencia y libertad de la Nueva Granada.     

112  Constitución  Política de la República de la Nueva Granada de 1843. Artículo  9°­–  Son  ciudadanos,  los  granadinos  varones  que  reúnan las cualidades siguientes:  1. Haber  cumplido  la  edad  de  veintiún  años;   2. Ser dueño de bienes raíces  situados  en la Nueva Granada que alcancen al valor libre de trescientos pesos o  tener  una  renta  anual  de  ciento cincuenta pesos; y pagar las contribuciones  directas   establecidas   por   la  ley,  correspondientes  a  dichos  bienes  o  rentas;   3. Saber leer y escribir; pero esta cualidad sólo se exigirá en  los  que,  desde  primero  de  enero  de  mil ochocientos cincuenta en adelante,  cumplan la edad de veintiún años.   

113  La     Constitución     de     1843     reconoció     a    los    ‘granadinos’, entre otros, los derechos al debido  proceso  (art. 158); a la libertad (art. 159); a la propiedad (arts. 161 y 162);  a la libertad de prensa (art. 163) y a la intimidad (art. 165).   

114  Tovar  Mora,  Jorge  Andrés  &  Tovar  Pinzón  Hermes (2009). El    oscuro    camino    de   la   libertad.   Los   esclavos   en  Colombia.   

115  En  una misiva de la Sociedad Democrática de Cali se sostuvo al respecto:   “Elevado  a  la  primera  majistratura de la República el inmaculado patriota  Jeneral  José  Hilario  López,  presentó  a  la  Nación  el  programa  de su  administración,  reduciendo  a  estos  principios:  emancipación  de las masas  populares   i   decidida   protección   a   favor   de   la   mayoría  de  los  granadinos.   De  estos  principios cardinales adoptados con entusiasmo por  el  pueblo,  se  ha  formado  la base de todos los razonamientos en la cuestión  política   i   social  que  con  tanto  calor  se  discute  en  la  República.  Consecuencias  de  estos  principios  son,  la  reforma  de la Constitución, la  libertad  absoluta  de  pensamiento, la estinción de la esclavitud, la libertad  de  enseñanza,  el desafuero eclesiástico, la estinción de los monopolios, la  emancipación  del  poder municipal, la descentralización de las rentas i otras  mil  que  sería enojos enumerar, i que son hoi una realidad para los granadinos  […]”                [‘Circular’ en  La  Tribuna Popular, N° 5,  1852].   

116  Al   respecto   ver:    Camacho   Roldán,  Salvador  (1925).  Memorias.   

117  Así   en   Sabanalarga,   Corozal,   Lorica,   Chinú,   Mahates,  Sincelejo  y  Barranquilla.   

118  Dijo   el   Gobernador   de  entonces,  Antonio  López  Tagle:  “Siervos  de  ayer,  ciudadanos de hoy: En este día solemne para la  patria  y  grande  para  vosotros,  habeis  entrado  en el pleno goce de vuestra  libertad,  fuente y origen de bienestar individual, puesto que sin ella se hacen  nugatorios  los demás derechos. La naturaleza creó iguales a todos los hombres  …  así  que la libertad  personal  es un derecho sagrado del individuo.” [Ver  Conde  Calderón,  Jorge  (2009). Buscando la nación.  Ciudadanía,  clase y tensión social en el Caribe colombiano, 1821 –   1855.  p.313]   

119  Ver  al  respecto  Tovar  Mora, Jorge Andrés & Tovar Pinzón Hermes (2009).  El  oscuro  camino  de  la  libertad. Los esclavos en  Colombia.   

120  Las   deudas   se   soportaron   en   ‘vales   de   manumisión’,   después   llamados  ‘billetes  de  manumisión’.   

121  Tovar  Mora,  Jorge  Andrés  &  Tovar  Pinzón  Hermes (2009). El    oscuro    camino    de   la   libertad.   Los   esclavos   en  Colombia.   

122  Tovar  Mora,  Jorge  Andrés  &  Tovar  Pinzón  Hermes (2009). El    oscuro    camino    de   la   libertad.   Los   esclavos   en  Colombia.   

123  Zapata  Olivella,  Manuel  (1989). Las claves mágicas  de América. p. 155.   

124  Estanislao   Zuleta,   Conferencias  sobre  historia  económica   de   Colombia,  p.67.  Al  respecto  ver  también  el  estudio  de  1962  sobre  la Familia en  Colombia     de     Virginia     Gutiérrez     de  Pineda.   

125  La  Constitución  de 1843 había sido modificada cinco veces antes de la citada  [el  9  de  marzo, el 19 de abril, el 7 y el 31 de mayo de 1849 y el 25 de abril  de  1851]. Cinco de las seis modificaciones fueron introducidas bajo el gobierno  de   José   Hilario   López  (1849  – 1853) siendo la última estructural.   

126  Restrepo  Piedrahita, Carlos (1979). Constituciones de  la    Primera    República    Liberal.   T.I,   p.  116.   

127  Dice  el  profesor  Restrepo  Piedrahita:  “[…]  como  pieza  maestra  de la  organización  económica  y  social  de  la  Colonia  que era la esclavitud, el  propósito  republicano  de  liquidarla  tropezó con la sistemática y poderosa  oposición   de  los  terratenientes.”  Restrepo  Piedrahita,  Carlos  (1979).  Constituciones    de    la    Primera    República  Liberal. T.I, p.116.   

128  Dice  Estanislao  Zuleta  al  respecto: “El levantamiento conservador dirigido  contra  el  Gobierno  de  José  Hilario  López, tuvo por causa determinante la  abolición  de  la  esclavitud,  medida  funesta  para  los  grandes  feudales y  propietarios  de  minas  del  Cauca,  Antioquia, Chocó y Barbacoas. Los grandes  latifundistas  que  utilizaban  para  sus  explotaciones  la  mano esclavista se  sintieron  lesionados  y  empuñaron  las armas para defender sus intereses. Los  grupos   sociales   que   entonces   eran   dueños   del  poder:  comerciantes,  manufactureros,   esclavos   y  pequeños  agricultores,  lograron  derrotar  la  insurrección   conservadora   y   realizar   una  reforma  agraria  parcial.”  Estanislao   Zuleta,   Conferencias  sobre  historia  económica de Colombia, p.118.   

129  [González,   Margarita   (1977).   El   proceso  de  manumisión    en    Colombia    en    Ensayos   de   historia   de   Colombia.  Editorial La Carreta. Medellín, 1977.] p. 214   

130  Colmenares  Germán.  Partidos  políticos  y  clases  sociales  en  Colombia. Sin fecha ni lugar histórico,  p. 42.   

132  Frederick   Douglass,   escritor  abolicionista  que  nació  en  condición  de  esclavitud,  en  un  discurso el 4 de julio de 1852 señaló lo siguiente:   “Ciudadanos,  amigos:   ¿Qué  representa  para  el esclavo americano el  Cuatro  de Julio? Respondo: un día que revela más que ningún otro del año la  gran  injusticia  y  crueldad  de  que  es  víctima constante. Para él vuestra  celebración  es  falsa;  vuestra  tan  cacareada libertad una licencia inmunda;  vuestra  grandeza  nacional,  una vanidad sin igual; vuestros cantos de alegría  están  vacíos,  desprovistos de corazón; vuestra denuncia de los tiranos, una  desfachatez  impúdica;  vuestros  gritos  de  libertad  e  igualdad,  un  hueco  sarcasmo;  para  él  vuestros  rezos  e himnos, vuestros sermones y acciones de  gracias,  con toda su pompa religiosa y solemnidad son mera ampulosidad, fraude,  decepción,  impiedad  e  hipocresía  –una  delgada cortina para cubrir crímenes que avergonzarían a una  nación  de  salvajes.  Actualmente  no  hay  nación  en la tierra que peque de  prácticas  más chocantes y sangrientas que el pueblo de los Estados Unidos.”  Zinn,  Howard  (1980): La otra historia de los Estados  Unidos. p.138.   

133  La        regla        de        ‘libertad’ de  vientres  sí  existía en algunos de los estados de la Unión, como era el caso  de Illinois, pero no fue una regla de carácter federal.   

134  En  1794  se  prohibió  sacar  a  personas  esclavizadas fuera del país con el  objeto  de  ser  vendidas. En 1798 se prohibió entrar esclavos al territorio de  Misisipi;  en  1800  se  prohibió que ciudadanos estadounidenses traficaran con  personas  entre  territorios extranjeros (por ejemplo, de África a Brasil) y en  1803   se   aprobaron  algunas  leyes  que  restringían  el  comercio  interno.  Finalmente,  en  1808  se  prohibió  definitivamente  en  los Estados Unidos el  tráfico  de  personas  africanas esclavizadas, contemplando penas pecuniarias y  corporales.   

135  La  esclavitud fue desde el inicio de la República estadounidense la manzana de  la  discordia,  situación que se reflejó, por ejemplo, en las discusiones y la  final  aprobación  del Compromiso de Misuri, que permitió mantener el delicado  equilibrio   entre   los   estados   ‘abolicionistas’    y   los   estados   ‘esclavistas’.  Al  respecto  ver  el  discurso de Abraham Lincoln en Peoria, en  1854,  sobre  el  Decreto Kansas Nebraska.   

136  Dijo  Lincoln  al  respecto:  “[…]  Si  tuviera  todo  el poder terrenal, no  sabría  cómo  usarlo  respecto  a  esta institución. Mi primer impulso sería  liberar  a  todos los esclavos y enviarlos a Liberia, a su propia tierra nativa.  Pero,  tras  reflexionar,  me  convenzo  de  que,  cualquiera que sea la elevada  esperanza  que  pueda  haber  en  ello  (como creo que la hay) a largo plazo, su  ejecución  inmediata es imposible.  Si todos fueran desembarcados allí en  un  día,  perecerían  en  los  diez días siguientes, y no hay naves ni dinero  suficientes  en  el  mundo  para  llevarlos  allí  en intervalos de diez días.  Entonces  ¿qué?   ¿Liberarlos  a todos y mantenerlos entre nosotros como  subordinados?  ¿Mejoraría  eso  su condición? Creo que no mantendría a nadie  en  la esclavitud en ningún caso, pero la cuestión no está tan clara para mí  como  para  censurar  a  las  personas  por  ello. ¿Qué hacer a continuación?  ¿Liberarlos  y  convertirlos  en  nuestros iguales política y socialmente? Mis  propios  sentimientos  no lo admitirían y, si lo hicieran, bien sabemos que los  de  la  gran masa de las personas blancas no lo harán. Decir si ese sentimiento  está  de  acuerdo  con la justicia y el juicio firme no es la única cuestión,  si  es que, en efecto, tiene algo que ver al respecto. Un sentimiento universal,  esté  bien  o mal fundado, no puede despreciarse impunemente. No podemos, pues,  hacerlos  iguales.  Me  parece  que podrían adoptarse sistemas de emancipación  gradual,  pero  no me propongo juzga a nuestros hermanos el sur por su demora en  hacerlo.”  Lincoln,  Abraham  (1854). Discurso sobre  el   Decreto   Kansas   Nebraska   en   El    discurso   de   Gettysburg   y   otros   escritos.  Editorial  Tecnos.  España, 2005. p.78.  Más adelante, al  final de la guerra civil, la posición de Lincoln varió.    

137  Si  bien  la  esclavitud  se  acabó como una institución jurídica en el norte  estadounidense  las prácticas racistas no. Acerca de la lucha poco conocida por  los  derechos  civiles  en  el  norte de los Estados Unidos de América ver, por  ejemplo:  SUGRUE,  Thomas  J.  (2008)  Sweet  Land of  Liberty.  The  forgotten  Struggle  for  Civil  Rights  in the North. Random House. US, 2008.   

138  Zinn,  Howard  (1980): La otra historia de los Estados  Unidos. p.130.   

139  Por  ejemplo,  J.W.  Loguen,  un  activista cuya madre había sido esclavizada y  cuyo  padre  había  sido  un amo blanco, huyó del lugar en donde se encontraba  rumbó  a  un  estado  no  esclavista  (New  York),  en  donde  se  radicó como  sacerdote.  Al conocer la decisión de que la ley autorizaba a su amo a buscarlo  y  capturarlo  en  su  condición  de esclavo fugitivo, dijo lo siguiente:   “Ha  llegado  la hora de que cambiemos los tonos de  sumisión  por  tonos  de desafío. […] Yo  recibí  mi  libertad  del cielo, y con ella llegó la orden de  defender  el  derecho  que  tengo  a  ella  … No respeto esta ley –no      la      temo–  ¡no  la  voy a obedecer! Me coloca  fuera  de  la ley, y yo la declaro ilegal …” Zinn,  Howard  (1980):  La  otra  historia  de  los  Estados  Unidos. p.137.   

140  Constitución  Política  de la Nueva Granada de 1853, Artículo 2°–   Son   granadinos:  1.  todos  los  individuos  nacidos  en  la Nueva Granada, y los hijos de éstos;  2. todos  los    naturalizados    según   las   leyes.    ||    3°–   Son   ciudadanos   los   varones  granadinos  que  sean,  o  hayan  sido  casados, o que sean mayores de veintiún  años.         ||         […]       Artículo       13°–   Todo  ciudadano  granadino  tiene  derecho  a  votar  directamente, por voto secreto y en los respectivos períodos  […].   

141  Murillo  Toro,  Manuel  (1855): El sufragio universal en Los radicales del siglo  XIX. El Áncora editores. Bogotá, 1987. p.132.   

142  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  de Colombia, 1863; Artículo  15.–  Es base esencial e  invariable  de la Unión entre los Estados, el reconocimiento y la Garantía por  parte  del  Gobierno  General  y  de  los  Gobiernos  de todos y cada uno de los  Estados,  de  los  derechos  individuales  que  pertenecen  a  los  habitantes y  transeúntes  en  los  Estados Unidos de Colombia, a saber: 1- La inviolabilidad  de  la  vida  humana […] 3- La libertad individual; que no tiene más límites  que  la libertad de otro individuo; es decir, la facultad de hacer u omitir todo  aquello  de  cuya ejecución u omisión no resulte daño a otro individuo o a la  comunidad.  4- La seguridad personal; […].   

143  Entre ellas, las de los años 1905, 1910, 1936, 1957 y 1968.   

144  En  este  caso,  la  Corte  Suprema  Federal  de  los Estados Unidos de América  decidió   que   la   doctrina   de   ‘separados   pero  iguales’,  con  base  en  la cual se podía discriminar a personas de otras  razas,  no  tenía  cabida  bajo  la  Constitución  de aquella República. Esta  decisión  es  producto  de  batallas  judiciales  que durante años adelantaron  abogados    de    la   comunidad   negra   de   Estados   Unidos   [National    Association    for    the    Advancement   of   Colored  People,          NAACP          —Asociación Nacional para el Progreso  de    las    Personas    de    Color—,  fundada  en 1909]. Dentro de las principales batallas judiciales  de  afrodescendientes estadounidenses reclamando sus derechos, que han ayudado a  construir  los mecanismos de defensa y protección de los derechos fundamentales  en  Estados  Unidos  de  Norteamérica  se encuentran, entre otros: Roberts   v.   City  of  Boston  (1850);  Dred  Scott  v.  Sandford  (1857);   Strauder   v.   West  Virginia  (1879);  Plessy v. Ferguson  (1896);  Berea College v. Commonwealth  of  Kentuky (1908); Buchanan  v.  Warley (1917); State ex  rel.   Gaines   v.   Canada   (1938);   McLaurin     v.     Oklahoma     State     Regents    for    Higher  Esducation  (1950) y Sweatt  v.  Painter  (1950); el primero de ellos resuelto por  la  Corte  Suprema  de  Massachusetts, y los demás por Corte Suprema Federal de  los Estados Unidos.   

145  La  ley  114  de 1922 estableció en su artículo 1° su sentido y objeto en los  siguientes     términos:      ‘Con  el fin de propender al desarrollo económico e intelectual del  país  y  al  mejoramiento  de  sus  condiciones  étnicas,  tanto físicas como  morales,  el  Poder  Ejecutivo  fomentará  la  inmigración  de individuos y de  familias  que por sus condiciones personales y raciales no puedan o no deban ser  motivo  de  precauciones  respecto  del  orden  social  o  del  fin que acaba de  indicarse,  y  que  vengan  con el objeto de labrar la tierra, establecer nuevas  industrias  o  mejorar  las existentes, introducir y enseñar las ciencias y las  artes,  y  en  general, que sean elementos de civilización y progreso. […]”  Así  pues,  para  lograr  su  cometido,  la  Ley  contemplaba  medidas  como la  siguiente:  “Artículo  11.- Los agentes de Inmigración no visarán pasaporte  alguno  de inmigrantes que estén en cualquiera de los casos especificados en la  Ley  48  de  1920,  ni de individuos que por condiciones étnicas sean motivo de  precauciones  en  Colombia. Queda prohibida la entrada al país de elementos que  por  sus condiciones étnicas, orgánicas o sociales sean inconvenientes para la  nacionalidad  y  para  el  mejor  desarrollo  de  la  raza.   ||   Las  autoridades  de  los  puertos  y  de  las  ciudades  fronterizas cumplirán esta  disposición, obrando de acuerdo con el Gobierno Nacional.”   

146  El  voto  negro  estadounidense, en los años posteriores a 1869, consiguió dos  Senadores  de  su  comunidad  (ambos  de  Mississippi)  y veinte representantes.  Después  de  1876  esta  lista  disminuyó  hasta 1901, fecha en que salió del  Congreso estadounidense el último afrodescendiente.   

147  El     famoso     discurso    de    ‘Tengo     un     sueño’  comienza de la siguiente forma: “Hace ya un siglo, un americano  excepcional,  bajo  cuya  simbólica  sombra  nos  encontramos  hoy,  firmó  la  Declaración  de  Emancipación.  Aquel  decreto tan decisivo trajo nueva luz de  esperanza  a  millones  de  esclavos negros que se consumían en las abrasadoras  llamas  de  la  mayor  de  las  injusticias. Aquel decreto fue el amanecer de un  nuevo  día  de  felicidad que ponía fin a la larga noche del cautiverio.   ||   Hoy,  sin  embargo,  cien años después, debemos afrontar la trágica  realidad:  los  negros  todavía no son libres. Cien años después, la libertad  de  los  negros  continua padeciendo serias parálisis a causa de las esposas de  la  segregación  y  las  cadenas de la discriminación. Cien años después, el  negro  vive  en una isla solitaria regentada por la pobreza en medio de un vasto  océano de prosperidad materialista. […]”   

148  La   llegada   de   los  primeros  afrodescendientes  al  territorio  colombiano  “data  del  arribo de los primeros conquistadores y  colonos  europeos al “nuevo mundo”.  La Corona española habilitó la trata  de  esclavos  hacia  principios del siglo XVI.  Entre 1533 y 1810 ingresaron al  Virreinato  de Nueva Granada a través del puerto de Cartagena de Indias decenas  de  miles  de  africanos provenientes de las zonas de Alta Guinea, Baja Guinea y  Angola  quienes  fueron  empleados en labores de agricultura y minería, además  de      quehaceres     domésticos.”  CIDH, Observaciones Preliminares de la  Comisión  Interamericana  de  Derechos Humanos tras la visita del relator sobre  los  derechos  de  los afrodescendientes y contra la discriminación racial a la  República de Colombia. Párr. 16.   

149  Consejo  Nacional  de Política Económica y Social, Departamento de Planeación  Nacional,  Documento  Conpes  3310.  “Política  de  acción   afirmativa  para  la  población  negra  o  afrocolombiana” Bogotá, 2004.   

150  “Por medio de la cual se reconoce a las comunidades  negras  que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas  de  los  ríos de la cuenca del Pacífico, y otras zonas del país que presenten  similares    condiciones,   la   propiedad   colectiva   sobre   territorios”.   

151  Hoffman,  Odile  (2007).  Comunidades  negras  en  el  pacífico  colombiano.  Ediciones  Abya-Yala.  Quito,  2007.   

152  Por  ejemplo,  Odile Hoffman afirma lo siguiente: “[…] la ley no beneficia a  la  totalidad  de  las  poblaciones  negras  de Colombia y las restricciones son  considerables:   […]  Quedan  excluidas  las poblaciones urbanas, las del  interior  y  las  de  la  costa  atlántica  que  históricamente  son  la  más  desarrolladas  y  las  más integradas a la sociedad nacional.” Hoffman, Odile  (2007).   Comunidades   negras   en   el   pacífico  colombiano.   

153  Decreto  1332  agosto  1992,  por el cual se crea la Comisión Especial para las  Comunidades  Negras,  encargada de elaborar el Proyecto de Ley reglamentario del  AT.  55  de  la  C.P.  (adicionado); Decreto 2374 noviembre 1993, por el cual se  adiciona  el  decreto  2128  de  1992  ;  Resolución  No.  071  diciembre 1993,  reglamentaria   de   la   elección   de   Representantes   a   la  Cámara  por  circunscripción  especial  de  comunidades negras; Decreto 1374 junio 1994, por  el  cual  se conforma la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades  Negras;  Decreto  2313  reglamentario del artículo 67 de la ley 70 de 1993, por  el  cual  se  adiciona  la estructura interna del Ministerio de Gobierno, con la  Dirección  de  Asuntos  para las Comunidades Negras; Decreto 2314 octubre 1994,  por  el  cual  se crea la Comisión de Estudios para la formulación del Plan de  Desarrollo   para   las   Comunidades   Negras;   Decreto   1745  octubre  1995,  reglamentario  del  Capítulo  III de la ley 70 de 1993, por el cual se dicta el  procedimiento   para   el   reconocimiento  de  la  propiedad  colectiva  a  las  comunidades  negras;  Decreto 2248 diciembre 1995, por el cual se establecen los  parámetros  para  el  registro  de  organizaciones  de  las comunidades negras;  Decreto  2249  diciembre  1995,  por el cual se crea la Comisión Pedagógica de  las  comunidades  negras;  Decreto 2344 del 26 de diciembre de 1996, por el cual  se  subroga  el  artículo 12 del Decreto 2248 1995, relativo a las Secretarías  de  las  Comisiones  Consultivas  Regionales,  Departamentales  y  Distrital  de  Bogotá,  .D.C.;  Decreto  1627 de septiembre de 1996, por el cual se reglamenta  el  Fondo  de  Créditos  Condonables para Estudiantes de Comunidades Negras, de  Bajos  Recursos  Económicos  y  Buen Desempeño Académico, administrado por el  ICETEX.;  Decreto  1122  del  18 de junio de 1998, por el cual se expiden normas  para  el  desarrollo  de  la  Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los  establecimientos   de   educación   formal   del   país   y  se  dictan  otras  disposiciones;  Decreto  1320  del  13  de  julio  de 1998,  por el cual se  reglamenta  la  Consulta  Previa  a las Comunidades Indígenas y Negras, para la  explotación  de  los  recursos  naturales  dentro  de  sus territorios.” Nota  tomada del Documento Conpes 3310 de 2004.   

154  Documento Conpes 3310 de 2004. Op. Cit.   

155  Comisión      Interamericana      de     Derechos     Humanos,     Observaciones   preliminares  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  tras  la  visita  del  relator  sobre  los  derechos  de  los  afrodescendientes  y  contra  la  discriminación  racial  a  la  República  de  Colombia,         27        marzo        2009.  OEA/Ser.L/V/II.134   

156  Por  ejemplo, en la sentencia T-1095 de 2005. MP. Clara Inés Vargas Hernández,  la  Corte  Constitucional  concedió  la tutela a una mujer a quien se le había  negado  el  acceso  a  una  discoteca  por  motivos  raciales, y reiteró que la  identidad   étnica   o   el   origen  racial  se  entienden  como  “criterios  sospechosos”  de  diferenciación.  En  la  sentencia T-375 de 2006. MP. Marco  Gerardo  Monroy  Cabra,  la  Corte  protegió  el  derecho  a la igualdad y a la  educación  de  una  aspirante  a  ingresar  al  programa  de  medicina  de  una  universidad,  a  la  que  le  había sido negado el ingreso por su condición de  afrodescendiente.  En  dicha  decisión,  la  Corte  recordó  que en virtud del  Convenio  169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad, existe  un  mandato  claro  de  promoción del acceso a la educación de los miembros de  las  comunidades  afrodescendientes,  que  no puede ser negado ni obstaculizado,  por  parte  de  las  autoridades  encargadas  de  la ejecución de programas que  desarrollen   los   propósitos  educativos  enunciados.  En  igual  sentido,  y  reiterando  lo  anterior,  la  Corte  en  la sentencia T-586 de 2007. MP. Nilson  Pinilla  Pinilla,  concedió la tutela por violación al derecho a la igualdad y  a  la  educación de una mujer afrocolombiana que aspiraba a ser beneficiaria de  un  cupo  para  minorías étnicas en la Universidad del Tolima, pero que le fue  negado  con el argumento de que en la ciudad de Ibagué no existían comunidades  afrocolombianas.  Por  su  parte  en  la  sentencia  T-422  de 1996, MP. Eduardo  Cifuentes  Muñoz,  la  Corte  garantizó  el derecho a la igualdad de un hombre  afrocolombiano,  y  de  la  comunidad  negra residente en el Distrito Turístico  Cultural  e  Histórico  de  Santa  Marta,  ante  la  renuencia del Director del  Servicio  Educativo  Distrital de Santa Marta de designar un representante de la  comunidad  negra  ante  la  Junta  Distrital de Educación del Distrito de Santa  Marta, de conformidad con el artículo 160 de la Ley 115 de 1995.   

157  Ver,  entre  otras,  las  sentencias  T-1095  de  2005.  MP.  Clara Inés Vargas  Hernández,  C-169  de  2001.  MP.  Carlos  Gaviria  Díaz  y T-422 de 1996. MP.  Eduardo  Cifuentes  Muñoz.  En  esta  última  decisión,  en  relación con el  tratamiento  especial  que  se  debe  brindar  a  los  afrocolombianos, la Corte  expresó:     “La    diferenciación    positiva  correspondería  al reconocimiento de la situación de marginación social de la  que  ha  sido víctima la población negra y que ha repercutido negativamente en  el  acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. Como  ocurre  con  grupos  sociales  que  han  sufrido  persecuciones  y  tratamientos  injustos  en  el pasado que explican su postración actual, el tratamiento legal  especial  enderezado  a  crear nuevas condiciones de vida, tiende a instaurar la  equidad   social  y  consolidar  la  paz  interna  y,  por  lo  mismo,  adquiere  legitimidad constitucional.”   

158  Sentencia  C-169  de  2001. MP. Carlos Gaviria Díaz. En esta decisión la Corte  revisó  la  constitucionalidad  del  proyecto  de ley estatutaria N° 25-S/99 y  217-C/99  “por  la  cual se reglamenta el artículo  176  de  la  Constitución  Política,  en relación con la participación en la  Cámara  de  Representantes  de  los grupos étnicos, las minorías políticas y  los   colombianos   residentes   en  el  exterior”.   

159  Ver,  entre otras, las sentencias C-169 de 2001, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-586  de  2007.  MP  Nilson  Pinilla  Pinilla   y T-375 de 2006. MP Marco Gerardo  Monroy Cabra.   

160  Sentencia  C-461  de 2008. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. A este respecto, en  la  sentencia  T-549  de  2006.  MP.  Jaime  Araujo  Rentaría,  puntualmente se  expresó:   “Por consiguiente, no cabe duda en  relación  con que las comunidades negras reconocidas y protegidas especialmente  por  el  propio  Constituyente en el artículo 176 de la Constitución Nacional,  lo  mismo  que  en  la  ley  70  de  1993,  expedida en cumplimiento del mandato  contenido  en  el  artículo 55 transitorio de la Carta Política, son titulares  calificadas  de  una  serie de derechos fundamentales, derivados directamente de  la  obligación  estatal  de  respetar  y  garantizar  la  diversidad  étnica y  cultural de la Nación”.   

161  MP. Manuel José Cepeda Espinosa.   

162  MP. Rodrigo Escobar Gil.   

163 A  este  respecto, señaló la Corte: “En este caso, no  obstante  el  carácter  general de la ley -no dirigida a regular especialmente,  en  aplicación  del  Convenio  169  de la OIT, la situación de las comunidades  indígenas  y  tribales-,  de  su contenido material se deriva la posibilidad de  una   afectación   específica   a  tales  comunidades,  como  quiera  que  sus  previsiones  recaen  sobre un objeto -el bosque- que tiene particular relevancia  para  las  mismas  y  guarda  una íntima e indisoluble relación con su modo de  vida.   

A  partir de las anteriores consideraciones,  concluye  la  Corte  que la materia propia de la Ley 1021 de 2006 es susceptible  de  afectar directa y específicamente a las comunidades indígenas y tribales y  que,  por consiguiente, previamente a su expedición debió surtirse el trámite  de  la  consulta  con  dichos  pueblos,  en  los  términos  del  literal a) del  artículo 6º del convenio 169 de la OIT.”   

164  MP. Álvaro Tafur Galvis.   

165  MP. Alejandro Martínez Caballero.   

166  Corte  Constitucional,  Auto  005  de  2009  (MP  Manuel José Cepeda Espinosa).   

167  Al  respecto  ver:  Rodríguez  Garavito,  César  y  otras  (2009) El  desplazamiento  afro. Universidad de  los Andes. Bogotá, 2009.   

168  Precisamente,   esta   es  una  de  las  razones  que  justifica  que  la  Corte  Constitucional  reconstruya  con  algún  detalle  la  génesis  del  proceso de  liberación  de  las  personas  esclavizadas,  que  culminó con la Ley  sobre  libertad,  de  21 de mayo de  1851.   

169  Respecto  a  la  consulta  previa, se puede consultar, entre otras, la sentencia  C-175  de  2009  mediante la cual se declaró la inexequibilidad de  la Ley  1152  de  2007, “por la cual se dicta el Estatuto de  Desarrollo  Rural,  se  reforma  el  Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,   Incoder,  y  se  dictan otras disposiciones”, por no  haberse   agotado  el  procedimiento  de  consulta  previa  de  las  comunidades  indígenas  y  afrodescendientes.  Al  respecto  ver  también,  por ejemplo, la  sentencia T-769 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla).   

170  Relata  Orlando Fals Borda que cuando los cimarrones se tomaron Cartagena, luego  de  la  destrucción  de  uno  de  sus  principales palenques (Matuna), “[…]  Biohó  había tenido el atrevimiento de presentarse armado de daga dorada   en  Cartagena, defendido por su propia guardia de negros con rostros pintados de  tierra  colorada  y blanca, y de pasearse impunemente bajo la propias barbas del  Gobernador.   ||   Por el acuerdo hecho, el humillado Gobernador Suazo  aceptó  que  los  cimarrones siguieran libres […]. No le quedaba otro recurso  al  gobernador,  porque  en  realidad se le habían agotado las municiones y las  ganas  de pelear, y los dueños de esclavos y haciendas no querían pagarle más  contribuciones      de      guerra.       ||       La     ‘paz’  que  siguió  fue  muy frágil. Los  españoles  no  cejaron  en  tratar de matar al rey de  arcabuco  [Benkos  Biohó]  y  destruir  los  muchos  palenques  nuevos  que  fueron  surgiendo  en Tierradentro (hoy departamento del  Atlántico),  en la depresión momposina y en las vegas de los ríos San Jorge y  Cauca.”  Fals  Borda,  Orlando  (1979):  La historia  doble de la Costa. p.56A.   

171  El  desconocimento  del  Coronel  Jean-Baptiste  Sans Souci persiste aún hoy en  día.  El historiador Michel-Rolph Trouillot ha rescatado la figura del Coronel,  señalando  a  Henri  Christophe  (el  rey  Henri  I  de Haití) como uno de los  artífices  de  su  ocultamiento. De hecho Henri I dio a su Palacio en Haití el  nombre   de   Sans   Souci,   pero   no  en  homenaje  al  Coronel  Jean-Baptiste   Sans   Souci,  ni  para  recordarlo.     [Sobre    el    Coronel    Sans  Souci    ver    Trouillot,   Michel-Rolph   (1995).  Silencing   the   past].   

172  Zapata  Olivella,  Manuel  (1989). Las claves mágicas  de  América.  Editorial  Plaza & Janes. Bogotá,  2005. p. 59 y ss.   

173  Dos  de  las  producciones  literarias más destacadas en la preservación de la  memoria  y  de  la  cultura, en Latinoamérica, son El  reino  de  este  mundo, de Alejo Carpentier (1949), y  Changó  el  gran putas, de  Manuel Zapata Olivella (1983).     

174 A  manera  de  ejemplo,  pueden  citarse a Jorge Artel, Teresa Martínez de Varela,  Bertulia  Mina  Díaz,  Lucrecia  Pnachano,  Leida  Vigueros Vigoya, Imelda Mina  Díaz,  María  Teresa  Ramírea,  Pedro  Blas Julio Romero, Mary Grueso Romero,  Alfredo  Vanín,  Himelda Chavarría Londoño, Rómulo Bustos Aguirre y Emiliana  Bernard Stephenson.   

175  Al respecto ver el apartado (4.1.) de la presente sentencia.   

176  La  negra  Hipólita,  o  nana  Matea,  era la nana del Libertador, que tuvo una  importancia  destacada  en su primera infancia, como él mismo lo reconoció. La  figura        de       las       ‘nanas’ se ha  mantenido  en la tradición nacional a través de las narraciones orales y de la  literatura.   Al   respecto  pueden  verse,  entre  muchas  obras,  Changó,  el  gran putas de Manuel Zapata  Olivella  y  Vean  vé,  mis nanas negras de Amalia Lú Posso.   

177  Desde  las  primeras  normas  que  fundaron los tribunales de la inquisición en  Colombia, los indígenas fueron excluidos de su jurisdicción.   

178  En  un estudio completo sobre los cincuenta años de funcionamiento del Tribunal  de   Cartagena   de   Indias,   se   indica   al  respecto  lo  siguiente:   “En  la  medida  en que una parte importante de los  reos  eran  negros  criollos  de una o más generaciones llegadas al Nuevo Mundo  desde  el  inicio  de la Conquista o la Colonia, y que se encontraban en proceso  de  asumir  o  haber  asumido  la escala de valores y principios de una sociedad  colonial  regida  por  el  cristianismo,  claro está que sin abandonar del todo  algunas  de  sus  manifestaciones  religiosas y culturales, con el tiempo se dio  paso  a  un  sincretismo  que  continuamente  se iba realimentando con el arribo  permanente  de nuevos esclavos provenientes del África, especialmente de Guinea  y  Cabo  Verde, quienes , además de resistirse a la aculturación, recordaban a  sus  congéneres  los  ritos,  cantos  y  lenguas  ancestrales  ya  olvidadas  o  desvirtuadas  en medio de los criollos.” Splendiani,  Anna  María (1997) Cincuenta años de inquisición en  el  Tribunal de Cartagena de Indias 1610-1660. Tomo I,  p. 218.   

179  Zapata  Olivella,  Manuel  (1989). Las claves mágicas  de  América.  Editorial  Plaza & Janes. Bogotá,  2005. p. 175.   

181  Los  trabajos  del  sacerdote permitieron aclarar, por ejemplo, que los esclavos  que  llegaban a la Nueva Granda no provenían de Jamaica, como hasta entonces se  creía,  sino  desde  el África. Además, incentivo la realización de estudios  sobre las comunidades negras colombianas.   

182  El  Juez  Manuel  Saturio  Valencia  fue  el primer negro en ascender a un cargo  público  relevante  en  Chocó, su tierra natal. Fue juez penal en una sociedad  predominantemente  negra,  dominada  por  una  reducida  élite  blanca.  Poeta,  pedagogo  y  dirigente  popular chocoano, nacido en 1867; fue falsamente acusado  de  cometer  un  delito  por  el  que  lo  condenaron  a  la  pena de muerte. Su  fusilamiento  en  1907,  fue  la  última  ejecución  amparada  por  la  ley en  Colombia.   Al   respecto   ver    Velásquez   Murillo,   Rogelio  (1953).  Memorias    del   odio.  Editorial Iqueima. Bogotá, 1953.   

183  Además  del  trabajo ya citado [El Palenque de San Basilio (1954)] ver también  El   Negro   en  Colombia  (1964).   

184  Al  respecto  pueden  verse, entre otros, los siguiente trabajos:  Mosquera  Rosero-Labbé,    Claudia,    y   otros    [ed]   (2007).   Afro-reparaciones:  Memorias  de  la Esclavitud y Justicia Reparativa para negros, afrocolombianos y  raizales.  Universidad Nacional de Colombia. Bogotá,  2007.   ||   Rodríguez  Garavito,  César y  otros   (2009)   Raza  y  derechos  humanos  en Colombia. Informes sobre discriminación racial y derechos  de  la  población  afrocolombiana.  Observatorio  de  Discriminación  Racial, Universidad de Los Andes. Bogotá, 2009.  ||   Mosquera  Rosero-Labbé,  Claudia, y otros  [ed]  (2009).  Acciones  afirmativas y  ciudadanía  diferenciada  étnico-racial  negra,  afrocolombiana,  palenquera y  raizal.  Universidad  Nacional  de Colombia. Bogotá,  2009.   

185  De  Granada,  Germán  (1971). Un afortunado fitónimo  bantú:  macondo en Thesavrvs, Boletín del Instituto  Caro    y    Cuervo.    Septiembre   – Diciembre 1971, N° 3.   

186  Ver  entre  otras,  las  Sentencias C-055 de 1996, C-634 de 1996, C-329 de 2001,  C-338  de  2002,  C-626  de  2003, C-170 de 2004, C-377 de 2004, C-110 de 2006 y  C-397 de 2007.   

187Cfr. C-110 de 2006.   

188Cfr.   Corte  Constitucional,  Sentencia  C-447 de 1997.   

189  Corte   Constitucional,   Sentencia  C-329  de  2001.  ||  Esta  regla  ha  sido  implementada  desde las primeras decisiones de esta Corporación. Por ejemplo en  el  auto  07 de 1992 se dijo lo siguiente: “Así las  cosas,  no  hay  duda  de  que  los  preceptos demandados ya no forman parte del  ordenamiento  positivo  por  haber  sido derogados  y en consecuencia no existe  objeto  sobre  el cual pueda recaer pronunciamiento alguno de la Corte, pues ha  de  tenerse en cuenta que si los fallos que dicta esta Corporación en ejercicio  de  la  misión  que se le ha encomendado de guardar la integridad y supremacía  de  la  Carta  Fundamental,  tienen  como  efecto propio permitir que las normas  acusadas  puedan seguir cumpliéndose o ejecutándose (exequibilidad), o excluir  éstas  de  la  normatividad  jurídica  por  lesionar la Constitución Nacional  (inexequibilidad)  restableciendo  de  esta  forma  el orden lesionado, no tiene  sentido  alguno  que se acuse un precepto que ha dejado de regir y que por tanto  no  está  en  condiciones  de  quebrantar  el  Estatuto Máximo.”  (…) “Siendo, entonces, presupuesto  indispensable  de  toda demanda de inconstitucionalidad  el que las normas cuya  validez  se  cuestiona existan para poder así recibir los efectos de los fallos  de  exequibilidad  o  inexequibilidad,  se  procederá  a  rechazar  la presente  demanda  por incoarse contra disposiciones que ha perdido vigencia. Se da, pues,  el  caso  de  incompetencia  por  sustracción  de  materia, también llamado de  carencia actual de objeto.”   

190  Corte  Constitucional,  Sentencias  C-634 de 1996, C-443 de 1997, C-896 de 2001,  C-1190  de  2001,  C-1289 de 2001, C-419 de 2002, C-1006 de 2003, C-159 de 2004,  C-857 de 2005, C-823 de 2006, y C-215 de 2007, A 089 de 2008.   

191  Corte  Constitucional,  Sentencias  C-634 de 1996, C-443 de 1997, C-896 de 2001,  C-1190  de  2001,  C-1289 de 2001, C-419 de 2002, C-1006 de 2003, C-159 de 2004,  C-857 de 2005, C-823 de 2006, y C-215 de 2007, A 089 de 2008.   

192  Corte Constitucional, Sentencia C-110 de 2004.   

193  Corte   Constitucional,  Sentencias  C-634  de  1996  y   C-1144  de  2000.   

194  Ver,  entre  otras,  las sentencias C-309 de 1996, C-879 de 2005, C-191 de 2006,  C-1026 de 2004.   

195  Ver  entre  otras, las sentencias C-419 de 2002, C-992 de 2004 y C-1026 de 2004,  C-995 de 2004.   

196  En   la   sentencia   C-992   de   2004,   a   propósito   de  una  demanda  de  inconstitucionalidad  dirigida  contra una disposición de la Ley 56 de 1981, la  Corte   manifestó   que   la  acción  pública  de  inconstitucionalidad         “[n]o  ha  sido  concebida para que la Corte haga un juicio de vigencia  ni  un  estudio  de los efectos derogatorios de las normas jurídicas. Con todo,  la  Corte  puede  entrar  a definir si la norma está vigente para determinar la  materia  legal  sujeta  a  su  control.  El análisis de vigencia de la norma se  vuelve  entonces  una  etapa  necesaria para determinar el objeto de control”.  En  el mismo sentido, ver la sentencia C-898 de 2001.   

197  En  esta  dirección,  el  concepto  del  Procurador General de la Nación y las  intervenciones  del  Ministerio  de  Cultura,  del  Interior  y  de Justicia, la  Academia  Colombiana  de Jurisprudencia; de las universidades ICESI, Santiago de  Cali, del Cauca y del ciudadano Jack Smith May.   

198Cfr.  Intervención  del Observatorio de  Discriminación  Racial  de la Universidad de los Andes y del Centro de Estudios  de  Derecho Justicia y Sociedad, Dejusticia. En esta misma línea se inscribe la  intervención del Proceso de Comunidades Negras de Colombia.   

199Ibíd.   

200Cfr.,  i.e. la Declaración Universal de  Derechos  Humanos (Art.4º “Nadie estará sometido a  esclavitud  ni  a  servidumbre,  la  esclavitud  y  la  trata de esclavos están  prohibidas  en  todas  sus  formas”), la Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  (Art.6.1 “Nadie  puede  ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de  esclavos   y   la   trata   de   mujeres   están   prohibidas   en   todas  sus  formas”),   el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles   y   Políticos  (Art.8º  “Nadie  estará  sometido  a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas  en todas sus formas”), entre otros.   

201  Esta  Corporación  ha  establecido, con apoyo en el artículo 3º de la Ley 153  de  1887,  que se presenta revocatoria por regulación  integral   de   la  materia,   cuandouna  nueva  ley  reglamenta  de  manera  completa  el  asunto regulado por la norma en cuestión,  haciendo  que  esta  última  pierda  su  vigencia  dentro  del ordenamiento. Al  respecto  se pueden consultar las sentencias: C-823 de 2006,C-653 de 2003, C-328  de 2001, C-329 de 2001, C-634 de 1996 y C-558 de 1996.   

202  En  la  misma  línea descrita en el numeral 28 de los fundamentos jurídicos de  esta  decisión,  la  sentencia C-664 de 2007 sostuvo, basada en lo dispuesto en  el  artículo  71  del  Código  Civil,  que la derogatoria tácita se configura  “cuando  la nueva ley contiene disposiciones que no  pueden conciliarse con las de la ley anterior”.   

203Cfr.  Corte  Constitucional,  Sentencias  C-309  de  1996,  C-443  de  1997, C- 329 de 2001, C-992 de 2004 C-857 de 2005 y  C-215 de 2007.   

204  En  ese  orden  de  ideas,  existen  otros  mandatos  de  la Ley “Sobre  la  libertad  de  esclavos” que  siguen  vigentes  hoy  como  el  contemplado en el artículo 14: “Son  libres  de  hecho  todos  los  esclavos  procedentes  de otras  naciones  que  se  refugien  en  el  territorio  de  la  Nueva  Granada,  y  las  autoridades  locales  tendrán  el  deber de protegerlos y auxiliarlos por todos  los medios que estén en la esfera de sus facultades.”   

205  “(ii)  que  la  misma  excluya  de sus consecuencias jurídicas aquellos casos  que,  por  ser  asimilables,  tenían que estar contenidos en el texto normativo  cuestionado,  o  que  el precepto omita incluir un ingrediente o condición que,  de  acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal  con  los  mandatos  de  la  Carta;  (iii)  que  la  exclusión  de  los  casos o  ingredientes  carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de  justificación  y  objetividad genere para los casos excluidos de la regulación  legal  una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las  consecuencias  de  la  norma;  y  (v)  que  la  omisión  sea  el  resultado del  incumplimiento  de  un  deber  específico  impuesto  por  el  constituyente  al  legislador.” Cfr. Supra num. 10.   

206Declaración    Americana   de   los   Derechos   y   Deberes   del  Hombre,   OAS   Res.  XXX,  aprobada  en  la  Novena  Conferencia  Internacional  Americana  (1948),  reimpreso en Documentos Básicos  Concernientes   a   los   Derechos   Humanos   en   el  Sistema  Interamericano,  OEA/Ser.L.V/IL82   doc.6  rev.1  p.  17  (1992).  Artículo  XVIII.  Derecho  de  justicia.  Toda  persona  puede  ocurrir  a  los tribunales para hacer valer sus  derechos.  Asimismo  debe  disponer  de un procedimiento sencillo y breve por el  cual  la  justicia  lo  ampare  contra  actos  de  la  autoridad  que violen, en  perjuicio    suyo,    alguno   de   los   derechos   fundamentales   consagrados  constitucionalmente.   

207Declaración     Universal    de    Derechos    Humanos,  AG.  res. 217 A (III), ONU Doc. A/810 p. 71 (1948). Artículo 8.  Toda   persona  tiene  derecho  a  un  recurso  efectivo,  ante  los  tribunales  nacionales  competentes,  que  la  ampare  contra  actos que violen sus derechos  fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.   

208  Ciertas    convenciones,    como   la   Convención   contra   la   tortura    y    otros    tratos        o       penas            crueles,           inhumanos       o      degradantes,  (Adoptada  y  abierta a la  firma,  ratificación  y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas en  su  resolución  39/46,  de  10 de diciembre de 1984), prevén la reparación de  los  daños  causados  a  las  víctimas.  En  el artículo 14, esta convención  prevé   la   obligación  de  los  Estados  de  velar  porque  “1.  (…)  su  legislación  garantice  a la víctima de un acto de tortura la reparación y el  derecho    a    una    indemnización    justa    y  adecuada,    incluidos    los    medios   para   su  rehabilitación  lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como  resultado  de  un  acto  de  tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a  indemnización.  2.  Nada  en  lo dispuesto en el presente artículo afectará a  cualquier  derecho  de  la  víctima  o  de otra persona a la indemnización que  pueda existir con arreglo a las leyes nacionales   

209  Esta  posición  ha  defendida  por la jurisprudencia en las sentencias C-805 de  2002,  T-622  de  2002,  C-570 de 2003, C-370 de 2006, C-454 de 2006 y C-2009 de  2007, entre otras.   

210  En la misma dirección la sentencia T-085 de 2009.   

211  El  carácter  normativo  de  estos documentos internacionales ha sido objeto de  análisis  en  diferentes  decisiones  de  esta  Corporación.  Sin  embargo una  síntesis  comprensiva  del alcance material de estas fuentes se encuentra en la  Sentencia  C-355  de  2006.  También  sobre  el  valor  interpretativo  de  las  diferentes    fuentes    del    derecho    internacional    ver:    C-010   de   2000,   T-1391   de  2001,  C-004  de  2003,  C-067 de  2003 y T-453 de 2005.   

212  Por  ejemplo, la conclusión de estos principios estuvo fuertemente influenciada  por  trabajos  recogidos en textos preparatorios, como las directrices Van Boven  (1997),  las  directrices  de  Joinet  (1997),  luego  por  las  directrices  de  Bassiouni  (1999 y 2000), el Informe de Salinas (2003, 2004 y 2005). Igualmente,  recibió  la  influencia  de  resoluciones  de  gran importancia para el Derecho  Internacional,  y  con  incidencia  directa  en  el Derecho Internacional de los  Derechos  Humanos  como  la  Resolución  56/83  de 2001 de la Asamblea General,  relacionada     con     la    forma    de    determinar    la    “Responsabilidad    del   Estado   por   hechos   internacionalmente  ilícitos”  (A/RES/56/83)  que  en  su artículo 34  dispone  “La  reparación  íntegra  del  perjuicio  causado   por  el  hecho  internacionalmente  ilícito  adoptará  la  forma  de  restitución,  de  indemnización  y de satisfacción, ya sea de manera única o  combinada,    de    conformidad    con    las    disposiciones    del   presente  capítulo” y la Resolución 2002/44 de la Comisión  de   Derechos   Humanos   sobre   “El  derecho  de  restitución,  indemnización  y rehabilitación de las víctimas de violaciones  graves  de  los  derechos humanos y las libertades fundamentales” (E/CN.4/2002/44).   

213  Mandatos  como  los  que se desprenden de estos Principios han sido invocados en  diferentes  sentencias  de  esta  Corporación  relacionadas  con  el tema de la  reparación  integral:  C-127  de  2006,  C-370 de 2006, C-719 de 2006, C-455 de  2006,  C-650  de  2006,  T-821 de 2007, T-1001 de 2008, T-085 de 2009 y C-409 de  2009, entre otras.   

214  Al   respecto,   existen   distinciones  estructurales  entre  los  procesos  de  justicia  transicional, que  ocurren  en  el marco de cambios que operan un orden social y político luego de  un  período  de  violación  generalizada  de  derechos humanos, por razón del  tránsito  de  un régimen dictatorial a uno democrático, o por la terminación  (negociada  generalmente)  de  un  conflicto  interno  armado  en un determinado  territorio,  de  aquellos  procesos de reivindicaciones intergeneracionales o de  justicia intergeneracional,  que  hacen  referencia  a  la  concepción de que la justicia no sólo puede ser  exigida   entre  contemporáneos,  sino  que  también  tiene  que  ver  con  la  responsabilidad  que  ocasionan  los  hechos  de  una generación determinada de  personas,  frente  a eventuales daños que puedan causarse a otras generaciones.  Aunque   esta    última  categoría  es  utilizada,  principalmente,  para  enmarcar  los debates relacionados con las consecuencias y responsabilidades por  los  daños  ambientales  frente a las generaciones del futuro, también ha sido  empleada  para recrear formas de reivindicación frente a hechos ocurridos en el  pasado.   Tanto   en   los   procesos   de   justicia  transicional    como    en   las   reivindicaciones  intergeneracionales,  las  reparaciones  históricas,  como medidas de satisfacción operan y juegan un rol  fundamental.  Al  respecto  consultar:  Gordon,  R.  (1998).  Undoing  Historical  Injustice.  En  A.  Sarat  &  T.  Kearns  (eds.).  Justice    and   Injustice   in   Law   and   Legal  Theory,  Ann  Arbor:  The  University  of  Michigan  Press16,  69-94;  Minow, M.  (1998).  Between  Vengeance  and  Forgiveness. Facing  History  after  Genocide  and  Mass  Violence. Boston:  Beacon   Press;   Teitel,   R.  (2000).  Transitional  Justice.  NewYork: Oxford University Press. Teitel, R.  (2003).  Transitional  Justice  Genealogy.  Harvard  Human  Rights  Journal; Minkkinen, Panu “‘Ressentiment’   as   Suffering:  On  Transitional  Justice  and  the  Impossibility  of Forgiveness”, en Law and Literature, Vol.  19,  No. 3 (Fall, 2007), pp. 513-531;Intergenerational  Justice,   Standford   Encyclopedia   of  Philosophy  [Disponible                en               http://www.seop.leeds.ac.uk/];  Fishkin, James S., (1991), “Justice  between       Generations:      Compensation,      Identity,      and      Group  Membership”, Compensatory  Justice,  (Nomos 33), John W. Chapman (ed.), New York  and  London:  NYU Press, 85-96 y (1992), “The Limits  of   Intergenerational  Justice”,  in  Laslett  and  Fishkin 1992, 62-83.   

215  Almaro   García,  Oscar  “            Reparaciones  contemporáneas: De la memoria de  la  esclavitud  al  cuestionamiento  de  la  exclusión  social  y el racismo”  en  Afro-reparaciones:  memorias  de  la esclavitud y  justicia   reparativa  para  negros,  afrocolombianos  y  raizales,  Universidad  Nacional   de   Colombia,   Bogotá,   2007.   Según  este  autor  “La  Segunda  Guerra  Mundial,  los  conflictos  y  dictaduras de  Centro  y  Suramérica,  la  guerra  étnica  en  la  ex Yugoslavia –Bosnia-Herzegovina–,  la  guerra  civil  en  Ruanda,  la  ocupación  de  Kuwait por Irak a principios de la década de 1990, el conflicto  israelí-palestino  y  la actual intervención de los Estados Unidos en Irak son  ejemplos  bien  conocidos en los que este debate se ha desarrollado –o,    mejor,    ha    tenido    que  desarrollarse–  ante  el  contundente   peso   de  las  injusticias  y  la  crueldad  de  las  violaciones  cometidas.”   

216  La  literatura  sobre el tema ha crecido enormemente. Algunos textos recientes y  significativos  sobre  el debate son las tres siguientes colecciones de estudios  sobre  el  tema:  Brooks, Roy When Sorry isn`t enough:  The  Controversis over Apologies and Reparations for Human Injustice.  Nueva  Cork:  New  Cork University Press, 1999; Du Plessis, Max,  Pete,  Stephen.  Repairing  the  Past?  International  Perspectives   ob   Reparation   for   Gross   Human  Rights  Abuses.   Antwerpen:   Intersentia,   2006;  Gibney  Mark  et  all  (Eds)  The   Age   of   Apology.  Philadelphia: University of Pensilvania Press, 2008.   

217  Preocupaciones   similares  son  planteadas  en  Garapón,  (2008)  Peut-on    réparer    l’histoire ?      Colonisation,     esclavage,     Shoah,  Paris,  Odile  Jacob,  2008.  Caps.  2  y  3  y  Balfour  Lawrie  “Reparations  after  Identity Politics”enPolitical  Theory,   Vol.   33,   No.   6   (Dec.,  2005),  pp.  786-811.   

218  Garapón,   (2008)   Peut-on  réparer  l’histoire ?  Colonisation, esclavage,  Shoah, Paris, Odile Jacob, 2008. P. 124.   

219  Este  criterio  se  flexibilizó en el Caso Lehideux e Isorni, donde el Tribunal  Europeo  manifestó que la severidad en la imposición de sanciones penales debe  tener  en  consideración  la distancia entre los hechos ocurridos y la fecha en  que  se emite la opinión o comentario.  Esta decisión ha sido fuertemente  criticada,   especialmente   por   la   doctrina   francesa   porque   introduce  “una   cierta   relajación   o   laxismo   en  la  persecución  de  ideas  pronazis”. Al respecto vale  la  pena  aclarar  que  aunque  la decisión apunta a flexibilizar la represión  penal  de  la opinión, mantiene en el texto del fallo, la defensa de los hechos  históricos  incontrovertibles. “Para varios autores  el  transcurso  del tiempo no hace aceptable la defensa de un régimen político  criminal,  en  particular  si  a  ello  se opone el deseo de las víctimas de no  olvidar”.  Cfr.  AAVV, Convenio Europeo de Derechos  Humanos  (2009).  Comentario  sistemático, Iñaki Lasagabaster Herrarte (dir.),  Thomson Reuters Ed., Madrid, P. 457.   

220  Estatuto    de    Roma.    Artículo    7    “Crímenes  de  lesa  humanidad  1.  A  los  efectos del presente  Estatuto,  se  entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos  siguientes  cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático  contra  una  población  civil  y  con  conocimiento  de  dicho ataque: (…) c)  Esclavitud.”   

221  Declaración     y    Programa    de    Acción    de    Durban.    Conferencia  mundial  contra el racismo, la discriminación racial,  la xenofobia y demás formas de intolerancia   

222  Ibíd.   

223  Documento   Final   de   la   Conferencia   de   Examen   de  Durban,  Abril  de  2009.   

224  Para  ver  los  detalles  del  proyecto,  ver  UNESCO,  División  de  Proyectos  Interculturales    “La   ruta   del   esclavo”.  Francia, Pp. 3 y ss.   

225  Tomado                 de                 www.portal.unesco.org.  Dada  la relevancia, el impacto y su magnitud, desde el 2006, el  proyecto  ha  redefinido  sus  estrategias  y principales líneas de acción. Al  respecto  ver  “The  New  Strategy  for  the  Slave Route Project”. Disponible  en la misma dirección electrónica..   

226  CIDH,  Observaciones  Preliminares  de  la  Comisión Interamericana de Derechos  Humanos  tras  la visita del relator sobre los derechos de los afrodescendientes  y  contra  la  discriminación  racial  a  la  República  de  Colombia.  Párr.  16.   

227Cfr.  Mosquera  Rosero-Labbé,  Claudia.  Reparaciones  para negros, afrocolombianos y raizales  como  rescatados  de la Trata Negrera Transatlántica y desterrados de la guerra  en  Colombia.  En:  Afro-Reparaciones: Memorias de la  esclavitud  y  justicia  reparativa  para  negros,  afrocolombianos  y raizales.  Universidad   Nacional  de  Colombia.  Bogotá.  Abril  2007.  Pp.  231  y  232.   

228  Explica      la      autora      respeto      del      término     “racialización     –en  inglés, racialization–  se utiliza generalmente para designar los procesos por los cuales  la  sociedad les atribuye una significación social a algunos grupos por motivos  físicos  superficiales,  como  el  fenotipo o el color de la piel. Las personas  que  así  se catalogan son reducidas al rol de minorías raciales inferiores en  función  de  su  relación  con el grupo dominante”  Más  adelante  agrega:  “Por los estudios acerca de  la  colonialidad  del poder sabemos que los rasgos fenotípicos y culturales son  insuficientes  para  producir  diferenciaciones  raciales y que en efecto existe  una  confusión  entre  los  rasgos  fenotípicos  utilizados para justificar la  construcción  de  la idea de raza y las características sociales, culturales e  históricas  atribuidas  a  los  grupos racializados [referencia no transcrita].  Por   ello,   los  negros,  afrocolombianos  y  raizales  son  un  grupo  social  racializado  como  inferior, situación que naturaliza el que hoy sufran y vivan  en  condiciones  de  vida  infrahumanas.  No es el color de la piel o los rasgos  fenotípicos  en  sí lo que debe ser objeto de análisis científico social: es  la  construcción  social, cultural e histórica que se ha hecho de los mismos y  según  la cual se justifican jerarquías asimétricas en el reparto de bienes y  privilegios,     que     excluye     a    los    negros,    afrocolombianos    y  raizales.”   

229  Sobre  la  justificación  de  este argumento ver los artículos que componen el  texto,  Afro-Reparaciones:  Memorias de la esclavitud y justicia reparativa para  negros,  afrocolombianos  y raizales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.  Abril  2007  y  aquellos que hacen parte del libro “150 años de la abolición  de  la  esclavización  en Colombia: Desde la marginalidad a la construcción de  la  nación”,  elaborado  en  el  marco  de  la VI Cátedra anual de Historia,  Bogotá, 2003.   

230  Consejo  Nacional  de Política Económica y Social, Departamento de Planeación  Nacional,  Documento  Conpes  3310.  “Política  de  acción   afirmativa  para  la  población  negra  o  afrocolombiana” Bogotá, 2004.   

232  Decreto  1332  agosto  1992,  por el cual se crea la Comisión Especial para las  Comunidades  Negras,  encargada de elaborar el Proyecto de Ley reglamentario del  AT.  55  de  la  C.P.  (adicionado); Decreto 2374 noviembre 1993, por el cual se  adiciona  el  decreto  2128  de  1992  ;  Resolución  No.  071  diciembre 1993,  reglamentaria   de   la   elección   de   Representantes   a   la  Cámara  por  circunscripción  especial  de  comunidades negras; Decreto 1374 junio 1994, por  el  cual  se conforma la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades  Negras;  Decreto  2313  reglamentario del artículo 67 de la ley 70 de 1993, por  el  cual  se  adiciona  la estructura interna del Ministerio de Gobierno, con la  Dirección  de  Asuntos  para las Comunidades Negras; Decreto 2314 octubre 1994,  por  el  cual  se crea la Comisión de Estudios para la formulación del Plan de  Desarrollo   para   las   Comunidades   Negras;   Decreto   1745  octubre  1995,  reglamentario  del  Capitulo  III  de la ley 70 de 1993, por el cual se dicta el  procedimiento   para   el   reconocimiento  de  la  propiedad  colectiva  a  las  comunidades  negras;  Decreto 2248 diciembre 1995, por el cual se establecen los  parámetros  para  el  registro  de  organizaciones  de  las comunidades negras;  Decreto  2249  diciembre  1995,  por el cual se crea la Comisión Pedagógica de  las  comunidades  negras;  Decreto 2344 del 26 de diciembre de 1996, por el cual  se  subroga  el  artículo 12 del Decreto 2248 1995, relativo a las Secretarías  de  las  Comisiones  Consultivas  Regionales,  Departamentales  y  Distrital  de  Bogotá,  .D.C.;  Decreto  1627 de septiembre de 1996, por el cual se reglamenta  el  Fondo  de  Créditos  Condonables para Estudiantes de Comunidades Negras, de  Bajos  Recursos  Económicos  y  Buen Desempeño Académico, administrado por el  ICETEX.;  Decreto  1122  del  18 de junio de 1998, por el cual se expiden normas  para  el  desarrollo  de  la  Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los  establecimientos   de   educación   formal   del   país   y  se  dictan  otras  disposiciones;  Decreto  1320  del  13  de  julio  de 1998,  por el cual se  reglamenta  la  Consulta  Previa  a las Comunidades Indígenas y Negras, para la  explotación  de  los  recursos  naturales  dentro  de  sus territorios.” Nota  tomada del Documento Conpes 3310 de 2004.   

233  Documento Conpes 3310 de 2004. Op. Cit.   

234  Comisión      Interamericana      de     Derechos     Humanos,     Observaciones   preliminares  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  tras  la  visita  del  relator  sobre  los  derechos  de  los  afrodescendientes  y  contra  la  discriminación  racial  a  la  República  de  Colombia,         27        marzo        2009.  OEA/Ser.L/V/II.134   

235  Por  ejemplo, en la sentencia T-1095 de 2005. MP. Clara Inés Vargas Hernández,  la  Corte  Constitucional  concedió  la tutela a una mujer a quien se le había  negado  el  acceso  a  una  discoteca  por  motivos  raciales, y reiteró que la  identidad   étnica   o   el   origen  racial  se  entienden  como  “criterios  sospechosos”  de  diferenciación.  En  la  sentencia T-375 de 2006. MP. Marco  Gerardo  Monroy  Cabra,  la  Corte  protegió  el  derecho  a la igualdad y a la  educación  de  una  aspirante  a  ingresar  al  programa  de  medicina  de  una  universidad,  a  la  que  le  había sido negado el ingreso por su condición de  afrodescendiente.  En  dicha  decisión,  la  Corte  recordó  que en virtud del  Convenio  169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad, existe  un  mandato  claro  de  promoción del acceso a la educación de los miembros de  las  comunidades  afrodescendientes,  que  no puede ser negado ni obstaculizado,  por  parte  de  las  autoridades  encargadas  de  la ejecución de programas que  desarrollen   los   propósitos  educativos  enunciados.  En  igual  sentido,  y  reiterando  lo  anterior,  la  Corte  en  la sentencia T-586 de 2007. MP. Nilson  Pinilla  Pinilla,  concedió la tutela por violación al derecho a la igualdad y  a  la  educación de una mujer afrocolombiana que aspiraba a ser beneficiaria de  un  cupo  para  minorías étnicas en la Universidad del Tolima, pero que le fue  negado  con el argumento de que en la ciudad de Ibagué no existían comunidades  afrocolombianas.  Por  su  parte  en  la  sentencia  T-422  de 1996, MP. Eduardo  Cifuentes  Muñoz,  la  Corte  garantizó  el derecho a la igualdad de un hombre  afrocolombiano,  y  de  la  comunidad  negra residente en el Distrito Turístico  Cultural  e  Histórico  de  Santa  Marta,  ante  la  renuencia del Director del  Servicio  Educativo  Distrital de Santa Marta de designar un representante de la  comunidad  negra  ante  la  Junta  Distrital de Educación del Distrito de Santa  Marta, de conformidad con el artículo 160 de la Ley 115 de 1995.   

236  Ver,  entre  otras,  las  sentencias  T-1095  de  2005.  MP.  Clara Inés Vargas  Hernández,  C-169  de  2001.  MP.  Carlos  Gaviria  Díaz  y T-422 de 1996. MP.  Eduardo  Cifuentes  Muñoz.  En  esta  última  decisión,  en  relación con el  tratamiento  especial  que  se  debe  brindar  a  los  afrocolombianos, la Corte  expresó:     “La    diferenciación    positiva  correspondería  al reconocimiento de la situación de marginación social de la  que  ha  sido víctima la población negra y que ha repercutido negativamente en  el  acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. Como  ocurre  con  grupos  sociales  que  han  sufrido  persecuciones  y  tratamientos  injustos  en  el pasado que explican su postración actual, el tratamiento legal  especial  enderezado  a  crear nuevas condiciones de vida, tiende a instaurar la  equidad   social  y  consolidar  la  paz  interna  y,  por  lo  mismo,  adquiere  legitimidad constitucional.”   

237Sentencia  C-169  de  2001.  MP.  Carlos  Gaviria  Díaz.  En  esta  decisión   la   Corte   revisó  la  constitucionalidad  del  proyecto  de  ley  estatutaria  N°  25-S/99 y 217-C/99 “por la cual se  reglamenta  el  artículo 176 de la Constitución Política, en relación con la  participación  en  la  Cámara  de  Representantes  de los grupos étnicos, las  minorías  políticas  y  los  colombianos residentes en el exterior”.   

238  Ver,  entre otras, las sentencias C-169 de 2001, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-586  de  2007.  MP  Nilson  Pinilla  Pinilla   y T-375 de 2006. MP Marco Gerardo  Monroy Cabra.   

239  Sentencia  C-461  de 2008. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. A este respecto, en  la  sentencia  T-549  de  2006.  MP.  Jaime  Araujo  Rentaría,  puntualmente se  expresó:   “Por consiguiente, no cabe duda en  relación  con que las comunidades negras reconocidas y protegidas especialmente  por  el  propio  Constituyente en el artículo 176 de la Constitución Nacional,  lo  mismo  que  en  la  ley  70  de  1993,  expedida en cumplimiento del mandato  contenido  en  el  artículo 55 transitorio de la Carta Política, son titulares  calificadas  de  una  serie de derechos fundamentales, derivados directamente de  la  obligación  estatal  de  respetar  y  garantizar  la  diversidad  étnica y  cultural de la Nación”.   

240MP. Manuel José Cepeda Espinosa.   

241  MP. Rodrigo Escobar Gil.   

242 A  este  respecto, señaló la Corte: “En este caso, no  obstante  el  carácter  general de la ley -no dirigida a regular especialmente,  en  aplicación  del  Convenio  169  de la OIT, la situación de las comunidades  indígenas  y  tribales-,  de  su contenido material se deriva la posibilidad de  una   afectación   específica   a  tales  comunidades,  como  quiera  que  sus  previsiones  recaen  sobre un objeto -el bosque- que tiene particular relevancia  para  las  mismas  y  guarda  una íntima e indisoluble relación con su modo de  vida.   

A  partir de las anteriores consideraciones,  concluye  la  Corte  que la materia propia de la Ley 1021 de 2006 es susceptible  de  afectar directa y específicamente a las comunidades indígenas y tribales y  que,  por consiguiente, previamente a su expedición debió surtirse el trámite  de  la  consulta  con  dichos  pueblos,  en  los  términos  del  literal a) del  artículo 6º del convenio 169 de la OIT.”   

243MP. Álvaro Tafur Galvis.   

244MP. Alejandro Martínez Caballero.   

245Cfr,    Notas   56   y   60   de   esta  providencia.   

246  Al  respecto,  vale  la pena precisar que con ello no se desdibuja la noción de  control  de  constitucionalidad  o se le dan alcances diferentes a los definidos  expresamente    por    la    Constitución    a    la    acción   pública   de  inconstitucionalidad.  Simplemente,  que  como  resultado  de  la confrontación  hecha  entre  la  norma acusada y la Carta Política hecha por esta Corporación  en   ejercicio   de  sus  facultades,  se  satisface  de  paso  una  obligación  reparatoria  con  fundamento  mismo en los postulados constitucionales. Respecto  de   esta   posibilidad,   la   jurisprudencia   internacional   ha  establecido  reiteradamente  que,  en  tratándose  de  daños  inmateriales,  las sentencias  pueden   “constituir   per   se   una   forma   de  reparación”.  En  esta  dirección ver en la Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos:  Caso  Maritza  Urrutia,  párr.  166; Caso  Myrna   Mack   Chang,   párr.   260;   Caso  Bulacio,  párr.  96. Caso    de    los    Hermanos   Gómez   Paquiyauri,   párr.   215;   Caso  19  Comerciantes,  párr.  247;  y Caso Molina  Theissen.   Reparaciones,  párr.   66   Caso  Juan  Humberto    Sánchez,   párr.   172;   Caso  “Cinco  Pensionistas”,  párr.  180;  Caso  Las  Palmeras, Reparaciones, párr.   74;   Caso   Trujillo   Oroza,  Reparaciones,      párr.     83;     Caso     Bámaca     Velásquez,     Reparaciones,supra  párr.  60;  Caso  Cantoral Benavides,  Reparaciones,     párr.     57;     Caso  de  la  Comunidad  Mayagna  (Sumo)  Awas Tingni, párr.      166;      Caso     Cesti  Hurtado.Reparaciones,   párr.   51;   Caso  de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros),  Reparaciones,     párr.    88    y    Caso   de   la  “Panel  Blanca”  (Paniagua  Morales  y  otros),  Reparaciones,  párr. 105. En igual sentido, la Corte  Interamericana  ha  citado  las  siguientes  decisiones  de  la  Corte  Europea:  Eur.  Court  HR,  Ruiz  Torija v. Spain judgment of 9  December  1994,  Series  A no. 303-A, par.  33; Eur. Court HR, Boner v. the  United  Kingdom  judgment of 28 October 1994, Series A no. 300-B, par.  46;  Eur.  Court HR, Kroon and Others v. the Netherlands judgment of 27 October 1994,  Series  A  no. 297-C, par.  45; Eur Court H.R., Darby v. Sweden judgment of  23  October  1990,  Series A no. 187, par.  40; Eur. Court H.R., Wassink v.  The  Netherlands  judgment  of 27 September 1990, Series A no. 185-A, par.   41;  Eur.  Court  H.R., Koendjbiharie v. The Netherlands, judgment of 25 October  1990,     Series     A     no.     185-B,     par.      34;    and  Eur.  Court  H.R., Mc Callum v. The  United   Kingdom   judgment   of   30  August  1990,  Series  A  no.  183,  par.  37.   

247Respecto  a la consulta previa, se puede consultar, entre otras, la  sentencia  C-175  de  2009  mediante  la  cual  se  declaró  la inexequibilidad  de   la Ley 1152 de 2007, “por la cual se dicta  el  Estatuto  de  Desarrollo  Rural,  se  reforma  el  Instituto  Colombiano  de  Desarrollo   Rural,   Incoder,  y  se  dictan  otras  disposiciones”,  por no haberse agotado el procedimiento de consulta previa de  las comunidades indígenas y afrodescendientes.   

248  En  la  sentencia C-473 de 1994 en la que esta Corporación exhortó al Congreso  para  que  expidiera una regulación de la huelga en los servicios públicos que  fuera  acorde  con  la  Constitución,  manifestó  que  este tipo de órdenes o  exhortos  se  enmarcan  dentro de “una expresión de  la  colaboración  de [los poderes] para la realización de los fines del Estado  (CP  art.  113),  en  particular  para  la  garantía  de  la efectividad de los  derechos  de  las  personas  (CP art. 2º). En efecto, el ordenamiento jurídico  colombiano  establece mecanismos de cooperación entre los órganos del Estado a  fin     de     asegurar     la     fuerza     expansiva    de    los    derechos  constitucionales”.   

249  Por  citar  un  ejemplo,  en  la  sentencia C-1017 de 2003, donde se declaró la  exequibilidad  del  artículo  2  de  la  Ley  780 de 2002, la Corte en la parte  considerativa   de   la  providencia  indicó:  “la  decisión  de la Corte debe encontrar correspondencia en la parte resolutiva del  fallo,  y  de  allí que sea necesario proferir una orden para que el Gobierno y  el  Congreso,  en  el ámbito de sus competencias adopten las medidas necesarias  para  que en el año 2003 se actualicen los salarios de los servidores públicos  en  los  términos  señalados en esta providencia y en caso de que los recursos  apropiados  sean  insuficientes  para  cumplir  los  parámetros resumidos en el  apartado   6   de  esta  sentencia,  se  efectúen  las  adiciones  y  traslados  presupuestales      correspondientes.”.      En  consecuencia,en  la  parte  resolutiva  se  dispuso  expresamente:  “Ordenar  al  Gobierno  Nacional  y  al Congreso de la República  que,  en el ámbito de sus competencias, adopten las medidas necesarias para dar  cumplimiento  a  esta sentencia. En consecuencia, en el caso de que las partidas  presupuestales  del  artículo  2  de  la  ley 780 de 2002 sean insuficientes se  efectuarán       las       adiciones       y      traslados      presupuestales  correspondientes”.   Para   ver   más  decisiones  similares  a  ésta,  se  pueden  consultar las órdenes dadas en las sentencias  C-828  de  2002,  C-179 de 2002, C-1060A de 2001,  C-674 de 199, C-867 de 1999,  C-239 de 1997, C-221 de 1997, C-473 de 1994, entre otras.   

250Sentencia C-473 de 1994.