Sentencia T-124-09
Referencia: expediente T- 2061736
Acción de tutela instaurada por la señora Edilma Claros Lozano en representación de su suegra Rosa Emilia Salazar de Alarcón contra Susalud Suramericana Medicina Prepagada S.A.
Magistrado ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá D.C., veinticuatro (24) febrero de dos mil nueve (2009).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º, de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES.
Edilma Claros Lozano en representación de su suegra Rosa Emilia Salazar de Alarcón interpuso acción de tutela en contra de Susalud Medicina Prepagada, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la seguridad social de aquélla.
HECHOS.
Los hechos que fundamentan la solicitud de amparo son los siguientes:
1.- Expresó que su suegra la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón se está afiliada al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la EPS Susalud Medicina Prepagada.
2.- Manifestó que su suegra, debido a sus ochenta y seis (86) años de edad, se encuentra en delicado estado de salud y padece de una DOLENCIA CARDÍACA denominada ESTENOSIS CAROTIDEA.
3.- Declaró que, debido a ello el médico tratante le ordenó una ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA MÁS COLOCACIÓN DE UNO O MÁS STENS pero que, al acudir a la EPS Susalud Medicina Prepagada para obtener la autorización de dicha intervención quirúrgica le informaron que el STEN PERIFÉRICO no estaba contemplado dentro del contrato de Medicina Prepagada.
4.- Añadió que, “con la negligencia en que incurren la EPS Susalud Prepagada la vida de mi suegra está en inminente riesgo por la patología ruinosa que padece”1 y señaló que “no cuenta absolutamente con ningún recurso para sufragar el costo de (sic) STEN PERIFÉRICO para la patología ruinosa que padece mi suegra pues sobrevive de lo poco que le puedan ayudar los hijos que todos tienen sus obligaciones y con esto debe suplir todas las necesidades básicas, tales como servicios públicos, alimentación, vestido, salud, etc”2
5.- Por último, solicitó que “con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor juez TUTELAR a favor de mi suegra ROSA EMILIA SLAZAR DE ALARCÓN, los derechos constitucionales fundamentales invocados, ordenándole a la EPS SUSALUD, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas desde la notificación del fallo que (sic) se servirá (sic) proferir, autoricen (sic) STEN PERIFÉRICO.”3
Solicitud de tutela.
10.- La señora Edilma Claros Lozano en representación de su suegra Rosa Emilia Salazar de Alarcón, considera vulnerados los derechos fundamentales a la vida, salud y seguridad social de aquélla, por lo que solicita se ordene a la Susalud EPS Medicina Prepagada autorizarle el suministro del STEN PERIFÉRICO necesario para realizarle una ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA MÁS COLOCACIÓN DE UNO O MÁS STENS.
Pruebas aportadas al proceso.
11.- En el expediente constan las siguientes pruebas:
– Copia de la orden médica emitida por el Doctor Luis Alfredo Villa, especialista en neurología clínica, neurología vascular y cuidado crítico neurológico.4
– Copia de la historia clínica de la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón emitida por el Doctor Sergio Vargas Vélez, médico adscrito a CediMed “Centro de Diagnóstico Médico”.5
– Copia de la orden médica emitida por el especialista en neuroradiología, Doctor Sergio Vargas Vélez.6
– Copia de la autorización de servicios emitida por Susalud EPS Medicina Prepagada en la que se aprueba el procedimiento quirúrgico consistente en una ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA (CAROTIDA O VERTEBRAL) UN VASO pero no se le concede el implante del STEN PERIFÉRICO.7
– Copia del formato de negación de servicios de salud y/o medicamentos por parte de Susalud EPS Medicina Prepagada.8
– Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Edilma Claros Lozano.9
– Copia del carné de afiliación a Susalud EPS Medicina de la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón.11
Intervención de Susalud EPS Medicina Prepagada.
12.- Susalud EPS Medicina Prepagada, a través de su apoderada judicial, Doctora Natalia Luján Jaramillo, solicitó la negación del amparo requerido pues informó que:
– Siendo Susalud una entidad que obra en el proceso de la referencia no como Entidad Promotora de Salud sino como una empresa de Medicina Prepagada es claro que a ella no le corresponde suministrar servicios básicos de salud ni contingencias que en ese campo presenten los usuarios así como tampoco los que estén regidos por el sistema de la Ley 100 de 1993 ya que, el vínculo que une a la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón con la accionada es de tipo contractual a través de los denominados Planes Adicionales de Salud (PAS).
– El catorce (14) de marzo de dos mil ocho (2008) se emitió la autorización de los servicios de ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA (CARÓTIDA O VERTEBRAL) UN VASO, MÁS COLOCACIÓN INTRAVASCULAR DE UINO O MÁS STENT en cuya observación se aclara que “no se cubre STENT PERIFÉRICO” pues en el capítulo 5 de las “Limitaciones Contractuales”, cláusula diecinueve (19), numeral diecisiete (17), se especifica que las prótesis de cualquier clase, en la cual estaría incluido el STENT, se encuentran excluidas del contrato.
– El día primero (1) de julio de dos mil siete (2007) la accionante renovó el contrato de Medicina Prepagada con la compañía accionada. Para esa fecha, presentó documentos que acreditaban su afiliación con Coomeva EPS.
Pruebas aportadas al proceso.
13.- En el expediente constan las siguientes pruebas:
– Copia del Plan Médico 100, Código 04, “Condiciones generales de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria” por parte de Susalud Medicina Prepagada.12
– Copia del certificado de existencia y representación de la Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. Susalud Suramericana Medicina Prepagada.13
– Copia del “Anexo de Exclusión” firmado por la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón, en el que se aclara que “por ser padecimiento previo al contrato de prestación de servicios, se excluye cualquier tratamiento relacionado con lo siguiente: Trastorno de la refracción y de acomodación. Várice de miembros inferiores”14
– Copia de la autorización de servicios por parte de Susalud Medicina Prepagada en el que se le aprueba una ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA (CARÓTIDA O VERTEBRAL) UN VASO, MÁS COLOCACIÓN INTRAVASCULAR DE UNO O MÁS STENTS, y en la que se especifica que “no se cubre stent periférico”15
– Copia del formato de negación de servicios de salud y/o medicamentos por parte de Susalud EPS Medicina Prepagada.16
Intervención de Coomeva EPS S.A.
14.- Mediante auto del once (11) de abril de dos mil ocho (2008), el Juzgado Décimo (10) Penal Municipal con función de Control de Garantías, en atención a la respuesta emitida por el representante legal de Susalud Medicina Prepagada, en el sentido de ser afiliada la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón al Sistema General en Salud a través de Coomeva EPS, ordenó “a fin de garantizar el derecho de defensa, INTEGRAR A ESTA LITIS a esa EPS, a fin de que se pronuncie al respecto.”17
15.- En respuesta a dicho auto, Coomeva EPS, a través de su analista jurídico, Doctor Luis Esteban Jaramillo M., solicitó se diera por terminado el trámite de tutela por falta de legitimación por pasiva ya que, “la señora ROSA EMILIA SALAZAR DE ALARCÓN, actualmente se encuentra en estado RETIRADO de Coomeva E.P.S., toda vez que el empleador de la cotizante, Nora Elena Alarcón Salazar, hija de la accionante, reportó la novedad de retiro en el mes de agosto de 2007, y hasta la fecha no se ha efectuado nuevamente afiliación alguna del grupo familiar, tal como puede verse en el cuadro anexo.”18
Con base en ello, sostuvo que “No cuenta tampoco a la fecha la accionante con un periodo de protección laboral dentro de la cual pueda solicitar los servicios de Coomeva EPS, pues es claro que hace ya más de tres meses que se efectúo el retiro, lo que supera visiblemente el máximo término consagrado como periodo de protección laboral.”19
Pruebas aportadas al proceso.
16.- En el expediente constan las siguientes pruebas:
– Copia de la gestión operativa de Coomeva EPS en la que se constata que la señora Nora Elena Alarcón Salazar se encuentra en estado de “retirado”.20
– Copia del poder especial otorgado por Coomeva EPS S.A. a los Doctores Andrea Uribe Arredondo, Juliana Matallana Correa, Luis Esteban Jaramillo Macias, Gabriel Jaime Carvajal Palacio y Paula Cristina Zapata Correa a través de escritura pública número cinco mil trecientos cincuenta y dos (5.352).21
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN.
Primera Instancia. Juzgado Décimo (10) Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías.
17.- El Juzgado Décimo (10) Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías, mediante sentencia proferida el día quince (15) de abril de dos mil ocho (2008) tuteló los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida digna de la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón al juzgar que era imperioso proteger los derechos fundamentales de una persona de la tercera edad, independientemente de cualquier consideración de tipo contractual. En efecto, para ese Despacho, la decisión tomada “corresponde a sólo a la protección de derechos constitucionales o fundamentales, considerando la edad de la afectada, de su patología y demás prioridades. En cuanto a los derechos patrimoniales y divergencias contractuales considera esta judicatura que las mismas deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria y ante la urgencia de la protección de los derechos fundamentales y la no competencia de esta judicatura para no pronunciarse en torno a las obligaciones contractuales, priman los primeros sobre los segundos, máxime cuando la entidad podrá propender por la solución de los segundos utilizando incluso la vía comercial (…)”22
De igual forma, ese Despacho no observó que “la cirugía requerida por la afectada, esté excluida del contrato de Medicina Prepagada celebrado con Susalud. No puede por tanto esa entidad, ahora en el transcurso del mismo decir que se hace responsable de la cirugía, más no de los implementos, porque si estamos hablando de exclusiones, las exclusiones de cualquier tipo deben ser expresadas, no de manera general como lo indica la misma EPS cuando afirma que debe entenderse en el contrato como exclusiones del Stent recubierto, cuando se habla de exclusiones de prótesis en general.”23
En ese orden de ideas, ordenó a Susalud Medicina Prepagada realizar las diligencias correspondientes para autorizar el procedimiento quirúrgico de ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA MAS COLOCACIÓN DE UNO O MÁS STENS PERIFÉRICOS a la peticionaria.
Escrito de Impugnación.
18.- Mediante escrito presentado por la apoderada judicial de la Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. Susalud Suramericana Medicina Prepagada, Doctora Natalia Luján Jaramillo, se impugnó el fallo proferido por el a-quo toda vez que, “el día 01 de julio de 2007, la usuaria es retirada del Sistema General de Seguridad social en Salud como beneficiaria, debido a la desafiliación de su hija de la empresa en la cual venía laborando. Para este momento, la usuaria ya había renovado el contrato de Medicina Prepagada, por tal motivo, Susalud no tenía como darse cuenta de este retiro que se había ocasionado con el Sistema Social en Salud.”24
Pruebas allegadas al proceso.
19.- En el expediente constan las siguientes pruebas:
– Copia del contrato individual o familiar de Susalud Medicina Prepagada con la señora Rosa Emilia Salazar Alarcón.25
Segunda Instancia. Juzgado Noveno (9) Penal del Circuito de Medellín.
20.- El Juzgado noveno (9) Penal del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el día veintiocho (28) de mayo de dos mil ocho (2008), revocó el fallo proferido por el a-quo ya que “no puede ser obligada la entidad de medicina prepagada al suministro de tal tratamiento, que fue expresamente excluido desde la suscripción del referido plan, pues, a diferencia de lo que ocurre en el régimen contributivo de salud, frente a la prestación de servicios médicos incluidos en el POS, en los planes adicionales de salud, la prestación de los servicios contratados se rige exclusivamente por las cláusulas del contrato celebrado entre el usuario y la entidad.”26
Revisión por la Corte Constitucional.
Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de Selección Número Diez (10), mediante Auto del veintidós (22) de octubre de dos mil ocho (2008) dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia
1.- Esta Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
Presentación del caso y problemas jurídicos objeto de estudio
2.- La señora Edilma Claros Lozano en representación de su suegra Rosa Emilia Salazar de Alarcón, interpuso acción de tutela por considerar que los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida de aquella han sido vulnerados por parte de Susalud Medicina Prepagada al no proporcionarle el STEN PERIFÉRICO necesario para practicarle una ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA (CARÓTIDA O VERTEBRAL).
Por tal razón, solicita se ordene a Susalud Medicina Prepagada suministrarle el STEN PERIFÉRICO ya que, la entidad accionada sí le cubre la realización de la intervención quirúrgica ordenada por el médico tratante.
Por su parte, Susalud Medicina Prepaga, a través de su apoderado judicial solicitó la negación del amparo requerido pues señaló que, el vínculo que une a la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón con dicha entidad es de tipo contractual y, en ese sentido no le corresponde suministrar los servicios básicos de salud ni contingencias que en ese campo presenten, así como tampoco los que estén regidos por el sistema de la Ley 100 de 1993.
Una vez fue vinculada al proceso, Coomeva EPS S.A. expresó que no se le podía endilgar ningún tipo de responsabilidad en el proceso de la referencia pues la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón se encontraba en estado de retiro, habida cuenta que el empleador cotizante, esto es la señora Nora Elena Alarcón Salazar, había presentado novedad de retiro en agosto de dos mil siete (2007).
El Juzgado Décimo (10) Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías, mediante sentencia proferida en única instancia, el día quince (15) de abril de dos mil ocho (2008) tuteló los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida digna de la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón al considerar que no se le podía oponer a una persona de la tercera edad estipulaciones contractuales que podrían vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios.
Impugnado el fallo de la referencia, el Juzgado noveno (9) Penal del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el día veintiocho (28) de mayo de dos mil ocho (2008), revocó el fallo proferido por el a-quo pues en su concepto no puede obligarse a una entidad de medicina prepagada a suministrar medicamentos e insumos que no estén comprendidos en el clausulado del contrato.
3.- Con fundamento en lo expuesto, encuentra la Sala que el problema jurídico planteado a la Corte es el siguiente: ¿Susalud Suramericana Medicina Prepagada desconoce los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida de la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón al negarle el suministro del STEN PERIFÉRICO necesario para practicarle una ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA (CARÓTIDA O VERTEBRAL).
Para resolver la cuestión planteada estima la Sala importante reiterar su jurisprudencia sobre: (i) el derecho fundamental a la salud, (ii) el fenómeno de la carencia actual de objeto por un hecho superado y, (iii) analizar el caso concreto.
El derecho fundamental a la salud. Reiteración de Jurisprudencia.
5.- De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política de 1991 la atención en salud tiene una doble connotación: por un lado se constituye en un derecho constitucional y por otro en un servicio público de carácter esencial. Por tal razón, le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar su prestación en observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y, en cumplimiento de los fines que le son propios.
Al respecto ha dispuesto esta Corte: “El derecho a la salud es un derecho que protege múltiples ámbitos de la vida humana, desde diferentes perspectivas. Es un derecho complejo, tanto por su concepción, como por la diversidad de obligaciones que de él se derivan y por la magnitud y variedad de acciones y omisiones que su cumplimiento demanda del Estado y de la sociedad en general. La complejidad de este derecho, implica que la plena garantía del goce efectivo del mismo, está supeditada en parte a los recursos materiales e institucionales disponibles. Recientemente la Corte se refirió a las limitaciones de carácter presupuestal que al respecto existen en el orden nacional: “[e]n un escenario como el colombiano caracterizado por la escasez de recursos, en virtud de la aplicación de los principios de equidad, de solidaridad, de subsidiariedad y de eficiencia, le corresponde al Estado y a los particulares que obran en su nombre, diseñar estrategias con el propósito de conferirle primacía a la garantía de efectividad de los derechos de las personas más necesitadas por cuanto ellas y ellos carecen, por lo general, de los medios indispensables para hacer viable la realización de sus propios proyectos de vida en condiciones de dignidad”27
Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación en un principio, entendió que el derecho a la salud no era un derecho fundamental autónomo sino en la medida en que “se concretara en una garantía subjetiva”28 es decir, cuando al ciudadano se le negaba el derecho a recibir la atención en salud definida en el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado y sus normas complementarias o, cuando en aplicación de la tesis de la conexidad se evidenciaba que su no protección a través del mecanismo de tutela acarreaba a su vez el desconocimiento de un derecho fundamental como la vida o la integridad personal.29
Y ello se entendió así porque, tradicionalmente en el ordenamiento jurídico colombiano se hacía la distinción entre derechos civiles y políticos –derechos fundamentales-, por una parte, y derechos sociales, económicos y culturales de contenido prestacional –derechos de segunda generación- para cuya realización es necesario de una acción legislativa o administrativa para lograr su efectivo cumplimiento. Frente a los primeros, la protección a través del mecanismo de tutela operaba de manera directa mientras que frente a los segundos era necesario que el peticionario entrara a demostrar que la vulneración de ese derecho -de segunda generación- conllevaba a su vez el desconocimiento de un derecho fundamental.30
Así las cosas, con anterioridad para obtener la protección directa del derecho a la salud era necesario, (i) que la prestación negada se encontrara incluida dentro del Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud o el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado ó (ii) que el desconocimiento de ese derecho constitucional impidiera el goce efectivo de un derecho fundamental, como la vida o integridad personal. Con todo, la jurisprudencia de esta Corte, también, señaló que el derecho a la salud era tutelable “en aquellas situaciones en las cuales se afecte de manera directa y grave el mínimo vital necesario para el desempeño físico y social en condiciones normales”31 en virtud del “principio de igualdad en una sociedad”32
Ahora bien, en su afán de proteger y garantizar los derechos constitucionales de todos los habitantes del territorio nacional, la jurisprudencia constitucional replanteó las subreglas mencionadas y precisó el alcance del derecho a la salud. Así, haciendo una relación entre derecho fundamental y dignidad humana llegó a la conclusión de que “será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo”33 pues, “uno de los elementos centrales que le da sentido al uso de la expresión “derechos fundamentales” el concepto de “dignidad humana”, el cual ha de ser apreciado en el contexto en que se encuentra cada persona”34
Con base en ello, esta Corporación en sus más recientes pronunciamientos consideró “artificioso” tener que acudir a la tesis de la “conexidad” para poder darle protección directa al derecho a la salud y estimó que “la fundamentalidad de los derechos no depende – ni puede depender – de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica. Los derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). Significan, de modo simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios – económicos y educativos – indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas personas ubicadas en un situación de desventaja social, económica y educativa. Por ello, también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción).”35
A su vez, también precisó que en el derecho fundamental a la salud “su connotación prestacional obliga al Estado a racionalizar la asignación de inversión suficiente para que su garantía tenga un alcance integral, frente a la necesidad de sostenimiento que tiene también la garantía de otros derechos dentro de un contexto de recursos escasos. Que ello sea así, no despoja al derecho a la salud de su carácter fundamental, de modo que insistimos: resulta equivocado hacer depender la fundamentalidad de un derecho de si su contenido es o no prestacional y, en tal sentido, condicionar su protección por medio de la acción de tutela a demostrar la relación inescindible entre el derecho a la salud – supuestamente no fundamental – con el derecho a la vida u otro derecho fundamental – supuestamente no prestacional-.”36
Y, en sentencia T-760 de 2008 se señaló:
“Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el derecho a la salud “en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad personal” para pasar a proteger el derecho “fundamental autónomo a la salud. Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medicamentos previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud.”37
Por consiguiente, esta Corte amplió el espectro de protección del derecho a la salud sin despojarlo de su carácter de servicio público esencial y derecho prestacional, enfatizando, eso sí, en su condición de derecho fundamental. Por consiguiente, cuando quiera que las instancias políticas o administrativas competentes sean omisivas o renuentes en implementar las medidas necesarias para orientar la realización de estos derechos en la práctica, a través de la vía de tutela el juez puede disponer su efectividad, dada su fundamentalidad, más aún cuando las autoridades desconocen la relación existente entre la posibilidad de llevar una vida digna y la falta de protección de los derechos fundamentales38.
El fenómeno de la carencia actual de objeto por un hecho superado. Reiteración de Jurisprudencia.
4.- Como es sabido, el constituyente de 1991 introdujo al sistema jurídico colombiano la acción de tutela con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos ante su violación o amenaza por parte de cualquier servidor público o de un particular (en los casos establecidos en la ley).
Así, en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 se dispuso que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”. Con ello, se les abrió la posibilidad a todos los ciudadanos de obtener, por medio de una justicia rápida, eficiente y eficaz, la garantía y el amparo de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación39.En éste último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente40 por no existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se solicita y determinando el alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez de instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque se declare la carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento superior”41
Ejemplo de lo anterior es la decisión tomada por esta Corte en sentencia T-576 de 2008, en la que sin perjuicio de haber cesado el supuesto de hecho generador de amparo solicitado, esta Sala realizó en análisis de fondo del problema jurídico planteado a fin de determinar si había o no desconocimiento de los derechos fundamentales de la accionante. Así se dispuso: “Dado que por vía de tutela ya no resulta factible proteger la dimensión subjetiva de los derechos desconocidos, adquiere importancia la necesidad de amparar su dimensión objetiva y, de esta manera, contribuir a realzar la trascendencia que tienen los derechos constitucionales en el ordenamiento jurídico colombiano –en especial los derechos fundamentales de los niños y de las niñas – y las obligaciones que respecto de la garantía de protección de estos derechos radican en cabeza de las autoridades estatales tanto como de los particulares, especialmente cuando ésos últimos se encuentran comprometidos con la prestación de servicios públicos –verbigracia, educación y salud -. Por consiguiente, en el caso concreto debe la Sala proceder a revocar la sentencia de única instancia y a impartir las órdenes tendientes a proteger la dimensión objetiva del derecho constitucional a la salud y de los derechos constitucionales fundamentales de los niños y de las niñas.”
De tal manera, se puede concluir que el fenómeno de la carencia actual de objeto se presenta cuando los motivos que generan la interposición de la acción de tutela cesan o desaparecen por cualquier causa, perdiendo así su razón de ser por no haber un objeto jurídico sobre el cual proveer. Sin embargo, ello no es óbice para que el juez constitucional, ya sea en segunda instancia o en sede de revisión, entre a analizar la juricidad del fallo.
En el caso objeto de revisión, la Sala encuentra que durante el trámite de revisión, a la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón se le suministró por parte de Susalud Medicina Prepagada el STENT PERIFÉRICO y en esa medida se le realizó la cirugía de ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA (CARÓTIDA O VERTEBRAL). Así, en conversación telefónica adelantada por este Despacho con la señora María Eugenia Ortega Alarcón, hija de la peticionaria, el día dieciséis (16) de febrero de dos mil nueve (2009), tal como consta en el expediente42, esta informó que en el mes de abril de dos mil ocho (2008) Susalud Medicina Prepagada le autorizó el suministro del insumo médico necesario para realizar la intervención quirúrgica ordenada por el médico tratante así como que le proporcionó el tratamiento integral.
No obstante lo anterior, ello no obsta para que esta Corte entre a hacer un análisis de fondo del caso objeto de revisión, con base en los parámetros trazados en líneas anteriores.
Del caso en concreto.
6.- De acuerdo con lo anterior, esta Sala encuentra que en el caso sub examine se configuró el fenómeno del hecho superado y en ese sentido desapareció el objeto jurídico sobre el cual proveer una decisión judicial para garantizar los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida de la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón, pues tal como consta en el expediente, Susalud Medicina Prepagada le suministro el STENT PERIFÉRICO necesario para practicarle la ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA (CARÓTIDA O VERTEBRAL) y le proporcionó el tratamiento integral para obtener su plena recuperación.
Efectivamente, para esta Sala es evidente que la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón padecía de ESTENOSIS CAROTIDEA43 y que el médico especialista le había ordenado la práctica de la cirugía de ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA (CARÓTIDA O VERTEBRAL) para cuya realización se hacía urgente el suministro de uno o más STENT PERIFÉRICO44.
De igual manera, es indiscutible que Susalud Medicina Prepagada le autorizó la realización de la ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA (CARÓTIDA O VERTEBRAL), así como que, en un principio, le negó el abastecimiento del insumo médico (STENT PERIFÉRICO), sin el cual no se hubiese podido intervenirla. En ese sentido, Susalud Medicina Prepagada desconoció los derechos fundamentales de una persona de la tercera edad que requería de manera urgente tal procedimiento clínico.
Sin embargo, como quiera que se constató, por medio de comunicación adelantada con la hija de la afectada45, que en el mes de abril de dos mil ocho (2008) la entidad accionada reparó tal daño consumado, pues le suministró el STENT PEIFÉRICO y en ese orden se realizó la ANGIOPLASTIA EXTRACRANEANA (CARÓTIDA O VERTEBRAL), la Sala encuentra que, en el caso sub examine la accionada obró diligentemente en el momento indicado para prevenir la vulneración de los derechos de la señora Rosa Emilia Salazar de Alarcón.
Por consiguiente, esta Sala declarará la carencia actual de objeto por la configuración de un hecho superado y confirmará la decisión tomada por el Juzgado Noveno (9) Penal del Circuito de Medellín pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado, en los términos explicados en la parte considerativa de esta sentencia.
Segundo: CONFIRMAR el fallo proferido, en segunda instancia, por el Juzgado Noveno (9) Penal del Circuito de Medellín, el día veintiocho (28) de mayo de dos mil ocho (2008), dentro de la acción de tutela instaurada por la señora la señora Edilma Claros Lozano en representación de su suegra ROSA EMILIA SALAZAR DE ALARCÓN por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: LÍBRESE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
JAIME ARAÚJO RENTERIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
1 Cuaderno 1, folio 1.
2 Cuaderno 1, folio 1.
3 Cuaderno 1, folio 2.
4 Cuaderno 1, folio 4.
5 Cuaderno 1, folio 5.
6 Cuaderno 1, folio 6.
7 Cuaderno 1, folio 7.
8 Cuaderno 1, folio 8.
9 Cuaderno 1, folio 9.
10 Cuaderno 1, folio 9.
11 Cuaderno 1, folio 9.
12 Cuaderno 1, folios 19, 20, 21 y 22.
13 Cuaderno 1, folios 23, 24, 25, 26, 27 y 28.
14 Cuaderno 1, folio 29.
15 Cuaderno 1, folio 30.
16 Cuaderno 1, folio 31.
17 Cuaderno 1, folio 32.
18 Cuaderno 1, folio 34.
19 Cuaderno 1, folio 34.
20 Cuaderno 1, folios 37 y 38.
21 Cuaderno 1, folios 39, 40, 41, 42 y 43.
22 Cuaderno 1, folio 51.
23 Cuaderno 1, folio 48.
24 Cuaderno 1, folio 56.
25 Cuaderno 1, folios 60, 61 y 62.
27 Corte Constitucional. Sentencias T-016 de 2007 y T-760 de 2008.
28 Corte Constitucional. Sentencia T-859 de 2003.
29 Corte Constitucional. Sentencias T-406 de 1992 y T-571 de 1992.
30 Corte Constitucional. Sentencia T-016 de 2007.
31 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2008.
32 Corte Constitucional. Sentencia T-597 de 1993.
33 Corte Constitucional. Sentencia T-227 de 2003.
34 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2008.
35 Corte Constitucional. Sentencia T-016 de 2007.
36 Corte Constitucional. Sentencia T-016 de 2007.
37 Corte Constitucional. Sentencia T-736 de 2004.
38 Cfr. Corte Constitucional Sentencia T-523 de 2007.
39 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007.
40 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007.
41 Ibid.
42 Cuaderno 2, folio 12.
43 Cuaderno 1, folios, 1, 4, 5 y 6.
44 Cuaderno 1, folio 6.
45 Cfr. Cuaderno 2, folio 12, en el que hay constancia de la conversación telefónica con la señora María Eugenia Ortega de Alarcón.