T-248-18
Sentencia T-248/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se acredita una afectación de las dimensiones constitucionales del debido proceso, sino que propone un debate propio de la justicia ordinaria y no de la constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto de la decisión judicial impugnada no se deriva una afectación a los derechos fundamentales de la parte actora
Referencia: Expediente T-6.550.643
Acción de tutela instaurada por Luz del Carmen Castrillón de Tapias en contra de la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión Nº 2, de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de la providencia adoptada el 31 de octubre de 2017, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de tutela promovido por Luz del Carmen Castrillón de Tapias en contra de la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión Nº 2, de la Corte Suprema de Justicia. El expediente fue escogido para revisión de la Corte Constitucional, mediante el Auto del 27 de febrero del 2018, proferido por la Sala de Selección Número Dos[1].
I. ANTECEDENTES
1. Luz del Carmen Castrillón de Tapias formula acción de tutela en contra de la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión Nº 2, de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la sentencia del 26 de septiembre de 2017, proferida por esta, adolece de un defecto fáctico y, en consecuencia, vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida en condiciones digna y debido proceso.
1. Hechos probados
2. Luz del Carmen Castrillón de Tapias nació el 9 de marzo de 1937[2] y contrajo matrimonio con el señor Joaquín Guillermo Tapias Marín el 15 de octubre de 1956[3], con quien tuvo diez hijos, todos, en la actualidad, mayores de edad.
3. El día 15 de mayo de 1986, mediante escritura pública Nº 2483, suscrita ante la Notaría 12 del Círculo de Medellín[4], Luz del Carmen Castrillón de Tapias y Joaquín Guillermo Tapias Marín disolvieron la sociedad conyugal vigente.
4. Joaquín Guillermo Tapias Marín, de manera paralela a su relación con la tutelante, estableció una de unión marital de hecho con la señora Edilma del Socorro Sánchez Zapata, con quien tuvo seis hijos[5], y con quien convivió 4 años y medio[6]. Uno de sus hijos, Joaquín Tapias Sánchez[7], acreditó una situación de discapacidad permanente congénita consistente en “retraso mental” y “parálisis infantil”, con una pérdida de capacidad laboral del 52,75%[8]. Otra, Rosita Tapias Sánchez[9], para el momento del fallecimiento de su padre, como más adelante se indica, no había cumplido la mayoría de edad[10].
5. El señor Joaquín Guillermo Tapias Marín obtuvo pensión de vejez, concedida por el Instituto de Seguros Sociales –ISS-, hoy Colpensiones, mediante Resolución Nº 10364 de 1999[11].
6. La señora Luz del Carmen Castrillón fue afiliada como beneficiaria de Joaquín Guillermo Tapias Marín, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el día 11 de marzo de 1997[12].
7. El ISS certificó que la pensión del señor Joaquín Tapias Marín tenía un descuento por concepto de embargo por alimentos a favor de la tutelante, el cual se hizo efectivo en nóminas de los años 2000, 2001, 2002 y 2003[13].
8. Joaquín Guillermo Tapias Marín falleció el 31 de enero de 2003[14]. El año inmediatamente anterior a su fallecimiento vivió con su hijo Iván de Jesús Tapias[15]. Por tanto, para el momento de su muerte, no convivía ni con su esposa Luz del Carmen Castrillón de Tapias, ni con su compañera permanente Edilma del Socorro Sánchez Zapata.
9. Como consecuencia de la muerte de Joaquín Guillermo Tapias Marín, tanto su cónyuge (hoy tutelante)[16], como su compañera permanente[17], solicitaron al ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Estas solicitudes fueron resueltas de forma negativa, en la Resolución Nº 16941 del 29 de septiembre de 2004[18]. Consideró el ISS que ninguna de las dos solicitantes acreditó convivencia con el causante durante los últimos cinco años anteriores a la muerte.
10. Con posterioridad, Joaquín Tapias Sánchez y Rosita Tapias Sánchez solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de su padre, actuando en su calidad de hijo en condición de discapacidad permanente e hija menor de edad, respectivamente. El ISS negó estas solicitudes mediante la Resolución Nº 12375 del 11 de junio de 2005[19]. Consideró que no se había acreditado la dependencia económica del señor Tapias y tampoco su vínculo filial. Contra dicha resolución, las personas interesadas interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución Nº 016774 del 19 de septiembre de 2005, que confirmó la decisión adoptada.
11. Luz del Carmen Castrillón de Tapias inició proceso ordinario laboral en contra del ISS (hoy Colpensiones). La demanda fue admitida el 7 de junio de 2006. La pretensión principal fue el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. En dicho proceso fueron convocados la compañera permanente y los dos hijos que habían reclamado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Dado que paralelamente se seguía un proceso ordinario laboral por parte de la compañera permanente del causante y sus hijos, se ordenó la acumulación de los dos expedientes[20].
12. El Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín resolvió el litigio, en primera instancia, mediante sentencia del 23 de abril de 2009[21]. El Juez negó las pretensiones de la señora Luz del Carmen Castrillón de Tapias y de la señora Edilma del Socorro Sánchez Zapata, al considerar que ninguna acreditó convivir con el señor Tapias con anterioridad a su muerte. En el caso de la señora Castrillón, el Juez estimó que esta no había convivido con el causante desde hacía varios años. En relación con el caso de la señora Sánchez, consideró que solo se había acreditó la convivencia por un término de 4 años y medio, tiempo inferior al requerido para adquirir la calidad de beneficiaria de la pensión, que correspondía a 5 años, con anterioridad a la muerte del pensionado. El Juez condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de los hijos Joaquín Tapias y Rosita Tapias. Contra el fallo de primera instancia, se presentaron recursos de apelación por todas las partes del proceso.
14. Luz del Carmen Castrillón de Tapias interpuso recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de segunda instancia, por violación indirecta y aplicación indebida de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003[23], al considerar que no fueron apreciados, en su integridad, los elementos probatorios del caso.
15. La Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 2, de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de junio 11 de 2017[24], casó parcialmente la sentencia. Consideró que no debía concederse la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Edilma Sánchez, sino exclusivamente a sus hijos Joaquín y Rosita Tapias. Finalmente, mantuvo la decisión del Tribunal en cuanto a no conceder la pensión de sobrevivientes a favor de Luz del Carmen Castrillón de Tapias.
16. A partir del 1 de marzo de 2014, la tutelante se encuentra afiliada en condición de beneficiaria, al régimen contributivo, en la EPS Salud Total S.A.[25].
2. Pretensiones y fundamentos
17. El día 26 de septiembre de 2017, Luz del Carmen Castrillón interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión Nº 2, de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que la sentencia de junio 11 de 2017 adolecía de un defecto fáctico, dado que, “no analizó de manera completa, suficiente y exhaustiva el plenario probatorio […] las declaraciones por mi [sic] surtidas, por los testigos y las demás pruebas documentales aportadas”[26]. Consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida en condiciones digna y debido proceso.
18. Finalmente, en cuanto a sus condiciones de especial protección, que ameritaban la protección urgente por medio de la acción de tutela, señaló, por un lado, que al momento de solicitar el amparo de sus derechos era una mujer de 80 años, que no contaba con ninguna fuente de ingreso autónoma y dependía de la solidaridad de sus hijos ya que siempre fue ama de casa y dependía económicamente de su esposo fallecido. Finalmente, sostuvo que tenía dificultades de salud producto de la edad y que no tenía acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
3. Respuesta de las entidades accionadas
19. La acción de tutela fue conocida, en primera instancia, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En el trámite se ordenó vincular al Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, a los demandantes y demandados del proceso ordinario laboral, al Ministerio Público y a los terceros intervinientes. Enfatizó en la vinculación de la señora Edilma Sánchez Zapata para que se pronunciara en relación con la acción de tutela[27].
20. Mediante escrito enviado por correo electrónico, de fecha 2 de noviembre de 2017, Edilma del Socorro Sánchez Zapata contestó la acción de tutela y solicitó que fuera declarada improcedente[28]. En su concepto, la accionante pretendía revivir el proceso ordinario laboral y convertir la tutela en una tercera instancia. Señaló que los jueces no actuaron en forma caprichosa, irrazonable o arbitraria sino en desarrollo de su independencia judicial.
4. Decisión objeto de revisión
21. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 31 de octubre de 2017, negó por improcedente el amparo. Consideró que el debate que subyacía era de carácter legal y no de orden constitucional. Enfatizó que el juez de tutela no podría verificar las valoraciones hechas por el órgano límite de la jurisdicción ordinaria laboral, cuando estas habían sido producto de una valoración de carácter legal y en ejercicio de la autonomía judicial. Lo contrario, sería reabrir debates finalizados en el proceso ordinario, con la intención de lograr las pretensiones fracasadas o suplir falencias técnicas en sede de tutela.
22. La sentencia de instancia no fue impugnada.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
23. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por el inciso 3° del artículo 86 y el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991[29].
2. Problema jurídico de procedibilidad
24. Le corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela es procedente, por satisfacer los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales (problema jurídico de procedibilidad). En caso de que lo sea, luego, le corresponde a la Sala formular y resolver los problemas jurídicos sustanciales del caso[30].
25. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo de protección inmediato, oportuno y adecuado para las garantías fundamentales, frente a situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en casos excepcionales. De lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 se ha considerado por esta Corte que son requisitos para la procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela la acreditación de (i) legitimación en la causa, (ii) un ejercicio oportuno (inmediatez) y (iii) un ejercicio subsidiario.
26. En caso de que la acción se interponga contra una autoridad judicial, con el fin de cuestionar una providencia suya, en ejercicio de su función jurisdiccional, algunos de estos requisitos se modulan y, además, es necesario satisfacer otras condiciones que la jurisprudencia constitucional ha considerado necesarias[31]: (i) que el caso tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que, al interior del proceso se hubiesen agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, esto es, que la tutela se hubiese interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la presunta vulneración; (iv) que se trate de una irregularidad procesal con un efecto decisivo en la providencia que se impugna[32]; (v) que el tutelante identifique, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, así como, de haber sido posible, la etapa en que fueron alegados en el proceso ordinario y, finalmente, (vi) que la decisión judicial que se cuestione no sea de tutela[33].
2.1. Legitimación en la causa
27. En el presente caso se cumplen los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva[34]. Por una parte, la tutelante no solo fue parte en el proceso cuya providencia última cuestiona sino que, además, fue la persona afectada con las diferentes decisiones de la jurisdicción ordinaria laboral, en las que, en ninguna de las instancias le fue reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes que exigía. De otra parte, la autoridad judicial accionada fue la que emitió el fallo de casación (Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 2, Corte Suprema de Justicia), en la que mantuvo la decisión del Tribunal Superior de Medellín, Sala Décima Primera de Decisión Laboral, en cuanto a no conceder la pensión de sobrevivientes a favor de Luz del Carmen Castrillón de Tapias[35].
2.2. Inmediatez
28. La acción de tutela se ejerció de manera oportuna si se tiene en cuenta que entre la fecha de ejecutoria de la sentencia que se ataca (24 de julio de 2017[36]) y la presentación de la acción de tutela (26 de septiembre de 2017) transcurrió un término inferior a 2 meses, periodo que se considera razonable, según el precedente de esta Corte[37].
2.3. Subsidiariedad
29. Este requisito, cuando se trata de valorar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone verificar que el accionante hubiere agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial[38]. Esto es así, por cuanto, en estos casos, el rol del juez constitucional “se reduce exclusivamente a intervenir para garantizar, de manera residual y subsidiaria, en los procesos ordinarios o contencioso administrativos, la aplicación de los derechos fundamentales, cuyo intérprete supremo, por expresa disposición de la Constitución, es la Corte Constitucional”[39].
30. En el asunto que se examina, contra la decisión adoptada en sede de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia no procede ningún otro recurso. Por lo anterior, se puede establecer que la accionante utilizó todos los medios ordinarios a su disposición. En consecuencia, la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad.
2.4. Relevancia Constitucional
31. Este requisito, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, implica evidenciar que “la cuestión que se entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”[40], pues “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[41]. Este requisito, de conformidad con aquella, persigue, por lo menos, las siguientes tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional[42] y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad[43]; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales[44] y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces[45]. Por tanto, solo la evidencia prima facie de una afectación o vulneración de facetas constitucionales de los derechos fundamentales permite superar el requisito de relevancia constitucional de la tutela en contra de providencias judiciales[46].
33. Para la Sala, esta pretensión y sus fundamentos, en sede de tutela, no permiten evidenciar prima facie una afectación o vulneración de facetas constitucionales de los derechos fundamentales, cuya protección se solicita. Se trata de una pretensión de contenido legal y no de relevancia constitucional, si se analiza, de manera conjunta y ponderada, de conformidad con las tres finalidades a que se hizo referencia supra, y que han permitido a la jurisprudencia constitucional justificar esta exigencia. Por un lado, no se acredita una afectación de las dimensiones constitucionales del debido proceso, sino que propone un debate propio de la justicia ordinaria. De otro lado, de la decisión judicial impugnada no se deriva una afectación a los derechos fundamentales de la parte actora. Finalmente, la tutelante se restringe a cuestionar el sentido de la decisión adoptada por el Juez de Casación y la valoración que realizó, en relación con las pruebas del expediente, lo que supone el ejercicio de la acción de tutela como una instancia procesal adicional. Estas razones se explican a continuación.
2.4.1. No se acredita una afectación de las dimensiones constitucionales del debido proceso, sino que propone un debate propio de la justicia ordinaria y no de la constitucional
34. Con relación al primer aspecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho al debido proceso tiene facetas constitucionales, legales y reglamentarias. Para efectos de valorar la acreditación del requisito de relevancia constitucional, a partir de la primera finalidad de esta exigencia, solo tienen tal entidad las afectaciones prima facie del debido proceso constitucional, que según la jurisprudencia constitucional “aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso”[47].
35. De conformidad con los artículos 29, 31, 33 y 228 de la Constitución Política, el debido proceso constitucional se integra por las siguientes garantías: (i) el principio de legalidad; (ii) el principio del juez natural; (iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; (iv) el principio de favorabilidad; (v) el derecho a la presunción de inocencia; (vi) el derecho a la defensa; (vii) el derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la no dilación injustificada de las mismas; (viii) el derecho a presentar y controvertir pruebas; (ix) el derecho a impugnar las providencias judiciales; (ix) el principio de non bis in idem; (x) el principio de non reformatio in pejus; (xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; (xii) el principio de independencia judicial; y (xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia[48].
36. En el presente asunto no se acredita una vulneración a dichas garantías, como se explica a continuación.
37. En primer lugar, en relación con las garantías institucionales del debido proceso constitucional, de un lado, el proceso ordinario laboral en el que determinó quienes eran los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de Joaquín Tapias fue adelantado, en su integridad, ante los jueces competentes para resolver el asunto. De otro lado, durante el desarrollo del proceso se recaudaron un gran número de pruebas testimoniales, interrogatorios y documentales y, además, todos los intervinientes en el proceso, bien en calidad de parte o de terceros, presentaron pruebas y tuvieron la oportunidad de controvertirlas. Además, el proceso ordinario laboral que se cuestiona se llevó a cabo conforme a lo estipulado por la ley procesal vigente para la época en que se surtió. El proceso inició con anterioridad a la reforma del procedimiento laboral, por lo cual su base probatoria se encuentra en audiencias transcritas en actas que reposan en el expediente y, con fundamento en estas, se puede constatar que se adelantaron todas las etapas del proceso.
38. En segundo lugar, en relación con las garantías otorgadas a la parte tutelante y componentes del debido proceso constitucional, durante el desarrollo del proceso ordinario laboral, de un lado, la tutelante tuvo la calidad de demandante dentro de ese proceso y se le otorgaron la totalidad de garantías y oportunidades para ejercer su defensa técnica y directa dentro del proceso. De otro lado, se le garantizó el derecho a impugnar las decisiones judiciales que se produjeron, en la medida en que pudo cuestionar la sentencia de primera instancia y agotar el recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda. Las decisiones, en todas las instancias procesales, fueron acordes en negar las pretensiones de la tutelante, amén de que en todas ellas y, en especial, en el recurso extraordinario de casación, se analizó, en especial, el argumento relativo a la presunta apreciación indebida de los elementos probatorios del caso. Este último cuestionamiento es idéntico al que se plantea en sede de tutela, de lo que se infiere, además de lo dicho, no solo la no afectación de las facetas constitucionales del debido proceso, sino la relevancia meramente legal u ordinaria (y no constitucional) del reclamo en sede de amparo.
2.4.2. De la decisión judicial impugnada no se deriva una afectación a los derechos fundamentales de la parte actora
39. Con relación al segundo aspecto a que se hizo referencia, si bien la tutelante acredita diferentes situaciones de riesgo, en atención a sus condiciones no puede considerarse que se trate de una persona vulnerable, cuyos derechos fundamentales sean prima facie desconocidos, como consecuencia de la decisión judicial que se cuestiona.
40. Si bien la tutelante es un sujeto de especial protección constitucional, en razón de su edad (al hacer parte de la categoría de las personas de la tercera edad[49]), esta pertenencia no es suficiente para considerar que prima facie se desconocen sus derechos fundamentales.
41. A pesar de que en la acción de tutela se señala que la tutelante se encuentra en una mayor situación de riesgo, como consecuencia de su desafiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al consultar la Base de Datos Única de Afiliados –BDUA- de este Sistema, aquella aparece activa en el régimen contributivo, en calidad de beneficiaria. Esta circunstancia excluye, prima facie, la existencia de la presunta situación de riesgo de afectación a su salud.
42. De igual forma, las múltiples pruebas dan cuenta de la existencia de 10 hijos adultos que tienen un deber de alimentos para con la accionante, que le pueden permitir, prima facie, garantizar su congrua subsistencia[50] y, por tanto, sus necesidades básicas, asociadas a la garantía de su mínimo vital y de su digna existencia. Esta argumentación se torna mucho más sólida, si se tiene en cuenta que, tal como se señala en la acción de tutela, la accionante cuenta con la ayuda de sus hijos para su sostenimiento.
43. Finalmente, la falta de reconocimiento de una prestación económica, como lo es la pensión de sobrevivientes, por la falta de acreditación de la totalidad de requisitos dispuestos por el Legislador, no da lugar a un desconocimiento prima facie de la faceta constitucional del derecho a la seguridad social[51]. Una conclusión distinta supondría dejar sin contenido los requisitos dispuestos por el legislador, lo cual desconoce los principios de igualdad, legalidad y separación de poderes. Para el caso que se examina, las pretensiones de la tutelante están dirigidas a cuestionar la falta de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, negada, inicialmente por el ISS, y al ser cuestionada tal decisión ante la jurisdicción ordinaria laboral, todas sus instancias y el órgano de cierre, coincidieron en que no se acreditaba, por parte de la tutelante, uno de los requisitos para acceder a esta. La negativa a acceder a dicha pretensión, para la Sala, no afecta prima facie la faceta constitucional del derecho a la seguridad social.
2.4.3. La acción de tutela se ejerce como una instancia adicional
44. Finalmente, con relación al tercer aspecto a que hizo referencia, tal como se indicó supra, la tutelante se restringe a cuestionar el sentido de la decisión adoptada y la valoración que realizaron los jueces ordinarios en relación con las pruebas del expediente, lo que supone el ejercicio de la acción de tutela como una instancia adicional.
45. En el presente asunto, lo que alega la accionante es su inconformidad con la decisión adoptada y con la valoración que realizaron los jueces ordinarios acerca de las pruebas obrantes en el expediente. Para la Sala, en el presente asunto, se trata de un debate propio de la justicia ordinaria laboral y no así de la constitucional. En caso de que se admitiera la valoración de esta circunstancia, específicamente puesta de presente y negada en todas las instancias del proceso ordinario laboral, supondría que el juez de tutela se supraordenara a la valoración de los jueces de aquella jurisdicción, tornando la tutela en una instancia adicional de la legalidad, lo que desconoce el carácter subsidiario y excepcional de esta.
46. Para la Sala, al presente asunto subyace una pretensión tendiente a reabrir un debate legal concluido, que escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. En efecto, se pretende por la parte tutelante que, en sede de tutela, se estudien nuevamente las razones y fundamentos que constituyeron los argumentos, de orden legal, tanto del recurso de apelación como de la solicitud de casación, contra el fallo de primera instancia y la sentencia de segunda instancia, respectivamente. Esta pretensión es improcedente en sede de tutela, pues el juez natural, en su competencia de aplicar el derecho ordinario, no puede ser desplazado por el juez constitucional.
47. En conclusión, el presente asunto no satisface la exigencia de relevancia constitucional, en la medida en que no se evidencia prima facie una afectación o vulneración de facetas constitucionales de los derechos fundamentales, cuya protección se solicita, si se analiza, de manera conjunta y ponderada, la satisfacción de las tres finalidades que han permitido a la jurisprudencia constitucional justificar esta exigencia. En consecuencia, la acción de tutela debe declararse improcedente, lo cual hace innecesario el estudio de los restantes requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y su estudio de fondo.
3. Síntesis de la decisión
48. La señora Luz del Carmen Castrillón acudió a la acción de tutela con el fin de cuestionar la sentencia de casación emitida por la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No.2, de la Corte Suprema de Justicia por considerar que la valoración probatoria realizada no fue adecuada y, por tanto, alegó la configuración de un defecto fáctico. La Sala de Revisión, al analizar la acreditación de los requisitos genéricos o de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, constató que el asunto carecía de relevancia constitucional, luego de evidenciar que no se satisfacían, de manera conjunta y ponderada, las tres finalidades que han permitido a la jurisprudencia constitucional justificar esta exigencia. Por un lado, constató que no se acreditaba una afectación de las dimensiones constitucionales del debido proceso, sino que proponía un debate propio de la justicia ordinaria. De otro lado, de la decisión judicial impugnada no se derivaba una afectación a los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Finalmente, la tutela se restringió a cuestionar el sentido de la decisión adoptada por el Juez de Casación y la valoración que hizo, en relación con las pruebas del expediente, lo que suponía el ejercicio de la acción de tutela como una instancia procesal adicional. Así las cosas, concluyó la Sala de Revisión que la acción de tutela debía declararse improcedente.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2017, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Luz del Carmen Castrillón de Tapias en contra de la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión Nº 2, de la Corte Suprema de Justicia, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO. EXPEDIR, por conducto de la Secretaría General, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-248/18[52]
(M.P. CARLOS BERNAL PULIDO)
1. En esta ocasión, la Sala Primera de Revisión estudió la acción de tutela promovida por una ciudadana, de 81 años de edad, contra una sentencia de casación proferida el 11 de junio de 2017 por la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión Nº 2, de la Corte Suprema de Justicia, en la que, en lo pertinente, se resolvió no casar la providencia que en segunda instancia falló el proceso laboral iniciado por la accionante, en el sentido de no acceder a la pensión de sobrevivientes por ella pretendida, al no haberse acreditado, según la autoridad judicial, el requisito legal de convivencia entre la solicitante y el causante durante los 5 años anteriores al deceso de este último.
La mayoría de la Sala consideró que el asunto de la referencia es improcedente por incumplir el requisito general de relevancia constitucional, con base en lo cual se confirmaron las sentencias que en sede de instancia resolvieron la acción de tutela. No comparto esta decisión, por las razones que, con el respeto acostumbrado, desarrollo a continuación.
2. La Sentencia partió de una perspectiva eminentemente conceptual de la relevancia constitucional, con base en la cual se asumió que tal requisito tiene como fundamento únicamente (i) preservar la competencia de los jueces ordinarios, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones donde se advierta la afectación de defectos fundamentales, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia adicional.
4. En armonía con lo anterior, desde la sentencia C-590 de 2005[53], en la que se sistematizaron los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, se estableció que frente al supuesto de relevancia constitucional “el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué (sic) la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión […] que afecta los derechos fundamentales de las parte”. En ese contexto, el Tribunal no se ha ocupado de restringir el alcance de la expresión “los derechos fundamentales”, de modo que por la misma ha entendido las garantías contenidas en la Constitución Política.
5. No obstante, la mayoría de la Sala Primera de Revisión consideró que el requisito de procedencia bajo alusión se supera sólo ante la evidencia de “una afectación de facetas constitucionales de los derechos fundamentales” (Cfr. Párr. 31), disponiendo, a partir del pie de página Nº 46 de la sentencia, que las “facetas legales o reglamentarias” de los derechos carecen de relevancia constitucional.
6. No comparto esta consideración, porque advierto que con la misma se desconoce que son las facetas legales o reglamentarias en las que, en últimas, los derechos contenidos en la Carta se encuentran generalmente materializados y por tanto se trata de escenarios en los que la potencialidad de la afectación de los mismos es mayormente significativa. De ahí que no sea razonable señalar, sin más, que las fases de desarrollo de las garantías contenidas en el texto Superior carezcan de importancia para el juez constitucional, pues ello desatiende la efectividad de los derechos como un fin esencial del Estado (Art. 2 CP) y la primacía de los mismos como cláusula imperativa (Art. 5 CP), a lo que, por supuesto, los jueces de tutela se encuentran absolutamente vinculados, por ser los primeros llamados a procurar la salvaguarda de la integridad de la Constitución, por vía del control concreto de constitucionalidad.
7. De este modo, pretender una lectura fracturada del ordenamiento jurídico, a partir de la cual la Constitución Política es ajena a la ley y a los reglamentos, no sólo es contrario al ordenamiento mismo, por desconocer el mandato de supremacía al que ya me he referido, sino sobre todo representativo de una abierta regresión en la concepción del Derecho, con la que se ignoran los procesos de transformación de los sistemas normativos dirigidos a su constitucionalización, lo cual presupone, entre otras cuestiones, la garantía jurisdiccional de la Carta[54], que en el caso colombiano se materializa por vía de la acción de tutela principalmente.
8. Ahora bien, teniendo en cuenta el estudio del caso concreto adelantado por la mayoría de la Sala frente al requisito bajo alusión, surge una razón aún más poderosa para no estar de acuerdo con la variación del actual estándar jurisprudencial incorporada en esta Sentencia. Me refiero al necesario análisis de fondo al que conduciría el juicio de relevancia constitucional propuesto en esta providencia, tal como paso a sustentar.
9. En primer lugar, aunque comparto, como lo ha establecido la Corte, que específicamente en el caso del debido proceso su verificación en sede de tutela debe reservarse sólo a su contenido constitucional, ello no significa que la identificación del tal contenido se convierta en la vía para emitir un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto, en un momento eminentemente previo y formal, como lo es el del examen de los requisitos generales de procedibilidad.
10. En la sentencia T-248 de 2018, al estudiar el cumplimiento de la relevancia constitucional, la Sala sin mayor reflexión incorporó conclusiones definitivas sobre el fondo de la controversia, como lo son las de los párrafos 37 y 38, según las cuales: (i) el proceso ordinario se adelantó ante autoridad competente; (ii) hubo oportunidad de controversia probatoria; (iii) se cumplieron las formalidades procesales respectivas; (iv) se permitió el adelantamiento de las garantías constitucionales del debido proceso (v. gr. impugnación); e (v) incluso se agotó el estudio de las objeciones probatorias en sede de casación.
11. Estas conclusiones, además de ser procesalmente inoportunas, son jurídicamente inadecuadas, pues con ellas se olvidó que la dimensión constitucional del debido proceso en materia de recurso de amparo contra providencias judiciales requiere que la misma sea analizada en perspectiva del defecto del que, según el peticionario, adolezca el fallo controvertido. En ese sentido, teniendo en cuenta el tipo de acción de tutela objeto de estudio y al observar que el litigio de la referencia giraba alrededor de una indebida valoración probatoria, la Sala debía concentrarse antes que nada en dar respuesta a los reproches contenidos en la acción de tutela, siendo impertinentes en esta ocasión las consideraciones alejadas del planteamiento del actor.
12. De este modo, la ausencia de un pronunciamiento riguroso sobre el impacto que el supuesto defecto fáctico en el que habría incurrido la autoridad accionada pudo tener en la providencia controvertida condujo a que la mayoría inobservara la relevancia constitucional del asunto, representada, esencialmente, en la necesidad de verificar si existió una actuación inconstitucional durante la valoración del acervo probatorio del que disponía el juez de casación.
13. En esta ocasión, la Sala abordó el debate sin la precisión que el mismo demandaba, al limitarse a señalar que las objeciones sobre la valoración probatoria fueron descartadas en la sentencia de casación objeto de tutela y que, por tanto, no son susceptibles de verificación por parte del juez constitucional. Determinación de la que disiento porque, insisto, la misma no sólo (i) ha configurado un indebido prejuzgamiento en una etapa de formal de la revisión constitucional, sino que (ii) ha insinuado una regla jurisprudencial que es argumentativa y constitucionalmente problemática, según la cual cualquier reproche sobre la valoración de las pruebas que haya sido estudiado en alguna instancia ordinaria imposibilita su constatación constitucional por parte del juez de tutela. A continuación, profundizo en el segundo postulado.
14. Señalo que la regla antes indicada es argumentativa y constitucionalmente problemática por dos razones: la primera, porque podría dar lugar a una interpretación inadmisible, dirigida hacia la improcedencia automática de los cargos por indebida valoración probatoria en materia de tutela contra providencias judiciales (como especie del defecto fáctico), lo cual es muestra de una restricción inaceptable del ejercicio de un derecho fundamental, como lo es la acción de amparo en sí misma considerada.
15. La segunda, porque al tratarse de un debate sobre “valoración probatoria”, la Sala ignoró que ello obligatoriamente implica que de manera previa haya habido un pronunciamiento judicial sobre el acervo. De ahí que resulte lógicamente imposible pensar que la discusión no hubiese sido planteada con antelación en el escenario ordinario, siendo el resultado de ese planteamiento el que esperaba ser objeto de estudio constitucional. La Sentencia T-248 de 2018, en ese sentido, incurrió en una clara petición de principio cuando consideró que el análisis en sede constitucional de la valoración de las pruebas, adelantada por la autoridad accionada, es improcedente porque tal valoración, precisamente, ya fue agotada por parte del juez demandado.
16. En segundo lugar, la posición mayoritaria introdujo como supuesto adicional para verificar la relevancia constitucional el hecho de que “de la decisión judicial impugnada no se derive una afectación a los derechos fundamentales de la parte actora”. Esta exigencia, desde el mismo título, conduce a un obligatorio estudio de fondo del asunto que, como ya planteé, es procesalmente inaceptable en la etapa de examen de procedencia formal de la acción de tutela.
17. Asimismo, el estudio del caso concreto que adelantó la Sala sobre este segundo presupuesto acarrea consecuencias jurídico-constitucionales adversas, puesto que lleva a concluir que el requisito de relevancia constitucional no se cumple porque la actora no ve comprometidos sus derechos fundamentales, comoquiera que cuenta con 10 hijos que pueden velar por su subsistencia. Esta determinación es insostenible, por lo menos, por lo siguiente:
18. Por un lado, porque desconoce que el objeto de la tutela de la referencia no correspondía a si la tutelante podía o no subsistir, sino a si en determinado trámite judicial hubo afectación del debido proceso, en tanto derecho fundamental de contenido autónomo y, como tal, susceptible de examen constitucional propio.[55]
19. Por otro, porque olvida que, en razón de las pretensiones del proceso ordinario en cuya virtud se adoptó la decisión objeto de tutela, en este caso la supuesta afectación del debido proceso podría ver comprometida la garantía de la seguridad social, que en sí mismo es un derecho humano fundamental (Art. 48 CP) y por tanto imposible de ser asumido como un simple asunto de beneficencia, como pareciera ser la concepción planteada en esta providencia, al hacer reductible contenido de esta garantía constitucional al hecho de contar con personas que puedan velar por el sostenimiento económico del presunto titular.
20. En tercer lugar, la ponencia estableció como último criterio de relevancia constitucional el que no se haga uso de la tutela como instancia adicional. Al respecto, si bien acompaño esta regla, insisto en que su verificación debe obedecer a un estudio sobre el fondo del caso (nunca en la etapa de procedibilidad general) y con base en presupuestos distintos a los señalados en la Sentencia T-248 de 2018, dado que en la misma se indicó, sin mayor desarrollo, que la tutela contra providencias judiciales no puede “restringirse a cuestionar el sentido de la decisión adoptada y la valoración que realizaron los jueces ordinarios en relación con el expediente” (Cfr. Párr. 44). Afirmación sobre la cual no sólo no hubo argumentación acerca de por qué ello no puede ser así, sino que ha dejado de lado que (i) si no se cuestionara el sentido de la decisión, por supuesta violación del debido proceso, sencillamente no habría razón para ejercer este tipo de acciones de tutela; y (ii) como ya se dijo, la presunta indebida valoración probatoria es uno de los escenarios en los que se potencia la configuración del defecto fáctico y por tanto se viabiliza el mecanismo de amparo para que la misma sea verificada desde el punto de vista constitucional.[56]
Si de lo que se trataba era de incorporar una modificación del precedente constitucional, la mayoría no sólo no podía desconocer que ello es competencia reservada a la Sala Plena de esta Corporación, sino que se trata de una labor que exige una estricta carga argumentativa que justifique la variación de la jurisprudencia en vigor, de la que carece esta providencia.[57]
21. Sin consideración de lo anterior, la Sentencia señaló que el asunto de la referencia se trata de uno meramente “legal” (v. gr. Párr. 38), pese a lo cual no dijo cuáles son los presupuestos legales que, según la actora, han sido desconocidos, o cómo la valoración probatoria se reduce a un tema “infraconstitucional”. Pero la ausencia de esta argumentación es comprensible cuando se entiende que es jurídicamente imposible sostener que un debate probatorio corresponda exclusivamente a un tema reglamentario o legal. La valoración de las pruebas es un aspecto esencial del contenido constitucional del debido proceso, por, entre otras razones, corresponder a una de las actuaciones en las que es posible que se presenten eventos importantes de arbitrariedad, y por tanto susceptibles de verificación en sede de amparo. De ahí que la jurisprudencia de esta Corte la haya reconocido, incuso, como una causal específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
22. El recurso de amparo de la referencia, entonces, cumplía el requisito de relevancia constitucional y por tanto, luego de verificarse la superación de los demás presupuestos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala no podía cercenar un pronunciamiento de fondo, ya sea para conceder o negar la salvaguarda invocada, en pos de garantizar una efectiva y material administración de justicia.
En los anteriores términos, dejo planteadas las razones por las cuales me aparto de la sentencia T-248 de 2018.
Fecha ut supra.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Folios 7 a 18, Cuaderno Principal de Revisión. La Sala de Selección Número 2 estuvo integrada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Antonio José Lizarazo Ocampo. El criterio de selección tomado en consideración por dicha Sala fue el de “posible violación o desconocimiento de un precedente de la C.C.” y “Urgencia de proteger un derecho fundamental” y la solicitud de insistencia formulada por el magistrado Alberto Rojas Ríos.
[2] Folio 285. Cuaderno 2.
[3] Folio 287. Cuaderno 2.
[4] Folio 208. Cuaderno 2.
[5] Folios 78, 79, 80 y 81. Cuaderno 2.
[6] Tal como lo constató el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín en la sentencia de primera instancia, a que se hace referencia más adelante.
[7] Folio 82. Cuaderno 2.
[8] Folio 160. Cuaderno 2.
[9] Folio 83. Cuaderno 2.
[10] Acreditó la mayoría de edad el día 18 de mayo de 2005. Folio 137. Cuaderno 2.
[11] Folios 23, 25 y 26. Cuaderno 2.
[12] Folio 22. Cuaderno 2.
[13] Folios 360 a 366. Cuaderno 2.
[14] Folio 67. Cuaderno 2.
[15] Folio 284. Cuaderno 2.
[16] Mediante petición de febrero 11 de 2003.
[17] Mediante petición de marzo 20 de 2003.
[18] Folios 27 y 28. Cuaderno 2.
[19] Folios 31 y 32. Cuaderno 2.
[20] Folio 94. Cuaderno 2.
[21] Folios 382 a 392. Cuaderno 2.
[22] Folios 408 a 420. Cuaderno 2.
[23] Folios 429 a 434. Cuaderno 2.
[24] Folios 507 a 517. Cuaderno 2.
[25] Folio 21. Cuaderno principal.
[26] Folio 5. Cuaderno 1. La tutelante, sin embargo, no explicó en qué sentido fueron desconocidos los elementos probatorios a que hizo referencia. En todo caso, agregó: “Tiene total relación el hecho que el despacho haya ignorado en su completo orden las pruebas aportadas por la parte demandada y las que se ventilaron dentro del proceso, donde se demuestra hasta la saciedad mi relación de dependencia económica durante toda mi vida, porque en realidad no tengo otras fuentes de ingresos, y mis hijos tienen su propia prioridad y su familia […]” (folio 5 vuelto. Cuaderno 1).
[27] Folios 8 a 10. Cuaderno 1.
[28] Folios 64 a 66. Cuaderno 1.
[29] El día 24 de abril de 2018 se presentó informe del presente Expediente ante la Sala Plena, conforme al artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional. En dicha sesión, la Sala Plena decidió que el caso fuera conocido por esta Sala de Revisión.
[30] El análisis sustancial del caso, en los términos de la jurisprudencia constitucional, supone la valoración acerca de si se configura alguno de los siguientes defectos (cfr., de manera general, la sentencia C-590 de 2005): (i) material o sustantivo (cfr., Corte Constitucional, sentencias SU-448 de 2011, SU-424 de 2012 y SU-132 de 2013), (ii) fáctico (cfr., Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002 y SU-226 de 2013), (iii) procedimental (cfr., Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2016), (iv) decisión sin motivación (cfr., Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010), (v) desconocimiento del precedente (cfr., Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1995, C-836 de 2001, C-634 de 2011, C-816 de 2011, C-818 de 2011 y C-588 de 2012), (vi) orgánico (cfr., Corte Constitucional, sentencias T-929 de 2008 y SU-447 de 2011), (vii) error inducido (cfr., Corte Constitucional, sentencia T-863 de 2013) o (viii) violación directa de la Constitución.
[31] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[33] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-1219 de 2001.
[34] Con relación a este requisito, el inciso 1º del artículo 1 (de manera general), los artículos 5 e inciso 1º del 13 (en cuanto a la legitimación por pasiva) y el artículo 10 (en cuanto a la legitimación por activa) del Decreto 2591 de 1991, respectivamente, disponen: “Artículo 1. Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto”; “Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo lll de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”; “Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior”; “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
[35] Es importante resaltar que el juez de tutela vinculó al Juzgado Séptimo del Circuito de Medellín y al Tribunal Superior de Medellín que adoptaron las decisiones de primera y segunda instancia en el proceso ordinario laboral, que negaron la pensión de sobrevivientes a favor de la tutelante. Asimismo se vinculó a Edilma Sánchez, persona con interés en el resultado de esta acción de tutela, toda vez que fue parte en el proceso ordinario laboral que se cuestiona.
[36] Folio 519 reverso, Cuaderno 2.
[37] La definición acerca de cuál es el término “razonable” que debe mediar entre la fecha de ocurrencia de la presunta afectación de los derechos fundamentales y su cuestionamiento en sede de tutela no ha sido pacífica en la jurisprudencia. Por tal razón, de manera abstracta y previa, este solo puede catalogarse como prima facie, pues su valoración concreta está sujeta a las circunstancias específicas del caso, a las condiciones del tutelante (en especial a su situación concreta de vulnerabilidad), a los intereses jurídicos creados a favor de terceros por la actuación que se cuestiona y a la jurisprudencia constitucional en casos análogos. El término que prima facie se ha considerado como razonable para tal efecto es de 6 meses. Sin embargo, según la jurisprudencia constitucional, por la razón antes mencionada, de conformidad con las circunstancias del caso, este término puede considerarse como excesivo o insuficiente. Con relación a esta última inferencia, cfr. entre otras, las sentencias T-001 de 1992, C-543 de 1992, SU-961 de 1999, T-575 de 2002, T-526 de 2005, T-033 de 2010, T-060 de 2016, SU-391 de 2016 y SU-427 de 2016). La exigencia de razonabilidad, según la jurisprudencia constitucional, es más estricta en caso de que la actuación que se cuestione en sede de tutela sea una providencia judicial (cfr., sentencias C-590 de 2005, T-594 de 2008 y T-265 de 2015). Con relación a este aspecto, en la sentencia SU-427 de 2016, al hacer referencia, de manera general al alcance que la jurisprudencia constitucional le ha otorgado al requisito de inmediatez, indicó: “7.6. Ahora, si bien la Constitución y la ley no establecen un término expreso de caducidad, en la medida en que lo pretendido con el amparo es la protección concreta y actual de un derecho fundamental, este Tribunal, en varias providencias, ha sostenido que ante la inexistencia de un término definido, en algunos casos se ha considerado que el plazo oportuno es de seis meses, luego de lo cual podría declararse la improcedencia de la tutela, a menos que, atendiendo a las particularidades del caso sometido a revisión, se encuentren circunstancias que justifiquen la inactividad del accionante107. En esas hipótesis, por ejemplo, se ha llegado a considerar que, bajo ciertos supuestos, un término de dos años puede llegar a ser considerado razonable108”. En el primer pie de página de la providencia en cita, se hace referencia, además, a lo señalado en las sentencias T-328 de 2010 y T-1063 de 2012.
[38] Sentencia T-006 de 2015.
[39] Sentencia C-590 de 2005. Cfr. Sentencia SU-026 de 2012.
[40] Sentencia C-590 de 2005.
[41] Ibíd. De manera semejante, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) español (Ley Orgánica 2 de 1979), exige, para efectos de la procedencia del recurso de amparo constitucional, que en la demanda se justifique “la especial trascendencia constitucional del recurso” (numeral 1 del artículo 49, modificado por el artículo único de la Ley Orgánica 6 de mayo 24 de 2007). La admisión del recurso de amparo, entre otras, está sujeta, en los términos del literal b) del numeral 1 del artículo 50 de la ley en cita (modificado por el artículo único de la Ley Orgánica 6 de mayo 24 de 2007), a que, “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”.
[42] Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”.
[43] Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional” (en igual sentido, las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014).
[44] Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”.
[45] En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” (sentencia T-102 de 2006).
[46] Todo derecho fundamental tiene facetas constitucionales, legales y reglamentarias. Los debates acerca de las facetas legales y reglamentarias de los derechos carecen, por tanto, de la relevancia constitucional necesaria para habilitar la excepcional intervención del juez de tutela en aras de controlar las decisiones proferidas en los procesos de las jurisdicciones diferentes de la constitucional.
[47] Sentencia T-967 de 2008.
[48] Los demás componentes del debido proceso son de naturaleza legal y reglamentaria. La Constitución le concede amplia libertad de configuración al Legislador para la regulación de los procesos judiciales y las actuaciones administrativas. En este sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que el Legislador tiene libertad para definir aspectos tales como“(i) el establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los mismos; (ii) las etapas procesales y los términos y formalidades que se deben cumplir en ellas; (iii) la definición de competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Constitución; (iv) los medios de prueba; y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los terceros” (sentencia C-341 de 2014). En ejercicio de dicha libertad de configuración, el Legislador define la mayoría de facetas del debido proceso, las cuales, en ocasiones, son objeto de regulaciones aún más específicas por parte de la administración, en ejercicio de su potestad reglamentaria. Pues bien, las afectaciones o vulneraciones de estas facetas del debido proceso son de resorte exclusivo del juez ordinario y, por tanto, carecen prima facie de relevancia constitucional.
[49] De conformidad con una interpretación armónica de dispuesto en los artículos 46 de la Constitución, 7 de la Ley 1276 de 2009 (“[A] través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del Adulto Mayor en los Centros Vida”) y la jurisprudencia constitucional (cfr., sentencias T-047 de 2015 y T-339 de 2017), pertenecen a este grupo de especial protección constitucional las personas con 60 años o más. De conformidad con la disposición legal en cita, adulto mayor es “aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más”.
[50] El artículo 251 del Código Civil, respecto de la obligación de alimentos para con los padres, dispone: “Artículo 251. Cuidado y auxilio a los padres. Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios”.
[51] El legislador, para la garantía del derecho a la seguridad social, ha configurado un sistema que lo contiene (Sistema General de Seguridad Social) el cual, en el ámbito pensional, establece una serie de requisitos para acceder a las diferentes prestaciones económicas que otorga, vinculantes para los particulares, la Administración y el Juez.
[52] Expediente T-6.550.643.
[53] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[54] Al respecto ver, entre otros, GUASTINI, Riccardo. La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico: el caso italiano. Traducción del italiano de José María Lujambio. 1998.
[55] Quizá la determinación de la mayoría sería importante en la verificación de la subsidiariedad, pero como bien lo indica el fallo, en este evento no existe otro medio disponible distinto a la tutela. Y en todo caso no es posible llegar a esta conclusión, pues la sentencia asume como una verdad irrefutable que por el simple hecho de contar con hijos mayores de edad, la accionante, de 81 años de edad, no está desamparada. Una valoración judicial rigurosa exigiría, previa constatación de las circunstancias en que se encuentran estos hijos, procurar que en efecto la salvaguarda se garantice.
[56] Ver, entre otras, las sentencias T-567 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-972 de 2007 y T-1100 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-077 de 2009. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; SU-400 de 2012. M.P. Adriana Guillén Arango; SU-195 de 2012 y SU-515 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SU-949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; SU-416 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[57] Al respecto ver, principalmente, las sentencias C-447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-400 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-795 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; C-094 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño y SU-406 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.