T-256-15

           T-256-15             

Sentencia   T-256/15    

ACCION DE   TUTELA INTERPUESTA POR PUEBLOS INDIGENAS CONTRA CERREJON-Caso de comunidad   que ha sufrido un proceso de reasentamiento o reubicación por   causa de la actividad carbonífera    

ACCION DE   TUTELA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS COLECTIVOS-Procedencia excepcional     

La protección por vía de tutela en los casos   en que se afecten intereses colectivos, procederá siempre que se trate de evitar   un perjuicio irremediable, cuando la referida afectación conlleve el   desconocimiento de un derecho fundamental y el mecanismo ordinario no sea idóneo   o eficaz para su restablecimiento, puede solicitarse su protección a través del   mecanismo constitucional de amparo, conforme a las reglas reiteradas en la   jurisprudencia.    

MEDIO AMBIENTE SANO-Objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado   social de derecho     

La   defensa del medio ambiente constituye un objetivo principal dentro de la   estructura del Estado Social de Derecho, en cuanto hace parte del entorno vital   del hombre, indispensable para su supervivencia y la de generaciones futuras. En   este sentido, existe una estrecha relación entre el derecho a un ambiente sano   con los derechos a la vida y a la salud, razón por la cual, la Corte ha   sostenido que estas garantías constitucionales no pueden desligarse; de hecho,   éste debe ser considerado como un derecho fundamental para la existencia de la   humanidad, por cuanto, los factores perturbadores del medio ambiente causan   daños irreparables en los seres humanos. Recae sobre el Estado la obligación de   prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer sanciones   legales por conductas lesivas al ambiente y exigir la reparación de daños   causados.    

CONSTITUCION ECOLOGICA-Conformación    

Lo que la jurisprudencia ha denominado como   “Constitución ecológica” está conformada por el conjunto de preceptos   superiores, a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la   comunidad con la naturaleza, los recursos naturales y que, principalmente,   procuran su conservación y protección.    

TRASLADO,   REUBICACION Y DERECHOS DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR PROYECTOS DE EXPLOTACION   A GRAN ESCALA    

En los casos en que el traslado y la   reubicación se consideren necesario, se deberá asegurar a la población todas las   oportunidades para que su calidad de vida mejore, o se restaure en igualdad de   condiciones a los niveles de habitabilidad que tenían antes del proyecto.   Máxime, si se tiene en cuenta que toda reubicación de una comunidad determinada,   produce impactos negativos sumamente significativos en la población afectada.   Por lo anterior, durante la planeación, ejecución y evaluación del referido   proceso se deben respetar y garantizar los derechos de participación, consulta y   consentimiento previo, intercambio libre de información y resolución de quejas,   entre otros. El Plan de acción   para el traslado y reubicación de comunidades impactadas por la explotación a   gran escala debe contemplar la promoción y prevención del derecho al medio   ambiente y atendiendo las directrices del principio de desarrollo sostenible,   del principio de proporcionalidad en derecho ambiental y del principio de   solidaridad.    

PROCESOS DE TRASLADO   Y REUBICACION DE COMUNIDADES AFECTADAS POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA-Normas constitucionales    

PROCESOS DE TRASLADO   Y REUBICACION DE COMUNIDADES AFECTADAS POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA-Normas legales    

PROCESOS DE TRASLADO   Y REUBICACION DE COMUNIDADES AFECTADAS POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA-Normas internacionales    

CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES   Y GRUPOS ETNICOS-Obligación de consulta previa cuando se van a realizar proyectos de   exploración y explotación de recursos naturales en su territorio     

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA-Titularidad     

El mecanismo de la consulta previa   sólo es aplicable en relación con los grupos étnicos. Es aplicable a: a) a los   pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales culturales   y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que   estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o   por una legislación especial; b) a los pueblos en países independientes,   considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en   el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la   conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras   estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus   propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de   ellas.”    

CONSULTA PREVIA-Consentimiento libre, previo e   informado ante medidas de intervención en territorios étnicos    

Jurisprudencialmente el consentimiento,   libre, previo e informado debe entenderse como una garantía reforzada del   derecho general de participación de las comunidades indígenas, que debe   producirse al terminar un procedimiento consultivo. Por ello, en estos eventos   son aplicables las reglas de la consulta, siendo de mayor trascendencia, pues   son condición de que este sea libre e informado, las   siguientes: (i) la realización del procedimiento consultivo con representantes   legítimos de la comunidad; (ii) la realización de estudios de impacto ambiental   y social y su apropiada divulgación y discusión con las comunidades concernidas;   y, (iii) la concertación con las comunidades sobre la participación (utilidad)   en los beneficios derivados del proyecto. .    

         DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección constitucional     

DEPARTAMENTOS, DISTRITOS,   MUNICIPIOS Y TERRITORIOS INDIGENAS-Sistema General de Participaciones está destinado a financiación de   servicios en salud, educación, públicos domiciliarios de agua potable y   saneamiento básico     

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Contenido     

La crisis humanitaria que se vive en este   Departamento se debe a una variedad de factores que afectan la realidad no solo   de los 15 municipios, sino también del pueblo indígena Wayúu, diseminado en más   de 15.000 km2 a lo largo de La Guajira. La problemática que aqueja, como nunca   antes, a la población indígena se deriva por fenómenos como: desnutrición,   carencia de agua potable, deficiencia en la prestación de servicios públicos,   red hospitalaria desecha, constante presencia de grupos armados ilegales,   hacinamiento, falta de vivienda y desnutrición global, entre otros. Hoy por hoy, la falta de agua   en La Guajira constituye un ingrediente para comprender su grave crisis   humanitaria. La situación de abastecimiento de agua en esa región es crítica ya   que no hay una garantía mínima por parte del Estado del derecho fundamental al   agua, es decir, no hay políticas claras que den una verdadera solución al tema,   generando un aumento en los índices de pobreza, desnutrición, enfermedades   catastróficas, imposibilidad de desarrollo e insatisfacción de mínimas   necesidades básicas.    

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección por el Sistema   Interamericano de Derechos Humanos    

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también se ha reconocido y   protegido el derecho humano al agua.    

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL   SOBRE LA TUTELA DEL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO AL AGUA-Límites    

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA   POTABLE-Elementos    

DERECHO FUNDAMENTAL A LA   CONSULTA PREVIA DE COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE-Vulneración por parte de   Cerrejón al negarse a efectuar consulta previa al otorgamiento de la   licencia ambiental y al inicio del proyecto de exploración y extracción de   carbón a cielo abierto    

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA   POTABLE-Vulneración a comunidad afrodescendiente por la carencia del servicio   público de agua    

La vulneración al derecho fundamental al agua es múltiple, por cuanto afecta   todos los contenidos del derecho -disponibilidad, calidad y accesibilidad- y la   dignidad inherente a la comunidad afrodescendiente.    

DERECHO FUNDAMENTAL A LA   CONSULTA PREVIA DE COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE-Orden al Ministerio del Interior   adelantar proceso de consulta previa, por la afectación generada por la   explotación de carbón a cielo abierto ejecutada por la empresa Cerrejón    

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA   POTABLE-Orden   a Cerrejón, a Alcaldía Municipal y a   empresa de acueducto asegurar un mínimo de acceso, disponibilidad y calidad de   agua potable para los miembros de las comunidades afrodescendientes    

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA   POTABLE-Orden  a autoridades adoptar medidas adecuadas y   necesarias para diseñar un plan definitivo que asegure en favor de todas las   comunidades indígenas y tribales, el acceso, la calidad y la disponibilidad del   servicio de agua potable    

Referencia:   expediente T-4.587.990    

Acción de tutela   instaurada por miembros de la comunidad ancestral de negros afrodescendientes de   los corregimientos de Patilla y Chancleta del Municipio de Barrancas, La   Guajira, contra la empresa “Carbones del Cerrejón Limited”.    

Magistrada (e)   Ponente:    

Martha Victoria   Sáchica Méndez    

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil quince   (2015).    

La Sala Octava de   Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Luis Ernesto   Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Martha Victoria Sáchica Méndez,   quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,   específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la   Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de   1991, ha proferido la siguiente    

SENTENCIA    

En el proceso de   revisión de los fallos proferidos el 22 de mayo de 2014 por el Juzgado Promiscuo   de Familia de San Juan del Cesar, La Guajira y el 2 de abril 2014, por el   Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas, La Guajira, en la acción de tutela   incoada por miembros de la comunidad de negros afrodescendientes de los   corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira   contra Carbones del Cerrejón Limited.    

I.         ANTECEDENTES        

Campo Elías López Morón, actuando como apoderado judicial de los miembros   de la comunidad de negros afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y   Chancleta del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, presentó acción de tutela contra la empresa “Carbones del Cerrejón   Limited”, debido a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a un ambiente sano, a la intimidad, a la vida y a la salud, a causa   de la contaminación ambiental por la emisión de las partículas de carbón que   genera la explotación carbonífera a cielo abierto y ante el incumplimiento por   parte de la empresa accionada de hacer efectivo el proceso de reasentamiento de   sus familias, sin tener en cuenta su identidad étnica como comunidad negra.    

Adicionalmente, los accionantes conforman el Consejo   Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta, legalmente inscrito ante la   Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira. Razón por la cual, exigen que la   empresa accionada les reconozca su  origen afrodescendiente dentro del   proyecto de reasentamiento y les permita conservar su acervo cultural e   histórico.    

           

1.        Hechos    

1.1. De acuerdo con lo expuesto por los accionantes al instaurar la   tutela, desde hace más de 30 años, el complejo   carbonífero del Cerrejón ha explotado el mineral a cielo abierto en las   inmediaciones de sus territorios.    

1.2. Por lo anterior, mediante oficio No. 2400-E2 del 12 de agosto de   2010, expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,   ordenó a la empresa accionada proceder a la reubicación y reasentamiento de los   habitantes de la región pertenecientes a las comunidades ancestrales de Patilla   y Chancleta, en un término que no superara el mes de diciembre de 2011. Si bien,   algunas familias de la comunidad afectada se han reubicado en una zona sobre la   carretera nacional, hasta la fecha no se ha hecho efectivo de manera completa el   reasentamiento ordenado.    

1.3. La empresa Carbones del Cerrejón Limited inició la construcción de   unas viviendas en la carretera nacional dotadas de todos los servicios públicos   y con un enfoque urbanístico que han sido aceptadas por algunos pobladores de   los caseríos que conforman el municipio de Barrancas, La Guajira. Sin embargo,   los accionantes de la presente acción de tutela se niegan a ser parte del   proyecto, al considerar que éste va en contra de su identidad cultural y social   como comunidad negra, rural y campesina.    

1.4. Sostiene el apoderado de la comunidad accionante, que en la   actualidad existen aproximadamente 40 familias que no han sido reasentadas, las   cuales están conformadas por tres grupos de especial protección en la zona de   explotación carbonífera: (i) los que no tienen origen ancestral de las   comunidades afectadas pero llevan más de 10 años habitando esa zona; (ii) las   familias Wayuú que llevan más de 10 años viviendo en ese territorio; y (iii) las   familias con raíces ancestrales afrodescendientes, los cuales se niegan a ser   reubicados en la carretera nacional, por ser una zona urbanística y atentar   contra sus costumbres ancestrales y su identidad cultural.    

1.5. La empresa Carbones del Cerrejón Limited, ejecuta una operación de   minería, transporte y embarque de carbón en el departamento de La Guajira,   amparada por un plan de manejo ambiental integral (PMA), establecido mediante   las Resoluciones 2097 de 2005 y 1632 de 2006, emitidas por la autoridad   pertinente.    

1.6. Aduce el apoderado judicial de la parte accionante, que el Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta, tiene un origen   histórico y fue reconocido por medio de la Resolución No. 008 del 16 de enero de   2013, por parte de la Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira. Sin embargo,   esta calidad no ha sido tenida en cuenta por parte de la empresa Cerrejón al   momento de elaborar sus propuestas de reubicación.    

1.7. Respuesta de la empresa Carbones del   Cerrejón Limited    

El apoderado judicial de la empresa Carbones del   Cerrejón Limited, dio respuesta a la presente acción de tutela dentro del   término procesal para tal fin. Inicialmente, precisó que la ubicación de las   poblaciones de Patilla y Chancleta se encuentran distantes de los Tajos de la   empresa. Aclaró que Tajo Patilla es diferente al municipio de Patilla; el   primero, es explotado carboníferamente, mientras que en el referido municipio,   no se realiza explotación carbonífera.     

Manifestó que, contrario a lo   afirmado los accionantes, para la extracción de carbón se utilizan los más   avanzados estándares de calidad certificada ISO 14001-2014, con lo cual se   genera el más bajo impacto ambiental. Para sustentar su afirmación, anexó una   lista de las acciones desarrolladas por la empresa para controlar las emisiones   de polvo dentro de la operación de extracción del mineral.    

En relación con el proceso de   reasentamiento, sostuvo que en cumplimiento con lo ordenado por el Juzgado   Promiscuo Municipal de Barrancas, La Guajira, en el año 2000 se realizó un censo   dentro de las poblaciones de Chancleta y Patilla con el fin de iniciar el   proceso de reubicación. Posteriormente, observó que entre los años 2005 a 2007   las familias asentadas en ese territorio aumentaron considerablemente y hasta la   fecha de interposición de la presente acción de tutela continúan llegando más   familias.    

Por lo anterior, aseguró que la   Alcaldía Municipal de Barrancas,  La Guajira, profirió el Acuerdo 025 del 4   de mayo de 2006, en el cual se prohibió la construcción de vivienda en esos   municipios.    

Advierte la empresa demandada, que   para evitar un futuro impacto ambiental y en atención a las precarias   condiciones económicas y de habitabilidad de los residentes de los municipios de   Chancleta y Patilla a causa del terreno estéril en que se encuentran las casas   construidas con bahareque, techos de zinc, las cuales no cuentan con pisos ni   servicios públicos esenciales, decidió reubicarlos en otro terreno que les   permitiera un mejor nivel de vida para ellos y sus familias. Sin embargo, en la   actualidad se tiene conocimiento de 10 familias de estas poblaciones que,   cumpliendo los requisitos para ser reubicados, se niegan al reasentamiento o a   recibir el valor o indemnizaciones pertinentes en dinero o especie.    

Aclara el apoderado judicial de   Carbones del Cerrejón Limited, que los estándares utilizados por la empresa para   el reasentamiento de los habitantes de los municipios de Chancleta y Patilla, La   Guajira, son los establecidos por los estamentos internacionales y el Banco   Mundial, razón por la cual, están bajo la supervisión de ANLA[1].    

Sobre la presunta identidad étnica   que alegan los accionantes, manifestó que el Consejo Comunitario de Negros   Ancestrales se conformó en el 2013, es decir, mucho después de iniciado el   proceso de reasentamiento. Por esta circunstancia, considera que dicha   asociación se constituyó con el ánimo de obtener mayores beneficios por parte de   la empresa.     

Finalmente, precisó el marco   normativo aplicado sobre la actividad minera y el manejo del medio ambiente en   atención a los resultados de los monitoreos realizados en las poblaciones de   Patilla y Chancleta, a fin de determinar la afectación ambiental.    

Por todo lo anterior, y en atención   a la ausencia total de pruebas que sustenten las pretensiones de los   accionantes, la compañía accionada solicitó denegar la presente acción de   tutela.    

2.        DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN    

2.1.   Primera instancia    

Mediante sentencia del 2 de abril de 2014, el   Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas, La Guajira declaró que la acción de   tutela interpuesta por miembros de la Comunidad de Negros   Afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta   era improcedente, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Lo   anterior, atendiendo que el mecanismo idóneo para solucionar de forma definitiva   la afectación de los derechos invocados por los accionantes es la acción popular   consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991 y reglamentada   por la Ley 472 de 1998.    

2.2.   Impugnación    

Dentro del término legal, se presentó escrito   de censura del fallo de primera instancia, en el cual, el apoderado judicial de   los accionantes reiteró los argumentos incluidos en la demanda de tutela y   agregó que el a quo erró en su apreciación, al no tener en cuenta que en   el escrito de tutela se enfatizó en el perjuicio irremediable causado por las   explotaciones carboníferas a sus representados, agregando, que si bien se trata   de derechos colectivos, la Corte Constitucional ha declarado la procedencia de   la acción de tutela en casos en los cuales, se está ante la vulneración de   derechos fundamentales.      

Sostuvo, que pese a que con las pruebas   testimoniales se demostró que había lugar a decretar el perjuicio irremediable   causado por la empresa accionada, el juez de primera instancia sin mayores   elementos de juicio soportó y profirió su fallo, únicamente en el material   probatorio aportado por el apoderado judicial de Carbones del Cerrejón Limited.    

Aseguró, que la actitud asumida por la empresa   demandada y el pronunciamiento del juez de instancia, es en cierta forma   desafortunada y se aparta del contexto jurídico, al considerar que las   autoridades legítimamente constituidas no pueden premiar a las personas que   sacan provecho de las vías de hecho, vulnerando derechos constitucionales   fundamentales.    

2.3. Segunda instancia    

El Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan   del Cesar, La Guajira confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que   la acción de tutela incumple con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez y   no involucra el acaecimiento de un perjuicio irremediable. Sostuvo, que los   accionantes deben acudir a medios ordinarios para la defensa de sus derechos.   Adicionalmente, consideró que no se le puede dar un trato igual a quien en   derecho son desiguales, refiriéndose a las categorías de reubicables y no   reubicables dentro del proceso de reasentamiento. Finalmente, determinó    que no se cumplía con el requisito de inmediatez por cuanto la empresa lleva más   de 10 años explotando el carbón en esa región.    

3.      PRUEBAS   QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE    

3.1.  Pruebas decretadas y recaudadas en sede de   revisión    

3.1.1.  Autoridad Nacional de   Licencias Ambientales – ANLA    

Mediante Auto del 20 de enero de 2015, la   Magistrada sustanciadora ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias   Ambientales, ANLA remitir a su despacho, informe actualizado a diciembre   de 2014, sobre los procesos de reasentamiento de las comunidades de Chancleta y   Patilla del Corregimiento de Barrancas, La Guajira.    

En oficio 2015005026-2-00 fechado 03 de febrero de 2015[2]  y recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 4 de febrero de la   misma anualidad, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional   de Licencias Ambientales, ANLA, informó sobre el proceso de reasentamiento de   las comunidades de Patilla y Chancleta 2014, lo siguiente:      

A.   Comunidad de Patilla    

·         Fortalecimiento de Capital Social.    

En relación con este aspecto de la comunidad de Patilla, ANLA   manifestó que en la actualidad se le está dando continuidad al programa “De   cero a siempre” del ICBF, el cual consiste en proporcionar dos veces por   semana suplemento nutricional, valoración de talla y peso, actividades   recreativas  a niños y niñas y formativas a madres. En dicho programa   participan 26 niños y niñas de la comunidad más la inclusión de 12 menores de   comunidades indígenas cercanas.    

Así mismo, indicó que se han ejecutado jornadas de limpieza e   integración comunitaria con el apoyo del Ejército Nacional y la Secretaría de   Gobierno de Barrancas por iniciativa de la comunidad. Sostuvo que durante todo   el año 2014, se realizó un proceso de retroalimentación en el tema  de uso   apropiado de servicios públicos, como el agua y la energía, lo que generó al   final del año una disminución representativa en cuanto al consumo de energía   kw/familia.    

Adicionalmente, se han realizado actividades encaminadas al   apoyo y participación en la celebración de fiestas patronales, soporte en   actividades deportivas y recreativas y al desarrollo y fortalecimiento educativo    

·         Plan Participativo para el Reasentamiento – Etapas II y III    

Con referencia a este Plan, ANLA informó que durante 2014 se   realizó sensibilización con todas las familias respecto de la importancia de la   firma de escrituras para pasar de poseedores a propietarios de sus viviendas y   áreas en proindiviso.    

Indica, que como resultado de lo anterior, fueron formadas 9   escrituras, completando un 19.56% de la población en espera de ser reasentada.   Así mismo, se hizo entrega a la mayoría de las familias de la hectárea a la que   tienen derecho del área global del proindiviso de Patilla, para el desarrollo de   actividades pecuarias y/o agropecuarias.    

Finalmente, se informó que en 2014 se logró cerrar compromisos   por impactos causados por el traslado con dos grupos de la comunidad de Patilla   con intereses particulares: (i) “Acuerdo con 8 miembros de la comunidad por   “respuesta al impacto con trasporte””; (ii) “Acuerdos con familias por   “respuesta a impacto por uso de tierras (proyecto silvopastoril”; y, “Se   continuó con las reuniones periódicas con la firma contratista SOCYA”.    

B. Comunidad de Chancleta    

·         Fortalecimiento del capital social en comunidad de origen y   comunidad de destino    

En cuanto al fortalecimiento del capital social en la comunidad   de Chancleta, ANLA manifestó que en la actualidad se le está dando continuidad   al programa “De cero a siempre” del ICBF, el cual consiste en   proporcionar dos veces por semana suplemento nutricional, valoración de talla y   peso, actividades recreativas  a niños y niñas y formativas a madres. En   dicho programa participan 25 niños y niñas de la comunidad.    

            Durante todo el año 2014 se realizó un proceso de retroalimentación en el tema    de uso apropiado de servicios públicos, como el agua y la energía, lo que generó   al final del año una disminución representativa en cuanto al consumo de energía   kw/familia. A través de visitas domiciliarias para el seguimiento de actividades   particulares en las familias, se concientizó a la comunidad en el manejo de   residuos sólidos, buenas prácticas de higiene y cuidado de sus viviendas, así   como soporte en la celebración de fiestas patronales y otras actividades   tendientes al suministro de agua para el uso domiciliario, transporte   comunitario entre la comunidad y el casco urbano de Barrancas y apoyo económico   a la JAC del corregimiento de Chancleta.    

·         Plan Participativo para el Reasentamiento – Etapas II y III.    

En relación con el reasentamiento de la comunidad de Chancleta   se informó que en el año 2014 se logró la firma de tres acuerdos de traslado de   familias que fueron reubicados a la nueva comunidad de Chancleta. Las familias   trasladadas fueron las de Ángel Pereira, Néstor Pineda y Cristina Pedraza.    

Así mismo, se continuó con las reuniones periódicas con la   firma contratista SOCYA, quien lleva a cabo la implementación del beneficio y   fortalecimiento educativo brindado a las comunidades reasentadas, como parte de   los acuerdos individuales firmados.    

Se informó que durante todo el 2014 se realizó sensibilización   con todas las familias en referencia a la importancia de la firma de escrituras   para pasar de poseedor a propietarios de sus viviendas y área en proindiviso.   Fueron firmadas 26 escrituras. Igualmente, se indica que se entregó a la mayoría   de las familias de la hectárea a la que tienen derecho del área global del   proindiviso, para el desarrollo de actividades pecuarias y/o    agropecuarias.    

C.  Temas comunes de los reasentamientos    

·         Mesa de trabajo de comunidades reasentadas    

En el mismo escrito, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de   la ANLA,  informó que el 29 de enero del presente año se dio inicio a la   primera mesa de trabajo entre los líderes de las comunidades de Chancleta,   Patilla, Roche y Tamaquito II y la empresa Carbones del Cerrejón Limited, en la   que se definió una agenda de trabajo que contempló los siguientes puntos: i)   proyectos productivos; ii) apoyo educativo; iii) agua potable e infraestructura;   iv) empleabilidad y generación de ingreso; v) derecho de igualdad para todas las   comunidades; y vi) análisis de estratificación de las comunidades.    

A continuación, se grafican los resultados de la población   reubicable en atención a los acuerdos logrados en las comunidades de Chancleta y   Patilla durante el año 2014:    

         

·         Actividades realizadas en infraestructura 2014 en las   comunidades de Patilla y Chancleta    

Mediante el informe presentado al despacho de la Magistrada   sustanciadora, se indicó que durante el primer semestre del año 2014 se efectuó   la construcción de placas y atril para la velación en cementerio, se realizaron   obras civiles en la plata de tratamiento de agua residual y se repararon las   cubiertas de los techos, así como soporte a la asociación de usuarios ASOAWINKA   RPC en la operación y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado de   los reasentamientos. En el mismo informe, se definió la estrategia de generación   de ingresos y emprendimiento desarrollada por Carbones del Cerrejón Limited para   las comunidades en post-reasentamiento, el cual tiene como objetivo final la   sostenibilidad de las familias luego de su traslado, por medio de procesos de   incubación de proyectos productivos.    

·         Material Particulado    

Igualmente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,   ANLA envió un informe a diciembre de 2014 de los niveles de partículas y ruido   en Patilla- Chancleta, en el cual se indica en relación con el Material   Particulado:    

Los monitores de Partículas Suspendidas Totales (PST)   realizados entre los años 2010 y 2014 en la estación Patilla – Chancleta por la   empresa Carbones del Cerrejón Limited, presentan cumplimiento de la norma anual   establecida por la Resolución 610 de 2010 (MAVDT), resaltó que “la medida   geométrica anula en el 2014 es de 85.5  µg/m3”.[3]    

A continuación, se muestra el comportamiento de las   concentraciones de material particulado por año PST en la estación que comprende   los municipios de Patilla – Chancleta:    

         

Los    

monitoreos realizados cumplen con la norma de 24 horas   establecidas como 300 µg/m3 para PST por la referida   resolución, según la siguiente gráfica:    

         

Indican que los monitoreos de material   particulado más recientes por parte de la Corporación Autónoma Regional de La   Guajira – CORPOGUAJIRA en el sector de Patilla-Chancleta corresponden al mes de   diciembre de 2013. Debido al reasentamiento de estas poblaciones y a actos de   vandalismo en la zona, la estación fue trasladada por la Corporación a partir de   2014 a la ubicación denominada Pacharoca.    

A continuación, se muestra un resumen de los   resultados monitoreados por Corpoguajira entre los años 2011 y 2013 para   Partículas Suspendidas Totales (PST) en la estación Patilla.    

         

Sostiene la Autoridad  Ambiental que los   informes enviados por la Oficina Jurídica de la empresa Carbones del Cerrejón   Limited correspondientes al año 2011, permiten verificar que los monitoreos se   realizaron cada dos días y por ello el número de muestras es de 158. En el año   2012, se monitoreó cada tres días, como lo exige el Protocolo para el Monitoreo   y Seguimiento de Calidad del Aire  (MAVDT, 2010) para equipos Hivol. En el   año 2012 se tuvo un número de muestras de tan solo 30, que correspondió a   monitoreos en los meses de agosto, noviembre, y diciembre de dicho año. Por lo   anterior, concluyen que, en todos los años monitoreados se cumplió con los   valores de la media geométrica anual por debajo de 100 µg/m3,  establecida en la Resolución 610 de 2010.    

·         Ruido producido por la explotación    

Sobre el ruido causado por la explotación   carbonífera en el corregimiento de Barrancas, La Guajira, se manifestó a este   Despacho que según el informe de Cumplimiento Ambiental de 2013 (ICA No. 8) de   Carbones del Cerrejón Limited (radicado 4120-E1-9844 de febrero 28 de 2014), se   pudo establecer que en el Tajo Patilla se monitoreó el ruido durante cuatro (4)   días de medición en el año 2013, obteniendo como resultado valores en periodo   diurno entre 64.7 dB (A) y 68.4 dB (A) y en periodo nocturno de 61.3 dB (A) a   66.7 dB (A).    

La siguiente gráfica muestra los niveles de ruido de fondo y con   voladura evaluados en las áreas de influencia de la mina, comparados con los   máximos permisibles para zonas de uso residencial de ruido ambiental.        

Finalmente, en respuesta al Auto del 20 de   enero de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, aportó en   su escrito un esquema de indemnización y compensación en relación con el avance   obtenido en el proceso de concentración y pago de predios en las comunidades de   Patilla y Chancleta.    

       

Indicador de avance de           concertación de predios   

General   

                     

Patilla                    

Chancleta   

Total Predios a concertar                    

1509                    

967   

1303                    

828   

Indicador                    

86%                    

86%   

Indicador de avance de           concertación de predios   

Deshabitados   

                     

Patilla                    

Chancleta   

Total Predios a concertar                    

1436                    

901   

Predios concertados                    

1236                    

775   

Indicador                    

86%                    

86%      

        

Indicador de avance de           concertación de predios   

Residentes no reubicables   

                     

Patilla                    

Chancleta   

Total Predios a concertar                    

27                    

9   

Predios concertados                    

21                    

Indicador                    

78%                    

67%      

        

Indicador de avance de           concertación de predios   

Residentes reubicables   

                     

Patilla                    

Chancleta   

Total Predios a concertar                    

46                    

57   

Predios concertados                    

46                    

47   

Indicador                    

100%                    

82%      

En la misma   providencia del 20 de enero de 2015, la magistrada sustanciadora solicitó al   Instituto Nacional de Salud a través del Sistema en Salud Pública – SIVIGILA,   informe de los casos de enfermedades respiratorias  reportadas como   consecuencia de la explotación carbonífera en las comunidades de Chancleta y   Patilla ubicadas en el municipio de Barrancas, La Guajira.    

En respuesta al   anterior requerimiento, el Director General (E) del Instituto Nacional de Salud   remitió a este Despacho la siguiente información[4]:    

D.   Vigilancia de infección respiratoria aguda del municipio de Barrancas, La   Guajira.    

En el referido   informe se indicó que en el año 2014 el municipio de Barrancas del departamento   de La Guajira notificó un total de 2526 consultas externas y urgencias por   infección respiratoria aguda – IRA de un total de 14.241 consultas externas y   urgencias por todas las causas.    

Concluyó que el   promedio de casos IRA en el citado municipio correspondió a 48%  de todos   los casos reportados, siendo el mayor incremento entre la semana 39 a 46 que   correspondió a los meses de septiembre y octubre de 2014.      

Señaló que el   porcentaje de casos IRA en consulta externa y urgencia respecto al total de   consultas externas y urgencias por todas las causas a nivel nacional en la   semana epidemiológica número 53 fue del 17.7%. Siendo el grupo de menores de 1   año de edad el de mayor casos presentados con un 68.6%, seguido del grupo de   niños y niñas de 1 año con 67.3% y el de menor proporción correspondió al grupo   de personas entre los 40 y los 59 años con un 7.6%.      

Adicionalmente,   informó que en el 2014 en el municipio de Barrancas no se notificaron muertes   por IRA en menores de 5 años acorde a la revisión realizada en la información   enviada por el departamento de La Guajira.    

Finalmente, en el   proceso de la referencia se decretó como prueba oficiar a la Secretaría   Departamental de Salud de La Guajira para que informara a este Despacho los   casos de enfermedades respiratorias reportadas como consecuencia de la   explotación carbonífera en las comunidades de Chancleta y Patilla ubicadas en el   municipio de Barrancas, La Guajira.     

3.1.2.     Secretaría Departamental de Salud    

El Secretario   Departamental de Salud remitió el reporte de las Infecciones Respiratorias   Agudas correspondiente al periodo 2014 en atención a los parámetros que   establece el Lineamiento Nacional y Protocolo de Vigilancia a través de la   fuente del Sistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA, la cual se obtuvo   por medio de una ficha colectiva, en donde se reportan los casos presentados en   el municipio de Barrancas, La Guajira, discriminando por las variables de   procedencia y edad.    

         

Resalta esta Sala   de Revisión que en el documento aportado por la Secretaría Departamental de   Salud de La Guajira se manifiesta que “si bien es cierto estas cifras fueron   las notificadas al SIVIGILA por las diversas Instituciones Prestadoras de   Servicios de Salud del municipio de Barrancas, no es posible inferir que su   causa esté relacionada con la explotación carbonífera. Para conocer esta   relación se hace necesario realizar estudios de investigación en las zonas   aledañas al Cerrejón”.    

Mediante auto del 17 de febrero de 2015 esta   Corte ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social y a las Facultades de   medicina de las Universidades Nacional de Colombia, del Rosario, Pontificia    Javeriana y de los Andes que remitieran a este Despacho informes sobre la   incidencia y síntomas que genera en la salud el polvillo o materia particulado   producido por la explotación minera de carbón y los riesgos los riesgos que esta   situación podría generar a corto, mediano y largo plazo para la vida humana y su   calidad.    

En la misma providencia se ordenó al Ministerio de Medio   Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Instituto de Estudios Ambientales de la   Universidad Nacional de Colombia y a las Universidades Javeriana, Rosario,   Externado de Colombia y de los Andes absolver interrogantes en relación a las   consecuencias ambientales en aire y agua que genera la explotación de carbón en   mina a cielo abierto, las medidas a seguir para preservar el medio ambiente en   casos de explotación de carbón cielo abierto, los estándares máximos de   contaminación permitidos a nivel mundial y en Colombia y las consecuencias   ambientales que produce la emisión de ruido producto de las máquinas empleadas   en la explotación de carbón a cielo abierto.    

Así mismo, se solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y   Desarrollo Sostenible designar a un experto en la materia para que determinara   la concentración de los residuos de material particulado como consecuencia de la   explotación carbonífera adelantada por la empresa Carbones del Cerrejón Limited   en los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La   Guajira y rindiera concepto técnico sobre los resultados arrojados.    

Se decretó como prueba que el Ministerio de Medio Ambiente y   Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira   informaran al despacho de la Magistrada sustanciadora si la empresa Carbones del   Cerrejón Limited cumplían con el plan de manejo ambiental que fue fijado para la   explotación minera en los sectores denominados Tajo Patilla, PIT Tabaco y PIT   los comuneros. Adicionalmente, se solicitó prueba del cumplimiento de los   informes periódicos por parte de la empresa en mención, de las consecuencias   ambientales que se podrían presentar cuando se realizan trabajos de minería a   cielo abierto 24 horas al día, los beneficios ambientales si la explotación de   carbón a cielo abierto se realizara por un tiempo determinado cada día y no de   manera permanente.    

En el auto en comento se ordenó igualmente al Ministerio de   Agricultura informar a esta Sala de Revisión sobre las consecuencias ambientales   y particulares sobre animales y cultivos generadas por la explotación de carbón   a cielo abierto. Así mismo, se solicitó al Ministerio de Minas y Energía   informar si la empresa accionada garantiza el desarrollo sostenible de los   recursos naturales y la preservación del ambiente, es decir, si la empresa   Carbones de Cerrejón Limited cumple con las disposiciones constitucionales,   legales y reglamentarias relacionadas con la explotación, transporte,   refinación, distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y   exportación de recursos naturales no renovables que el Ministerio establece, así   como, con las condiciones que dicha cartera dispuso para la realización de   carbón en los sectores denominados Tajo Patilla, PIT Tabaco y PIT los Comuneros   en los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La   Guajira.    

En la misma providencia se decretó como prueba que la empresa   Carbones del Cerrejón Limited informara cuáles son los procesos o procedimientos   que se efectúan en la explotación de carbón en los sectores denominados Tajo   Patilla, PIT Tabaco y PIT los Comuneros en los corregimientos de Patilla y   Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira, la razón por la cual la   multinacional opera las 24 horas del día en la mina, y cuáles serían las   consecuencias si dicha operación se ejecuta en un determinado número de horas y   no de manera permanente.    

Igualmente, se solicitó a la parte accionada informar sobre el   plan ambiental adoptado frente a la explotación de minas de carbón, las   mediciones y estudios ambientales realizados por la empresa en los diferentes   procesos de explotación minera de carbón, el plan de reasentamiento adoptado en   relación a la reubicación de la población perteneciente a los corregimientos de   Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira dentro de la licencia   ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la   explotación carbonífera en los sectores referidos, estado actual del proceso de   reasentamiento y las medidas de protección dentro del plan de reasentamiento   para la salvaguarda de la identidad cultural, usos y costumbres de las   comunidades de negros afrodescendientes de la comunidades accionantes.    

Finalmente, se solicitó al apoderado judicial de la parte   accionante remitir a este Despacho la plena identificación de las familias que   aún no han sido reasentadas, indicando si se encuentran dentro del censo   realizado por la empresa Carbones del Cerrejón Limited en el cual se determine   su calidad de reubicables; si alguno de los poderdantes en la presente acción de   tutela sufre de alguna afección en su salud a causa de la explotación   carbonífera en la zona y si alguno de ellos ha sido reubicado en los lugares   dispuestos para ello.    

3.1.3.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural    

3.1.4.  Carbones del Cerrejón Limited    

En oficio del 23 de febrero de 2015[6],   el representante legal suplente de Carbones del Cerrejón Limited dio respuesta a   los interrogantes planteados en el auto del 17 de febrero de   2015, en los siguientes términos:    

¿Cuáles son los procedimientos o procesos   que se efectúan en la explotación de carbón en los sectores denominados Tajo   Patilla, PIT Tabaco y PIT los comuneros en los corregimientos de Patilla y   Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira?    

Al respecto, la compañía accionada señaló que la minería a   cielo abierto es una operación integrada de exportación y transporte de carbón,   ubicada en el departamento de La Guajira, que produce más de 34 millones de   toneladas al año. En la actualidad, emplea a más de 13.000 personas, siendo el   exportador privado más grande y uno de los más importantes contribuyentes de   impuestos en Colombia.    

Aduce que la minería del Cerrejón se realiza con los más altos   estándares de la industria a nivel mundial, bajo el enfoque de minería   responsable y estrictos lineamientos técnicos, lo que permite maximizar la   explotación de los recursos del depósito.    

Indicó que el proceso en las áreas mineras del Cerrejón, inicia   con la generación de un modelo confiable, el cual cumple con las normas de   seguridad, salud y medioambiente, lo que permite desarrollar planes estratégicos   a largo, mediano y corto plazo.    

Finalmente, se refiere a las distintas fases de la explotación   minera, entre las cuales se encuentran: un plan previo, adecuación de un sistema   de explotación, las operaciones unitarias (labores de pre-minería, perforación y   voladura, remoción de material estéril, extracción de carbón, acarreo de   materiales, manejo de aguas de escorrentía y aguas de minería) y las actividades   de soporte e infraestructura.     

¿Por qué   Carbones del Cerrejón Limited, opera las 24 horas diarias en la mina, y cuáles   consecuencias se generarían sí dicha operación se ejecuta en un determinado   número de horas y no permanentemente?    

Sobre el   particular, sostuvo que la operación minera 24 horas diarias constituye una   medida operativa, implementada con pleno conocimiento y el aval de las   autoridades correspondientes, la cual propende por la eficiencia en la actividad   de explotación de carbón a su cargo con el fin de cumplir los compromisos   contractuales adquiridos con el Gobierno Nacional.    

Resaltó que la   operación 24 horas cumple con toda la normativa minera y ambiental aplicable al   caso, la cual se encuentra acreditada por las respectivas autoridades encargadas   del seguimiento y control permanente a la actividad de exploración carbonífera.    

Argumentó, que una   restricción horaria a la operación desarrollada por el Cerrejón causaría   impactos altamente negativos, no sólo para la empresa, que desarrolla una   actividad legítima dentro del marco de la ley, sino para el país, la región y   las mismas comunidades del área de influencia. Por lo anterior, solicitó a la   Corte Constitucional que bajo los principios de proporcionalidad y   razonabilidad, se justifique la imposición de una medida tan restrictiva, como   es el caso de la limitación horaria a la operación minera de Cerrejón.    

¿Cuál es el   plan ambiental adoptado por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, a nivel   nacional e internacional, frente a la explotación de minas de Carbón?    

El representante   legal suplente de la empresa accionada manifestó que el Plan de Medio Ambiente   desarrollado tiene como objetivo garantizar un operación responsable mediante la   adopción de estándares y uso de tecnologías que contribuyen a la utilización   racional de los recursos naturales (agua, energía y materias primas relevantes   para la operación), gestión de vientos, control de emisiones atmosféricas (polvo   y gases), rehabilitación de tierras, protección de fauna, manejo y disposición   final de residuos sólidos ordinarios y peligrosos.    

Indicó que el Plan   Ambiental se enfoca en 2 líneas de acción:    

i) Línea de   gestión operativa, se relaciona con las decisiones diarias, tomadas con base   a parámetros de control establecidos por la ley.    

ii) Línea    de gestión estratégica, abarca aspectos que corresponden a la sostenibilidad   de la operación y de la región, sus acciones están determinadas por la   investigación científica y en estudios de caso, no posee medidas de control   implantadas y sus decisiones apuntan a lograr efectos a mediano y largo plazo.    

Así mismo,   referenció el factor educación como un tercer elemento de la gestión   ambiental Cerrejón como un instrumento de divulgación, concientización y   multiplicación de las buenas prácticas ambientales.    

Aduce que el Plan   de Manejo Ambiental Integrado Cerrejón es el instrumento de control y   seguimiento ambiental utilizado por parte de la Autoridad Nacional de Licencias   Ambientales – ANLA, el cual se encuentra vigente hasta la vida útil del proyecto   minero.    

¿Cuáles son las   mediciones y estudios ambientales realizados por esa empresa en los diferentes   procesos de explotación minera de carbón, y cuáles se han realizado en este   caso?    

Sostuvo que   Cerrejón con el objeto de verificar la efectividad de sus programas de manejo de   aspectos e impactos ambientales, da cumplimiento a los monitores y estudios   exigidos en el Plan de Manejo Ambiental Integral – PMAI, a través de 6 programas   de monitoreo y seguimiento, entre los cuales se encuentra[7]:    

·         Programa de monitoreo de aguas – S01.    

·         Programa de monitoreo de aire – S02.    

·         Programa de monitoreo de fauna – S03.    

·         Programa de monitoreo hidrobiológico – S04.    

·         Programa de monitoreo de rehabilitación de tierras – S05.    

·         Programa de seguimiento social – S06.    

¿Cuál fue el   plan de reasentamiento adoptado por la empresa Carbones del Cerrejón Limited en   relación a la reubicación de la población perteneciente a los corregimientos de   Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira dentro de la licencia   ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la   explotación carbonífera de estos sectores?    

Sobre el plan de   reasentamiento el representante legal suplente de Cerrejón manifestó que éste   inició en el año 2005 con la ejecución de acciones necesarias para la   reubicación de las poblaciones residentes en las comunidades de Patilla y   Chancleta.    

Indicó que el plan   de reasentamiento se realizó según los parámetros establecidos en la ficha de   manejo ambiental PGS 07 Programa de Manejo de Afectaciones a Terceros e   Infraestructura, el cual consta de 4 fases:    

·         Fase I: Fortalecimiento del Capital Social.    

·         Fase II: Diseño e Implementación del Plan Participativo del   Reasentamiento.    

·         Fase III: Ejecución del Plan Participativo de Reasentamiento.    

·         Fase IV: Seguimiento y evaluación del plan.    

Sostuvo la parte   accionada que las políticas de reasentamiento del Cerrejón se enmarcan en los   estándares de la Corporación Financiera Internacional y el Banco Mundial   relacionados traslado o reubicación y compra de tierras. Indicó que la Autoridad   Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, es la entidad encargada de realizar el   seguimiento al proceso de reasentamiento de las comunidades de Patilla y   Chancleta, a través de visitas técnicas y de las evaluaciones efectuadas a los   informes de cumplimiento ambiental Cerrejón.    

Afirma que la   empresa Carbones del Cerrejón Limited realizó una línea base social para   determinar las personas que al momento de iniciar el proceso de reasentamiento   eran beneficiarias del mismo. Así mismo, aduce que con posterioridad a la   determinación de la referida línea base, en las áreas que se pretenden despejar,   se han ubicado personas, la gran mayoría de ellas accionantes de la presente   acción de tutela, con el fin de obtener los beneficios otorgados a quienes eran   residentes al momento de la determinación de la línea base social, lo cual no   resulta de recibo para el proceso, pues plantearía dos consecuencias: i) que se   reconozcan iguales derechos a quienes tienen condiciones claramente desiguales;   pues quienes llegaron a residir con posterioridad, no pueden tener los mismos   impactos que quienes ya lo hacían previamente; ii) el aceptar tal situación   fijaría un proceso interminable e indeterminado no solo en tiempo sino en   recursos, pues toda persona que llegase con posterioridad a la fijación del   punto de partida del censo, debería ser reconocido y ello podría hacer inviable   los proyectos de desarrollo para el país en la medida que sus costos superarían   por esta vía el equilibrio con el cual se presupuestan.    

Finalmente,   argumentó que todos los aspectos sobre los cuales se desarrollan las   compensaciones a favor de las comunidades son el resultado de acuerdos, previos   y concertados, que de alguna manera ahora se desconocen por parte de los   accionantes y a los cuales otros quieren acceder sin tener derecho a la   totalidad de ellos.    

Sostiene el   representante legal sustituto de la empresa Carbones del Cerrejón que la   determinación de la población reasentada sí se dio en atención a los siguientes   hechos:    

·         Por prueba anticipada de inspección judicial y peritaje solicitada   por el propietario de la tierra sobre la cual están ubicados los poblados de   Patilla y Chancleta, la cual fue practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal   de Barrancas, La Guajira en noviembre de 2000, a fin de señalar la cantidad   exacta de las construcciones en esos corregimientos y sus habitantes.    

·         Por medio de Resolución No. 087 y 088 del 7 de marzo de 2008[8]  “por medio de la cual se precisan los perímetros y construcciones   existentes en el Caserío de chancleta y Patilla” respectivamente.    

·         Por la elaboración de un Acta de Acuerdo para la definición de   criterios para incluir familias de la Comunidad Chancleta en el listados del 11   de febrero de 2009.    

¿Qué medidas de   protección cobija el plan de reasentamiento ejecutado por la empresa Carbones   del Cerrejón Limited para la salvaguarda de la identidad cultural, usos y   costumbres de las comunidades de negros afrodescendientes  e integrantes y   miembros de etnias wayúu asentados en el corregimiento de Patilla y Chancleta   del municipio de Barrancas, La Guajira?    

Asegura la empresa   accionada que dentro del proceso de reasentamiento de las comunidades   accionantes no existe medida alguna de protección para la salvaguarda de la   identidad cultural, usos y costumbres, por las siguientes razones:    

En el caso de los   indígenas wayúu ubicados en Patilla sostienen que estas personas llegaron   prácticamente en su totalidad con posterioridad a la determinación del grupo   residente de reubicables en el citado corregimiento, motivo por el cual no   tienen un vínculo histórico con ese territorio, propiedad de la “Comunidad del   Cerrejón”. Adicionalmente, manifestó el representante legal que los factores   determinantes que vinculan a un grupo étnico con un territorio es la existencia   de cementerios, todo lo cual no sucede para el caso de los wayúu presentes en   Patilla.    

Respecto a las   “comunidades negras”[9],   el Cerrejón manifestó en su respuesta que al momento de iniciarse la   determinación de línea base social y de los análisis sociológicos y sociales de   estos grupos, no se identificó un componente que pueda llamarse de negritud, en   la medida en que no cumplen con las siguientes características: i) existencia de   un territorio común, colectivo y normalmente baldío de la Nación; ii)   tradiciones culturales asociadas a grupos de dicha etnia;  y, iii)   reconocimiento como tal por parte de las autoridades.    

Por último, el   representante de la empresa accionada anexa a su respuesta los siguientes   documentos con el fin de aportar mayores argumentos a las respuestas dadas en el   referido oficio:    

Anexo 1:   Certificado de existencia y representación legal Cerrejón.    

Anexo 2: Proceso   productivo del carbón.    

Anexo 3: Plan   Ambiental de Cerrejón, mediciones y estudios ambientales.    

Anexo 4: Libro   titulado Cerrejón hacia la rehabilitación de las tierras intervenidas por la   minería a cielo abierto.    

Anexo 5: Libro   titulado Biodiversidad en Cerrejón.    

Anexo 6: Videos de   las actividades ambientales que se realizan conjuntamente entre el Cerrejón y la   Fundación Rotaria.    

Anexo 7: Video   Camino a Chancleta un desafío colectivo.    

Anexo 8: Video   denominado Viaje de Patilla, bitácora de un reasentamiento.    

Anexo 9: Video   titulado Tamaquito II ser Wayúu es nuestra fortaleza.    

Anexo 10:   Actualización línea base social de Chancleta.    

Anexo 11:   Actualización línea base social patilla.    

Anexo 12: Plan de   acción del reasentamiento de Chancleta.    

Anexo 13: Estado y   avance de proyectos productivos.    

Anexo 14: Fotos de   viviendas antiguas y nuevas.    

Anexo 15:   Estadísticas avance en negociaciones Patilla y Chancleta.    

Anexo 17: Listado   de familias reubicables de las comunidades de Chancleta.    

Anexo 18: Plan de   respuestas a impactos – familia reubicables en colectivo Patilla.    

Anexo 19: Plan de   respuestas a impactos – nuevos hogares y familias no reubicables.    

Anexo 20: Lista   firma contratos Patilla.    

Anexo 21: En   relación con Chancleta lista de poseedores.    

Anexo 22: Actas de   definiciones de criterios para incluir familias en listado de reubicables y   otros.    

Anexo 23:   Resolución 087 de 2008 que precisa perímetros y construcciones en el caserío de   chancleta.    

Anexo 24: Listado   de poseedores Patilla.    

Anexo 25: Actas de   inclusión de nuevas familias en el listado de reubicables y otros.    

Anexo 26:   Resolución 088 de 2008 que precisa perímetros y construcciones en el caserío de   Patilla.    

Anexo 27: Libro   titulado Calidad de Vida y Salud un diagnóstico de la zona de influencia de   Cerrejón.    

Anexo 28:   Diagnostico salud respiratoria en las casitas 2015.    

Anexo 29: Calidad   de Vida y salud: diagnóstico de la zona de influencia de Cerrejón 2012.    

Anexo 30:   Presentación convenio Cerrejón.    

Anexo 31: Apoyo   durante traslado de comunidades de Chancleta 2012.    

Anexo 32:   valoración estado de salud familias a trasladar a Chancleta.    

Anexo 33: Informe   actividades convenio Cerrejón – Hospital de Barrancas 2013.    

Anexo 34: Informe   actividades convenio Cerrejón – Hospital de Barrancas 2014.    

Anexo 35: Informe   Cerrejón incidencias patológicas respiratorias Patilla y Chancleta 2015.    

Anexo 36: Informe   final proyecto de educación continuada 2014.    

Anexo 37:   Resultado programa de fortalecimiento educativo Patilla y Chancleta 2012-2014.    

Anexo 39:   Boletines 009 de Chancleta y Patilla.    

Anexo 40: Informe   de actividades Patilla y Chancleta.    

3.1.5. Facultad   de Medicina de la Universidad Javeriana    

En oficio   FM/DAC/6466-15 del 24 de febrero de 2015[10],   la Decana Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana,   remitió al despacho de la Magistrada sustanciadora, respuesta a los   interrogantes planteados en el auto del 17 de febrero de 2015,   en los siguientes términos:    

¿Qué incidencia   y síntomas genera en la salud de una persona, en especial los menores de edad,   el polvillo o material particulado disperso en el aire, producido por la   explotación minera de carbón?    

Manifestó que la   principal exposición a polvo de carbón ocurre en la minería de socavón o al   interior de la tierra durante los proceso de extracción y procesamiento. Además   de los miembros del socavón, también están expuestos los trabajadores que   realizan labores de transporte y depósito de polvo de carbón en las centrales   térmicas, industria siderúrgica, industria química e incluso en venta y uso   doméstico.    

Indicó, que el   grado de exposición a polvo de carbón depende del tipo de carbón que está siendo   minado. La inhalación del polvo de carbón puede producir diferentes patologías   como la bronquitis, el enfisema centrolobulillar, la neumoconiosis y la   silicosis.    

En relación con la   neumoconiosis afirmó que es la enfermedad más frecuente asociada a la minería   del carbón, resultante de la inhalación de polvo del carbón mineral, grafito o   carbón artificial, no es una enfermedad de desarrollo rápido, y suele tardar al   menos 10 años en manifestarse. En sus fases iniciales, es un indicador de una   excesiva retención pulmonar de polvo, sin embargo, a medida que avanza, existe   el riesgo de desarrollar fibrosis masiva progresiva.    

Así mismo, afirmó   que según datos clínicos, radiológicos y funcionales se puede presentar la   patología de silicosis en varias fases, entre las cuales destacó: la silicosis   crónica, silicosis acelerada y silicosis aguda.    

Argumentó que las   comunidades están expuestas a estas patologías por ingestión, contacto dérmico o   inhalación, siendo la ruta más frecuente la de ingestión, especialmente en   niños, por sus juegos y actividades.    

Finalmente, señaló   que los estudios en niños acerca del impacto de los metales pesados son muy   pocos y por ende se desconoce sus efectos a largo plazo. En cuanto a la   prevalencia de síntomas respiratorios, informó que, según un estudio realizado   en el 2000 por Pless – Mujolli y Braga en el 2007, se encontró que los niños que   vivían cerca de la mina de carbón tenían una mayor consulta médica por   alteraciones respiratorias que las comunidades más alejadas cuando se   encontraban mayor concentración de partículas con diámetro menor a 10 micras (PM10).     

3.1.6.     Ministerio de Salud    

En oficio   201521300246721 del 24 de febrero de 2015[11],   el Director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, remitió a este   Despacho respuesta a los interrogantes planteados en el auto del 17 de febrero de 2015, en los siguientes términos:    

Argumentó que el   Ministerio no cuenta con los estudios epidemiológicos de causa-efecto en las   localidades cercanas al objeto de la demanda, razón por la cual no pueden dar   respuesta concreta a lo solicitado. Sin embargo, se refirió de manera genérica,   con base en la literatura internacional, sobre los efectos que puede ocasionar   el polvillo o material particulado.    

Sostuvo que los   infantes y los mayores de edad son más vulnerables a los efectos de los   contaminantes del aire, dentro de los cuales se encuentra el material   particulado (PM10 y PM2.5) debido a razones anatómicas,   funcionales, además de aquellas derivadas de las condiciones sociales.     

En relación con la   morbilidad y la mortalidad por enfermedades respiratorias como el asma, síndrome   de Bronco-obstrucción (SBO), bronquitis, y las infecciones respiratorias en   niños, indicó que, según diversos estudios, se ha demostrado un aumento por   asociación directa entre la exposición a material particulado (medido como PM10   y PM2.5) y gases contaminantes del aire.    

Así mismo,    explica que los efectos en la salud derivados de la exposición al material   particulado dependen del tamaño de partícula, su concentración y varían según   las fluctuaciones diarias de PM2.5 y PM10, éstos efectos   incluyen el incremento en la mortalidad diaria, el aumento en las tasas de   hospitalización por exacerbación de enfermedades respiratorias, fluctuaciones en   la prevalencia de usos del broncodilatador, tos y reducción de la función   pulmonar.    

3.1.7. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA    

Por medio de   oficio radicado ANLA 20159136-1000 del 24 de febrero de 2015[12],   el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, remitió copia del Auto del 17 de febrero de 2015 proferido por la Corte Constitucional, con el   fin de que se absolvieran las preguntas a las que hace referencia el numeral   cuarto de la referida providencia, como quiera que las mismas guardan relación   con las funciones asignadas a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –   ANLA, la referida autoridad se refirió al cuestionamiento en los siguientes   términos:    

¿La empresa   Carbones del Cerrejón Limited, encargada de la explotación minera en los   sectores denominados Tajo Patilla, Pit Tabaco y Pit los comuneros en los   corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira,   cumple con el Plan de Manejo Ambiental que le fue fijado?    

Con el fin de dar   respuesta al anterior interrogante la ANLA manifestó que mediante Resolución No.   2097 de 2005, el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial,   estableció a la empresa Carbones del Cerrejón LLC hoy Carbones del Cerrejón   Limited, un Plan de Manejo Ambiental Integral para el desarrollo del proyecto de   explotación de Carbón, transporte férreo y operación portuaria de la zona   denominada Cerrejón, que cobija las antiguas áreas Cerrejón Norte, área Patilla,   Cerrejón Central y Oreganal, Nuevas áreas de manejo y control ambiental.    

Que en   cumplimiento a las funciones que le fueron asignadas por ley, la ANLA efectúa   seguimiento y control a las medidas y obligaciones establecidas en el Plan de   Manejo Ambiental y demás actos administrativos derivados del referido   instrumento de manejo y control ambiental, a través de visitas periódicas al   lugar donde se desarrolla el proyecto, principalmente en aspectos físicos   bióticos y socioeconómicos, revisión y análisis documentales del expediente LAM   1094, atención inmediata de quejas y reclamos junto con la revisión minuciosa   del informe de cumplimiento ambiental ICA.    

Puntualizó que en   caso de requerir en detalle el estado y avance de cada una de las medidas   establecidas en el Plan de Manejo Ambiental vigente, pueden ser constatados los   actos administrativos de seguimiento ambiental, los cuales se sustentan en   conceptos técnicos elaborados de conformidad con el Manual de Seguimiento   Ambiental adoptado mediante Resolución 1552 de 2005 del entonces Ministerio de   Ambiente, Vivienda y Desarrolló Territorial.      

¿La sociedad en   mención ha entregado los informes periódicos de cumplimiento requeridos?    

Manifestó que los   informes de cumplimiento ambiental ICA son presentados por la empresa accionada,   en el mes de febrero de cada anualidad, reportando el periodo comprendido entre   el 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.    

¿Cuáles son las   consecuencias ambientales que se presentan cuando dicha empresa realiza trabajos   de minería las 24 horas del día a cielo abierto?    

La Autoridad   Nacional de Licencias Ambientales concluyó que en todas las obras o actividades   inherentes a la operación minera de cualquier tipo de minería generan unos   “impactos ambientales”,  sobre componentes físicos, bióticos y sociales.   Por lo anterior, el Decreto 2041 de 2014 estableció la necesidad de formular e   implementar Planes de Manejo Ambiental a través de los cuales se prevengan,   mitiguen, controlen y compensen cada uno de dichos impactos, razón por la cual,   las restricciones de horario a que haya lugar serán establecidas dentro del   instrumento de manejo y control ambiental.    

¿Existe un   horario establecido o aconsejado para la explotación minera a cielo abierto de   carbón?    

En consideraciones   de la ANLA, no existen normas que definan y/o limiten horarios para el   desarrollo de las actividades de explotación minera.    

¿Qué beneficios   ambientales tendría sobre la explotación del municipio de Barrancas, La Guajira,   si la explotación minera a cielo abierto de carbón se realiza por un tiempo   determinado cada día, y no permanentemente?    

Sobre este punto   se indicó que los impactos ambientales  identificados por la operación   minera son proporcionales a la dinámica de explotación, la cual sea continua o   intermitente genera similares efectos al medio ambiente. En este sentido,   sostuvo que, las consecuencias de tener un nivel determinado de producción en   una explotación minera a cielo abierto durante 24 horas del día o durante   determinado tiempo cada día, podría no ser notable en términos de mejoras en la   calidad del aire de 24 horas o a nivel anual.    

3.1.8.   Corporación Autónoma Regional de La Guajira    

En oficio   20153300119453 del 26 de febrero de 2015[13],   el Coordinador del Grupo de Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental de la   Corporación Autónoma Regional de La Guajira, dio repuesta a los siguientes   interrogantes:    

¿La empresa   Carbones del Cerrejón Limited, encargada de la explotación minera en los   sectores denominados Tajo Patilla, PIT Tabaco y PIT los Comuneros en los   corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira,   cumple con el plan de manejo ambiental que le fue fijado?    

El Coordinador del   Grupo de Evaluación, Control y Monitoreo Ambiental manifestó que la Ley 99 de   1993 y demás normas concordantes en materia de licenciamiento ambiental,   establecen que los proyectos, obras o actividades de características operativas   como las enmarcadas por Carbones del Cerrejón Limited – CCL- están bajo la   competencia, en términos de evaluación y seguimiento, por parte de la Autoridad   Nacional de Licencias Ambientales. ANLA-.    

Así mismo, indicó   que actualmente el proyecto Carbones del Cerrejón está autorizado mediante un   Plan de manejo Ambiental Integrado – PMAI, cuyas actividades son objeto de   control por parte de las señalada Autoridad, a quien, en términos de funciones   legales, es la encargada de suministrar la información sobre el cumplimiento   especifico y consolidado de las acciones contempladas en el referido plan de   manejo ambiental.    

¿La sociedad en   mención ha entregado los informes periódicos de cumplimiento requeridos?    

Frente al   cumplimiento de obligaciones relacionadas con la entrega de informes de   cumplimiento ambiental por parte de Carbones del Cerrejón Limited, CORPOGUAJIRA   señaló que hay evidencia por parte de la empresa accionada de la entrega   oportuna de los referidos informes.    

¿Cuáles son las   consecuencias ambientales que se presentan cuando dicha empresa realiza trabajo   de minería las 24 horas del día a cielo abierto de carbón?    

Sostiene   CORPOGUAJIRA que el trabajo de minería a cielo abierto genera impactos sobre el   ambiente que pueden ser mitigados mediante actividades oportunas y eficientes de   control y manejo ambiental. Sin embargo, la literatura en esta materia señala   que las condiciones nocturnas implican un valor más elevado en el marco de   restricciones para el uso de recursos naturales, pero no existe una base de   información científica que manifieste sobre las consecuencias ambientales de la   realización de minería a cielo abierto en las horas nocturnas.    

¿Existe un   horario establecido o aconsejado para la explotación de minería a cielo abierto   de Carbón?    

Afirmó   CORPOGUAJIRA no tener conocimiento sobre la existencia de una norma o   reglamentación especifica que establezca el uso de horarios para la minería a   cielo abierto. Adicionalmente, indica que se puede inferir por los términos de   restricciones en el uso de recursos naturales, que las actividades concebidas   durante horario diurno pueden generar menores impactos o efectos ambientales que   las ejecutadas en horario nocturno, por ejemplo, en tema de ruido y ruido   ambiental.    

¿Qué beneficios   ambientales tendría sobre la población del municipio de Barrancas, La Guajira,   si la explotación minera a cielo abierto de carbón se realiza por un tiempo   determinado cada día, y no permanentemente?    

Concluyó la   Corporación Autónoma Regional de La Guajira que si una fuente de generación de   impactos disminuye los tiempos de operación, se podría esperar que también los   impactos o efectos ambientales se reduzcan en escala y concentración.    

3.1.9. Informe   presentado por el apoderado judicial de los accionantes    

Por medio de   escrito de 4 de marzo de 2015[14],   el doctor Campo Elías López Morón, en calidad de apoderado judicial de los   accionantes de la presente acción de tutela, remitió a este Despacho la   siguiente información, solicitada en la Corte Constitucional en  Auto del 17 de febrero de 2015:    

Plena   identificación de las familias que integran los caseríos de Chancleta y Patilla,   ubicados en la jurisdicción de Barrancas, departamento de La Guajira.    

Familias que   habitan en el caserío de Chancleta:    

·         Leonardo Fabio Palmesano Arregocés con CC 84.008.021 y Marlene   Isabel Pabón Yance con CC 49.767.206.    

·         Remedios Palmesano Arregocés con CC 52.006.935.    

·         Jhon Torres con CC 73.547.059 y Nellis Palmesano Arregocés con CC   26.985.513, hijos menores: Carlos Mario Torres, Camila Torres, Laura Valentina   Torres y Carlos Iván Torres Palmesano.    

·         Luzvig Palmesano Arregocés con CC 26.985.917, hijos: Henry José   Palmesano Arregocés y Andrea Marulanda Palmesano.    

·         Luis Adalcides Palmesano Arregocés con CC 17.844.986 y María Luisa   Zambrano Ibáñez con CC  40.982.191.    

·         Adaulfo Aurelio palmesano Arregocés con CC 5.153.223 y Danira   Zabala Bohórquez con CC 23.007.642, hijos menores: Jorge Isaac Palmesano   Martínez, Luis Orlando Palmesano Zabala y Evadis Gutierrez Zabala.    

·         Elkin Enrique Mendoza Gómez con CC 88.206.766 y Devis Leonor   Medina Ramos con CC 79.785.671, hijos menores: Marta Beatriz Mendoza Parejo y   Angello José Pereira Medina.    

·         Álvaro Contreras Orellano con CC 12.641.699 y Amarilis Esther   Miranda Salcedo con CC 49.595.794, hijos menores: Jan Carlos Contreras Miranda,   María Cecilia Contreras Miranda, Jesús David Contreras Miranda y Cristian David   Contreras Miranda.    

·         Ana Matilde Padilla Medina con CC 36.594.975, hijos menores: María   José Padilla Medina y Carlos Andrés Barrios Padilla.    

·         Miguel Ángel Medina Padilla con CC 19.603.850 y Luis Manuel   Padilla con Luis Manuel Medina Padilla (hermanos).    

·         Orlando Rafael Osorio Ortiz con CC 12.592.504 y Miladis Esther   Pineda Alamanza con CC 40. 877.688, hijos menores: Orlando Rafael Osorio Pineda,   Cristian José Osorio Pineda, Orladis Carolina Osorio Pineda; hijos mayores:   Giovani de Jesús Alarza Pineda, nieta: Yoani Gisel Alarza Pineda y Felipe   Santiago Osorio Pineda.    

·         Jainer José palmesano Ortiz con CC 1.122.811.987 y Ana María   Medina Padilla con CC 1.122.816.868, hijos menores: Marina Isabel Medina Padilla   y Jainer José Palmesano Medina.    

·         Orlando Rafael Pérez Díaz con CC 84.071.300 y Santa Isabel Ustate   Díaz con CC 26.981.849.    

·         William Palmesano Arregocés con CC 5.163.157 y Mabys Regina   Rodríguez Ayala con CC 39.068.532, hija menor: Neireth Yakarit Palmesano   Rodríguez.    

·          Jaider Enrique Fontalvo Rodríguez con CC 17.990.438 y Sandra   Karina Romero Gamarra con CC 1.056.597.632, hijos menores: Nai Ricardo Romero y   Yesith Pérez Romero.    

·         Ignacio José Fontalvo Rodríguez con CC 1.121.299.284 y Mireya   Salazar Paredes con CC 1.065.597.632, hijos menores Johanis Sandrit Fontalvo   Salazar, Diego Andrés Rodríguez Salazar y José David Salazar Paredes.    

·          Alejandro Fontalvo Rodríguez con CC 1.121.429 y Kirayda Romero   Gamarra  con CC 10.065.27.007.    

·         Jairo Enrique Fontalvo Camargo con CC 15.274.320.    

·         Eugenio Alonso Duarte Ustate con CC 1.121.298.280 y Zaina Yanet   Díaz Fernández con CC 1.120.741.680, hijos menores: Lilibeth Carolina Duarte y   Saidrith Yael Duarte.    

·         Deivis Palmesano Ustate con CC 15.208.050 y Yaraldin Paola Yance   con CC 1.192.739.232, hijos menores: Dewin Palmesano Pavón y Sheivis Palmesano   Pavón.    

·         Ángel Manuel Pereira Daza con CC 84.009.472 y Sonia María Fonseca   Pushaina con CC 1.010.115.097, hijo menor: Ángel David Pereira Fonseca.    

·         Luz Daris González Pérez con CC 57.465.813, hijos menores: Keiner   Pertuz González,  Daniela Pertuz González, Daniel Pertuz González y Yajaira   Gutierrez González.    

·         Luis Mauricio Duarte con CC 1.120.783.702 y María Alejandra   Carrillo con CC 1.122.816.833, hijo menor: Luis Eduardo Duarte Carrillo.    

·         José María Pjeda con CC 77.011.794 y Milena Escorcia Gómez con CC   50.947.637, hijos menores: Naidu Ojeda Escorcia y Jesús Daniel Escorcia.    

·         Eduardo Luis de la Cruz Gómez con CC 1.006.734.690 y Yoleinis   Palmesano con CC 1.192.920.598.    

·         Carminia Márquez con CC 40.916.865, hijo: Leiner David Carrillo   Márquez.    

·         Miguel Ángel Medina Pérez con CC 15.246.944 y Maritza de la Cruz   Gómez con CC 57.402.518.    

·         Nilba Ojeda Díaz con CC 26.983.196, hijo: Jorge Luis Orozco Ojeda.    

·         Ana Victoria Arregocés con CC  1.121.297.193 y Carlos Mario   Duarte con CC 1.010.037.667, hijos menores: Karen Dayana Gómez Arregocés,   Edilber Rafael Arregocés Orozco, Delgis Andreina Duarte Arregocés.    

·         José Segundo Orozco con CC 84.007.0653 y Oneida Herrera Paba con   CC 1.121.303.826, hijos menores: Tatiana Paola Orozco Frías, Angie Orozco Frías,   José Enrique Orozco Frías, Luis Miguel Ustate Herrera y Luis Alejandro Ustate   Herrera.    

·         José Bermúdez y Yeraldin Solano Vélez con CC 1.131.071.324, hijo   menor: David Santiago Solano Vélez.    

·         Elkin Raúl Ortega Palmesano con CC 84.008.698, hijos menores:   Keidis Dayana Ortega, Leiner Enrique Ortega y Caterin Yuliet Ortega.    

·         Edgardo de la Cruz Gómez con CC 1.006.734.689 e Ingrith Vanesa   García, hijo menor: Jese Rafael de la Cruz García.    

·         Esneider Bermúdez Peñaranda con CC 1.010.093.108.    

Familias que   habitan el caserío de Patilla:    

·         German Antonio Carrillo Pérez con CC 84.005.344 y Eneida Barbosa   Díaz con CC 1.118.814.432. hijo menor: Valeri Carrillo Díaz.    

·         Rubén Darío Araujo Uriana con CC 17.950.077 y Luz Mary Oneida   Pushaina con CC 56.056.883, hijos menores: Rubén Darío Araujo Uriana y Yasmeli   Francisca Araujo Pushaina.    

·         Ana Elisa Araujo Uriana con CC 39.485.090 y Leuder Barbosa   Peñaranda con CC.2.739.913, hijos mayores: Julio Eduardo Araujo Uriana con CC   1122815193 y María Francisca Araujo Uriana con CC 1122815516.    

·         Alber José Nuñez Mendoza con CC 17.809.890 y Yenni Luz Guevara   Arévalo con CC 43.026.255.    

·         Kennedy Manuel Mendoza Martínez con CC 84.104.006 y Aurora maría   Martínez Martínez con CC 56.077.167, hijos menores: Duvan Darío Mendoza   Martínez, Yuliana margarita Mendoza Martínez y Yulianis Paola Mendoza Martínez.    

·         Edwin Esmelin Palmesano Ustate con CC 1.120.740.530 y Leidys   Gregoria de la Rosa Ariza con CC 1.121.300.218,  hijos menores: Deiman   Estiven Palmesano de la Rosa y Mirleyis de la Rosa.    

·         Luis Segundo Duarte con CC 15.239.438 y Mercedes Elena Mejía Usayu   con CC 40.917.849, hijos menores Mercedes del Carmen Duarte Mejía y Édinson   Mejía Usayu.    

·         Agustín Barbosa Leyva con CC 5.158.976 y Eneida Francisca Díaz de   Barbosa con CC 26.994.657, hijo mayor: Leuder Barbosa Peñaranda con CC   2.739.913.    

·         Ricardo Antonio Araujo Uriana con CC 1.120.445.512 y Yoleidis   Patricia Peláez Epiayu con CC 1.122.810.996.    

·         Luz Mery Castro Araujo con CC 1.121.041.518, hijos menores:   Andreina Gámez Castro y José David Martínez.    

·         Braulio Araujo Pushaina con CC 1.120.740.866 y Noreimis Patricia   Mejía con CC 1.006.580.097, hijos menores: Brianis PatriciA Araujo Mejía y   Brillit Marcela Araujo Mejía.    

·         Yasmile Francisca Araujo Pushaina con CC 1.122.814.485.    

Sostiene el   apoderado judicial de las comunidades accionantes, que las familias relacionadas   anteriormente, se encuentran registradas en el censo que realizó la empresa   Carbones del Cerrejón Limited, el cual tenía como finalidad determinar, de   manera unilateral y sin sometimiento a ningún parámetro legal, la calidad de   reubicables o no de cada uno de los habitantes de esos caseríos.    

Adicionalmente,   indicó que muchos de los accionantes de la presente acción de amparo han sufrido   de enfermedades de carácter respiratorio, sin embargo, su condición de extrema   pobreza y la falta de cobertura de la prestación del servicio de salud que   padecieron antes de entrar en vigencia el Sisben, no les permitieron acudir a   consulta médica.    

Se refirió al caso   de la señora Maritza de la Cruz Gómez, habitante del corregimiento de Patilla,   identificada con cédula de ciudadanía número 57.402.518, quien fue tratada en   varias ocasiones en el hospital de Nuestra Señora del Pilar de Barrancas, La   Guajira, por una enfermedad denominada “neumonía bacteriana no especificada”[15].    

Finalmente,   manifestó no tener conocimiento sobre acuerdo de reasentamiento o económico   alguno entre sus representados y la empresa accionada, pese a las permanentes   campañas efectuada por el Cerrejón para lograr tales objetivos.    

3.1.10.   Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes    

Por medio de   concepto del 2 de marzo de 2015[16],   el decano de la facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, remitió al   despacho de la Magistrada sustanciadora, la siguiente información en respuesta a   las preguntas hechas por la  Corte Constitucional en  Auto del 17 de febrero de 2015:    

¿Cuáles   consecuencias ambientales y particularmente sobre el aire y el agua, genera la   explotación de carbón en mina de cielo abierto?    

La facultad de   medicina de la Universidad de los Andes en relación al tema consultado explica   que la explotación de carbón a cielo abierto puede ocasionar contaminación de   los siguientes entornos:    

a)    Impacto sobre la matriz agua    

Las aguas de mina   generan alteraciones en los recursos hídricos de la zona por cuanto se producen   con afluencia de aguas subterráneas que han estado en contacto con los   yacimientos, los patios de acopio y las escombreras, lo que las hace ácidas al   contener minerales como pirita, azufre y estériles, también pueden contener   sólidos en suspensión, componentes orgánicos como grasas y aceites y metales   como el sulfato, Mn, Fe, Al y Se, elementos químicos presentes en altas   concentraciones posteriores al cierre de las minas de carbón.    

Sostiene que los   estratos del yacimiento que han sido intervenidos tienden a llenarse con aguas   subterráneas debido a infiltraciones profundas, lo cual lleva al descenso de los   niveles freáticos y a una disminución de la cantidad y disponibilidad de agua   con alto potencial de potabilidad.    

b) Impacto en   la matriz de aire    

Indicó que las   emisiones atmosféricas se presentan durante las etapas de construcción y   operación del proyecto minero. Así mismo, señala que en la etapa de   construcción, la maquinaría empleada para la adecuación del terreno y la   movilización de vehículos ocasiona emisiones transitorias de gases contaminantes   como dióxido y monóxido de carbono (CO2y CO respectivamente) y en la etapa de   operación se producen óxidos de nitrógeno (NOx), sulfatos (SOx), ácidos   sulfhídrico (H2S) y metano (CH4) que se liberan a la atmósfera por la   descompresión de las rocas durante la excavación y voladuras realizadas para la   extracción del carbón.    

Por último,   observó que los movimientos de tierra durante la extracción del carbón emiten   material particulado, comúnmente conocido como polvo de carbón, el cual es   transportado por el viento, aumentando los índices de enfermedades espiratorias   en el personal de la mina y en las comunidades del área de influencia.    

¿Cuáles son las   medidas a seguir para preservar el medioambiente, cuando se está realizando   explotación de carbón a cielo abierto?    

Propone un sistema   de monitoreo y evolución permanente de posibles impactos de la minería de carbón   a cielo abierto en la matriz de aire, agua, suelo y biota de acuerdo con los   estándares nacionales e internacionales.    

Así mismo, el   decano de la facultad de medicina de la Universidad de los Andes considera que   el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de   Salud en conjunto con las Secretarías Territoriales de Salud y las Corporaciones   Autónomas, deben diseñar y desarrollar un sistema de vigilancia epidemiología y   ambiental teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes orientaciones para las   zonas de minería de cielo abierto de carbón:    

·         Diseñar y desarrollar por parte de las autoridades sanitarias y   ambientales tanto nacionales y territoriales con apoyo de la academia y actores   comunitarios e institucionales, un sistema de vigilancia epidemiología o de   monitoreo crítico la relación entre condiciones ambientales y salud que incluya   vigilancia de primera, segunda y tercera generación.    

·         La vigilancia en Salud Ambiental implica la combinación de una   serie de estrategias que parten de un enfoque conceptual: el enfoque de riesgo y   el de determinantes sociales, los cuales se pueden combinar y ser   complementarios.    

·         Vigilancia según la generación con base en avances en   epidemiológicos como técnica a la salud ambiental.    

¿Cuáles son los   estándares máximos de contaminación permitidos a nivel mundial y en Colombia,   cuando existe explotación minera como en este caso?    

En relación con   los niveles de contaminación del aire, manifestó que se deben evaluar tomando   como métricas de análisis las establecidas por organismos nacionales e   internacionales en materia de calidad del aire y basados en los efectos en salud   que estos puedan desencadenar.    

¿La emisión de   ruido de las maquinas usualmente empeladas en la explotación de carbón a cielo   abierto, que consecuencias produce en el ambiente y en la población circundante?    

En relación con la   contaminación ambiental producto del ruido, la Facultad de Medicina de la   Universidad de los Andes, señala que produce efectos negativos en la salud si   sobrepasa un nivel de 85dB (decibles), los cuales van desde simples molestias   hasta problemas clínicos no reversibles o alteraciones psíquicas severas.    

Los efectos en   salud por el ruido se clasifican en auditivos y no auditivos. Dentro de los   efectos auditivos se encuentra la fatiga auditiva temporal o daño permanente;   entre los no auditivos, se destacan la molestia, fatiga y pérdida de   concentración, efectos biológicos como trastorno del sueño, aumento de las   funciones cardiovasculares, endocrinas, digestivas e inmunológicas y efectos del   comportamiento como alteraciones de la salud mental y problemas de aprendizaje.    

¿Qué incidencia   y síntomas genera en la salud de una persona, en especial de los menores de   edad, el polvillo o material particulado disperso en el aire, producto de la   explotación minera del carbón?    

Con base en el   estudio “Consultation of children living near open-cast coal mine”[17], la   institución académica manifestó que a nivel internacional se ha evidenciado un   aumento de probabilidades de enfermedades respiratorias en niños entre 0-11 años   en zonas de extracción minera de carbón y una afectación por contaminación   directamente proporcional al tiempo de exposición. Por consiguiente, la   población infantil es afectada significativamente dado las actividades   cotidianas  recreativas que realizan al aire libre. Adicionalmente, en el   estudio referenciado se señala que los contaminantes del aire: NO2   (dióxido de nitrógeno), PM2.5 (material particulado de tamaño 2.5),   PM (material particulado grueso) y ozono, como agentes contaminantes de minería   de carbón, están implicados en las enfermedades respiratorias.    

Observó, que los   niños y niñas menores de 12 años y en especial, los menores de 5 años al   exponerse a material particulado producto del ciclo de la minería de carbón a   cielo abierto, tienen síntomas respiratorios como tos nocturna, tos con esfuerzo   y mayor riesgo de desarrollar enfermedades como bronquitis y asma.    

¿Qué riesgos   podría generar la explotación de carbón a cielo abierto a corto, mediano y largo   plazo para la vida humana y su calidad, particularmente de las personas que   residen en el contorno de la explotación carbonífera?    

Se indica que a   corto, mediano y largo plazo se presentan enfermedades respiratorias debido a la   directa relación entre las afecciones respiratorias y el volumen de producción   de carbón, la probabilidad de hospitalización por EPOC (enfermedad pulmonar   obstructiva crónica) aumenta en 1% cada 1.462 toneladas de carbón extraído.    

A mediano y largo   plazo, los residentes de zonas mineras de carbón poseen mayor percepción de baja   calidad en salud, especialmente, la población femenina y mayor de 50 años de   edad. El efecto de la exposición a carbón sobre las enfermedades   cardiovasculares, puede ser a corto o largo plazo.    

En regiones   mineras con tasas de producción de carbón superior a 4 millones de toneladas, se   puede presentar con mayor probabilidad, enfermedades cardiovasculares como   ataques al corazón, enfermedades coronarias e hipertensión.    

A largo plazo, se   ha evidenciado un incremento del riesgo de mortalidad por cáncer de pulmón en   personas que residen alrededor de 5 km o menos de una estructura minera.   Específicamente, se ha establecido que los hombres presentan un mayor riesgo de   mortalidad por canecer de vejiga y colón, mientras que el riesgo para las   mujeres es mayor en caso de leucemia. Así como, las afecciones renales,   particularmente en zonas mineras con niveles de producción superiores a 4   millones de toneladas.    

3.1.11.    Facultad de Medicina de la Universidad Nacional    

Por medio de   oficio DEC-108 del 24 de febrero de 2015[18],   recibido en esta Corporación el 3 de marzo de la misma anualidad, el decano de   la facultad de Medicina de la Universidad Nacional, remitió a este despacho la   siguiente información en respuesta a las preguntas hechas por la  Corte   Constitucional en  Auto del 17 de febrero de 2015:    

La facultad de   medicina de la Universidad Nacional, expuso que los contaminantes del carbón   contribuyen con cuatro de las cinco principales causas de mortalidad en los   Estados Unidos: enfermedades cardiacas, cáncer, accidentes cerebrovasculares y   enfermedades crónicas del aparato respiratorio inferior.    

Sostiene la   facultad referida, que los contaminantes producidos por la combustión del carbón   actúan sobre el sistema respiratorio causando una variedad de efectos adversos   sobre la salud. Los contaminantes del aire -entre ellos el óxido nitroso (NO2) y   partículas muy pequeñas conocidas como PM2.5- afectan el desarrollo   pulmonar en forma adversa, reduciendo el volumen de ritmo respiratorio forzado   (FEV) en los niños, lo que a menudo precede el posterior desarrollo de otras   enfermedades pulmonares.    

Dentro de la   respuesta dada, se indica que los niños son particularmente susceptibles al   desarrollo de ataques de asma relacionados con la contaminación, atacando el 9%   de la población infantil.    

En relación con la   incidencia y síntomas que genera en la salud de una persona la explotación   minera de carbón a cielo abierto y sus efectos a corto, mediano y largo plazo,   se informó que el polvillo de carbón mineral supone un alto riesgo para la   salud, pues en los componentes del carbón se han encontrado sustancias como son   el dióxido de azufre y sus derivados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos   (HAP) considerados como agentes cancerígenos y mutagénicos, así como múltiples   metales pesados como plomo, cadmio, cobre, níquel, vanadio y zinc los cuales   tienen diversas implicaciones sobre la salud humana y el medio ambiente.    

En cuanto a las   alteraciones pulmonares, se indicó que con base en investigación en animales de   experimentación y en trabajadores expuestos al polvillo de carbón se ha podido   demostrar que éstos almacenan un depósito directo de las partículas de carbón a   nivel pulmonar (Kuempel et al., 2001). El depósito de estas partículas a largo   plazo causa una enfermedad pulmonar llamada neumoconiosis; el material   particulado de carbón produce una reacción de las células de defensa pulmonar   llamadas macrófagos y genera sustancias que aumentan el daño y la inflamación a   nivel pulmonar, lo que puede producir Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica   (EPOC), que se presenta como bronquitis crónica o enfisema pulmonar y fibrosis   pulmonar, tres patologías que se presentan de manera crónica después de largo   tiempo de explosión, incluso después de 30 años.    

Finalmente, la   Universidad Nacional, explica que los niños son más vulnerables a los efectos   tóxicos de las sustancias por tener sistemas orgánicos en proceso de maduración   y desarrollo y en el caso de la exposición por vía inhalatoria por tener una   frecuencia respiratoria mayor, el contacto con las sustancias puede aumentar.    

3.1.12.    Ministerio de Minas y Energía    

Por medio de   oficio recibido en esta Corporación el 05 de marzo de 2015[19],   el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía,   remitió al despacho de la magistrada sustanciadora, la siguiente información   aportada por la Agencia Nacional de Minería, en respuesta a las preguntas hechas   por la  Corte Constitucional en  Auto del 17 de   febrero de 2015:    

La Agencia Nacional de Minería en aras de dar respuesta a los interrogantes   planteados por esta Corporación, envió un informe que contiene los antecedentes   y condiciones de cada uno de los contratos para la ejecución de las actividades   mineras de la empresa demandada, el reconocimiento de la Propiedad   Privada No. 0011 y el desarrollo, condiciones e impacto que tiene la operación   minera de la empresa el Cerrejón para el país en relación con las   contraprestaciones económicas: regalías, ingresos operacionales y compensación   económica por sustitución.    

Así mismo, expuso   la Agencia Nacional de Minería que la empresa Carbones del Cerrejón Limited   realiza aportes laborales y de responsabilidad social empresarial.    

Concluyó su   informe, aduciendo que a través de la empresa Cerrejón, se han establecido   reservas probadas por 574,6 millones de toneladas de carbón y reservas probables   del orden de 91,6 millones de toneladas de carbón, que según ritmo y metas de   producción anual proyectadas, determinarán el agotamiento del yacimiento en el   año 2033.    

Por último, la   Agencia observó que la compañía Carbones Cerrejón Limited para garantizar el   cumplimiento de las metas de producción y operación general de la explotación,   en el marco de la autonomía empresarial, trabaja los 365 días del año, las 24   horas del día.    

3.1.13.   Universidad Externado de Colombia    

En concepto del 9   de marzo de 2015[20],   la Universidad Externado de Colombia, remitió a este despacho la siguiente   información, en respuesta a las preguntas hechas por la  Corte   Constitucional en  Auto del 17 de febrero de 2015:    

¿Cuáles son las consecuencias ambientales y particularmente sobre el   aire y el agua, que genera la explotación de carbón en mina a cielo abierto?    

Al respecto,   señala que la explotación a cielo abierto de carbón puede generar material   particulado y gases; el tipo y cantidad de éstos dependen de las características   del yacimiento y de la forma de  desarrollo del proyecto minero.    

Para la   Universidad Externado, las consecuencias que puedan derivarse sobre los recursos   de aire y agua obedecen a muchos factores, entre los cuales se encuentran:   distancia a la fuente hídrica, volumen de material particulado y tamaño,   capacidad de carga de la fuente, la variación en la cantidad de aguas   superficiales y subterráneas y el cambio de sus propiedades fisicoquímicas estos   factores deben ser estudiados para cada proyecto en particular, especialmente   con el levantamiento de la línea base ambiental que permita establecer los   comparativos cuando se desarrolla la actividad, tal y como lo establece la   normativa.    

Sin embargo,   precisó que independientemente de que se individualice o no el proyecto, las   consecuencias que se pueden generar son las siguientes:    

·         Consecuencias de orden físico, principalmente sobre el suelo.    

·         Consecuencias de orden biótico. Afectación al ecosistema y a la   fauna existente en el área de influencia de la mina.    

·         Consecuencias de orden social. Pueden ser positivas (generación de   empleo) o negativas (desplazamiento de poblaciones).    

·         Consecuencias de orden abiótico. Los métodos de extracción minera   producen algún grado de alteración al medio ambiente y  a las poblaciones   del área de influencia de los proyectos.  (componente agua, componente   suelos, componente atmosférico).    

¿Cuáles son las   medidas a seguir para preservar el medio ambiente, cuando se está realizando una   explotación de carbón a cielo abierto?    

Las medidas a   seguir para preservar el medio ambiente cuando se está realizando una   explotación a cielo abierto consisten en seguir o cumplir los compromisos   establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que fue aprobado por la   Autoridad Ambiental para el proyecto específico.     

¿Cuáles son los   estándares máximos de contaminación permitidos a nivel mundial y en Colombia   cuando existe explotación minera como la de este caso?    

En relación a este   interrogante, la Universidad Externado explicó que en atención al Decreto 979 de   2006 y la Resolución No. 610 de 2010, el MAVDT indica los estándares de calidad   del aire y fija las medidas para la atención de episodios, según niveles de   prevención, alerta y emergencia. Así mismo, citó los Decretos 1575 de 2007 y   3930 de 2010.    

Mediante Auto del 19 de febrero de 2015, esta Corte ordenó a la Facultad de   Ciencias de la Salud de la Universidad del Magdalena, absolver los interrogantes   en relación con la incidencia y síntomas que genera en la salud de una   persona, en especial los menores de edad, el polvillo o materia particulado   producido por la explotación minera de carbón y los riesgos que esta situación   podría generar a corto, mediano y largo plazo para la vida humana y su calidad.    

En la misma   providencia se ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena    remitir a esta Corporación información sobre las consecuencias ambientales en   aire y agua que genera la explotación de carbón en mina a cielo abierto, las   medidas a seguir para preservar el medio ambiente en casos de explotación de   carbón cielo abierto, los estándares máximos de contaminación permitidos a nivel   mundial y en Colombia y las consecuencias ambientales que produce la emisión de   ruido producto de las máquinas empleadas en la explotación de carbón a cielo   abierto.    

3.1.14.   Universidad del Magdalena    

Mediante    comunicación No. 931 del 3 de marzo de 2015[21],   el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del   Magdalena, absolvió las preguntas formuladas por medio de Auto del 19 de febrero   de 2015, en los siguientes términos:    

¿Qué incidencia   y síntomas genera en la salud de una persona, en especial lo menores de edad, el   polvillo o material particulado disperso en el aire, producido por la   explotación minera de carbón?    

Sostuvo la   facultad de Ciencias de la Salud de la referida universidad que el polvo negro   de carbón es extremadamente fino y ligero, motivo por el cual puede acumularse   fácilmente en los pulmones, generando obstrucción e interfiriendo en la función   pulmonar.    

Los síntomas   pueden incluir tos, producción aumentada de flemas, falta de aire y en casos   graves, fibrosis en el área circundante al depósito de carbón en los pulmones.    

En relación con la   contaminación del aire por carbón,  manifestó que representa un importante   riesgo medioambiental para la salud, lo que genera un aumento en la carga de   morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y   neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma.    

La Universidad del   Magdalena realizó un estudio del impacto de PM10 sobre la presencia   de síntomas respiratorios y función pulmonar en niños, el cual arrojó como   resultados que: los niños de 4 a 14 años que viven en zonas con concentraciones   de 70 ug/m3 tienen 2,18 (IC95% 1,34-3,55) veces mayor probabilidad de presentar   síntomas respiratorios, principalmente del tracto respiratorio superior. Además,   bajo esa misma condición tienen 2,97 (1,84-2,79) veces mayor probabilidad de   presentar algún tipo de alteración en patrones espirométricos.    

¿Qué riesgos   podría generar esta situación a corto, mediano y largo plazo para la vida humana   y su calidad, particularmente de las personas que residen en el contorno de la   explotación carbonífera?    

Indicó la   Universidad del Magdalena que si la exposición por inhalación se realiza por un   periodo considerable de tiempo se pueden presentar diversas patologías   pulmonares, en particular la neumoconiosis, enfermedad inflamatoria de los   pulmones que puede conducir a una pérdida total de la función pulmonar.    

3.1.15.   Grupo Investigación de la Universidad   Nacional    

Mediante concepto   del 5 de marzo de 2015[22],   el Grupo de Investigación de Calidad del Aire del Departamento de Ingeniería   Química y Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional,   absolvió las preguntas formuladas por medio de Auto del 19 de febrero de 2015,   en los siguientes términos:    

¿Consecuencias   de la explotación minera de carbón a cielo abierto sobre la calidad del aire?    

¿Medidas para   preservar la calidad del aire cuando se está realizando una explotación a cielo   abierto?    

Con el fin de   preservar la calidad del aire en la explotación de carbón a cielo abierto, se   relacionaron una serie de actividades que pueden reducir la emisión de material   particulado, entre las cuales se destacan las siguientes:    

·         Humectación o riego del suelo o de vías no pavimentadas por las   cuales transita la maquinaria que trasporta el material.    

·         Utilización de aditivos para reducir la resuspensión e polvo por   la maquinaria y los vehículos de transporte de material, tales como sales   higroscópicas, lignosulfatos, polímeros, etc.    

·         Carpado de los vehículos cargados con material que salen a las   vías.    

·         Utilización de trenes acondicionados para transporte de materia   fuera de la mina.    

·         Instalación de sistemas de control de emisiones (ciclones) en   equipos de perforación.    

·         Micro-retardos para la ejecución de voladuras.    

¿Estándares   máximos de contaminación?    

Se indicó que las   concentraciones máximas permitidas de material particulado en el aire en   Colombia (niveles de inmisión) se establecen en las Resoluciones No. 601 de 2006   y 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Se   resaltó en el oficio de contestación que los niveles permitidos en las   providencias citadas son más altos que las recomendaciones de la Organización   Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, en la actualidad se desarrolla un   proyecto de evaluación del impacto del cambio de estas normas colombianas en el   caso de adoptar dichas recomendaciones.    

Mediante Auto del 17 de marzo de 2015 esta Corte ordenó a la empresa Carbones   del Cerrejón Limited, remitir a este Despacho copia de todos y cada uno de los   procesos de reasentamiento ejecutados a los habitantes de los corregimientos de   Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira.    

3.2. Inspección   judicial in situ    

Por medio de Auto   de 13 de febrero de 2015, la Magistrada sustanciadora, con el propósito de tener   un mejor conocimiento de los hechos que originaron la presente acción de tutela,   ordenó la práctica de una inspección judicial en los corregimientos de Albania,   Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, del departamento La Guajira, que   se llevó a cabo los días 5 y 6 de marzo de 2015. Con tal objeto, se comisionó a   un magistrado auxiliar de su despacho para la práctica de esta diligencia, con   el apoyo de dos profesionales especializados grado 33 del mismo despacho. Así   mismo, se solicitó la presencia en dicha inspección de Defensoría Delegada para   los indígenas y las minorías étnicas de la Defensoría del Pueblo, a la Agencia   Nacional de Minería, al Ministerio del Interior, a la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales,  ANLA,   al Instituto Nacional de Salud, a la Corporación Autónoma Regional de La   Guajira, a la Gobernación de La Guajira, al Ministro de Medio Ambiente y   Desarrollo Sostenible y al Ministro de Minas y Energía.    

De igual modo, se   informó a las partes demandante y demandada, para que de ser el caso,   manifestaran a la Corte su intención de estar presentes en dicha diligencia.    

Surtida la   anterior diligencia judicial los días 5 y 6 de marzo de 2015, en los   corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, del   departamento La Guajira, los funcionarios comisionados para los fines   establecidos en la providencia del  13 de febrero de 2015, suscribieron la   siguiente Acta, la cual, da cuenta de los resultados de la diligencia:    

“ACTA DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL ADELANTADA POR LA CORTE   CONSTITUCIONAL EN EL CASO DE LA COMUNIDAD DE NEGROS AFRODESCENDIENTES  DE   PATILLA Y CHANCLETA DEL MUINICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA CONTRA CARBONES DEL   CERREJÓN LIMITED[23]    

I.                    ANTECEDENTES.    

1.1       Con ocasión de la revisión constitucional sobre   la acción de tutela presentada por miembros de la comunidad de negros   afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de   Barrancas, la Guajira en contra de la empresa Carbones del Cerrejón Limited, la   Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional ordenó a través de Auto del   13 de febrero de 2014, la práctica de una inspección judicial “al lugar de   los asentamientos de la comunidad de negros afrodescendientes de los   corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, la Guajira,   para los días cinco (5) y seis (6) de marzo de dos mil quince (2015) a las 09:00   AM, con el propósito de tener un mejor conocimiento de los hechos que originaron   la presentación de la acción de tutela”, con el fin de corroborar los hechos   que originaron la acción de tutela y los alegatos formulados por las partes.   Para el efecto, la Sala Octava, además de informar y comunicar la diligencia   judicial a las partes, solicitó el apoyo y acompañamiento de la Defensoría   delegada para los indígenas y las minorías étnicas de la Defensoría del Pueblo,   el Ministerio del Interior, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo   Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía la Gobernación de la Guajira, el   Instituto Nacional de Salud, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad   Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de la   Guajira.    

1.2       Cabe recordar que en la acción constitucional   bajo revisión, la comunidad afrodescendiente actora, solicita que se le amparen   sus derechos fundamentales a un ambiente sano, a la intimidad, a la vida y a la salud, los cuales están siendo presuntamente vulnerados debido a la contaminación ambiental por la emisión de las   partículas de carbón y ante el incumplimiento por parte de la demandada de hacer   efectivo el proceso de reasentamiento de sus familias. En consecuencia, pretende que el juez constitucional ordene a la   entidad accionada, que (i) “detener, para o suspender la explotación que la   misma adelanta en el sector denominado TAJO PATILLA, PIC TABACO Y PIC LOS   COMUNEROS, todos pertenecientes al complejo carbonífero de EL CERREJON hasta   tanto se cumplan con las siguientes condiciones: I.1. Se produzca de manera   material, efectiva y plena el reasentamiento de todas las personas que me han   otorgado poder para adelantar la presente acción, habitantes de los caseríos de   CHANCLETA Y PATILLA, ubicados en jurisdicción de Barrancas – Guajira, hacia el   lugar que de manera consensuada tales poderdantes determinen con la empresa   CARBONES DEL CERREJON LIMITED, CERREJON, como única medida encaminada a proteger   los derechos fundamentales invocados y con la que se procura evitar que la   accionada siga produciendo daños irreparables a los actores con su explotación   minera, mucho más teniendo en cuenta que los actores son miembros de una   población vulnerable; I.2. Se produzca la indemnización integral que la empresa   CARBONES DEL CERREJON LIMITED, CERREJON, debe hacer a mis poderdantes por   concepto del reasentamiento obligatorio a que deben ser sometidos por la   actividad minera que aquella adelanta, así como por la reparación del daño   producido a ellos y sus hijos menores durante el tiempo que se ha explotado el   tajo Patilla y los pits Tabaco y Los Comuneros, dentro del complejo carbonífero   del Cerrejón; (ii) ordenar al señor Procurador General de la Nación y al   Defensor del Pueblo, ambos con sede en la ciudad de Bogotá, para que hagan   seguimiento al cumplimiento del fallo de tutela que acoja las peticiones   consignadas en el punto anterior; y (iii) Las demás medidas que a juicio del   juzgado sean pertinentes para contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes   aún habitan los caseríos de CHANCLETA Y PATILLA, donde la empresa CARBONES DEL   CERREJON LIMITED, CERREJON, adelanta labores de explotación de gran minería”    

II.                 DIA UNO DE LA DILIGENCIA    

Primera   parte de la Diligencia.    

2.1.1.  Apertura de la   diligencia:    

2.1.2.       Primer Interrogado de la parte accionante:   Señor Wilman Palmezano Arregocés identificado con número de cédula de ciudadanía    5.153.157    

Pregunta 1.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvase aportar a la diligencia judicial que efectúa la Corte sus   datos generales completos. ¿Cuáles son sus datos, su nombre y su identificación?    

William Palmezano Arregocés: Mi nombre es   Wilman Palmezano Arregocés, representante legal de la comunidad de Patilla y   Chancleta. Resido en la comunidad que me recibió en Chancleta, tengo, soy nacido   y criado aquí. Y aquí me puso Dios, aquí estoy.    

Pregunta 2.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿A qué se dedica el señor Wilman y dónde desempeña sus funciones, su   trabajo?    

W. P. A: Bueno, soy un líder campesino,   trabajo la tierra lo poquito que nos ha dado la empresa únicamente contando con   dos hectáreas la comunidad con ella solo sembramos diferentes cultivos en ese   pedacito de tierra y allí pues sobrevivimos todos los de la comunidad.    

Pregunta 3.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Es campesino?    

W. P.A: Sí, agricultor campesino, sí   señor.       

Pregunta 4.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Usted pertenece a una comunidad indígena o afrodescendiente?    

WP.A: Afrodescendiente.    

Pregunta 5.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Qué comunidad en específico?    

WP.A: Consejo Comunitario   Afrodescendiente de Chancleta y Papilla.    

Pregunta 6.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Hace cuánto pertenece a ese Consejo?    

WP.A: Estamos organizados desde el 2004   pero legalizados, reconocidos por el municipio desde 2011.    

Pregunta 7.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Quién o quienes conforman su unidad familiar, su grupo familiar,   quién es su familia?    

WP.A: Bueno, mi familia es mi esposa Mary   Rodríguez Arregocés, Mary Rodríguez de Ayala, y mi hija. Somos tres personas en   el hogar, mi hija tiene 5 años.    

Pregunta 8.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Que afectación ha sufrido como consecuencia de la explotación   carbonífera, me explico, en su salud, en sus bienes, en su integridad física, en   términos generales que afectación ha sufrido como consecuencia de la explotación   carbonífera en esta zona?    

WP.A: Bueno en la salud, son muy remotos   los quebrantos de salud de hecho yo quiero que me noten que tengo un problema en   la garganta que casi no puedo hablar fuerte, de hecho pues se me ha desarrollado   una enfermedad porque es que nosotros por aquí no tenemos digamos que mucho   acceso a la salud porque acá pues lo que le formulan a uno es enfermedades que   prácticamente, medicinas para que, no son curativas mejor dicho sino que no es   para una cuestión de que la enfermedad se detenga pero ella se va desarrollando.    

Pregunta 9.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Le han diagnosticado alguna enfermedad a usted?    

W.P.A: No me han, no me han detectado   ninguna.     

Pregunta 10.      

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Y a su grupo familiar?    

W.P.A: A mi esposa, si tiene problemas   pulmonares, ha ido varias veces donde el neumólogo pero como no tenemos la forma   económica de seguir viendo pues allí estamos.    

Pregunta 11.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Algún diagnóstico médico hay de su esposa o su hija?    

W.P.A: Tenemos algunas fórmulas que nos   han dado en Valledupar, de hecho ya las enviamos ya se las enviamos a la Corte.   Lo que queda aquí el diagnostico no lo dan los médicos porque bueno son   cuestiones que aquí la salud la maneja el Cerrejón para serles sinceros.    

Pregunta 12.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Usted se encuentra dentro del censo realizado por el Cerrejón para   ser ubicados en otra zona, pertenece a algún censo?    

W.P.A: Si pertenezco al censo del 2007.   Aquí hay un censo ya que tiene 7 años de estar vencido y todavía pertenezco y   estoy en la caracterización de ser reubicado.    

Pregunta 13.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Usted estaría dispuesto a practicarse algún examen médico en este   momento con las personas del Instituto Nacional de Salud que nos acompañan?    

W.P.A: Si estoy dispuesto, me gustaría.    

Pregunta 14.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿La empresa Cerrejón le ha hecho algún ofrecimiento de tipo   indemnizatorio para reubicarse en otra zona?    

W.P.A: Si lo ha hecho, pero no en la   forma como nosotros queremos porque nosotros somos campesinos y como tal   requerimos un traslado de la misma forma, no como lo están haciendo con una   parte de las personas que se fueron que los pusieron a vivir en conjuntos   cerrados, urbanizaciones, siendo campesinos hoy en día están en dificultad por   la misma razón. Entonces yo no, nosotros los que estamos aquí no queremos eso,   queremos una reubicación diferente que principalmente nos den tierras porque   somos campesinos porque el campesino sin tierra no es campesino, entonces   nosotros queremos conservar nuestra identidad que aquellos no la tienen ya   porque no viven como estaban, entonces nosotros no queremos perder nuestra   identidad.    

Pregunta 15.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Indíqueme los motivos por los cuales no ha querido ser reubicado?    

W.P.A: Principalmente, porque no nos   queremos reubicar en la forma como se han reubicado los que ya se fueron. Bueno,   se fueron de la siguiente manera, el Cerrejón diseño un traslado que nosotros lo   estudiamos y no le vimos ventaja futurísticamente. Cerrejón nos prometió muchas   cosas bonitas a aquellos que se fueron de pronto ustedes van a tener oportunidad   de escucharlos y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo que son   campesinos, obviamente tenían que darles territorio para que ellos siguieran   conservando su identidad cultural y no ha sido así, entonces nosotros nos dimos   cuenta de eso y no quisimos caer en ese jueguito, queremos hacerlo como nosotros   queremos no como Cerrejón lo indica, como el Cerrejón lo dice. Aquí, las   negociaciones el Cerrejón nos la presenta como la acepta o no la acepta entonces   eso no es negociación, de esa forma nos hemos visto en dificultades, en   desventaja y no hemos podido ponernos de acuerdo porque el Cerrejón quiere tener   su autoridad como empresa como multinacional.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Señor Arregocés, ¿tiene algo más que agregar a esta diligencia? ¿Algo   más que informarle a la Corte Constitucional?    

W.P.A: Bueno, quiero informarles que   nosotros queremos que se nos, nos protejan porque nos sentimos solos, hoy   ustedes ven muchas organizaciones gubernamentales acá, pero hoy de pronto porque   ustedes los invitaron pero acá nosotros hemos sido solo sin acompañamiento ni   siquiera ni de la alcaldía, entonces no queremos no queremos que nos violen   nuestros derechos que nos los han violado toda la vida nos han quitado el agua,   nos han quitado los alimentos, nos han quitado todo, entonces nosotros aquí   resistimos porque dios es grande y estamos con él y él está con nosotros, de lo   contrario esta esto, nosotros de pronto hubiésemos fallecido acá pero esta   ventaja nos la da el territorio, cuando uno es de su propio territorio, la   mayoría no trabaja no tienen empleo no se gana la vida dignamente entonces que   hacemos, nos dedicamos a la cacería, a la pesca y en muchas oportunidad el   Cerrejón nos ha quitado eso, nos ha puesto precios eso y una cantidad de cosas.   Entonces aquí lo primordial es brindar la salud, tener derecho a la salud, que   nos respeten el derecho a la vida, que nos respeten el derecho al aire no   contaminado, en la constitución dice que nosotros debemos respirar un aire sano   pero no es así, las personas aquí les están violando nuestros derechos y el   mismo gobierno les patrocina todas estas cosas porque si no hubiera sido así   nosotros hubiésemos llegado a una negociación porque habríamos visto   transparencia en el proceso, pero aquí nunca vimos transparencia. Así es de que   muchos compañeros que fueron trasladados que pueden decirlo lastimosamente no   han tenido oportunidad de decirlo para que ustedes se lleven la grandeza de lo   que ha sido el proceso de reubicación de las comunidades frente a, de la empresa   tutelada.    

Pregunta 17.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No.1): ¿Cuáles son las condiciones del servicio de agua en cuanto a   calidad, disponibilidad, accesibilidad?    

W.P.A: Bueno, mire eso fue lo primero que   contamino el Cerrejón, ellos fueron creando poco a poco la necesidad. Como   nosotros teníamos el arroyo Cerrejoncito, lo tenemos como segunda a 150 metros,   recibíamos y el agua de rio del arroyo Cerrejón entonces que paso? El Cerrejón   por allá nos lo contamino, allá hay un bombardeo de contaminación hacen unas   taladas que van a descargar al arroyo y ya nosotros no podemos consumir esa   agua, segundo viene el aseo del cerrejón. El Cerrejón en un principio antes de   trasladarse las familias que ya se fueron se traían dos  a la semana   entonces nos quitaron las apenas traen uno, un mensual y eso con presión porque   ya la gente estaba agonizando y fueron, eso fue un daño que causaron ellos   entonces obligatoriamente tenían ellos mismos que cubrirse en esa parte.   Entonces, ellos crean la enfermedad y el daño pero más no la solución del   problema.    

2.1.3. Segundo Interrogado de la parte accionante: Señor Rubén Darío   Araujo Uriana identificado con número de cédula de ciudadanía  17.950.077    

Pregunta 1.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Cuál es su nombre, cuál es su identificación?    

Rubén Darío Araujo Uriana: Mi nombre es   Rubén Darío Araujo Uriana.    

Pregunta 2.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Su cédula?    

R.D.A.U: 17950077 de Zarahita con z.    

Pregunta 3.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Señor Araujo, ¿cuál es su lugar de residencia, dónde vive y hace   cuanto vive en ese lugar?    

R.D.A.U: Vivo en la comunidad de Patilla   desde el 2001.    

Pregunta 4.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Dónde vivía antes?    

R.D.A.U: Vivía en Distracción, allí en   una comunidad indígena. Yo me vine de la comunidad indígena esa, me vine de la   comunidad indígena para buscando trabajo una forma de vivir para educar a mis   hijos que estaban pequeños en ese entonces y aquí logre que cursaran el   bachillerato.    

Pregunta 5.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Pertenece a alguna comunidad indígena o afrodescendiente señor   Araujo?    

R.D.A.U: Sí, pertenezco a la comunidad   indígena wayúu.    

Pregunta 6.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Cuál? ¿Alguna casta en particular?    

R.D.A.U: La casta uriana.    

Pregunta 7.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Desde cuándo pertenece a la casta uriana?    

R.D.A.U: Desde, eso es ancestral la   pertenencia es ancestral entonces no te puedo decir que desde tal año yo estaba.   El wayúu es por excelencia de la guajira y nosotros somos dueños del territorio   por decirlo así, somos la casta original.    

Pregunta 8.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Quién o quienes conforman su grupo familiar, quién es su familia?    

R.D.A.U: Mi familia, mi señora se llama   Luz Mary Omega Solano Puchán, Braulio Araujo Puchán, Diasmely Francisca Puchán y   Ruben Dario Araujo Puchán, tengo tres hijos.    

Pregunta 9.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Que afectación ha sufrido como consecuencia de la explotación   carbonífera la zona de Patilla y Chancleta?    

R.D.A.U: Las afectaciones son múltiples,   por ejemplo en estos momentos los techos se parte la carbonilla, el agua los   ríos están contaminados por la explotación de carbón aquí la contaminación es   auditiva, visual por la constante detonación que hace Cerrejón por las   voladuras. Si uno duerme en el día y en la noche tiene que lavarse la cara   porque le pican los ojos la carbonilla, eso es inminente, eso es latente todo el   tiempo se ve la contaminación, hay unos ellos tienen unos socavones donde se   crea el carbón y el agua que mana de ese manantial eso lo utilizan ellos, en   tiempos de invierno paralelo a las aguas lluvia echan el agua allá en la   comunidad de Patilla y se multiplica el sancudo de toda clase de insectos como   presión para que nos vayamos del territorio. En muchas ocasiones, emitió un   comunicado para que ellos quiten el agua contaminada y siempre se muestran de   quitarla pero siguen echándola en época de lluvia cuando los socavones se llenan   a través de unas turbinas gigantescas extraen el agua y nos contaminan el agua   muy aledaña al poblado donde allí llegan al pasto son los niños, los ancianos   que y eso no lo mira el Cerrejón, ellos que se fuera la gente y listo, y eso   bajo presión no vamos a salir de aquí nosotros no podemos salir de aquí bajo   presión.    

Pregunta 10.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Señor Araujo Uriana, ¿hay algún diagnóstico de tipo médico suyo o de   su grupo familiar, de sus tres hijos o de su esposa hay alguna patología que le   haya sido diagnosticada como consecuencia de la explotación carbonífera?    

R.D.A.U: Bueno, de mi familia en el   momento no, pero los vecinos que ya se han hecho algunos diagnósticos si y ha   habido muerte, personas que se han muerto por inhalar carbonilla. Entonces, la   carbonilla es letal eso va minando lentamente y la persona se va a morir, y eso   no le interesa al Cerrejón si vive uno o se muere.    

Pregunta 11.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Señor Araujo Uriana, ¿si tuviéramos médicos de la Secretaría de salud   estaría dispuesto a practicarse algún examen médico?    

Pregunta 12.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Usted pertenece al censo de reasentamiento que ha efectuado la   empresa Cerrejón en el corregimiento de Patilla y Chancleta?    

R.D.A.U: Si, me sometieron al censo pero   no me reconocieron como residente reubicable sino residente no reubicable porque   aquí se caracterizó la gente es por caracterización, aquí hubo una   caracterización de residente reubicable que fueron la gente que se fueron,   residente no reubicable somos los que estamos aquí en estos momentos y foráneos   son personas que se vinieron a hacer sus casas que por falta de oportunidades se   tuvieron que trasladar y dejar sus casas con el fin de negociarlo pero que el   cerrejón les dio, les decía en la negociación que tenían que indemnizarles más   adelante que si el abogado ganara la pelea por decirlo así ellos les iban a   indemnizar a la gente, ellos tienen un problema con esa comunidad que ha salido,   los han engañado con un valor paupérrimo de 2, 3 millones de pesos, eso es un   regalo para ellos, y a los dos días a la semana la gente pasando trabajo   nuevamente porque eso es lo que a ellos no les importa, eso lo que quieren es   que se le regalen los bienes.    

Pregunta 13.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿La compañía Cerrejón la ha hecho algún ofrecimiento de tipo   indemnizatorio?    

R.D.A.U: Allá han llegado a concertar   conmigo pero nunca hemos llegado a un acuerdo porque es que ellos no me ofrecen   nada. Ellos me ofrecen ven tumbe esta casa, le doy 5 millones de pesos y se va   de aquí, no eso es mío el que tiene que tener el que da el valor es el dueño de   la casa no son ellos, ellos no son dueños, ellos tienen aledaño en mi propiedad   pero lo que es mío, no deberían ellos de ponerle precio porque eso es mío y se   adquirió con mucho esfuerzo y eso uno para comprar la tierra eso no es regalado   uno tiene que agotar, vender sus chivos, vender sus cerdos, vender total lo que   uno tiene que agotar todos los medios para adquirir la propiedad. Y ofrecerle   esa miseria a uno no es lo legal.    

Pregunta 14.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Indique los motivos o causas por los cuales no ha querido ser   reubicado en otra zona por la compañía cerrejón.    

R.D.A.U: Ellos argumentan de que yo no me   merezco el reasentamiento, que la tierra esta cara, que ellos no consiguen   tierras y yo, yo les he dicho que yo quiero una tierra que sea productiva,   porque yo a mí me gusta es el trabajo, y una persona que preserva el medio   ambiente también. Ellos allá afuera salen diciendo por la radio por la   televisión, que ellos cuidan el medio ambiente, resulta que esa agua contaminada   hacen que los árboles se secan, el agua de los animales, los que tienen los   animalitos por allí se les enferman, entonces eso no es querer que la gente siga   viviendo en el poblado sino sacarlos por la fuerza y amenazándolos que el estado   nos va a expropiar, joda expropien a gente humilde de estrato uno. La gente no   se fueron, le dieron un estrato que no se merece es un estrato cuatro y ¿de qué   van a vivir? Si ellos están pasando trabajo pasando calamidad, bueno es que   ellos no lo van a decir, ustedes tienen que ir allá, ellos pasan necesidades,   hambruna no tienen ni como pagar los servicios.    

Pregunta 15.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Tiene usted o su apoderado judicial algo más que agregar al presente   interrogatorio, algo más que decir?    

R.D.A.U: Yo si tengo que decirle algo,   que ustedes como Corte tienen que mirar la parte humilde la parte pobre, porque   es que aquí no están echando mentiras, ustedes mismos están viendo cómo se vive   como están las viviendas, y esos territorios que ya los están acabando allí,   sacando a la gente como si fueran pescados sacándolos del rio cuando uno está   activando una atarraya o un elemento para sacar los pescaditos de uno en uno,   así están haciendo con la gente, entonces nosotros lo que queremos es el apoyo   del Estado, el apoyo de ustedes, eso es lo queremos nosotros.    

Dentro de la respuesta numero 15 el apoderado judicial de la parte   demandante agregó:    

“Simplemente, como el esquema no me deja hacer preguntas, si le   pediría muy respetuosamente al despacho que usted preside hoy que de alguna   manera se tratara de establecer si Cerrejón tiene algún plan de seguimiento   periódico acerca de la salud de los pobladores de estas comunidades, así como lo   hace con sus empleados con sus trabajadores diciendo que estas personas están   expuestas a un riesgo, quisiera que estableciera el despacho si cerrejón tiene o   no establecido u protocolo de seguimiento para observar la evolución o la   presencia de enfermedades ya sea respiratoria, de piel o de cualquier pormenor   que pudiera surgir a partir de la contaminación que produce”.    

2.1.4. Tercer Interrogado de la parte accionante: Señor Samuel   Segundo Arregocés Pérez identificado con número de cédula de ciudadanía    84.008.657.    

Pregunta 1.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvase aportar al despacho sus datos generales de ley, su nombre, su   número de identificación.    

Samuel Segundo Arregocés Pérez: Mi nombre   es Samuel Arregocés, mi número de cedula es 84008657 expedida en Barranca,   miembro de Seconadenigua, desplazado de la minería de carbón de  Cielo   Abierto de la empresa Cerrejón anteriormente Carbocol Intecor de la comunidad de   tabaco.    

Pregunta 2.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Cuál es su lugar de residencia y desde cuando reside en ese lugar?    

S.S.A.P: Mi lugar de residencia es el   municipio de Hato Nuevo, resido hace 14 años cuando fui desplazado de la   comunidad de tabaco, vengo haciendo acompañamiento a esta comunidad hace 10   años.    

Pregunta 3.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvase informar al despacho ¿a qué se dedica y en qué lugar   desempeña sus funciones o labores?    

S.S.A.P: Soy líder social de la comunidad   afectada por la mega minería en la Guajira, en este sector donde está ubicado el   complejo carbonífero Cerrejón.    

Pregunta 4.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Usted pertenece a alguna comunidad étnica o afrodescendiente?    

S.S.A.P: Si, pertenezco a la comunidad   étnica de tabaco afrodescendiente, la cual soy tesorero del consejo comunitario   negros ancestrales de la comunidad de tabaco y la cual tengo familiares en todas   estas comunidades como Roche, Chancleta, Patilla, Oreganal, Zarahita, Manantial,   todas las comunidades tengo familiaridad.    

Pregunta 5.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Todas esas comunidades son adscritas al municipio de Hato Nuevo?    

S.S.A.P: Esas comunidades han sido, son   inscritas Tabaco al municipio de Hato Nuevo y las otras comunidades afectadas   son adscritas al municipio de Barranca.    

Pregunta 6.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Quién o quienes conforman su grupo familiar?    

S.S.A.P: Mi grupo familiar está   conformado por mi mamá y cuatro hermanas con cuatro hermanos con los que yo   vivo.    

Pregunta 7.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Que afectación ha sufrido como consecuencia de la explotación   carbonífera, nos referimos a la salud, a la integridad de la familia, a la   integridad física, a los bienes, etc.?    

S.S.A.P: Bueno, lo que más padecemos en   la Guajira y en esta zona afectada por la minería son de infecciones   respiratorias, la cual no solamente mi familia sino la familia de todos los   guajiros que estamos en la franja de ampliación del territorio de Cerrejón y   también padecemos de muchas infecciones en la piel y demás enfermedades   producidas como cáncer de pulmón que han aumentado en este sector, el cual es   preocupante y otras enfermedades que vienen sufriendo tanto las comunidades afro   como las indígenas que es una malformación genética que se está dando mucho   también en los animales alrededor del complejo carbonífero.    

También, pues como no tenemos agua optima de calidad para el consumo   humano, se vienen presentando problemas de estómago y diarreas en todas las   comunidades que están aledañas al complejo carbonífero y también mi grupo   familiar.    

Pregunta 8.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Usted y su familia pertenecen al censo para el reasentamiento   efectuado por la empresa Cerrejón?    

S.S.A.P: Yo soy poseedor, fui poseedor en   esta comunidad porque como le dije tengo vínculos familiares con esta comunidad,   voy a resaltar un hecho que la multinacional ha realizado no sólo en esta   comunidad sino en otras comunidades que han fragmentado la comunidad en dos, de   qué manera? Que ha venido, ellos son juez y parte porque ellos contratan el   perito que hace el evalúo y ese perito es el que decide quién es reasentable y   quien no es reasentable entonces en ese ánimo pues mi familia no quedo como   reasentable y así ha sucedido con otras familias, en la cual hoy las catalogan   como nuevos hogares siendo que son nativos de acá y que tienen un derecho   adquirido porque cerraron un censo y no lograron hacer esa negociación a tiempo.   Hoy la empresa tiene a la comunidad dividida en reasentable y no reasentable.    

Pregunta 9.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): En cuanto al censo, ¿no hubo otra oportunidad para que las personas   que no alcanzaron a entrar en el censo quedaran vinculadas o solamente hubo una   oportunidad de censo, como fue el proceso exactamente?    

Pregunta 10.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿La empresa Cerrejón le ha efectuado algún ofrecimiento de tipo   indemnizatorio?    

S.S.A.P: Bueno, yo en el momento en el   cual comenzaba mi liderazgo, a mí me ofrecieron por mi predio 8’800.000 la cual   lo vendí en ese momento, tenía una calamidad doméstica y lo vendí en ese momento   por ese precio, pero he venido trabajando al lado de Wilman y el tipo de   negociación que ofrece la multinacional Cerrejón, no es el adecuado para una   comunidad afrodescendiente aquí se les ofrece una urbanización donde solamente   le asignan una hectárea por familia donde una persona afrodescendiente y   cultivador no tiene en esta calidad de tierra, no tiene como producir con una   hectárea de tierra como sostener a su familia donde la UAN nos indica que en   este sector estamos de 60 a 90 hectáreas por familia en este sector porque es la   media y baja Guajira entonces tenemos esa dificultad que la propuesta que nos   presentan no es una propuesta adecuada para una comunidad afro, que nos atienden   a esto después de ser nosotros productores pasar a ser consumidores la cual hoy   las comunidades que han sido reasentadas tienen problemas de agua y tienen   problemas de incumplimiento con todos los proyectos productivos y están en una   completamente pobreza por qué? Porque hoy no están produciendo ni están   devengando un peso que eso le va a servir de sustento para la educación de sus   hijos y para el sostenimiento de su familia, entonces hoy estamos en un completo   desacuerdo con la multinacional porque lo que nos brinda no es algo que nos   compensa con todo el daño físico, social que se está adquiriendo en estas   comunidades que vienen siendo desalojados por parte de la multinacional porque   es que nosotros no nos queremos ir ni nosotros les estamos proponiendo a los   señores de la empresa que nos compren, son ellos los que llegan ante nosotros   porque necesitan sacar el carbón y entonces que nos plantean pagos irrisorios   que ni siquiera van compensados con la realidad del precio comercial de los   predios que tenemos en estas comunidades.    

Pregunta 11.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Dado que manifiesta afectación en la salud, ¿la empresa Cerrejón ha   efectuado algún seguimiento en materia de salud a su grupo familiar o a la   comunidad que usted preside?    

S.S.A.P: Bueno, gracias a Dios hoy   pudimos encontrar esa unidad médica acá en chancleta que ese es el seguimiento y   monitoreo que ellos le hacen al sistema de salud de las comunidades y de mi   comunidad en la cual no tenemos prácticamente patologías porque ellos son los   encargados de manejar todo el sistema ese de salud que manejan en esas unidades,   no tenemos patologías solo se les suministra acetaminofén, ibuprofeno, eso es lo   que se les suministra y en el caso de mi comunidad la tienen que cubrir un   carnet de salud del estado colombiano, la tiene que asumir la entrega de   medicamentos no podemos, no tenemos acceso a otra salud porque hemos sido   empobrecidos porque antes de quitarnos el territorio comunitario pues nos quitan   todas las tierras, ósea que primero ellos vienen y nos estrangulan, nos meten en   un hacinamiento y después las personas no tienen como acudir a un sistema de   salud y ellos vienen a reemplazar al gobierno con su sistema de salud que no   sabemos cuáles son las mediciones en salud, que nos está generando esa atención   médica.    

Pregunta 12.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Cada cuánto viene esa unidad médica?    

S.S.A.P: Cada quince días.    

Pregunta 13.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Ha sido permanente desde que iniciaron las explotaciones?    

S.S.A.P: No, ahora porque se le vino   reclamando a la multinacional que se haga cargo de la salud de las comunidades.   Aparte de eso se le pidió hubiera atención a un especialista y personas   especializadas con estudios y que se hicieran estudios de pulmones y demás en la   piel para ver cuáles son esas afectaciones y esas fueron las soluciones que   ellos dieron, estos médicos generales que no nos prestan prácticamente ningún   servicio.    

Pregunta 14.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Tiene algo más que agregar usted o su apoderado a la presente   diligencia?    

S.S.A.P: Sí, tengo que agregar que esta   empresa viene incumplimiento, viene las presentando un incumplimiento y un   atropellamiento a esta comunidad y a otras comunidades, por ejemplo aquí fue   equipado el colegio, los niños de esta comunidad no tienen derecho a un estudio   por qué? Y todo el colegio y no aportan para el traslado de los niños para el   transporte de los niños para salir a estudiar a otra parte, eso lo hacen para   presionar a los padres y negocien todo lo que ellos les están brindando. Se le   priva y no tiene acceso al agua las comunidades, si ven a las personas aledaños   al Rio Ranchería que lo tenemos a escasos, a escasos metros, son apresadas no   dejan pescar, no dejan que la gente pueda cumplir con sus actividades   ancestrales como afro de la cacería, varias personas de acá han sido apresadas y   quiero aportar a la corte y quiero pedir tanto a la corte como a las entidades   públicas que sean garantes en estos procesos porque las multinacionales se van y   a Colombia es que le quedan esta clase de problemas. Aparte de todo esto,   queremos mirar que tenemos una serie de afectaciones no solamente en el aire   sino en el agua, tenemos vertimientos de agua que no son controlados por la   parte de la multinacional que son enviados directos por el arroyo cerrejón la   cual se contamino y hoy los han puesto a que Cerrejón es quien traiga el agua   para el consumo porque lo han contaminado todas las fuentes aledañas al complejo   carbonífero, el incumplimiento que vienen haciendo con todas las comunidades que   están reasentadas no solamente con una sola familia sino con todas las familias,   lo que ha sido prometido no ha sido cumplido y hoy estamos en un total   desacuerdo con la empresa porque no se les ha dado cumplimiento a lo prometido y   a lo firmado en los acuerdos.    

Pregunta 15.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Cuente acerca de la comunidad a la que pertenece. ¿Desde hace cuánto   están acá, quienes son, quien la compone, cuántos son, donde viven?    

S.S.A.P: Buena pregunta, porque es algo   el cual nos duele mucho a estas comunidades lo que paso con mi comunidad pero   también es interesante que ustedes como corte conozcan que ha hecho la empresa   Cerrejón aparte de reasentar porque a raíz de lo que paso con mi comunidad es   donde sale el mal llamado reasentamiento, porque yo lo llamo así porque no nos   llevan a un mejor sitio donde estamos ubicados. La comunidad de tabaco era una   comunidad que enclavada en la Serranía del Perijá, a pocos kilómetros de Roche   hacia el Norte y nosotros éramos muy productores éramos agricultores y   ganaderos, era una de las mejores tierras de esta región bañada por la Serranía   del Perijá y bañada por el Arroyo del Tabaco y muchos manantiales y sequías que   nos bañaban. Tabaco fue desplazado por carbones por Carbocol Intercor en el año   2001, fuimos desplazados por la fuerza pública, el ESMAD y todo el   acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía, con todas las entidades y   firmando un alcalde llamado Enaime Rodríguez Ojeda, quien firmo la autorización   para el desalojo de la comunidad del tabaco. Tenemos 14 años en lucha hoy   tenemos un proceso en la corte donde estamos esperando una  visita de   verificación para retomar todo este caso porque una tutela fue fallada en el año   2001 y aún no hemos sido reasentados porque pesa contra el municipio y nosotros   sabemos los problemas que tiene un municipio para reubicar a una comunidad   porque no tiene recursos para inversión social. Estamos desplazados por lo ancho   de la Guajira Barranca, Silvania, Hato Nuevo, Valledupar, Barranquilla hay   personas que se han ido a buscar un futuro a Brasil, Argentina, Venezuela ósea   estamos en un totalmente desplazamiento y desarraigo, porque siquiera sea los   que son desplazados por la violencia pueden en cualquier momento devolver a su   territorio pero nosotros no podemos mirar hacia atrás y devolvernos a nuestro   territorio porque son huecos, extensos huecos en lo cual lo ha convertido la   multinacional y yo soy familia de todas las familias de Chancleta y Patilla y me   he propuesto que a las demás comunidades no les pase lo que nos pasó a nosotros   y aún la multinacional y la agencia minera siguen presionando a las   multinacionales para que les regalen su territorio intentando hacer lo mismo que   se hizo con Tabaco, allí están las casitas ya está el proceso, ya le oficiaron y   están en ese proceso ósea pongámosle freno a esto porque al ritmo que vamos pues   en la Guajira sólo quedara un mar negro y personas desplazadas.    

2.1.5. Interrogatorio de la parte accionada: Señor Juan Carlos García   Otero en calidad de representante legal de la empresa el Cerrejón Limited   identificado con número de cédula de ciudadanía  91.267.372, el cual rindió   interrogatorio en compañía del señor Carlos Andrés Gómez Sánchez apoderado   judicial de la empresa Carbones del Cerrejón Limited[28].    

Pregunta 1.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvase aportar a esta diligencia sus datos generales de ley.    

Juan Carlos García Otero: Juan Carlos   García Otero, abogado. Tengo 44 años soy apoderado general de la compañía   actualmente ocupa el cargo de director de reasentamiento o reasentamiento y   tierra de la compañía, estado civil unión libre.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Cédula de ciudadanía?    

J.C.G.O: Cédula 91267372 de Bucaramanga.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvase informar al despacho ¿en qué calidad concurre al proceso?    

J.C.G.O: Como lo mencione soy apoderado   general de Carbones del Cerrejón y además mi condición de director del proyecto   de reasentamientos por reasentamiento de tierras de la compañía, tengo   conocimiento de los temas que aquí se debaten.    

Pregunta 2.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Qué medidas ha adoptado la empresa Cerrejón respecto de la población   de los corregimientos de Patilla y Chancleta que todavía no han sido reubicadas?   ¿Qué medidas ha adoptado la compañía?    

J.C.G.O: ¿Qué medidas ha adoptado de qué   tipo Doctor disculpe? ¿Ambientales, sociales, etc.?    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): De todo tipo.    

J.C.G.O: Doctor si quiere colóqueme allí   por la pregunta va para bastante tiempo, bueno.    

J.C.G.O: Es que la pregunta también   amerita bastante detalle. La compañía desde que en sus estudios ambientales   encontró prudente iniciar el proceso de reasentamiento de las comunidades de   Patilla y Chancleta ha iniciado todo un proceso de evaluación social, de   evaluación ambiental y ha generado toda una serie de medidas que nos permiten   decir con claridad que hemos buscado el bienestar de la comunidad que se ve   representado en las siguientes acciones, tenemos el manejo ambiental que nos   permite garantizar que no se superan los límites legales de contaminación de   ninguno de los temas que son susceptibles de medición aire, desechos, etc. Y   para ello la operación cuenta con medidas ambientales que de hecho fueron   solicitadas para que sean, y pues sugiero muy amablemente al magistrado pues   verificarlas, que se hacen en la operación de Cerrejón. Adicionalmente nuestra   operación se encuentra a una distancia tal que no genera un impacto ambiental en   esta zona como ustedes lo pueden ver, actualmente está operando, no se nota   ninguna clase de ruido, ustedes pueden ver que el ambiente nos permite estar   aquí con tranquilidad y la mina más cercana que ustedes ven a sus espaldas no es   nuestra, esa mina pues curiosamente y la verdad que uno lo echa de menos pues no   está convocada a este proceso sin embargo es la mina que está más cerca de esta   población. Adicionalmente, Cerrejón ha buscado concertar con las comunidades las   medidas que permitan su traslado a otro lugar, que entiendo mañana será objeto   de visita por parte de ustedes y en tal sentido hizo todos los acuerdos con la   comunidad, se realizaron actividades concertadas con los miembros de la   comunidad a fin de identificar a las personas que debían ser objeto de dicho   traslado y ha hecho esos traslados que en la actualidad nos ha permitido avanzar   en el caso de Patilla con el 100% del traslado las familias que fueron   identificadas como residentes reubicables y en el caso de Chancleta algo más de   80% de las familias identificadas por las mimas comunidades como objeto de   reasentamiento entonces en ese orden de ideas tenemos por el lado ambiental el   manejo ambiental que se le hace a la operación que incluye también mediciones   permanentes de los niveles, que dicho sea de paso, pues ustedes también pueden   ver atrás que hay unos equipos de medición pero que desafortunadamente y de eso   puede dar cuenta la autoridad ambiental de la Guajira que sistemáticamente se   sustraen los elementos eléctricos que permiten su funcionamiento sin embargo no   los hemos sustraído de querer hacer un permanente monitoreo. Adicionalmente   entonces hemos hecho toda la evaluación social que permite a la gran mayoría de   las familias identificadas por la comunidad un traslado a otro sitio y tenemos   también programas paralelos que se hacen por vías de seguridad social tales como   los programas de salud que son  convenios que se tiene con las entidades de   salud locales que nos permiten facilitar el acceso de la unidad médica que de   hecho ustedes vieron, coincidencialmente estaba aquí cuando llegamos, que hace   valoraciones médicas, hace exámenes médicos, hace visitas y evaluaciones del   estado de salud de las personas y coordinadamente pues con el responsable de la   salud que en es en última expresión los municipios apoyamos la gestión de ellos   para monitorear y dar tratamientos en los casos que así se requieran.   Complementariamente, también hay programas de deporte, de recreación, para   adultos mayores que complementan la permanencia de las personas o mejoran la   permanencia de las personas mientras llegan al lugar de destino y obviamente en   el destino. En términos genéricos esa es la actuación de la compañía que como   hemos mencionado pues está bastante detalla en la contestación y en la   ampliación.     

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Podría precisarnos como tal la pregunta, porque usted nos contesta de   una manera muy digamos genérica, general, respuesta ambiental se está haciendo   esto lo otro, pero en cuanto a las personas la pregunta va dirigida es en cuanto   a las personas que no han querido reasentarse, que no han querido desplazarse de   esta zona, ¿qué medidas ha implementado el Cerrejón?    

J.C.G.O: ¿Medidas para reasentarla?    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): O para dejarlos acá no sé qué medidas ha tomado la empresa.    

J.C.G.O: Mire nosotros en términos de   reasentamiento básicamente debemos fusionar dos cosas la identificación de las   personas que son objeto de tal actividad, lo que se denomina la caracterización   y lo que se llama el plan de respuesta impactos. Voy a referirme a las tres, en   la primera he mencionado que la identificación de las personas se hizo de común   acuerdo con las comunidades con la intervención de las autoridades y obviamente   con la participación de la compañía, cuando se identificaron esas personas se   procedió a hacer una evaluación de los impactos, cuando yo me refiero a los   impactos quiero mencionar especialmente que los impactos no vienen de una, de   una fuente jurídica, provienen de una política corporativa que es la mejor   práctica que existe en el mundo que proviene del Banco Mundial cuando desarrolla   sus proyectos, y es la Guía número 5 que básicamente recomienda a las entidades   que patrocinan actos o proyectos como este, para darle manejo a las comunidades   en tal sentido se identifican los impactos y básicamente se trata o bien de   evitarlos o bien de motivarlos o bien de compensarlos, en eso la compañía   estructuró dos grandes capítulos indemnizatorios por decirlo así. El primer   paquete que hace referencia a la adquisición misma de los predios de posesiones   y mejores que aquí se tienen, donde se buscó un tercero idóneo para hacer una   evaluación económico, es decir la compañía no hizo la valoración económica sino   que se contrató con una lonja de propiedad raíz que vino e hizo las valoraciones   de todos y cada uno de los activos que aquí habían. Sobre esas valoraciones pues   se consideraron todos los temas, arboles, cultivos, etc. Se hizo esa tasación y   la compañía hizo un reconocimiento de tres veces el valor del avalúo de la   tierra como un factor de compensación adicional, además se fijaron unos várenos   indemnizatorios en materia de perjuicios por reasentamiento, perjuicios por   traslado, se hizo toda una serie de reconocimientos económicos en ese sentido y   adicionalmente se hace un, se recuerda toda esta cifra en un primer paquete que   hace el reconocimiento económico de los bienes. La segunda parte hace referencia   a los beneficios que se derivan de las buenas prácticas que recomiendan esas   entidades y arrancan por la entrega de una vivienda, que es una vivienda que no   es posible catalogarla ni bis ni de interés social porque su costo diario pues   integra en mucho de esa categoría, es una casa de aproximadamente 90 metros   cuadrados en un lote de 300 metros cuadrados que básicamente tienen una primera   característica que marca una diferencia sustancial aquí, es una casa que se les   entrega en propiedad. Esa casa está ubicada en un predio, cada casa que tiene   unos lotes común y pro in diviso, cada casa tiene al menos una hectárea de   tierra para garantizar que en el traslado de las personas ellos no tengan esa   diferenciación del entorno que tienen acá donde tienen la posibilidad de   realizar una serie de actividades agrícolas, allá se les da también eso.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Esa es la gente que se quiere reasentar pero la pregunta es para eso,   entonces entiendo que la respuesta es negativa, que no tienen ninguna política   para la gente que no se quiere reasentar porque me está contando todo lo que se   tiene para la gente que ustedes les hacen la evaluación del predio con la lonja,   le dan la casa en tal lado con una mejor hectárea con una división común y   proindiviso pero las personas, la pregunta no va allí y usted no la ha   respondido. Allí tiene que haber claridad en esto, la pregunta va dirigida es a   las personas que no se quieren reasentar.    

J.C.G.O: Doctor, pues yo si quisiera   terminar de explicar que es lo que hay de ofrecimiento porque eso nos permite   precisar un punto que no comparto de su pregunta, y es que de hecho la tutela en   ese asunto lo ha mencionado, la gente si se quiere reasentar el punto es en qué   condiciones se quiere reasentar y creo que para eso pues la corte en el ángulo   que debe tener de buscar la verdad me imagino que necesita saber cuál es el   ofrecimiento para sobre ese poder decir que es lo que están pidiendo de más,   porque si ustedes miran la tutela yo lo percibo de esta manera, lo que están   diciendo es si nos queremos reasentar pero no en las condiciones que me ofrecen.   Entonces si me permiten terminar pues con mucho gusto.    

Pregunta 3.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): A raíz de lo que acabo de decir, si luego de ese ofrecimiento la   persona dice no aceptamos esos ofrecimientos esos no son nuestros   requerimientos, ¿que ha modificado digamos una contrapropuesta teniendo en   cuenta las condiciones en las que ellos si se quieren reasentar? ¿Eso se ha   hecho o hasta el momento ustedes tienen una sola posición de reasentamiento?    

J.C.G.O: No, digamos que, pues dejando   claro que tengo todavía que mencionar algunos detalles, y para contestar su   pregunta debo mencionar lo siguiente. No, claro que si se hace nosotros tenemos   un equipo negociador que permanentemente evalúa, monitorea, conversa y trata de   llegar a acuerdos sobre la base primero que tenemos unas condiciones homogéneas   y más o menos sobre esa base procuramos mantener un mismo estándar, pero para   ponerte un ejemplo parte de la comunidad de Chancleta tomo la decisión de no   quererse ir a trasladar con el resto de la comunidad, dijeron no definitivamente   nosotros nos quedamos en Chancleta, nuestro deseo no es vivir con ellos,   nosotros queremos vivir en otras condiciones por favor a mi denme el dinero de   la casa yo me voy y me compro la casa en otro sitio y a mi denme los programas   de otra manera y yo me voy y desarrollo en la medida que eso sea posible los   programas sociales en ese otro sitio. Entonces, si se ha hecho una   caracterización y si se ha hecho una aproximación con las personas que pues   legítimamente han tomado la decisión de no irse en colectivo, que han tomado la   decisión de irse individual se les ha atendido su requerimiento se ha evaluado   la opción de cómo atender ese impacto particularmente el de vivienda que ha sido   el más significativo y ellos se les ha dado por parte de la empresa una   respuesta clara y concreta que consiste en si usted no quiere vivir allá, quiere   vivir en otro sitio no hay ningún problema asegúrense o ustedes y nosotros que   esa casa se compra, asegurémonos sí que ustedes y nosotros que las condiciones   que les permite este traslado le va a catapultar hacia un mejor estado no   admitimos que la plata se reciba y no se invierta en los proyectos que se han   focalizado. Para darle respuesta a la pregunta, claro hacemos evaluación de   casos concretos consideramos opiniones en concreto y en el marco del   reconocimiento hacemos pagos, hacemos convenios, hacemos acuerdos respetando las   características individuales de cada familia.    

Pregunta 4.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Que distancia hay entre la zona de explotación carbonífera a cargo   del Cerrejón y el corregimiento ancestral, digo ancestral para decir el anterior   en el que nos encontramos, de Chancleta y Patilla?    

J.C.G.O: Si me permite buscar en el   informe, bueno nosotros nos encontramos acá, estos son pues estas son áreas   generales de la operación, si ustedes se dan cuenta que estamos aquí en   Chancleta, la mina más cercana es las que ustedes están viendo acá es Caipa,   está a 600 metros de acá y nuestras áreas están a 1 km 600 de Patilla, su cabeza   de operación está a 3 km 100 y el bajo comuneros está a 1 km 200 m.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Eso es del Cerrejón?    

J.C.G.O: Si, eso es del Cerrejón, pero   hay que tener en cuenta una situación como son los vientos dominantes porque en   realidad ese es el punto que va a marcar la diferencia. Los vientos dominantes   están en este sentido lo cual quiere decir que este tajo impacta principalmente   esta operación minera, y esta impacta vientos abajo. Entonces que sucede, cuando   nosotros hablamos en términos de cercanía pues estas son las distancias pero en   términos de proximidad curiosamente pues hay minas más cerca.    

Pregunta 5.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): La pregunta es la siguiente, al inicio de su exposición usted dijo   que el aire que estamos respirando aquí evidencia que podemos estar en buenas   condiciones, ¿si el aire que estamos respirando es limpio para qué hay que   reubicar a las personas?    

J.C.G.O: Ok, gracias esa pregunta me   permite aclarar el siguiente punto, dentro de los compromisos que tiene la   compañía y dentro de la vocación del país de hacer explotación de sus recursos,   pues las minas requieren seguir avanzando, el avance de la minería se hace hacia   esta zona y si bien en este momento estamos en unas condiciones óptimas para   respirar el aire, para poder hacer la debida explotación minera y atender los   compromisos que tiene la empresa con la agencia nacional de minería y en general   con el país pues vamos a necesitar avanzar minería hacia el sur, entonces   precautelarmente, antes de que eso suceda queremos hacer el reasentamiento, no   sería serio ni responsable que nosotros esperáramos a tener unos niveles de   calidad de aire por fuera de la norma para hacer este ejercicio que hoy estamos   haciendo de manera anticipada, de manera preventiva , evitando cualquier clase   de riesgo para que de ese manera podamos hacer el desarrollo del proyecto.   Entonces, en síntesis que quiero decir hoy no tenemos contaminación, hoy   claramente los niveles como lo pueden constatar las entidades que están aquí   presentes, los niveles están dentro de los marcos admitidos por la ley. Pero es   posible que en tres años el avance de la minería si modifique esos estatus y   antes de que eso suceda lo responsable es lograr el traslado de estas   comunidades.    

Pregunta 6.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿La compañía Cerrejón tiene conocimiento de casos de enfermedades   presentadas en la población de Patilla y chancleta en la que nos encontramos   como consecuencia de la explotación carbonífera?    

J.C.G.O: No, claramente no primero porque   los niveles de calidad de aire y en general los niveles ambientales están dentro   de la norma, es más si ustedes revisan dentro del proceso hemos podido mostrarle   a la Corte dos circunstancias que son bastante dicientes. En términos   comparativos el municipio de Barrancas y pues hablo también de lo que respecta a   donde estamos ubicados, el municipio de Barrancas tiene menos enfermedades   pulmonares que ciudades como Riohacha o brilla, donde claramente no hay   operación minera. Uno que puede concluir de eso, que las afectaciones por la   operación no están directamente asociadas a la operación minera. Ahora bien,   creo que los médicos con mejor tino van a poder mencionar que cuando haya   afectaciones pulmonares pues esas no sólo provienen del lugar donde nos   encontramos, provienen también de otras características de la persona tales como   cocinar con leña. Cocinar con leña que es una práctica muy recurrente genera   para las personas pues obviamente la aspiración de material que genera impactos   en la salud, la, el hecho de fumar por ejemplo genera esa clase de impactos,   pero de los que podemos dar fe es que hacemos los monitores, permanentemente   estamos pendientes de la calidad de la salud de las personas, quincenalmente se   hacen visitas a las comunidades por parte de las unidades médicas y los   convenios son permanentes con esas entidades de salud.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿En qué consisten esas visitas?    

J.C.G.O Esas visitas consisten en la   remisión y en esas no sé si quieren que con mejor fin nos acompañe la persona   que maneja el programa y puede explicar con todo lujo de detalles que personal   viene y a qué viene, les parece bien?    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): No explíquenos usted.    

J.C.G.O: Ok, ¿puedo apoyarme con ella   para preguntarle las profesiones de las personas que vienen, para que ustedes   puedan?    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Está acá?    

J.C.G.O: Si claro, la Dra. Esperanza.    

Esperanza Torres: Buenas, mi nombre es   Esperanza Torres, soy médico especialista en salud ocupacional. Mi cédula es   42491761, casada. Bueno nosotros manejamos un programa de prevención y promoción   que lo hacemos con los hospitales que están vecinos a la comunidad. En qué   consiste ese programa, tenemos un equipo de profesionales médicos, auxiliar de   enfermería, odontólogos, enfermeras jefe, nutricionistas, auxiliar de   laboratorio, cada 15 día con una programación previa, todo previamente acordada   con las comunidades y acordada con el personal del hospital, se publica dónde va   a estar la comunidad móvil, a qué comunidad va 8 días antes el Hospital manda a   una persona para inscribir a los pacientes que van a ser atendidos. Y qué   hacemos?, atención básica primaria, lo que se determine de allí, de esa atención   nos ha permitido tener una morbilidad de esas comunidades, ósea que está pasando   con las comunidades, y en base a esto hacemos planes de mejoramiento de acuerdo   a la atención que recibe la paciente, ósea tenemos diagnósticos, hacemos todo   los planes que tiene el Plan Obligatorio de Salud, ósea crecimiento y   desarrollo, control adulto mayor, control prenatal, planificación familiar, le   hacemos énfasis en control, todo lo que es control adulto joven. Todas estas   actividades de prevención y promoción ósea, son ejecutadas por un equipo que   únicamente ósea reciben los honorarios a través del convenio para hacer esas   actividades, y son supervisados por nosotros pero quién los sujeta es el   hospital porque nosotros igual en nuestra condición no lo podemos hacer. Para   mejorar la cobertura la calidad de la prestación del servicio tenemos las   unidades móviles, estas unidades porque si ustedes ven no tienen una unidad   odontológica cada, ósea en esa unidad no se hace odontología, no se hace la   citología se hace recepción por medicina general, porque no están dadas las   condiciones para hacerlo en la comunidad.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Qué enfermedades ha encontrado la unidad?    

E.T.: Las enfermedades comunes hemos   encontrado, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiacas, hemos encontrado   lumbalgia, hipertensos, ósea enfermedades común que se reportan igual y en menor   proporción que en otras comunidades.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Hay mediciones para atender a la población?     

E.T: Tenemos que tener en cuenta que   todas estas personas tienen, pertenecen al régimen de salud de Colombia, ósea y   cada uno de ellos están afiliados a su EPS.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Pero no tienen medicinas.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Ustedes les dan?    

E.T: No, vea nosotros únicamente lo que   hacemos es facilitar estos médicos que no pertenecen a las EPS, ósea que no   tienen contratación con eso, lo que hacemos es facilitar a los profesionales   para que hagan la atención. Pero la mayoría de estas EPS, tienen contratos con   el hospital y es la obligación de su EPS entregar el medicamento.      

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Ustedes le hacen seguimiento a ese tipo de casos, llega uno a la   unidad acá, el médico general atiende a un niño, lo diagnostica con ciertos   síntomas, ¿qué pasa después de esto, ustedes hacen seguimiento?    

E.T: Claro, claro. Ósea nosotros si vemos   enfermedades que nosotros, que tiene le todas las características de ser un   cuadro viral y que sabemos que clínicamente como médico yo puedo determinar que   más adelante esto se va a resolver, el paciente tiene toda la libertad de   llamar, de acudir al hospital porque el seguimiento se lo presta el mismo   hospital, el hospital le dice si usted está con este diagnóstico por favor acuda   a su control.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Pero se remite a un especialista o eso lo maneja el médico general?    

E.T: Claro  y no, no tenemos un   cuadro, yo creo que ustedes lo tienen, ósea el médico general si considera que   ese paciente requiere una revisión le da la remisión a cualquier especialidad   que le corresponda.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿En esta comunidad se han presentado casos digamos extremos de   enfermedades respiratorias que ustedes conozcan?    

E.T: No.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿No han reportado?    

E.T: No las han reportado.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Cuantos casos de enfermedades respiratorias han reportado?    

E.T: Ósea el reportado, ósea anualmente   nosotros tenemos un reportado que es más o menos entre el 18% del total de la   población, pero estamos hablando de la población alas que nosotros hacemos   atención, que son las comunidades que están en proceso de reasentamiento que   comparado a nivel nacional y comparado a otras poblaciones vecinas no tienen,   ósea la incidencia es mucho menor. Y tenemos unos parámetros, tenemos levantado   una incidencia teniendo en cuenta que ósea número de pacientes atendido, número   de pacientes a los que se diagnostica enfermedades respiratorias para nosotros   poder actuar así.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Tienen constancia de que las personas de esta comunidad o las   personas que pertenecen a otras comunidades aledañas pertenecen a algún régimen   de salud?    

E.T: Si, tenemos esa caracterización,   sabemos cuántos están afiliados a que EPS, y los que no están se les atiende   independientemente que no tengan contrato con el hospital, ósea si yo tengo un   carnet o no tengo el carnet también soy atendido, vinculado o no al hospital.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Pero allí hay una inconsistencia.    

E.T: ¿Por qué?    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Porque los que no son del régimen subsidiado ustedes qué atención les   dan?    

E.T: No, las que ósea el médico, el que   no tenga carnet de afiliación nosotros le ofrecemos y si se requiere   medicamentos de ese paciente nosotros gestionamos ante la dirección del hospital   para ver cómo conseguirle su medicamento.    

Pregunta 7.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Doctor García Otero, ¿en el proceso de reubicación realizado por la   compañía Cerrejón se ha tenido en cuenta que las personas que no han querido   reubicarse normalmente son campesinos cuyos procesos productivos dependen de la   agricultura?    

J.C.G.O: Si claro, digamos que en la   caracterización hemos tomado especial atención y cuidado en esa característica,   de hecho parte de las familias que hemos reasentado y que están categorizadas   con actividad agrícola especifica se les ha dado dos líneas de respuesta de ese   impacto bien sea ganadera o bien sea ante, de actividad propiamente de   agricultura. Para los unos y los otros se les ha dado unas áreas adicionales de   tierra a las que mencione cuando no, estaba refiriéndome a los, a lo que se   genera, a lo que se ofrece por parte de la compañía, a esas personas se les hace   un reconocimiento adicional de la tierra que requieran para sus proyectos   productivos en cualquiera  de las dos categorías y obviamente en función   del impacto que generamos ósea de su realidad actual no corresponde decir que   por el hecho de ser agricultor yo voy a recibir por mencionar un número sólo   para contrastar 400 hectáreas de tierra, no si usted en su actividad realiza   actividades agrícolas si, de qué manera de qué proyecto que desea realizar,   porque dicho sea de paso dentro de los ofrecimientos la compañía entrega un   capital semilla constituye un fondo rotatorio de 10 millones de pesos por   familia para que ellos mismos lo administren y ofrecen una asesoría para que   ellos se proyecten en la actividad que no solamente es agrícola, en otros, en   muchos casos hay otras familias que se dedican a otro tipo de actividades,   arriendan casas, ponen una papelería, se dedican a la venta de almuerzos, etc.,   y cada uno en su poco se les da un apoyo económico y técnico con unas   facilidades de tierra en el caso de la gente que tienen proyectos agrícolas para   que lo desarrollen. Hay que mencionar, y pues todo hay que decirlo, los   proyectos productivos necesariamente porque se den las facilidades tienen el   éxito que nosotros quisiéramos porque obviamente eso involucra la voluntad de la   gente para también lograr ese desarrollo, ósea nosotros ponemos las bases, damos   el acompañamiento, facilitamos los recursos pero tienen un alto componente la   misma voluntad de las personas para salir adelante pero si damos esas   facilidades y si tenemos considerada esa caracterización y si damos una   respuesta sin falta.    

Pregunta 8.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Que tiene que decir la compañía Cerrejón sobre las quejas   presentadas por la comunidad y los corregimientos de Patilla y Chancleta, nos   referimos al objeto de la litis, a lo que está puesto de presente en la acción   de tutela y que pues en la mañana de hoy también pusieron de manifiesto sobre el   impacto ambiental, sobre temas de salud, sobre no satisfacción en las   condiciones de reasentamiento, que tiene que decir la compañía Cerrejón al   respecto?    

J.C.G.O: Bueno digamos que reitero lo que   mencione entorno al manejo ambiental yo pienso que la visita que ustedes hacen   pues nos permite de primera mano pues que las circunstancias no son las que se   plantean en el texto ni en la acción ni en las apelaciones, es evidente que es   un manejo totalmente serio y comprometido en ese sentido que para nosotros   mantener los niveles que la ley nos exige es absolutamente una prioridad y a tal   efecto hacemos toda una operación así encaminada dentro de la compañía y del   área minera, no pues no puede ser de recibo que nosotros estemos de acuerdo con   hacer un reconocimiento generalizado de la condición de residente reubicable ni   por encima de los cánones que generalmente hemos pactado con toda la comunidad   cuando de lo que estamos hablando en términos de residente reubicable es algo   así como el 10 o 12% y el resto de la población pues ha accedido y ha tenido   atención y ha sido de recibo sus expectativas y pues menos aún hacerlo extensivo   a familias que no fueron caracterizadas por la misma comunidad como residente   reubicado. En ese sentido, yo pues quiero que ustedes hagan un, tengan una   especial atención y cuidado en revisar por ejemplo las cedulas de las personas   que están accionando de donde son, porque a uno le parece un poco curioso que   básicamente toda la comunidad que ha sido trasladada tiene la cedula de   Barrancas pero toda la que está aquí pues tiene la cedula en su gran mayoría, de   una población de Magdalena que se llama Ariguaní, Magdalena entonces digamos que   eso evidencia que ha habido una migración poblacional a buscar los beneficios   que se han generado con todo este reasentamiento y pues obviamente no es que no   tengamos una respuesta a esa situación pero no puede ser de la magnitud que le   damos a las persona residentes reubicables porque eso básicamente sería   desconocer y darle un tratamiento a personas que por esencia son desiguales y   que la misma comunidad no ha reconocido como parte de este grupo territorial y   por ello aunque les ofrecemos un tratamiento que les permite obtener unos   recursos, genuinamente no son de la cantidad y la categoría de los residentes   reubicables que como digo son la misma comunidad mirándose a los ojos quienes   dijeron somos nosotros los que debemos recibir los beneficios porque hemos   sufrido los impactos, entonces como tenemos los impactos debemos recibir los   beneficios, la población que no lo ha recibido pues por esencia no es de recibo   para nosotros que tenga el mismo tratamiento. Perdóname me decías de tres temas   de salud, de atención creo que fue el otro, bueno creo que la Doctora Esperanza   habló con un grado de detalle.      

Pregunta 9.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Dentro del grupo de lo que usted llama familias a ser reasentadas y   particularmente dentro de las familias accionantes en este proceso de tutela,   ¿no hay personas que ancestralmente pertenecieran a este territorio, es decir no   hay familias indígenas wayúu o no siendo wayúu si pertenecen a otra comunidad   afrodescendiente o no afrodescendiente no wayúu pertenecían a este territorio o   todas son personas que migraron según el censo de la compañía Cerrejón?    

J.C.G.O: Perdóname, yo quiero hacer una   primera claridad el censo no es de la compañía Cerrejón el censo es de la misma   comunidad. Nosotros no hacíamos censos, nosotros simplemente identificábamos con   la comunidad quienes eran las personas que debían ser objeto de reasentamiento.   Mira, creo que hay que contar un poquito la historia de esta zona para entender   ese punto. Estamos en una zona que se llama la comunidad del Cerrejón, entonces   uno puede confundir en eso comunidad en un sentido social pero no es comunidad   en un sentido jurídico, esto es una comunidad de la que habla el Código Civil en   el 2240 y algo, y es que desde la época de la colonia una familia recibió   títulos del rey de España Carlos V sobre esta área, suelo y subsuelo y   demostraron haber ejercido la propiedad sobre el área de manera continua hasta   nuestros días y mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año   52 o 53, la Corte Suprema les reconoció la propiedad sobre el suelo y el   subsuelo, dicho en otras palabras estamos en una zona donde el subsuelo no es   propiedad de la Nación y creo que es uno de los tres casos excepcionales que yo   conozco al menos en el país donde el subsuelo no es de la Nación es unos   particulares. Entonces que puede uno empezar a encontrar, que esto no es   territorio ancestral de nadie porque jurídicamente ha sido una comunidad que ha   demostrado incluso ante la ley haber ejercido dominio sobre la zona, al punto   que la Nación le reconoce no solamente la propiedad del suelo sino también del   subsuelo. Entonces eso empieza a desvirtuar un poco la posibilidad que me   mencionan de que aquí ha sido territorio ancestral de alguien distinto a ellos    

Pregunta 10.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Ustedes tienen algún plan para las minorías étnicas entonces o como   ustedes consideran que no es un territorio ancestral no hay ningún plan por   parte de la empresa?    

J.C.G.O: Ok, si ya me refiero a eso voy a   terminar de contestar aclarando una cosa, no es una consideración nuestra, esto   no es, es que este no es un punto de que nosotros queramos o no queramos   reconocer, es lo que la ley que ustedes mismos representan y aplican pues ha   dicho que es, esto es una comunidad no es porque nosotros queramos o no queramos   hacerla pero ya me refiero a ese punto. Entonces, qué sucede nosotros, espérame   conecto otra vez, decía que esto era comunidad y que en tal sentido pues el   ejercicio del dominio lo detiene esa entidad civil y al efecto entonces uno   cuando va a hablar de wayúu tiene que entender lo siguiente, la territorialidad   de los wayúu se constituye a partir de los cementerios, aquí no hay un solo   cementerio wayúu en esta zona y en tal sentido uno no puede aceptar que esto sea   un territorio ancestral wayúu porque en efecto o el elemento fundamental de la   territorialidad está asociado con cementerios y nos los hay. Y no los hay porque   sencillamente no han habitado, no los han habitado, entonces que sucede, cuando   nosotros en efecto notamos un grupo de 6 personas wayúu que viven en Patilla es   bueno tener en cuanto como llegan ellos. Primero, revisen y creo que puede obrar   de alguna manera allá en el expediente, ellos provienen no son ancestrales de   esta zona son ancestrales de una zona cercana que se llama, Juan me recuerdas,   Distracción que está unos kilómetros al sur de esta zona, se trasladaron a   trabajar en esta región en uno de los predios aledaños y cuando se inicia el   proceso de reasentamiento se ubican en uno de los, en una de las casas que hay   aquí en esta zona. Qué sucede, sigamos para ponerlo en términos de grafica el   contraste, pues es más o menos la misma situación como si una persona indígena   se fuera a vivir a Bogotá, ellos se vinieron a trabajar a una zona que no es   ancestral, permanecen en ella pero eso no da la categoría de ser un territorio   wayúu.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Hace cuánto esas personas permanecen en este territorio?    

J.C.G.O: ¿Puedo preguntar porque el dato   exacto no lo tengo presente?    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Si.    

J.C.G.O: Juan, ¿hace cuánto permanecen   acá? 6 años. Entonces, esa condición no se la da el altar, ósea un territorio no   se vuelve ancestral porque un indígena llegue, se vuelve ancestral por otra   serie de elementos entre estos su vinculación cultural que en este caso está en   Distracción, Guajira y no aquí. El tema de negritudes, si es posible que aquí   allá, pues es que es evidente que hay una marcada raza negra pero no hay un   territorio colectivo como tal y ellos individualmente en su ejercicio, y de   hecho en la misma tutela lo reflejan, dicen a mi trátenme como una persona   individual no me trate como una colectividad, yo quiero que usted me dé un   tratamiento de un mestizo, no de una negritud porque y para darle respuesta a lo   que ha planteado el doctor, la compañía si ha hecho evaluaciones en términos   étnicos cuando la situación lo amerite y creo que el mejor ejemplo que tenemos   es Tamaquito. En Tamaquito se identificó una comunidad wayúu y en tal sentido se   hizo una valoración antropológica de su condición y se hizo un acuerdo con ella   que primero tiene una característica que la diferencia sustancialmente de esto,   ellos pidieron que todo su proceso de conservación fuera grupal, con ellos se   hizo un contrato por todos, adicionalmente tenían un territorio claramente   identificado y adicionalmente tenían un cementerio. Eso claramente hizo que la   compañía en su relacionamiento con esa comunidad, pues obviamente le diera un   poco desde el punto de vista antropológico y social, distinto al de un individuo   particularmente considerado como ha sido la voluntad de los que están acá.   Entonces, redondeando, no compartimos la opinión de que esto pueda llegar a ser   considerado como un territorio ancestral por lo que he mencionado,   adicionalmente si tenemos valoraciones y evaluaciones antropológicas cuando se   refieren a grupos étnicos y a minorías, y en efecto si le hemos dado tratamiento   en tal sentido a esos grupos cuando así se han identificado. En el expediente   obra y acoge, enviamos un CD que se llama Tamaquito 2 que cuenta en detalle cómo   se ha manejado este, y bueno también mandamos unos de Patilla y Chancleta que   pueden ver.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Eso se piensa hacer acá o no hace parte del plan a las minorías que   se encuentran?            

J.C.G.O: Vuelvo y te digo primero las,   cuando se identificaron las personas wayúu no estaban en el censo ni la   comunidad, en ese caso de Patilla, recordemos que Patilla ya se trasladó el   100%, ósea la comunidad de Patilla que fue por ellos mismos identificada, el   censo fue por ellos, permitió identificar quienes eran las personas a reasentar,   perdóneme le contestó al doctor y ya le pongo atención que pena, cuando hicieron   su traslado pues no, nunca hicieron ninguna clase de referencia porque no   estaban, a ningún wayúu. Entonces en este sentido, al no ser este un territorio,   y al de hecho, estar ellos pidiendo un tratamiento individual, en contravía del   manejo colectivo que cuando ancestralmente lo manejan ellos de esa manera se les   da, no se ha podido dar ese manejo entre otras porque no son una comunidad ni   este es un territorio ancestral wayúu.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Ósea me contesta que no hay un plan para minorías porque no ha   ocurrido?    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Acaba de decir que Patilla ya se encuentra reubicada, sin embargo   en la tutela hace referencia a cuatro o seis familias de Patilla que todavía   según los accionantes viven acá.    

J.C.G.O: Hace, y para explicarlo   gráficamente, hace bueno no se un par de meses estuvimos haciendo una reflexión   alrededor de Armero, ¿sí? En Armero, habían 30.000 personas la avalancha se   lleva 20.000 personas y los planes de indemnización abarcan 50.000 o 60.000   personas. Qué paso, que esta clase de procesos son un polo que atrae personas   para buscar obviamente reconocimientos asociados a su situación. No, no podría   yo referirme en cada caso en particular, pero lo cierto es que uno hace una   revisión histórica de qué era esta zona en términos de predios hace 15 años y   empieza a mirar la relación y se da un fraccionamiento pues vital. Nosotros,   déjenme contarles tenemos cuando fuimos a iniciar las negociaciones de las áreas   en 14 hectáreas, donde en su momento tal vez no habrían más de 15 o 16 predios,   terminamos con un fraccionamiento de 3.300 predios. Entonces qué explica eso,   explica el hecho de que personas más allá del reconocimiento social y colectivo,   se trasladaron con la expectativa de tener un tratamiento de residente   reubicado.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Usted considera que las personas de las 3 familias que nosotros   vimos a las 9 de la mañana cuando llegamos, se reubicaron allí ósea eso quedo   desolado, esa Patilla quedo desolada sin un habitante y en el transcurso del   tiempo ellos se volvieron, llegaron personas a vivir en esa digamos casas?              

J.C.G.O: La situación se presentó más o   menos así, el proceso se inicia se hace la caracterización, se inicia todo el   proceso de conversación con las comunidades porque obviamente desde el momento   que se hace la identificación hasta que se produce el traslado, hay muchas   acciones para decir una, escoger el nuevo sitio de destino eso toma mucho   tiempo, escoger el tipo de vivienda eso toma mucho tiempo.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Perdón que lo interrumpa, ya que menciona ¿quién escogió el tipo de   vivienda?      

J.C.G.O: Ok, la comunidad.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Hay prueba de eso?    

J.C.G.O: Si, aportamos en el expediente   ya las actas de pues, de todos los predios, de quienes van a visitar cada predio   y de la selección. Obviamente yo en esto, uno tiene que reconocer que esto no   genera la simpatía de 100% de la gente, la mayoría de la comunidad.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿La vivienda la escogieron ellos?    

J.CG.O: Si indudablemente, y de hecho.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿No debería de estar todo el mundo conforme, si la persona es la que   lo escoge?    

J.C.G.O: De acuerdo y de hecho si usted   mira las estadísticas mi doctor, así lo reflejan.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Entonces todos están conformes?    

J.C.G.O: No, tenemos trasladado más del   80%    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Entonces ¿el 100% de ese 80% está conforme con su vivienda?    

J.CG.O: Yo asumo que sí, podríamos   preguntarle mañana.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Si mañana pregunto.    

J.C.G.O: Entonces qué pasa.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Perdone doctor, ¿usted va a estar mañana también en la Nueva Patilla   y en la Nueva Chancleta?    

J.C.G.O: Si doctor no tengo inconveniente   de estar presente en esa.    

Pregunta 11.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Una pregunta que quiero adelantarle que sería de mañana, ¿en la nueva   zona de reubicación o reasentamiento, entiendo que esa entre Barrancas y   Fonseca, lo que uno podría llamar el Nuevo Patilla y el Nuevo Chancleta y el   Nuevo Roche 3, qué distancia hay de ese lugar a una zona de explotación   carbonífera que esté a cargo de ustedes?    

J.C.:G.O Uy que pena eso si me toca,   Juanca ¿yo creo que tú me puedes ayudar con eso? Superior a 5 kilómetros.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Eso es Cerrejón zona centro, zona norte la zona de explotación?    Aquí entiendo que por el preguntado, entiendo que aquí están, que el señor   representante se tiene que apoyar en su equipo de trabajo, el Despacho lo   entiende así. Aquí estamos en Cerrejón zona centro, donde fueron reubicados   entre Barrancas y Fonseca frente a la salida de Barrancas, la distancia a zona   de explotación a cargo de ustedes o de desechos de carbón.    

“Juan Carlos”: Linealmente es de 5   kilómetros al menos de acuerdo a esta información, sí.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿5 kilómetros?    

J.C.G.O: Y por fuera del cono de   dispersión ¿no? No sé si quieren que, digamos es que tengo muchas ventajas allí   abiertas. Entonces qué sucede, estábamos mencionando perdónenme doctores   recuérdenme estábamos hablando de por qué se escogían, cómo se escogían las   viviendas y cuales eran, ¡ah sí! Entonces, estábamos diciendo, entonces este   proceso se inicia y claro estando viviendo acá se hace todo ese ejercicio con   ellos y es, y en muchos casos concomitante con la permanencia aún de esa   comunidad aquí, llegaron personas. Es más, vuelvo y digo estas familias llegan   porque llegan a laborar a las proximidades, pues están en todo su derecho que si   hay un lote deshabitado, que su propietario no tiene ninguna dificultad en que   lo ocupe, pues que esas personas habiten allí, en eso claramente no existe una   razón para que legalmente nadie se oponga y así sucede. Pero el hecho de que se   vengan a acá, no les da la condición ni la caracterización de residente   reubicable. Allí es donde hay que hacer la diferencia porque esa caracterización   proviene es de la misma comunidad, no es una imposición de Cerrejón, Cerrejón no   es el que dijo usted reubicable usted no, es comunidad digan ustedes quienes son   los reubicables.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Cuándo se hizo eso? ¿Cuándo se determinó quiénes son los residente   reubicables?    

J.C.G.O: Es, obra en el expediente las   actas porque de hecho en una pregunta que hizo la Corte específicamente nos   pusieron a hacer el recorrido, están las actas, pero recuérdame las dos últimas   especialmente la de la comunidad y la del cierre con el alcalde, con la reunión   del alcalde, ¿recuerdan en qué fechas se hicieron? 2009 socialización con la   alcaldía. Ok, 2008, 2009 las copias de los documentos debidamente firmados obran   en el expediente, los aportamos en la aclaración que nos pidió la Corte.   Entonces en ese acto fue la comunidad que dijo los que debemos ser residentes   reubicables somos y sacaron una lista y es más, en esos  acuerdo y ustedes   pueden verlo allí, la comunidad misma dijo mire hay gente que no tiene todas las   características para estar aquí pero nosotros queremos que estén aquí y   definieron una política una mecánica de selección y además de ese grupo, un   grupo de familias adicional que fue obviamente un grupo ya mucho más reducido   pero la comunidad fue la que determinó quienes son. Entonces los que llegan por   fuera de esa, de ese acuerdo pues claramente no tienen la, no tienen esa   caracterización ni tienen ese tratamiento. Lo cual vuelvo y reitero, no quiere   decir que la empresa no les haga u ofrecimiento, se les hace un ofrecimiento   económico que considera pues su particular situación.    

Pregunta 13.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Doctor García Otero, ¿tiene usted o su apoderado judicial algo más   que agregar a la presente diligencia?          

J.C.G.O: Yo quisiera de pronto si   Eduardo, ¿se me queda algo que deba mencionar? Qué pena Eduard, estamos en la   pregunta de cierre, me preguntan que si tenemos algo más que agregar y tú que de   pronto me has oído, ¿se me queda algo que deba mencionar para?    

“Eduardo”: No, tal vez la observación en   dos sentidos. La primera que con esta comunidad y con las demás comunidades, los   acuerdos siempre han sido jurídicos, siempre han sido públicos, las propuestas   que se han hecho a todas las comunidades por reasentarse y reasentadas, se han   hecho de esa manera. Y en segundo lugar, la vocación de la gente debería verse   en este asunto, que entre otras cosas cuando hacían referencia de a qué planes   específicos tenemos en formato, es mantenerse siempre abierta la vocación de   dialogo en ningún caso de las comunidades o familias que no han llegado a   acuerdos en relación con el primer punto siempre estamos abiertos a cualquier   posibilidad de dialogo, y todas las alternativas se han tenido puestas sobre la   mesa y las hemos discutido.    

J.C.G.O: Ok, doctor ¿algo más?       

J.C.G.O: Ah sí, lo había dicho al   principio. Pero reiterarle mi doctor, si ustedes lo tienen a bien que nos   acompañen porque les queremos mostrar cómo hacemos nuestra operación, qué   medidas de manejo ambiental tenemos, cual es nuestro compromiso que tenemos con   hacer de esto una operación seria y responsable y pues en ese sentido ofrecerles   muy respetuosamente esa visita.    

Pregunta 14.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Muchas gracias, quería retomar un tema de la pregunta inicial, cuando   estábamos hablando de la contaminación de los municipios de lo que mencionaste   el día de hoy, tu mencionaste que no había una afectación directa o una relación   directa con el Cerrejón. Quisiera que me precisaras sí reconoce la empresa y   advierte algún tipo de contaminación no sólo ambiental sino del agua,   contaminación del agua en cuanto a la calidad de agua, en cuanto al polvillo que   general la explotación a cielo abierto y que precisemos más en cuanto a la   contaminación.    

J.C.G.O: Ok, mi doctor de hecho le   agradezco la pregunta porque eso me permite también decirle mire me acompaña el   Superintendente ambiental de la compañía que nos puede explicar con detalle,   cuales son los monitoreos, cuales son los niveles, cuales son los compromisos   que tiene la compañía y las obligaciones así como las verificaciones que hace la   autoridad de manera permanente a todos esos temas. Entonces si ustedes se tienen   a bien, Juan Pablo por favor.    

“Juan Pablo”: Buenos días.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Ya escuchaste la pregunta? Primero, se identifica por favor.    

Juan Pablo Lozano: Mi nombre es Juan   Pablo Lozano, yo soy el superintendente de ingeniería ambiental, soy ingeniero   civil tengo una maestría en ingeniería ambiental.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Con eso es suficiente.    

J.P.L: Ok. Con respecto a los temas de   calidad de agua que está preguntando, nosotros en todo el trayecto del Río   Ranchería en el área de influencia de la explotación minera tenemos 11 puntos de   monitoreo de calidad de agua, los cuales son monitoreados mensualmente,   Corpoguajira también hace una verificación mensual. Tenemos un laboratorio de   calidad de agua acreditado por el IDUA desde hace más de 3 años. Monitoreamos en   los 6 arroyos que están en el área de influencia también, tenemos 11 puntos de   monitoreo de calidad de agua, monitoreamos también. De comparación con la norma   correspondiente al consumo, de tal manera que se comparan los parámetros de   interés con respecto a consumo, consumo humano después de tratamiento primario.   Lo que hemos encontrado fundamentalmente, los parámetros de interés minero, es   decir lo que aporta una operación minera fundamentalmente son sales   representadas en cloruros disulfatos y estos parámetros como les comentaba están   dentro de los parámetros establecidos para el consumo. ¿Qué evidencia el Río   Ranchería, que si se presenta bastante? Coliforme, coliformes fecales, esto está   relacionado con descargas de materia orgánica de las municipalidades, Cerrejón   reutiliza el año pasado pues el 87% pero en general reutiliza entre el 85 y el   95% de sus aguas residuales domésticas de tal manera que su vertimiento en   materia orgánica es mínimo, la capacidad de remoción de nuestro sistema de   tratamiento basado en lagunas de oxidación y sistemas biológicos son de más del   90% en cuanto a carga orgánica. Esto qué quiere decir, lo que nosotros estamos   viendo en el Río Ranchería fundamentalmente está asociado a vertimientos de   municipalidades, a todo el tema de abrevaderos para semovientes, para ganados,   que es la principal carga que tiene el Río Ranchería en cuanto a parámetros de   interés sanitario. Adicionalmente, nosotros como Cerrejón el consumo de agua,   las fuente de consumo son dos hay aguas de alta calidad y aguas de baja calidad,   las aguas de alta calidad son el Río Ranchería y digamos arroyos con su acuífero   aluvial que son aguas de alta calidad.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿El Río Ranchería es de alta calidad?    

J.P.L: Si, porque es la que se usa para   tratamiento, para consumo, para potabilización. Ese consumo es el 10% la de esa   agua que nosotros tratamos allí, 10% de todo nuestro consumo allí mismo ¿sí? Y   se utiliza específicamente para eso para su tratamiento y potabilización, para   consumo en la operación y en el campamento asociado a la operación minera. El   otro 90% se viene fundamentalmente del agua que les correría en las áreas de   minería, es decir el agua que llueve dentro de los campos mineros o en los   botaderos, que nosotros lo captamos en lo que se llama sumideros de fondo, es   decir el nivel más bajo del subsuelo, todos los sistemas de drenaje conduce a   allá, en las área de botaderos activos tenemos canales perimetrales que conducen   a lagunas de sedimentación y esa agua la utilizamos para el riego de días, para   el control de polvo igualmente los mantos de carbón son, tienen en su interior   agua, son acuíferos confinados con agua de muy pobre calidad porque están en   contacto con el carbón es decir con altos contenidos de cloruros y sulfatos, y   toda esa agua que les acabo de mencionar es lo que se denomina agua de baja   calidad, es lo que nosotros utilizamos para control de emisiones. Entonces en   resumen del agua o del acceso al agua que pueden tener las comunidades, nosotros   consumimos en nuestras operaciones 10% y es para uso en tratamiento para   potabilización y consumo humano fundamentalmente.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Ósea no hay índices de contaminación del agua potable?    

J.P.L: No, los límites, los parámetros,   hay vertimientos de los parámetros de interés de minería que les contaba que son   cloruros y sulfatos que están en los límites establecido por la ley para consumo   humano.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Y en cuanto al aire?.    

J.P.L: En cuanto al aire, nosotros   tenemos una red de monitoreo de 18 estaciones, hay 14 en todo el área del valle   de la mina. Nosotros tenemos monitoreo PM10 y PST como establece la ley y por   aproximadamente dos años y medio, tres, estuvimos monitoreando PM2.5 ¿sí?,   también para ver el nivel de cumplimiento. En PM10 siempre hay 2.5, nunca hemos   sobrepasado la norma de ese test también cumplimos, que es el material   particular suspendido mayor a 100 micras, ustedes ven allá hay dos monitores el   que es triangular es para monitorear PSP el que es redondo es para monitorear   material particulado menor a 10 micras. Adicionalmente tenemos tres estaciones   automáticas ubicadas debajo de la operación con el ánimo de poder tener alertas   tempranas y poder evaluar las tendencias de comportamiento.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Qué índice de contaminación del aire hay?    

J.P.L: La norma establece dos parámetros   fundamentales para PST la medida hidrométrica vale 100 como norma adicional,   para PM10 la media aritmética anual es 50, nosotros estamos por debajo de esos   valores. Están entre 80 y 90 en PST y en 35, 40  entre 30 y 40 en PM10.    

J.C.G.O: Respecto a eso, hay una   curiosidad allí que el doctor lo menciona el tema de vertimientos. Es que cuando   aquí se habló y de hecho en el auto salía, quisiera que aclararas más.    

J.P.L: Todos nuestros vertimientos, ósea,   todo el uso de recursos lo está como plan de manejo ambiental, todos los   productos y recursos y aprovechamiento de recursos se tramita con la Corporación   Autónoma de la Región de la Guajira, con Corpoguajira, todos nuestros   vertimientos son autorizados ¿sí? Están autorizados, hay son permisos   debidamente establecidos también el tema de emisiones hay un permiso de   emisiones, también debidamente establecidos, ellos hacen un seguimiento con   visitas periódicas cada 3 veces al año en la corporación. Hacen validación de   cumplimiento de eso y nosotros reportamos todos los meses en la red que tiene el   IDEAM, IDEAM nacional que eso es aire, reportamos todos nuestros resultados de   calidad de aire y trimestralmente se envía también toda la información a la   corporación, de los datos en cada uno de los monitoreos.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Muchas gracias, en este estado de la diligencia el Despacho finaliza   el interrogatorio de parte realizado a la empresa el Cerrejón Limited como parte   accionada del trámite constitucional varias veces referido, precisando lo   siguiente se cierran los interrogatorios de parte pero continua la inspección   judicial decretada por la Corte el 13 de febrero, antes de finalizarla el   Despacho quiere resaltar la garantía del debido proceso que se ha mantenido   durante toda la diligencia, los interrogatorios en cumplimiento del mandato del   artículo 29 constitucional y en especial las normas del Código General del   Proceso, las partes han sido interrogadas conforme a lo ordenado por Auto de la   Corte varias veces citado, y continuara en diligencia de inspección judicial.   Para ese propósito y cerrados los interrogatorios agradecemos tanto a la   comunidad como a la compañía Cerrejón haber acudido a exponer las preguntas que   se les hicieron, la liberalidad que se les dio para manifestarse, a las   entidades del Estado que se encuentran presentes y que fueron llamadas por la   Corte se les pone de presente en particular que se solicitó el acompañamiento de   expertos para que alleguen sus conceptos al proceso directamente a la Corte, no   pudiendo recibirlos el día de hoy y siendo conscientes del nivel de experticia   que requieren este tipo de cosas, además necesitan algunas evaluaciones que   posteriormente serán enviados por ustedes a la Corte. En particular, en el tema   médico como parte de la tutela que ha llegado en sede de revisión a la Corte   implica el derecho a la salud de parte de la comunidad asentada en este   territorio que podemos denominar como Chancleta y Patilla, el acompañamiento   medico se hizo presente pero como quiera que no hay los instrumentos médicos   para completar la evaluación la Secretaría de Salud a través de dela Directora   del Hospital entonces practicará las nueve muestras de exámenes médicos para   luego ser allegados a la Corte y el acompañamiento que presume soportar parte de   la Gobernación y del Instituto Nacional de Salud.       

             

2.2 Segunda parte de la diligencia.    

2.2.1 Luego de culminado el interrogatorio de parte, la Corte   Constitucional se dispuso realizar una verificación ocular de los sitios   catalogados como puntos críticos de común acuerdo por las partes, por lo cual se   designó en representación de la parte accionante a los señores Wilman Palmezano   Arregocés  identificado con cédula de ciudadanía número 5.153.157 y al   señor Rubén Darío Araujo Uriana identificado con cédula de ciudadanía número   17.950.077 y por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited a los señores   Juan Pablo Lozano identificado con cédula de ciudadanía 79.784.537 y al señor   Juan Carlos Forero Romero identificado con cédula de ciudadanía 17.953.607 para   que guiaran el recorrido, el cual se realizó en los sectores de (i) arroyo   Cerrejoncito, (ii) sector de las Marías, (iii) Patilla vieja, (iv) zona   circundante a la Mina del Cerrejón, y (v) sector el Molino.    

2.2.2 Finalización del primer día de la   diligencia en los corregimientos de Patilla y   Chancleta del municipio de Hato Nuevo, la Guajira.     

III. SEGUNDO DIA DE LA DILIGENCIA    

3.1   Primera parte de la Diligencia.    

En los   corregimientos de Patilla y Chancleta, pertenecientes al municipio de Barrancas   (la Guajira), a los seis (6) días del mes marzo del año 2015, siendo las 9:00 de   la mañana, día y hora señalados en auto del 13 de febrero de 2015 a fin de   continuar con la diligencia de Inspección Judicial dentro del trámite de la   acción de tutela T-4.587.990, el suscrito Magistrado Auxiliar en asocio de los   dos Profesionales Especializados grado 33 del Despacho de la Magistrada (e) de   la Corte Constitucional doctora Martha Victoria Sáchica Méndez y en compañía de   la Defensoría delegada para los indígenas y las minorías étnicas de la   Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio del   Interior – Dirección de Comunidades Negras, la Autoridad Nacional de Licencias   Ambientales – ANLA, el Instituto Nacional de Salud, la Corporación Autónoma   Regional de la Guajira, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo   Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de la Guajira,   Alcaldía de Barrancas, la Guajira, la Secretaría de Salud Departamental de la   Guajira, el Hospital E.S.E Nuestra señora del Pilar del municipio de Barrancas,   la Guajira y en presencia del doctor Campo Elías López Morón apoderado judicial   de la Comunidad de Negros Afrodescendientes de los corregimientos de Patilla Y   Chancleta (parte accionante) y el Doctor Carlos Andrés Gómez Sánchez    apoderado judicial de la empresa Carbones del Cerrejón Limited (parte accionada)   y en atención a los consagrado en los artículos 1 , 4 , 198  ss y 236    y ss del Código General del Proceso, instaló diligencia de Inspección Judicial   en las instalaciones del salón comunal en la cual se receptaron los siguientes   interrogatorios de parte a miembros de la comunidad reasentada:    

Apertura de   la diligencia:    

3.1.2.   Primer Interrogado de la parte accionante: Señora Rosa   Lastenia Galván Carrillo identificada con número de cédula de   ciudadanía 1.065.628.210    

Pregunta 1.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvase aportar a esta diligencia judicial sus datos generales de   ley, nombre e identificación.    

Rosa Lastenia Galván Carrillo: Buenos   días, mi nombre es Rosa Lastenia Galván Carrillo, cedula de ciudadanía   1065628210, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Comunidad de   Chancleta y Candidata parte del Concejo Comunitario de Negros Ancestrales de   Chancleta, estamos pues nuestras raíces se encuentran allá en el anterior sitio.    

Pregunta 2.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Cuál es su lugar de residencia y desde cuando reside allí?    

R.L.G.C: Mi lugar de residencia es la   casa 3 en Chancleta Nuevo que ya hace 2 años y medio que estoy residiendo allí,   por parte del reasentamiento, como trasladada del sitio anterior de Chancleta   Vieja.    

Pregunta 3.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvase informar al despacho a que se dedica y en qué lugar   desempeña sus funciones o tareas.    

R.L.G.C: En este momento, yo soy ama de   casa tengo dos niños y estoy estudiando una carrera a distancia de resto pues no   me dedico a nada más.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Pertenece usted a alguna comunidad étnica o afrodescendiente? ¿En   tal caso cuál?    

R.L.G.C.: Si, me considero   afrodescendiente.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Pero alguna comunidad en específico?    

R.L.G.C: Si al Consejo Comunitario de   Negros Ancestrales de Chancleta.    

Pregunta 4.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Quién o quienes conforman su grupo familiar?    

R.L.G.C: Mi grupo familiar lo conforma mi   mama, la señora Amparo Carrillo, mis dos hermanos Javier, Lastenia, mis dos   hijos y mi esposo.    

Pregunta 5.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Se encuentra usted satisfecha con las condiciones en que ha sido   reubicada en la cabecera municipal de Barranca?    

R.L.G.C: No.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvase explicar las razones.    

R: La verdad es que a miro con ojos de preocupación la situación que   en este momento están viviendo las comunidades en términos generales, debido al   incumplimiento por parte de la empresa que nos trasladó porque desde el ciclo   anterior se crearon muchas expectativas para trasladarnos para venirnos hasta   acá y a la hora de estar aquí digamos que la, solo se volvieron a hacer la   infraestructura, nos regalaron unas casas muy bonitas, bueno no es un regalar   nos dieron como parte de compensación unas casas que son muy bonitas y allí   están a la vista de todos, pero para una vida digna se necesita tener ingresos,   tener un trabajo, un proyecto productivo auto sostenible cosa que en este   momento dentro de las comunidades no se está evidenciando, dentro de nuestra   comunidad hay situaciones bastante delicadas porque desde allá del anterior   sitio a la hora de vender nuestras viviendas o de entregarlas de manera   involuntaria por un interés general que primaba sobre un interés particular nos   dieron unos dineros, esos dineros a causa de que aquí los proyectos productivos   no se están desarrollando no hay trabajo, no hay ningún tipo de fuente de empleo   se han ido agotando o ya en muchas casas se han agotado, eso está generando   situaciones bastante difíciles de alimentación, de auto sostenimiento de parte   de las familias, por eso veo con ojos de mucha preocupación toda esta situación   y veo también muy negligente a la empresa, los veo dilatando, ellos se   comprometieron con nosotros a cuatro años de acompañamiento pero siento esa   posición de dilatación para cumplir con los acuerdos que allá se pactaron,   entonces digamos que es una situación que nos tiene muy muy preocupados y   agradezco mucho a la corte que se haya tomado este espacio para escucharnos   porque para nosotros es una situación complicada y además de eso sentimos que   estamos luchando con una empresa que es muy grande que tiene tentáculos en todas   partes y que el tema de las garantías para nosotros ha sido muy vulnerado   además.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Cuáles fueron los acuerdos que se hicieron en el tema de proyectos   productivos para el tema de trabajo?    

R.L.G.C: Bueno desde allá inicialmente se   dijo que pues nos ofrecieron o nos dieron, nos dieron no, ellos están manejando   a través de un grupo interdisciplinario 20 millones para manejar proyectos   productivos. Nos prometieron que durante 8 meses nos iban a dar un bono   alimentario mientras esos proyectos productivos iniciaban o entraban en   funcionamiento, pasaron los 8 meses ya prácticamente tenemos 3 años no ha   proyectos productivos y en cambio a los 8 meses si cumplieron para quitarnos el   bono alimentario.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Esos 20 millones eran por familia o por comunidad?    

R.L.G.C: No, por familia. Para   desarrollar proyectos productivos.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿A través de qué medio se entregaba ese dinero?    

R.L.G.C: Ellos tienen una empresa   contratista llamada Fundes Latinoamérica, ellos son los encargados de manejar   esos dineros, nosotros no le damos manejo al dinero como tal, ellos vienen hacen   intervenciones por familia miran a ver que puede o que quiere hacer la familia   con los 20 millones, que se supone deberían ser para proyectos productivos pero   que hasta este momento digamos que se han hecho inversiones de este dinero para   proyectos productivos pero que no han dado ningún tipo de resultados y no han   dado resultados por la falta de estudio de por parte de ellos del tema comercial   en los municipios que nos rodean. Además de esto, de allá nosotros éramos   avicultores éramos personas que criábamos ganado, ovejas, que criábamos   gallinas, que pescábamos aquí pretendieron venir a comprar medios de transporte   cuando la gente estaba acostumbrada era a cultivar, estaba acostumbrada era a   criar y para el tema del cultivo en conjunto con la casa también asignaron una   hectárea de tierra pero cosa que nos pareció insuficiente en su momento y aún   ahora muchísimo más porque aquí estamos viendo todas las dificultades para poder   desarrollar un proyecto productivo.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Una hectárea para toda la comunidad?    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Dónde se encuentra ubicada esa hectárea por familia?    

R.L.G.C: Esa hectárea por familia, una   vez termina la construcción de las viviendas, pasan 10 metros y allí empiezan   las hectáreas de tierra. Si ustedes quisieran podríamos ir a mirar, hasta el   momento cultivadas de las 40 hectáreas, yo creo que una y a duras penas, porque   el tema del agua ósea sembrar, cultivar sin agua es muy difícil.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Finalmente del dinero aportado, ¿le ha trabajado algo de ese   dinero?    

R.L.G.C: No.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Ha desarrollado algo o están los 20 millones todavía allí?    

R.L.G.C: Están los 20 millones sí señor.    

Apoderado: Quisiera que la Corte   estableciera que tipo de relación existe entre los reasentados con la tierra,   cual, a título de qué explotan ellos, si son poseedores, propietarios o simples   tenederos y les entregan título de propiedad, eso sería muy importante para   nosotros que quedara establecido en esta diligencia.    

Pregunta 6.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Bien, siguiendo la recomendación de la parte accionante, la   pregunta del Doctor Campos está orientada a determinar ¿si esa hectárea que les   entregan es de propiedad de ustedes o si es una hectárea de propiedad de   Cerrejón y administrada por ustedes? ¿Cuál es la relación del título que tienen   ustedes, los derechos reales que tienen ustedes sobre ese terreno que se les   asigna?    

R.L.G.C: Bueno, digamos que aquí también   existe una, yo tengo una claridad de que es una hectárea de tierra que fue   asignada por familia con un título con una escritura pública que hace parte de   cada una de las familias pero allí hay una, digamos que una condición, las de   cuatro años de acompañamiento, esas hectáreas de tierra digamos que no, no puede   ser vendida, no puede ser alquilada, debe trabajarla la familia pero hasta donde   puedo entender y hasta donde las comunidades tienen entendido son de cada una de   las familias.    

Pregunta 7.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Usted es propietaria de una hectárea de tierra?    

R.L.G.C: En este momento no porque no he   firmado la escritura y aún no me la han entregado pero es la figura que se   maneja.    

Pregunta 8.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿El apoderado quisiera adicionar algo?    

Apoderado: Si, el conocimiento que tengo   sobre la materia, Cerrejón ha entregado a estas familias una, un terreno   proindiviso y adicionalmente a título de cargo no hay propiedad, lo que hay es   un comodato una especie de comodato, una figura parecida no la precisa. Y   solicitaría a la Corte que si los señores reasentados tienen alguna escritura   pública que pudiésemos allegar al expediente pues la Corte le hiciera esta   solicitud a los señores reasentados para que se clarifique la relación que   existe entre el reasentado con esa porción de tierra que se les ha entregado a   ellos.    

Pregunta 9.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): En cuanto a lo que dice el apoderado, sería importante que se   aporte al expediente una o varias de las escrituras que se hayan firmado. Y la   pregunta va encaminada a eso, usted dice que ya lleva aproximadamente dos años   de ser reasentada ¿por qué no se ha firmado la escritura si se supone que desde   el momento que ustedes son reubicados inicia el proceso para el auto   sostenimiento?    

R.L.G.C: Las escrituras no se han firmado   porque dentro de toda esa ola de incumplimiento que ha traído la empresa   nosotros estamos buscando la forma o la manera de presionar a la empresa para   que venga y cumpla si nosotros firmamos las escrituras ellos pues olímpicamente   nos entregan escrituras y muy probablemente el digamos que el distanciamiento   que ya existe sea aún mayor entonces ellos tienen cierto interés de que nosotros   firmemos, hay familias que ya lo han hecho, pues tal vez por desconocimiento o   por bueno cada uno tiene sus digamos que su percepción de las cosas, pero el   tema de la firma de las escrituras digamos que es una forma de decirle a la   empresa no estamos de acuerdo con lo que están haciendo con nosotros entre tanto   por el momento no vamos a desistir, no hemos firmado.     

Pregunta 10.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿En qué consiste totalmente la indemnización recibida para efectos   de la reubicación? ¿Monto indemnizado?    

R.L.G.C: Bueno, para unos dineros un   cheque de una cantidad, dieron unos dineros para comprar muebles y una entramada   o un comedor, las viviendas, una hectárea de tierra, 20 millones de pesos para   proyectos productivos, la oportunidad de estudiar en cualquier universidad del   país y no sé qué se me escapa pero creo que básicamente.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿El estudio es pagado por la compañía Cerrejón?    

R.L.G.C: Si, bajo ciertas condiciones.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿En cualquier universidad?    

R.L.G.C: En cualquier universidad del   país. En este momento hasta con eso estamos teniendo problemas porque hay un   poco de estudiantes que quisieran acceder y no han podido porque ni siquiera el   Ministerio de Educación ha puesto las trabas que ha puesto la empresa para que   estos muchachos accedan al sistema educativo.    

Pregunta 11.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): En la zona de reubicación, en la que nos encontramos, ¿existe algún   riesgo de contaminación ambiental por la explotación carbonífera?    

R.L.G.C: Nosotros pensaríamos que sí, es   una empresa que explota carbón a cielo abierto y así los niveles de brisa como   están de altos como están de fuertes e incluso me atrevería a, estoy especulando   porque no estoy basada en ningún tipo de estudios, pero en mi percepción   podríamos decir que si, que si podríamos estar siendo impactados por el tema de   la contaminación.    

Pregunta 12.    

Corte Constitucional (Profesional Especilizado grado 33 No. 1): ¿Quiere aclarar para la comisión como se están tratando servicios   públicos en su casa? ¿Cuál es el acceso al agua potable, la calidad del agua   potable, la disponibilidad del agua potable y en cuanto a los demás servicios   públicos domiciliarios?    

R.L.G.C: Empiezo por el servicio de la   luz, bueno por el gas más bien, gas natural no tenemos ellos allá también fue   uno de los compromisos, que acá vamos a tener servicios de optima en óptimas   condiciones, digamos que de calidad, porque se suponía que con el traslado   íbamos a mejorar las condiciones de vida de las personas o las familias que si   se podían trasladar. Con el tema del gas no tenemos gas natural estamos   utilizando pipetas, la luz es un servicio regular, digamos que yo no culpo a la   empresa pero ellos como son los que lo están cancelando son quienes deben   presionar a la empresa prestadora para mejorar la calidad de la luz, es bastante   costoso de hecho el recibo o la factura que llega a mi casa es de 360.000 pesos,   fue la última que llego, eso está pasando con varias familias. El tema del agua,   hombre el tema del agua es preocupante, para proyectos productivos no hay agua   las personas que se pusieron a sembrar porque querían producir porque estábamos   viendo que el tiempo estaba pasando y no estaba pasando nada, muchos cultivos se   secaron porque agua no hay para proyectos productivos y el agua de consumo   humano tiene un nivel de salubridad que yo creo que está por encima de los   estándares permitidos. No es constante, cuando menos lo crees se va, es una agua   que, yo en mi casa lo he hecho muchísimas veces, no me sirve para cocinar, no   sirve para consumirla, de hecho yo creo que de las 40 familias que hay en   Chancleta, de las 37 que hasta ahora se han presentado la gran mayoría no   consume el agua, porque nosotros, la empresa afirma a ser basada en estudios de   donde, que es base para el consumo humano pero nosotros sentimos que no lo es   porque a la hora de cocinar se crea una nata blanca en la parte de arriba y eso   tiene un sabor muy desagradable cosa que no es para el paladar, además porque   tenemos niños y se han presentado casos donde hay niños que han intentado   consumirla y se han presentado diarreas, por parte de la empresa pues ellos   dicen que no, que es apta para el consumo humano, pero nosotros tenemos esta   gran preocupación. La empresa prestadora en este momento está pagada y   contratada por ellos, hace unos días, 15 días aproximadamente nos empezaron a   enviar agua del Río Ranchería sin ser tratada a la casa cuando el compromiso fue   agua potable y agua para el consumo humano, esa es la situación que nos preocupa   por qué, porque están enviando a las casas con la necesidad que existe en este   momento porque no hay ingresos económicos y es difícil de pronto comprar agua   potable, que nos envíen agua de Ranchería que es aún más difícil la situación me   parece una irresponsabilidad por parte de la empresa.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Qué ingresos económicos se generan para su auto sostenimiento?    

R.L.G.C: Bueno, en mi caso en la casa con   mi esposo digamos que en este momento lo que podamos hacer por allí porque el   trabajo, empleo formal no.    

Pregunta 14.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Algún ingreso por la empresa Cerrejón, con los proyectos de auto   sostenimiento o productivos del Cerrejón?    

R.L.G.C: No, en este momento como yo soy   estudiante me hago acreedora de uno auxilio educativo por valor de un salario   mínimo y todo esto es para utilizarlo como transporte los días que debo ir a la   universidad, los trabajos, el servicio de internet que debo acceder pero como   pago no, nada formal nada que me garantice a mi tener una mejor calidad de vida.    

Pregunta 15.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Su mama que hace?    

R.L.G.C: Mi mama en este momento, tiene   una tiendita que la trae desde allá pero también es muy difícil porque como la   situación esta tan difícil, no hay dinero, no hay empleo entonces las ventas son   también bastante complicadas, está a punto de cerrar incluso.    

Pregunta 16.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Tiene algo más que agregar a la presente diligencia usted o su   apoderado?    

R.L.G.C: La verdad que es que son tantas   cosas que de pronto ahora mismo se me están escapando, había algo que se me   pasaba con el tema de los servicios públicos y es que tenemos más,   aproximadamente 3 meses donde el camión  de la basura no pasa, entonces ese   tema también nos tiene preocupados porque se puede convertir en un tema de salud   pública. Y es porque ellos, de cierta manera, yo lo siento como una presión, de   que no pasa el aseo porque se está discutiendo quién va a pagar la recolección   de la basura que la empresa nos tiene a tope; pero el compromiso desde allá era   que ellos iban a, hasta los cuatro años que fuera el acompañamiento ellos iban a   asumir el costo de los servicios públicos. Se ha convertido la parte de atrás,   antes de iniciar las hectáreas, un botadero satélite porque allá es donde la   gran mayoría de las personas están depositando las basuras porque ya no   encontramos que hacer con ellas.      

3.1.3.   Segundo Interrogado de la parte accionante: Señor Lucas   Segundo Carrillo Bonilla identificado con número de cédula de   ciudadanía 84.006.399    

Pregunta 1.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvase primero aportar a esta diligencia sus datos generales de ley,   su nombre y su identificación.    

Lucas Segundo Carrillo Bonilla: Buenos   días mi nombre es Lucas Segundo Carillo Bonilla, Presidente de la Junta de   Acción Comunal de Patilla, identificado con la cedula número 84006399 de   Barrancas.    

Pregunta 2.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Cuál es su lugar de residencia y desde cuándo?    

L.S.C.B: Patilla Nuevo casa 1, dos años y   10 meses.    

Pregunta 3.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvase informar al despacho a que se dedica y en qué lugar desempeña   sus funciones.    

L.S.C.B: Hasta el momento no me dedico a   nada, desempleado como todos y claro porque las expectativas que traíamos desde   el viejo sitio de allá cuando estábamos, lo pactado desde que allá se realizó   acá no se ha cumplido entonces eso ha sido una imposición para que nosotros nos   realicemos como nosotros veníamos pensando hacerlo entonces la empresa nos hizo   una serie compromisos allá donde acá no los ha realizado y eso nos ha   obstaculizado para nosotros desarrollarnos como personas y como mejoramiento   hacia la calidad de vida, ose que ante todo unos proyectos productivos donde no   arrancaron y los que arrancaron fracasaron porque contrataron una empresa donde   vinieron a imponer unos proyectos de adaptaciones que donde el conocimiento que   tenían las personas era del área agrícola, del área ganadera y acá se cambió, se   les cambio esa vocación a ciertas personas donde vinieron, ósea les impusieron   unos proyectos ósea les cambiaron su vocación como personas que venían con una   idea de una ósea de instalarse como lo venían haciendo allá, agrícola y de   continuar con su labor ganadera y cuando llegamos acá entonces vinieron y le   cambiaron esa vocación donde les impusieron más bien unos proyectos productivos   que se fueron al fracaso porque al no tener el conocimiento la gente no supo   cómo sostener esos proyectos porque no sabían que hacer porque les cambiaron les   pusieron unos proyectos que no compartimos donde están por allá ni siquiera hay   bicicletas entonces eso fue muy difícil.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Lo proyectos los elegían ustedes o se los asignaban o como los   repartían?    

L.S.C.B: Nosotros, la mayoría de las   personas vinieron con sus proyectos elaborados ósea allá y al llegar acá se los   cambiaron de que porque de pronto ese no era el proyecto que quería generar esa   cantidad eso ingresos, total se les cambiaron la vocación.    

Pregunta 4.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿A qué se dedicaba usted antes de ser reubicado?    

L.S.C.B: Antes de ser reubicado allá yo   me dedicaba al transporte, al transporte escolar pero con la parte de la entidad   ósea de la alcaldía.    

Pregunta 5.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Usted pertenece a alguna comunidad étnica o afrodescendiente, en tal   caso, a cuál?    

L.S.C.B: Al Concejo Comunitario de   Chancleta.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿De dónde es su Concejo Comunitario?    

LS.C.B: De la comunidad afrodescendiente.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Desde hace cuánto?    

L.S.C.B: Ya desde hace, hace como 3 o 4   años.    

Pregunta 6.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Quién o quienes conforman su grupo familiar?    

L.S.C.B: Mi grupo familiar es yo, mi   señora, mi mama, mi papa y mis hermanos.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Cuantas personas? Sírvase precisar ¿cuántas personas?    

L.S.C.B: En el núcleo mío mío, en mi   hogar yo y mi señora.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Usted y su esposa viven en una sola casa y los otros familiares   independientes?     

L.S.C.B: Independiente, sí.    

Pregunta 7.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Se encuentra satisfecho con las condiciones de reubicación?    

L.S.C.B: No, no me encuentro porque las   expectativas que yo traía aquí se mostraron frustradas porque lo que yo pensaba   de realizarme aquí como mejorar y lo que ósea lo que yo venía realizando una   actividad donde de pronto si estaba generando unos ingresos que me generaban   para subsistir y al llegar acá todo se fue a pico por qué, porque aja sin   empleo, no tengo empleo quede sin empleo y hasta el momento estoy desempleado   así es que…, los recursos que yo tenía como para desarrollar me han sido negados   ósea que me ha tocado esconderme porque que más voy a hacer, si no tengo empleo   ni ninguna esperanza.    

Pregunta 8.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿En la zona de reubicación existe algún riesgo de contaminación   ecológica que afecte la salud como consecuencia de la explotación carbonífera?    

L.S.C.B: En esta zona, nosotros hemos   sido reubicados en una zona les cuento que por la explotación a cielo abierto,   la contaminación más que todo se viene hacia acá y si la estamos recibiendo   porque aquí en la mañana uno baja los tanques del agua y allí se ven las formas   donde está la contaminación ósea arriba en el agua el sucio como el polvillo.    

Pregunta 9.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿En qué consistió la indemnización que recibió para ser reubicado?    

Pregunta 10.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): En materia de servicios públicos domiciliarios en la zona de   reubicación ¿qué tiene que decir?    

L.S.C.B: Bueno, ellos nos dijeron de que   nos iban a entregar unas viviendas en óptima calidad y con todos los servicios   públicos ósea total de todo, hasta el momento no tenemos nada, el agua que es lo   primordial es un agua que no es potable, que mejor dicho no es apta para el   consumo humano porque es muy salada y más bien está generando es una situación   económica porque es que tenemos que estar comprando el agua a diario para   consumirla algo que de pronto nosotros no deberíamos con esta situación, ósea   aparte de que estamos ubicados tenemos que sacar de nuestros recibos para   comprar esta agua porque no podemos tomar de esa agua ni para utilizarla ni   siquiera para cocinar porque es una agua que los tanques solamente los tanques   eso vaya a ver eso esos tanques y eso tiene un sedimento que parece que fuera   cemento. Qué tal que uno consuma esa agua.    

Pregunta 11.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿En la hectárea que le fue entregada en que la Corte pueda determinar   el título al que le fue entregado usted ha desarrollado algún proyecto   productivo?    

L. S.C.B: Bueno, allí hay un piloto de   desarrollo, un piloto donde ósea tuvimos pérdidas porque no se generó mucho,   ósea mucha insuficiencia de agua no hay agua no había agua entonces sin agua   como se desarrolla un proyecto productivo agrícola.    

Pregunta 12.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Preferiría vivir en la zona anterior o en la zona de reubicación?   Donde hay mejores condiciones de vida para usted, en la zona de la que fueron   reubicados o en la zona de reubicación?    

L.S.C.B: Bueno, en este momento yo   preferiría también haberme quedado allá o trasladarme hacia allá porque   prácticamente acá nosotros no podemos vivir de casas bonitas y allá siquiera   nosotros nos desarrollábamos con el rio con la pesca, cazábamos, cultivábamos   cosa que acá no estamos haciendo entonces yo en este momento preferiría mejor   estar ubicado allá hacia el sitio anterior.    

Pregunta 13.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Usted dice que se dedicaba a transporte por que el proyecto   productivo no podía desarrollar eso?    

L.S.C.B: Esto es un proyecto de que de   pronto es muy numeroso lo signifique quién compro una vivienda desde 10.000   hasta 15.000 pesos diarios que le suministre a uno total eso no es sostenible   para uno sostener a una familia.    

Pregunta 14.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Tiene algo más que aportar al presente interrogatorio, a la presente   diligencia usted o su apoderado?    

L.S.C.B: Ha sido tan claro la actuación   que no.    

3.1.4.   Segundo Interrogado de la parte accionante: Señor Juan   Bautista Arregocés Arregocés.    

Pregunta 1.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): En primer término sírvase a aportar a esta diligencia los datos   generales de ley, nombre e identificación.    

Juan Bautista Arregocés Arregocés: Mi   nombre es Juan Bautista Arregocés Arregocés, vivo en la localidad de Patilla,   Patilla casa 16.    

Pregunta 2.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Cuál es su lugar de residencia y desde cuando reside allí?    

J.B.A.A: El lugar de residencia mío es en   la casa 16, lugar Patilla, desde hace 2 años y 19 meses.    

Corte constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Dos años y?    

J.B.A.A: 19 meses, hace 3 años.    

Pregunta 3.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvase informar al Despacho a que se dedica y en qué lugar   desempeña sus funciones.    

J.B.A.A: Yo aquí, desde Patilla yo me   dedicaba a enseñar niños el futbol, jugaba bien a un entrenador Armando Iguaran   si hablo conmigo que si yo no ganaba nada porque la empresa no estaba ayudando   allí, yo le dije que no entonces habló con la empresa me palanqueó para que me   dieran algo para mi sustento, me pagaron 300.000 pesos dure 5 años trabajando   con ese sueldo, cuando ya nos veníamos para acá que nos sentamos en la mesa   porque yo no quería firmar el traslado me dijeron que me iban a dar 4 años de   trabajo pagándome el mínimo ósea para que yo firmara el traslado porque estaba,   porque desde allá venía disconforme entonces al final me dijeron vamos a   afiliarlo dos años primero y dos años después, primeros dos años y después de   esos dos años me sacaron y me dijeron que no había más trabajo, oye pero que fue   lo que nosotros hablamos que los 4 años que tenían ustedes de responsabilidad   social me lo iban a dar en trabajo y ahora me sacan, así que el deber de darnos   empleo aquí donde nos habían dicho nos iban a dar magnifico empleo, ósea hasta   en lo poquito que nos dieron nos lo tenemos que comer. Yo tengo problemas de   pulmón ósea el mismo problema de pulmón desde allá me dio un paro, entonces   tengo corazón grande ya no puedo trabajar como trabajaba antes con machete como   campesino pues ósea con mi problema que tengo cuando me quitaron el trabajo,   ósea entonces lo poquito me dieron me lo he comido en la casa que no tengo más   que hacer.    

Con los 20 millones productivos que me dieron compre una casita allí   que esta arrendada en 250.000 pesos que eso no me lo gasto, para yo duplicarlo   en la casa yo y mi señora que somos nomás.    

Pregunta 4.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Usted pertenece a alguna comunidad étnica o afrodescendiente?    

J.B.A.A: Pertenezco a afrodescendiente de   la, del Concejo de Chancleta y Patilla.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿A la comunidad afrodescendiente?    

J.B.A.A: Si señor.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Desde hace cuánto?    

J.B.A.A: Hace 4 años.    

Pregunta 5.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Que personas conforman su familia, su hogar, su grupo familiar?    

J.B.A.A: Mi señora y yo.    

Pregunta 6.    

J.B.A.A: Tengo, voy a cumplir 61 años.    

Pregunta 7.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Señor Arregocés, ¿usted se encuentra satisfecho con las condiciones   en que ha sido reubicado por la compañía Cerrejón?    

J.B.A.A: Ni desde antes de venirme siento   satisfecho ahora si menos con lo que se nos está atropellando, vea necesidad y   desempleo. Otra cosa, aquí la juventud será por el desempleo pero se está   generando robo y drogadicción, que eso no lo teníamos allá y aquí lo estamos   teniendo.    

Pregunta 8.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Señor Arregocés en la zona en la que reside actualmente, Patilla   Nueva, existe algún riesgo de contaminación como consecuencia de la explotación   del carbón?    

J.B.A.A: Mucha, porque nos dijeron allá   que el traslado era para hacer un cambio de contaminación y de muchas   necesidades que tenían allá y eso no ha sido así, aquí también hay   contaminación.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Cuál? ¿Qué contaminación?    

J.B.A.A: La contaminación que hay aquí es   de polvillo del carbón de las explotaciones.    

Pregunta 9.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Señor Arregocés, ¿en qué consistió la indemnización que recibió por   parte de la empresa Cerrejón para el reasentamiento?    

J.B.A.A: Mire lo que nos dio la empresa   fue muy poquito, nos dieron, de proyecto productivo nos dieron 20 millones y eso   no nos está produciendo nada principalmente como les dije yo compre una casa y   lo que me produce esa casa son 250.000 pesos, casi que esos 20 millones que me   dieron ya se me acabo, me lo comí en centavos, ni trabajo ni máximo nada de eso.    

Pregunta 10.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Cuál es el origen de su afectación pulmonar?    

J.B.A.A: El origen, principalmente yo   fumaba, ya deje de fumar y de allí la contaminación como que también me afectó   porque yo tuve que hacerme un diagnosis y lo que me dijeron los médicos en Santa   Marta y me dijeron que no siguiera viviendo en la comunidad donde estaba   viviendo, me preguntaron donde trabajaba yo y yo no, no estoy trabajando yo vivo   en una comunidad islada por minería de carbón, entonces me dijo no sigas   viviendo allá si quieres seguir viviendo. Ya, entonces me quede cerca uno meses,   como 6 meses cuando ya vino el traslado para acá.    

Pregunta 11.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Con la hectárea que le fue entregada por la empresa Cerrejón ha   desarrollado algún proceso productivo, algún proyecto de proyección?    

J.B.A.A: Ninguno, ningún proyecto, uno no   puedo trabajarla, otro esas son tierras que no son adecuadas para trabajar uno   que no tiene agua y otro son tierras seca, ya vieja.    

Pregunta 12.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Por parte de la empresa Cerrejón le prestan algún servicio de   salud o a donde fue usted para atender su enfermedad?    

J.B.A.A: A mi Cerrejón no me ha puesto   ningún servicio de salud, ósea eso es lo que más me ha llevado que más me he   gastado el poquito dinero que me han dado porque tengo que ir a donde un médico   privado, ósea las consultas son 200 y la medicina la tengo que comprar la que me   pusieron de por vida quincenal.    

Apoderado: Dentro de las garantías que   debió dar el Cerrejón, yo le solicitaría a la Corte que se tratara de establecer   al igual que los predios si el Cerrejón le hace seguimiento desde el punto de   vista médico a la aflicción, el sufrimiento, el desarrollo de enfermedades   respiratorias, enfermedades de la piel, y todas las enfermedades que pueda   sufrir a partir de la contaminación que produce la misma empresa por la   contaminación minera.    

Pregunta 13.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Se tenía el conocimiento que las políticas del Cerrejón en el   reasentamiento cubría digamos los servicios de salud para la comunidad o en   verdad no fue hablado o planteado dentro del programa?    

J.B.A.A: Mire, nosotros allá lo que vimos   es que antes de salir de allá iniciamos principalmente con unos civiles, no unos   médicos pues porque eran del municipio de 15 a 15 días y normal.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Que venían de dónde?    

Pregunta 14.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar: En cuanto a los servicios públicos que está recibiendo en el lugar   donde fue reubicado, en la casa, el hogar donde fue reubicado ¿qué tiene que   decir en particular sobre el agua?    

J.B.A.A: El agua es lo más malo que hay,   es lo que está perjudicando a toda la comunidad está dañando la salud tanto a   niños como adultos porque el agua es salada ósea y viene fuerte el agua. La luz   no es muy buena, vea la luz no es muy buena y viene carísima, pero pobre cuando   ellos dejen sus compromisos de pagarnos la luz, ¿cómo vamos a pagar la luz? Yo   creo que este pueblo va a quedar sólo porque sin trabajo y sin tener como pagar   la luz, nos quitaran las casitas, que es lo único mejorcito que tenemos aquí   porque lo demás no.    

Apoderado: Referido al despacho de   solicitud para que también se aclare cuáles son los compromisos que son   definitivos, temporales de qué título de parte de la compañía en cuanto al pago   de los servicios públicos que se prestan dentro de la comunidad.    

Pregunta 15.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Cómo está catalogada esa zona? Es decir estrato uno, dos, ¿cómo   está catalogada la zona?    

J.B.A.A: Mire, eso está como estrato 3.   Nosotros estábamos allá en estrato 1 y hay unos que siguen en estrato 1.    

Pregunta 16.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Señor Arregocés, usted mencionaba que fue a hacerse un diagnostico   a la ciudad de Santa Marta donde le dijeron que sus problemas de salud era   derivado de la cercanía a la mina, ¿podría aportar al despacho los documentos   uno y dos puede aportar documentos del compromiso adquirido con anterioridad por   la empresa para el reasentamiento que es un compromiso que no ha dado en el tema   de trabajo?    

J.B.A.A: Ellos en verdad nos prometieron   estar 4 años o 5 años de servicios públicos, entonces aquí desde que nosotros   entramos a estas casas, principalmente estas casas son calientes de una vez   entonces nos estaban pidiendo que porque teníamos que tener aire allí, yo   principalmente que tengo mi problema tengo que tener un aire en el cuarto y   ellos estaban prohibiendo todos los aires porque era mucho gasto de luz ¿ya? Los   primeros recibos de pago nos venían más caros y a medida que nos quedamos bajo   un poquito. Y ellos allá nos prometieron agua potable, nos prometieron muchas   cosas, yo que trabajaba en la cancha nos prometieron grama, gradas y ya hoy   dicen que no. No ha habido patrocinio, se da un informe anual a los niños en un   campeonato que ellos hacen allá no más.    

Pregunta 17.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Tiene algo más que agregar a la presente diligencia?    

J.B.A.A: Bueno, yo no tengo más que   agregar muchas gracias a ustedes.    

2.1.5. Interrogatorio de la parte accionada:    

2.1.6. Primer Interrogado de la parte accionada: Señor Pedro Aurelio Arregocés Pinto    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Le solicitamos al señor Arregocés Pinto se sirva presentarse con su   cedula de ciudadanía.    

Pedro Aurelio Arregocés Pinto: Yo quería   hacer una intervención antes del interrogatorio, soy miembro de la comunidad de   Chancleta, mi interrogatorio es por parte de la parte accionada, hay malestar de   la comunidad por mi intervención entonces no quisiera hacerlo para evitar malos   entendidos con la comunidad.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Ósea renuncia al derecho que se le asiste para ser interrogado?    

Pedro Aurelio Arregocés Pinto: Sí.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Así las cosas no se efectuará el interrogatorio como quiera que el   interrogado no asiste como lo había solicitado la empresa Cerrejón y se deja   constancia verbal y escrita que el interrogado desiste de la oportunidad de ser   interrogado por la comisión designada por la Honorable Corte Constitucional.    

3.1.7. Segundo Interrogado de la parte accionada: Señor Juan Carlos   García Otero en calidad de representante legal de la empresa el Cerrejón Limited   identificado con número de cédula de ciudadanía  91.267.372, el cual rindió   interrogatorio en compañía del señor Carlos Andrés Gómez Sánchez apoderado   judicial de la empresa Carbones del Cerrejón Limited[29].    

Pregunta 1.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Sírvanse aportar a esta diligencia los datos generales de ley.    

Apoderado: Carlos Andrés Gómez Sánchez,   identificado con cedula de ciudadanía 1032392498 de la ciudad de Bogotá portador   de la tarjeta profesional 197320 del Consejo Superior de la Judicatura recibo   notificaciones en la Cra. 7 # 32-33 de la ciudad de Bogotá, piso 22.    

Gerente: Juan Carlos García Otero,   abogado actúo como apoderado general de Carbones del Cerrejón, soy director del   proyecto por reasentamientos y tierras de Carbones del Cerrejón, me identificó   con la cédula de ciudadanía 91267372 de Bucaramanga.    

Pregunta 2.    

Juan Carlos García Otero: Como lo   mencionamos ayer a esa misma pregunta la distancia lineal de este sitio a la   operación minera es de 5 kilómetros y se encuentra por fuera de esta ubicación.   Rectifico verificada la información es de 7.4 kilómetros línea recta y por fuera   de la zona de dispersión de aire de la operación minera.    

Pregunta 3.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Que actividades de seguimiento ha realizado la empresa Cerrejón a   las personas que fueron objeto de reubicación del municipio, del corregimiento   perdón de Patilla y Chancleta a la zona en la que nos encontramos en la zona de   reubicación?    

Juan Carlos García Otero: La compañía   realiza y hace un permanente acompañamiento de esto que es el equipo que yo   lidero, como su nombre lo indica también es de post-reasentamientos y eso nos   vincula directamente con la actividad y la vida de estas comunidades con   posterioridad a ese traslado. Y en ese cultivo realizamos similares monitoreos   primero a los que hacemos en salud como se hacían y como pudimos explicarlos   ayer. Le comentaba que hacemos monitoreos en salud como se hacen igualmente en   el sitio de origen bajo el mismo convenio, bajo el mismo marco, con el mismo   acompañamiento; tenemos también programas de educación, de deportes, tenemos   seguimiento al tema puntual de proyectos productivos con un acompañamiento   especial y desarrollamos y hacemos monitoreos de los diferentes temas tales como   salud, saneamiento básico, servicios públicos, educaciones de los menores y   empleo.    

Pregunta 4.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Qué actividades o programas de seguimiento al crecimiento de   enfermedades respiratorias, de la piel, gástricas u otra índole ha realizado la   empresa Cerrejón a las personas que fueron reubicadas a esta zona donde nos   encontramos?    

Juan Carlos García Otero: Doctor, si le   parece para que con el grado de detalle que lo pudimos conocer ayer para las   personas ubicadas allá permítanos entonces que la Dra. Esperanza se refiera.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Previa identificación requerimos dejar intervenir en este instante   precisando que se habilita para efectos de un mejor conocimiento y poder llegar   a la verdad probatoria, habilitar a otras personas para que intervengan en esta.    

Esperanza Torres: Mi nombre es Esperanza   Torres especialista en salud ocupacional, mi cedula es 42.491.761.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Su cargo es en la empresa Cerrejón?    

E.T: Coordino los programas de salud para   el área vecina de la comunidad.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Usted es médico?    

E.T: Si.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Bien, la misma pregunta la repito, ¿qué actividades de seguimiento   ha realizado la empresa Cerrejón frente al surgimiento de enfermedades   respiratorias, de la piel, gástricas, de otra índole de la población reubicada   ósea asentada en la zona en que nos encontramos?    

E.T: En virtud de los análisis y del, es   un ideológico que se reporta mensualmente en el hospital a través de su médico   general, nosotros hacemos valoraciones y revisiones a los pacientes que se   requieren. Hubo un, si necesitamos un especialista como ellos están afiliados a   su EPS y sabemos las dificultades para que ellos tengan acceso a esos médicos   especialistas porque tenemos que partir que estamos, que el Hospital de Barranca   es un hospital nivel 1 y que no tenemos esos servicios de ingreso y de atención   como son las especialidades entonces nosotros facilitamos y hemos traído médicos   especialistas para que valoren a esos pacientes en dermatología que se han   manifestado que se han quejado de que han tenido molestias en la piel y todos   estos informes del médico dermatólogo, también hemos traído pediatras están   descritos en los informes que presentamos.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Tiene usted conocimiento de causa del señor Juan Bautista   Arregocés Arregaces?    

E.T: ¿Ósea con el nombre tendría que?    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Fue el último, la última persona interrogada por parte accionante,   el manifestó acá en esta acción de que tiene problemas pulmonares, también   manifestó el señor que actualmente no cuenta con servicios de salud que tiene   que acudir a médicos privados.    

E.T: No, a todos los pacientes que   tenemos y aquí no hay testimonios ósea en, no sé pero tenemos bastante gente no   puedo decirte exactamente el número, la historia, quien sabe el caso. Tenemos   3200.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿De personas reasentadas?    

E.T: De personas reasentadas tenemos 200,   puedo revisar para decirles bien, no sé cuántos casos específicos.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Aproximadamente?    

E.T: No, creo que aquí, ese caso no lo   conozco, no te lo puedo referenciar pero creo que el porcentaje que tenemos no   alcanza al 1%.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿El Cerrejón brinda ayuda en cuanto a servicios de salud a toda la   población del nuevo aquí de Chancleta?    

E.T: A toda la población y a toda el   servicio. Es que yo quiero de pronto recordar que la responsabilidad de la   salud, ellos están afiliados al sistema de la seguridad social de Colombia,   nosotros ¿qué hacemos? Fortalecemos a la única institución del Estado que apoya,   ósea que presta los servicios de salud porque nosotros con el Cerrejón no   podemos hacer salud directamente porque no es nuestra razón social. ¿Qué   hacemos? Fortalecemos a la institución al facilitar que un grupo de médicos y   especialistas en la salud venga hasta la comunidad a prestar los servicios que   tiene el hospital del área urbana. Entonces lo que hacemos es facilitar mejorar   la calidad de la prestación del servicio, pero sigue siendo responsabilidad de   la empresa a la cual están afiliados, ¿qué hacemos? Facilitamos eso.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿En que basa su afirmación al decir que todas las personas   habitantes de Chancleta y Patilla tienen afiliación al servicio de salud por   parte del estado?    

E.T: Me baso en los reportes que me   entrega el Hospital en donde me dice que el 98% de las personas tienen un carnet   de afiliación.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Qué hospital?    

E.T: El Hospital de Barranca, nuestra   socia privada.    

Pregunta 5.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Si la llegamos a necesitar nuevamente la llamamos. ¿Qué medidas ha   adoptado la empresa Cerrejón frente a las constantes quejas de las personas   reubicadas y que se encuentran insatisfechas en cuanto a las condiciones de   reubicación?    

J.C.G.O: Dr., yo allí si le pediría en   qué aspectos puntuales están insatisfechas para comentarle cual ha sido la   respuesta.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar)l: En cuanto a proyectos productivos. Pero, no sólo en cuanto a   proyectos productivos fíjense que estamos en una acción constitucional pues que   han presentado una cantidad importante de personas la Corte parte de esa   premisa, y es que si presentaron una acción judicial es porque más allá de la   posible violación de los derechos fundamentales que la Corte no está   determinando, para eso es el acervo probatorio, pues debe haber una   inconformidad la cual hemos evidenciado a partir de recepción de interrogatorios   ¿no? Como la empresa hace un seguimiento, suponemos que también tienen noticia   de alguna inconformidad en cuanto a las condiciones que debe ser, ayer el mismo   gerente decía pues que no todo el mundo queda contento porque digamos que es   antipático per se trasladar personas entonces quisiéramos saber qué medidas han   adoptado frente a quejas de la comunidad ya reubicada en términos ya generales o   específicos.    

J.C.G.O: A listo, le agradezco, permítame   primero puntualizar el punto en el tema de proyectos productivos y la compañía   tiene un primer punto que vale la pena mencionar, tiene un sistema de quejas que   ha cogido los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas donde ha   señalado de qué manera deben las empresas privadas ahondar y manejar la   información asociada a quejas. Entonces en ese orden de ideas, indudablemente   tenemos un volumen importante de gente que se queja por distintos motivos que   ingresan a  un sistema en el cual se hace seguimiento y se le da una   respuesta a cada una de esas quejas. Pudiéramos mirar incluso con datos   estadísticos de qué tema se quejan más, de que aspectos tienen más relevancia   pero en temas genéricos ya refiriéndonos a lo que se plantea en materia de   proyectos productivos, creo que es necesario entender un poquito que es un   proyecto productivo en qué sentido se ofrece y cuáles son las expectativas que   tenemos todos alrededor de ello. Cuando, en términos de, mencionaba yo ayer, en   términos de derecho nosotros nos enfrentamos a la obligación irrefutable de   tener que adquirir los derechos de una persona que está en un sitio como Patilla   y Chancleta. También, mencionamos que teníamos el compromiso de acoger políticas   de buenas prácticas en ese tipo de actividades que nos dicen oiga ustedes deben   hacer el mejor esfuerzo en alrededor de lograr que las personas hagan un   traslado que les permita continuar su vida, y digamos que cuando nos referimos a   esa continuidad de la vida estamos haciendo una clara referencia que la   responsabilidad primaria como sucede en absolutamente todos los seres humanos   para su progreso se ha dado primero como un compromiso personal con esa   situación de progreso y lo segundo está dado por las oportunidades, es decir que   tenemos que hacer una zona de capacidad más oportunidad. En qué se puede   comprometer la compañía en la oportunidad y en ese sentido al igual que lo hemos   hecho con las actividades de reasentamiento, de diseño de vivienda, de   determinación de los listados de personas reubicables, de los diseños de las   casas, de ubicación del predio, etc. Pues el proyecto productivo no es ajeno a   esa realidad y en ese sentido los proyectos productivos primero, plantean hacia   la persona la pregunta de qué quiere hacer, a qué quiere dedicar su esfuerzo,   por supuesto mal haríamos y si no lo hemos hecho en los otros aspectos en   direccionar cada quien en donde quiere direccionar su actividad, y en eso   pensamos que es tan importante el proyecto productivo mismo cuando se define   desde la esquina de lo económico como del proyecto productivo cuando se define   desde su propia educación, allí podemos mirar por ejemplo que hacemos en   términos de educación. Nosotros tenemos un ofrecimiento que vincula y ofrece a   la gente la posibilidad de que la compañía cubra los gastos de la universidad   que escojan en el país para un programa reconocido en el país.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Antes del acceso educativo, no ha contestado la pregunta concreta,   digamos aterricemos un poco, proyecto productivo yo soy un campesino y escojo   venirme para acá y quiero seguir siendo campesino tengo una hectárea de tierra.    

J.C.G.O: No es así, pero ya le aclaro.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿En general que oportunidades le da usted a una persona campesina   que siempre ha sido campesina agricultor y quiere continuar si no tenemos agua?    

J.C.G.O: Ok, voy a redondear con lo que   estaba diciendo porque necesariamente voy a concluir con lo que usted me   pregunta y ni más faltaba quiero llegar allá, pero es que creo.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Un poco más concreto.    

J.C.G.O: Si, lo que pasa es que ser   concreto en un tema que tiene tantas aristas y que tiene tanta historia pues   creo que definitivamente ustedes deben querer conocerla para poder tomar una   decisión que se abstraiga de las opiniones y de los creeres para llegar a los   hechos, y para llegar a los hechos debo contarles necesariamente como ha   sucedido so pena de que me voy a extender pero no tengo nada más que hacer.   Entonces qué sucede cuando nosotros mencionamos el tema de proyectos y de   proyectos de vida, pues la gente también tiene la opción de acceder a unas   alternativas que básicamente les permiten hacer un desarrollo académico y   transformar la forma. Entonces esa alternativa se da, ahora también cuando   nosotros hablamos y llega el caso entonces que les conté, una persona que ha   sido agricultora, entonces que tenemos, tenemos primero el capital semilla, ese   capital semilla se entrega para que desarrolle y quiero hacer en esto una   claridad, no es dinero que forma de la indemnización no es dinero que forma   parte de ninguna clase de reconocimiento legal, es un dinero adicional a ello   que le permite a él con un asesor que contrata la compañía para que le brinde el   acompañamiento técnico correspondiente la posibilidad de desarrollar esa   actividad si es lo que él desea y vuelvo y reitero su primer contrapartida es   que él lo desee.    

Pregunta 6.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Permítame interrumpir, ¿usted puede sintetizar en qué consiste el   componente de indemnización, cuando una familia, unas personas  que se van   a trasladar usted puede sintetizar en muy pocas palabras que hace parte de la   indemnización, cual es el componente de la indemnización?    

J.C.G.O: Perfecto terminó de redondear la   respuesta y paso a lo que usted acabo de mencionar. Entonces que sucede la   personas tiene este capital semilla, se evalúa en términos de su proyecto que   requerimientos de tierra adicional tiene y se le entrega la tierra adicional.   Nosotros hemos adquirido esta zona que tiene, me aclaras Fanny ¿cuantas   hectáreas tenemos? 150 Hectáreas, 350 hectáreas perdón para el desarrollo de   esos proyectos quiero precisar las zonas de Patilla y Chancleta tiene cada una   con su propiedad horizontal que son allí la hectárea la que usted mencionó,   tiene cada una hectárea más hectárea menos 50 hectáreas es decir 100 hectáreas   es decir tenemos 250 hectáreas para entregarle a las personas de manera   adicional a sus proyectos productivos. Qué pasa con el agua, claro aquí nosotros   tenemos una situación y es cuál es la expectativa que la gente se viniera y yo   entiendo que a veces frente a una compañía como estas es muy fácil caer en el   equívoco de pensar que nosotros podemos resolverlo todo, hay condiciones   climáticas que no son tan familiares como los son a cualquier persona que habita   en la Guajira, que aquí no haya agua no es una cosa distinta a la realidad de   este departamento, que tengamos dificultades con ello no es nada que dependa de   nosotros y es más que ni siquiera con la voluntad nuestra podamos genuinamente   modificar para volver esto una zona como quisiéramos ver habitualmente y puede   uno conocer en el valle de Ubaté en Cundinamarca, por supuesto estamos en una   zona semidesértica en una de las zonas más secas del país en donde la   lluviosidad en el pasado reciente ha sido muy marcada y donde también tratamos   una temporada de una lluvias torrenciales dramáticas muy por encima de la media,   eso no responde genuinamente a una circunstancia que nosotros podamos alterar o   modificar, de hecho en ese sentido uno debe reconocer que tenemos muy cerca una   represa que tiene un caudal importante de agua y no ha sido posible todavía para   ver ese caudal de agua para llevarlo a todos los municipios, y pues si esa   realidad rebasa la capacidad del estado pues obviamente nosotros tampoco tenemos   ni el musculo ni la fuerza ni la decisión ni la resolución de problemas que nos   permitan a nosotros solos transformar esta realidad, pero déjeme termino,   entonces en procura de eso qué hemos hecho, primero entender ellos y nosotros   una realidad que nosotros de alguna manera no habíamos visualizado y entiéndanos   que estos procesos no son perfectos mal haríamos en negar que aquí hay cosas   para mejorar, aquí hay cosas que genuinamente pueden ser distintas pero lo   importante es que aquí estamos para lograr esa reformación y dentro de esas   cosas que hemos aprendido es la siguiente, en la Guajira hay dos ciclos de   siembra y esos ciclos de siembra suceden históricamente, no ha sido hoy ha sido   siempre, que en los dos momentos de lluvia una próxima que llegara el mes   entrante y una segunda hacia octubre son las épocas en que debemos hacer tiempo   y con esa realidad estamos realizando la transformación y el entendimiento en   las personas para que se preparen para ello. Qué sucede si alguien quiere   sembrar en enero, si alguien quiere sembrar en febrero, la realidad histórica y   la realidad práctica demuestra que eso no es posible y si eso genera   insatisfacción pues claro que puede generarla y claro que habrán cosas en que la   gente dirá es que hoy no puedo sembrar, y es que esa no ha sido una realidad   distinta en este departamento en toda su historia.    

Entonces, qué monitoreo le hacemos a eso hombre sabemos que estamos   aprendiendo de los errores, sabemos que hay cosas para mejorar sabemos que   tenemos que escuchar y sabemos que tenemos que decir cosas que no gustan,   nosotros mal haríamos y creo que sería cualquier persona inocente en pensar que   se ofreció la tierra prometida, nosotros ofrecimos un espacio de desarrollo, un   espacio de desarrollo que permítanme decirles de acuerdo a unos integradores   sobre los cuales hacemos medición que se llama metodología IPM, índice de   pobreza multidimensional desarrollada por, nos permite decir que el traslado de   las familias de ese lugar donde encontraban a acá ha generado una disminución en   el nivel de privaciones bajando de 20 en Patilla y 7 en Chancleta a 2 en Patilla   y 3 en Chancleta. Como esos números no dicen nada, voy a compararlos con otra   regiones, en Choco el nivel es de 10, en la Guajira exceptuadas estas dos zona   el nivel es de 10, en Bogotá, en la zona sur el nivel es de 10, entonces claro   cuando uno quiere entender los proyectos de reasentamiento dentro del cual el   componente de proyectos productivos es muy importante, es muy valioso, tiene un   alto impacto, lo están mirando solamente desde una arista porque cuando uno mira   todos los elementos que lo componen salud, educación, empleo, etc. Todos esos   elementos coinciden de que hay una mejora y que por supuesto hay cosas en las   que definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo adicional post, no me queda   duda, en la comunidad generalmente con un mayor compromiso en sus proyectos   nosotros en hacer esfuerzos adicionales y en traer nuevos recursos para lograr   los propósitos, en el estado en general más y mejores espacios de desarrollo en   eso no nos queda duda, pero digamos no puede plantearse el reasentamiento como   un momento de salida y un momento de llegada en el cual todo de la salida era   malo y todo lo de la llegada es bueno, no esto es un proceso y vamos en este   proceso y este proceso creemos genuinamente que ha sido exitoso en la medida que   estos indicadores aquí nos lo señalan y de laguna manera el nivel de vida que   creo que es apenas evidente apenas uno hace la primera sesión de esta reunión,   de donde la hicimos ayer a donde la hicimos hoy, pues creo que esas zonas, la   transformación esas zonas es válida entonces eso quiero que quede claro el   esfuerzo que también ha hecho la compañía en lograr, que hemos llegado? No, no   hemos llegado, ¿que nos falta? Claro que nos falta, ¿que tenemos mucho más que   hacer? Claro que tenemos mucho más que hacer pero no quisiera que se perdiera de   vista que el esfuerzo que hacemos es válido es legítimo es, y aunque me quede   mal a mi decirlo, es genuinamente un modelo comparado de un programa que se hace   en materia de reasentamientos en el país donde antes de arrancar los unos los   miramos y dijimos mire nosotros queremos hacer el mejor esquema y creo que no   habrá esquema que ofrezca tantas condiciones y tantas características.    

Usted pregunta doctor y en efecto, nosotros ayer mencionamos que   habían dos capítulos del contrato que se firma con cada familia el primero de   los cuales tenía un componente puramente jurídico porque básicamente hacía   referencia a la adquisición de los derechos de posesión y mejoras y a   reconocimiento de una indemnización, esas indemnizaciones a que refieren,   refieren básicamente a que tienen las siguientes denominaciones perjuicio por   residencia, perjuicio por reasentamiento, otros daños morales y bueno no   exactamente un perjuicio como esta misma categoría jurídica pero es el lucro   cesante. Que es un perjuicio por residencia que es un valor igual al valor de   las mejoras entonces es una tasación que equivale cuánto valen todas las mejoras   y se pagan nuevamente esas mejoras, ósea se les reconocen el valor del bien pero   adicionalmente se le reconoce nuevamente en un perjuicio que hemos llamado   perjuicio pro residencia.    

Perjuicio por reasentamiento son 18 S.M.L.M.V eso que reconoce   básicamente los perjuicios que se derivan de trasladarse de ese sitio a este, es   posible que la gente y válidamente diga mire yo estoy más feliz allá, para mi es   mejor estar en una casa en esas condiciones, para mi es mejor estar en un sitio   como ese, no tener agua, no tener luz para mi es mejor eso es válido y lo   reconocemos y por eso hacemos este pago. Otros daños morales son 15 S.M.L.M.V   digamos que, si existiese cualquier clase de perjuicio adicional a los que ya   mencionamos y que por alguna razón las personas no entendieran que hayan sido   suficientemente satisfechos entonces hemos incluido un ítem adicional. Y lucro   cesante que como le explicaba ayer son 12 S.M.L.M.V y corresponde a una tasación   anticipada de los perjuicios económicos que pueden derivarse de trasladarse allá   a trasladarse acá, ese rubro admite toda clase de prueba en contrario, es decir   si la familia dice mire de eso 12 salarios que usted me está ofreciendo, usted   no me está cubriendo los perjuicios económicos porque yo tengo estos gastos   adicionales los reconocemos en adición, los que se demuestren lo que pasa es que   estos 12 no necesitan prueba con el sólo hecho de la negociación los reconocemos   a eso me refiero.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Le iba a preguntar algo por favor sea conciso.    

J.C.G.O: En la medida de lo posible.    

Pregunta 7.    

J.C.G.O: Doctor, si, es con servicios   públicos y permítame comentare lo siguiente alrededor de eso porque usted me   hace caer en la cuenta de un detalle muy valioso, en esta zona donde nosotros   nos encontramos tenemos la siguiente situación histórica, cuando la comunidad se   quiso trasladar a este sitio dentro de las muchas opciones y variables que   nosotros consideramos, estaba la de trasladarse a la cabecera municipal, ellos   dijeron no, nosotros queremos mantener nuestro sentido rural, y dijimos bueno   trasládense a una finca, busquemos una finca más alejada, dijeron no para   nosotros es importante también quedar cerca de la vía nacional digamos porque   los medio de transporte juegan un papel fundamental en facilitar nuestra vida,   se encuentran estos predios y se adquieren pero de estos predios tienen una   característica cuando se adquieren son rurales y la ley dice que en predios   rurales no es posible hacer desarrollos urbanísticos entonces eso es que fue lo   primero que nos toca hacer en ese tema, hacer una, pedir una reforma, una   actualización del esquema territorial de Barranca para que esto fuera modificado   a una zona de vivienda campestre rural de la que habla el decreto 3600 del 2007   claro; y eso que quiso decir, que cuando se constituyó la zona, como lo dice la   ley nosotros teníamos que ofrecer dentro del proyecto rango servicios públicos y   esos servicios públicos nos obliga la ley a que sean prestados de dos maneras,   bien por el municipio o bien por una entidad autónoma creada para esos efectos   que puede ser una asociación usual. Qué paso en ese momento, el municipio nos   dijo no tengo como prestar el servicio de agua porque en Barrancas el servicio   de aguas es precario no es que aquí no haya agua, es que en la Guajira no hay   agua, no es una realidad que uno circunscriba aquí. Entonces que sucedió, se   construyó una asociación de usuarios dentro de la misma comunidad, se   construyeron todas las facilidades para potabilización de agua, se obtuvieron   los permisos de captación del recurso con la autoridad ambiental local y se   construyó una acueducto y un alcantarillado autónomo para estas poblaciones,   entonces puedo decir que aquí categóricamente en efecto tienen servicios   públicos.    

Ahora si vamos a hablar del funcionamiento debemos hacer dos   precisiones, cualquier servicio tiene por esencia para su funcionamiento la   necesidad del pago para que este pueda subsistir digamos que nadie puede   válidamente esperar el funcionamiento de un servicio público que no se paga sin   embargo nuestra realidad nuestro relacionamiento con la comunidad, ese   relacionamiento nos ha mostrado que hay dificultades en la prestación, hay   serias dificultades porque por un lado la captación del pozo del agua no fue de   toda la receptividad de la comunidad entonces toco buscar una captación de parte   del Rio Ranchería para procesar, como ustedes se podrán imaginar nosotros y pues   todos, pero particularmente nosotros estamos muy comprometidos con cumplir la   ley y eso implica nuevamente hacer un permiso ambiental porque no se trata   simplemente de hacer las obras civiles y empezar a captar sino hacerlo en el   marco de la ley y la ley dice pida un permiso para hacerlo primero, digamos que   en el desarrollo de las obras civiles para hacer esa obra.    

Pregunta 8.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Cuánto tiempo se inició en el reasentamiento o se trasladaron?    

Apoderado: En el 2011 lo que es la   comunidad del Roche, y estas dos comunidades que son Patilla y Chancleta en el   año de 2012.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Ósea 3 y 4 años.    

Apoderado: Exacto, porque en el 2012 nos   autorizaron en la comunidad de Chancleta y todavía.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Y en esos 3 y 4 años todavía no se ha solucionado el problema de   agua?    

J.C.G.O: No perdóneme, el problema es que   vuelvo y le digo es que para licenciar tenía que estar resuelto y en ese sentido   está resuelto, y tiene los niveles de prestación de agua de estas comunidades   son muy superiores a la media del departamento.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Entonces qué es lo que está en trámite todavía?    

J.C.G.O: Estamos cambiando el foco de   donde vamos a sacar el agua, vamos a sustituir el pozo profundo por una   captación de aguas superficiales. Tomas me corrige por favor.    

“Tomas”: Me permito hacer una precisión   en el tema del agua, una cosa es el agua de proyectos productivos y otra cosa es   el agua para el consumo humano. En el área de consumo humano venimos superando   con dificultades con el tema de cantidad, y en el tema de proyectos productivos   venimos desarrollando obras de infraestructura y de licenciamiento desde hace   más de dos años, incluso en este momento hay un proyecto que tiene más de 5.000   metros cúbicos de agua represados construidos dentro la comunidad, que a la   comunidad se le va a permitir utilizar. En las comunidades en este momento se   está realizando una mesa de líderes de los que hacen parte del proceso en   términos de agua lo potable sigue funcionando con dificultades y lo de proyectos   productivos venimos trabajando con la mesa.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Cuando dice dificultades a qué dificultades se refiere?    

“Tomas”: Las dificultades naturales de   orden regional, sequía por ejemplo, ausencia del estado para algunas veces   discernir o gestionar rápidamente los términos, tenemos una dificultad de   presencia institucional en muchas de las partes en la zona.    

Pregunta 9.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Que tiene Cerrejón que decir respecto al agua, a la salida del   agua alegada por los interrogados acá?    

“Tomas”: ¿Consumo humano o productivo?    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Consumo humano.    

J.C.G.O: Espera es que Juan Carlos hace   una referencia que creo que es válida para podernos enfocar, ¿qué dijo la   comunidad respecto a la calidad?    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): En el interrogatorio que se les hizo ellos alegan que el agua no se   puede consumir, que el agua es salada, que no sirve para cocinar, ósea no se le   puede dar digamos ningún beneficio ni ningún uso en el diario vivir.    

“Ingeniero Cerrejón”: Bueno voy al punto,   el diseño que tienen estos pueblos para la el suministro de agua para la cocina,   agua domestica agua de vivienda, es del pozo conjunto a través de una línea de   conducción que antes de llegar a la vivienda tiene una planta de tratamiento de   agua de última tecnología en su momento, y que nosotros estamos haciendo los   mantenimientos. Esta planta de tratamiento se surte de un pozo profundo que esta   cavado más o menos a 60 metros de profundidad porque en su momento las plantas   superficiales no fueron digamos aptas en ese momento para captar en consumo de   vivienda. Estas aguas por supuesto son u poco salubres tienen un poco de   conductividad una dureza importante que la trabajamos con los tratamientos que   se hacen en la planta de tratamiento, esta clase de tratamiento es directamente   operada por una asociación de usuarios de la comunidad ASOINCA, es la asociación   de usuarios de agua de la comunidad y ellos son los que tienen bajo su poder el   supervisar el tratamiento de estas aguas y la distribución de estas aguas para   Patilla y Chancleta.     

Nosotros intervenimos con los aportes necesarios para que ASOINCA   funciones y con el soporte técnicos en los lugares necesarios para que el   servicio se siga prestando. ASOINCA tiene con nosotros convenios en los cuales   nosotros apoyamos su desarrollo y los miembros de ASOINCA son la totalidad de   los miembros de las familias trasladadas que firmaron el acta de inició de esta   asociación. Como los tiempos han cambiado cuando nosotros construimos la planta   y diseñamos los pozos profundos, el agua tenía una menor salinidad porque en   esos años iniciales había mayor uso de lluvias y por su puesto los … se   mantenían más llenos, estos … han bajado su cantidad y por supuesto usted sabe   que si usted tiene un concentración de sal en un volumen alto de agua la   concentración de sal se siente menos, si tiene una concentración de sal en un   volumen bajo de agua la sensación de salinidad se siente mayor lo que ha pasado   es que hemos tenido año y medio, el año pasado fue un año tremendamente seco, en   donde los acuíferos no se han descargado adecuadamente por lo tanto la sensación   de salinidad es mayor y allí hemos tenido un poco de los reclamos.    

Qué hemos hecho para solucionar el tema, hemos acordado con la   comunidad de Chancleta y Patilla en la mesa de líderes, y puedo mostrarles actas   de eso, que vamos a diseñar y vamos a construir un sistema de captación de aguas   del Río Ranchería para aportar un suministro de esa agua dulce, someterla a una   planta de tratamiento, mezclarla con las aguas de pozo y mejorar el sabor de   esta agua. El problema no tiene que ver con el consumo de las aguas, las aguas   son perfectamente consumibles porque no tienen problemas de microcidas ni   bacterianos, cosa que si sucede con las aguas del Río Ranchería que vienen   cargadas de patógenos y de ese, de otros tipos de patógenos al cual vamos a   tener que hacer también tratamiento para poder mezclar. El agua hay una   percepción clara de la comunidad de que si es salobre y eso es real yo lo sé y   estamos trabajando en mejorarlo, hemos hecho acuerdos con la comunidad para   mejorarlo, estamos construyendo la plataforma definitiva donde se va a captar   agua superficial para insertar a la planta de tratamiento y logremos tener este   tema solucionado en el mes de agosto de este año. Lo que yo estoy diciendo no es   una solución del Cerrejón, es una solución de la comunidad con Cerrejón, porque   ese es un acuerdo y también puedo aportar a pruebas las actas, este es un   acuerdo que tenemos en la mesa de líderes, donde aparecen líderes de todas las   comunidades con nosotros.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Una precisión, usted dice, acaba de decir, que las aguas son   perfectamente consumibles pero también dijo que tienen un porcentaje de alta   salobridad    

“Ingeniero Cerrejón”: Si pero    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿No cree que se presenta una contradicción?    

“Ingeniero Cerrejón”: No, son   perfectamente consumibles porque no superan la norma en sentido de la cantidades   permisibles de estos fluoruros y estas sales en las aguas para consumo humano   por eso le digo que no.    

J.C.G.O: Claro, y de hecho yo quiero   precisar una cosa, la sensación de salinidad para poder darle un ejemplo, si yo   cojo un vaso de agua o de botella y la lleno de sal ¿sí?, pues me va a saber   salada pero eso no hace que el agua no sea potable, la potabilidad no tiene que   ver con el sabor, son dos cosas.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): ¿Puede repetir eso por favor?    

J.C.G.O: ¿Lo de la botella?    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 1): Lo que acabo de decir.    

J.C.G.O: Que la potabilidad no tiene que   ver con el sabor, que una botella de agua pura a la que yo le echo sal pura, le   va a generar como efecto que yo esté tomando agua que me sabe salado pero eso no   la hace que no sea potable, son dos cosas distintas.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Usted considera que el agua o la calidad del agua de esta zona es   igual a la calidad del agua que manejan los ingenieros en la mina o que les   tienen ustedes en su residencia?    

J.C.G.O: El agua que nosotros consumimos   en la mina también tiene un nivel de salinidad    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Es la misma?    

J.C.G.O: No, no sé si es la misma no te   lo podría decir.    

J.C.G.O: Aquí tenemos el técnico que nos   lo puede decir.    

J.C.G.O: Pero es que el nivel de   preguntas y de detalles que ustedes quieren saber lo necesita.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Ingeniero la pregunta es ¿tiene la misma calidad de agua esta zona   a la zona de la mina donde ustedes residen o donde residen las personas que   trabajan en el Cerrejón?    

“Ingeniero Cerrejón”: ¿La calidad de la   fuente?    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): En cuanto a la sal que contiene, ¿es la misma?    

“Ingeniero Cerrejón”: Solamente se   diferencia en la conductividad, que es mucho más alta, que está un poquito por   encima.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿Cual está por encima?    

“Ingeniero Cerrejón”: 1200 por cm y la   otra está en 1000.    

Pregunta 11.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): Muchísimas gracias. Según la encuesta que personas las reubicadas   en su mayoría tenían predios o parcelas dedicadas a la agricultura, pesca de río   o ganadería, ¿qué medidas se implementaron en el proceso de reubicación para que   la población continuara con procesos productivos campesinos?    

J.C.G.O: Como mencione las personas que   básicamente se dedicaron a o que escogieron esa opción se les hizo la entrega   del capital semilla, se les ha brindado la asesoría y de acuerdo con sus   actividades se les ha entregado porciones de tierra adicional a las que tienen   en el lote común y pro in diviso.    

Pregunta 12.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Estas porciones de tierra, para precisar no es una pregunta   adicional, estas porciones de tierra se han podido desarrollar productivamente,   cuentan con las herramientas para un desarrollo agrícola allí, suministro de   agua para riego?    

J.C.G.O: Yo si pues, para es que esa   pregunta obviamente plantea que miremos varios casos en ese sentido Tomás que es   la persona que maneja esos casos creo que pudiera hablar y quiero que hablemos   de casos muy buenos como casos no tan buenos en eso creo que nosotros no tenemos   ni nos llamamos a engaños de que cosas en que les ha ido mejor que a otros y   vamos a mencionarlos, Tomas si quieres por favor ayúdame.    

“Tomas”: Nosotros en este momento estamos   trabajando con 173 familias reasentadas en diferentes momentos, desde Roche   hasta San Martín, incluso Las Casitas dentro de los proyectos tenemos tres   vectores, comercio, servicios, agrícolas y pecuarios. En la actualidad tenemos   84 proyectos en sostenimiento que no han llegado a la etapa cúspide del proceso,   de esos 84 proyectos nosotros tenemos, están operando 59, dentro de esos 59   tenemos el lote el agrícola y pecuario unos desarrollados dentro de la zona y   otros desarrollados por fuera de la zona, cuando hablo de la zona me refiero a   los proyectos aledaños a las comunidades. De los predios que tenemos en las   comunidades tenemos 22 cupos o proyectos en los que está funcionando este   momento con el agua que tenemos captada del Río Ranchería, ósea funciona. Hemos   suspendido la implementación de proyectos productivos agrícolas y pecuarios   dentro de los predios encontrados dentro de las comunidades asentadas por la   falta de agua en la región, llevamos 50 años con el ciclo de lluvias menor de lo   que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años por lo cual hemos detenido hace año   y medio la implementación de proyectos agrícolas sin embargo a ninguna de las   familias con vocación agrícola o pecuaria se le ha cambiado o se le ha revertido   su idea aquí quien no tenía vocación agrícola o pecuaria se ha enfocado en   proyectos de comercio o servicio porque hay que recordar que aunque las   comunidades de reasentamiento tenían una territorialidad rural muchas de las   familias estaban ya establecidas en los cascos urbanos de los municipios y su   vocación era netamente comercial, no todos son agrícolas y no todos son   pecuarios.    

Pregunta 13.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿En qué estrato se encuentra la zona de reubicación de Patilla y   Chancleta?    

J.C.G.O: miércoles Doctor no tengo ni   idea la verdad no, no sé.    

“Interviniente Cerrejón”: La zona de   dónde venían era de estrato 1, pasaron del viejo poblado al nuevo poblado a ser   estrato 2, esto significa que la alcaldía en la estratificación reconoce el   mejoramiento en la calidad de vida y en la infraestructura porque.    

“Interviniente Cerrejón”: 2.    

Pregunta 14.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): ¿Que duración tienen las medidas de acompañamiento a la comunidad   en el proceso de reasentamiento?    

J.C.G.O: Doctor nosotros en este momento   no hemos definido todavía un horizonte final, tenemos claro que muchas de los,   los programas y actividades están definidos actualmente a 4 años y para el caso   puntualmente de Roche, ya se está llegando a ese horizonte para Patilla y   Chancleta todavía no hemos llegado a él, pero también debemos mencionar y ya que   toca el tema.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar): No, Patilla y Chancleta.    

J.C.G.O: Para el tema de Patilla y   Chancleta no se ha definido vuelvo y le digo muchos compromisos están   contractualmente asociados a un plazo de 4 años de acompañamiento posterior al   traslado pero más allá de ese punto la compañía mantiene un relacionamiento   permanente con todas sus comunidades en el área de influencia ya no en el   esquema de reasentamiento sino de relacionamiento social que se hace con la   gerencia que para el efecto se tiene en esos ministerios.    

Pregunta 15.    

Corte Constitucional Magistrado Auxiliar): ¿Tienen algo más que agregar a la presente diligencia usted o su   apoderado judicial?    

J.C.G.O: Si yo tengo, yo creo que vale la   pena mencionar una cosa porque es que alrededor de los servicios públicos es muy   útil señalar que estas personas no pagan los servicios públicos nosotros   asumimos el costo de esos servicios.    

Pregunta 16.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): Si no hay un plan de acompañamiento determinado todavía en término,   ¿hasta cuándo?    

J.C.G.O: Vamos a tener que acordarlo con   la mesa de líderes y vamos a tener que acordar con la comunidad eso, lo cierto   es que hoy al corte de hoy la realidad es que Cerrejón asume el 100% de los   costos de servicios públicos.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿De forma permanente?    

J.C.G.O: De forma permanente hasta que   acordemos el momento en que eso deben asumirlo directamente cada familia, ¿me   deja que termine de contestar? Gracias. Eso se va a hacer y se va a acordar con   ellos para que ellos asuman como corresponde a pues cualquier ciudadano que   disfruta de servicios públicos la función de eso obviamente en la medida en que   midamos y evaluemos que los demás elementos del traslado funcionan de una manera   apropiada.    

Pregunta 17.    

Corte Constitucional (Profesional Especializado grado 33 No. 2): ¿No debería haberse acordado eso en la etapa de reasentamiento?    

J.C.G.O: Si, eso de hecho está acordado,   está acordado para 8 meses sin embargo la compañía evaluando las circunstancias   y consideraciones ha tomado la determinación de hacer un acompañamiento mayor en   ese como en varios otros temas lo hacemos.    

Corte Constitucional (Magistrado Auxiliar). . Gracias. La Corte Constitucional en delegación que nos ha   efectuado dentro de la acción de tutela T-4587990, que fue entregada por reparto   al despacho de la Honorable Magistrada Martha Victoria Sáchica Méndez finaliza   el interrogatorio de parte realizado a la compañía accionada dentro de esta,   Carbones del Cerrejón Limited y en cumplimiento de las pruebas que nos ocupa el   Decreto 2591 de 1991, cerramos el interrogatorio de parte.     

3.2 Segunda parte de la diligencia.    

3.2.1 Luego de culminado el interrogatorio de parte, la Corte   Constitucional se dispuso realizar una verificación ocular del lugar de   reasentamiento de las comunidades de Patilla y Chancleta, de las viviendas, las   hectáreas entregadas a algunas familias, los pozos de agua y sus alrededores ,   para lo cual, de común acuerdo con las partes, se designó en representación de   la parte accionante a la señora Rosa Lastenia Galván Carrillo  identificada   con cédula de ciudadanía número 1.065.628.210 y por parte de la empresa Carbones   del Cerrejón Limited al señor Juan Carlos Forero Romero identificado con cédula   de ciudadanía 17.953.607 para que guiaran el recorrido.    

3.2.2 Finalización del  segundo día de la diligencia en los   corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, la Guajira.    

En atención a lo anterior, a los seis (6) días del mes de marzo del   año dos mil quince (2015) se firma Acta de Terminación de Inspección Judicial   por parte de los suscritos funcionarios de la Corte Constitucional y los   apoderados judiciales de las partes intervinientes en la acción de tutela   T-4.587.990, en cumplimiento de la comisión judicial ordenada por el Despacho de   la Magistrada (e) Martha Victoria Sáchica Méndez en auto del 13 de marzo de   2015. Dejando constancia de que todo lo actuado en grabaciones de audio.    

3.3 Con el fin de respetar todas las garantías procesales y en   atención al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución   Política de 1991, se correrá traslado de la presente Acta de Inspección Judicial   a las partes intervinientes en la acción de tutela T-4.587.990 instaurada por la   Comunidad de Negro afrodescedientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta   contra la empresa de Carbones del Cerrejón Limited, así como copia de las   pruebas recaudadas dentro del presente trámite de revisión y allegadas por las   diferentes entidades del Gobierno y de las distintas instituciones   universitarias”[30].       

Con posterioridad   a la inspección judicial realizada los días 5 y 6 de marzo de 2015, se   solicitaron y recibieron los siguientes documentos:    

3.2.1.    Carbones del Cerrejón Limited    

Mediante   comunicación del 8 de abril de 2015[31],   el primer suplente del Apoderado General y gerente de la Operación Conjunta de   Carbones del Cerrejón Limited, en cumplimiento de lo ordenado en Auto del 17 de   marzo de 2015, remitió a la Corte copia de los siguientes documentos:    

·         Plan de Acción para Restablecimiento de la Comunidad de Chancleta.    

·         Plan de Acción para el reasentamiento de la Comunidad de Patilla.    

·         Listado residentes reubicables de Chancleta.    

·         Listado residentes reubicables de Patilla.    

·         Carpeta contentiva de los contratos celebrados con los miembros de   Chancleta.    

·         Carpeta contentiva de los contratos celebrados con los miembros de   Patilla.    

·         Copia de la propuesta económica realizada al señor Wilman   Palmesano el 22 de diciembre de 2009.    

·         Copia de la ampliación de la propuesta económica realizada al   señor Wilman Palmesano el 18 de octubre de 2012.    

·         Documento “Informe final acompañamiento psicosocial Patilla y   Chancleta -2013”    

·         Actas y documentos sobre cumplimiento en Chancleta.    

·         Actas y documentos sobre cumplimiento en Patilla.    

·         Informe Programa educativo.    

·         Informe presentado por la organización Fundes, sobre los proyectos   productivos.    

·         Análisis descriptivo de los resultados del censo.    

·         Informe operativo de campo.    

·         Carpeta denominada “Chancleta”, en la que se encuentra el Acta   para refrendar acuerdos donde se define el listado de familias reubicables y los   residentes no tradicionales de la comunidad de Patilla; junto con sus anexos.    

·         Acta de acuerdo para incluir nuevas familias en listado de   reubicables de la comunidad de Patilla.    

·         Copia de las últimas 2 facturas de los servicios públicos donde   conste el estrato en el cual fueron reasentadas las comunidades de Patilla y   Chancleta.    

En la misma providencia del 17 de marzo de 2015, la Corte Constitucional ordenó   a la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas de la   Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de   Licencias Ambientales – ANLA, al Instituto Nacional de Salud, a la Corporación   Autónoma Regional de La Guajira, Gobernación de La Guajira, el Ministerio de   Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, la   Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior – Dirección de Comunidades   Negras y la Alcaldía de Barrancas, La Guajira,  allegar a este Despacho   informe técnico sobre la diligencia de Inspección Judicial practicada por la   Corte Constitucional los días 5 y 6 de marzo de 2015 en los corregimientos de   Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira.    

3.2.2.            Ministerio del Interior    

       

En oficio OFI15-000009222-DDP-2100, recibido en esta Corporación el 27 de marzo   de 2015[32], la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,   Raizales y Palanqueras del Ministerio del Interior, remitió a la Corte informe   técnico en cumplimiento de lo ordenado en Auto del 17 de marzo de 2015.    

Manifiesta el Ministerio del Interior, que el día 5 de marzo de 2015 se    inició la diligencia de recepción de testimonios a miembros de la comunidad   accionante. Que en dicha práctica judicial se evidenció que los habitantes de   dicha zona se han visto afectados por reasentamiento obligatorio producto de la   contaminación a cielo abierto causado por la explotación de carbón que viene   realizando la empresa Carbones del Cerrejón Limited.    

Encontró la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras que las situaciones que   generan mayor número de inconformidades son las siguientes:    

·         Problemas de salud (enfermedades pulmonares, de   visión, afectaciones dermatológicas estomacales) causados por el aire   contaminado proveniente de la explotación minera de carbón.    

·         Servicio de salud precario, pues solo cada 15   días se hace presente una unidad móvil, la cual, sostienen los interrogados, no   tiene la capacidad suficiente para atender a toda la población que lo requiere.    

·         Inconformidad con los procesos de desalojo de sus   viviendas y/o territorios y el reasentamiento, al estimar que el valor de la   indemnización recibida por algunos, no corresponde al valor real o justo de sus   inmuebles.    

·         Desacuerdo con la zona escogida para la   reubicación, por cuanto estas son urbanas, situación que no les permite   desarrollar actividades agrícolas y ganaderas propias de sus tradiciones y   costumbres.    

·         Los terrenos ofrecidos fueron adjudicados en   comodato y no en propiedad.    

·         El nivel socio-económico del lugar de   reasentamiento es más alto al lugar de origen, lo que implica un sobre costo en   los servicios públicos sin contar con la capacidad económica para asumirlo.    

·         Sensación de engaño en relación con los proyectos   productivos ofrecidos, a la fecha han sido pocos los que se han ejecutado.    

Finalmente, en su informe técnico el Ministerio del Interior propone como   posible solución “coordinar una próxima reunión con todas las partes   involucradas con miras a replantear las propuestas de solución existentes   actualmente, determinarlas específicamente, y crear una agenda o cronograma de   actividades a cargo de los responsables de la problemática y a cargo de las   instituciones que acompañaremos el proceso de avance en las soluciones a   ejecutar en beneficio de los afectados”.    

3.2.3.   Agencia Nacional de Minería    

En oficio ANM No. 20151230114031[33], recibido en esta Corporación el 6 de abril de 2015, la Agencia   Nacional de Minería, remitió a la Corte informe técnico en cumplimiento de lo   ordenado en Auto del 17 de marzo de 2015.    

Señaló la ANM que en el presente concepto técnico se consignaron las   imprecisiones técnicas que fueron posible recaudar durante los recorridos   efectuados, pues no fue posible la práctica de pruebas físicas ni se realizaron   mediciones asociadas con la diligencia judicial.    

En relación con el entorno de Patilla viejo y Chancleta viejo, se indicó que se   trata de caseríos asentados sobre tierra y arenas, con vías de acceso sin   pavimentar, viento constante y vegetación típica. Así mismo, se resalta que las   poblaciones no cuentan con servicios públicos de agua, alcantarillado y   disposición de residuos sólidos y no se identificaron proyectos productivos   diferentes a  cultivos de pan y cría de aves de corral. Adicionalmente, se   explicó que los predios en donde están asentadas las comunidades de Patilla   viejo y Chancleta viejo son propiedad de la Comunidad del Cerrejón, resaltando   que no eran ni son de propiedad de los habitantes de las comunidades   accionantes.    

De la visita a Patilla nuevo y Chancleta nuevo, la ANM argumentó que los predios   donde fueron reasentadas las comunidades son propiedad de los miembros de la   comunidad de Patilla viejo y Chancleta viejo que han sido reasentados o   reubicados, es decir, cuentan con un patrimonio.    

Que las nuevas viviendas cuentan con los respectivos servicios de agua y   energía, servicio de recolección de basuras municipal, alumbrado, vías   pavimentadas, coliseo, salón de juntas, parques y superan los estándares de   construcción de viviendas de interés prioritario en el país; cuentan con   antejardín, cocina, baño, habitaciones individuales, patio, entre otros. Aducen,   que algunos de los miembros de la comunidad reasentada  disfrutan de sus   nuevos hogares, quieren vivir dignamente y mejorar su calidad de vida.    

Observa la Agencia Nacional de Minería, que pese a las dificultades de orden   climático, suministro de agua y logístico, los miembros de las comunidades   reasentadas tienen la voluntad de trabajar la tierra y vivir dignamente, sin   esperar a que los sostenga el Estado o en su ausencia, Cerrejón. Por lo   anterior, se preguntan: “¿En que se están invirtiendo los recursos que por   concepto de regalías recibe esta región? ¿Quién vigila su ejecución? ¿Quién debe   velar por la satisfacción de las necesidades básicas de la población asentada en   el área de influencia de los proyectos mineros?”    

Adicionalmente, en el presente informe técnico, se realizaron algunas   precisiones en relación con las siguientes cuestiones:    

·         Material particulado. En la diligencia judicial   fue imposible determinar el límite que divide las condiciones propias del   entorno en que se localiza Patilla viejo y Chancleta viejo, de las condiciones   inducidas por la actividad minera. No obstante, la ANM, convocará a las   autoridades competentes para que informe acerca del cumplimiento de la normativa   aplicable y acerca del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental   particulares para material particulado por parte del Cerrejón.    

·         Agua. Durante el acompañamiento a la inspección   judicial no se efectuaron mediciones de caudal o calidad del agua superficial   (arroyo Cerrejón) o subterránea ni el impacto que las operaciones de Cerrejón   eventualmente causa en éstas. No obstante, la ANM, convocará a las autoridades   competentes para que informe acerca del cumplimiento de la normativa aplicable y   acerca del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental particulares para   agua.    

·         Ruido. En el desarrollo de la práctica judicial   no se escuchó ruido procedente de las operaciones mineras ejecutadas por   Cerrejón. No obstante, la ANM, convocará a las autoridades competentes para que   informe acerca del cumplimiento de la normativa asociada y acerca del   cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental particulares ruido.    

3.2.4.  Secretaría de Salud Departamental de La Guajira    

En oficio SDG-J-432 recibido el 7 de abril de 2015[34], en la Secretaría de esta Corporación, el Secretario de Salud   Departamental de La Guajira, remitió a la Corte, los resultados de los exámenes   médicos que se consideraron pertinentes al grupo poblacional identificado   previamente en diligencia de inspección judicial practicada los días 5 y 6 de   marzo de 2015 en los corregimientos de Patilla y Chancleta, La Guajira. La   Secretaría Departamental de Salud informó lo siguiente:    

·         Los pacientes seleccionados por la comunidad se   negaron a recibir atención en el Hospital Nuestra Señora del Pilar de Barrancas,   según comenta su Gerente, alegando que estarían parcializados a favor de la   compañía minera el Cerrejón Limited.    

·         Los pacientes citados por consulta de neumología   y espirometría en Riohacha, La Guajira, se negaron a viajar, al argumentar que   todos los médicos del Departamento “están comprados por la empresa Cerrejón”.    

·         En vista de lo anterior y para cumplir con lo   ordenado por la Corte Constitucional, la Secretaría de Salud del Departamento de   La Guajira, a través del Hospital de Mediana Complejidad ESE San José de Maicao   prestó los servicios de:    

o   Consulta médica general.    

o   Consulta médica especializada en pediatría.    

o   Consulta médica especializada en dermatología.    

o   Toma y lectura de placa de RX de tórax.    

o   Toma y lectura de exámenes de laboratorio clínico.    

o   Toma y lectura de electrocardiograma.    

Anexo técnico    

En cuanto a la interpretación técnica y científica de los exámenes clínicos y   paraclínicos aplicados a los pacientes seleccionados por la comunidad, la   Secretaría Departamental de Salud concluyó que ninguno de ellos a la fecha, y   según los resultados precitados, acusa patología de tipo pulmonar, dermatológico   u otro tipo que pueda atribuírsele a un determinado agente causal común.    

Adicionalmente, se informó que revisado el comportamiento histórico de la   morbimortalidad en el Departamento de La Guajira, no se evidencia diferencia   significativa entre la población residente en los distintos municipios y los   miembros de la comunidad accionante que se sometieron a los referidos exámenes.    

Finalmente, la citada Secretaría de Salud informó que a sabiendas de que   cualquier impacto en la salud de las personas expuestas a partículas orgánicas o   inorgánicas suspendidas en el ambiente (aire, suelo, agua), sólo es perceptible   a largo plazo y detectable solo a través de estudios muy especializados, se   tiene la iniciativa de un proyecto de investigación de ciencia y tecnología que   ayudará a establecer la realidad de tal impacto[35].    

3.2.5.  Gobernación de La Guajira    

En oficio recibido en esta Corporación el 8 de abril de 2015[36], la Oficina Jurídica de la Gobernación de La Guajira, remitió a la   Corte informe técnico en cumplimiento de lo ordenado en Auto del 17 de marzo de   2015.    

En informe técnico rendido por la Gobernación, se resaltó que el  Departamento   de La Guajira siempre se ha caracterizado por velar por los derechos e intereses   de todos sus habitantes, en especial el de las comunidades más vulnerables que   se encuentran en su territorio.    

Sobre los corregimientos de Patilla y Chancleta, indicó  que éstos fueron   decretados por el Municipio de Barrancas, La Guajira, como zona de influencia   minera y se prohibió la construcción de viviendas dentro de esta zona, en razón   a que muchas personas ajenas al censo de los habitantes reales se estaban   ubicando dentro de estos asentamientos con el fin de ser beneficiarios del   programa.    

Teniendo en cuenta la diligencia de inspección judicial practicada, y   específicamente los interrogatorios surtidos en ella, se resaltó la notable   inconformidad que tienen las familias que aún residen en el asentamiento Patilla   vieja y Chancleta vieja e incluso familias que ya fueron reasentadas en los   proyectos urbanísticos construidos por la empresa Carbones del Cerrejón Limited.    

Dentro de las quejas y reclamos efectuados por la comunidad accionante, la   Gobernación de La Guajira se refiere específicamente a las siguientes:    

·         Las familias que se niegan a ser parte del   proyecto de reasentamiento reclaman la violación a sus derechos fundamentales a   un ambiente sano, a la intimidad, a la vida y a la salud, debido a la   contaminación ambiental por la emisión de las partículas de carbón, haciendo   referencia a las afectaciones por contaminación del aire, agua y problemas   auditivos.    

·         Las comunidades que ya se encuentran reasentadas,   reclaman una efectiva y constante prestación de los servicios públicos,   especialmente resaltan la mala prestación del servicio del agua.    

En relación con lo anterior, la Gobernación de La Guajira sostuvo que la empresa   Carbones del Cerrejón Limited, una vez se le entregó en concesión por parte del   gobierno la zona sobre la cual se inició la explotación minera, se suscribieron   acuerdos entre la entidad accionada y los habitantes de Patilla y Chancleta, en   los cuales se acordó que serían reubicados en viviendas dignas dotadas de todos   los servicios públicos.    

La Gobernación destacó que dentro de los archivos de la Oficina de Obras   Públicas y Secretaría de Planeación del Departamento de La Guajira, no reposa   ningún tipo de proyecto que vaya encaminado a garantizar la prestación de un   servicio público tales como, la construcción de acueducto o alcantarillados o   programas de abastecimiento de agua, dentro de los corregimientos de Patilla y   Chancleta en el municipio de Barrancas, La Guajira, pues es una zona declarada   minera, y de esta declaratoria, afirma, nacieron unos compromisos, dentro de los   cuales se encontraban la reubicación de los habitantes de las comunidades   accionantes en una zona donde contaran con una vivienda digna y la debida   prestación de servicios públicos como agua, luz y gas.    

Por lo anterior, concluyó que no le asiste obligación al departamento de La   Guajira de prestar servicios públicos a estas poblaciones, toda vez que, es   responsabilidad de la empresa Carbones del Cerrejón Limited  garantizar unas   condiciones de vivienda digna y ambiente sano a todas las familias afectadas.    

3.2.6.            Defensoría del Pueblo    

En oficio 4080-0217 recibido en esta Corporación el 8 de abril de 2015[37], el Defensor Delegado de Derechos Colectivos y del Ambiente (e) de   la Defensoría del Pueblo, remitió a este Despacho informe técnico en   cumplimiento de lo ordenado en Auto del 17 de marzo de 2015.    

La Defensoría del   Pueblo inició su informe técnico informando que el complejo carbonífero el   Cerrejón está localizado en la zona central del departamento de La Guajira, en   los municipios de Albania, Hatonuevo, Maicao y Barrancas. Sostiene, que el   proyecto afecta poblaciones que albergan en su mayoría miembros de la etnia   wayúu y en menor proporción de la comunidad negra.    

Argumenta, que   debido a que la mina es una explotación a cielo abierto, presenta un gran   impacto ambiental. Los principales efectos son: generación de polvo y gases,   explotación del suelo, el ruido, las vibraciones y el manejo de las aguas del   río Ranchería.    

Manifiesta que la   generación de polvo se presenta debido al tráfico de equipos y vehículos en las   vías mineras y que si bien los registros de emisión de partículas están dentro   de los límites autorizados, nacional e internacionalmente, tiene un impacto   sobre las poblaciones que se ubican vientos abajo.    

La generación de   gases se presenta cuando hay auto combustión del carbón lo cual  genera   óxido de azufre, óxido de nitrógeno, y gas carbónico entre otros gases, que son   perceptibles por el olfato.    

Informa, que la   intervención del suelo ha generado un desplazamiento de la flora y fauna y   cambios en los patrones de escorrentía de la región. Señala que la comunidad   denuncia un deterioro de la cuenca del río Ranchería, debido a la deforestación   e intervención del área del proyecto, modificación de arroyos y cuerpos de agua.     

Observa la   Defensoría del Pueblo, que los pobladores del sector han sido trasladados de sus   tierras y reasentados en nuevos lugares, fenómeno que ha ocasionado malestar   entre las comunidades, pues si bien en pocas ocasiones la compañía logró llegar   a acuerdos económicos con los habitantes, existieron varios casos donde no se   llegó a ningún acuerdo y la movilización de los nativos se ejerció acudiendo a   las autoridades administrativas y de fuerza pública.     

En relación al   caso concreto, la entidad referida  concluyó lo siguiente:    

·         Se tiene conocimiento de que los acuerdos hechos dentro del   proceso de reasentamiento no se están cumpliendo porque tienen problemas con el   agua que es salobre y no es continua.    

·         Existe un pozo de agua que funciona con energía solar y tiene un   sistema de filtros para depurar el agua.    

·         Se han presentado varias denuncias respecto a que los niños se   bañan con agua salobre y les produce alergias en la piel.    

·         La comunidad se queja de que a causa de la explotación minera la   sequía ha aumentado en toda la región. Según ellos, cuerpos de agua que eran   constantes ahora son intermitentes y presentan agua sólo cuando hay lluvias. En   ese punto, se aclara que durante la visita se observó que la mayor parte de los   cuerpos de agua están secos, algunos presentan rastros de haberse secado   recientemente.    

·         La comunidad accionante culpa a la empresa Cerrejón y en general a   la explotación de carbón del incremento de la sequía y de la desaparición de   lagunas y “ojos de agua” (nacederos).    

·         Se observaron malos manejos de las aguas de escorrentía en algunos   puntos de los botaderos de la empresa Cerrejón, lo cual permite la contaminación   de los cuerpos de agua más próximos.    

·         Los procesos de reasentamiento tienen algunas dificultades, aunque   están debidamente equipados, pues aunque presentan condiciones dignas y mejoran   significativamente la calidad de las comunidades reasentadas, persisten las   quejas en el tema de la calidad del agua para consumo y el establecimiento de   los proyectos productivos.     

Finalmente, la   Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoría   del Pueblo, recomienda tener en cuenta al momento de resolver de fondo la   presente acción de tutela, estos aspectos:    

·         Es necesario que las autoridades municipales acompañen más de   cerca los procesos de reasentamiento de las comunidades y valoren el estado   actual de cada comunidad reubicada y en proceso de hacerlo.    

·         La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, debe hacer   un seguimiento más meticuloso a los compromisos del Plan de Manejo Ambiental   para que la empresa corrija los posibles descuidos en el manejo de los   vertimientos y emisiones.    

·         La Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA,   además de hacer mayor control y seguimiento a los permisos otorgados a la   empresa Cerrejón, como máxima autoridad ambiental en el territorio, junto con el   IDEAM y el Servicio Geológico Colombiano, debe hacer los estudios necesarios que   permitan valorar la posible pérdida del recurso hídrico en la media La Guajira y   la relación que pueda tener la actividad minera en ello.    

·         La Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Regional de La   Guajira y con el acompañamiento de las Delegadas competentes, debe acompañar a   las comunidades objeto de reasentamiento para garantizar los derechos que se   pueden ver amenazados o vulnerados en el proceso y para propender que ninguna   persona que resulte afectada por la misma actividad minera, no sea compensada e   indemnizada de acuerdo con el impacto.    

3.2.7. Secretaría de Salud y Sanidad Pública Municipal de Barrancas,   La Guajira    

En oficio recibido el 8 de abril de 2015[38], en la Secretaría de esta Corporación, la Secretaría de Salud y   Sanidad Pública Municipal de Barrancas, La Guajira, remitió a la Corte informe   técnico, en cumplimiento de lo ordenado en Auto del 17 de marzo de 2015.    

En el informe   rendido por la Secretaria de Salud se relacionó el orden del día que se   desarrolló el 5 y 6 de marzo de 2015. Refiriéndose específicamente a la forma en   que se rindió el interrogatorio de parte, tanto por la comunidad de negros   afrodescendientes como por la empresa accionada en la presente acción de tutela,   aclarando que todo lo que ahí sucedió quedo grabado en audios y en presencia de   las autoridades públicas que acompañaron la diligencia.    

Indica, que la   Corte Constitucional solicitó a la comunidad presente seleccionar a 10 personas   para que fueran valoradas con exámenes médicos por parte de la ESE Hospital   Nuestra Señora del Pilar, la Secretaría de Salud Departamental y posteriormente,   al Instituto Nacional de Salud.    

Finalmente,   informa que luego de terminadas las entrevistas e interrogatorios, se procedió a   ejecutar una inspección ocular en el lugar de origen y la zona de reubicación de   las comunidades de Patilla y Chancleta.    

3.2.8. Ministerio de Minas y Energía    

En oficio No. 2015022923 recibido el 9 de abril de 2015[39], en la Secretaría de esta Corporación, el Ministerio de Minas y   Energía remitió a la Corte informe técnico, en cumplimiento de lo ordenado en   Auto del 17 de marzo de 2015.    

El Ministerio de Minas y Energía se refirió a la inspección judicial practicada   los días 5 y 6 de marzo de 2015, en los corregimientos de Patilla y Chancleta   del municipio de Barrancas, La Guajira. En términos generales, indicó que en la   diligencia se trataron temas en relación con la composición del núcleo familiar   de los interrogados, la afectación a la salud posiblemente causada por la   explotación de carbón del Cerrejón, el plan de compensaciones y el programa de   reasentamiento que la empresa ha ofrecido a los habitantes de la zona.    

Resaltó el Ministerio de Minas, que parte de las pretensiones de los accionantes   radica en un traslado diferente al lugar de reasentamiento al propuesto,    donde se les garantice una tierra productiva y poder conservar su identidad,   pues han dejado de pescar y cazar para hacer otros oficios.    

Un tema importante que se destacó en el presente informe técnico, es el precario   suministro de agua a las comunidades reasentadas, las cuales sostienen que ésta   no es apta para el consumo humano y por ello se enferman de diarrea y problemas   estomacales. En cuanto al agua para proyectos productivos, manifiestan no contar   con las reservas necesarias.    

Se puso de presente, que no todos los proyectos productivos emprendidos han dado   resultado. Se constató la siembra de yuca y cría de ganado con pasto de corte,   sin embargo, se observaron lotes sin producir por problemas relacionados con la   falta de líquido disponible y la actitud de las personas.    

El lugar de reasentamiento cuenta con un reservorio con capacidad de 8000lt de   agua, pero que no está funcionando debido a que la bomba fue objeto de robo y   por ello no ha sido posible bombear el líquido. Adicionalmente, la empresa   demandada sostuvo que existe una solución definida mediante la construcción de   un reservorio con capacidad para 40.000 m3; sin embargo, su   funcionamiento está condicionado a que las comunidades firmen las actas   correspondientes de aceptación.    

Concluye esta cartera ministerial su informe, aduciendo que las quejas de   quienes han sido trasladados en esta región como producto de un programa de   reasentamiento poblacional, son de nuevos pobladores, mientras que otros no   logran adaptarse a las nuevas condiciones ofrecidas por el Cerrejón. Así mismo,   encuentran necesario solicitar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales   – ANLA, los informes de medición relacionadas con calidad de aire, vertimientos,   ruido entre otros, como entidad responsable del seguimiento, vigilancia y   control de la licencia ambiental del proyecto minero el Cerrejón.    

3.2.9.            Corporación Autónoma Regional de La Guajira    

En oficio No. 20153300160941 recibido el 9 de abril de 2015[40], en la Secretaría de esta Corporación, la Corporación Autónoma   Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, remitió a la Corte informe técnico, en   cumplimiento de lo ordenado en Auto del 17 de marzo de 2015.    

Sostuvo   CorpoGuajira, que una vez leídas las normas y procedimientos de la diligencia   judicial, se rindió por cada una de las partes de la presente acción de tutela,   de forma separada, el interrogatorio de parte; seguidamente, se decretó por   parte de los funcionarios encargados de la diligencia de inspección judicial,   una visita al área de influencia en sitios específicos acordados entre las   partes en conflicto, visitándose los  que a continuación se relacionan:    

·         Pozo de agua subterránea o Molino de viento de Chancleta:   pozo abandonado y sin uso desde antes del 2006. Se percibió acumulación de   residuos de tipo doméstico como plástico, pet, vidrios, metales y otros residuos   sólidos, los cuales, en su criterio, no reciben el manejo más adecuado debido a   la falta de prestación del servicio domiciliario de aseo por parte de la   administración.    

·         Arroyo Cerrejón: Corresponde a aguas represadas, de flujo   lento, con brotes de algas y microalgas acuáticas que se desarrollan bajo   condiciones de bajo contenido de oxígeno.    

·         Patilla abajo: Corresponde al área que según la comunidad   accionante ha sido sujeta a inundaciones por vertimientos provenientes de   actividades mineras, sin embargo, de los informes de seguimiento ambiental   efectuados por funcionarios del Grupo de Control y Seguimiento Ambiental de   Corpoguajira, esta problemática está asociada al desbordamiento del arroyo la   Trampa por el taponamiento de las alcantarillas de la vía Patilla-Chancleta   debido a la acumulación  de madera, lodo, sedimentos de minería y otros   desperdicios.    

·         Finca Las Marías: Problemática asociada al vertimiento de   aguas o botadero de material estéril ha sido de conocimiento de la Autoridad   Ambiental, quien a través de visitas de seguimiento ambiental, cuenta con   resultados y acciones ejecutadas, las cuales se encuentran en los   correspondientes expedientes de la Subdirección de Autoridad Ambiental de   Corpoguajira.    

Adicionalmente,   Corpoguajira se refirió a la inspección judicial en los nuevos asentamientos de   Patilla y Chancleta. Enunció que las inquietudes expresadas por la comunidad   reasentada se ciñen a:    

·         Falta de empleo.    

·         La falta de seguridad alimenticia al no poder realizar actividades   de pesca, caza, agricultura, ganadería y cría de especies menores.    

·         Cambio de estrato    

·         Servicios públicos muy altos.    

·         La contaminación de polvo.    

·         La falta de agua potable, la que provee el pozo que se construyó   es muy salada.     

·         Olores y molestias por el sistema de tratamiento de aguas   residuales.    

·         No se han podido desarrollar proyectos productivos, pues a pesar   de que se dispuso de un recurso o capital semilla para producir, no se cuenta   con agua para implementar algún proyecto por lo que son pocos los que se han   atrevido a producir en estas tierras.    

·         Botadero de basura a cielo abierto, los accionantes sostienen que   la empresa se comprometió a garantizar todos los servicios públicos, sin   embargo, la basura se recoge cada 15 días o más, contaminándose la comunidad.    

Finalmente, se   hicieron las siguientes recomendaciones:    

·         Al identificar la construcción de una represa artesanal por parte   de la comunidad de Chancleta, la cual no cuenta con permiso ambiental por parte   de Corpoguajira, se recomienda adelantar visita técnica específica para evaluar   el asunto.     

·         Se observaron signos de eutroficación (eutrofización) en el arroyo   Cerrejón, por lo que se recomienda que el Laboratorio Ambiental de Corpoguajira   adelante la toma de muestras y análisis de calidad de aguas para que la   Subdirección de Autoridad Ambiental adelante las acciones que correspondan.    

·         Sobre la ocurrencia de botaderos satélites en los reasentamientos   de Chancleta y Patilla, se recomienda que Corpoguajira a través de la   Subdirección de la Autoridad Ambiental realice los requerimientos pertinentes al   municipio de Barrancas, responsable de garantizar la prestación del servicio de   aseo adecuado a los ciudadanos, para que no se generen puntos críticos de   residuos sólidos que puedan afectar el medio ambiente y la comunidad.    

Mediante Auto del 17 de marzo de 2015 esta Corte ordenó correr traslado del   expediente T-4.587.990 a la empresa Aguas del Sur de La Guajira S.A E.S.P, a la   Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira, a la Gobernación de La Guajira, al   Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y   Crédito Público, para que se pronunciaran sobre la prestación del servicio   público esencial del agua en las comunidades reasentadas por la empresa Carbones   del Cerrejón Limited en los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio   de Barrancas, La Guajira.    

3.2.10.    Empresa Aguas del Sur de La Guajira    

En oficio No. GER 015-2015 recibido el 6 de abril de 2015[41], en la Secretaría de esta Corporación, la empresa Aguas del Sur de   La Guajira S.A E.P.S, remitió a este Despacho la siguiente información en   relación al requerimiento efectuado en Auto del 17 de marzo de 2015.    

La empresa Aguas   del Sur de La Guajira adujo que es el operador del servicio de acueducto en el   municipio de Barrancas, de acuerdo al contrato de operación-gestión y al   contrato de condiciones uniformes pactados. Señaló la zona geográfica en la cual   aplica el contrato e informó que no ejerce operación del servicio de acueducto   en las comunidades reasentadas por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, en   los corregimientos de Patilla y Chancleta “ya que no hacen parte del contrato   de operación, por tanto no se ha otorgado disponibilidad de servicio, ya que no   existen las condiciones legales, técnicas y de infraestructura para la   prestación del servicio, por lo tanto la empresa no tiene responsabilidad alguna   en la carencia de servicio de agua en las mencionadas comunidades”.    

Indicó que a la   fecha “no se encuentra solicitud de vinculación de los reasentamientos de   Patilla y Chancleta”, lo cual implicaría estimación de ampliación del   área de prestación, modificación del contrato de operación-gestión, estudios   hidráulicos de factibilidad y disponibilidad del servicio. Invocó tener   conocimiento informal que dichos reasentamientos cuentan con sistemas de   acueducto y alcantarillado propios, independientes a la empresa Aguas del Sur de   La Guajira S.A. E.S.P.    

3.2.11.    Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio    

En oficio No. 2015EE0025130 recibido el 25 de marzo de 2015[42], el   apoderado de la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, remitió a   este Despacho la siguiente información en relación al requerimiento efectuado en   Auto del 17 de marzo de 2015.    

El Ministerio de   Vivienda, Ciudad y Territorio intervino el 25 de marzo de 2015 para excepcionar   por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, admitió que según   Decreto 3571 de 2011 “por el cual se establecen los objetivos, estructura,   funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”, esa entidad es   la encargada de definir las políticas y regulaciones a nivel nacional en materia   de agua potable. El artículo 1º del mencionado acto administrativo, estipula que   dicho Ministerio tiene como objetivo primordial, en el marco de la ley y sus   competencias, lograr la formulación, adopción, dirección, coordinación y   ejecución de la política pública y los planes y proyectos en materia de   prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.    

En el caso   concreto, señaló que no es sujeto o parte legitimada para responder por la   eventual violación del derecho fundamental, “pues quien sería el ente idóneo   o quien debe asumir la responsabilidad de este servicio es el ente territorial   Municipio de Barrancas, el Departamento de La Guajira y/o la Empresa Prestadora   de Servicios Públicos correspondiente”.    

El Ministerio de   Vivienda, Ciudad y Territorio explicó que existen, como política pública, los   Planes Departamentales de Agua –PDA- que benefician a los municipios y   departamentos en el ámbito financiero, institucional y político, y se definen   como un: “un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, político,   institucional, técnico y financiero, que bajo la coordinación de los   departamentos, se formularán para la planificación, armonización integral de los   recursos e implementación de esquemas regionales de prestación de los servicios   públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, orientados al cumplimiento   de metas sostenibles del sector”.    

Alegó, que es   responsabilidad del municipio realizar las gestiones y diseñar un proyecto ante   el Departamento para solucionar los problemas del servicio público, a su vez,   este último, lo debe incluir en las obras a financiar, en donde concurran los   recursos de la Nación, del departamento y de los municipios. Enfatizó, que la   formulación de proyectos ante la Nación debe ser concertada por cada municipio,   ya que la entidad territorial particular es quien verdaderamente conoce las   necesidades de los habitantes, no obstante, reconoció que no se ha presentado   ningún proyecto en beneficio de la comunidad accionante: “…Al respecto, es   preciso resaltar que el municipio de Barrancas se encuentra vinculado a la   política de los PDA, y han presentado proyectos, dentro de los cuales no   se vislumbran proyectos tendientes a los corregimientos de Patilla y Chancleta”  -subrayado y negrilla fuera de texto-.    

3.2.12.    Gobernación de La Guajira    

En oficio recibido el 6 de abril de 2015[43], el Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de La Guajira,   remitió a la Corte la siguiente información en relación al requerimiento   efectuado en Auto del 17 de marzo de 2015.    

El Jefe de la   Oficina Jurídica de la Gobernación de La Guajira, contestó el 6 de abril de   2015, indicando que“dentro de los archivos de la oficina de obras   públicas del departamento ni en la secretaría de planeación departamental   existen proyectos que vayan encaminados a la construcción de acueducto o   programas de abastecimiento de agua dentro de los corregimientos de Patilla y   Chancleta en el municipio de Barrancas La Guajira”-subrayado y   negrilla fuera de texto-. Más adelante, expuso que cuando dicha zona fue   declarada minera, nacieron ciertos compromisos para reubicar a la habitantes de   dichas comunidades en una zona donde tuvieran todos los servicios públicos,   “esta situación obviamente no nos genera una obligación de llevar agua a dichas   poblaciones pues ello es responsabilidad de carbones del cerrejón limited, que   son los encargados de la reubicación de dichas familias afectadas y de   garantizarle unas condiciones de vivienda digna pues la zona donde ellos se   encuentran asentados es una región minera”.    

3.2.13.     Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira    

En oficio recibido el 7 de abril de 2015[44], el representante legal del Municipio de Barrancas, La Guajira,   envió a la Corte la siguiente información en relación al requerimiento efectuado   en Auto del 17 de marzo de 2015.    

El  Alcalde Municipal y representante legal del municipio informó, que   mediante Resolución No. 009 de 2010, la Secretaría de Planeación e   Infraestructura Municipal concedió licencia de parcelación y construcción de   equipamentos comunitarios en favor de la Empresa Carbones del Cerrejón Limited   –CERREJÓN-, correspondiente al programa de reasentamiento de las comunidades de   Patilla y Chancleta, a desarrollarse en lote inmueble, predio rural, localizado   en el paraje la Granja, sobre la carretera nacional, vía lado derecho,   Barrancas-Fonseca.    

Esta parcelación   fue convenida en unidades habitacionales, recreativas y productivas para los   miembros de la comunidad. En esta área la empresa CERREJÓN acreditó la auto   prestación de los servicios públicos a través de ASOAWINKA, Asociación   conformada por los usuarios de acueducto y alcantarillado de las comunidades de   Roche, Patilla y Chancleta, quienes garantizarían la prestación del servicio   público de acueducto por auto abastecimiento. Por esta razón, el municipio   consideró que la obligación de prestación del servicio público de agua no es de   su resorte, sino que recae en el CERREJÓN y en ASOAWINKA.    

Con base en esta   respuesta, la Magistrada Sustanciadora, corrió traslado del expediente de la   referencia a Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de las   Comunidades de Roche, Chancleta y Patilla –ASOAWINKA-, mediante Auto de 14 de   abril de 2015.    

3.2.14.    Asoawinka    

A través de   Representante Legal, la Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de   las Comunidades de Roche, Chancleta y Patilla (ASOAWINKA), contestó mediante   escrito allegado el 22 de abril de 2015, en el cual reiteró que su objeto social   se limita a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y   alcantarillado de manera eficiente y sostenible. Manifestó, que es una   organización creada y financiada por la empresa Cerrejón, aunque actualmente   carecen de recursos, por cuanto “los excedentes de los recursos    alcanzaron para seguir administrando hasta el pasado mes de febrero del presente   año. A la fecha, estamos a la espera del segundo convenio de cooperación”.   Indicó que ASOAWINKA opera con la infraestructura construida y direccionada   técnicamente por la empresa Cerrejón, sin las condiciones económicas para   realizar cambios en el sistema de captación u otro mecanismo tendiente a la   normalización del servicio.    

Acto seguido,   destacó cuatro problemas que se presentan en la prestación del servicio por: i)   calidad del agua: “el agua para el suministro de agua de consumo de las   comunidades presenta una alta dureza la cual se hace poco saludable y   desagradable para el consumo.; ii) continuidad: “el diseño de las redes   hidráulicas presenta fallas técnicas en cuanto a construcción, el tanque elevado   que distribuye el agua para consumo a las comunidades de Chancleta y Patilla se   encuentra ubicado lejos de estas comunidades y la altura al parecer no es   suficiente para que haya una buena presión, sumado a esto la tubería de   conducción que sube el agua que viene de la planta hacia el tanque elevado es de   2” y la que baja es de 2”1/2, lo que presenta que es menor la cantidad que entra   a la planta y mayor la que sale, resultando que no haya una compensación entre   la entrada y salida; iii) incrustaciones y taponamientos: “son generados   por el carbonato de calcio que se forma por el alto nivel de minerales en el   agua como sales de magnesio y calcio; y iv) daños en la grifería: “son   causados por la alta concentración de sales que causan corrosión a los   elementos, afectando la vida útil de estos, y causando pérdidas de agua,   aumentando la problemática de la presión”.    

Concluyó,   considerando que todos los anteriores problemas son originados por la mala   calidad del agua y el mal diseño de la infraestructura, más no por la   negligencia de ASOAWINKA, “ya que como usuarios también somos afectados”.    

3.2.15.    Ministerio de Hacienda y Crédito Público    

En oficio recibido el 7 de abril de 2015[45], la Asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, La   Guajira, remitió a la Corte la siguiente información en relación al   requerimiento efectuado en Auto del 17 de marzo de 2015.    

La asesora del   Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó que la entidad por ella   representada sea absuelta por falta de legitimación por pasiva. Relató que de   acuerdo con la legislación nacional (Ley 142 de 1994) el servicio público de   agua potable debe ser prestado por las empresas de servicios públicos de   carácter oficial, privado o mixto o directamente por la administración   municipal, “cuando una comunidad no dispone ni accede a agua de calidad para   el consumo humano, poniéndose en riesgo su salud y su vida, quienes deben   concurrir a garantizar la protección del derecho fundamental al agua, sería en   este caso el Municipio de Barrancas y Aguas del Sur de La Guajira S.A. ESP,   teniendo en cuenta que es la que realiza la prestación de los servicios de   acueducto y alcantarillado en siete municipios del Departamento de La Guajira,   incluyendo el Municipio de Barrancas donde hoy se encuentra asentada la   comunidad de negros afrodescendientes de Patilla y Chancleta”[46].  Precisó, que conforme a la normatividad vigente la obligación principal de las   empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios es la prestación   continua de un servicio de buena calidad, sin interrupciones, sin cortes, sin   racionamientos y en las cantidades necesarias, sobre todo en hogares donde se   encuentren menores de edad.    

Por último,   precisó que de acuerdo con el artículo 8º del Decreto 302 de 2000, los   urbanizadores y/o constructores, en este caso Carbones del Cerrejón Limited,   tiene la obligación de construir las redes locales y demás obras necesarias para   conectar los inmuebles al sistema de acueducto. Lo anterior, comprende que la   entidad accionada asuma el costo del conjunto de tuberías y accesorios que   conforman el sistema de suministro del servicio público de acueducto a las   acometidas de la comunidad accionante.    

Mediante Auto del 27 de marzo de 2015 esta Corte ordenó  a la Organización   ambientalista CENSAT Agua Viva, remitir a este Despacho información respecto a   los problemas de la comunidad accionante por la carencia de agua potable, la   contaminación de fuentes hídricas a causa de la explotación minera en La   Guajira, el acceso, la disponibilidad y la calidad de agua para el consumo   humano y desviación de ríos y arroyos atribuibles a la explotación de carbón,   fuentes hídricas para proyectos  agrícolas de las comunidades de Patilla y   Chancleta.    

En oficio recibido el 7 de abril de 2015[47], el Coordinador del Área de Minería del CENSAT–Agua Viva, remitió a   la Corte la siguiente información en respuesta a solicitud efectuada en Auto del   27 de marzo de 2015.    

En  escrito recibido el 21 de abril del presente año, el mencionado   Coordinador  indicó que: “…el acompañamiento que hemos realizado en   diferentes comunidades del sur de La Guajira nos permite afirmar que la gran   minería a cielo abierto realizada por la multinacional Cerrejón, tiene enormes e   irreparables consecuencias a las fuentes hídricas superficiales y subterráneas   de la región, vulnerando el derecho humano al agua de las comunidades  Guajiras,   incluidas las comunidades señaladas”.    

Como sustento de   su informe, anexó otro realizado por la Organización sobre la desviación del   Arroyo Bruno, uno de los principales afluentes del Río Ranchería, en el cual se   desarrollan argumentos respecto de las consecuencias ambientales y sociales por   la intervención de fuentes hídricas, la ampliación de la frontera extractiva y   su inconveniencia para el acceso, disponibilidad y la calidad del agua para las   comunidades afrodescendientes del Departamento de La Guajira. Al respecto,   señala que “las comunidades que viven cerca al Arroyo se benefician de él, al   ser una se las fuentes superficiales de agua más importante del municipio,   abastece de agua a comunidades asentadas en la cabecera municipal de Albania,   que en su mayoría son afrodescendientes”.    

“La   sobre-explotación y la contaminación derivadas de la actividad minera,   representan un riesgo para el agua subterránea de La Guajira. Los acuíferos   hacen parte del ciclo hidrológico natural” (…) “estamos frente a una forma de   extracción minera que utiliza grandes cantidades de agua, un bien común cada vez   más escaso y necesario para la vida y reproducción de las poblaciones”. Cita   a Machado[48]  quien estima que este modelo de desarrollo tiene un fuerte impacto ambiental y   socioeconómico, ya que utiliza sustancias químicas contaminantes; consume   enormes cantidades de agua y energía; compite con otras actividades económicas   por tierra y recursos hídricos; “en fin, tiende a desestructurar la vida de   las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes; genera   dependencia de las poblaciones en relación a las grandes empresas, al tiempo que   produce impactos negativos en la salud y el ambiente, comprometiendo el futuro   de las próximas generaciones”.    

Mediante Auto del 27 de marzo de 2015 esta Corte solicitó al Centro de   Investigación y Educación Popular, CINEP, información respecto al marco jurídico   aplicado en procesos de reasentamiento adelantados en el departamento de La   Guajira, con ocasión a la explotación carbonífera a gran escala. Así mismo,   acerca de los estudios realizados por el CINEP a la población que habita en los   corregimientos Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira, como   titulares de derechos territoriales y culturales, como también, en relación con    los procesos de (des) territorialización en zonas de explotación de carbón en   este departamento.    

3.4.  Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP    

En oficio recibido el 21 de abril de 2015[49], el representante legal del CINEP, envió a la Corte, la información   solicitada mediante Auto del 27 de marzo de 2015, con el fin de absolver los   interrogantes planteados en la referida providencia, en los siguientes términos:    

a) Marco jurídico aplicado en procesos de reasentamiento adelantado   en el departamento de La Guajira con ocasión a la explotación carbonífera a gran   escala.    

El CINEP sostuvo   que en Colombia no existe un marco normativo o jurisprudencial específico que   regule el tema de traslado o reubicación de población.  Sin embargo, indicó   que dentro del ordenamiento jurídico se encuentra la Ley 56 de 1981, la Ley 388   de 1997 o la Ley 685 de 2001, que amparan a las comunidades o personas que se   ven obligadas a desplazarse por causa de la exploración y explotación de   recursos naturales declarados de utilidad pública.    

Así mismo, indicó   que en los procesos  de traslado o reubicación las empresas pueden seguir   lineamientos internacionales, como aquellos producidos por el Banco Mundial,   aunque su implementación no necesariamente garantiza la protección de los   derechos humanos.    

El manual de   Operaciones del Banco Mundial que establece los objetivos de la política de   traslado o reubicación, señala estos criterios:    

·         Los reasentamientos deben evitarse o reducirse al mínimo.    

·         Los reasentamientos deben concebir y ejecutar programas de   desarrollo sostenible.    

·         Se deben celebrar consultas satisfactorias con las personas   desplazadas.    

·         Se deben devolver en términos reales, los niveles que se tenían   antes de ser desplazados.    

Indicó que dentro   del Plan de Acción para el Reasentamiento se deben aplicar los siguientes   lineamientos:    

·         Diseño del proyecto.    

·         Compensación y beneficios.    

·         Consultas.    

·         Mecanismo de atención de quejas.    

·         Planificación y ejecución del reasentamiento y la indemnización.    

Manifiesta el   CINEP, que el carácter voluntario y discrecional en la aplicación de los   referidos criterios y la inexistencia de un marco normativo obligatorio centrado   en la garantía de los derechos, así como la falta de intervención y regulación   del Estado en los proceso de negociación entre la empresa y las comunidades, no   garantiza la protección de los derechos a la vida digna, libertad y seguridad de   las personas desplazadas involuntariamente por las actividades mineras.    

En concepto del   CINEP, el escenario poblacional del sur de La Guajira obliga a que las   comunidades que se vayan a ver afectadas por cualquier medida administrativa   deben ser consultadas en virtud de la implementación del marco normativo   aplicable a los grupos étnicos. En el caso particular de la comunidad negra de   Patilla y Chancleta, estima que debe ser considerada como un sujeto colectivo   titular del derecho a la consulta previa, libre e informada. De esta forma, los   procesos de reasentamiento que se adelanten en este contexto territorial deben   ser consultados en los términos construidos por la legislación y la   jurisprudencia nacional e internacional en relación al derecho a la consulta   previa, libre e informada.    

En materia de   consulta, menciona el conjunto normativo integrado por el Convenio 169 de la   OIT, al artículo 55 transitorio de la Constitución y la Ley 70 de 1993, así como    los principios rectores del Desplazamiento Forzado Interno, la Convención   Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y   Deberes del Hombre, la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones   Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.    

b)   Investigaciones realizadas por el CINEP en procesos de reasentamiento en los   municipios que conforman la zona de explotación carbonífera en el departamento   de La Guajira, en especial en los corregimientos de Patilla y Chancleta.    

Adicionalmente, se   informó sobre otros informes de investigación en relación con los impactos de la   minería de carbón a gran escala en el sur de La Guajira: i) Minería, Territorio   y conflicto. Hacia una ecología política de la minería de carbón; ii)   Extractivismo asociado con minería y explotación de hidrocarburos; y, iii)   Movilización social frente a los proyectos de ampliación de la explotación de   carbón en el sur de La Guajira.    

c) Estudios   realizados por el CINEP en relación a la población de los corregimientos de   Patilla y Chancleta, La Guajira.    

En relación con la   población de los corregimientos de Patilla y Chancleta, se informó que el   CINEP/PPP ha realizado un estudio de caracterización en el cual se identifican   las causas y el estado actual de la vulneración al derecho humano al agua en   ocasión de las actividades de explotación minera. En términos generales, expone   que la minería de carbón a cielo abierto ha generado cuatro tipos de vulneración   del derecho al agua para las comunidades rurales del sur de La Guajira:    

Primero: Acceso a   fuentes hídricas como ríos, arroyos, jagüeyes y pozo por parte de las   comunidades, cierre de vías y caminos tradicionales, cierre de sistemas   tradicionales de abastecimiento de agua, bocatomas para los micro-acueductos   verdales y sistemas tradicionales de abastecimiento de agua.    

Segundo:   Contaminación de fuentes hídricas por la extracción de recursos naturales o por   actividades relacionadas con la misma al sur de La Guajira, contaminación de las   fuentes de agua por polvillo de carbón, filtraciones de aguas y residuos   contaminantes y la contaminación generada por terceros.    

Tercero: Pérdida   de fuentes hídricas abastecedoras, que implica la disminución del caudal y la   desaparición de fuentes hídricas, el desvío de cauces de ríos y arroyos y el   agotamiento de agua subterránea.    

Cuarto:   Abastecimiento de agua para el desarrollo de proyectos productivos y gestión de   sistemas de recolección, almacenamiento y distribución de agua potable.    

En relación con la   vulneración al derecho humano al agua en los reasentamientos de las comunidades   del sur de La Guajira, se indicó que el agua para uso personal y doméstico debe   ser salubre, por lo tanto no ha de contener microorganismos o sustancias   químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las   personas. Adicionalmente, deberá tener un color, un olor y un sabor aceptable   para cada uso personal o doméstico.    

Sin embargo, el   CINEP advierte que las comunidades objeto de reasentamiento, con ocasión de la   actividad minera de la empresa carbonífera de Cerrejón, manifiestan dificultades   para una plena garantía del derecho humano al agua debido a que la calidad del   agua no responde a las necesidades de consumo humano y doméstico de las   familias. El agua presenta unas condiciones de salinidad que impiden que pueda   ser consumida o utilizada para cocinar alimentos, así mismo estas condiciones   dificultan las labores domésticas del lavado de ropa y aseo.    

Debido a que no es   posible abastecerse de las fuentes hídricas tradicionales como ríos, arroyos y   lagunas, “actualmente estas comunidades dependen del sistema de   distribución de agua que surte la empresa, el cual no garantiza las   condiciones de salubridad del agua, la periodicidad y la cantidad requerida para   las necesidades domésticas de las familias, así como tampoco abastece las   actividades agrícolas, de pastoreo y cría de animales” (se resalta fuera de   texto).    

d) Proceso de   (des) territorialización en zonas de explotación de carbón en el departamento de   La Guajira. ¿Cuáles son las características o elementos esenciales para una   población determinada sea considerada como comunidad en un proceso de   reasentamiento?    

Expone el   representante del Centro de Investigación y Educación Superior que los procesos   de (des) territorialización de las comunidades negras en el sur de La Guajira se   han consolidado a través de múltiples mecanismos, muchos de los cuales tienen en   común la ausencia de información completa y oportuna para los miembros de las   poblaciones desplazadas. La venta de tierras a través de expectativas de   bienestar fuera del territorio, el ofrecimiento de medios de compensaciones o de   reparaciones por los impactos, el empobrecimiento de la comunidad causado por el   deterioro de la calidad del aire, los suelos y el agua, la restricción al acceso   de fuentes de agua y recursos de uso común, la contaminación causada por los   botaderos de material estéril en las tierras productivas y la contaminación   generada por las explotaciones, son alguna de las causas que han generado a   través de los años el reasentamiento.    

Aunado a lo   anterior, la ausencia de redes solidarias, el cierre de vías de acceso, el   secamiento de arroyos, entre otras restricciones para el normal desarrollo de la   vida social y productiva, ha configurado situaciones de confinamiento.    

Señala que en   procesos de reasentamiento se deben atender situaciones como el restablecimiento   productivo de la comunidad, a través de emprendimientos y en un contexto que   permita mantener la vocación rural, la garantía de derechos económicos,   sociales, culturales y ambientales, la reconstrucción de lazos comunitarios y el   reconocimiento del ejercicio de autonomía como comunidad étnica.    

e) ¿La   población de negros afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y   Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira se puede considerar como una   comunidad titular de derechos territoriales y culturales?    

i) El proceso de   poblamiento es ancestral y configuró en buena medida el paisaje cultural de la   región del sur de La Guajira.    

ii) El proceso de   construcción de identidades es colectivo y corresponde al de las comunidades   negras.    

iii) No existe   impedimento jurídico que limite el reconocimiento de estos derechos a favor de   dichas comunidades.    

El Centro ha   podido determinar que la presencia de comunidades negras en La Guajira, también   denominados afroguajiros, han construido formas particulares de vida, ancladas   históricamente a sus territorios por todo el departamento, asentándose en   pequeños grupos. Dentro de las prácticas asociadas a referentes de la comunidad   negra se encuentran su vocación rural, su religiosidad, la reciprocidad y la   relación con el territorio, entre otras influencias que permiten el proceso de   fortalecimiento de su identidad étnica.    

Sostiene el Centro   de Investigación que la población afrodescendiente en el Caribe y el resto de   Colombia es el resultado de la diáspora y del trauma colonial. Dentro del   proceso de reivindicación política, estos negros se re imaginan como comunidad   negra para hacer visible su identidad étnica y para presentarse como comunidad   en la dispersión. Asegura que la dispersión geográfica que caracteriza a la   comunidad y la diáspora como característica de su historia, que se profundiza   con la expansión de la minería en su territorio ancestral, se convierten en una   limitación a la hora de reivindicar su identidad, pues el imaginario hegemónico   valida la existencia de una comunidad étnica a partir de su relación con un   territorio delimitado, en un estrecho vínculo con la naturaleza.    

Por todo lo   anterior, las comunidades negras de Patilla y Chancleta deben considerarse como   sujetos colectivos titulares de derechos territoriales y culturales y los   procesos de reasentamiento deben someterse a las implicaciones de dicha   categoría.    

f) ¿Los grupos   étnicos pueden considerarse un obstáculo para el desarrollo económico de   empresas encargadas de la explotación de carbón a gran escala?    

En concepto del   CINEP, los grupos étnicos no pueden considerarse como obstáculo para el   desarrollo económico de las regiones en las cuales se encuentras, básicamente,   porque la garantía de derechos territoriales protege los sistemas de desarrollo   económico de las mismas comunidades. En caso de que este aspecto sea objeto de   análisis, considera que se debe ponderar la garantía de los derechos   territoriales y la consecuente protección de los sistemas de desarrollo   económico implementados por las comunidades étnicas, frente a las expectativas   de desarrollo económico que genera en el Estado un proyecto de extracción de   recursos naturales por parte de las empresas privadas.    

En términos de   protección constitucional, los modelos de desarrollo económico, basados en la   economía agraria y en el uso y acceso de bienes ambientales, propios de las   comunidades negras, deben contar con la misma protección que los modelos de   desarrollo económico ejecutados por las grandes empresas encargadas de la   explotación de carbón a gran escala.    

g) ¿Qué cambios   ha generado la minería a gran escala en el departamento de La Guajira y cuál o   cuáles comunidades (negras o indígenas) se han visto afectadas?    

Dentro de las   transformaciones en el sur del departamento de La Guajira en relación a la mina   Cerrejón, se encuentran: la desaparición de comunidades (caso de Manantial); el   reasentamiento de comunidades enteras que han cambiado sus modos de vida rural a   urbano; la apropiación de áreas comunes como los linderos del río Ranchería y   espacios utilizados como rutas de pastoreo; la reestructuración del paisaje; el   control sobre el acceso y el disfrute de bienes comunes a los que antes tenías   derecho; la contaminación de fuentes hídricas y el secamiento de pozos y ojos de   agua; la contaminación atmosférica y la afectación hecha a especies animales y   vegetales por el polvillo de carbón; la militarización de las zonas y   finalmente, el posicionamiento del Cerrejón como uno de los actores más   importantes y más influyentes en el desenvolvimiento político y económico de La   Guajira en general.      

h) ¿Cuál sería   su concepto técnico sobre el proceso de reasentamiento que actualmente se   ejecuta en los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas,   La Guajira por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited?    

Se informó que el   equipo de investigación de CINEP no ha realizado un trabajo de análisis directo   sobre el proceso de reasentamiento que actualmente se ejecuta en los   corregimientos de Patilla y Chancleta. No obstante, señala que en los municipios   de Barrancas y Hatonuevo, se han desplazados 15 comunidades indígenas y negras   por medio de la modalidad “gota a gota”, como consecuencia de las negociaciones   individuales o desalojos colectivos de sus territorios.    

Adicionalmente, se   indicó que el caso de las comunidades accionantes guardan una estrecha similitud   con el caso documentado por el CINEP en relación al reasentamiento del   corregimiento de Roche, pues hacían parte de un mismo territorio y grupo   cultural. Al respecto, se destacan los siguientes aspectos:    

·         El lugar de reasentamiento no permite dar continuidad a su forma   de vida rural, en conde conformaron un territorio del que se obtenían las   condiciones para tener una vida digna.    

·         Durante el proceso de negociación del reasentamiento no se contó   con información clara y se hizo de manera forzada, en el momento en que la   población había sido disminuida.    

·         No se otorgaron los derechos correspondientes a esta comunidad   como sujeto étnico colectivo.    

·         No se desarrollaron programas de estabilización económica y   desarrollo comunitario acordes con la vocación de las personas, adicionalmente   no ha habido suficiente acompañamiento de la empresa Carbones del Cerrejón ni   del Estado en la implementación de estos.    

i) ¿En qué   consiste el proceso de (re) territorialización?    

Se define como el   proceso en el cual las comunidades son reasentadas en un sustrato espacial   nuevo, pero propio, donde se pueda dar continuidad a su estilo de vida como   negros campesinos. Es decir, el lugar de reubicación debe garantizar las   condiciones para dedicarse al campo, restablecer los lazos comunitarios   debilitados por la reorganización territorial preparada para la explotación   minera.    

El CINEP advierte   que las comunidades negras plantean la necesidad de ser re-territorializadas en   un lugar que permita acoger tanto a los reasentados como a la población que fue   desplazada y excluida del proceso de reasentamiento y se garantice una   reparación integral, que les permita recrear su territorio y mantener su sentido   de comunidad, donde se preserven continuidades de su pasado, pero se admita la   recreación e invención de las prácticas cotidianas.    

II. CONSIDERACIONES  Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE    

1.    Competencia    

Esta Corte es competente para revisar el presente fallo de tutela, de   conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la   Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones   pertinentes. El presente expediente fue seleccionado mediante Auto del 10 de   noviembre de 2014, proferido por la Sala de Selección Número Once y repartido a   la Magistrada encargada Martha Victoria Sáchica Méndez, quien preside la Sala   Octava de Revisión de la Corte Constitucional    

1.1     Cuestiones previas    

1.1.1 Solicitud   de nulidad presentada por el apoderado judicial principal de la Sociedad   Carbones del Cerrejón Limited    

Dentro del trámite   de revisión de la presente acción de tutela, mediante escrito radicado en la   Secretaría General de esta Corporación el 9 de abril de 2015, el apoderado   judicial principal de la Sociedad Carbones del Cerrejón Limited, solicitó la   nulidad de algunos de los interrogatorios practicados durante la diligencia de   inspección judicial adelantada los días 5 y 6 de marzo de 2015.    

Sustentó su   solicitud, con base en la violación del debido proceso al no practicarse las   pruebas por un juez competente. Argumentó, que tratándose de trámites   constitucionales ante la Corte Constitucional, la competencia para adelantar   todo el proceso, incluyendo el recaudo probatorio, recae en principio sobre el   Magistrado sustanciador a cuyo cargo se encuentre.    

Sin embargo,   indicó que, el Reglamento Interno de la Corte Constitucional – Acuerdo 05 de   1992- permite que el Magistrado delegue únicamente en el Magistrado Auxiliar o   en los jueces o Magistrados con jurisdicción en el lugar, la potestad para   practicar pruebas, como consta en el literal “f” del artículo 16 y en el   artículo 57 de la citada norma.    

Señala, que en las   diligencias de inspección judicial, además del Magistrado Auxiliar – quien tenía   la plena competencia para ello- también los profesionales especializados grado   33, comisionados mediante Auto del 13 de febrero de 2015, intervinieron   activamente en la práctica de pruebas y en la ejecución de las inspecciones   oculares. Razón por la cual, concluye que las pruebas fueron practicadas por   funcionarios no competentes funcionalmente.    

Por lo anterior,   solicitó se declare la nulidad de pleno derecho de los medios probatorios   consignados en el Acta de Inspección Judicial, así como, las inspecciones   oculares realizadas durante la diligencia judicial los días 5 y 6 de marzo de   2015, toda vez que, reitera, fueron practicadas por funcionarios no competentes.    

En atención a la anterior solitud, la Sala Octava de Revisión de la Corte   Constitucional, encuentra necesario hacer las siguientes precisiones:    

i) El artículo 238 del Código General del Proceso regula el procedimiento   respectivo, dentro del cual se prevé entre otros aspectos, los siguientes:    

“i) La diligencia se iniciará en el juzgado o en el lugar   ordenado y se practicará con las partes que concurran; si la parte que la pidió   no comparece el juez podrá abstenerse de practicarla.    

ii) En la diligencia el juez procederá al examen y   reconocimiento de que se trate.     

Cuando alguna   de las partes impida u obstaculice la práctica de la inspección se le impondrá   multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes   (smlmv) y se presumirán ciertos los hechos que la otra parte pretendía demostrar   con ella, o se apreciará la conducta como indicio grave en contra si la prueba   hubiere sido decretada de oficio.    

iii) En la   diligencia el juez identificará las personas, cosas o hechos examinados y   expresará los resultados de lo percibido por él. El juez, de oficio o a petición   de parte, podrá ordenar las pruebas que se relacionen con los hechos materia de   la inspección. Las partes podrán dejar las constancias del caso.    

iv) Cuando se   trate de inspección de personas podrá el juez ordenar los exámenes necesarios,   respetando la dignidad, intimidad e integridad de aquellas.    

v) El juez   podrá ordenar que se hagan planos, calcos, reproducciones, experimentos,   grabaciones, y que durante la diligencia se proceda a la reconstrucción de   hechos o sucesos, para verificar el modo como se realizaron y tomar cualquier   otra medida que se considere útil para el esclarecimiento de los hechos.    

PARÁGRAFO. Cuando   se trate de predios rurales el juez podrá identificarlos mediante su   reconocimiento aéreo, o con el empleo de medios técnicos confiables”.    

ii) El Artículo 57 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, Acuerdo   05 de 1992, faculta  al Magistrado Sustanciador para que en sede   de revisión de tutelas y con miras a la protección inmediata y efectiva del   derecho fundamental vulnerado, decrete las pruebas que considere pertinentes   para allegar al caso objeto de estudio elementos de juicio relevantes   indispensables para adoptar una decisión de fondo.    

iii) En   cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, en especial las   conferidas por el literal f) del Artículo 16 del Acuerdo 05 de 1992,   Reglamento Interno de la Corte Constitucional, la Magistrada sustanciadora,   mediante Auto del 13 de febrero de 2015, ordenó la práctica de una inspección   judicial en los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de   Barrancas, del departamento la Guajira, para los días 5 y  6 de marzo de   2015. Esto, con el propósito de tener un mejor conocimiento de los hechos que   ocasionaron la presente acción de tutela. Para practicar dicha diligencia, en el   mismo auto se delegó a un Magistrado Auxiliar, quien estaría acompañado por dos   de los Profesionales Especializados grado 33 del Despacho de la Magistrada   encargada, Martha Victoria Sáchica Méndez.    

iv) En la práctica de la inspección judicial en los corregimiento de Patilla   y Chancleta, los dos Profesionales Especializados grado 33 del Despacho de la   Magistrada Sustanciadora cumplían una labor de acompañamiento y apoyo al   Magistrado Auxiliar delegado para la práctica de dicha diligencia, requerida por   la complejidad de la misma. Es decir, todas las actuaciones que efectuaron   correspondieron a esa tarea de apoyo y acompañamiento de la comisión que cumplía   el Magistrado Auxiliar delegado y fueron adelantadas bajo el cumplimiento de sus   instrucciones.     

v) Cabe resaltar que el cargo de Profesional Especializado grado 33 cumple con   las funciones jurídicas específicas que le sean asignadas de manera individual y   directa por el Magistrado nominador, teniendo en cuenta que ni en el Acuerdo de   creación del cargo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la   Judicatura, ni el Reglamento Interno de la Corporación, hacen un señalamiento de   las funciones al cargo asignado.    

En este caso, la participación de los Profesionales implicó una colaboración al   Magistrado Auxiliar en el recaudo de pruebas que debían efectuarse fuera de la   sede del despacho judicial[50].    

vi) Las intervenciones realizadas por dichos empleados dentro de los   interrogatorios coordinados, dirigidos y presididos en todo momento por   el Magistrado Auxiliar delegado, en el marco de dicha comisión: i)  fueron realizados para el apoyo y eficacia de la diligencia judicial y en   cumplimento de sus instrucciones; y ii) con el propósito de acompañar al   Magistrado Auxiliar en la práctica de una inspección judicial, dentro de la cual   se permitió “decretar la práctica de algunas pruebas que se consideren   pertinentes para analizar el caso”[51]  las cuales, se reitera, se practicaron siempre bajo la dirección y   coordinación del magistrado auxiliar comisionado para el efecto.    

No obstante, y en atención a la aplicación armónica entre las normas previstas   en  el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 05 de 1992 (Reglamento de la Corte   Internacional) y el Código General del Proceso respecto a la práctica de una   inspección judicial en sede de revisión de tutela, las preguntas realizadas por   los dos Profesionales Especializados grado 33 del Despacho la Magistrada   Sustanciadora dentro de la diligencia judicial ordenada mediante Auto del   13 de febrero de 2015, no podían significar la toma de   decisiones jurisdiccionales ni la realización de diligencias que debían ser   llevadas a cabo personalmente, por el Magistrado Auxiliar comisionado para tales   efectos.    

Es decir, las preguntas, intervenciones o aclaraciones solicitadas por los dos   Profesionales Especializados grado 33, dentro de la diligencia judicial   anteriormente referenciada, identificadas plenamente en el Acta de inspección   judicial incluida en el capítulo 3, numeral 3.2 de esta providencia y que da   cuenta de los resultados de la diligencia[52], no pueden ser tenidas en cuenta como material probatorio para   adoptar la decisión de fondo en el asunto de la referencia. Lo anterior, con el   fin de garantizar el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y   contradicción de todo lo actuado de las partes procesales.    

vii). Aunque la Sala reconoce que la acción de tutela admite una extensa   flexibilidad en sus procedimientos y que, a su vez, la actividad probatoria está   basada en el reconocimiento de los principios de celeridad y buena fe, ello no   implica que la práctica de pruebas no esté sometida a requisitos mínimos.   Condiciones como la suscripción de actas y testimonios, la adecuada   identificación de los testigos y la comprobación acerca de las calidades de   quienes manifiestan actuar en nombre y representación de organizaciones o   entidades públicas, son imperativas para garantizar la pertenencia, conducencia   y utilidad de la prueba.    

viii) Habida cuenta que dentro de la inspección judicial se presentó la   intervención ocasional de los dos Profesionales Especializados grado 33   comisionados para el acompañamiento de la misma, en  el Auto del 13   de febrero de 2015, sin tener la competencia que la ley prevé para actuar en   nombre y representación de esta Corporación, es necesario sanear el   procedimiento con el fin de evitar futuras afectaciones al derecho al debido   proceso. Por ello, se procederá a declarar la nulidad parcial de la diligencia   de inspección judicial a la que se ha hecho referencia de manera extensa.    

La declaratoria de   nulidad parcial se restringe exclusivamente al material probatorio recaudado en   relación con las preguntas, intervenciones y aclaraciones   practicadas por los dos Profesionales Especializados grado 33 dentro de la   diligencia judicial decretada mediante Auto del 13 de febrero de 2015.    

1.1.2 Miembros   de pueblos indígenas como parte de la comunidad accionante.    

El 17 de marzo de   2014, por intermedio de apoderado judicial, los miembros de la comunidad de   negros afrodescedientes de Patilla y Chancleta, interpusieron acción de tutela   contra la empresa Carbones del Cerrejón Limited.    

En el escrito   tutela se hace referencia a los nombres de las personas que conforman la   referida comunidad, entre los cuales se encuentran sujetos de especial   protección constitucional como niños, niñas y adultos mayores. Así mismo, a   folio 15 del cuaderno principal, en el hecho número 20, el apoderado judicial de   los accionantes refiere que:    

“En total son   40 familias que todavía viven en los antiguos caseríos de CHANCLETA Y PATILLA,   familias estas que tienen derecho al reasentamiento, pero sobre las cuales no se   han podido aplicar tal beneficio debido a varios motivos: a) en algunos casos,   porque la tutelada pretende aplicar una clasificación caprichosa y   discriminatoria de la población, establecida sin ningún fundamento legal, que   excluye algunas de tales familias que si bien no son originarias de tales   comunidades llevan más de 10 Años viviendo en ellas, compartiendo con todos los   nativos la contaminación que desde hace tantos años viene generando EL CERREJON;   b) en otros casos, familias que tienen su origen en la etnia Wayú, y que también   tienen más de 10 años de vivir en esas comunidades y que por tanto se sienten   parte de ellas, pero que la compañía se resiste a admitirlos como tal. C) Y,   un tercer grupo, constituido por familias que aun siendo reconocidas como   beneficiarias del reasentamiento por parte de la tutelada, desde un principio se   negaron a aceptar la propuesta de reubicación que les hizo la empresa tutelada   argumentando que el traslado que se les proponía los ponía en un proceso de   conurbación totalmente ajeno a sus costumbres e idiosincrasia, pues ellos   constituyen una comunidad netamente campesina, rural, que quería mantener esa   condición, frente a lo cual CERREJON no ha generado ningún tipo de acuerdo en   más de siete años que la comunidad, de manera organizada, paciente y continua,   ha venido tratando de negociar un reasentamiento concentrado”. (Resaltado fuera   del texto original).    

1.       Sobre lo anterior, la Sala Octava de Revisión   encuentra necesario hacer las siguientes precisiones respecto a la población   Wayúu habitante en las mismas poblaciones de la comunidad accionante, en los   siguientes términos:    

Dentro de la   Inspección Judicial practicada los días 5 y 6 de marzo del 2015, ordenada por la   Magistrada sustanciadora por medio de Auto del 13 de febrero de 2014, se pudo   constatar dentro de la comunidad accionante la presencia de dos (2) familias que   hacen parte de la casta indígena Uniana; los cuales habitan desde hace   muchos años en el territorio de los corregimientos de Patilla y Chancleta. Con   el fin de verificar la anterior información, el Magistrado Auxiliar delegado   para la práctica de la referida diligencia, realizó interrogatorio de parte al   señor Rubén Darío Araujo Uriana identificado con número de cédula de ciudadanía    17.950.077, el cual manifestó lo siguiente:    

“Pregunta 1.    

Corte Constitucional (Juan Antonio Barrero Berardinelli): ¿Cuál es su   nombre, cuál es su identificación?    

Rubén Darío Araujo Uriana: Mi nombre es Rubén Darío Araujo Uriana.    

Pregunta 2.    

Corte Constitucional (Juan Antonio Barrero Berardinelli): ¿Su cédula?    

R.D.A.U: 17950077 de Zarahita con z.    

Pregunta 3.    

Corte Constitucional (Juan Antonio Barrero Berardinelli): Señor   Araujo, ¿cuál es su lugar de residencia, dónde vive y hace cuanto vive en ese   lugar?    

R.D.A.U: Vivo en la comunidad de Patilla desde el 2001.    

Pregunta 4.    

Corte Constitucional (Juan Antonio Barrero Berardinelli): ¿Dónde   vivía antes?    

R.D.A.U: Vivía en Distracción, allí en una comunidad indígena. Yo me   vine de la comunidad indígena esa, me vine de la comunidad indígena para   buscando trabajo una forma de vivir para educar a mis hijos que estaban pequeños   en ese entonces y aquí logre que cursaran el bachillerato.    

Pregunta 5.    

R.D.A.U: Sí, pertenezco a la comunidad indígena wayúu.    

Pregunta 6.    

Corte Constitucional (Juan Antonio Barrero Berardinelli): ¿Cuál?   ¿Alguna casta en particular?    

R.D.A.U: La casta uriana.    

Pregunta 7.    

Corte Constitucional (Juan Antonio Barrero Berardinelli): ¿Desde   cuándo pertenece a la casta uriana?    

R.D.A.U: Desde, eso es ancestral la pertenencia es ancestral   entonces no te puedo decir que desde tal año yo estaba. El wayúu es por   excelencia de la guajira y nosotros somos dueños del territorio por decirlo así,   somos la casta original.    

Pregunta 8.    

Corte Constitucional (Juan Antonio Barrero Berardinelli): ¿Quién o   quienes conforman su grupo familiar, quién es su familia?    

R.D.A.U: Mi familia, mi señora se llama Luz Mary Omega Solano   Puchán, Braulio Araujo Puchán, Diasmely Francisca Puchán y Ruben Dario Araujo   Puchán, tengo tres hijos”.    

Del   referido interrogatorio se pudo verificar la presencia de dos familias Wayúu,   integradas por Rubén Darío Araujo Uriana y Luz Mary   Omega Solano Puchán, Braulio Araujo Puchán, Diasmely Francisca Puchán y Ruben   Dario Araujo Puchán y tres hijos, los cuales son dueños de dos viviendas   continuas, ubicadas  en el Corregimiento de Patilla desde el año 2001, las   cuales fueron visitadas por el Magistrado Auxiliar delegado y demás acompañantes   de la Inspección Judicial en el recorrido ocular que se realizó como parte de la   misma diligencia.    

Así   mismo, en relación con la posible afectación sufrida como consecuencia de la   explotación carbonífera en la zona de Patilla y Chancleta, el señor Rubén   Darío Araujo Uriana manifestó:    

Pregunta 9.    

Corte Constitucional (Juan Antonio Barrero Berardinelli): ¿Que   afectación ha sufrido como consecuencia de la explotación carbonífera la zona de   Patilla y Chancleta?    

R.D.A.U: Las afectaciones son múltiples, por ejemplo en estos   momentos los techos se parte la carbonilla, el agua los ríos están contaminados   por la explotación de carbón aquí la contaminación es auditiva, visual por la   constante detonación que hace Cerrejón por las voladuras. Si uno duerme en el   día y en la noche tiene que lavarse la cara porque le pican los ojos la   carbonilla, eso es inminente, eso es latente todo el tiempo se ve la   contaminación, hay unos ellos tienen unos socavones donde se crea el carbón y el   agua que mana de ese manantial eso lo utilizan ellos, en tiempos de invierno   paralelo a las aguas lluvia echan el agua allá en la comunidad de Patilla y se   multiplica el zancudo de toda clase de insectos como presión para que nos   vayamos del territorio. En muchas ocasiones, emitió un comunicado para que ellos   quiten el agua contaminada y siempre se muestran de quitarla pero siguen   echándola en época de lluvia cuando los socavones se llenan a través de unas   turbinas gigantescas extraen el agua y nos contaminan el agua muy aledaña al   poblado donde allí llegan al pasto son los niños, los ancianos que y eso no lo   mira el Cerrejón, ellos que se fuera la gente y listo, y eso bajo presión no   vamos a salir de aquí nosotros no podemos salir de aquí bajo presión”.    

De lo anterior se   concluye que (i) en la zona de explotación carbonífera en controversia conviven   miembros del pueblo indígena Wayúu como parte de la comunidad accionante; (ii)   en el proceso de la referencia no se pretende comprobar su identidad étnica   Wayúu; (iii) estas familias consideran que se han visto afectados por la   explotación carbonífera; y, (iv) aunque pertenecen a una casta indígena Wayúu,   se auto reconocen como miembros de la comunidad accionante, con quienes han   convivido desde el año 2001.  Razón por la cual, consideran, tienen derecho   a hacer parte del proceso de reasentamiento de que trata el presente caso.    

Por todo lo   expuesto, la Sala Octava de Revisión aclara que para todos los efectos que   surjan de las órdenes impartidas en el presente caso como consecuencia de la   decisión de fondo a adoptar, se entenderá que el señor Rubén Darío Araujo Uriana   y los miembros que conforman su familia, asentada en el corregimiento de   Patilla, hacen parte de la comunidad accionante, independientemente de su origen   étnico. Quienes se encuentran plenamente identificados en el numeral 3.1.9   (página 29) de la presente providencia[53].    

2.   Problemas jurídicos planteados    

Con fundamento en   los antecedentes expuestos, la Sala encuentra que el presente caso involucra dos   cuestiones que ameritan un análisis independiente.    

a)     Primera cuestión a analizar     

2. Del   material probatorio se evidencia   que en la actualidad se ejecuta un proceso de reasentamiento a los habitantes de   los corregimientos de Patilla y Chancleta en el municipio de Barrancas, La   Guajira, por cuanto la empresa accionada consideró que la reubicación era   necesaria en la medida en que la explotación carbonífera a cielo abierto avanza   hacia el sur de La Guajira. Por lo anterior, desde el año 2006 se inició un   proceso de reubicación, previos acuerdos con la comunidad, el cual se ha   desarrollado de manera parcial con familias pertenecientes a la comunidad   accionante.    

Sin embargo, a la   fecha de la interposición de la presente acción de tutela, el proceso de   reasentamiento se encuentra suspendido debido a que un grupo de habitantes de la   zona de influencia del proyecto, entre ellos los demandantes, se niega a aceptar   las propuestas ofrecidas por la empresa accionada, al considerar que los   referidos acuerdos no satisfacen sus necesidades, en atención a su identidad   rural y campesina. Estiman que se les está sometiendo a vivir en condiciones   indignas y a soportar la contaminación que se genera en la zona.    

Por lo anterior,   estiman vulnerados sus derechos fundamentales a un ambiente   sano, a la intimidad, a la vida y a la salud a causa de la contaminación   ambiental por la emisión de las partículas de carbón que genera la explotación   carbonífera a cielo abierto y ante el incumplimiento por parte de la empresa   accionada de hacer efectivo el proceso de reasentamiento de sus familias sin   tener en cuenta su identidad étnica como comunidad negra.    

Al respecto, la   expresa accionada sostiene que el proceso de reasentamiento se efectúa en   atención a la lista de personas reubicables y no reubicables y que en su   momento, se abrieron espacios de participación para la comunidad asentada en la   zona de influencia; sin embargo no pueden reconocer una identidad afro   descendiente o cualquier otra caracterización étnica por cuanto los   peticionarios no conforman una colectividad. Adicionalmente, no se encuentran   probadas las afectaciones ambientales alegadas por los accionantes, en   particular, las relacionadas con la contaminación del aire, máxime, si se tiene   en cuenta que de los reportes emitidos por las diferentes entidades de control,   la empresa Carbones del Cerrejón Limited cumple con los parámetros ambientales   establecidos por las normas pertinentes.    

4. En este orden,   el primer problema jurídico que se plantea a la Sala Octava de Revisión consiste   en resolver si la empresa Carbones del Cerrejón Limited vulnera los derechos fundamentales a la consulta previa y al reconocimiento y   subsistencia como pueblo afrodescendiente a los accionantes,   miembros del Consejo Comunitario Negros Afrodescendientes  de Chancleta,   asentados en los corregimientos de Patilla y Chancleta,   al negarse a reconocer la identidad afrodescendientes que alegan los   peticionarios y en esa medida, efectuar consulta previa a fin de que en el   proceso de reasentamiento se garantice su identidad social, económica y cultural. Esta negativa ¿Genera la posible vulneración de los derechos   fundamentales al medio ambiente, a la vida en condiciones dignas, a la salud y    la intimidad, al continuar expuestos a la contaminación que genera una mina de   carbón a cielo abierto, sin poderse reasentar en un territorio del cual sean   propietarios, con viviendas y un entorno que respete su identidad cultural y su   modo de vida?    

b) Segunda cuestión a analizar    

Dentro  del   presente caso se encuentra probado que la comunidad minoritaria   de negros, asentados en los corregimientos de Patilla y Chancleta ha sufrido un   proceso de reasentamiento o reubicación por causa de la actividad carbonífera en   esas poblaciones.    

Una de las mayores   dificultades que manifiestan los pobladores de los reasentamientos asignados por   la empresa Carbones Cerrejón Limites y que se pudo constatar por el juez   constitucional en el curso del proceso de tutela, es la carencia del servicio de   agua, la ausencia de todos los componentes esenciales del derecho vital al agua,   como son, la accesibilidad, disponibilidad y calidad. Al examinar el lugar, con   ocasión de la inspección judicial realizada los días 5 y 6 de marzo de 2015 y en   forma directa, se constató la ausencia de prestación del servicio público de   agua en diferentes viviendas del lugar de reasentamiento visitadas   aleatoriamente. Como se comprende, el no disponer de este servicio esencial,   impide el desarrollo normal de la vida familiar y de trabajo de esta población   en los lugares donde se ha realizado el reasentamiento ocasionado por la   explotación carbonífera en los corregimientos de Patilla y Chancleta del   municipio de Barrancas, La Guajira.       

5. Por   tanto, como segundo problema, la Sala Octava de Revisión como guardiana de la   integridad y supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales,   resolverá  si existe vulneración del derecho fundamental al agua de las comunidades   reasentadas como consecuencia de la actividad minera carbonífera en los   corregimientos de Patilla y Chancleta y de ser así, dictará las medidas   encaminadas a proteger el derecho fundamental. Si bien los accionantes   invocan genéricamente la protección de su derecho a ser reubicados en vivienda   acordes con su modus vivendi, sus usos y su cultura para restablecer los   derechos presuntamente vulnerados, la Corte aborda este problema jurídico de   forma extra petita, en tanto el derecho al agua se encuentra: i)   actualmente vulnerado en el lugar que se reasentó la comunidad y ii)   estrechamente relacionado con los derechos invocados en la acción de tutela,   entendiendo que “en materia de tutela, el juez puede al estudiar el caso concreto,   conceder el amparo solicitado, incluso por derechos no alegados, pues la misma   naturaleza de esta acción, así se lo permite. Es decir, el juez de tutela puede   fallar extra y ultra petita” [54].     

3.    Metodología de análisis y decisión    

Para resolver los   problemas jurídicos planteados, la Sala dividirá sus consideraciones del   siguiente modo: (i) procedencia de la acción de tutela para la protección de   derechos colectivos; (ii) protección del derecho al ambiente sano como deber del   Estado Social de Derecho; (iii) traslado, reubicación y   derechos de las comunidades afectadas por proyectos de explotación a gran escala;   (iv) marco normativo aplicable a procesos de traslado y   reubicación de comunidades afectadas por actividades de explotación minera;   (v) derecho a la consulta previa y otros mecanismos de participación de grupos   étnicos en procesos de explotación de recursos naturales; (vi) reconocimiento   constitucional del Derecho al Agua como Derecho Humano y Fundamental; (vii)   Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y   competencias concurrentes para la prestación del servicio público de agua;   (viii) contenido del derecho fundamental al agua; (ix) jurisprudencia   constitucional sobre la tutela del goce efectivo del derecho fundamental al   agua; (x) respuesta a los dos problemas jurídicos que involucra la presente   controversia y, finalmente, (xi) se resolverá el caso concreto.    

4.    Procedencia de la acción de tutela para la protección de derechos colectivos.   Reiteración de jurisprudencia.    

6.  El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como   un mecanismo de protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de   las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la   acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en   los casos establecidos en la Constitución y en la ley.    

Esta acción tiene   un carácter subsidiario y residual, por lo cual solo procede cuando el afectado   no tenga a su alcance otro medio de defensa judicial o cuando, existiendo otro   medio, la tutela se ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio   de carácter irremediable.    

En este sentido,   de forma reiterada, esta Corporación ha sostenido que en los casos en que existan medios judiciales ordinarios de   protección al alcance del accionante, el amparo será procedente si el juez   constitucional logra determinar que: (i) los mecanismos y recursos   ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar   la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii)  se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo   contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio   irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de   los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es un sujeto de especial   protección constitucional[55].    

Así mismo, a partir de lo previsto en el artículo 6 del Decreto 2591 de   1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de   tutela también resulta procedente como mecanismo de protección definitivo en   aquellos casos en los que la herramienta judicial que prevé el ordenamiento se   muestra como ineficaz para garantizar los derechos fundamentales del afectado.[56]    

7. Aunado a lo   anterior, por regla general, la acción de tutela no procede para la protección   de los derechos colectivos, frente a los cuales el ordenamiento jurídico   colombiano ha previsto mecanismos especiales, fundamentalmente la acción   popular, medio constitucional específico para amparar derechos e intereses   generales, entre los cuales está el goce de un ambiente sano[57].    

La Constitución de   1991 prevé en su artículo 88 que los derechos colectivos podrán ser amparados   mediante acciones populares, reguladas en la Ley 472 de 1998. Sin embargo,   cuando una conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, se   deberá constatar si ésta afectación presenta conexidad con derechos   fundamentales, es decir, si del atentado contra bienes colectivos se deriva   también una vulneración o amenaza individual, o a un grupo concreto, caso en el   cual, la acción de tutela puede ser el mecanismo excepcional de protección al   aplicar las reglas de ponderación desarrolladas por la jurisprudencia de esta   Corporación  como criterio auxiliar, las cuales el juez constitucional   deberá tener en cuenta para eventualmente conceder la tutela[58]:    

8. En la sentencia T-1451 de 2000, la Corte sintetizó por primera vez las   reglas para la procedencia de la acción de tutela cuando se afecta un interés   colectivo. En ese sentido la providencia indicó:    

“Primer criterio: La transcendencia que pueda tener un derecho   colectivo en el ámbito de los derechos fundamentales, no lo hace perder su   naturaleza de colectivo y  su protección, por tanto, ha de lograrse a   través de la acción diseñada para el efecto, y ésta  no es otra que la   acción popular. Sin embargo, si de la vulneración de un derecho de esa   naturaleza, se desprenden graves consecuencias para derechos fundamentales, la   acción de tutela como mecanismo de defensa para éstos, será la procedente   (sentencias T-406 de 1992; T-244 y T-453 de 1998, entre otras).     

“En algunas providencias, se llegó a identificar ciertos derechos   colectivos como derechos fundamentales. Así, en las sentencias T-536 de 1992 y   T-092 de 1993, se afirmó, por ejemplo, que el derecho al ambiente sano era un   derecho de rango fundamental. Posición ésta que fue rectificada en la sentencia   de unificación SU-067 de 1993, para posteriormente reaparecer en la   jurisprudencia subsiguiente, en donde claramente se ha determinado que derechos   como el ambiente sano y la salubridad pública son derechos de carácter   colectivo.    

“Segundo criterio: Conexidad entre la vulneración del derecho   colectivo y la  vulneración del derecho fundamental. Conexidad que debe   arrojar una vulneración directa y clara de un  derecho fundamental   determinado. El daño o amenaza del derecho fundamental, debe ser consecuencia   inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo. Por tanto, ha de    determinarse que la lesión o amenaza del derecho fundamental,  es producto   del desconocimiento  de uno o varios derechos colectivos y no de otra   causa.    

“Cuarto criterio: Debe probarse fehacientemente la vulneración   del derecho fundamental que se dice desconocido o amenazado. Para el efecto, el   juez está obligado a analizar cada caso en concreto, para determinar la   correspondiente vulneración.    

“No basta, entonces, afirmar la vulneración o amenaza de un derecho   fundamental; se requiere tanto la prueba de su desconocimiento como la    titularidad  del derecho fundamental, por parte de quien invoca la acción   de tutela.    

“Quinto criterio: La orden del juez debe buscar el   restablecimiento del derecho fundamental vulnerado más no del derecho colectivo   en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido,   igualmente, un derecho de esta naturaleza.    

“Estos criterios, parten de un mismo supuesto, la inexistencia de un   medio judicial diverso de la acción de tutela para obtener la protección de los   derechos fundamentales amenazados, pues la existencia de mecanismos alternos de   defensa que puedan ser utilizados y a su vez ser calificados como eficaces para   la protección del derecho fundamental, hacen improcedente la acción de tutela”.    

9.  Los criterios definidos en la anterior decisión fueron decantados en la   sentencia SU-1116 de 2001[59],   oportunidad en la cual esta Corte sostuvo que para que sea procedente la acción   de tutela cuando se afecta un interés colectivo, se debe constatar: “(i) que   exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o   amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del   derecho fundamental sea ‘consecuencia inmediata y directa de la perturbación del   derecho colectivo’. Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o   realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de   naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental   no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el   expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento   del derecho fundamental afectado, y ‘no del derecho colectivo en sí mismo   considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un   derecho de esta naturaleza’”[60].    

10. Posteriormente, en la sentencia T-710 de 2008[61]  la Corte Constitucional reiteró los requisitos definidos por la jurisprudencia   constitucional para la procedencia de la acción de tutela por la afectación de   un derecho colectivo, sin embargo, añadió que, “además de los cuatro   requisitos mencionados, la Corte ha señalado que es necesario para la   procedencia de la tutela como mecanismo de protección de derechos colectivos en   conexidad con derechos fundamentales, que en el proceso aparezca demostrado que   la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el   derecho fundamental vulnerado o amenazado”.    

Al respecto, ha señalado la Corte que le corresponde al accionante explicar y   probar por qué razón, en su caso concreto, la acción popular no es idónea ni   eficaz para obtener la protección de los derechos de que se trate, ha indicado   que:    

“Esta breve referencia muestra que en principio la Ley 472 de 1998 es   un instrumento idóneo y eficaz para enfrentar las vulneraciones o amenazas a los   derechos colectivos.(…) En tales circunstancias, la entrada en vigor de una   regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica que, fuera de los   cuatro requisitos señalados (…) para que la tutela proceda en caso de afectación   de un derecho colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el carácter   subsidiario y residual de la tutela (CP art. 86), que en el expediente aparezca   claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar   específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho   colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial individual en   relación con el peticionario. En efecto, en determinados casos puede suceder que   la acción popular resulta adecuada para enfrentar la afectación del derecho   colectivo vulnerado, pero ella no es suficiente para amparar el derecho   fundamental que ha sido afectado en conexidad con el interés colectivo. En tal   evento, la tutela es procedente de manera directa, por cuanto la acción popular   no resulta idónea para proteger el derecho fundamental. Pero si no existen   razones para suponer que la acción popular sea inadecuada, entonces la tutela no   es procedente, salvo que el actor recurra a ella ‘como mecanismo transitorio,   mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en curso y cuando   ello resulte indispensable para la protección de un derecho fundamental[62]’”.    

11. En conclusión, la protección por vía de tutela en los casos en que se   afecten intereses colectivos, procederá siempre que se trate de evitar un   perjuicio irremediable, cuando la referida afectación conlleve el   desconocimiento de un derecho fundamental y el mecanismo ordinario no sea idóneo   o eficaz para su restablecimiento, puede solicitarse su protección a través del   mecanismo constitucional de amparo, conforme a las reglas reiteradas en la   jurisprudencia.    

5. Protección del derecho al ambiente sano como   deber del Estado Social de Derecho    

12. En la Constitución de 1991 se establece la protección del ambiente como un   deber, cuya consagración se hizo tanto de forma directa en su artículo 79, al   prescribir que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de   un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las   decisiones que puedan afectarlo. // Es deber del   Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de   especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos   fines”, como de forma indirecta en el artículo 8º  al   estipular que: “Es obligación del Estado y de las personas   proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” y en el numeral 8 del artículo 95 cuando consagra el deber   constitucional de: “Proteger los recursos culturales y   naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”.    

13. En la sentencia T-411 de 1992 la Corte desarrolló el   concepto de Constitución ecológica, el cual se reitera, resulta fundamental para   la comprensión del medio ambiente. En esa oportunidad señaló que:    

“(…) de una lectura sistemática, axiológica y finalista surge el   concepto de Constitución Ecológica, conformado por   las siguientes 34 disposiciones:  ||  Preámbulo (vida), 2º   (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de   proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación), 11   (inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos fundamentales de los   niños), 49  (atención de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica   de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad ambiental),   67 (la educación para la protección del ambiente), 78  (regulación de la producción y comercialización de bienes y servicios), 79  (derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales),   80  (planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81  (prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de   proteger los recursos culturales y naturales del país), 215 (emergencia   por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226  (internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización   de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente   como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las   acciones populares como mecanismo de protección del ambiente), 289  (programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la   preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y medio   ambiente), 301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos   atendiendo a recursos naturales y a circunstancias ecológicas), 310  (control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el   ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y   patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de valorización   para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos   de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331   (Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332   (dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables),   333 (limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente),   334 (intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y   de un ambiente sano), 339  (política ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340   (representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de   Planeación), 366  (solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como   finalidad del Estado)[63].    

14. Para esta Corporación, este cúmulo de disposiciones, entendidas   sistemáticamente, denotan la importancia que tiene en nuestro ordenamiento   jurídico el ambiente, entendido como principio fundamental y derecho   constitucional  del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez   están legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben   colaborar en su conservación como deber constitucional[64]. Así mismo, se   le impone al Estado las obligaciones de: 1) proteger su diversidad e integridad,   2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de   especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5)   planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así   garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o   sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7)   imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al   ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas   situados en las zonas de frontera.    

15. El concepto de Constitución ecológica fue retomado por esta   Corporación en la sentencia C-671 de 2001[65],   al determinar que la defensa del ambiente constituye un objetivo de principio   dentro de la estructura de nuestro Estado social de derecho, por cuanto hace   parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de   las generaciones futuras. Lo que la jurisprudencia ha denominado como   “Constitución ecológica” está conformada por el conjunto de preceptos   superiores, a partir de los cuales deben regularse las   relaciones de la comunidad con la naturaleza, los recursos naturales y que,   principalmente, procuran su conservación y protección.    

16. La Corte Constitucional en sentencia C-760 de 2007 resaltó la obligación   Estatal e individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la   Nación como uno de los principios fundamentales de la Constitución. Así mismo,    precisó que en desarrollo de tal valor, la Constitución Política consagra   derechos colectivos[66],   obligaciones específicas[67]  y las pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el   ecosistema. Es decir, en dichas disposiciones se consigna una atribución en   cabeza de cada persona para gozar de un medio ambiente sano, una obligación   Estatal y de todos los colombianos de proteger la diversidad e integridad del   ambiente y una facultad en cabeza del Estado tendiente a prevenir y controlar   los factores de deterioro y garantizar su desarrollo sostenible, su   conservación, restauración y sustitución[68].    

17. En sentencia C-666 de 2010 esta Corporación definió el concepto   constitucional del medio ambiente como un concepto complejo, el cual involucra   distintos elementos que se conjugan para conformar el entorno en el que se   desarrolla la vida de los seres humanos, dentro de los que se cuenta la flora y   la fauna que se “la visión del ambiente como elemento transversal en el   sistema constitucional trasluce una visión empática de la sociedad, y el modo de   vida que esta desarrolle, y la naturaleza, de manera que la protección del   ambiente supera la mera noción utilitarista, para asumir una postura de respeto   y cuidado que hunde sus raíces en concepciones ontológicas. (…)”    

18. La defensa del medio ambiente constituye un objetivo principal dentro de la   estructura del Estado Social de Derecho, en cuanto hace parte del entorno vital   del hombre, indispensable para su supervivencia y la de generaciones futuras. En   este sentido, existe una estrecha relación entre el derecho a un ambiente sano   con los derechos a la vida y a la salud, razón por la cual, la Corte ha   sostenido que estas garantías constitucionales no pueden desligarse; de hecho,   éste debe ser considerado como un derecho fundamental para la existencia de la   humanidad, por cuanto, los factores perturbadores del medio ambiente causan   daños irreparables en los seres humanos[69].   Se reitera,  que a la vez que todos los habitantes del territorio   colombiano tienen derecho a gozar de un entorno sano, tienen el deber de velar   por su conservación. De igual modo, recae sobre el Estado la obligación de   prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer sanciones   legales por conductas lesivas al ambiente y exigir la reparación de daños   causados[70].    

19. En este sentido, esta Corporación en sentencia C-339 de 2002[71], indicó que “Es necesario conciliar el grave impacto ambiental de   la minería con la protección de la biodiversidad y el derecho a un medio   ambiente sano, para que ni uno ni otro se vean sacrificados”. Lo anterior,   retomando el concepto del desarrollo sostenible  acogido en el   artículo 80 de la Constitución de 1991 y definido por la jurisprudencia de la   Corte como “un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente, sin   comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus   propias necesidades.”[72]    

En esa oportunidad, la Corte sostuvo que el desarrollo   sostenible no debe ser entendido sólo como un marco teórico sino que se debe   involucra un conjunto de instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan   factible el progreso de las próximas generaciones en consonancia con un   desarrollo armónico de la naturaleza.    

20. La Carta Política de 1991 se entiende entonces, como una Constitución   Ecológica, acorde con la necesidad mundial de lograr un desarrollo sostenible,   que obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos   naturales y establece el llamado tríptico económico que determina en él una   función social, a la que le es inherente una función ecológica, encaminada a la   primacía del interés general, el bienestar comunitario y a hacer compatible el   desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano[73].    

En la mencionada sentencia C-339 de 2002, la Corte Constitucional sostuvo que en   los casos en que se ejecuten explotaciones mineras, resulta determinante   la realización de un estudio de impacto ambiental, con el fin de determinar las   consecuencias que el desarrollo de actividades lícitas y, en algunas ocasiones,   incluso promovidas por el ordenamiento constitucional tendrán en el ambiente,   para que sea posible adoptar medidas que compaginen intereses que en principio   parecen contrapuestos, de manera que no se desconozcan mandatos de naturaleza   constitucional en atención al deber de progresividad en la protección del   ambiente, en tanto principio constitucional y derecho con facetas prestacionales   que generan deberes de actuación a las autoridades estatales.    

21. En esta materia, la Corte ha señalado que a pesar   de que en nuestro ordenamiento constitucional el derecho a un ambiente sano   tiene el carácter de un derecho colectivo, esta naturaleza no excluye la   aplicación del principio de progresividad, debido a que precisamente el   Protocolo de San Salvador, en su artículo 1.1, señala la obligación de   los Estados partes de adoptar las medidas necesarias “hasta el máximo de los   recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr   progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena   efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”.    

22. Recientemente, en sentencia C-123 de 2014, la Corte Constitucional analizó   el concepto de desarrollo sostenible, como medida de protección y   promoción del ambiente, en la referida oportunidad esta Corporación consideró   que “las actividades que puedan tener consecuencias en el ambiente   –verbigracia, actividades económicas- deben realizarse teniendo en cuenta los   principios conservación, sustitución y restauración del ambiente”. Lo   anterior, con el fin de disminuir el impacto negativo que actividades también   protegidas por la Constitución pueda generar en la flora y la fauna existente en   el lugar en que se desarrollan las mismas. Finalmente, argumentó que “la   conservación de la biodiversidad resulta un objetivo esencial para la sociedad   en general, siendo responsabilidad prioritaria de todas las instituciones del   Estado armonizar su protección con los objetivos de crecimiento económico y   desarrollo de la actividad minera”.    

6.      Traslado, reubicación y derechos de   las comunidades afectadas por proyectos de explotación a gran escala    

23. Las actividades relacionadas con programas de ejecución de proyectos   hidroeléctricos, extractivos, industriales y de transporte, sólo son realizables   si se reubica a los habitantes de las tierras requeridas para el proyecto, lo   cual puede generar la pérdida de fuentes de ingresos, como tierras agrícolas,   cría de amínales de corral, la caza y otros  recursos de producción, los cuales   deben ser reemplazados.    

Dentro del proceso de traslado y reubicación las empresas tienen la obligación   de proveer medios alternativos de subsistencia que sean igualmente productivos,   con el fin de que los habitantes de las comunidades afectadas puedan reconstruir   sus vidas y consolidar una estabilidad económica. Lo anterior, por cuanto se   pueden perder bienes inmateriales y tradiciones culturales de los pueblos por el   impacto generado al cambiar de territorio, entendido éste como “el lugar donde   se plasma una historia de la ocupación”.    

25. En los casos en que el traslado y la reubicación se considere necesario, se   deberá asegurar a la población todas las oportunidades para que su calidad de   vida mejore, o se restaure en igualdad de condiciones a los niveles de   habitabilidad que tenían antes del proyecto. Máxime, si se tiene en cuenta que   toda reubicación de una comunidad determinada, produce impactos negativos   sumamente significativos en la población afectada. Por lo anterior, durante la   planeación, ejecución y evaluación del referido proceso se deben respetar y   garantizar los derechos de participación, consulta y consentimiento previo,   intercambio libre de información y resolución de quejas, entre otros.    

26. El Plan de acción para el traslado y reubicación de comunidades impactadas   por la explotación a gran escala debe contemplar la promoción y prevención del   derecho al medio ambiente (art. 8 y 79 CP) y atendiendo las directrices del   principio de desarrollo sostenible (art. 8 y 79), del principio de   proporcionalidad en derecho ambiental (art. 36 C.C.A) y del principio de   solidaridad (art. 15 y 95 C.P).    

7. Marco normativo aplicable a procesos de traslado y reubicación de   comunidades afectadas por actividades de explotación minera    

·         Normas Constitucionales.    

27. El artículo 1 de la Constitución Política establece que Colombia es un   Estado Social de Derecho, el cual tiene la obligación de buscar la justicia   social en cada una de sus actuaciones, de tal manera que los ciudadanos no vean   vulnerados sus derechos por actos generados por la administración. Así mismo, la   Carta del 91 consagró el respeto a la diversidad étnica y cultural de los   colombianos en los preceptos contenidos en los artículos 7 (diversidad étnica y   cultural de la nación colombiana), 8 (protección a las riquezas naturales y   culturales), 72 (patrimonio cultural de la Nación) y 329 (conversión de las   comunidades indígenas en entidades territoriales). Lo anterior, en cumplimiento   de los fines esenciales del Estado de servir a la comunidad, promover la   prosperidad y general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y   deberes consagrados en la Constitución[74].     

28. Adicionalmente, el artículo 58 de la C.P garantiza el derecho a la propiedad   privada y demás derechos adquiridos con arreglo de las leyes civiles. Sin   embargo, y en atención a que la propiedad tiene una función social, el   legislador puede por motivos de utilidad pública o de interés social,   expropiarla mediante sentencia judicial e indemnización previa, la cual se   fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado e invocando   razones de justicia y equidad.    

29. En sentencia C-153 de 1994 la Corte Constitucional determinó que en procesos   de expropiación se deben tener en cuenta, no sólo las garantías constitucionales   básicas referidas a la vida, a la integridad y al derecho de defensa, sino   también el derecho a la vivienda en condiciones dignas.    

·         Normas Legales    

30. La Ley 685 de 2001 “por la cual se expide el Código de Minas y se   dictan otras disposiciones” y los decretos que la desarrollan, contempla la   posibilidad de expropiar los predios necesarios para adelantar la actividad   minera y en consecuencia, desplazar a la población que habita la zona minera.   Dentro de la referida normatividad se consagra la figura jurídica de la   servidumbre minera, que implica afectaciones a terrenos privados si el   proyecto minero lo requiere en cualquiera de sus fases dentro o fuera del área   objeto del título minero.    

31. La Ley 1454 de   2011 “por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se   modifican otras disposiciones”.  En particular, regula los principios a los que   debe someterse el ejercicio de las competencias por parte de las autoridades y   entidades territoriales, entre otros, la sostenibilidad ambiental  que concilie el desarrollo y crecimiento económico con la protección del   ambiente y de los recursos naturales, de los cuales depende la supervivencia de   la humanidad. Además, la participación, concertación y cooperación para que los   ciudadanos tomen parte activa en las decisiones que inciden en la orientación y   organización territorial, que impacte en los derechos de las comunidades que la   integran.      

·         Normas Internacionales    

Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo    

32. El Convenio núm. 169 es un instrumento jurídico internacional de   carácter vinculante que se encuentra abierto para su ratificación y que trata   específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales.    

El Convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales. Sin   embargo, proporciona criterios para describir los pueblos que pretende proteger,   mediante un enfoque práctico. Siendo la auto identificación el principal   criterio para la identificación de los pueblos indígenas y tribales.    

33. Así mismo, la OIT a través de su Convenio número 169 establece los   elementos que se deben analizar al momento de definir si un determinado grupo   poblacional se puede considerar o no pueblo tribal o indígena. A saber:      

i) Elementos de los pueblos tribales:       

* Estilos tradicionales de vida;   

* Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de           la población nacional, p.ej. la forma de subsistencia, el idioma, las           costumbres, etc.; y   

* Organización social y costumbres y leyes tradicionales propias.   

*        

        

* Estilos tradicionales de vida;   

* Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de           la población nacional, p.ej. la forma de subsistencia, el idioma, las           costumbres, etc.;   

* Organización social e instituciones políticas propias; y   

* Vivir en continuidad histórica en un área determinada, o antes de           que otros “invadieron” o vinieron al área.      

34. Principios generales del Convenio número 169 de la OIT.    

·         La no discriminación    

El artículo 3 del Convenio establece que los pueblos indígenas tienen   el derecho de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades   fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Por su parte, el artículo 4   también garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales de   ciudadanía. Otro principio del Convenio atañe a la aplicación de todas sus   disposiciones a las mujeres y los hombres de esos pueblos sin discriminación   (artículo 3). El artículo 20 establece que se deberá evitar la discriminación   entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas.    

·         La adopción de medidas especiales    

El artículo 4 del Convenio establece la necesidad de adoptar medidas   especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el   trabajo, las culturas y el medioambiente de los pueblos indígenas y tribales en   situación de vulnerabilidad. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias   a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas o tribales.    

·         El reconocimiento de la cultura y otras características   específicas de los pueblos indígenas y tribales    

Sostiene la norma en comento, que las culturas e identidades indígenas   y tribales forman una parte íntegra de sus vidas. De esta manera, sus modos de   vida, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes consuetudinarias,   modos de uso de la tierra y formas de organización social en general son   diferentes a las de la población dominante. Por lo anterior, el Convenio   reconoce estas diferencias y planeta formas de garantizar que sean respetadas y   tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un impacto   sobre éstos.    

·         La consulta y participación    

35. El Convenio número 169 exige que los pueblos indígenas y tribales   sean consultados en relación con los temas que los afectan, brindándoseles la   oportunidad de participar de manera informada, previa y libre en los procesos de   desarrollo y de formulación de políticas. Al respecto, sostiene que “Los   principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan   únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más   amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en   la vida pública”.    

36. En su artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo   se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:    

“i) La consulta a   los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados,   de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;    

ii) Los pueblos   involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los   niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas   que les conciernen directamente;    

iii) Otro   componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no   se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u   organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de   esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del   Convenio”.    

37. Sin embargo, el Convenio especifica circunstancias individuales en   las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.    

La Comisión de Expertos de la OIT, sostienen que una consulta apropiada   es fundamental para alcanzar un diálogo constructivo y para la resolución   efectiva de los diferentes desafíos asociados con la implementación de los   derechos de los pueblos indígenas y tribales.    

·         Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo    

38. El artículo 7 del Convenio núm. 169 establece que los pueblos   indígenas y tribales tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en   lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus   vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que   ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo   económico, social y cultural”.    

39. Las disposiciones del Convenio núm. 169 son compatibles con los   preceptos de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las   Naciones Unidas. Es así como, su artículo 3 establece que los gobiernos deberán   asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con   miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales, con el fin de   asegurar que existen instituciones y mecanismos apropiados (artículo 33).    

40. Aunado a lo anterior, el numeral 2 del artículo 16 del Convenio 169   de la OIT, establece que: “Cuando excepcionalmente el traslado y la   reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse   con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.   Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo   deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la   legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que   los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente   representados”. (Resaltado fuera del texto original).    

41. En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que de   conformidad con la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, será de carácter   obligatorio la participación de los pueblos indígenas y tribales, así como su   incorporación en procesos consultivos de buena fe con miras a obtener el   consentimiento previo, libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que   afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación   con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales,   hídricos o de otro tipo.     

42. En sentencia C-169 de 2001 y en atención a las condiciones   establecidas en el Convenio 169 de la OIT en relación con la participación de la   Población Afrocolombiana en procesos relacionados con la propiedad de la tierra   y del territorio, esta Corporación resaltó la importancia de garantizar los   derechos de las comunidades negras a la delimitación de sus territorios, a   utilizar conservar y administrar sus recursos naturales y al correcto ejercicio   de la titularidad de sus derechos colectivos en circunstancias similares a la de   los pueblos indígenas. Al respecto, indicó en la referida providencia que la   población Afrocolombiana posee cultura propia, una historia compartida,   tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, lo que revela y   conserva como conciencia de identidad, que la diferencia de otros grupos   étnicos.    

43. Para la Corte, los derechos a la identidad cultural y a la   autonomía están estrechamente ligados a los derechos a la propiedad de la tierra   y del territorio. Razón por la cual, a las comunidades negras, como grupos   étnicos, se les reconocen diferencias en aspectos sociales y en el ámbito legal   y se deben establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y   de los derechos como grupo étnico, con el fin de fomentar su desarrollo   económico y social, y garantizar, de esta manera, que estas comunidades obtengan   condiciones reales de igualdad de oportunidades.    

44. En relación con las comunidades negras y su reubicación como   consecuencia de la explotación minera a gran escala, cabe destacar que esta   Corporación se ha pronunciado de manera contundente en Auto 005 del 2009. En   esta providencia, identificó como factores que inciden en el traslado de la   población afrocolombiana, la exclusión estructural, las presiones generadas por   procesos mineros y agrícolas considerados de gran escala y la deficiente   protección jurídica de los territorios colectivos de las comunidades negras.   Estas circunstancias llevaron a la Corte Constitucional, a ordenar en la citada   providencia, el diseño participativo y la implementación de un plan de   protección y atención de las comunidades, teniendo en cuenta los factores   transversales y los riesgos específicos identificados, así como el desarrollo de   un plan de caracterización de este territorio ancestral.    

En esa oportunidad, en el mencionado Auto 009 de 2011, la Corte reiteró   el ámbito de protección constitucional de algunos derechos particulares de las   comunidades afrocolombianas, al lado de los pueblos indígenas, en estos   términos:    

“En tanto grupo   étnico, en la jurisprudencia constitucional se ha insistido en que las   comunidades afrocolombianas son titulares de derechos constitucionales   fundamentales a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, al uso,   conservación y administración de sus recursos naturales, y a la realización de   la consulta previa en caso de medidas que les afecten directa y específicamente[75].   En este sentido la Corte ha adoptado importantes decisiones para garantizar a   las comunidades afrodescendientes sus derechos constitucionales. Así, entre   otras, en la sentencia C-461 de 2008 condicionó la exequibilidad de la Ley 1151   de 2007, por la cual  se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010,   al “entendido de que se suspenderá la ejecución de cada uno de los proyectos,   programas o presupuestos plurianuales incluidos en la misma que tengan la   potencialidad de incidir directa y específicamente sobre pueblos indígenas o   comunidades étnicas afrodescendientes, hasta tanto se realice en forma integral   y completa la consulta previa especifica exigida por el bloque de   constitucionalidad, de conformidad con las pautas trazadas para ello por la   jurisprudencia constitucional. En la sentencia C-030 de 2008 este Tribunal   declaró inconstitucional la Ley 102 de 2006 “Por la cual se expide la ley   forestal”, porque en la discusión y aprobación de la misma no se había   consultado previamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a pesar   de que sus disposiciones afectaban directamente a estas comunidades. En la   sentencia T-955 de 2003 la Corte tuteló los derechos fundamentales a la   diversidad e integridad étnica y cultural, a la propiedad colectiva, a la   participación y a la subsistencia de las comunidades afrocolombianas de la   Cuenca del Río Cacarica, amenazados por la indiscriminada explotación forestal   en el territorio colectivo de los accionantes. Por su parte, en la sentencia   T-574 de 1996, la Corte concedió la tutela a los miembros de una comunidad   afrocolombiana, dedicada al oficio de la pesca, frente a la contaminación   generada por vertimientos de petróleo en el mar. En dicha providencia la Corte   insistió en que la explotación de los recursos naturales no puede hacerse en   desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades afro e   indígenas”[76].    

45. En conclusión, el Convenio núm. 169 es un instrumento que estimula   el diálogo, por medio de mecanismos de consulta y participación, entre los   gobiernos y los pueblos indígenas y tribales. El cuál, se utiliza como una   herramienta para los procesos de desarrollo y prevención y resolución de   conflictos[77].    

8. Derecho a la   consulta previa y otros mecanismos de participación de grupos étnicos en   procesos de explotación de recursos naturales. Reiteración de jurisprudencia    

46. La   Constitución Política de 1991 define un modelo de relación con los grupos   étnicos, entre los que se encuentran: los indígenas, las comunidades negras,   grupos afrocolombianos, palenqueras, raizales y pueblo ROM, con base en el   reconocimiento de su diferencia cultural, como un componente de su identidad que   contribuye a forjar una sociedad plural y preservar la diversidad étnica y   cultural en el Estado colombiano.    

A nivel   internacional el Convenio 169 de 1989 de la OIT[78], ratificado e incorporado   al derecho interno colombiano, consagra una serie de derechos en relación con   los grupos étnicos orientados a:    

(i) garantizar las   condiciones para su existencia como pueblos culturalmente diversos;    

(ii) reconocer   espacios de autonomía para definir sus prioridades en lo que atañe al proceso de   desarrollo y controlar, en la mayor medida posible, su propio desarrollo   económico, social y cultural;    

(iii) corregir y   compensar patrones históricos de discriminación, a través de acciones   afirmativas que establezcan las condiciones para que la igualdad y dignidad de   todas las culturas que conviven en el país sea real y efectiva;    

(iv) asegurar su   participación no sólo en los escenarios donde se toman decisiones susceptibles   de afectarles de manera directa, sino además en aquellos donde se definen, con   carácter general, las reglas del juego social.[79]    

47. Dentro de los   derechos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, se destaca la consulta   previa como un mecanismo a través del cual se pretende hacer efectivo el modelo   de relación con la alteridad, basado en el reconocimiento de la diversidad y   de la autonomía, que se constituye  como una garantía específica de las   exigencias de equidad distributiva y participación, propias de la justicia   ambiental, en relación con los grupos étnicos y en concordancia con la   obligación estatal consagrada en el parágrafo del artículo 330 de la   Constitución Política, donde se establece la participación de las comunidades   indígenas previa la explotación de recursos naturales en sus territorios[80].    

63. A su vez, el   artículo 6° del Convenio 169 de la OIT amplía el alcance de este derecho a   través de las siguientes reglas generales:    

(i) el deber de   consultar a los pueblos indígenas y tribales previa la adopción de medidas   administrativas o legislativas que las afecten directamente;    

(ii) la definición   de los medios para asegurar su participación en instituciones vinculadas con el   diseño e implementación de políticas y programas que les conciernan;    

(iii) la   destinación y provisión de recursos necesarios para el cumplimiento de esos   propósitos;    

(iv) el imperativo   de realizar las consultas de buena fe, de una manera apropiada a las   circunstancias y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el   consentimiento acerca de las medidas propuestas.    

48.   Adicionalmente, el artículo 7º del citado Convenio obliga a los Estados a   garantizar la participación de los pueblos en los planes de desarrollo   nacionales y regionales, con el fin de generar un mejoramiento de sus   condiciones de salud, trabajo y educación. Esta obligación estatal se   materializa por medio del mecanismo de la consulta a los pueblos afectados antes   de emprender programas de prospección o explotación de los recursos existentes   en sus tierras, al derecho a participar de los beneficios que reporten esas   actividades, y recibir indemnizaciones equitativas por los daños que les   ocasionen[81].   Lo anterior con el fin de obtener el consentimiento de los pueblos siempre que   el Estado pretenda efectuar un traslado desde su territorio ancestral, y   concertar las medidas de reparación adecuadas ante tales eventos[82].    

49. La Corte   Constitucional en sentencia T-129 de 2011[83],   concluyó que todo tipo de acto, proyecto, obra, actividad o iniciativa que se   ejecute con el ánimo de intervenir en territorios de comunidad étnicas, sin   importar la escala de afectación que genere, deberá observar las   siguientes reglas:    

“(i)    La consulta previa es un derecho de naturaleza fundamental y los procesos de   consulta previa de comunidades étnicas se desarrollarán conforme a este criterio   orientador tanto en su proyección como implementación.    

(ii)    No se admiten posturas adversariales o de confrontación durante los procesos de   consulta previa. Se trata de un diálogo entre iguales en medio de las   diferencias.    

(iii)  No se admiten  procedimientos que no cumplan con los requisitos esenciales   de los procesos de consulta previa, es decir, asimilar la consulta previa a   meros trámites administrativos, reuniones informativas o actuaciones afines.    

(iv)    Es necesario establecer relaciones de comunicación efectiva basadas en el   principio de buena fe, en las que se ponderen las circunstancias específicas de   cada grupo y la importancia para este del territorio y sus recursos.    

(v)    Es obligatorio que no se fije un término único para materializar el proceso de   consulta y la búsqueda del consentimiento, sino que dicho término se adopte bajo   una estrategia de enfoque diferencial conforme a las particularidades del grupo   étnico y sus costumbres. En especial en la etapa de factibilidad o planificación   del proyecto y no en el instante previo a la ejecución del mismo.    

(vi)    Es obligatorio definir el procedimiento a seguir en cada proceso de consulta   previa, en particular mediante un proceso pre-consultivo y/o post consultivo a   realizarse de común acuerdo con la comunidad afectada y demás grupos   participantes. Es decir, la participación ha de entenderse no sólo a la etapa   previa del proceso, sino conforme a revisiones posteriores a corto, mediano y   largo plazo.    

(vii)    Es obligatorio realizar un ejercicio mancomunado de ponderación de los intereses   en juego y someter los derechos, alternativas propuestas e intereses de los   grupos étnicos afectados únicamente a aquellas limitaciones constitucionalmente   imperiosas.    

(viii)  Es obligatoria la búsqueda del consentimiento libre, previo e informado. Las   comunidades podrán determinar la alternativa menos lesiva en aquellos casos en   los cuales la intervención: (a) implique el traslado o desplazamiento de   las comunidades por el proceso, la obra o la actividad; (b) esté   relacionado con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las   tierras étnicas; y/o (c) representen un alto impacto social, cultural y   ambiental en una comunidad étnica, que conlleve a poner en riesgo la existencia   de la misma.    

En todo caso,   en el evento en que se exploren las alternativas menos lesivas para las   comunidades étnicas y de dicho proceso resulte probado que todas son   perjudiciales y que la intervención conllevaría al aniquilamiento o   desaparecimiento de los grupos, prevalecerá la protección de los derechos de las   comunidades étnicas bajo el principio de interpretación pro homine.    

(ix)    Es obligatorio el control de las autoridades en materia ambiental y   arqueológica, en el sentido de no expedir las licencias sin la verificación de   la consulta previa y de la aprobación de un Plan de Manejo Arqueológico conforme   a la ley, so pena de no poder dar inicio a ningún tipo de obra o en aquellas que   se estén ejecutando ordenar su suspensión.    

(x) Es   obligatorio garantizar  que los beneficios que conlleven la ejecución de la   obra o la explotación de los recursos sean compartidos de manera equitativa. Al   igual que el cumplimiento de medidas de mitigación e indemnización por los daños   ocasionados.    

50.   Adicionalmente, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación al delimitar el   alcance del derecho a la consulta, ha sostenido que el concepto de territorio   comprende más allá de las áreas tituladas como resguardo indígena o territorio   colectivo de comunidades negras. En este sentido, se incluye aquellas áreas no   tituladas pero efectivamente habitadas por la comunidad, así como los lugares   con los cuales aquella guarda una estrecha relación, en tanto de ellos depende   la reproducción física y cultural de la comunidad, en particular aquellos que   poseen una especial significación espiritual o cultural, aunque estén por fuera   del territorio efectivamente titulado.[84]    

·         Criterios para atribuir la titularidad del derecho a la   consulta previa    

51. En sentencia   T-294 de 2014, esta Corte estableció que aunque a todas las personas y   comunidades directamente afectadas por la realización de proyectos de desarrollo   les asiste el derecho fundamental a participar de manera efectiva y   significativa en i) la evaluación de los impactos; ii) el diseño de medidas de   prevención, mitigación y compensación; y, iii) en el diseño de los censos y   otros instrumentos para determinar el alcance de la población afectada, el   mecanismo de la consulta previa sólo es aplicable en relación con los grupos   étnicos.    

68. Por lo   anterior, es la referida oportunidad, esta Corporación concluyó que para   determinar entonces si una comunidad que se reclama afectada por la ejecución de   un proyecto, obra o actividad en su territorio, es titular del derecho a la   consulta previa, se debe acudir a los criterios establecidos, con carácter   general, en el artículo 1.1 del Convenio 169 de la OIT, el cual desarrolla el   conjunto de derechos consagrados con enfoque diferencial a favor de los grupos   étnicos. La citada norma dispone que el derecho a la consulta previa es   aplicable a:    

“a) a los   pueblos tribales[85]  en países independientes, cuyas condiciones sociales culturales y económicas les   distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos   total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una   legislación especial;    

b) a los   pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de   descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a   la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del   establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su   situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales,   económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”    

52. Así mismo, en   relación con el reconocimiento de una identidad étnica, esta Corte ha fijado una   serie de pautas que han orientado la argumentación del Tribunal Constitucional   cuando se enfrenta a este tipo de controversias:    

“(i) El derecho   a la autonomía implica el derecho de los grupos étnicos a auto identificarse y a   ser reconocidos como portadores de una identidad culturalmente diversa. De ahí   que toda negación de este reconocimiento, a propósito de la decisión de un   litigio concreto sobre el alcance de los derechos que se derivan de tal   condición, constituye una restricción de su autonomía que ha de estar sometida a   una exigente carga de justificación.[86]    

(ii) No es a   las autoridades estatales ni, por tanto, al juez constitucional, a quienes les   corresponde definir la identidad de una persona, sino a la propia comunidad, en   ejercicio de su autonomía, de tal suerte que el primero únicamente está   habilitado para intervenir cuando el reconocimiento identitario incide en el   disfrute de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.[87]    

(iii) Debe   conferirse primacía a la realidad sobre las formas y, por ello, no puede   considerarse que los registros censales y las certificaciones expedidas por las   entidades estatales sobre la existencia o la presencia de comunidades indígenas   o afro colombianas en una zona determinada, tengan valor constitutivo respecto   de la existencia de dicha comunidad como culturalmente diversa. Han de tenerse,   en cambio, como documentos aptos para acreditar los hechos que le sirven de   soporte a efectos de facilitar gestiones administrativas, más no para desvirtuar   el auto reconocimiento identitario que haga una comunidad respecto de sí misma o   de sus integrantes.”[88]     

53. Los anteriores   criterios han sido empleados por esta Corporación en caso en que se pretende el   reconocimiento de la identidad étnica de individuos que reclaman el   acceso a los derechos que se derivan de su condición de indígena o afro   descendiente o en los casos en que determinadas comunidades, como sujeto   colectivo, reivindican su identidad étnica para efectos de reclamar la   titularidad de derechos colectivos, como la consulta previa.    

54. Finalmente, la   Corte ha sintetizado las reglas de decisión para dirimir controversias en las   que se disputaba la identidad indígena o afrodescendiente de una comunidad, o   bien su presencia en la zona de influencia de un proyecto, para efectos de   reconocer su derecho a la consulta previa[89],   que se exponen a continuación:    

“(i) No   cabe desconocer la existencia de comunidades étnicas en la zona de influencia de   un proyecto, con el único argumento de que su presencia no ha sido certificada   por la entidad respectiva. En consecuencia, cuando no obstante que se haya   certificado la no presencia de comunidades étnicas en la zona de influencia de   un proyecto, existan otros mecanismos de prueba que permiten constatar su   existencia, el responsable del proyecto deberá tenerlas en cuenta en los   respectivos estudios y dar aviso al Ministerio del Interior, para efectos de   garantizar su derecho a la consulta previa.[90]    

(ii) No   puede negarse el derecho de una comunidad étnica a ser consultada con el   argumento de que la titulación de un resguardo o territorio colectivo, la   constitución de un Consejo Comunitario o el reconocimiento oficial de un Cabildo   o Parcialidad Indígena tuvo lugar con posterioridad a la expedición del   certificado de presencia de comunidades por parte del Ministerio del Interior o   al otorgamiento de la licencia ambiental para el respectivo proyecto.[91]    

(iii)  Tampoco, cabe negar el derecho de un grupo étnico a ser consultado con el   argumento de que su territorio no se encuentra titulado como resguardo indígena   o territorio colectivo o no ha sido inscrita dentro del registro de comunidades   indígenas y afro colombianas del Ministerio del Interior.[92]    

(iv)   Cuando existan dudas sobre la presencia de grupos étnicos en el área de   influencia de un proyecto, o sobre el ámbito territorial que debe ser tenido en   cuenta para efectos de garantizar el derecho a la consulta previa, la entidad   encargada de expedir la certificación debe efectuar un reconocimiento en el   terreno y dirimir la controversia a través de un mecanismo intersubjetivo de   diálogo en el que se garantice la participación efectiva de las comunidades cuyo   reconocimiento o afectación territorial es objeto de controversia[93].    

(v) En   cualquier caso, cuando existan razones fundadas para considerar que la población   asentada en la zona de influencia de un proyecto no es titular del derecho a la   consulta previa, debe en todo caso, garantizarse su derecho fundamental a la   participación efectiva y significativa en la evaluación de los estudios de   impactos ambientales, sociales y culturales derivados del proyecto, en la   determinación de las medidas de prevención, mitigación y compensación, y en la   elaboración de los instrumentos empleados para censar a la población afectada.   Asimismo, su derecho a recibir compensaciones equitativas por las mayores cargas   ambientales y sociales que, en caso de que el proyecto se lleve a cabo, tendrán   que soportar como consecuencia de su realización.”[94]    

9. De la   importancia de lograr el consentimiento libre, previo e informado ante medidas   de intervención en territorios étnicos. Reiteración de jurisprudencia    

55. En desarrollo del artículo 80   de la Constitución Política, esta Corporación ha sostenido que la exploración y   explotación de los recursos naturales en territorios nativos, debe hacerse   garantizando la  protección de la integridad étnica, cultural, social y   económica por parte del Estado de los pueblos indígenas y las comunidades   afrodescendientes que ocupan dichos territorios por medio de su participación en   las decisiones que se adopten para autorizar dicha actividades con el fin de   salvaguardar su subsistencia como grupo humano y como cultura[95]. En la sentencia T-376 de 2012, se reiteraron los fundamentos   expuestos en las providencias T-769 de 2009 y T-129 de 2011[96], al enfatizar que: “en aquellos eventos en que se presente una   afectación especialmente intensa al territorio colectivo, el deber de asegurar   la participación de la comunidad indígena no se agota en la consulta, sino que   es precisa la obtención del consentimiento  libre, informado y expreso como   condición de procedencia de la medida”. Así lo expreso esta Corporación:    

“[…] esta   corporación aclara que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a   gran escala, que tengan mayor impacto dentro del territorio de afrodescendientes   e indígenas, es deber del Estado no sólo consultar a dichas comunidades, sino   también obtener su consentimiento libre, informado y previo, según sus   costumbres y tradiciones, dado que esas poblaciones, al ejecutarse planes e   inversiones de exploración y explotación en su hábitat, pueden llegar a   atravesar cambios sociales y económicos profundos, como la pérdida de sus   tierras tradicionales, el desalojo, la migración, el agotamiento de recursos   necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y   contaminación del ambiente tradicional, entre otras consecuencias; por lo que en   estos casos las decisiones de las comunidades pueden llegar a considerarse   vinculantes, debido al grave nivel de afectación que les acarrea.”[97]    

56. La Sala Primera de Revisión de   la Corte Constitucional, en la Sentencia T-376 de 2012, realizó un análisis   minucioso sobre participación, consulta previa y consentimiento desde el punto   de vista del principio de proporcionalidad en proyectos a gran escala, y reiteró   que en materia de consulta el Estado tiene el deber de asegurar una   participación activa y efectiva de las comunidades con el objeto de obtener su   consentimiento, aclarando que, en los casos en que se presente una   afectación intensa del derecho al territorio colectivo, la obtención del   consentimiento se torna en obligatoria antes de la implementación de alguna   medida, política, plan o proyecto.    

Lo anterior, por cuanto consideró   que la consulta previa no se puede entender como una garantía aislada que se   agota en el mínimo previsto por el artículo 330 de la Constitución Política,   sino que por el contrario, goza de un carácter fundamental dentro de los pueblos   tribales es compuesto por diversas facetas jurídicas.    

En este sentido, la Sala reitera   que en atención al principio de proporcionalidad, el consentimiento expreso,   libre e informado debe ser entendido como un balance constitucionalmente   diverso, en el cual los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes   obtienen una garantía reforzada, con el fin de salvaguardar sus derechos frente   a medidas arbitrarias o desproporcionadas que atenten contra su garantía   fundamental de participación y autodeterminación y preservación de sus culturas   ancestrales[98].    

57. Sobre la importancia de   obtener el consentimiento libre, previó e informado de comunidades indígenas y/o   afrodescendientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante   sentencia del 28 de noviembre de 2007 hizo un pronunciamiento sobre la   vulneración cometida por el Estado de Surinam contra la comunidad de Saramaka,   en razón a que dicho país no tomó las medidas necesarias para garantizar y   reconocer el derecho que tiene la referida comunidad sobre el uso y goce del   territorio que ha ocupado y usado tradicionalmente.    

En esa oportunidad, la violación   cometida a la comunidad de Saramaka por parte del Estado de Surinam, se basó en   que no se realizó la respectiva consulta previa con el objeto de dar visto bueno   o denegar la construcción del Dique y de la Reserva Afobaka. El Estado omitió   dicho procedimiento y decidió otorgar los permisos correspondientes para dicha   obra.    

Al resolver el caso la Corte Interamericana indicó   que: “cuando se trate de planes de   desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del   territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar  a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre,   informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones”. Y realzó que existe diferencia entre “consulta” y   “consentimiento”. Sin embargo, la comunidad de   Saramaka se vio obligado a desplazarse a otro lugar del mismo territorio como   consecuencia de las constantes inundaciones ocasionadas por la mencionada   construcción. Sin embargo, la movilización de la comunidad fue desventajosa   debido a la escasez de recursos para subsistir, el cambio abrupto a su manera de   vida, la destrucción de los sitios sagrados y el daño al medio ambiente.   (Negrilla fuera del texto original).    

58. Sobre el consentimiento libre,   informado y previo de comunidades étnicas que habitan territorios explorados y/o   explotados a gran escala, la Sala Primera de Revisión de esta Corporación, en   Sentencia T-376 de 2012, concluyó que, desde la perspectiva del principio de   proporcionalidad, la participación de los pueblos indígenas y las comunidades   afrodescendientes se concreta en tres facetas del referido derecho. A saber:    

“(i) La simple   participación, asociada a la intervención de las comunidades en   los órganos decisorios de carácter nacional, así como en la incidencia que a   través de sus organizaciones pueden ejercer en todos los escenarios que por   cualquier motivo les interesen;    

(ii) La   consulta previa frente a cualquier medida que los afecte   directamente; y    

(iii) El   consentimiento previo, libre e informado cuando esa medida (norma,   programa, proyecto, plan o política) produzca una afectación intensa de sus   derechos, principalmente aquellos de carácter territorial”.    

59. Finalmente, se reitera que jurisprudencialmente el   consentimiento, libre, previo e informado debe entenderse como una garantía   reforzada del derecho general de participación de las comunidades indígenas, que   debe producirse al terminar un procedimiento consultivo. Por ello, en estos   eventos son aplicables las reglas de la consulta, siendo de mayor trascendencia,   pues son condición de que este sea libre e informado, las siguientes: (i)   la realización del procedimiento consultivo con representantes legítimos de la   comunidad; (ii) la realización de estudios de impacto ambiental y social y su   apropiada divulgación y discusión con las comunidades concernidas; y, (iii) la   concertación con las comunidades sobre la participación (utilidad) en los   beneficios derivados del proyecto[99].    

60. El agua es el componente más abundante de la superficie terrestre, de este   exuberante recurso que compone la lluvia, las fuentes, los mares, los ríos y los   océanos, únicamente el 2,5 % es potable, mientras que el 97,5 % restante   es salada. El agua, del latín aqua, constituye parte de   todos los organismos y seres vivos y resulta determinante en procesos físicos,   biológicos y químicos del medio natural.    

La Constitución Política de Colombia protege el derecho de las personas a tener   un ambiente sano[100],   dentro del cual el Estado tiene por obligación proteger el agua como riqueza   natural de la Nación[101],   con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y asegurar la   subsistencia humana ante la escasez.    

De igual manera,   el Texto Fundamental establece como obligación para el Estado, el manejo y   aprovechamiento de los recursos naturales, como garantía de su desarrollo   sostenible, conservación y restauración. Para ello, “deberá prevenir y   controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y   exigir la reparación de los daños causados”[102].    

61. En el régimen   económico y de hacienda pública que establece la Carta Política (arts. 332 y   s.s.), se hace referencia al agua, toda vez que a la hora de direccionar la   economía, el Estado debe intervenir en la explotación de los recursos naturales   y en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes y servicios   públicos para racionalizar la economía, con el objeto de asegurar el   mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa   de los habitantes, los beneficios del desarrollo y la preservación de un   ambiente sano. El Estado, de manera especial, debe intervenir para conseguir, de   manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores   ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos.   También para promover la productividad y el desarrollo armónico de las regiones.    

62. El artículo   365 de la Carta Política relaciona los servicios públicos como inherentes a la   finalidad social del Estado. “Es deber del Estado asegurar su prestación   eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Indica que los   servicios públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente,   por comunidades organizadas o por particulares. Sin embargo, “en todo caso,   el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos   servicios”.    

63. El artículo   366 constitucional instituye como finalidades del Estado social de derecho el   mejoramiento de la calidad de vida de la población y el bienestar general.   Establece como objetivo fundamental de la actividad estatal, la solución de las   necesidades insatisfechas de saneamiento ambiental y  agua potable, entre   otras. Para el efecto, “en los planes y presupuestos de la Nación y de las   entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre   cualquier otra asignación”.    

11. Sistema   General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y competencias   concurrentes para la prestación del servicio público de agua    

64. En esa línea,   el Acto Legislativo 4 de 2007, que reformó los artículos 356 y 357 de la   Constitución Política, profundizó este propósito al modificar lo relacionado con   el Sistema General de Participaciones -SGP-, recursos que la Nación transfiere   por mandato constitucional a las entidades territoriales, para la financiación   del sector de agua potable y saneamiento básico. Estas entidades territoriales   -departamentos, distritos y municipios-, deben entonces destinar la financiación   de los servicios a su cargo, dándole prioridad a los servicios públicos   domiciliarios de agua potable y saneamiento básico y garantizando la prestación   y ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre.    

En cuanto al agua   potable y saneamiento básico, dicho Acto Legislativo fijó como principios sobre   la distribución de los recursos del sistema general de participaciones de los   departamentos, distritos y municipios: i) población atendida y por atender; ii)   reparto entre población urbana y rural; iii) eficiencia administrativa y fiscal   y; iv) equidad. “En la distribución por entidad territorial de cada uno de   los componentes del sistema general de participaciones, se dará prioridad a   factores que favorezcan a la población pobre…”    

65. Ese marco   constitucional de sostenibilidad fiscal, funge como el instrumento presupuestal   para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho.   Al lado de ese principio, para la Constitución son prioritarios el gasto público   social, la prestación del servicio público agua potable y los recursos que la   Nación transfiere, por mandato constitucional, a las entidades territoriales   para la financiación del sector de agua potable y saneamiento básico.    

66. A nivel legal,   es importante hacer alusión a la Ley 1176 de 2007, la cual desarrolló   posteriormente los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. El artículo   3º indica que los departamentos ejercen las siguientes competencias,   relacionadas con la prestación de los servicios públicos de agua potable y   saneamiento básico: “1. Concurrir a la prestación de los servicios públicos   de agua potable y saneamiento básico mediante la promoción, estructuración   implementación de esquemas regionales; 2. Promover, coordinar y/o cofinanciar la   operación de esquemas regionales de prestación de los servicios públicos de agua   potable y saneamiento básico; 3. Asegurar que se preste a los habitantes de los   distritos o municipios no certificados en agua potable y saneamiento básico, de   manera eficiente, los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico,   en los términos de la Ley 142 de 1994; 4. Administrar los recursos del Sistema   General de Participaciones con destinación para Agua Potable y Saneamiento   Básico de los distritos y municipios no certificados, con excepción del Distrito   Capital de Bogotá”.    

67.   Los artículos 7º y 8º siguientes de la Ley 1176 de 2007 establecen ciertos   criterios de distribución de los recursos en los departamentos, municipios y   distritos, entre los cuales vale destacar: el déficit de coberturas; la   población atendida; el balance del esquema solidario; la ampliación de   coberturas y el nivel de pobreza. El artículo 10º es claro en   disponer que con los recursos del SGP correspondientes a la participación de   agua potable y saneamiento básico que se asignen a los departamentos, se   conformará una bolsa para cofinanciar las inversiones que realicen los distritos   y municipios en favor de desarrollar proyectos en el marco del Plan   Departamental de Agua y Saneamiento, del respectivo departamento. “Dichos   recursos serán focalizados en la atención de las necesidades más urgentes de la   población vulnerable en materia de prestación eficiente de los servicios de agua   potable y saneamiento básico…”.    

68. En cuanto a   los municipios, los recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico, se   deben destinar a financiar la prestación de los servicios públicos domiciliarios   de agua potable y saneamiento básico en: i) preinversión en diseños, estudios e   interventorías para proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico;   ii) formulación, implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas   organizacionales para la administración y operación de los servicios de   acueducto, alcantarillado y aseo, en las zonas urbana y rural y; iii)   construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de   acueducto y alcantarillado, e inversión para la prestación del servicio público   de aseo, entre otras destinaciones específicas (art. 11).    

69. En igual   sentido, la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los   servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, señala   que el Estado intervendrá en los servicios públicos para asegurar la calidad de   vida de los usuarios, ampliar permanentemente la cobertura mediante sistemas que   compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios, atender con   prioridad las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y   saneamiento básico y prestar de manera continua, ininterrumpida y eficiente del   servicio (art. 2º).    

Para el efecto, el   régimen de servicios públicos colombiano regula, en el marco de la participación[103]  de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los   servicios públicos, una competencia concurrente sobre la prestación del servicio   público de agua entre los municipios, departamentos y la Nación.    

70. El artículo 5º   de la citada ley establece la competencia de los municipios en cuanto a la   prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y   alcantarillado, a través de empresas de servicios públicos de carácter oficial,   privado o mixto o, en su defecto, directamente mediante el mismo municipio (art.   6). Los departamentos ejercen una labor de apoyo y coordinación para la   prestación de los servicios públicos. En esa medida deben “apoyar financiera,   técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en   el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así   como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los   Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de   servicios públicos” (art. 7.2).    

Además, el   artículo 8º de la Ley 142 de 1994, involucra a la Nación para la prestación de   los servicios públicos, mediante el apoyo financiero, técnico y administrativo a   las empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la   prestación directa. Así mismo, impone a la Nación la prestación directa del   servicio público cuando los departamentos y municipios no tengan capacidad   suficiente.    

12.      Contenido del derecho fundamental al agua    

71. En   innumerables providencias la Corte Constitucional ha reconocido el carácter   fundamental del derecho al agua. En una primera etapa, se hizo por la conexión   de este derecho con otros derechos fundamentales. Así, ha señalado que “el   servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte   la vida de las personas, salubridad pública o salud, es un derecho   constitucional fundamental y como tal debe ser objeto de protección a través de   la acción de tutela”[104].    

En efecto, desde   el inicio de esta línea jurisprudencial, se ha dicho que el derecho al agua se   relaciona directamente con otros derechos fundamentales, como lo han reconocido   doctrinantes, al asegurar que“el acceso al agua como derecho humano   fundamental, está estrechamente relacionado con la satisfacción de otros   derechos; en otras palabras, el derecho al agua potable y a servicios de   saneamiento básicos, puede considerarse como componente necesario para la   realización de los derechos humanos a la vida, a la salud, a la alimentación, a   la vivienda, a la propiedad, al medio ambiente sano y al desarrollo”[105].   El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –en adelante CDESC-,   también ha señalado la conexión del derecho humano al agua con otros derechos de   carácter fundamental, “el derecho al agua también está indisolublemente   asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párrafo 1 del   artículo 12) y al derecho a una vivienda y una alimentación  adecuadas (párrafo 1 del artículo 11). Este derecho también debe considerarse   conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de   Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la dignidad   humana”[106]-negrilla   fuera de texto-.    

72. En una etapa   posterior, esta Corporación desarrolló detenidamente el derecho humano al agua,   de conformidad con el bloque de constitucionalidad -Pacto Internacional de   Derechos Económicos, Sociales y Culturales[107]-PIDESC-   y otros instrumentos internacionales[108],   encontrando en el agua un derecho autónomo con contenido propio, interpretado   como tal por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su   Observación General No. 15.    

73. En esa medida,   se han identificado tres contenidos normativos iusfundamentales  del derecho al agua, a saber a) La disponibilidad: El abastecimiento de   agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para usos personales y   domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, el   lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.   La cantidad de agua disponible para cada persona debe corresponder a las   directrices de la Organización Mundial de la Salud[109] (OMS). También es posible   que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón   de la salud, el clima y las condiciones de trabajo; b) La calidad: El   agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo   tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que   puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua   debe tener un color, un olor y un sabor aceptable para cada uso personal o   doméstico; y c) La accesibilidad: El agua y las instalaciones y servicios   de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna. La   accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: accesibilidad física,   económica, no discriminación y acceso a la información[110].    

86. Por la   importancia para el caso objeto de estudio, la Sala se detendrá en exponer en   qué consiste el principio de no discriminación, el cual propugna porque el agua   sea accesible de hecho y de derecho, en condiciones de igualdad, incluso hacia   los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación   por cualquier motivo[111].   De conformidad con la Observación General No. 3 del CDESC, es precisamente la   población vulnerable de la sociedad la que debe protegerse especialmente, en   tiempos de grave escasez del recurso bajo programas específicos a un bajo costo[112].    

74. La Observación   General No. 15 del CDESC, se puede considerar el documento de derecho   internacional más completo y explícito en materia de contenidos del derecho   humano al agua. Indica este documento que los Estados Partes tienen la   obligación especial de facilitar agua y garantizar el suministro necesario a   quienes no disponen de medios suficientes, priorizando los beneficios en   sectores amplios desfavorecidos de la sociedad. El CDESC considera que los   Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y grupos que   tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer el derecho al agua, entre   quienes enuncia: mujeres, niños, grupos minoritarios, pueblos indígenas,   refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, migrantes, presos y   detenidos.    

a)      No se impida a los niños ejercer sus derechos humanos por falta de agua   potable en las instituciones de enseñanza y los hogares o a causa de la carga   que supone la obtención de agua. Es preciso abordar con carácter urgente la   cuestión del suministro de agua potable a las instituciones de enseñanza que   actualmente carecen de ella;    

b)     Las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, incluso los   asentamientos humanos espontáneos, tengan acceso a servicios de suministro de   agua en buen estado de conservación. Debe protegerse el acceso a las   fuentes tradicionales de agua en las zonas rurales de toda injerencia ilícita y   contaminación. No debe denegarse a ningún hogar el derecho al agua por   razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que ésta se   encuentra;    

c)      Las comunidades nómadas y errantes tengan acceso al agua potable en sus   lugares de acampada tradicionales y designados;    

d)     Los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los   repatriados tengan acceso al agua potable tanto si permanecen en campamentos o   en las zonas urbanas y rurales. Es preciso otorgar a los refugiados y los   solicitantes de asilo el derecho al agua en las mismas condiciones que a los   nacionales;    

e)      Se suministre agua salubre suficiente a los grupos que tienen   dificultades físicas para acceder al agua, como las personas de edad, los   discapacitados, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en   zonas propensas a desastres y las que viven en zonas áridas y semiáridas   o en pequeñas islas.    

89. Respecto de   las obligaciones que surgen del derecho al agua, el Comité de Derechos   Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido que “si bien el Pacto prevé la   aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la escasez de   recursos, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto   inmediato”[113].   Los Estados Partes tienen entonces obligaciones inmediatas en lo que respecta al   derecho al agua, con el fin de que se avance progresivamente hacia la   realización plena del derecho. En ese orden de ideas, al igual que todos los   derechos humanos, el derecho al agua impone tres tipos de obligaciones para los   Estados Partes, de respeto, protección y cumplimiento, que serán explicadas a   continuación, según reiteración jurisprudencial, consonante con la Observación   General No. 15 efectuada por el CDESC, interprete oficial del PIDESC:    

“La obligación   de respetar implica el deber por parte del Estado de abstenerse de   interferir, obstaculizar, o impedir el ejercicio de cualquier derecho, es decir   que este ente “no adopte medidas que impidan el acceso a los derechos o   menoscaben el disfrute de los mismos. De esta manera, la obligación de   respeto en lo que respecta al derecho al agua se configura como un deber de   abstención por parte del Estado, con el objetivo de que el Estado se abstenga de   injerir directa o indirectamente de manera negativa en el disfrute del derecho a   disponer de agua potable. Lo que significa evitar medidas que obstaculicen o   impidan la libertad de acción y el uso de los recursos propios de cada   individuo, así como de grupos o colectividades que buscan satisfacer sus   necesidades básicas, concretamente en el goce del derecho al agua potable.    

Así las cosas,   dicha obligación prohíbe al Estado o a quien obre en su nombre: (i) toda   práctica o actividades que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en   condiciones de igualdad; (ii) inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas   consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua; (iii) reducir o   contaminar ilícitamente el agua como por ejemplo, con desechos procedentes de   instalaciones pertenecientes al Estado o botaderos municipales que contaminen   fuentes hídricas o mediante el empleo y los ensayos de armas de cualquier tipo,   y (iv) limitar el acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de   agua o destruirlos como medida punitiva.    

La obligación   de proteger, por su parte, implica el deber [de]“adoptar las medidas que   sean necesarias y que, de acuerdo a las circunstancias, resulten razonables para   asegurar el ejercicio de esos derechos e impedir la interferencia de terceros”, es   decir, esta obligación se concreta, en un deber del Estado de regular el   comportamiento de terceros, ya sean individuos, grupos, empresas y otras   entidades, con el objetivo de impedir que estos interfieran o menoscaben en   modo alguno el disfrute del derecho -subrayado fuera de texto-.    

Esta obligación   implica (i) la adopción de medidas legislativas o de otra índole que sean   necesarias y efectivas para impedir que terceros denieguen el acceso al agua   potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten de forma no   equitativa los recursos de agua; (ii) demanda a los Estados impedir que   terceros menoscaben el acceso físico en condiciones de igualdad y a un costo   razonable a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables, cuando estos   controlen los servicios de suministro de agua; y (iii) exige la promulgación   de legislación en aras de la protección y funcionamiento eficaz del sistema   judicial con el fin de resguardar el goce del derecho al agua potable frente a   afectaciones provenientes de terceros -subrayado fuera de texto-.    

La obligación   de cumplir “requiere que se reconozcan los derechos en los sistemas legales   y se adopten políticas y medidas, de cualquier índole, destinadas a   satisfacerlos”, ésta se subdivide en las obligaciones de facilitar que   “consiste en el deber de iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso   al derecho o su disfrute, o ayudar a los particulares para lograr tales fines”.   El deber de promover implica “realizar acciones tendientes a difundir, educar, o   capacitar a la población para el ejercicio de los mismos”. Por último, surge   la obligación de proporcionar que supone asegurar que el titular del   derecho “[acceda] al bien protegido por un derecho cuando un grupo o individuo   por circunstancias ajenas a su control, no pueda disfrutar el mismo”-subrayado   fuera de texto-.       

74. Esta   obligación comprende, entre otras cosas, que los Estados Partes adopten una   estrategia y un plan de acción nacional en materia de recursos hídricos para el   ejercicio del derecho y facilitar un acceso mayor y sostenible de agua, en   particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.    

75. En la   sentencia C-220 de 2011, la Corte Constitucional estudió una   acción pública de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1° del artículo 43 de   la Ley 99 de 1993. En el asunto en cuestión, lo relevante radica en que mediante   sentencia de constitucionalidad reconoció directamente el carácter de derecho   fundamental del derecho al agua y sus contenidos, explicados con anterioridad,   los cuales como hemos visto, implica obligaciones positivas y negativas para el   Estado. Como derecho social catalogado así por Courtis y Abramovich[115]  tiene facetas que conllevan a considerarlo como un derecho subjetivo y exigible   vía acción de tutela:    

“(…) en   diversas oportunidades ha reconocido que el derecho al agua es un derecho   fundamental. El contenido de este derecho ha sido precisado por la   Corte de conformidad con la Observación General 15 del Comité de Derechos   Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de la siguiente manera:   “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,   accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. La disponibilidad   del agua hace referencia al abastecimiento continuo de agua en cantidades   suficientes para los usos personales y domésticos. La cantidad disponible de   agua debe ser acorde con las necesidades especiales de algunas personas   derivadas de sus condiciones de salud, del clima en el que viven y de las   condiciones de trabajo, entre otros. La exigencia de calidad del agua se   relaciona con la salubridad del recurso, es decir, el agua disponible no debe   contener micro organismos o sustancias químicas o de otra naturaleza que puedan   constituir una amenaza para la salud de las personas. La accesibilidad y la   asequibilidad tienen que ver con (i) la posibilidad de acceder al agua sin   discriminación alguna, (ii) con la obligación de remover cualquier barrera   física o económica que impide el acceso al agua, especialmente de los más pobres   y los grupos históricamente marginados, y (iii) con el acceso a información   relevante sobre cuestiones de agua. Finalmente, la aceptabilidad hace referencia   a la necesidad de que las instalaciones y los servicios de provisión de agua   sean culturalmente apropiados y sensibles a cuestiones de género, intimidad,   etc. Estos contenidos implican entonces tanto obligaciones positivas –y   complejas- como negativas para el Estado”. (Subrayado en negrillas fuera   de texto).    

13. Crisis   humanitaria por falta de agua en La Guajira    

76. Teniendo en cuenta el Informe presentado por la Defensoría del Pueblo   “Crisis Humanitaria en La Guajira 2014”, la crisis humanitaria que se vive   en este Departamento se debe a una variedad de factores que afectan la realidad   no solo de los 15 municipios, sino también del pueblo indígena Wayúu, diseminado   en más de 15.000 km2 a lo largo de La Guajira. La problemática que aqueja, como   nunca antes, a la población indígena se deriva por fenómenos como: desnutrición,   carencia de agua potable, deficiencia en la prestación de servicios públicos,   red hospitalaria desecha, constante presencia de grupos armados ilegales,   hacinamiento, falta de vivienda y desnutrición global, entre otros.    

77. En concepto de la Defensoría del Pueblo, en el Departamento de La Guajira   coexiste un cúmulo de situaciones violatorias de los derechos humanos que   obedecen a problemas estructurales, los cuales se exacerban en las comunidades   indígenas y tribales minoritarias que habitan en la región[116], debido al abandono y la ineficiencia del Estado Social en su faceta   de garantizar necesidades básicas insatisfechas.    

Concluye el   informe que una de las causas de la crisis humanitaria, en relación con las   comunidades indígenas es “que no hay una estrategia coordinada desde las   instituciones competentes para la garantía del mínimo vital de agua potable en   beneficio de las comunidades indígenas y, particularmente, de niños, niñas y   adolescentes y se empeora, así, su condición de salud”[117].    

Con fundamento en lo anterior, es importante hacer referencia a ciertos puntos   centrales para tener mayor claridad acerca de las razones por las cuales, hoy   por hoy, la falta de agua en La Guajira constituye un ingrediente para   comprender su grave crisis humanitaria.    

78. En primer lugar y teniendo en cuenta el informe de la Defensoría del Pueblo,   en La Guajira nos encontramos ante un fenómeno denominado morbimortandad,   consistente en el acaecimiento de muertes evitables, es decir, aquellas que se   producen por falta de prevención o tratamiento del sistema de seguridad social   en salud. Lo más grave de este punto es que ésta tragedia afecta, en un alto   porcentaje, a la población de niños y niñas indígenas, quienes diagnostican como   causa de su fallecimiento, la desnutrición y/o diarrea sistémica. En ese orden,   se evidencian fallas estructurales inaceptables en cabeza de sujetos de especial   protección constitucional, por cuenta de un Estado que actúa con descoordinación   y resulta incapaz a la hora de brindar a sus ciudadanos un efectivo acceso al   agua potable y a la salud de manera integral.    

“…el pueblo   indígena Wayúu afronta graves problemas de seguridad alimentaria y escases de   agua generada por los intensos veranos y el cambio climático regional que aunado   a la complejidad geográfica, cultural y social de la región y la deficiente   atención en salud, estas situaciones han desencadenado altas tasas de   morbimortalidad infantil asociada con problemas de desnutrición”.    

79. En segundo lugar, el informe realizado por la Defensoría Delegada   para los Derechos Colectivos y el Ambiente en cuanto al ejercicio del derecho   fundamental de agua potable reconoció que: “la situación de abastecimiento de   agua es crítica, ya que no se está garantizando a la población el derecho humano   al agua, en condiciones de accesibilidad, disponibilidad y calidad. Esa   situación demuestra la ausencia de políticas claras y proyectos efectivos   encaminados a dar una solución estructural al tema del agua en La Guajira”.    

(…)    

“…los sistemas   de almacenamiento de agua y los arroyos que la proveían a las comunidades de La   Guajira están completamente secos, por tanto la mayor parte de las   comunidades étnicas en La Guajira no cuentan con acceso al agua para consumo   humano, ni tampoco para realizar las actividades que constituyen su sustento   básico, tales como la cría y pastoreo de ganado caprino y los cultivos de   pancoger, por lo que urge implementar medidas de contingencia para la provisión   de agua como pozos profundos y rehabilitación de jagüeyes y reservorios   existentes y así mismo para garantizar la seguridad alimentaria. La Delegada   también llama la atención respecto a los proyectos minero-energéticos y la   explotación del subsuelo del departamento en donde existen yacimientos   importantes de hidrocarburos y minerales como el carbón, los cuales han   impactado la dinámica social y ambiental de la región”.    

80. Teniendo en   cuenta proyecciones del DANE, de los 20.848 kilómetros cuadrados que tiene en   extensión el departamento, 41% de este es clasificado como matorral desértico   subtropical a diferencia del 1%  del mismo considerado como bosque húmedo   tropical, lo que conlleva a que La Guajira sea reconocida como el departamento   más seco del país. Es por ello que los sistemas de almacenamiento de agua, así   como los arroyos y los reservorios, están completamente secos dado la   disminución de las precipitaciones en el lugar.    

Así las cosas, es   menester recordar que la cantidad de derechos que se le vulneran a la población   de La Guajira por no poder gozar del derecho fundamental de agua potable es va   en aumento, si se tiene en cuenta la relación directa que tiene este derecho con   otros como el derecho a la seguridad, a la educación, a la salubridad pública, a   la vivienda, al desarrollo, a la seguridad alimentaria, al acceso a los   servicios públicos, entre otros.    

81. Por otro lado,   el panorama relacionado con los recursos del Sistema General de Participaciones   y las regalías por la explotación minera en el departamento, destinados a   mejorar la calidad de vida de las comunidades étnicas que habitan en el   territorio, no es nada alentador, ya que no han sido suficientes para tratar la   problemática, su administración no ha sido la adecuada y al final todo lo   planeado se ha quedado sin ejecutar. Acerca de lo anterior, Corpoguajira informó   que: “nunca se terminaron las obras en la represa del río Rancherías, una de   las alternativas para los tiempos de sequía, y los pozos que se han construido   para el acceso al agua en diferentes rancherías, requiere además, plantas de   tratamiento para la desalinización del líquido, de lo contrario no constituyen   alternativa para el consumo humano.”    

82. En el Informe   realizado por la Defensoría del Pueblo se indicó que: “Con relación a la   calidad del agua para consumo humano, municipios como Dibulla en el 2013   presentaron un índice de riesgo alto de la calidad de agua para consumo humano   alto, esta situación genera una gran preocupación; así mismo los municipios de   Albania, Barrancas, Distracción, El Molino, Hato Nuevo, La Jagua Del Pilar y   Manaure terminaron el 2013 con un riesgo medio en la calidad del agua que   distribuyen. En términos de muestras evaluadas, se encontró que 9 de los 15   municipios no llegaron ni al 50% de las muestras sin riesgo. Sin embargo, se   debe aclarar que estos datos corresponden únicamente al agua suministrada por   las empresas prestadoras de servicios públicos, pero no se conoce la calidad de   agua de las zonas en donde no hay abastecimiento mediante redes, lo cual es   alarmante ya que las cifras de mortalidad del INS señalan que el 48,5% de las   muertes de niños es por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA).”    

Así mismo, se   encontró que el agua no se suministra de manera constate, es decir, se provee   dos veces al día en horarios de 5:00 a.m a 7:00 a.m y de 2:00 p.m a 4:00 p.m, lo   cual resulta insuficiente para garantizar el mínimo vital de agua requerida por   las comunidades indígenas, y más, si se tiene en cuenta que habitan el   departamento más seco del país.    

83. El acceso al   agua potable tiene relación directa con el saneamiento básico y frente a este   tema, el Censo del 2005 estableció que apenas el 37,69% de las viviendas del   departamento tiene cobertura de alcantarillado y de los 15 municipios solo cinco   cuentan con el Plan Maestro de Alcantarillado implementado.    

Ante este   desalentador panorama la Delegada para los Derechos Colectivos y el Ambiente,   instó “a las autoridades, tanto del orden nacional como departamental y   municipal, a ejecutar un plan de choque para el abastecimiento de agua que   permita a las comunidades contar con agua potable para satisfacer sus   necesidades inmediatas” De igual forma, solicitó “a las entidades   concernidas que identifiquen las causas estructurales de la escasez de agua en   el departamento y se generen mecanismos para la protección de los ecosistemas   estratégicos, y en ese sentido, que se protejan las fuentes hídricas y no se   permita su desviación y se analice el uso del recurso hídrico otorgado a través   de las concesiones de agua a los proyectos minero-energéticos, de agricultura y   ganadería en el departamento. De igual modo, se hace un llamado a las   autoridades para que se adelante un estudio imparcial acerca de la real   incidencia de la actividad minera en el deterioro de los ecosistemas y la   disponibilidad de agua en La Guajira”.    

84. En tercer lugar, teniendo en cuenta lo establecido por la Delegada para los   Derechos Indígenas y las Minorías Étnicas hay una crisis económica y social que   afronta la región, debido a la falta de políticas para la implementación de   oportunidades de trabajo que afecta en gran medida a la población indígena,   quienes históricamente obtenían su sustento diario por medio del comercio   informal y el trueque. La eliminación del contrabando sin la creación de dichas   medidas, así como también la poca participación de las comunidades indígenas al   momento de definir y priorizar el destino de los recursos otorgados por medio   del Sistema General de Participaciones, la explotación de los recursos   minero-energéticos y la presencia de grupos armados al margen de la ley, han   impedido el desarrollo y una mejor organización política, económica y social en   el Departamento de La Guajira.    

En conclusión, la situación de abastecimiento de agua en esa región es crítica   ya que no hay una garantía mínima por parte del Estado del derecho fundamental   al agua, es decir, no hay políticas claras que den una verdadera solución al   tema, generando un aumento en los índices de pobreza, desnutrición, enfermedades   catastróficas, imposibilidad de desarrollo e insatisfacción de mínimas   necesidades básicas. Dicha afectación aumenta si se tiene en cuenta que los   sistemas de almacenamiento de agua están completamente secos dado la disminución   de las precipitaciones, que los proyectos minero-energéticos que se llevan a   cabo en la Guajira tienen un impacto ambiental irrecuperable afectando   principalmente en relación a la cantidad y calidad de agua para el consumo en la   región, y que los recursos otorgados por el Sistema General de Participaciones   no han sido suficientes, como tampoco bien administrados, para poder darle una   solución adecuada al problema del agua, tanto así, que las comunidades se   abastecen del recurso por medio de los pozos instalados por el gobierno de   Gustavo Rojas Pinilla hace más de 50 años.    

85. Para la Corte, la crisis humanitaria que se vive hoy en día el Departamento   de la Guajira, no tiene espera puesto que se acentúa con el pasar del tiempo. No   es posible que exista un territorio completo, habitado por minorías indígenas y   población vulnerable, el cual no tenga un mínimo vital de agua potable[118], ni políticas públicas para la   solución de problemáticas que afectan los derechos fundamentales de la   población.    

No se puede olvidar que las razones de la grave crisis humanitaria no son solo   las expresadas anteriormente, dado que las comunidades acentuadas en el   territorio son minorías que no tienen conocimiento de sus derechos y de la   protección de los mismos, así como tampoco de los beneficios a los cuales pueden   acceder. La falta de igualdad al momento de implementar las políticas públicas y   el mal manejo e inversión de los recursos destinados al mejoramiento,   organización, desarrollo y autoabastecimiento de las comunidades indígenas   afectan masiva y sistemáticamente no solo diversos derechos fundamentales   subjetivos sino la existencia del pluralismo y la diversidad étnica en Colombia.    

Corte   Interamericana de Derechos Humanos    

86. En el Sistema   Interamericano de Derechos Humanos, también se ha reconocido y protegido el   derecho humano al agua. En sentencia de 17 de junio de 2005, la Corte   Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-, estudió el caso de la   comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, en el cual sendas pruebas   testimoniales indicaron falta de agua en este pueblo indígena. Se demostró   mediante exámenes de sangre y de materia fecal, que los miembros de la comunidad   indígena Yakye Axa sufrían de parasitosis y de anemia. Asimismo, se pudo   comprobar, por muestras de agua, que el acceso a la única fuente de agua no era   potable, toda vez que estaba expuesta al contacto con animales salvajes y   criados en la estancia.    

87. Para la Corte   IDH, estas condiciones de existencia significaron un factor negativo en la   debida nutrición y alimentación de los miembros de la comunidad que se   encuentran en este asentamiento: “las afectaciones especiales del derecho   a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y   el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia   digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos,   como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. En el caso   de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y al uso y disfrute   de los recursos naturales que en ellas se encuentran están directamente   vinculados con la obtención de alimento y el acceso a agua limpia”[119].    (Subrayado fuera de texto).    

Concluyó este   Tribunal Interamericano de Derechos Humanos que el Estado del Paraguay no   garantizó el derecho a la propiedad comunitaria por parte de miembros de la   comunidad Yakye Axa y, este hecho afectó el derecho a una vida digna, “ha   privado de la posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales,   así como del uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la   obtención de agua limpia y para la práctica de la medicina tradicional de   prevención y cura de enfermedades. A esto se suma que el Estado no ha adoptado   las medidas positivas necesarias que permitan asegurar a los miembros de la   Comunidad Yakye Axa, durante el período que han permanecido sin territorio, las   condiciones de vida compatibles con su dignidad…”.    

88. En su parte   resolutiva, la Corte Interamericana amparó el derecho al agua basándose en una   apreciación del daño inmaterial; estimó pertinente que el Estado paraguayo   creara un programa -en el plazo de 2 años- y un fondo de desarrollo comunitario   que debió ser implementado en las tierras entregadas a los miembros de la   comunidad. Dicho plan consistía entre otras cosas, en el suministro de   agua potable e infraestructura sanitaria, según criterios determinados por un   comité de implementación.     

89. En vista de lo   anterior, la Corte IDH dispuso que, mientras la comunidad se encuentre sin   territorio, dada su especial vulnerabilidad y la imposibilidad de acceder a   mecanismos tradicionales de subsistencia, el Estado debía suministrar de manera   inmediata y periódica, el goce de agua potable suficiente para el consumo y aseo   personal de todos los miembros de la comunidad.    

14.   Jurisprudencia constitucional sobre la tutela del goce efectivo del derecho   fundamental al agua    

90. De otro modo, la Corte Constitucional ha abordado la   vulneración y protección del derecho al agua de una forma más profunda y   reiterada. En ese sentido, existe jurisprudencia relacionada con la naturaleza,   alcance y procedencia del derecho al agua como derecho fundamental, el   cumplimiento de los factores de disponibilidad, calidad y accesibilidad (no   discriminación), la relación del agua con el servicio público de acueducto y   alcantarillado y su conexidad con otros derechos humanos como la vida y a la   salud.    

91. Para la resolución de casos concretos, la Corte ha optado por   diferentes formas de proteger el derecho, incluso ha ordenado crear acueductos   en sectores donde no existía suministro de agua e implementar medidas   provisionales para abastecer poblaciones enteras con carros-tanque de agua. Los   precedentes que se presentaran a continuación, demuestran además la importancia   de proteger en la mayoría de los casos el derecho humano y fundamental de agua   potable, cuando se trate de sujetos de especial protección constitucional. Lo   anterior, por cuanto la falta de agua, genera un peligro para el goce y   ejercicio de otros derechos fundamentales.    

“Tratándose de   sujetos de especial protección, esta Corporación  ha sostenido que el amparo   reforzado de los sujetos de especial protección constitucional, parte del   reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y real   a la que se han visto sometidos históricamente. Así la Constitución Política en   su artículo 13 establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas   personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en   circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que   contra ellas se cometan.” Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado como   sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de   familia, a las personas en situación de discapacidad, a la población desplazada,   a los adultos mayores, y todas aquellas personas que por su situación de   debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con   respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la   pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la   intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de   debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso   a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la   igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos   mencionados”[120].    

92. Ahora bien, se   encuentra el primer fallo que aludió a la materia, Sentencia T-406 de 1992, en   la que se revisó la situación del servicio de alcantarillado que las Empresas Públicas de Cartagena comenzó a construir en 1991 para   el barrio Vista Hermosa de esa ciudad. Transcurrido un año y sin haber terminado   su construcción, el mismo fue puesto en funcionamiento, hecho que produjo el   desbordamiento de aguas negras, ocasionando olores nauseabundos y   contaminantes de la atmósfera a los residentes del barrio.    

El peticionario se vio afectado puesto que su barrio se hallaba exactamente en   frente de las obras inconclusas. A causa de ello, la petición se encaminó a que   el Tribunal Constitucional ordenara a las entidades demandadas la continuidad de   la obra hasta su terminación, o la adopción de alguna medida tendiente a   proteger a los residentes del sector.    

“El derecho al   servicio de alcantarillado, en aquellas circunstancias en las cuales afecte de   manera evidente derechos y principios constitucionales fundamentales, como son   los consagrados en los artículos 1 (dignidad humana), 11 (vida) y 13 (derechos   de los disminuidos), debe ser considerado como derecho susceptible de ser   protegido por la acción de tutela. El hecho de haberse iniciado la construcción   del alcantarillado desvirtúa la principal objeción para la efectiva aplicación   del derecho a los servicios públicos fundamentales, cual es la falta de recursos   económicos”.    

93. En Sentencia   T-523 de 1994, se conoció el caso de un proyecto agroindustrial –cría de   cerdos-, que contaminaba un nacimiento de aguas, a su vez, única fuente hídrica   que surtía el acueducto del municipio Llanos de Cuivá. En este caso, la acción   de tutela pretendía asegurar que la accionante y los demás habitantes de la   vereda Humadea, accedieran al servicio de acueducto en condiciones adecuadas,   esto implicaba garantizar que la fuente hídrica de la cual el acueducto de   Humadea toma sus aguas, no se viera afectado por la plataforma en construcción   y/u operación. Señaló este tribunal constitucional que aunque la situación   fáctica puede implicar afectaciones a derechos colectivos, no es esta protección   colectiva la que se pretende por medio de la acción de tutela, sino la garantía   de acceso al agua apta para el consumo humano de la accionante y de su hija   mediante esta acción tutelar.      

94. En Sentencia T-244 de 1994 se estudió un caso en el   cual la sociedad comercial María Angélica Medina   Compañía Ltda., adquirió el predio denominado “el descanso”, en la vereda   Peladeros, jurisdicción del municipio de Guaduas. La sociedad y el ciudadano   Carlos Adolfo Van Arcken proyectaron instalar una industria piscícola,   aprovechando las aguas de la quebrada El Salitre o Guayabal, de uso público,   para lo cual procedieron a efectuar obras de represamiento del líquido vital.   Cuando esas obras se encontraban bastante desarrolladas, la compañía y Van   Arcken hicieron una solicitud incompleta ante el Inderena para que se les   permitiera la captación del agua en un 22%. Indicó el accionante que las aguas   de la quebrada, solo pueden ser utilizadas para el consumo humano dada su poca   cantidad, teniendo en cuenta que para la época de estiaje su caudal disminuye   considerablemente. El Inderena ordenó destruir las obras construidas sobre el   cauce de la quebrada, decisión que no cumplieron los accionados. En la   inspección judicial que se practicó por orden de la Corte en ese caso,  se    verificó la escasez de agua que afectaba a la comunidad, cuya solución se   lograría “a través de la construcción de un acueducto veredal en el   nacimiento de las aguas”. Con dicha medida, se pretendió impedir la   monopolización en el uso del agua, puesto que su finalidad debe ser el consumo   humano por parte de toda la comunidad y no el beneficio particular de algunos en   detrimento de los demás. Así, ordenó al Gobernador del   Departamento de Cundinamarca y a la Secretaría de Planeación Departamental,   adoptar a la mayor brevedad las medidas del caso, en orden a incluir y asignar   las partidas presupuestales necesarias para la realización de la obra de un   acueducto en la vereda de Peladeros. Además, ofició al Instituto de Aguas de   Cundinamarca, con el objeto de que mientras se adelantan los trámites internos   previstos para este tipo de obras, procediera a iniciar el estudio   correspondiente, en orden a la realización del acueducto veredal en mención.    

95. La Corte   Constitucional, en las Sentencias T-578 de 1992, T-140 de 1994 y T-207 de 1995   reafirmó que “el agua constituye fuente de vida y la falta del   servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las   personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y   alcantarillado  en tanto que afecte la vida de las personas, salubridad pública o salud, es un   derecho constitucional fundamental y como tal debe ser objeto de protección a   través de la acción de tutela”.    

Siguiendo esta línea jurisprudencial, en la Sentencia   T-413 de 1995 esta Corporación explicó el carácter de derecho   fundamental del agua en los siguientes términos:    

“El derecho al agua, para el uso de las personas, en cuanto   contribuye a la salud, a la salubridad pública, y, en últimas, a la vida, SI es   un derecho fundamental y que, por el contrario, NO lo es cuando se destina a la   explotación agropecuaria o a un terreno deshabitado. Sin agua no se puede vivir,   luego lo lógico es que un acueducto construido para uso domiciliario del líquido   debe tener preferencialmente tal destinación. Lo razonable es atender primero   las necesidades domésticas de las familias que son socias o usuarias del   acueducto regional y, si hay un excedente de agua entonces sí, de manera   reglamentada, se puede aprovechar excepcionalmente para otros usos. Se deja en   claro que la orden que se da en esta tutela obedece al presupuesto de que existe   escasez de agua para uso doméstico de los usuarios del acueducto”.    

En este caso, la Junta del Acueducto La Cuchilla dio preferencia en el acceso al   agua a ciertos predios, una fábrica de ladrillos, lavaderos de carros y   bebederos de animales, en detrimento de los demás usuarios a quienes se les   impedía el consumo y acceso al agua. La Corte, indicó entonces que el fontanero   en primer término debe cumplir la orden como operador del servicio público:   dando preferencia a la circulación del agua para el uso doméstico, orden que no   puede ser contradicha por la junta administradora del acueducto. A dicha Junta    correspondía regular la distribución del agua después de cubrir el consumo   humano.    

96. Por su parte,   en la Sentencia T-092 de 1995[121] la Sala   decidió tutelar la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la   salud de los actores, afectados por la contaminación del agua que consumían. Se   comprobó que el agua proveída por el acueducto de la vereda El Pata, municipio   de Aipe, se construyó sin estudios previos, y no suministraba agua apta para el   consumo humano por tener exceso de hierro, según estudios de la entidad Aguas   del Huila. En esta medida, concedió el amparo constitucional en tanto esto   “afecta en forma evidente e inminente los derechos fundamentales a la   vida y a la salud de quienes se benefician de él, bien por su prestación   deficiente o por contener elementos que no permitan su consumo, (…) Así,   el hecho de que la comunidad no tenga servicio de acueducto o lo tenga en   condiciones que no permitan su utilización en forma adecuada, se constituye en   factor de riesgo grande para la salud y la vida de la comunidad expuesta a esa   situación”.    

97. En la   Sentencia T-595 de 2002, la Sala Tercera de Revisión tuteló el derecho a la   igualdad y a la locomoción. En concreto, ordenó a la empresa Transmilenio S.A.   el diseño de un plan para permitir el acceso al transporte del accionante en   condición de discapacidad. Dicho fallo, precisó que los derechos   constitucionales clasificados como económicos, sociales y culturales o los de   libertad, pueden tener una dimensión prestacional o positiva que obliga a   garantizar el ejercicio y goce del derecho progresivamente. En ese orden de   ideas, este precedente aplicado en la sentencia T-418 de 2010 (sobre el derecho   al agua) estableció, de acuerdo con la Constitución, unos parámetros que   deben ser observados a la hora de avanzar en la protección gradual de un derecho   fundamental vulnerado:    

“5.5.1. Primero, como se dijo, debe existir una política pública,   generalmente plasmada en un plan. Es lo mínimo que debe hacer quien tiene la   obligación de garantizar la prestación invocada. Se desconoce entonces la   dimensión positiva de un derecho fundamental en sus implicaciones   programáticas, cuando ni siquiera se cuenta con un plan que conduzca, gradual   pero seria y sostenidamente a garantizarlo y protegerlo.    

5.5.2. Segundo, el plan debe estar encaminado a garantizar el goce   efectivo del derecho; el artículo 2° de la Constitución fija con toda claridad   este derrotero. La defensa de los derechos no puede ser formal. La misión del   Estado no se reduce a expedir las normas y textos legales que reconozcan, tan   sólo en el papel, que se es titular de ciertos derechos. La racionalidad estatal   mínima exige que dichas normas sean seguidas de acciones reales. Estos deben   dirigirse a facilitar que las personas puedan disfrutar y ejercer cabalmente los   derechos que les fueron reconocidos en la Constitución.    

       

Es pues inaceptable constitucionalmente no sólo la ausencia de   políticas en estas materias, sino que a pesar de existir un plan o programa,   éste (i) sólo esté escrito y no haya sido iniciada su ejecución, o (ii) que así   se esté implementando, sea evidentemente inane, bien sea porque no es sensible a   los verdaderos problemas y necesidades de los titulares del derecho en cuestión,   o porque su ejecución se ha diferido indefinidamente, o durante un período de   tiempo irrazonable.    

5.5.3. Tercero, el plan debe ser sensible a la participación   ciudadana cuando así lo ordene la Constitución o la ley. Este mandato proviene   de diversas normas constitucionales, entre las cuales se destaca nuevamente el   artículo 2°, en donde se indica que es un fin esencial del Estado “(…) facilitar   la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida   económica, política, administrativa y cultural de la nación; (…)”, lo cual   concuerda con la definición de la democracia colombiana como participativa   (artículo 1° C.P.)”.    

98. De otra parte,   en Sentencia T-410 de 2003 el accionante, en   calidad de ciudadano en ejercicio y concejal del municipio de Versalles   –Departamento del Valle del Cauca-, solicitó, en nombre propio y en el de sus   “coterráneos”, la protección de los derechos a la vida, a la salud y el   saneamiento ambiental, de la niñez, de los derechos sociales y de los derechos   colectivos y del ambiente, los cuales estimó vulnerados por parte del Alcalde   Municipal y del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Versalles,   quienes suministraban a la población agua no apta para el consumo humano.     

La Corte al   constatar la vulneración de los derechos fundamentales invocados, decidió   ordenar al Alcalde Municipal y al Gerente de la Empresa de   Servicios Públicos de Versalles –Valle del Cauca que, en lo de su competencia,   en un término máximo de treinta (30) días, iniciara los trámites   administrativos, financieros y presupuestales necesarios para que en un plazo no   superior a seis (6) meses garantizaran al accionante y a la población del   municipio de Versalles el suministro efectivo del servicio público de acueducto,   con los niveles de calidad, regularidad, inmediatez y continuidad que exigen la   Constitución y la ley.    

En este fallo, se   precisó que cuando se pretende reclamar el derecho fundamental al agua para una   comunidad, se puede hacer por medio de la acción de tutela, dado que, si bien la   acción popular es la indicada para reclamar la protección de derechos   colectivos, el derecho al agua es un derecho fundamental cuya vulneración causa   perjuicios inmediatos e inminentes. Así, las acciones que se presentan como   populares para reclamar derechos colectivos pueden dársele trámite de acción de   tutela cuando la autoridad judicial evidencie que se está ante la vulneración de   un derecho fundamental.     

 “…el servicio   público de acueducto tiene como finalidad la satisfacción de necesidades vitales   de las personas, lo que exige, naturalmente, el suministro de agua apta para el   consumo humano pues no podrá considerarse que el servicio se presta con el mero   transporte del líquido, sin aplicarle ningún tipo de tratamiento cuando no reúne   las condiciones físicas, químicas y bacteriológicas mínimas exigidas para su   uso, sin que ponga en riesgo la salud y la vida de sus consumidores (…) la falta   de prestación de éste servicio también está llamada a constituir una posible   violación del derecho que tienen todas las personas  a vivir una vida   digna. Se concluye entonces que el servicio público domiciliario de acueducto   puede ser objeto de protección judicial a través de la acción de tutela”[122].     

110. De esta   manera, y en consideración a los múltiples pronunciamientos hechos por esta   Corporación, en la Sentencia T-381 de 2009, se sintetizaron los elementos que   permiten definir el derecho al agua potable como un derecho fundamental:    

(i)  “el   derecho al agua sólo tiene el carácter de fundamental cuando está destinada   al consumo humano, pues únicamente entonces está en conexión con el derecho   a la vida en condiciones dignas y a la salud;    

(ii)         por lo anterior, la acción de tutela resulta procedente para hacer   efectivo el derecho fundamental al agua potable, solamente cuando ella es   necesaria para preservar la vida, la salud o la salubridad de las   personas, pero no cuando está destinada a otras actividades, tales como la   explotación agropecuaria o a terrenos deshabitados;    

(iii)      cuando el agua es necesaria para preservar la vida, la salud o la   salubridad de las personas, el derecho fundamental que recae sobre ella   puede ser protegido a través de la acción de tutela, que resulta procedente   tanto contra la autoridad pública como contra el particular o particulares que   estén afectando arbitrariamente el derecho;    

(iv)       el   derecho al consumo humano de agua potable puede ser protegido por vía de   tutela, que desplaza la acción popular, cuando existe afectación   particular del derecho fundamental en cabeza de una, varias o múltiples   personas, o cuando existe la amenaza de consumación de un perjuicio irremediable   en la órbita de este derecho fundamental;    

(v)       De   conformidad con los criterios interpretativos sentados por el Comité de Derechos   Económicos, Sociales y Culturales, el contenido del derecho fundamental al agua implica   la ‘disponibilidad continua y suficiente’ de agua para los usos personales y   domésticos, la ‘calidad salubre’ del agua, y la ‘accesibilidad física’,   económica e igualitaria a ella.”    

101. En la   Sentencia T-381 de 2009 los actores estimaron que sus derechos fundamentales al agua potable, a la vida,   a la dignidad, a la salud y a la salubridad pública habían sido vulnerados por   las entidades demandadas. Lo anterior, pues al adelantarse las obras de   construcción de un túnel en una carretera nacional, resultaron afectadas las   fuentes naturales de agua que surtían el consumo humano, el riego y el   desarrollo de actividades comerciales turísticas. Para la fecha en la que se   presentó la acción de tutela, afirmaron que dichas fuentes naturales se   habían secado totalmente.    

La Sociedad   Concesión Autopista Bogotá – Girardot, admitió que en desarrollo del proyecto de   construcción y ampliación del corredor vial Bosa- Granada- Girardot, en virtud   de contrato suscrito para tal efecto con INCO, resultaron afectados los recursos   acuíferos de los predios que se mencionan en la acción de tutela. Esto, se debió   a que al construir el túnel del Cañón de Sumapaz, se produjo un fenómeno de   filtración de agua hacia el interior de dicho túnel que alteró los manantiales   que dan origen y surten las quebradas ubicadas sobre el alineamiento del mismo y   su área de influencia directa.    

Por lo anterior,   la Corte consideró conceder el amparo y ordenar que se tomaran medidas adecuadas   y permanentes para asegurar el suministro de agua. Sin embargo, mientras se   deciden e implementan dichas medidas, ordenó que la entidad continuara con el   suministro de agua por medio de carro-tanques garantizando el acceso y   suministro de todos los habitantes afectados.    

102. En Sentencia   T-143 de 2010 Marcos Arrepiche, en su calidad de Gobernador del Cabildo Indígena   El Turpial-La Victoria, interpuso acción de tutela contra el Alcalde de Puerto   López y el Gobernador del Meta, por considerar que al no haber llevado a cabo   las acciones necesarias para superar la emergencia en el acceso al agua, les   violan a los Pueblos Indígenas Achagua y Piapoco, el derecho fundamental al   consumo de agua potable. La Corte estableció que cuando el grupo de personas que   solicita la reivindicación fundamental de su derecho al consumo de agua potable   tiene consciencia de su identidad indígena, el reclamo tiene mayor fuerza pues   de ese derecho depende del derecho fundamental a la integridad étnica y cultural   del Pueblo al cual pertenecen.    

En esa sentencia,   se precisó que si la tutela del derecho fundamental al consumo de agua potable   es impetrada a nombre de una comunidad indígena, debe tenerse en cuenta, por una   parte, que las comunidades son titulares de los derechos a la integridad y a la   supervivencia como comunidades diversas y, por otra, que esos derechos tienen   carácter fundamental y pueden ser protegidos mediante acción de tutela, en cada   caso.     

Por dichas razones   esta Corporación ordenó al Alcalde del Municipio de Puerto López y al Gobernador   del Meta que brindara a los miembros de los Pueblos Indígenas Achagua y Piapoco,   cantidades de agua potable suficientes para satisfacer las necesidades de   consumo que, razonablemente se estime, pueden requerir a diario. El suministro   de esas cantidades deberá responder a los siguientes criterios: (i) debe   prestarse hasta que ambos Pueblos cuenten con una solución definitiva para sus   problemas de desabastecimiento; (ii) las cantidades no podrán ser   inferiores a las que suministró el Municipio de Puerto López durante los   cuarenta y cinco (45) días posteriores al acuerdo; (iii) a cambio de la   prestación del servicio, podrá exigírseles a los Pueblos Indígenas una   contraprestación dineraria o de otra clase, si y sólo si con ella no les viola   su derecho a la autonomía; (iv) y, si ninguna contraprestación posible es   útil y lucrativa o compensatoria para el Municipio, la prestación transitoria,   de cantidades mínimas de agua, deberá serles ofrecida gratuitamente.    

103. A su vez, en   la Sentencia T-418 de 2010 se expone la situación de una población que habita en   la vereda San Antonio de Arbeláez, zona rural que no cuenta con agua potable,   razón por la cual, se vieron obligados a consumir agua no tratada, no apta para   el consumo humano, proveniente de la quebrada La Legía. Por consiguiente,   solicitaron en el escrito de tutela la instalación del servicio de agua y   alcantarillado en el sector.     

En este caso, la Corte ordenó, entre otras acciones, a   la Alcaldía de Arbeláez que adopte las medidas adecuadas y necesarias para   diseñar un plan específico para la comunidad rural a la que pertenecen los   accionantes, para asegurarles que no sean los últimos de la fila en   acceder al servicio de agua. Se estableció que el plan específico que se adopte   para la comunidad deberá contener fechas y plazos precisos que permitan hacer un   seguimiento del desarrollo del plan a la comunidad; deberá prever mecanismos de   control y evaluación, que permitan dar cuenta del avance del mismo y sus grados   de cumplimiento, y deberá tener por objeto asegurar el derecho a acceder y   disponer de agua con regularidad y continuidad.    

Se estableció que el plan específico debería conceder espacios de participación   democrática, efectivos y reales, durante el diseño, la elaboración, la   implementación, la evaluación y el control del plan a adoptar, de acuerdo a las   necesidades de la comunidad afectada, quien podría controlar y fiscalizar el   cumplimiento de las acciones.    

104. En Sentencia T-616 de 2010, la entidad accionada se negó al acceso del   suministro de agua por falta de redes de acueducto en la vivienda del accionante   y su familia, por lo cual manifestó que ha tenido que comprar el agua que   requiere para sus actividades diarias a su vecina. Estableció la sentencia que “la   Corte Constitucional ha protegido por vía de tutela diferentes aspectos del   derecho al agua relacionados con la garantía mínima de la (i) disponibilidad,   (ii) calidad, (iii) acceso y (iv) no discriminación en la distribución, en   consonancia con la obligación de emplear el máximo de los recursos que se   dispongan para hacer efectivo el derecho al agua a todos sus habitantes”.    

Ordenó que se   adopten las medidas presupuestales y técnicas requeridas con el fin de que se   programe y se lleve a cabo el suministro de agua potable a las viviendas de los   accionantes por lo menos una vez al día en las horas que establezca la entidad,   las cuales no pueden ser menores a la capacidad mínima de suministro exigida por   la ley de acuerdo con el tipo de acueducto.    

105. A su turno, en la Sentencia T-725 de 2011 esta Corte reconoció una   especial protección a la población desplazada, que se encuentra en riesgo   acentuado, como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las comunidades   indígenas y afrodescendientes, los adultos mayores y las personas con   discapacidad.    

En el presente asunto se demostró que el agua potable reclamada era destinada al   consumo y aprovechamiento humano, pues el inmueble objeto de suspensión del   servicio de acueducto es residencial. Es decir, en este caso se probó que la   prestación del servicio de agua tiene por objeto la satisfacción de las   necesidades físicas de alimentación y salubridad. En esta medida, la Corte   Constitucional consideró que al tratarse de una persona desplazada con salud   física disminuida, el derecho al agua debía ser garantizado aun cuando todavía   no se había llegado a un acuerdo de pago.     

106. En la Sentencia T-312 de 2012 los peticionarios, habitantes de las   veredas La Ceiba y La Horqueta, pertenecientes al municipio de Apulo y, de la   vereda San Carlos, que hace parte del municipio de Tocaima, relataron que el   servicio de agua era suministrado por el municipio de Viotá, a quien en su   momento le cancelaron lo correspondiente a la conexión e instalación de las   acometidas domiciliarias de agua. Sin embargo, llegó un punto en el que dicha   entidad territorial dejó de prestar el servicio y, un tiempo después, dejó de   allegar las facturas.    

En vista de lo   anterior, se han dirigido en múltiples ocasiones a las alcaldías de los tres   municipios demandados, con el fin de obtener una solución a la ausencia de agua,   puesto que para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación y aseo   personal, la única alternativa que tienen es la recolección de agua lluvia que   realizan a través de un sistema rústico con canaletas. El agua que recogen es   almacenada en tanques que no se encuentran en condiciones óptimas de aseo, en   consecuencia se han visto afectados en su salud. Adicionalmente, exponen que en   época de verano la situación se torna particularmente difícil, puesto que con   poca lluvia se ven obligados a recoger agua de las quebradas Lutus y Cachimbulo,   las cuales son utilizadas para el vertimiento de aguas negras por habitantes de   la zona.    

Bajo estos hechos,   se ordenó asumir la garantía provisional de los contenidos mínimos del derecho   al agua en la vereda San Carlos. Además, se advirtió a los municipios que este   suministro provisional de una cantidad mínima vital de agua no podría   suspenderse bajo ninguna circunstancia, hasta que se adopten medidas de carácter   definitivo para garantizar el suministro permanente de agua en la vereda.    

107. Igualmente,   en Sentencia T-584 de 2012 la actora solicitó al juez de tutela la protección de   sus derechos fundamentales y los de su familia a la vida, a la salud y al agua   potable, presuntamente vulnerados por ECOPETROL S.A., quien al parecer, en el   desarrollo de ciertas actividades realizadas en el proceso de excavación y   explotación de petróleo en un predio colindante con su casa de habitación,   contaminó el agua del aljibe que utilizan para su consumo y demás actividades   diarias. Es importante resaltar que, aunque en este caso la Corte esbozo que no   existía perjuicio irremediable por existir un acuerdo entre la entidad y la   accionante, bajo el cual se estaba suministrando agua en condiciones de calidad,   disponibilidad y acceso, estableció que:    

“Cuando la amenaza o vulneración de un derecho colectivo, produce la   afectación directa de un derecho fundamental. En esta situación, se trata de   delimitar con claridad el campo de aplicación de cada una de las acciones   constitucionales. (…)    

En este sentido, la Sentencia T-710 de 2008 señaló los requisitos que   para el efecto deben cumplirse:      

‘(i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho   colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que   el daño o la amenaza del derecho fundamental sea ‘consecuencia inmediata y   directa de la perturbación del derecho colectivo’;    

(ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada   en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva;    

 (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no   deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el   expediente; y    

(iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento   del derecho fundamental afectado, y “no del derecho colectivo en sí mismo   considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un   derecho de esta naturaleza.’(Negrillas fuera de texto).    

Además de los cuatro requisitos mencionados, la Corte ha señalado que   es necesario para la procedencia de la tutela como mecanismo de protección de   derechos colectivos en conexidad con derechos fundamentales, que en el proceso   aparezca demostrado que la acción popular no sea idónea, en concreto, para   amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado o amenazado”.    

108. Resulta   relevante lo decidido en la Sentencia T-154 de 2013, en la que se conoció el   caso de una explotación carbonífera a cielo abierto, de cuya operación se   desprendían partículas que, desplazadas por el aire, contaminaban, entre otros   recursos ambientales, el agua que consumía una familia que habitaba el terreno   colindante con la explotación carbonífera. Aunque en dicha ocasión se hizo   referencia al derecho al medio ambiente, el actor pretendía la protección, entre   otros recursos, de la fuente de la cual su familia obtenía el agua que utilizaba   para su consumo.    

Se consideró “que   el ambiente sano constituye un derecho fundamental, acorde con la protección con   la que se debe blindar nada menos que la preservación de las posibilidades de   vida en el planeta tierra”, razón por la que se ordenó un cambio en la   tecnología utilizada para llevar a cabo la explotación, con barreras vivas que   disminuyeran los efectos contaminantes de la misma y, finalmente, el diseño y   ejecución de una política pública que controle los riesgos de contaminación de   aire y agua a partir de explotaciones de carbón.    

109. La Sentencia   T-242 de 2013 amparó el derecho fundamental de agua potable y ordenó la   reconexión de la accionante al servicio público de acueducto. Atendiendo al   mínimo vital y los recursos escasos, se garantizó en todo caso el mínimo vital   de 50 litros de agua al día, de acuerdo a la capacidad económica del accionante.   Indicó en su ratio decidendi:“El estudio del derecho fundamental al agua debe   hacerse a la luz de lo preceptuado en nuestro ordenamiento jurídico, los   lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional, en conjunto con   las garantías contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos   Sociales y Culturales, así como las interpretaciones y recomendaciones que de   éste realiza el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que están   encaminadas a lograr que todas las personas y en especial aquellos sujetos que   han sido tradicionalmente excluidos tales como las mujeres, los ancianos, los   niños, las personas con discapacidades físicas o mentales entre otros, gocen de   un mínimo de agua apta para el consumo, con el cual puedan satisfacer sus   necesidades básicas domiciliarias, y además  se prevengan problemas de   salud y en general sanitarios”.    

110. En la   Sentencia T-028 de 2014 la señora Yosira Coromoto Bermúdez,   instauró acción de tutela contra la empresa Aguas de la Península S.A., debido a   que la prestación del servicio de acueducto en el municipio de Maicao, lugar   donde actualmente reside, presenta graves deficiencias que le han impedido   contar con la suficiente agua al interior de su vivienda en condiciones de   regularidad, continuidad y calidad. Esta circunstancia la ha obligado a acudir   al suministro del líquido a través del uso de carro tanques, puesto que las   autoridades encargadas no han adoptado un plan de acción para asegurar el goce   efectivo del derecho.    

La empresa Aguas de la Península S.A. manifestó que las deficiencias en la   prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el   municipio de Maicao, han obedecido a circunstancias excepcionales   relacionadas con: (i) la carencia de suficientes fuentes hídricas para la   captación del agua y la consecuente disminución del caudal disponible que ha   generado la prestación del servicio de manera sectorizada y por turnos de   suministro en horarios que varían a lo largo de las semanas; (ii) la poca   disponibilidad de recursos por parte de la Nación y de los entes territoriales,   especialmente del Municipio de Maicao, en su obligación de financiar y realizar   las inversiones públicas y los proyectos de infraestructura del sistema de   acueducto y (iii) la demora en la ejecución del Plan Departamental del Agua que   permita dar solución a la problemática existente.    

En sus   consideraciones la Corte manifestó que “(t)oda persona tiene derecho a que la   Administración asegure un mínimo vital de agua en condiciones adecuadas de   disponibilidad, regularidad y continuidad y a que por lo menos, exista un plan   de acción debidamente estructurado que asegure, progresivamente, el goce   efectivo de esta dimensión del derecho y que posibilite la participación de los   afectados en el diseño, ejecución y evaluación de dicho plan.”    

Como quiera que se demostró, conforme las pruebas allegadas al expediente, que   en el lugar de residencia de la tutelante el servicio de agua potable no se   presta con la regularidad y continuidad requerida, y su calidad de por sí no es   apta para el consumo humano, la Sala resolvió tutelar los derechos violados. En   consecuencia, le ordenó a la empresa Aguas de la Península S.A., para que en   coordinación con la Alcaldía Municipal de Maicao adelanten las medidas   indispensables a corto, mediano y largo plazo, para que el servicio de agua   potable en todo el municipio sea prestado con regularidad, presión y calidad   aceptables, indispensables y aptas para el consumo humano.    

Teniendo en cuenta que las acciones a tomar tardan un tiempo en llevarse a cabo,   en tanto se trata de órdenes complejas, mientras son efectivamente implementadas   es preciso que se adopten medidas paliativas, transitorias o de contingencia   para que los derechos constitucionales afectados no se vean completamente   desprotegidos.    

Bajo este entendido, se ordenó a la Alcaldía del Municipio de Maicao que   programe y lleve a cabo el suministro provisional de agua potable a la vivienda   de la peticionaria y elabore un plan para suministrarla a los demás habitantes   del municipio, quienes de igual manera vienen sufriendo las consecuencias   adversas de una prestación deficiente del servicio de acueducto. Se indicó que   el servicio deberá prestarse en una cantidad que garantice el consumo diario y   les permita vivir digna y sanamente; esto es,  el volumen mínimo razonable   establecido como parámetro por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el   cual debe oscilar entre cincuenta (50) y cien (100) litros de agua por persona   por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud;   cantidades que pueden diferir en cada caso concreto por consideraciones como el   estado de salud, el trabajo, las condiciones climáticas, las exigencias   culturales u otros factores.    

111. Finalmente, vale destacar la Sentencia T-652 de 2013, en la cual se analizó   el principio de prevención ambiental y la garantía del derecho al agua potable   frente a la construcción de una plataforma exploratoria por parte de la empresa   Ecopetrol aguas arriba de un acueducto veredal. Entonces, la Corte precisó que   “la concesión de   una licencia no finaliza el proceso de protección del ambiente respecto de una   obra o un proyecto que lo pueda afectar; a partir de la concesión de la misma   debe examinarse el cumplimiento de los requisitos y condiciones en ella   previstos, por cuanto de esto depende que verdaderamente se alcance el objetivo   propuesto, cual es la efectiva protección del entorno en que la actividad tiene   lugar”.    

En ese caso, se   determinó que la opción de esperar que ocurriera el daño para corregirlo   posteriormente, era una solución individualista e insensible, además de   desproporcionada, frente a la  carga que comportaría para los habitantes de la   vereda, que de afectarse la fuente de la cual toma sus aguas el acueducto que   les surte de agua potable, se verían  privados de un derecho fundamental de tal   valía e importancia –acceso a agua apta para el consumo humano- que verían   modificadas sensiblemente sus condiciones de vida, tal vez de forma irreversible   o, por lo menos, por un largo tiempo.  La Corte optó por una protección   sustancial que implicara contenidos de justicia material, la cual no puede   pretender nada distinto a hacer que cese una amenaza de tales   proporciones sobre el derecho al acceso de agua en condiciones aptas para el   consumo humano de los habitantes de la vereda. En consecuencia, se ordenó a Ecopetrol suspender actividades   tendientes a la construcción u operación de plataforma exploratoria, hasta que   la autoridad ambiental determinara condiciones respecto de las zonas de recarga   hídrica para no afectación de acceso al agua en condiciones aptas para el   consumo.    

16.         Análisis del caso concreto    

16.1. Examen de   procedibilidad formal    

112. La empresa   demandada presentó diferentes argumentos para impugnar la procedibilidad formal   de esta acción de tutela. Así mismo, aportó pruebas documentales    relacionadas con los listados de los residentes reubicables de la población de   Chancleta y de las personas que no están en el programa de reasentamiento, copia   del cuerdo colectivo entre las familias reubicadas por el Cerrejón con el   acompañamiento de la Alcaldía Municipal y la Personería de Barrancas y demás   documentos que certifican su cabal cumplimiento en lo que respecta a las   comunidades de Patilla y Chancleta.    

La presente acción   de tutela fue resuelta de manera desfavorable por el Juzgado Promiscuo Municipal   de Barrancas, La Guajira al argumentar que no se verifica el requisito de   subsidiariedad, por cuanto los accionantes disponían de otro mecanismo de   defensa judicial para invocar el restablecimiento de los derechos que pudieran   verse afectados por la explotación carbonífera a cielo abierto desarrollada por   la empresa accionada. La anterior, decisión que fue confirmada el Juzgado   Promiscuo de Familia de  San Juan del Cesar, La Guajira, por estimar que,   en el presente caso, no se puede esgrimir el derecho a la igualdad por cuanto   los accionantes presentan situaciones diferentes a quienes participaron del   convenio y fueron caracterizadas de acuerdo a los parámetros establecidos para   la reubicación. Adicionalmente, sostuvo que la presente acción de tutela no   cumple con el requisito de inmediatez, pues la explotación carbonífera en esa   zona se lleva a cabo hace más de 20 años y el proceso de reubicación inició en   el 2000, es decir lleva 14 años.    

A continuación, la   Sala establecerá (i) si se cumple con el requisito de la subsidiariedad y (ii)   si se verifican los restantes requisitos de procedibilidad formal de la tutela.    

a. Examen de   subsidiariedad. Inexistencia de otros mecanismos efectivos de defensa judicial    

113. La acción de   tutela es una garantía judicial de protección de los derechos fundamentales de   carácter subsidiario. Ello implica que no procede utilizarla cuando exista un   medio alternativo de defensa judicial que sea idóneo y eficaz, según la   valoración que haga el juez en concreto de estas circunstancias, atendiendo la   situación particular en que se encuentre el solicitante, salvo que se acuda a   ella como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.    

La parte demandada   y el juez que resolvió esta tutela en primera instancia han afirmado su   improcedencia por cuanto los accionantes disponían de otro mecanismo de defensa   judicial, como lo es la acción popular, en tanto es el mecanismo constitucional   específicamente previsto para proteger derechos colectivos, como el medio   ambiente, cuya afectación se alega en el presente caso.    

Sin embargo,   evaluada esta objeción a la luz de la doctrina constitucional fijada en casos   similares al presente, la Sala estima que la posibilidad de ejercer la acción   popular no torna improcedente el ejercicio de la acción de tutela en este caso   concreto. En atención a las siguientes razones:    

114. En el   presente caso se solicita la protección, entre otros, del derecho al ambiente   sano, afectado por los impactos derivados de la explotación de carbón a cielo   abierto las 24 horas el día en los corregimientos donde se encuentra asentada   una comunidad que se autoidentifica como negros afrodescendientes, cabría en   principio sostener, como lo hizo el Juzgado Promiscuo Municipal de Barracas al   decidir esta tutela en primera instancia, que lo procedente era acudir a la   acción popular, prevista por el artículo 88 constitucional como mecanismo   específico de protección de los derechos colectivos. Frente a este razonamiento   se debe precisar que, en caso de ser admitido, sólo excluiría la procedencia de   esta tutela para conocer lo relacionado con las afectaciones al medio ambiente   que alegan los accionantes; no así, en cambio, respecto de la vulneración de los   demás derechos fundamentales objeto de controversia, tales como la vida en   condiciones dignas, la salud, el agua, la intimidad y  el derecho al reconocimiento de la identidad afrodescendiente para cuya   protección el constituyente no dispuso las acciones populares, sino la acción de   tutela.    

115. Se observa   que este caso involucra la protección de derechos fundamentales que, como la   consulta previa o el derecho fundamental a la participación efectiva y el   derecho al reconocimiento de la identidad étnica, los cuales están orientados a   garantizar la pervivencia física y cultural de comunidades afrodescendientes, a   proteger su derecho a subsistir en la diferencia. Al respecto, la Corte ha dado   aplicación a una regla especial cuando  están de por medio los derechos de   los pueblos indígenas o las comunidades afrodescendientes, de acuerdo con la   cual la tutela es, en principio, el medio idóneo para proteger sus derechos.[123]    

116. La   intervención del juez constitucional en el presente caso, resulta necesaria para   examinar las consecuencias que se derivan de la explotación carbonífera por   parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited desde la perspectiva de la   posible afectación de los derechos fundamentales de la comunidad   afrodescendiente accionante situada en el área de influencia del  proyecto,   con el fin de que, en caso de encontrar afectación de estos derechos, se puedan   ordenar medidas de protección inmediatas. La acción popular no resulta un   mecanismo idóneo para obtener una protección efectiva y concreta de los derechos   fundamentales cuyo amparo se demanda en el presente caso, por cuanto, además de   estar en juego la protección del derecho fundamental a la participación de los   accionantes, la puesta en funcionamiento de la obra de extracción minera    amenazaba con generar un perjuicio irremediable para otros derechos   fundamentales, toda vez que con ella se modifica de manera drástica el entorno   del que derivan su sustento y, muy especialmente, pone en riesgo las fuentes de   agua de las que se abastecen los miembros de las comunidades de Patilla y   Chancleta.  Se trata, por tanto, de una cuestión en la que están en juego   condiciones elementales de vida digna de las personas.    

117. Así mismo, la   Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha concluido que el mecanismo   de las acciones populares no impide la procedencia de la acción de tutela cuando   la afectación del derecho colectivo, para cuya protección se consagran las   primeras, conlleva la vulneración o amenaza de derechos fundamentales en el caso   concreto.[124]       

En esta   oportunidad, la Sala encuentra que los demandantes no se limitan a invocar la   afectación en abstracto de su derecho al medio ambiente, sino que se refieren de   manera específica a la contaminación de las fuentes de agua de las que se   abastecen y a la afectación directa a su salud a causa del material particulado   o polvillo de carbón que genera la extracción de carbón a cielo abierto.      

No se puede   desconocer que en Colombia el impacto negativo generado por la explotación de   carbón a cielo abierto ha repercutido en severos daños medioambientales como: el   cambio o desvío de importantes fuentes hídricas, filtraciones, botaderos de   estériles y residuos sólidos de las áreas de influencia, perjuicios causados al   suelo, la tala masiva de árboles que llevan a deterioro del medioambiente, la   afectación de la salud de los habitantes de una zona donde se realice   explotación carbonífera y la pérdida de biodiversidad, entre otros.    

119. De la   Inspección Judicial realizada por la Corte Constitucional  en los   corregimientos de Patilla y Chancleta se pudo verificar que en la actualidad las   fuentes hídricas de las que se abastecen los habitantes de la comunidad   accionante se encuentran contaminadas; (ii) existe un riesgo constante para la   salud de la comunidad debido a la permanente explotación carbonífera y al   material particulado que se genera; (iii) la población accionante no cuenta con   servicio de acueducto ni de alcantarillado; (iv) no existen en la actualidad   medidas tendientes contrarrestar los impactos causados por la extracción de   carbón; y, (v) resulta necesario establecer acciones de prevención, mitigación,   corrección y compensación correspondientes teniendo en cuenta concepción   cultural y social de la comunidad. De otro lado, (vi) se constató la precaria   prestación del servicio de agua potable en el lugar de reasentamiento dispuesto   por la empresa accionada, así como, (vi) la falta de condiciones óptimas para   desarrollar proyectos productivos que permitan el autosostenimiento de las   familias reubicadas, entre otras falencias presentadas por el presunto   incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la empresa Carbones del   Cerrejón dentro del proceso de reasentamiento de las comunidades de Patilla y   Chancleta.    

120. En   definitiva, en este caso se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez   que: (i) está en juego la protección de derechos fundamentales de una comunidad   afrodescendiente, frente a los cuales opera la regla especial según la cual es   la tutela el mecanismo idóneo para su protección; adicionalmente porque (ii) la   acción popular permitiría obtener la protección del derecho colectivo al medio   ambiente, más no procedería para obtener la protección de los restantes derechos   fundamentales en juego; y, (iii) existe prueba sumaria de la amenaza del derecho   fundamental al agua potable, por lo cual la acción de tutela también se erige en   el mecanismo idóneo para procurar su protección.    

b. Otros   requisitos de procedibilidad formal    

Verificado el   cumplimiento del requisito de subsidiariedad, queda por establecer si están   satisfechas las restantes condiciones de procedibilidad formal de esta acción de   tutela, esto es, las referidas a la legitimación y a la inmediatez.    

121. En primer   término, se constata el cumplimiento del requisito de legitimación por activa   en tanto la tutela fue interpuesta por el apoderado judicial de la comunidad   afrodescendiente denominada Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de   Chancleta, la cual tiene un origen histórico reconocido mediante Resolución No.   008 del 16 de enero de 2013, donde se acredita que el referido Consejo   Comunitario inscribió en la Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira, Acta   No. 001 de Elección de la Junta del Consejo Comunitario Negros Ancestrales de   Chancleta, de fecha 03 de diciembre de 2011, las personas que aparecen como   accionantes fueron elegidas integrantes de la Junta Directiva del Cabildo.[125]    

122. También se   verifica el requisito de legitimación por pasiva, por cuanto la acción de   tutela se dirige contra la empresa Carbones del Cerrejón Limited responsable de   ejecutar el proyecto de extracción de carbón a cielo abierto en la zona donde   habita la comunidad accionante y que ha estado a cargo del reasentamiento de las   familias afectadas.    

123. Finalmente,   se satisface el requisito de la inmediatez, pues como lo ha precisado   esta Corporación, cuando se trata de la afectación de la integridad cultural,   social y económica de grupos étnicos, el examen de esta exigencia tiene una   especial connotación, por cuanto en estos casos la afectación de derechos   fundamentales persiste en la medida en que se mantengan los actos de ejecución,   razón por la cual es predicable la existencia de un daño susceptible de amparo[126],   independiente de si en el caso objeto de revisión es procedente o no la   consulta. En el presente caso, para examinar el requisito de la   inmediatez, debe tenerse en cuenta, que si bien el proceso de reasentamiento de   la población de Patilla se inició en 2005 y la reubicación de la comunidad del   corregimiento de Chancleta en octubre de 2012, al momento en que se interpuso   esta acción de tutela (17 de marzo de 2014), transcurrieron cerca de dieciséis   (16) meses, durante ese lapso la comunidad afrodescendiente accionante no ha   sido reasentada en su totalidad, por lo que continúa en proceso de concertación   con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales.    

124. Así mismo, se   debe tener en cuenta que para el momento en que se interpuso la tutela   continuaban las omisiones a las que los accionantes imputan la vulneración de   sus derechos fundamentales, toda vez que: (i) no se ha completado el   reasentamiento de la comunidad accionante, por lo cual aún habitan en el área de   influencia del proyecto; y, (ii) las afectaciones derivadas de la ejecución de   la explotación de carbón a cielo abierto continuaban para el momento en que se   interpuso la tutela.    

16.2. Análisis   de la primera controversia planteada    

125. Establecidos   los requisitos formales de la procedibilidad de esta acción de tutela, pasa la   Sala a examinar el fondo de la  primera controversia respecto a si la empresa   Carbones del Cerrejón Limited vulnera los derechos fundamentales a la consulta   previa y al reconocimiento y subsistencia como pueblo afro descendiente a los   accionantes, miembros de la comunidad de negros afrosdescendientes  de   Chancleta  del municipio de Barrancas, la Guajira asentados en los   corregimientos de Patilla y Chancleta, al negarse a reconocer la identidad afro   descendientes que alegan los peticionarios y en esa medida efectuar consulta   previa a fin de que en el proceso de reasentamiento se garantice su identidad   social, económica y cultural. Así mismo, traduciéndose esa negativa en la   vulneración de los derechos fundamentales al medio ambiente, a la vida en   condiciones dignas, a la salud y  la intimidad, al continuar expuestos a la   contaminación que genera una mina de carbón a cielo abierto.    

Sobre la   vulneración de los derechos fundamentales al reconocimiento de la identidad de   la comunidad afrodescendiente residente en la zona de influencia de los   corregimientos de Patilla y Chancleta área de exploración y explotación de   carbón a cielo abierto.    

126. En respuesta   al primero de los problemas jurídicos planteados, la Sala estima que, la empresa   Carbones del Cerrejón Limited vulneró los derechos   fundamentales a la consulta previa y al reconocimiento y subsistencia como   pueblos afro descendientes  a los miembros del Consejo Comunitario   Negros Afrodescendientes  de Chancleta, asentados en los corregimientos de   Patilla y Chancleta, al negarse a reconocer su presencia en la   zona de influencia y a efectuar consulta previa al otorgamiento de la licencia   ambiental y al inicio del proyecto de exploración y extracción de carbón a cielo   abierto. Ello se tradujo en la vulneración de los derechos fundamentales   al medioambiente, a la vida en condiciones dignas, debido a la vulneración del   derecho de acceso al agua potable, y a la participación de la comunidad   accionante asentada en la zona de influencia del mencionado proyecto.    

127. Para   sustentar esta conclusión, se examinarán los siguientes aspectos: (i) elementos relevantes para comprender el contexto histórico y social   en el que se inscribe la pretensión de reconocimiento de la identidad   afrodescendiente de la comunidad de Patilla y Chancleta; (ii) subregla   jurisprudencial en relación a que no es necesario que la afectación se produzca   en territorios colectivos para que proceda el derecho a la consulta previa    

Elementos relevantes para comprender el contexto histórico y social   en el que se inscribe la pretensión de reconocimiento de la identidad   afrodescendiente de la comunidad de Patilla y Chancleta    

128. Los hoy accionantes forman parte del Consejo Comunitario Negros Ancestrales   de Chancleta, jurisdicción del Municipio de Barrancas, La Guajira, conformado   por las poblaciones de los corregimientos de Patilla y Chancleta.    

En procesos de   población, la presencia de comunidades negras en el departamento de La Guajira,   también denominados afroguajiros, se reconocen como poblaciones con identidades   diferenciadas y étnicas[127].   El término de afroguajiro se ha acuñado para hablar de poblaciones descendientes   de esclavos africanos, que han construido formas particulares de vida, ancladas   históricamente a sus territorios.     

129. Desde el   periodo de la colonia, la participación de población negra de esclavos en la   sociedad y en la economía se extendió por toda la Provincia de Riohacha, lo que   hoy es el departamento de La Guajira, perdurando en la historia. Estos negros se   dispersaron por todo el departamento a partir de un proceso de cimarronaje, de   fundación de palenques y rochelas  que tomó fuerza desde mediados del siglo   XVI y consolidó en todo el siglo XVII. Este proceso se produce como resultado de   grandes sublevaciones, que permitieron el traslado constante y continuo de esta   población en pequeños grupos sobre todo Riohacha[128].    

El panorama   afroguajiro actual, está conformado por varias comunidades de población negra   que escaparon de su estado de sometimiento siguiendo el río Ranchería[129],   creando asentamientos que les permitían vivir lejos del control de curas   capuchinos y demás instituciones coloniales[130].   Durante el siglo XVI se conforman zonas como Camarones, Moreneros, Dibulla y   Cascajalito, integradas en su totalidad por personas negras. Siendo Morenero un   referente fundamental de la población cimarrona, de la cual surgió, entre otras,   la comunidad de Las Casitas, vecina de las comunidades de los Bárbaros Hoscos,   territorio conformado por los corregimientos de Patilla, Chancleta, tabaco,   Manantial y Roche.    

Las redes de   dispersión desde Moreneros, se articulan con un circuito de intercambio y   contrabando, llamado el Camino de Jerusalén, ruta que iniciaba en Riohacha;   subía por el río Ranchería al Cesar, pasaba por Tomarrazón, San Juan y   Valledupar hasta desembocar en el puerto frente a Monpox.    

El Camino de   Jerusalén, no solo se convierte en una ruta de intercambio de mercancías y   productos en el Caribe, sino que también permitió el florecimiento de   expresiones sociales, económicas y culturales de los pobladores en su mayoría   afroguajiros, que luchaban por una independencia y libertad, lo que conformó una   particular condición en el territorio caribeño[131].    

Esta ruta   comercial atravesaba el valle de la cuenca media del río Ranchería, territorio   donde se localizaron las comunidades negras de Patilla, Chancleta, Tabaco,   Roche, Manantial, Oreganal, Las Casitas, Saraita y el Descanso, conforman un   complejo cultural afrodescendiente que abarca toda la zona de concesión de la   empresa de Carbones el Cerrejón.    

130. A finales de   1899, cuando comenzaba a afianzarse el proceso poblacional de negritudes,   estalló en Colombia el mayor conflicto civil vivido por el país, conocido como   la Guerra de los Mil Días. La Guajira se convierte en uno de sus epicentros,   razón por la cual, las comunidades negras de Roche, Patilla Tabaco y Roche ante   la amenaza de perder sus tierras,  toman un rol activo en la guerra con el   fin de defender su territorio y por medio de armas de fabricación casera se   enfrentaron y vencieron al Ejercito Liberal. Desde entonces se conocen cono   “Bárbaros Hoscos”, bárbaros por su temeridad y hoscos por su piel negra.   Esta diferenciación, del resto de la sociedad barranquera, se estableció como   una forma de identificación para estas comunidades[132].    

149. En estas   reconstrucciones históricas el concepto de territorialización desempeña un papel   central dentro de la organización de las comunidades de Patilla, Chancleta   Tabaco y Manantial y Roche y los procesos de revitalización y reconocimiento   identitario, siendo el pasado común uno de los principales insumos de su   identidad, bajo la cual se ven representados a sí mismos. Adicionalmente, las   prácticas comunitarias que articulan las costumbres y tradiciones de estas   poblaciones negras hacen parte de una historia de relaciones interétnicas con el   resto La Guajira.    

La estructura de   padrinajes y compadrazgos a través de la cual se cohesionan los grupos afros   presentes en departamento de La Guajira, ha permitido desarrollar una relación   particular con el territorio, la cual se refleja en un amplio conocimiento sobre   el uso de sus lugares y recursos.    

El desconocimiento   de la identidad negra de las comunidades de Patilla y Chancleta, entre otras, se   funda en posturas esencialistas que desde referentes normativos pretenden   determinar la pertenencia étnica en cada caso en particular[134].    

132. En Colombia,   los procesos de reconocimiento de las comunidades negras e indígenas han estado   marcados por un imaginario extendido sobre la relación intrínseca   comunidad-naturaleza, que rotula a estás con el apelativo de “ecólogas por   naturaleza”, “salvajes” y “lejanas a la civilización”. Esta representación   cierra el horizonte espacial de las comunidades y circunscribe sus prácticas a   un territorio delimitado El Estado- Nación colombiano, en diversas ocasiones,   reproduce este imaginario excluyendo un conjunto de subjetividades que se han   formado por fuera de este marco de referencia, caso en el que se incluye a estas   comunidades cuya afirmación étnica como población negra es desconocida entre   otras cosas por una relación flexible con el territorio, caracterizada por la   diáspora[135].    

La población   afrodescendiente asentada en el territorio colombiano, es el resultado de una   diáspora y del trauma colonial; En el proceso de reivindicación política, el   pueblo negro del departamento de La Guajira se re imagina como comunidad negra   en dispersión para hacer visible su identidad étnica. Sin embargo, la diáspora   como característica de su historia como comunidad negra, se convierte en una   limitación a la hora de reivindicar su identidad, pues el imaginario hegemónico   valida la existencia de una comunidad étnica a partir, exclusivamente, de su   relación con un territorio delimitado, en un estrecho vínculo con la naturaleza.   Circunstancia que se profundiza con la expansión minera en su territorio   ancestral.    

133. “El   reconocimiento de los Consejos Comunitarios por parte de las instituciones del   Estado permitiría a las comunidades negras incidir directamente en la planeación   del territorio, contar con herramientas para definir de manera autónoma sus   planes de vida, e incluso, hacerse titular del derecho a la consulta previa   cuando se pretenda desarrollar cualquier proyecto en zonas utilizadas por la   comunidad para actividades productivas sociales y culturales”.    [136]  De esta manera, se desvirtuarían los imaginarios sobre etnicidades y permitiría   que los descendientes afros como titulares de derechos culturales tuvieran una   participación activa dentro de los procesos de reivindicación étnica.    

134. En el caso   concreto, los miembros de las comunidades de Patilla y Chancleta se   autoreconocen como negros afrodescendientes, con el fin de defender su vida,   territorio y sentido comunitario como sujetos de derechos étnicos tales como la   consulta previa, desvirtuando la concepción de que una comunidad negra solo   puede ser reconocida como tal, cuando de comprueban purezas culturales asociadas   a la africanidad.    

“Las ‘identidades   culturales`  deben ser concebidas como puntos de identificación o puntos   inestables de identificación o sutura, que son hechos dentro de los discursos de   la historia y de la cultura. Por lo tanto, no son una esencia sino un   posicionamiento”[137]  y como tal, no tienen garantía total en una “ley de origen”.    

Dentro de este   contexto, no es pertinente suponer que toda comunidad negra debe corresponder   con imágenes preconcebidas de etnicidad o negritud, es necesario tener claro que   sus propios referentes en la afirmación de sus diferencias y particularidades   culturales.    

135. El numeral 5   del artículo 2° de la Ley 70 de 1993 define  a la comunidad negra como   “el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura   propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres   dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de   identidad que las distinguen de otros grupos étnicos”, y en el numeral 6 de   la citada norma, hace referencia a la ocupación colectiva en términos de   “asentamiento histórico y ancestral de comunidades negaras en tierras para su   uso colectivo, que constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la   actualidad sus prácticas tradicionales de producción”.    

136.   Adicionalmente, desde el punto de vista jurídico, se debe entender que todos los   territorios habitados por las comunidades negras en los cuales estás desarrollan   prácticas tradicionales de producción pueden ser comprendidos como territorios   ancestrales. Máxime, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia de esta   Corporación ha señalado que los derechos territoriales de las comunidades negras   deben ser protegidos independientemente de que  exista un título colectivo   o no, para ello se debe hacer uso de la categoría de territorio ancestral como   factor determinante dentro de un proceso de territorialización.    

137. Todos los   elementos hasta aquí señalados le permiten a esta Sala concluir que: (i) los   accionantes de la presente acción de tutela se autoreconocen como una comunidad   de negros afrodescendientes y en esa medida, se hacen parte de un proceso de   reivindicación identitaria y territorial, con el fin de proteger su derecho a la   tierra y a seguir existiendo como comunidad negra y culturalmente diversa; (ii)   no existe ningún obstáculo en términos legales para que las comunidades negras   de Patilla y Chancleta al sur de La Guajira conformadas por familias de   ascendencia afrocolombiana, quienes poseen una cultura propia, comparten una   historia y conservan sus propias tradiciones y costumbres, puedan ser   reconocidas como titulares de derechos colectivos, territoriales y culturales;   (iii) en la actualidad conforman el Consejo Comunitario Negros Ancestrales de   Chancleta,  acción colectiva  orientada a la defensa del territorio que   reclaman como ancestral y a la consolidación de la identidad negra, el cual aún   no cuenta con reconocimiento por el Ministerio del Interior.[138]    

Para que un   proyecto sea consultado no es necesario que la afectación se produzca en   territorios colectivos    

138. El apoderado   judicial de los miembros del Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de   Chancleta, accionantes de la presente acción de tutela, expone en el hecho   número 19 del escrito de tutela que “los actuales residentes de las   comunidades de CHANCLETA Y PATILLA, no sólo son una comunidad netamente   campesina y rural, sino que además hacen parte de la comunidad afrodescendiente   denominada  CONSEJO COMUNITARIO DE NEGROS ANCESTRALES DE CHANCLETA, la cual   tiene un origen histórico que se les ha reconocido mediante la Resolución No.   008 del 16 de enero de 2013 y que quiere preservar su acervo cultural e   histórico, lo cual no ha sido tenido en cuenta por parte de CERREJON al momento   de elaborar sus propuestas de reubicación”.     

En respuesta dada   a la acción de tutela de la referencia, el apoderado judicial de Carbones del   Cerrejón Limited, en relación al hecho anteriormente referenciado, contestó que:   “Es parcialmente cierto. Distingo. El área donde se encuentran ubicados los   caseríos de Patilla y Chancleta por ser parte del globo de tierra denominado “El   Cerrejón” es de propiedad y posesión de la Comunidad del Cerrejón con quien mi   representada tiene vigente un contrato de explotación carbonífera”[139].    

139. Respecto a la   identidad étnica que reclaman los accionantes como comunidad afrodescendiente,   la empresa accionada por intermedio de su apoderado judicial estimó que la   afirmación del apoderado demandante acerca de que “el Consejo Comunitario que   representa tiene origen histórico, lo que no corresponde a la realidad teniendo   en cuenta que como bien lo indica en la tutela, ese Consejo se conformó en el   año 2013, es decir, mucho después del inicio del proceso de reasentamiento, es   decir, en el año 2006”. Por lo anterior, concluyó que “esta asociación se   constituyó con el claro propósito de recibir mayores beneficios del programa de   reasentamiento”[140].    

Así mismo, y en   atención  a que la comunidad accionante reclama su derecho al   reconocimiento  de su identidad como negros afrodescendientes, dentro de la   Inspección Judicial realizada los días 5 y 6 de marzo de 2015, en cumplimiento   de lo ordenado en Auto del 13 de febrero de 2015, la Corte Constitucional   solicitó al Apoderado General de Carbones del Cerrejón y Director del Proyecto   de Reasentamiento,  para que indicara si “Dentro   del grupo de lo que usted llama familias a ser reasentadas y particularmente   dentro de las familias accionantes en este proceso de tutela, ¿no hay   personas que ancestralmente pertenecieran a este territorio, es decir no hay   familias indígenas wayúu o no siendo wayúu si pertenecen a otra comunidad   afrodescendiente o no afrodescendiente no wayúu pertenecían a este territorio o   todas son personas que migraron según el censo de la compañía Cerrejón?[141]    

140. El apoderado   general de la empresa accionada dio respuesta en los siguientes términos:    

“… creo que hay que contar un poquito la historia de esta zona para   entender ese punto. Estamos en una zona que se llama la comunidad del Cerrejón,   entonces uno puede confundir en eso comunidad en un sentido social pero no es   comunidad en un sentido jurídico, esto es una comunidad de la que habla el   Código Civil en el 2240 y algo, y es que desde la época de la colonia una   familia recibió títulos del rey de España Carlos V sobre esta área, suelo y   subsuelo y demostraron haber ejercido la propiedad sobre el área de manera   continua hasta nuestros días y mediante una sentencia de la Corte Suprema de   Justicia del año 52 o 53, la Corte Suprema les reconoció la propiedad sobre el   suelo y el subsuelo, dicho en otras palabras estamos en una zona donde el   subsuelo no es propiedad de la Nación y creo que es uno de los tres casos   excepcionales que yo conozco al menos en el país donde el subsuelo no es de la   Nación es unos particulares. Entonces que puede uno empezar a encontrar,   que esto no es territorio ancestral de nadie porque jurídicamente ha sido una   comunidad que ha demostrado incluso ante la ley haber ejercido dominio sobre la   zona, al punto que la Nación le reconoce no solamente la propiedad del suelo   sino también del subsuelo. Entonces eso empieza a desvirtuar un poco la   posibilidad que me mencionan de que aquí ha sido territorio ancestral de alguien   distinto a ellos” (resaltado fuera del texto).    

141. A diferencia   de lo que sostiene la empresa Carbones del Cerrejón Limited, no es necesario que   existan territorios colectivos afectados por un proyecto de explotación minera,   para que surja el deber de consultar.    

De conformidad con   el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, los Estados como Colombia deben “consultar a los pueblos interesados, mediante   procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones   representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas   susceptibles de afectarles directamente”. Una de las medidas que los pueden afectar es la    explotación carbonífera a cielo abierto en su ámbito territorial, máxime, si   dentro del Plan de Manejo Ambiental se contempla la necesidad de reasentar a   toda la comunidad. 161. Al respecto el art. 13.2 del   Convenio 169 que forma parte del bloque de constitucionalidad,[142] establece que   “la utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16   deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del   hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna   otra manera” (subrayas fuera del texto).    

De igual manera el Convenio reitera este concepto amplio de territorio al   referirse a las prioridades de los pueblos indígenas y tribales en las “prioridades   de desarrollo en la medida que éste afecte (…) a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera” (subrayas   fuera del texto).     

142. Una de las hipótesis de la consulta previa se encuentra regulada en el   artículo 13 del Decreto 1320 de 1998[143],   cuando se adopten medidas en el territorio de un resguardo.    

“la consulta previa se  realizará cuando el proyecto, obra o   actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas indígenas o   en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades negras.   Igualmente, se realizará consulta previa cuando el proyecto,  obra o   actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en    forma regular y permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de    conformidad con lo establecido en el siguiente artículo”.    

En consecuencia, el hecho de que los integrantes de la Comunidad de Negros   Afrodescendientes de Patilla y Chancleta no se encuentren asentados en un   territorio colectivo, no justifica que no se realice el derecho a la consulta   previa, porque del Convenio 169 se desprende que se deben consultar aquellas   medidas que los afecten directamente con el objeto de obtener su consentimiento   previo, libre e informado. En el presente caso, está clara la afectación porque   la ejecución del proyecto de exploración y explotación de carbón a cielo abierto   se encuentra en el ámbito territorial de la Comunidad de Negros   Afrodescendientes de Patilla y Chancleta, ubicado en los corregimientos de   Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira.    

143. Esa conclusión se desprende de la Resolución No. 008 de 2013 por medio de   la cual la Alcaldía del Municipio de Barrancas, resolvió inscribir el Acta No.   001 de elección de la Junta del Consejo Comunitario Negros Ancestrales de   Chancleta, de fecha 3 de diciembre de 2011, con lo cual se desvirtúa la   conclusión hecha por el apoderado judicial de la empresa accionada en la   contestación de la presente acción de tutela, al sostener que “ese Consejo se   conformó en el año 2013”, es decir, mucho tiempo después de haberse iniciado   el proceso de reasentamiento.  “con el claro propósito de recibir mayores   beneficios del programa de reasentamiento”[144].  Sobre el particular se reitera que la   jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que no puede   negarse el derecho de una comunidad étnica a ser consultada con el argumento de   que la constitución de un Consejo Comunitario tuvo lugar con posterioridad al   otorgamiento de la licencia ambiental para el respectivo proyecto[145].    

144. Así mismo, en Resolución No. 008 del 16 de enero de 2013, la Alcaldía del   Municipio de Barrancas, La Guajira ordenó en su artículo cuarto enviar copia del   acta inscrita al Gobernador de La Guajira y a la Dirección de Asuntos para las   Comunidades Negras del Ministerio del Interior, para lo de su conocimiento y   fines pertinentes. Sin que a la fecha de interposición de la presente acción de   amparo, exista prueba dentro del expediente que corrobore que el Ministerio del   Interior, a través de la dirección pertinente, haya iniciado los trámites   necesarios para realizar la respectiva certificación. Sin embargo, este tampoco   sería un argumento válido para desconocer la existencia de la comunidad negra   accionante en la zona de influencia del presente proyecto carbonífero y por ende   garantizar su derecho a la consulta[146] y de esta manera obtener el consentimiento previo, libre e informado   sobre las medidas a adoptar en el proyecto a gran escala ejecutado por la   empresa carbonífera accionada.    

145. Adicionalmente, no comparte esta Sala de Revisión lo afirmado por el   apoderado general de la empresa Carbones del Cerrejón Limited dentro de la   diligencia de interrogatorio de parte[147], desarrollada durante la Inspección Judicial en los corregimientos   de Patilla y Chancleta, respecto a que en los corregimientos de Patilla y   Chancleta no puede hablar de la existencia de una comunidad afrodescendientes   conformada por los accionantes. Lo anterior, por cuanto lo manifestado por el   apoderado de la empresa Cerrejón no se ajusta a la realidad plasmada dentro de   los hechos y pretensiones de la demanda de protección de derechos fundamentales,   teniendo en cuenta, además los antecedentes históricos referidos anteriormente,   que: (i) la acción de tutela fue interpuesta en representación de todos los   miembros la  comunidad de negros afrodescendientes de Patilla y Chancleta   (incluidas las 2 familias Wayúu que conviven en esa comunidad), lo que es   claramente el ejercicio de una acción colectiva; (ii) en ejercicio del derecho a   la autonomía los accionantes se auto identifican y reconocen como una comunidad   netamente campesina y rural, de origen afrodescendiente, y como tal, solicitan   que la empresa accionada tenga en cuenta su interés de conservar, sus usos,   tradiciones y costumbres sociales y culturales; y, (iii)  manifiestan que   como comunidad negra tienen derecho a conservar su acervo cultural e histórico,   en el caso de ser reasentados.    

146. De las pruebas aportadas al proceso de revisión,   la Sala observa que los miembros de la comunidad accionante y Carbones del   Cerrejón han desarrollado diferentes talleres y reuniones de concertación, en   distintas etapas  de proceso de reasentamiento que en la actualidad la   empresa explotadora de carbón ejecuta dentro de los corregimientos de Patilla y   Chancleta, y sobre lo cual Cerrejón expone que “en este momento el número de   familias que actualmente se encuentran en las comunidades, identificadas como   impactadas por el proceso, se les ha venido presentando varias alternativas a   fin de conceder su traslado[148]”.     

Esas alternativas que no son aceptadas por los peticionarios por no   cumplir con sus exigencias en torno a que se respete su identidad étnica y en   esa medida se garanticen sus derechos como comunidad negra y medios rurales de   subsistencia[149], sobre el particular manifestaron:    

“…nosotros somos campesinos y como tal   requerimos un traslado de la misma forma, no como lo están haciendo con una   parte de las personas que se fueron que los pusieron a vivir en conjuntos   cerrados, urbanizaciones, siendo campesinos hoy en día están en dificultad por   la misma razón. Entonces yo no, nosotros los que estamos aquí no queremos eso,   queremos una reubicación diferente que principalmente nos den tierras porque   somos campesinos porque el campesino sin tierra no es campesino, entonces   nosotros queremos conservar nuestra identidad que aquellos no la tienen ya   porque no viven como estaban, entonces nosotros no queremos perder nuestra   identidad”    

Por estas razones, consideran que se les están vulnerando otros   derechos fundamentales como el goce efectivo de una vida en condiciones dignas,   a la salud, a la intimidad y a un ambiente sano, al continuar viviendo en la   zona de influencia del proyecto carbonífero.    

147. Ahora bien, al tener certeza esta Sala de Revisión acerca de   que el proceso de reasentamiento está en curso y según lo manifestado por el   apoderado general de Carbones del Cerrejón Limited, sobre el avance de la   explotación minera hacia el sur de La Guajira, en los siguientes términos:    

“…dentro de los compromisos que tiene la   compañía y dentro de la vocación del país de hacer explotación de sus recursos,   pues las minas requieren seguir avanzando, el avance de la minería se hace hacia   esta zona y si bien en este momento estamos en unas condiciones óptimas para   respirar el aire, para poder hacer la debida explotación minera y atender los   compromisos que tiene la empresa con la agencia nacional de minería y en general   con el país pues vamos a necesitar avanzar minería hacia el sur, entonces   precautelarmente, antes de que eso suceda queremos hacer el reasentamiento, no   sería serio ni responsable que nosotros esperáramos a tener unos niveles de   calidad de aire por fuera de la norma para hacer este ejercicio que hoy estamos   haciendo de manera anticipada, de manera preventiva , evitando cualquier clase   de riesgo para que de ese manera podamos hacer el desarrollo del proyecto.   Entonces, en síntesis que quiero decir hoy no tenemos contaminación, hoy   claramente los niveles como lo pueden constatar las entidades que están aquí   presentes, los niveles están dentro de los marcos admitidos por la ley. Pero es   posible que en tres años el avance de la minería si modifique esos estatus y   antes de que eso suceda lo responsable es lograr el traslado de estas   comunidades”[150].    

Ese hecho demuestra que el proyecto de explotación de carbón  en los   corregimientos de Patilla y Chancleta es inminente.    

148. Por lo anterior, se ordenará al Ministerio del Interior que adelante   proceso de consulta previa, por la afectación generada por la explotación de   carbón a cielo abierto ejecutada por la empresa Carbones del Cerrejón Limited en   los corregimientos de Patilla y Chancleta.    

La finalidad del derecho a la consulta previa, es entrar en un proceso   de diálogo y concertación, que permita llegar a acuerdos antes de que se inicie   la exploración y explotación de la obra en la zona de influencia comprendida por   los corregimientos de Patilla y Chancleta. Para garantizar el carácter previo de   la consulta ésta debe realizarse bajo una estrategia de enfoque diferencial   conforme a las particularidades de la comunidad negra asentada en esos   territorios, respetando su auto reconocimiento, su identidad cultural, sus   costumbres y procurando la conservación de su forma de vida y subsistencia   rural.    

Así mismo, encuentra la Sala Octava de Revisión necesario resaltar que el   proceso de consulta previa que se realice por la empresa Carbones del Cerrejón   Limited en los corregimientos de Patilla y Chancleta debe ejecutarse respetando   siempre los principios de razonabilidad y proporcionalidad con el fin de   garantizar derechos y principios constitucionales; en esa medida, debe existir   en el presente caso la aceptación expresa y libre por parte de la comunidad de   Patilla y Chancleta, con el fin de obtener siempre una participación efectiva  por parte de estas comunidades. En todo caso, el proceso de consulta   previa solo será constitucionalmente válido, si cuenta con el consentimiento   previo, libre e informado de la comunidad accionante.    

149. En todo caso,   se deberá garantizar a los miembros de  la comunidad de negros afrodescedientes   de Patilla y Chancleta, incluidas las 2 familias Wayúu que libremente decidieron   convivir en esa comunidad, el derecho fundamental a la participación efectiva y   significativa, aplicando en todos los casos la regla del consentimiento previo,   libre e informado, en la evaluación de los estudios de impactos ambientales,   sociales y culturales derivados del proyecto, en la determinación de las medidas   de prevención, mitigación y compensación, y en la elaboración de los   instrumentos empleados para censar a la población afectada. Así mismo, su   derecho a recibir compensaciones equitativas por las mayores cargas ambientales   y sociales correspondientes. Dentro del referido proceso de consulta previa se   deberá tener en cuenta la participación de todas las familias que conforman la   referida comunidad, las cuales fueron plenamente identificadas como:    

i) Familias que   habitan en el caserío de Chancleta:    

·         Leonardo Fabio Palmesano   Arregocés con CC 84.008.021 y Marlene Isabel Pabón Yance con CC 49.767.206.    

·         Remedios Palmesano Arregocés con CC 52.006.935.    

·         Jhon Torres con CC 73.547.059 y Nellis Palmesano Arregocés con CC   26.985.513, hijos menores: Carlos Mario Torres, Camila Torres, Laura Valentina   Torres y Carlos Iván Torres Palmesano.    

·         Luzvig Palmesano Arregocés con CC 26.985.917, hijos: Henry José   Palmesano Arregocés y Andrea Marulanda Palmesano.    

·         Luis Adalcides Palmesano Arregocés con CC 17.844.986 y María Luisa   Zambrano Ibáñez con CC  40.982.191.    

·         Adaulfo Aurelio palmesano Arregocés con CC 5.153.223 y Danira   Zabala Bohórquez con CC 23.007.642, hijos menores: Jorge Isaac Palmesano   Martínez, Luis Orlando Palmesano Zabala y Evadis Gutierrez Zabala.    

·         Elkin Enrique Mendoza Gómez con CC 88.206.766 y Devis Leonor   Medina Ramos con CC 79.785.671, hijos menores: Marta Beatriz Mendoza Parejo y   Angello José Pereira Medina.    

·         Álvaro Contreras Orellano con CC 12.641.699 y Amarilis Esther   Miranda Salcedo con CC 49.595.794, hijos menores: Jan Carlos Contreras Miranda,   María Cecilia Contreras Miranda, Jesús David Contreras Miranda y Cristian David   Contreras Miranda.    

·         Ana Matilde Padilla Medina con CC 36.594.975, hijos menores: María   José Padilla Medina y Carlos Andrés Barrios Padilla.    

·         Miguel Ángel Medina Padilla con CC 19.603.850 y Luis Manuel   Padilla con Luis Manuel Medina Padilla (hermanos).    

·         Orlando Rafael Osorio Ortiz con CC 12.592.504 y Miladis Esther   Pineda Alamanza con CC 40. 877.688, hijos menores: Orlando Rafael Osorio Pineda,   Cristian José Osorio Pineda, Orladis Carolina Osorio Pineda; hijos mayores:   Giovani de Jesús Alarza Pineda, nieta: Yoani Gisel Alarza Pineda y Felipe   Santiago Osorio Pineda.    

·         Jainer José palmesano Ortiz con CC 1.122.811.987 y Ana María   Medina Padilla con CC 1.122.816.868, hijos menores: Marina Isabel Medina Padilla   y Jainer José Palmesano Medina.    

·         Orlando Rafael Pérez Díaz con CC 84.071.300 y Santa Isabel Ustate   Díaz con CC 26.981.849.    

·         William Palmesano Arregocés con CC 5.163.157 y Mabys Regina   Rodríguez Ayala con CC 39.068.532, hija menor: Neireth Yakarit Palmesano   Rodríguez.    

·          Jaider Enrique Fontalvo Rodríguez con CC 17.990.438 y Sandra   Karina Romero Gamarra con CC 1.056.597.632, hijos menores: Nai Ricardo Romero y   Yesith Pérez Romero.    

·         Ignacio José Fontalvo Rodríguez con CC 1.121.299.284 y Mireya   Salazar Paredes con CC 1.065.597.632, hijos menores Johanis Sandrit Fontalvo   Salazar, Diego Andrés Rodríguez Salazar y José David Salazar Paredes.    

·          Alejandro Fontalvo Rodríguez con CC 1.121.429 y Kirayda Romero   Gamarra  con CC 10.065.27.007.    

·         Jairo Enrique Fontalvo Camargo con CC 15.274.320.    

·         Eugenio Alonso Duarte Ustate con CC 1.121.298.280 y Zaina Yanet   Díaz Fernández con CC 1.120.741.680, hijos menores: Lilibeth Carolina Duarte y   Saidrith Yael Duarte.    

·         Deivis Palmesano Ustate con CC 15.208.050 y Yaraldin Paola Yance   con CC 1.192.739.232, hijos menores: Dewin Palmesano Pavón y Sheivis Palmesano   Pavón.    

·         Ángel Manuel Pereira Daza con CC 84.009.472 y Sonia María Fonseca   Pushaina con CC 1.010.115.097, hijo menor: Ángel David Pereira Fonseca.    

·         Luz Daris González Pérez con CC 57.465.813, hijos menores: Keiner   Pertuz González,  Daniela Pertuz González, Daniel Pertuz González y Yajaira   Gutierrez González.    

·         Luis Mauricio Duarte con CC 1.120.783.702 y María Alejandra   Carrillo con CC 1.122.816.833, hijo menor: Luis Eduardo Duarte Carrillo.    

·         José María Pjeda con CC 77.011.794 y Milena Escorcia Gómez con CC   50.947.637, hijos menores: Naidu Ojeda Escorcia y Jesús Daniel Escorcia.    

·         Eduardo Luis de la Cruz Gómez con CC 1.006.734.690 y Yoleinis   Palmesano con CC 1.192.920.598.    

·         Carminia Márquez con CC 40.916.865, hijo: Leiner David Carrillo   Márquez.    

·         Miguel Ángel Medina Pérez con CC 15.246.944 y Maritza de la Cruz   Gómez con CC 57.402.518.    

·         Nilba Ojeda Díaz con CC 26.983.196, hijo: Jorge Luis Orozco Ojeda.    

·         Ana Victoria Arregocés con CC  1.121.297.193 y Carlos Mario   Duarte con CC 1.010.037.667, hijos menores: Karen Dayana Gómez Arregocés,   Edilber Rafael Arregocés Orozco, Delgis Andreina Duarte Arregocés.    

·         José Segundo Orozco con CC 84.007.0653 y Oneida Herrera Paba con   CC 1.121.303.826, hijos menores: Tatiana Paola Orozco Frías, Angie Orozco Frías,   José Enrique Orozco Frías, Luis Miguel Ustate Herrera y Luis Alejandro Ustate   Herrera.    

·         José Bermúdez y Yeraldin Solano Vélez con CC 1.131.071.324, hijo   menor: David Santiago Solano Vélez.    

·         Elkin Raúl Ortega Palmesano con CC 84.008.698, hijos menores:   Keidis Dayana Ortega, Leiner Enrique Ortega y Caterin Yuliet Ortega.    

·         Edgardo de la Cruz Gómez con CC 1.006.734.689 e Ingrith Vanesa   García, hijo menor: Jese Rafael de la Cruz García.    

·         Esneider Bermúdez Peñaranda con CC 1.010.093.108.    

·         Jorge de la Cruz Gómez con CC 1.006.734.686 y Carmen Castrillón   con CC 1.081.815.606.    

ii) Familias   que habitan el caserío de Patilla:    

·         German Antonio Carrillo Pérez con CC 84.005.344 y Eneida Barbosa   Díaz con CC 1.118.814.432. hijo menor: Valeri Carrillo Díaz.    

·         Rubén Darío Araujo Uriana con CC 17.950.077 y Luz Mary Oneida   Pushaina con CC 56.056.883, hijos menores: Rubén Darío Araujo Uriana y Yasmeli   Francisca Araujo Pushaina.    

·         Ana Elisa Araujo Uriana con CC 39.485.090 y Leuder Barbosa   Peñaranda con CC.2.739.913, hijos mayores: Julio Eduardo Araujo Uriana con CC   1122815193 y María Francisca Araujo Uriana con CC 1122815516.    

·         Alber José Nuñez Mendoza con CC 17.809.890 y Yenni Luz Guevara   Arévalo con CC 43.026.255.    

·         Kennedy Manuel Mendoza Martínez con CC 84.104.006 y Aurora maría   Martínez Martínez con CC 56.077.167, hijos menores: Duvan Darío Mendoza   Martínez, Yuliana margarita Mendoza Martínez y Yulianis Paola Mendoza Martínez.    

·         Edwin Esmelin Palmesano Ustate con CC 1.120.740.530 y Leidys   Gregoria de la Rosa Ariza con CC 1.121.300.218,  hijos menores: Deiman   Estiven Palmesano de la Rosa y Mirleyis de la Rosa.    

·         Luis Segundo Duarte con CC 15.239.438 y Mercedes Elena Mejía Usayu   con CC 40.917.849, hijos menores Mercedes del Carmen Duarte Mejía y Édinson   Mejía Usayu.    

·         Agustín Barbosa Leyva con CC 5.158.976 y Eneida Francisca Díaz de   Barbosa con CC 26.994.657, hijo mayor: Leuder Barbosa Peñaranda con CC   2.739.913.    

·         Ricardo Antonio Araujo Uriana con CC 1.120.445.512 y Yoleidis   Patricia Peláez Epiayu con CC 1.122.810.996.    

·         Luz Mery Castro Araujo con CC 1.121.041.518, hijos menores:   Andreina Gámez Castro y José David Martínez.    

·         Braulio Araujo Pushaina con CC 1.120.740.866 y Noreimis Patricia   Mejía con CC 1.006.580.097, hijos menores: Brianis PatriciA Araujo Mejía y   Brillit Marcela Araujo Mejía.    

·         Yasmile Francisca Araujo Pushaina con CC 1.122.814.485.    

Las deliberaciones llevadas a cabo en el proceso de diálogo, participación    y concertación deberá respetar el principio de buena fe y estar orientado a   lograr acuerdos que plasmen una adecuada ponderación de los derechos cuya   efectividad está en juego, procurando evitar posturas adversariales y de   confrontación que bloqueen la toma de una decisión definitiva,  propugnando   siempre por la obtención del consentimiento libre, expreso e informado de las   comunidades de Patilla y Chancleta, como garantía reforzada del derecho general   de participación de los pueblos étnicos.    

150. Finalmente, se solicitará a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría   General de la Nación apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento de lo   determinado en el presente fallo, con el fin de garantizar la efectividad de los   derechos aquí protegidos.    

16.3. Análisis   de la segunda controversia planteada    

Vulneración del   derecho fundamental al agua y de otros derechos fundamentales interrelacionados    

151. En este caso,   la Sala Octava de Revisión, encuentra una clara violación al derecho fundamental   al agua, por los hechos probados y las razones de derecho que se pasan a exponer   a continuación:    

La parte   accionante es un pueblo vulnerable, sujeto de especial protección   constitucional, por cuanto se identifica y reconoce como una comunidad   minoritaria de negros, que además ha sufrido un proceso de reasentamiento o   reubicación.    

152.   Como resultado de ese proceso, fue verificada la carencia de todos los   contenidos del derecho al agua: accesibilidad, disponibilidad y calidad, por   parte del juez constitucional, durante la práctica de una diligencia de   inspección judicial, ordenada previamente mediante Auto de 13 de febrero de   2015, proferido por la Magistrada Sustanciadora (e) Martha Victoria Sáchica   Méndez. Fue así como el 6 de marzo de 2015, un Magistrado Auxiliar de su   despacho, en compañía de dos empleados de esta Corporación visitaron el lugar de   reasentamiento, es decir, las viviendas entregadas por parte de la entidad   accionada a la comunidad de negros de Patilla y Chancleta, en el municipio de   Barrancas, La Guajira.    

Al   examinar el lugar, en forma directa se pudo constatar la ausencia de prestación   del servicio público de agua en diferentes viviendas visitadas aleatoriamente.   Por tanto, la Sala Octava de Revisión como guardiana de la integridad y   supremacía de la Constitución, determina la vulneración del derecho fundamental   al agua en este asunto, que será fallado extra petita[151],   entendiendo que “en materia de tutela, el juez puede   al estudiar el caso concreto, conceder el amparo solicitado, incluso por   derechos no alegados, pues la misma naturaleza de esta acción, así se lo   permite. Es decir, el juez de tutela puede fallar extra y ultra petita”.     

153. La recién mencionada vulneración, se corroboró a través de lo   manifestado en la diligencia realizada los días 5 y 6 de marzo de 2015, por   miembros de la comunidad accionante acerca de los problemas derivados del   deficiente servicio de agua que se reflejan en las condiciones del   reasentamiento. Lucas Segundo Carrillo Bonilla,   Presidente de la Junta de Acción Comunal de Patilla, precisó que la empresa   demandada se había comprometido a entregar unas viviendas en óptima calidad y   con todos los servicios públicos, lo cual no fue así, porque el agua que se   suministra es salada y por tanto no es apta para el consumo humano. Aseguró   que“no podemos tomar de esa agua ni para utilizarla ni siquiera para cocinar   porque es un agua que los tanques solamente los tanques, vaya a ver eso esos   tanques, y eso tiene un sedimento que parece que fuera cemento. ¡Qué   tal que uno consuma esa agua![152]”-negrilla   fuera de texto-.    

El señor Juan   Bautista Arregocés Arregocés, miembro de la comunidad afrodescendiente, confirmó   en la diligencia de interrogatorio que: “…el agua es lo más malo que hay, es   lo que está perjudicando a toda la comunidad, está dañando la salud tanto de   niños como adultos porque el agua es salada, o sea y viene fuerte el agua[153]”.    

154.   Como consecuencia de estas pruebas recaudadas, que integran el proceso de acción   de tutela, regido por la informalidad y la oficiosidad[154], la magistrada   sustanciadora ordenó correr traslado del expediente de la referencia a los   legalmente responsables de la prestación del servicio de agua, a saber: la   empresa Aguas del Sur de La Guajira S.A E.S.P., la Alcaldía Municipal de   Barrancas, la Gobernación de La Guajira, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y   Territorio y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que se   pronunciaran sobre los motivos de la carencia del servicio público esencial de   agua en las comunidades reasentadas por la empresa Carbones del Cerrejón Limited   en los corregimientos de Patilla y Chancleta, del Municipio de Barrancas, La   Guajira.    

En   respuesta al anterior proveído, la empresa y demás entidades vinculadas al   proceso de tutela por la carencia del servicio público esencial de agua,   expusieron los siguientes argumentos:    

155. El Ministerio   de Hacienda y Crédito Público, solicitó que la entidad demandada sea absuelta   por falta de legitimación por pasiva. Relató que de acuerdo con la legislación   nacional (Ley 142 de 1994) el servicio público de agua potable debe ser prestado   por las empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto o   directamente por la administración municipal, “cuando una comunidad no   dispone ni accede a agua de calidad para el consumo humano, poniéndose en riesgo   su salud y su vida, quienes deben concurrir a garantizar la protección del   derecho fundamental al agua, sería en este caso el Municipio de Barrancas y   Aguas del Sur de La Guajira S.A. ESP, teniendo en cuenta que es la que realiza   la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en siete municipios   del Departamento de La Guajira, incluyendo el Municipio de Barrancas donde hoy   se encuentra asentada la comunidad de negros afrodescendientes de Patilla y   Chancleta”[155].  Precisó, que conforme a la normatividad vigente la obligación principal de las   empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios es la prestación   continua de un servicio de buena calidad, sin interrupciones, sin cortes, sin   racionamientos y en las cantidades necesarias, sobre todo en hogares donde se   encuentren menores de edad.    

Finalmente,   consideró que de acuerdo al artículo 8º del Decreto 302 de 2000, los   urbanizadores y/o constructores, en este caso Carbones del Cerrejón Limited,   tiene la obligación de construir las redes locales y demás obras necesarias para   conectar los inmuebles al sistema de acueducto. Lo anterior, comprende que la   entidad accionada asuma el costo del conjunto de tuberías y accesorios que   conforman el sistema de suministro del servicio público de acueducto a las   acometidas de la comunidad accionante.    

156. El Ministerio   de Vivienda, Ciudad y Territorio explicó que como política pública existen los   Planes Departamentales de Agua -PDA-, los cuales benefician a los municipios y   departamentos en el ámbito financiero, institucional y político, y se definen   como un: “un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, político,   institucional, técnico y financiero, que bajo la coordinación de los   departamentos, se formularán para la planificación, armonización integral de los   recursos e implementación de esquemas regionales de prestación de los servicios   públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, orientados al cumplimiento   de metas sostenibles del sector”.    

Alegó, que es   responsabilidad del municipio realizar las gestiones y diseñar un proyecto ante   el Departamento para solucionar los problemas del servicio público, a su vez,   este último, lo debe incluir en las obras a financiar, en donde concurran los   recursos de la Nación, del departamento y de los municipios. Enfatizó, que la   formulación de proyectos ante la Nación debe ser concertada por cada municipio,   ya que la entidad territorial particular es quien verdaderamente conoce las   necesidades de los habitantes.    

157. Por su parte,   la Gobernación de La Guajira indicó que “dentro de los archivos de la   oficina de obras públicas del departamento ni en la secretaría de planeación   departamental existen proyectos que vayan encaminados a la construcción de   acueducto o programas de abastecimiento de agua dentro de los corregimientos de   Patilla y Chancleta en el municipio de Barrancas, La Guajira”-subrayado   y negrilla fuera de texto-. Más adelante, expuso que cuando dicha zona   fue declarada minera, nacieron ciertos compromisos para reubicar a la habitantes   de dichas comunidades en una zona donde tuvieran todos los servicios públicos,   “esta situación obviamente no nos genera una obligación de llevar agua a dichas   poblaciones pues ello es responsabilidad de Carbones del Cerrejón Limited, que   son los encargados de la reubicación de dichas familias afectadas y de   garantizarle unas condiciones de vivienda digna pues la zona donde ellos se   encuentran asentados es una región minera”.    

158. La Alcaldía   Municipal de Barrancas, La Guajira informó que mediante Resolución No. 009 de   2010, la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal concedió licencia   de parcelación y construcción de equipamentos comunitarios en favor de la   Empresa Carbones del Cerrejón Limited –CERREJÓN-, correspondiente al programa de   reasentamiento de las comunidades de Patilla y Chancleta, a desarrollarse en   lote inmueble, predio rural, localizado en el paraje la Granja, sobre la   carretera nacional, vía lado derecho, Barrancas-Fonseca.    

Esta parcelación   fue convenida en unidades habitacionales, recreativas y productivas para los   miembros de la comunidad; la empresa CERREJÓN acreditó la auto prestación de los   servicios públicos a través de ASOAWINKA, Asociación conformada por los usuarios   de acueducto y alcantarillado de las comunidades de Roche, Patilla y Chancleta,   quienes garantizarían la prestación del servicio público de acueducto por auto   abastecimiento. En ese orden, el municipio estimó que la obligación de   prestación del servicio público de agua no es de su resorte sino que recae en el   CERREJÓN y en ASOAWINKA.    

159. La Asociación   de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de las Comunidades de Roche, Chancleta   y Patilla –ASOAWINKA-, dio respuesta mediante escrito allegado el 22 de abril de   2015, en el cual señaló que su objeto social se limita a la prestación de los   servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de manera   eficiente y sostenible. Indicó ser una organización creada y financiada por   la empresa Cerrejón, sin embargo, “los excedentes de los recursos de los   recursos alcanzaron para seguir administrando hasta el pasado mes de febrero del   presente año. A la fecha estamos a la espera del segundo convenio de   cooperación”. Señaló que ASOAWINKA opera con la infraestructura   construida y direccionada técnicamente por la empresa Cerrejón, sin las   condiciones económicas para realizar cambios en el sistema de captación u otro   mecanismo tendiente a la normalización del servicio.    

Acto seguido,   ASOAWINKA destacó cuatro problemas que se presentan en la prestación del   servicio por: i) calidad del agua: “el agua para el suministro de agua de   consumo de las comunidades presenta una alta dureza la cual se hace poco   saludable y desagradable para el consumo.; ii) continuidad: “el diseño de   las redes hidráulicas presenta fallas técnicas en cuanto a construcción, el   tanque elevado que distribuye el agua para consumo a las comunidades de   Chancleta y Patilla se encuentra ubicado lejos de estas comunidades y la altura   al parecer no es suficiente para que haya una buena presión, sumado a esto la   tubería de conducción que sube el agua que viene de la planta hacia el tanque   elevado es de 2” y la que baja es de 2”1/2, lo que presenta que es menor la   cantidad que entra a la planta y mayor la que sale, resultando que no haya una   compensación entre la entrada y salida; iii) incrustaciones y taponamientos:   “son generados por el carbonato de calcio que se forma por el alto nivel de   minerales en el agua como sales de magnesio y calcio; y iv) daños en la   grifería: “son causados por la alta concentración de sales que causan   corrosión a los elementos, afectando la vida útil de estos, y causando pérdidas   de agua, aumentando la problemática de la presión”.    

Concluyó   considerando que todos los anteriores problemas son originados por la mala   calidad del agua y el mal diseño de la infraestructura, más no por la   negligencia de ASOAWINKA, “ya que como usuarios también somos afectados”.    

160. La Empresa   Aguas del Sur de La Guajira adujo que es el operador del servicio de acueducto   en el municipio de Barrancas, de acuerdo con los contratos de operación-gestión   y de condiciones uniformes pactados. Señaló la zona geográfica en la cual aplica   el contrato e informó que no ejerce operación del servicio de acueducto en las   comunidades reasentadas por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, en los   corregimientos de Patilla y Chancleta “ya que no hacen parte del contrato de   operación, por tanto no se ha otorgado disponibilidad de servicio, ya que no   existen las condiciones legales, técnicas y de infraestructura para la   prestación del servicio, por lo tanto la empresa no tiene responsabilidad alguna   en la carencia de servicio de agua en las mencionadas comunidades”.    

Advirtió que a la   fecha “no se encuentra solicitud de vinculación de los reasentamientos de   Patilla y Chancleta”, lo cual implicaría estimación de ampliación del   área de prestación, modificación del contrato de operación-gestión, estudios   hidráulicos de factibilidad y disponibilidad del servicio. Invocó tener   conocimiento informal que dichos reasentamientos cuentan con sistemas de   acueducto y alcantarillado propios, independientes a la empresa Aguas del   Sur de La Guajira S.A. E.S.P.    

161. Por su parte,   la empresa accionada, Carbones El Cerrejón Limited, a través de su   Superintendente en Ingeniería Ambiental, señaló que la empresa realiza monitoreo   a la calidad del agua y que el Río Ranchería se encuentra contaminado por   coliformes fecales producto de descargas de materia orgánica de las   municipalidades. En diligencia de interrogatorio de parte reconoció que “los   parámetros de interés minero, es decir, lo que aporta una operación minera   fundamentalmente son sales representadas en cloruros de disulfatos y estos   parámetros como les comentaba están dentro de los parámetros establecidos para   el consumo”. Expuso, en diligencia de 5 de marzo de 2015 que no hay índices   de contaminación en el agua por cuanto los vertimientos de cloruros y sulfatos   “están en los límites establecidos por la ley para consumo humano”.    

162.   Por medio de informe especializado, aportado por la organización ambientalista   CENSAT -Agua Viva, se comprobó la carencia de agua en la comunidad accionante.    

El Área de Minería   de la Organización CENSAT –Agua Viva, indicó que: “…el acompañamiento que   hemos realizado en diferentes comunidades del sur de La Guajira nos permite   afirmar que la gran minería a cielo abierto realizada por la multinacional   Cerrejón, tiene enormes e irreparables consecuencias a las fuentes hídricas   superficiales y subterráneas de la región, vulnerando el derecho humano al agua   de las comunidades La Guajiras, incluidas las comunidades señaladas”.    

Como sustento,   anexó otro informe realizado por la misma organización sobre la desviación del   Arroyo Bruno, uno de los principales afluentes del Río Ranchería, en el cual se   exponen razones sobre las consecuencias ambientales y sociales derivadas de la   intervención de fuentes hídricas, la ampliación de la frontera extractiva y su   inconveniencia para el acceso, disponibilidad y calidad del agua en las   comunidades afrodescendientes del Departamento de La Guajira. En dicho informe   se indica que “las comunidades que viven cerca al Arroyo se benefician de él,   al ser una se las fuentes superficiales de agua más importante del municipio,   abastece de agua a comunidades asentadas en la cabecera municipal de Albania,   que en su mayoría son afrodescendientes”.    

“La   sobre-explotación y la contaminación derivadas de la actividad minera,   representan un riesgo para el agua subterránea de La Guajira. Los acuíferos   hacen parte del ciclo hidrológico natural” (…) “estamos frente a una forma de   extracción minera que utiliza grandes cantidades de agua, un bien común cada vez   más escaso y necesario para la vida y reproducción de las poblaciones”. El   informe referencia a Machado[156]  quien estima que este modelo de desarrollo tiene un fuerte impacto ambiental y   socioeconómico, ya que utiliza sustancias químicas contaminantes; consume   enormes cantidades de agua y energía; compite con otras actividades económicas   por tierra y recursos hídricos; “en fin, tiende a desestructurar la vida de   las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes; genera   dependencia de las poblaciones en relación a las grandes empresas, al tiempo que   produce impactos negativos en la salud y el ambiente, comprometiendo el futuro   de las próximas generaciones”.    

163.   Aunado a lo anterior, se resalta el informe del Centro de Investigación y   Educación Popular/Programa por la Paz –CINEP/PPP-, en el que se refiere entre   otras cuestiones, a la afectación del derecho al agua de conformidad con un   estudio realizado en los corregimientos de Patilla y Chancleta (La Guajira):    

“En términos   generales, se ha identificado que la minería de carbón a cielo abierto ha   generado cuatro tipos de vulneraciones del derecho humano al agua para las   comunidades del sur de La Guajira. La primera está relacionada con el acceso a   fuentes hídricas como ríos, arroyos, jagüeyes y pozo por partes de las   comunidades –sic- se encuentran debido a la presión de terceros, al cercamiento   y cierre de formas de acceso como cierre de vías y caminos tradicionales, y   cierre de sistemas tradicionales de abastecimiento de agua para las comunidades,   bocatomas para los micro acueductos veredales y para los sistemas tradicionales   de abastecimiento de agua. El acceso a estos lugares tiene también un importante   significado cultural para la vida de las comunidades étnicas”. (…)    

“El segundo   problema es la contaminación de fuentes hídricas causada por la extracción de   recursos naturales o por actividades relacionadas con la misma en el sur de La   Guajira, como la contaminación de las fuentes de agua por polvillo de carbón,   las filtraciones de aguas y residuos contaminantes y la contaminación generadas   –sic- por terceros. El tercer problema es la pérdida de fuentes hídricas   abastecedoras, que se explica en la disminución del caudal y la desaparición de   las fuentes hídricas, el desvío de cauces de ríos y arroyos, el agotamiento de   agua subterránea”. (…)    

“Finalmente, el   último problema es el abastecimiento de agua para el desarrollo de proyectos   productivos y gestión de sistemas de recolección, almacenamiento y distribución   de agua potable. Este punto está relacionado con varios de los elementos que ya   han sido descritos, en particular con el agotamiento de fuentes naturales de   agua y de los pozos que existen en las comunidades”.    

Respecto de las   comunidades reasentadas, el CINEP explicó en concreto que  “…las comunidades   reasentadas por ocasión de la actividad minera de la empresa Cerrejón   manifiestan dificultades para una plena garantía del derecho humano al agua   debido a que la calidad del agua no responde a las necesidades de consumo   humano y doméstico de las familias. El agua presenta unas condiciones de   salinidad que impiden que pueda ser consumida o utilizada para cocinar   alimentos, así mismo estas condiciones dificultan las labores domésticas del   lavado de ropa y aseo”-negrilla fuera de texto-.    

Advierte este   informe que “Debido a que no es posible abastecerse de las fuentes hídricas   tradicionales como ríos, arroyos y lagunas, actualmente estas comunidades   dependen del sistema de distribución de agua que surte la empresa, el cual no   garantiza las condiciones de salubridad del agua, la periodicidad y la cantidad   requerida para las necesidades domésticas de las familias, así como tampoco   abastece las actividades agrícolas, de pastoreo y cría de animales”-negrilla   fuera de texto-.    

164. Con   fundamento en las pruebas obrantes en el proceso, la Sala Octava de Revisión   avizora en el caso sub examine que la comunidad accionante   afrodescendiente de Patilla y Chancleta, reasentada actualmente en el municipio   de Barrancas, La Guajira, se encuentra seriamente afectada como sujeto de   especial protección constitucional, debido a la violación del derecho   fundamental de agua potable, no solo en cuanto a cubrir sus necesidades   domésticas básicas sino también con sus labores agrícolas y de pastoreo y cría   de animales de las cuales han derivado tradicionalmente su sustento.  Encuentra   la Sala comprobada la afectación de este derecho fundamental, que   indiscutiblemente repercute en la vulneración de otros derechos fundamentales,   interdependientes al agua, fuente de vida para el ser humano.    

En efecto, en este   caso se evidencia que la falta de acceso a un suministro de agua en los lugares   de reasentamiento por causa de la explotación minera llevada a cabo por   Carobones El Cerrejón Limited, el cual es necesario para ejercer el derecho y la   contaminación del recurso hídrico, apareja la vulneración de otros derechos   constitucionales fundamentales, habida cuenta que indirectamente, en este   proceso de tutela, el agua resultó siendo el eje en el cual gravitan otros   derechos iusfundamentales para la supervivencia de la comunidad   accionante.    

Diversos   testimonios dieron cuenta que la carencia de agua potable es preocupante para   las comunidades que habitan en los corregimientos de Patilla y Chancleta,   teniendo en cuenta que para el desarrollo de los proyectos productivos de estas   comunidades es necesario el suministro de agua. Indicaron que los cultivos se   secaron por falta de agua y que los miembros de las comunidades –incluidos   niños- se ven afectados por la poca salubridad y disponibilidad de agua potable.   Adicionalmente, señalaron que el agua no es constante y que no sirve para   cocinar y consumir.    

165. Esta   situación se agrava, en la medida en que los procesos de reubicación  tienen un   marco legal o jurisprudencial aplicable en el ordenamiento jurídico colombiano,    lo que significa que incluso bajo la figura de la expropiación con   indemnización previa, dichos procesos no garantizan la salvaguarda de los   derechos fundamentales de estas comunidades gravemente afectadas, si no se   atienden las condiciones de vida de estas personas, se preserva la   autodeterminación y subsistencia de los pueblos tribales, así como la diversidad   étnica y cultural de la nación.    

En efecto, los   procesos de traslado o reubicación de comunidades étnicas minoritarias,   protegidas especialmente por la Constitución, llevan consigo un cambio abrupto   de circunstancias que propicia el desarraigo de la comunidad con su territorio   original y obliga la adaptación a un modo de vida que le es ajeno, el cual   requiere otros medios de subsistencia y desarrollo. Es por esto que el juez   constitucional debe ser sumamente riguroso, ya que, como ocurre en este caso, la   falta del derecho fundamental al agua, amenaza y/o vulnera directamente el goce   y ejercicio de otros derechos fundamentales como la dignidad humana, la vida, la   salud, la vivienda digna, los derechos de los niños, la alimentación, el medio   ambiente, la diversidad étnica y el desarrollo.    

166. Ahora bien,   para resolver la problemática planteada, la Sala debe precisar los aspectos que   ameritan la protección del derecho al agua potable de la comunidad accionante,   como parte de las condiciones fundamentales del reasentamiento voluntario   causado por la explotación minera carbonífera en el municipio de Barrancas,   relativos a: (i)  los componentes de disponibilidad, calidad y   accesibilidad al servicio de agua; (ii) el quebrantamiento de otros   derechos fundamentales relacionados con el derecho fundamental al agua; (iii)   identificación de los responsables directos e indirectos de la afectación; y   (iv) medidas y órdenes necesarios para garantizar el ejercicio y goce del   derecho.     

167. En primer   lugar, observa la Sala que la vulneración al derecho fundamental al agua es   múltiple, por cuanto afecta todos los contenidos del derecho -disponibilidad,   calidad y accesibilidad- y la dignidad inherente a la comunidad afrodescendiente   de Patilla y Chancleta:    

i)        El abastecimiento de agua en la comunidad accionante no es continuo y   suficiente para los usos personales y domésticos. La cantidad de agua requerida   para el consumo, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene   personal y doméstica, viola los parámetros establecidos por la Organización   Mundial de la Salud, que ha fijado la cantidad de agua en un promedio de 50 a   100 litros diarios por persona para obtener un acceso intermedio/óptimo de agua   potable. Lo anterior, sin valorar que este pueblo tribal demanda disponibilidad   adicional de agua en razón a: i) el clima árido, seco y a las altas temperaturas   que presenta el Departamento de La Guajira y; ii) una identidad cultural que se   auto-determina con base en el desarrollo de procesos productivos y sostenibles   en área rural.    

ii)      El agua necesaria para uso personal o doméstico es insalubre, ya que   contiene porcentajes de sales, lo cual amenaza la salud de los miembros de las   comunidades de Patilla y Chancleta, dentro de las cuales se encuentran niños y   personas de la tercera edad. Según lo reconocen diferentes miembros de esta   comunidad interrogados en diligencia de inspección judicial, la misma empresa   accionada y diversas organizaciones intervinientes, el agua presenta un alto   sabor a sal, un color y una turbidez indeseable. En consecuencia, la Sala   precisa que, de acuerdo con la Observación General No. 15 del Comité de Derechos   Económicos, Sociales y Culturales, cuando el líquido que se destina para usos   personales y domésticos contiene un color, un olor y un sabor inaceptables, se   vulnera la calidad del agua potable y se amenaza la salud pública.    

iii)    El acceso al agua -instalaciones y servicios- tampoco se garantizan en el caso   concreto, ya que existen barreras para que la comunidad afrodescendiente de   Patilla y Chancleta, (minoritaria y vulnerable), pueda acceder físicamente al   recurso vital en condiciones de igualdad. Se encuentra probado que la comunidad   accionante, no dispone de un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable   en cada una de las viviendas reubicadas.    

168. En segundo   lugar, la Sala Octava identifica que la afectación del derecho fundamental   al agua potable, reproduce vulneraciones en otros derechos humanos que se   encuentran en constante conexión con el agua potable. Así, se constatan las   siguientes conculcaciones sobre los derechos a la vivienda digna, a la salud, a   la vida, a la alimentación, al nivel de vida adecuado, a la identidad cultural,   al libre desarrollo de la personalidad, al ambiente, a la dignidad humana y a la   igualdad, de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Patilla y   Chancleta:    

Las viviendas   entregadas a los miembros de las comunidades, desde una perspectiva occidental,   ofrecen un techo de superior calidad, pero no tienen un servicio esencial para   la permanencia en ellas en condiciones dignas, por cuanto carecen del servicio   público de agua, bien fundamental que asegura el bienestar de los miembros de la   comunidad de Patilla y Chancleta en sus actividades personales y domésticas.    

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indicó sobre la   disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura en   materia de vivienda, de conformidad con la Observación General No. 4, literal b,   párrafo 8º:    

“Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables   para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los   beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso   permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la   cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de   almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a   servicios de emergencia”.    

De igual manera, lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional   al entender que “el derecho a la vivienda digna implica,   entonces, una relación estrecha entre las condiciones de vida digna de la   persona y la garantía de la realización de derechos sociales y colectivos y el   aseguramiento de la prestación eficiente y planificada de los servicios públicos   domiciliarios y servicios públicos asistenciales, requeridos para la vida en   sociedad de una persona”[157].     

169. Por tanto,   encuentra la Sala Octava que el proceso de reasentamiento ha sido incumplido, en   tanto las viviendas no fueron entregadas a la comunidad como habían sido   acordadas, es decir, con el pleno funcionamiento y la prestación eficiente del   servicio público domiciliario de agua potable. Lo anterior, se pudo percibir en   diligencia de inspección ocular llevada a cabo el día 6 de marzo de 2015 en las   viviendas de la comunidad de Patilla y Chancleta ubicadas en el municipio de   Barrancas, ya que al momento de abrirse los registros en las viviendas   reubicadas no se obtuvo flujo de agua potable.    

La vulneración al   derecho fundamental de agua potable significa, por su interdependencia, una   amenaza a los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la comunidad   tribal. Se tiene como hecho probado, que el agua suministrada es “poco   salubre” y puede afectar la salud -de niños y personas de la tercera edad-,   debido a la alta salinidad que presenta, lo cual se ve reflejado en un color,   sabor y olor intolerable y desagradable para el consumo humano.    

170. Según el   Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, en su Informe de 2005,   “la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas se ve potenciada por un   deficiente acceso a agua limpia no contaminada y saneamiento”. De hecho,  “las enfermedades transmitidas por medio del agua ocupan el segundo lugar en las   causas de muerte en la niñez en todo el mundo, después de las infecciones del   tracto respiratorio”. En su Informe del año siguiente, el PNUD señaló que   5.000 millones de casos de diarrea afectan anualmente a los niños de los países   en desarrollo; por esta causa, mueren cada año 1.8 millones de niños menores de   5 años o cerca de 4.900 víctimas jóvenes por día[158].    

En esa medida,   preocupa a la Sala, que las comunidades indígenas y tribales vulnerables que   habitan en los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas,   La Guajira, no cuenten con estándares mínimos de calidad, disponibilidad y   suministro de agua potable, conociendo los riesgos negativos que implica para la   salud y la vida humana. Por ello, la Sala considera que las autoridades   ambientales deben evaluar, monitorear, verificar y vigilar la calidad de agua   para el consumo humano, impidiendo en todo caso: i) la presencia de   concentraciones altas de sólidos disueltos totales que comprenden las sales   inorgánicas (principalmente de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos,   cloruros y sulfatos) y ii) pequeñas cantidades de materia orgánica que están   disueltas en el agua, las cuales pueden resultar desagradables para los   consumidores.    

La Sala resalta   que la potabilidad del agua sí tiene que ver con un sabor, olor y color   tolerable para el consumo humano o doméstico; evidentemente, el agua   suministrada con altos contenidos de sales, vulnera el componente de calidad del   derecho, toda vez que por su naturaleza el agua debe ser insípida, inodora e   incolora. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud -OMS-, la   concentración de sales de calcio y magnesio (dureza) pueden presentar efectos   tóxicos en el consumo humano, además las aguas que contienen sales ferrosas y   manganosas, su oxidación por bacterias ferruginosas (o por la exposición al   aire) puede generar contaminación producto de las paredes de depósitos, tuberías   y canales precipitados de color herrumbroso.    

171. En ese orden,   la entidad accionada -Carbones del Cerrejon Limited- y la empresa de servicios   públicos -Aguas del Sur de La Guajira- deberán tener en cuenta las guías y   recomendaciones para la calidad de agua potable expedidas por la OMS, las cuales   describen los requisitos mínimos razonables que se deben cumplir como prácticas   seguras para proteger la salud de los consumidores, y determinan valores de   referencia numéricos de los componentes del agua o los indicadores de la calidad   del agua.    

172. El derecho a   la alimentación y subsistencia, reconocido en la misma Declaración Universal de   los Derechos Humanos[159]  y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[160], se   encuentra quebrantado en este asunto por la falta de agua en las hectáreas que   fueron consentidas con los miembros de las comunidades de Patilla y Chancleta   para el desarrollo de procesos productivos; la falta de agua para subsistir   mediante la puesta en marcha de proyectos productivos en el campo, junto con la   carencia del servicio público esencial de agua en las viviendas, enmarcan una   grave violación al derecho a un nivel de vida adecuado que, a su turno, subsume   a la comunidad en la pobreza y en la imposibilidad de desarrollar un proyecto de   vida digno, de acuerdo a sus usos y costumbres.    

La conculcación   del derecho fundamental al agua potable, apareja también el quebranto del   derecho a la identidad cultural y el libre desarrollo de las comunidades   afrodescendientes de Patilla y Chancleta, para quienes el significado social y   cultural del agua es ancestral y necesario para el sostenimiento y la existencia   del pueblo. En concreto, dicha comunidad de negros afrodescendientes se   identifica y auto reconoce como campesina por cuanto a través de procesos   productivos, en zona rural[161],   ha desarrollado sistemas tradicionales de subsistencia para producir alimentos[162].    

173. A su vez, el   ejercicio y goce del derecho al agua conlleva la necesidad previa de que existan   suficientes fuentes hídricas que protejan el suministro adecuado de agua limpia   potable y las condiciones sanitarias básicas para ello. Concretamente, encuentra   la Sala Octava de Revisión necesario advertir que la empresa accionada debe   mitigar, mediante medidas de compensación ambiental, la explotación y el uso   abusivo del recurso que de paso, devasta el entorno natural y el disfrute de un   ambiente sano[163].   Para ello, debe prevenir y reducir la exposición de la comunidad a factores   ambientales perjudiciales que afecten directa o indirectamente el derecho   fundamental a la salud.    

“Un concepto   que desarrolla este principio, y que se relaciona con el tema ahora analizado,   es el de desarrollo sostenible, con el que se significa que las   actividades que puedan tener consecuencias en el ambiente –verbigracia,   actividades económicas- deben realizarse teniendo en cuenta los principios   conservación, sustitución y restauración del ambiente. De esta forma se   busca disminuir el impacto negativo que actividades también protegidas   por la Constitución puedan generar en la flora y la fauna existente en el lugar   en que las mismas tienen lugar; por esta razón la conservación de la   biodiversidad resulta un objetivo esencial para la sociedad en general,   siendo responsabilidad prioritaria de todas las instituciones del Estado   armonizar su protección con los objetivos de crecimiento económico y desarrollo   de la actividad minera”[164]-subrayado   fuera de texto-.    

174. La Sala llama   la atención a las autoridades ambientales para que controlen y vigilen las   reservas de agua superficial y subterránea, ante la explotación que realiza la   empresa accionada, por cuanto el bombeo masivo de agua genera el agotamiento de   los acuíferos que actualmente proveen de agua a la población. En ese sentido, se   deben adelantar modelos de gestión del agua que garanticen una explotación   sostenible, una distribución equitativa y la atribución de responsabilidades   para la restauración o sustitución morfológica y ambiental del suelo intervenido   con la explotación[165].   En todo caso, resultaría paradójico permitir que la empresa accionada siga   extrayendo cantidades importantes de agua a un ritmo superior al de la recarga   natural de los acuíferos o, peor aún, permitir el desvío de ríos o arroyos en   una clara afrenta a la conservación del recurso hídrico, el ambiente y la vida   humana en esa región del país.    

175. En el caso   concreto, es un hecho notorio que las autoridades ambientales y de   administración no realizan un seguimiento periódico y efectivo de las   actividades de explotación de carbón que ejecuta la empresa accionada, tanto de   las reservas de agua superficiales como de las del subsuelo, que suponen la   degradación del recurso hídrico y, en últimas, aumentan la escasez de agua y la   afectación del servicio público esencial de agua. Por ello, se insta a las autoridades ambientales competentes   que adopten las medidas necesarias para evitar la causación de daños que   tengan efectos irreparables para el ambiente como bien colectivo, así como para   el derecho fundamental al agua que se deriva del uso y disfrute de un ambiente   sano.    

Para la Sala, es   claro que el derecho al desarrollo de la empresa Cerrejón debe ejercerse en   forma tal que responda social y ecológicamente sobre las necesidades ambientales   de las generaciones presentes y futuras. La Sala destaca que en el propósito   de alcanzar el mayor desarrollo sostenible el ser humano debe constituir el   centro de las preocupaciones; las comunidades minoritarias, la diversidad étnica   y cultural de la Nación, el ambiente, la naturaleza y la Constitución ecológica[166],   tampoco pueden ser ajenos al modelo de desarrollo minero.    

176. Según la   Observación General No. 15 del CDESC, el Estado colombiano debe, por virtud de   la obligación de cumplimiento, adoptar estrategias y programas amplios e   integrados para que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua   suficiente y salubre. Entre esas estrategias y esos programas pueden figurar: a)   reducción de la disminución de los recursos hídricos por extracción   insostenible, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la   contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con   el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c)   vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que los proyectos de   desarrollo no obstaculicen el acceso al agua potable; e) examen de las   repercusiones de ciertas actividades que pueden afectar la disponibilidad del   agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, como los   cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la   deforestación y la pérdida de biodiversidad, entre otras.    

El sistema   productivo económico no puede extraer recursos naturales ni producir desechos   ilimitadamente, por cuanto debe prevalecer el interés general (social y   colectivo), el ambiente y el agua potable como recurso estratégico del Estado y   patrimonio cultural de la Nación, ante el interés particular.    

177.   Adicionalmente, la violación de la dignidad humana por cuenta de la falta de   agua salta a la vista. Se pregunta la Sala: ¿Qué puede ser más indigno que no   tener agua para beber, calmar la sed, asearse, lavar la ropa y preparar   alimentos? ¿Cómo se puede sentir una comunidad originaria autosuficiente   dedicada al campo, en un lugar ajeno que no permite el ejercicio de sus   tradiciones ancestrales y culturales? ¿La comunidad afro La Guajira accionante   puede controlar el recurso hídrico sin injerencia de terceros? ¿Puede tomar   decisiones de manera autónoma o está sometida a la voluntad de los accionados   y/o vinculados para subsistir en un nivel de vida acorde a la dignidad?    

178. Finalmente,   con respecto a la violación del derecho al agua y el derecho a la igualdad, de   conformidad con el Informe presentado por la Defensoría del Pueblo “crisis   humanitaria en La Guajira 2014” y los informes allegados por las organizaciones   CENSAT Agua Viva y CINEP, se concluye que la grave vulneración del derecho al   agua es generalizada, masiva y sistemática, por lo cual, la Sala, en aras de   proteger el derecho en igualdad de condiciones frente a todos los pueblos   indígenas y tribales que se ubican en el Departamento de la Guajira, ordenará   una acción estatal coordinada y concurrente para superar la grave vulneración   del derecho al agua.    

Se predica el   derecho a la igualdad en la prestación del servicio público de agua potable para   las comunidades indígenas y tribales de La Guajira, dado que el Estado   colombiano tiene la obligación, derivada del Pacto Internacional de Derechos   Económicos, Sociales y Culturales, de garantizar el ejercicio del derecho al   agua sin discriminación alguna (art. 2, párr. 2) y en condiciones de igualdad   entre hombres y mujeres (art. 3). Así, las normas internacionales sobre la   materia, proscriben toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad,   idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,   posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud,   orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o   de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual   disfrute o el ejercicio del derecho al agua.    

Incluso, en   tiempos de grave escasez del recurso hídrico por cuenta de fenómenos naturales,   es necesario proteger a las comunidades étnicas minoritarias como miembros   vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas específicos a un   costo relativamente bajo[167].  “Los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y grupos   de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este   derecho, en particular las mujeres, los niños, los grupos   minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de   asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los   detenidos”[168]-negrita   fuera de texto-.    

179. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que debe hacerse un   examen en contexto de la vulneración del derecho al agua, el cual comprenda no   solo las implicaciones del caso concreto, sino también la situación de los demás   pueblos indígenas y tribales que habitan en el Departamento de la Guajira,   quienes por las mismas razones merecen igual protección y atención estatal, dado   que se encuentran en situaciones análogas a las verificadas por la Sala Octava   de la Corte Constitucional.    

Como bien se sabe, éste Tribunal Constitucional ha precisado el alcance del   derecho fundamental a la igualdad, indicando que el Estado debe garantizar su   cumplimiento, mediante la implementación de políticas destinadas a eliminar las   barreras que impidan que quienes se encuentren en situaciones especiales puedan   ejercer sus derechos y libertades en condiciones de igualdad. De esta manera, en   la Sentencia C-326 de 2015 la Corte estableció lo siguiente sobre el principio   de igualdad ante la ley y no discriminación : “…la noción de igualdad se   desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es   inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es   incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo,   conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo   inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de   derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal   situación.”    

180. De conformidad con los resultados de la acción integral de la Defensoría   del Pueblo[169]  en el Departamento de La Guajira, consignada en el   documento “crisis humanitaria en la Guajira 2014”, se evidencia que la   situación de todas y cada una de las comunidades indígenas que habitan el   territorio es similar. Por tanto, las medidas de protección que se tomen para   eliminar la vulneración del derecho al agua en el caso concreto, deben ser   aplicadas de igual manera para el resto de grupos indígenas o tribales presentes   en el departamento, so pena de lesionar su derecho a la igualdad. Si bien, cada   una de las comunidades étnicas localizadas en La Guajira son diferenciables en   su identidad, cultura, costumbres y cosmovisión, todas padecen de las mismas   afectaciones respecto del derecho fundamental de agua potable.    

181. Encuentra, la   Sala que la generalidad de las mujeres indígenas o tribales de La Guajira   despliegan una carga desproporcionada en la obtención de agua. Los niños se   encuentran con desnutrición y en mal estado de salud por falta de agua, incluso   las autoridades registran algunos fallecimientos[170].   Aunado a lo anterior, se identifica por la Sala, que en las zonas rurales en las   cuales habitan los pueblos indígenas y tribales de La Guajira, no existe pleno   acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de conservación.    

Por tanto, debe   protegerse el acceso a las fuentes tradicionales de agua en las zonas rurales de   toda injerencia ilícita y contaminación. Las zonas urbanas desfavorecidas,   incluso los reasentamientos humanos acordados por las partes en la consulta   previa, deben tener acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de   conservación, sin que sea dable negar a ningún hogar el derecho al agua por   razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que ésta se   encuentra.    

182. Debido a la   explotación y contaminación de los recursos naturales, los pueblos aborígenes no   pueden acceder a los recursos de agua en sus tierras ancestrales, por lo cual la   Corte insta a las autoridades competentes para que faciliten recursos públicos   con los cuales los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su acceso   al agua, máxime si existen serias dificultades para que dichos grupos accedan a   agua salubre.    

La Corte en Sentencia C – 250 de 2012, indicó que el principio de igualdad puede   descomponerse en cuatro mandatos que son : “ (i) un mandato de trato idéntico   a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato   de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten   ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios   cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean   más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato   diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte   similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más   relevantes que las similitudes.”    

183. Si bien es cierto que la protección que se requiere en el caso concreto del   derecho al agua para la comunidad afectada por el reasentamiento originado en la   explotación carbonífera en el municipio de Barrancas, La Guajira, en principio   debiera circunscribirse a los accionantes, también lo es, que el derecho a la   igualdad en el presente caso, en especial, los  mandatos uno y tres imponen que   las autoridades competentes adopten una solución de fondo y no meramente   coyuntural, para todas las comunidades étnicas que se han visto afectadas por la   explotación del carbón en el Sur de la Guajira. No es admisible, que la entidad   territorial encargada de garantizar el adecuado servicio de agua en la región   evada su responsabilidad, aduciendo que de tiempo atrás es la empresa Carbones   El Cerrejón Limited la única responsable de asegurar la prestación del servicio   para esas comunidades. En ese sentido, el aparato estatal deberá implementar   políticas públicas que garanticen el mínimo de agua potable para todos los   pueblos minoritarios vulnerables en esa región que ha sufrido más de cerca el   impacto de esa explotación minera      

En Sentencia C-051 de 2014, la Corte estableció que el principio de igualdad   comporta dos aspectos importantes: el primero de ellos, es el de dar un mismo   trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no haya razones   suficientes para darles un trato diferente; y el segundo el de dar un trato   desigual a supuestos de hecho diferentes. A partir de esta jurisprudencia, la   inspección judicial adelantada los días 5 y 6 de marzo de 2015 y varios informes   allegados en oportunidad, la Sala estima que no puede ser indiferente ante la   grave violación del derecho humano al agua en el Sur de La Guajira que afecta la   subsistencia de sujetos considerados de especial protección constitucional. En   tal virtud, no existe razón objetiva para dar un trato diferente en materia de   atención y protección por parte del Estado a las demás comunidades afectadas.    

Lo anterior, avizorando que un amparo circunscrito a las comunidades   accionantes, podría ser causa de una discriminación mayor. Para la Sala es   palmario que al existir una igualdad ante la ley sobre las necesidades básicas   de bienes y servicios por parte de diferentes comunidades indígenas que habitan   en la región afectada por la explotación minera del carbón, sería contradictorio   proteger el ejercicio y goce del derecho al agua para las comunidades   accionantes dejando desamparadas a las demás sin justa causa. Sobre este asunto,   la Corte en Sentencia C-017 de 2015 señaló que: “La igualdad tiene una   naturaleza múltiple, ‑como valor, como principio y como derecho fundamental-,   además un carácter relacional que no puede examinarse en abstracto, sino que   presupone necesariamente una comparación entre dos o más situaciones fácticas, a   partir de un criterio específico de diferenciación. En este orden, para   establecer una comparación se deben considerar los elementos que resulten   pertinentes para el caso particular. Tales elementos “…se definen a partir del   ámbito dentro del cual se da el problema de igualdad, lo que puede ser un asunto   fáctico o normativo. (…)La igualdad es un criterio de distribución –sea de   beneficios (autorizaciones, permisiones, inmunidades o   prestaciones) o de cargas (obligaciones, prohibiciones o deberes)-. Tales   beneficios y cargas están referidos a bienes o intereses (libertad, derechos,   recursos, prestaciones, etc.). Las mismas necesidades de bienes, para que pueda   hablarse de una situación de igualdad inicial, hace referencia, precisamente, a   los beneficios o cargas sometidas a distribución. Si una persona persigue los   mismos beneficios o es sometida a las mismas cargas, puede hablarse de igualdad   respecto de necesidades de bienes.”    

184. En tercer   lugar, procederá la Sala a señalar los responsables de la prestación del   servicio público de agua potable, con el fin de que estos actores asuman   solidariamente y de manera concertada un compromiso serio y participativo frente   a la garantía del derecho fundamental al agua de la comunidad accionante,   teniendo en cuenta que dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra la   efectividad del derecho constitucional al agua y la participación de todos en   las decisiones que los afecten.    

“En el caso en   que el juez de tutela constata la violación de una faceta prestacional de un   derecho fundamental, debe protegerlo adoptando órdenes encaminadas a garantizar   su goce efectivo, pero que a su vez sean respetuosas del proceso público de   debate, decisión y ejecución de políticas, propio de una democracia. Por tanto,   no es su deber indicar a la autoridad responsable, específicamente, cuáles han   de ser las medidas adecuadas y necesarias para garantizar el goce efectivo del   derecho, pero sí debe adoptar las decisiones y órdenes que aseguren que tales   medidas sean adoptadas, promoviendo a la vez la participación ciudadana”[171].    

En esa medida, la   participación de las partes, los terceros interesados y un comité de   verificación designado por la Corte promoverá que la dimensión prestacional de   un derecho social, cultural y fundamental y un servicio público como el agua,   sea garantizado mediante un plan de política pública[172] que requiere diseño,   elaboración, implementación, presupuesto, evaluación y control, en un contexto   de democracia participativa[173].    

185. Por lo   anterior, con el fin asegurar que las personas de las comunidades indígenas y   tribales que habitan en la zona afectada con la explotación minera que viene   adelantando la empresa Carbones El Cerrejón Limited, accedan al agua en las   condiciones de dignidad inherentes al ser humano, según los estándares aceptados   nacional e internacionalmente, la Sala procederá a identificar los responsables   de la ejecución de la política pública y de la adopción de las medidas   adecuadas, razonables y necesarias para la protección del derecho:    

a)      Carbones Cerrejón Limited: la entidad accionada es directamente   responsable por la vulneración del derecho. En efecto, el proceso de   reasentamiento se encuentra bajo su responsabilidad, supervisión y vigilancia,   actualmente en desmedro del derecho fundamental al agua de una comunidad étnica   minoritaria, en debilidad manifiesta. Es de recordar, que en el acuerdo previo   adelantado con la comunidad accionante, dicha empresa se comprometió a entregar   las viviendas con servicio públicos, lo cual ha sido incumplido debido a la   comprobada falta de agua en las viviendas y hectáreas “productivas”.    

Además, se hace notoria la incuria de la accionada al momento de proceder a   trasladar una comunidad protegida especialmente por la Constitución, en una   locación que se encuentra fuera del perímetro de cobertura municipal del   servicio público de agua, privilegiando exclusivamente su interés particular y   lucro económico al expandir su área de explotación minera.    

Adicionalmente, el Cerrejón es responsable directamente de la vulneración del   derecho al agua, por cuanto no acreditó ni acredita actualmente la auto   prestación del servicio público de agua acordada. De acuerdo a la Resolución No.   009 de 2010, dictada por la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal   de Barrancas, a la empresa accionada le fue concedida una licencia de   parcelación y construcción, proyectada en unidades habitacionales, recreativas o   productivas en favor de la comunidad de Patilla y Chancleta, con el suministro   de agua potable a los habitantes de los asentamientos y bajo la auto prestación   acreditada del servicio público de agua, según el artículo 5° del Decreto 1469   de 2010[174], que   fundamenta dicho acto administrativo.    

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 3050 de 2013 “por el   cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes de   viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto   y alcantarillado”, que establece una obligación clara y expresa para que el   Cerrejón, como urbanizador asuma la construcción de redes locales o secundarias   de acueducto y alcantarillado[175],   necesarias para el cumplimiento del proceso de reasentamiento adelantado con la   comunidad de Patilla y Chancleta y que aseguran la prestación efectiva del   servicio público de acueducto y alcantarillado.    

Precisamente, las anteriores responsabilidades deberán ser tenidas en cuenta en   el proceso de consulta previa que ordena esta providencia, con el fin de que la   entidad accionada garantice el derecho fundamental de agua potable de las   comunidades accionantes durante y después del proceso de consulta previa, en los   términos previstos en los fundamentos jurídicos 72 a 91 de esta sentencia.    

b)     Municipio de Barrancas, La Guajira y Aguas del Sur de   La Guajira S.A. E.S.P.: de igual manera, son   directamente responsables de la deficiente y en algunos casos nula prestación   del servicio de agua a las comunidades étnicas de los corregimientos de Patilla   y Chancleta del municipio de Barrancas, la Guajira. El Municipio es la entidad   territorial competente, según la Ley 142 de 1994 para asegurar que se preste de   manera eficiente a la comunidad accionante, ubicada en su jurisdicción, el   servicio domiciliario de acueducto. En este caso, dicho servicio opera a través   de la empresa Aguas del Sur de La Guajira S.A E.S.P., quien manifiesta que   “no se encuentran registradas solicitudes de vinculación a los servicios de los   reasentamientos de Patilla y Chancleta”. Admite que aunque la comunidad no   se encuentra dentro de la cobertura contractual, “podrá vincular nuevos   suscriptores que estén localizados fuera del perímetro de servicio de acueducto”.   Para ello, el municipio debe apoyar con inversiones a la empresa de servicios   públicos Aguas del Sur de La Guajira S.A. ESP (art. 5.6 Ley 142/94), con el fin   de darle prioridad a la financiación del servicio público domiciliario de agua   potable, garantizando la prestación y ampliación de cobertura en esta población   vulnerable (art. 356 C.P.).    

c)      Gobernación de La Guajira y Ministerio de   Vivienda, Ciudad y Territorio: Son responsables   directos ya que deben concurrir en la prestación del servicio público de agua.   Estas entidades del orden departamental y nacional pueden de acuerdo con la Ley   desarrollar funciones en materia de servicios públicos de agua y apoyar   financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos   que operen en el Departamento o  municipio, si éste asume la prestación directa.   En el proceso de tutela, las dos entidades informaron que no   existe solicitud de inclusión en el Plan Departamental de Agua -PDA- o proyecto   alguno que garantice progresivamente el derecho al agua de las comunidades   reasentadas.    

d)     Ministerio de Hacienda y Crédito Público: aunque no tiene ninguna competencia y responsabilidad frente a la   carencia de agua en la comunidades accionantes, fue vinculado al trámite de la   acción de tutela para asegurar subsidiariamente los recursos económicos, en caso   de que estos fueran alegados como inexistentes por parte de las entidades   directamente responsables. Si bien, la empresa accionada y las entidades   directamente obligadas, jamás se opusieron a las pretensiones por carencia de   presupuesto, la Sala considera pertinente que el Ministerio de Hacienda y   Crédito Público continúe en el proceso de tutela para que gestione   subsidiariamente los recursos necesarios e impulse el presupuesto suficiente   para el disfrute del agua potable en las comunidades indígenas y tribales   vulnerables de La Guajira. Para tal efecto, podrá acompañar y participar para el   efectivo cumplimiento de las decisiones estatales que aseguren acciones reales,   concretas y viables para proteger el derecho fundamental de agua potable en el   Departamento de La Guajira-.    

186. Según el   mandato consagrado en los artículos 356 y 366 de la Constitución Política, el   Estado colombiano tiene como uno de sus objetivos fundamentales solucionar la   necesidad insatisfecha de agua potable, en ese propósito el Acto Legislativo 4   de 2007 concibió un Sistema General de Participaciones en el que los   departamentos y municipios deben destinar la financiación de los servicios a su   cargo, dándole prioridad al servicio público domiciliario de agua potable y al   gasto público social, entre otros. En este caso, el origen afrodescendiente,   indígena, tribal y vulnerable de las comunidades accionantes -sujetos de   especial protección constitucional-, hacen viable la ampliación de la cobertura   en el servicio de agua.    

187. En ese orden,   ante la paralización e irresponsabilidad institucional, la Sala Octava de   Revisión puntualiza que no puede permitir la violación del derecho fundamental   al agua como servicio público esencial, ni desproteger a las comunidades   minoritarias, representadas en un conjunto de familias que comparten   sentimientos de identificación con su pasado y mantienen rasgos y valores   propios de su cultura tradicional, amparada por la diversidad y el pluralismo   étnico y cultural del Estado-Nación colombiano.    

Se identifica que   tanto la entidad accionada como las entidades vinculadas, quieren evadir su   responsabilidad constitucional, legal y contractual, endilgando la culpa a una u   otra entidad, lo cual crea un juego perverso e inadmisible que no debe permitir   el juez constitucional, por cuanto el mismo pone en suspenso la protección   inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de las comunidades   indígenas y tribales de La Guajira, afectadas por la acción u omisión del   Estado, es decir, la parte más débil, necesitada y vulnerable en esta región.   Así lo ha señalado la Corte, en otras oportunidades:      

“Cuando un juez   de tutela se ve obligado a adoptar e impartir órdenes complejas con el fin de   desenredar lo que se ha denominado metafóricamente, ‘marasmo institucional’, el   juez debe tener en cuenta, por lo menos,  (i) que sus medidas serán   realmente efectivas, y no una parte más del ‘marasmo institucional’, lo cual   podrá suponer una supervisión directa o comisionar al órgano competente a   hacerla, por ejemplo;  (ii) que sus medidas se enmarcan dentro del respeto   al estado social de derecho, y no desconocen las particulares competencias   democráticas y administrativas constitucionalmente establecidas;  y    (iii) que para definir las órdenes con las que se vaya a proteger los derechos   promueva, hasta donde sea posible, la participación de las partes, de las   autoridades encargadas, de las personas afectadas, así como también, de quienes   conozcan la situación, por experiencia o estudios”[176].    

188. Como la Sala   Octava de Revisión no tiene certeza de cuándo las entidades vinculadas al   proceso admitan y resuelvan la competencia y responsabilidad en materia de   prestación del servicio público de agua frente a las comunidades de La Guajira,   la Corte señalará las medidas adecuadas y razonables para proteger el derecho,   de acuerdo a las particulares competencias democráticas y administrativas   constitucionalmente establecidas y a las obligaciones y deberes contraídos por   la entidad accionada, propugnando por la activación solidaria de las soluciones   adecuadas, teniendo en cuenta que la existencia de otros factores externos como   la escasez del agua en La Guajira, la aridez de su inclemente clima, el cambio   climático y las malas administraciones, no pueden ser excusa para consentir la   irresponsabilidad que causa la vulneración del mínimo vital de agua requerido   por los seres humanos para sobrevivir, como lo ha establecido esta Corte:    

“Toda persona   tiene derecho a que la Administración asegure un mínimo vital de agua en   condiciones adecuadas de disponibilidad, regularidad y continuidad y a que por   lo menos, exista un plan de acción debidamente estructurado que asegure,   progresivamente, el goce efectivo de esta dimensión del derecho y que posibilite   la participación de los afectados en el diseño, ejecución y evaluación de dicho   plan”[177].    

189.  En cuarto   lugar, la Sala procederá a impartir las órdenes y medidas adecuadas y   razonables para proteger el derecho fundamental al agua de las comunidades   indígenas y la comunidad accionante que se encuentra con un alto grado de   vulnerabilidad por cuenta del traslado o reubicación producto de la actividad   minera.    

El juez   constitucional se encuentra destinado a proteger derechos fundamentales   vulnerados e impartir justicia, de acuerdo a lo establecido en la Constitución   Política, por ello no es óbice que ordene la puesta en marcha de políticas   públicas para la garantía efectiva y progresiva del derecho fundamental   quebrantado, dentro de un marco de democracia participativa. Así, de acuerdo con   el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[178], el   poder judicial tiene la facultad constitucional de ordenar la adopción de   medidas positivas de cumplimiento, que involucren la participación de otros   poderes públicos y/o particulares y se active el cumplimiento progresivo del   derecho fundamental de agua:    

“El juez   constitucional, una vez verificada la vulneración o amenaza contra los derechos   fundamentales, no puede limitar su labor a reconocer la complejidad y los   desafíos de diversa índole que plantea la situación, y admitir que el asunto   implica trámites y procedimientos administrativos, compromete cuantiosos   recursos presupuestales y, consecuencialmente abstenerse de impartir las órdenes   que eviten la vulneración o su amenaza. Por el contrario: el juez constitucional   tiene el deber de preguntarse -valido de su independencia y autonomía, y sobre   todo del carácter vinculante y perentorio de su decisión- qué tipo de órdenes   puede dar para subsanar las omisiones, negligencias o simples trabas   burocráticas que impiden tomar las medidas para eliminar o atenuar el riesgo de   que se presente una nueva y grave vulneración de derechos fundamentales.”[179]    

190. En ese orden,   la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional ordenará, como medida de   protección definitiva, que Carbones del Cerrejón Limited, la empresa Aguas del   Sur de La Guajira S.A. E.S.P., la Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira,   la Gobernación de La Guajira, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y   el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adopten de inmediato y de forma   coordinada las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan definitivo   que asegure en favor de las comunidades indígenas y tribales que habitan en el   sur del Departamento de La Guajira, el acceso, la calidad y la disponibilidad   del servicio público esencial de agua potable.    

El Plan no podrá   desconocer los lineamientos generales de las políticas que en materia de agua se   hayan trazado, pero tales lineamientos han de ser ajustados, para amparar un   mínimo vital de agua que asegure la dignidad de las comunidades ancestrales en   La Guajira. El plan específico que se adopte deberá: a) ejecutarse en el   término máximo de dos (2) años, contado a partir de la notificación de la   sentencia; b) establecer fechas y plazos específicos y precisos que   permitan a las comunidades indígenas y tribales, hacer un seguimiento del   desarrollo del plan; c) diseñar mecanismos de control y evaluación, que   permitan dar cuenta del avance del mismo y sus grados de cumplimiento, y d)   prever un porcentaje adicional de agua que garantice el desarrollo de procesos   productivos y permita que los miembros de los pueblos interesados eliminen las   diferencias socioeconómicas que existen entre los miembros indígenas y los demás   miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus   aspiraciones, identidad y formas de vida.    

El plan definitivo   de abastecimiento y suministro de agua potable que se diseñe, concederá espacios   de participación efectivos y reales, durante sus etapas de elaboración,   implementación, evaluación y control, con los representantes de los pueblos   indígenas y tribales del Departamento de La Guajira afectados por la escasez de   agua.    

191. Como medida   de protección transitoria e inmediata de protección del derecho conculcado, se   ordenará a Carbones del Cerrejón Limited, a la Alcaldía Municipal de Barrancas,   La Guajira y a la empresa Aguas del Sur de La Guajira S.A. E.S.P., que mientras   el proceso de consulta previa se surte, adopten de inmediato y en forma   coordinada las medidas transitorias, adecuadas y necesarias para asegurar un   mínimo de acceso, disponibilidad y calidad de agua potable para los miembros de   las comunidades accionantes, mediante una forma alternativa de conexión al   acueducto que funciona en el municipio de Barrancas, empleando el medio que   consideren adecuado para tal efecto (por ejemplo, suministrando el servicio a   través de carro-tanques, pozos, etc.) y realizando las alianzas y compromisos   que sean del caso. Estas medidas deberán ser concertadas con la Asociación de   Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de las Comunidades de Roche, Chancleta y   Patilla -ASOAWINKA- para conocer los problemas, las necesidades, la cultura y   las tradiciones de las comunidades, y para que la comunidad controle y fiscalice   el cumplimiento de las acciones que se acuerden adelantar. Estas medidas   transitorias sólo podrán suspenderse en el momento en que culmine el proceso de   consulta previa y se regularice el servicio definitivo de agua potable.    

193. Por otra   parte, se advertirá a Carbones del Cerrejón Limited y la Asociación de Usuarios   de Acueducto y Alcantarillado de las Comunidades de Roche, Chancleta y Patilla   -ASOAWINKA-, para que de ser necesario, como resultado de la consulta previa,   presenten ante la empresa de servicios públicos correspondiente la respectiva   solicitud de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios de acueducto y   alcantarillado.    

La Empresa Aguas   de La Guajira S.A. E.S.P., prestador del servicio público de acueducto y   alcantarillado en el municipio de Barrancas, deberá tramitar, resolver y   certificar favorablemente en el término de un (1) mes, contado a partir de la   presentación de la solicitud, sobre la viabilidad y disponibilidad de vincular   como nuevo usuario a la comunidades de Patilla y Chancleta, sin la exigencia de   requisitos adicionales.    

234. En todo caso,   el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas, de primera instancia, mantendrá la   competencia sobre el cumplimiento del fallo, hasta que esté completamente   restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.    

III.     DECISIÓN    

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte   Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la   Constitución,    

RESUELVE:    

Primero.- Declarar la NULIDAD PARCIAL  del material probatorio recaudado en relación con las preguntas,   intervenciones y aclaraciones practicadas por los dos Profesionales   Especializados grado 33 dentro de la diligencia judicial decretada mediante Auto   del trece (13) de febrero de dos mil quince (2015), dentro de lo actuado en el proceso de revisión de los fallos contenidos en el   expediente T-4.587.990, correspondiente a la acción de tutela interpuesta por   miembros de la Comunidad Ancestral de Negros Afrodescendientes de los   corregimientos de Patilla y Chancleta del Municipio de Barrancas, La Guajira,   contra la empresa Carbones del Cerrejón Limited.    

Segundo.- REVOCAR las sentencias   proferidas en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas,   La Guajira, el dos (2) de abril de dos mil catorce (2014), y en segunda   instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar, La   Guajira, el veintidós (22) de mayo de dos mil catorce (2014). En su lugar   CONCEDER  el amparo de los derechos al ambiente sano, a la   vida, la salud, al agua potable y a la consulta y el consentimiento   previo, libre e informado sobre las medidas de reasentamiento de las familias a   las que pertenecen los accionantes y al reconocimiento y subsistencia como   pueblo ancestral de la Comunidad de Negros Afrodescendientes de   los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La   Guajira. ADVERTIR a las partes accionadas que no podrán adoptarse medidas   de reasentamiento de esas comunidades, sin haber agotado el trámite de consulta   y obtenido su consentimiento, en los términos descritos en la parte motiva de   esta providencia.    

Tercero.- ORDENAR al Ministerio del Interior,   Oficina de Consulta Previa, que dentro de los  treinta (30) días siguientes a la   notificación de esta sentencia, inicie el proceso de consulta previa a la   comunidad de negros afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y   Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira, incluidas las 2 familias Wayúu identificadas   en la presente sentencia y que conviven en la referida comunidad, en el que se   convoque a todas las partes involucradas en la presente acción de tutela, en   relación con las medidas de reasentamiento de las familias afectadas en la zona   de influencia, por las actividades de explotación minera de la empresa Carbones   Cerrejón Limited.    

Cuarto.-   ORDENAR  a Carbones del Cerrejón Limited, a la Alcaldía Municipal de Barrancas, La   Guajira y a Aguas del Sur de La Guajira S.A. E.S.P., que mientras se surte la   consulta previa que se ordena en esta sentencia, adopten dentro del plazo máximo   de un (1) mes contado a partir  de la notificación de esta sentencia y en forma   coordinada, las medidas transitorias, adecuadas y necesarias para asegurar un   mínimo de acceso, disponibilidad y calidad de agua potable para los miembros de   las comunidades accionantes, mediante una forma alternativa de conexión al   acueducto que funciona en el municipio de Barrancas, empleando el medio que   consideren adecuado para tal efecto y realizando las alianzas y compromisos que   sean del caso. Estas medidas deberán ser concertadas con la Asociación de   Usuarios de Acueducto y Alcantarillado de las Comunidades de Roche, Chancleta y   Patilla -ASOAWINKA- para conocer los problemas, las necesidades, la cultura y   las tradiciones de las comunidades, y para que la comunidad controle y fiscalice   el cumplimiento de las acciones que se acuerden adelantar. Estas medidas   transitorias sólo podrán suspenderse en el momento en que se realice la consulta   previa y regularice el servicio definitivo de agua potable.    

Quinto.-   ORDENAR  a Carbones del Cerrejón Limited, a la empresa Aguas del Sur de La Guajira   S.A. E.S.P., a la Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira, a la Gobernación   de La Guajira, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de   Hacienda y Crédito Público, que adopten de inmediato las medidas adecuadas y   necesarias para diseñar un plan definitivo que asegure en favor de todas las   comunidades indígenas y tribales que habitan en el Sur del Departamento de La   Guajira, el acceso, la calidad y la disponibilidad del servicio público esencial   de agua potable. El Plan no podrá desconocer los lineamientos generales de las   políticas que en materia de agua se hayan trazado, pero tales lineamientos han   de ser ajustados, para amparar un mínimo vital de agua que asegure la dignidad   de las comunidades ancestrales en La Guajira. El plan específico que se adopte   deberá: a) ejecutarse en el término máximo de dos (2) años, contado a   partir de la notificación de la sentencia; b) establecer fechas y plazos   específicos y precisos que permitan a las comunidades indígenas y tribales,   hacer un seguimiento del desarrollo del plan; c) diseñar mecanismos de   control y evaluación, que permitan dar cuenta del avance del mismo y sus grados   de cumplimiento, y d) prever un porcentaje adicional de agua que   garantice el desarrollo de procesos productivos y ayude a los miembros de los   pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan   existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad   nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones, identidad y formas de   vida.    

El plan definitivo   de abastecimiento y suministro de agua potable que se diseñe, concederá espacios   de participación efectivos y reales, durante sus etapas de elaboración,   implementación, evaluación y control, con los representantes de los pueblos   indígenas y tribales del Departamento de La Guajira afectados por la escasez de   agua.    

Sexto.-   ADVERTIR  a Carbones del Cerrejón Limited y a la Asociación de Usuarios de Acueducto y   Alcantarillado de las Comunidades de Roche, Chancleta y Patilla -ASOAWINKA-,   para que de ser necesario, como resultado de la consulta previa, presenten ante   la empresa de servicios públicos correspondiente solicitud de viabilidad y   disponibilidad inmediata de servicios de acueducto y alcantarillado.    

Séptimo.-   ORDENAR  al Alcalde Municipal de Barrancas, La Guajira, al Gobernador del   Departamento de La Guajira, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a   la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, para que se vinculen de manera   inmediata, activa y efectiva al plan específico para el reasentamiento de la   comunidad afectada de los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de   Barrancas, La Guajira, a la cual pertenecen los tutelantes, de acuerdo con sus   competencias legales y constitucionales.    

Octavo.-   REMITIR copia de presente sentencia a la Procuraduría General de la Nación   para que, en ejercicio de sus funciones, acompañe el proceso de decisión de las   medidas adecuadas y necesarias para asegurar que se cumpla correctamente lo   dispuesto en la presente sentencia.    

Noveno.-   REMITIR copia de la presente decisión judicial a la Asamblea Departamental   de La Guajira y al Concejo Municipal de Barrancas para que, en ejercicio de sus   facultades, se vinculen al cumplimiento de la presente sentencia, en la medida y   forma que así lo consideren.    

Décimo.- INSTAR  al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Hacienda y   Crédito Público, a la Gobernación de La Guajira y a la Alcaldía de Barrancas,   para que formulen, adopten, direccionen, coordinen y ejecuten planes y proyectos   en materia de prestación del servicio público de agua potable en el Departamento   de La Guajira, en la medida y forma que así lo consideren.    

Décimo   primero.-  SOLICITAR a la Defensoría   del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a la   Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) el   apoyo, acompañamiento y vigilancia sobre el pleno cumplimiento de lo determinado   en el presente fallo, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos   aquí protegidos    

Décimo segundo.- Dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591   de 1991.    

Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese   en la Gaceta de la Corte Constitucional.    

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ    

Magistrada (e)    

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA    

Magistrado    

Con aclaración de voto    

MARIA VICTORIA CALLE CORREA    

Magistrada    

ANDRÉS MUTIS VANEGAS    

Secretario General (e)    

      

ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO    

 LUIS ERNESTO VARGAS SILVA    

A LA SENTENCIA T-256/15    

DERECHO A   LA CONSULTA PREVIA-Titularidad (Aclaración de voto)    

El Cerrejón planteó que no agotó la consulta   porque la comunidad accionante no es un sujeto colectivo con identidad étnica   diferenciada. La Sentencia resolvió que sí lo es, y que, por lo tanto, tenía   derecho a ser consultada sobre la reubicación. Lo decidido en ese sentido se   apoya, básicamente, en que la comunidad se auto reconoce como un sujeto   étnicamente diverso. Aunque tal conclusión es cierta -por motivos distintos a   los que se reseñan en el fallo-, no demuestra, por sí sola, que la comunidad de   negros afrodescendientes de Patilla y Chancleta sea titular del derecho a la   consulta previa. La atribución de esa titularidad debió fundarse en otros   elementos que se encuentran plenamente acreditados en el expediente. La   sentencia, sin embargo, no los menciona.    

DERECHO DE   AUTORECONOCIMIENTO DE COMUNIDAD INDIGENA-La sentencia se aparta   injustificadamente de los estándares del Convenio 169 de la Organización   Internacional del Trabajo, OIT (Aclaración de voto)    

La Sentencia  resolvió que la   comunidad accionante es titular del derecho a la consulta previa porque   reivindica una identidad diferenciada. Como dije, no comparto esa conclusión. Y   no lo hago por dos razones: porque se aparta injustificadamente de los   estándares a los que el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia   constitucional han supeditado la protección especial de las comunidades   étnicamente diversas y porque, de todas maneras, no se deriva de los elementos   que la Sentencia calificó como “relevantes   para comprender el contexto histórico y social en el que se inscribe la   pretensión de reconocimiento de la identidad afrodescendiente de la comunidad de   Patilla y Chancleta”. La Sentencia no valoró si la comunidad de negros   afrodescendientes de Patilla y Chancleta reunía esas características objetivas   ni si, en ausencia de las mismas, había motivos que sustentaran su auto   identificación.      

PROTECCION DE LAS   COMUNIDADES AFECTADAS POR PROCESOS DE REUBICACION QUE SE DERIVAN DE LA EJECUCION   DE PROYECTOS DE DESARROLLO-Marco normativo y   jurisprudencial  (Aclaración de voto)    

La Sentencia   no se preguntó por la responsabilidad de las autoridades estatales que   autorizaron la ejecución de un proceso de reasentamiento realizado al margen de   los estándares consagrados en esos instrumentos de protección ni por las   implicaciones que se derivan, en el caso concreto, de que la compañía accionada   deba consultar a la comunidad de Patilla y Chancleta sobre su reubicación,   obteniendo su consentimiento previo, libre e informado. De haberlo   hecho, habría advertido que, en el marco de las pautas contempladas en la “Observación General Nº 7 sobre los desalojos forzosos”; de las “Directrices completas para   los derechos humanos en relación con los desplazamientos basados en el   desarrollo” y de los “Principios y   Directrices sobre los desalojos y desplazamiento generados por el desarrollo”,   los procesos de reasentamiento como el que llevó a cabo El Cerrejón solo   proceden excepcionalmente, para promover el   bienestar de las personas, familias o comunidades afectadas por la medida y que   solo pueden adelantarse si, antes, se les ha brindado información adecuada,   oportuna y completa sobre las alternativas al reasentamiento y sobre sus   derechos, a través de canales culturalmente idóneos. Tales criterios,   evidentemente, no fueron satisfechos en el caso concreto. El fallo   tampoco advirtió que el reasentamiento debe garantizar el derecho de las   familias reubicadas a una tierra de mejor o de igual calidad, a una vivienda que   reúna criterios de adecuación, facilidades de acceso, asequibilidad,   habitabilidad, seguridad de la tenencia, adecuación cultural y acceso a   servicios públicos esenciales. La valoración de ese asunto se pasó por alto pese   a que la tutela cuestionó, expresamente, el enfoque urbanístico del proyecto de   vivienda que El Cerrejón adecuó para el traslado. Mencionar esos parámetros   habría sido especialmente útil de cara al desarrollo de un proceso consultivo   que deberá culminar con el consentimiento de la comunidad de Patilla y Chancleta   a las condiciones en las que se efectuará su reasentamiento.    

EFECTOS   AMBIENTALES DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION MINERA-Medidas   destinadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los efectos ambientales   (Aclaración de voto)     

Quisiera precisar que el plan   de reubicación no era la única medida susceptible de consulta previa. La   licencia ambiental también lo era, pues fue a través de ella que se autorizó el   reasentamiento y se adoptaron las demás medidas destinadas a prevenir, mitigar,   corregir y compensar los efectos ambientales derivados de las actividades de   explotación minera que lleva a cabo El Cerrejón. Todas han sido objeto de   seguimiento, como lo explicó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en   sede de revisión. La no valoró la intervención de la entidad, ni determinó si   las medidas que adoptó afectaban directamente a la comunidad de Patilla y   Chancleta. Creo que sí lo hacían y que, en consecuencia, los efectos de la   licencia ambiental debieron suspenderse, mientras su contenido se valoraba en el   marco del proceso de consulta.    

1. Acompaño la parte resolutiva de la Sentencia T-256   de 2015, en tanto revocó las decisiones de instancia, concedió el amparo   solicitado y adoptó algunos remedios constitucionales para restablecer los   derechos fundamentales vulnerados a la comunidad accionante, integrada por las   familias que, hace diez años, conformaron el Consejo Comunitario Negros   Ancestrales de Chancleta. Pese a eso, aclaro mi voto respecto de algunos apartes   de la providencia que podrían problematizar el alcance de la protección que   pretendió concederse.    

2. Dado que el fallo incurre en varias imprecisiones   formales y conceptuales que trastocan el sentido de lo ordenado en su parte   resolutiva, centraré mi exposición en tres puntos concretos. El primero tiene   que ver con el enfoque  con el que se abordó la controversia relativa a la   atribución de la titularidad del derecho a la consulta previa. El segundo, con   el análisis insuficiente de las infracciones iusfundamentales derivadas del   proceso de reasentamiento. Finalmente, formularé algunos comentarios sobre la   valoración probatoria que realiza la sentencia. Procedo, entonces, a aclarar mi   posición respecto de cada uno de esos aspectos.    

Sobre la atribución de la titularidad del   derecho a la consulta previa de la comunidad de negros afrodescendientes de   Patilla y Chancleta.    

3. El primer problema jurídico que planteaba la tutela   tenía que ver con el hecho de que El Cerrejón no hubiera consultado a la   comunidad accionante, la comunidad de   negros afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta, sobre la   decisión de reasentarla en un lugar que no la expusiera a los impactos   ambientales asociados a las operaciones de explotación carbonífera que realiza   en sus territorios. La comunidad cuestionó que, en lugar de someter el plan de   reubicación a un proceso de consulta previa, la compañía hubiera trasladado a   algunas familias a un proyecto de vivienda que no respeta su identidad cultural,   sus costumbres ni sus modos de producción.    

4. El Cerrejón planteó que no agotó la consulta porque la comunidad   accionante no es un sujeto colectivo con identidad étnica diferenciada[180]. La Sentencia T-256 de 2015 resolvió que sí lo es, y   que, por lo tanto, tenía derecho a ser consultada sobre la reubicación. Lo   decidido en ese sentido se apoya, básicamente, en que la comunidad se auto   reconoce como un sujeto étnicamente diverso[181].   Aunque tal conclusión es cierta -por motivos distintos a los que se reseñan en   el fallo-, no demuestra, por sí sola, que la comunidad de negros   afrodescendientes de Patilla y Chancleta sea titular del derecho a la consulta   previa. La atribución de esa titularidad debió fundarse en otros elementos que   se encuentran plenamente acreditados en el expediente. La sentencia, sin   embargo, no los menciona.    

5. Para sustentar mi posición debo remitirme, primero, a la Sentencia T-294 de   2014[182].   No solo porque se trata de uno de los precedentes que ha estudiado los dilemas   que entraña la atribución de la titularidad de derechos étnicos en el marco de   una acción de tutela. También, porque la Sentencia T-256 de 2015 se apoya   plenamente en ella. Sus fundamentos 51 a 54 contienen una transcripción textual   de los criterios que, en los términos de la primera providencia, deben valorar   los jueces constitucionales al estudiar controversias que involucran disputas   sobre la titularidad de derechos étnicos, como ocurre en este caso.    

6. La Sentencia T-294 de 2014 explica que esas disputas deben resolverse a la   luz de los elementos   objetivo y subjetivo contemplados por el Convenio 169 de la OIT y de las pautas   fijadas por esta corporación sobre la materia. Eso implica que, frente a una   discusión de esa naturaleza, el operador judicial deba valorar si el grupo   humano que reclama la protección tiene rasgos culturales y sociales compartidos   u otra característica que lo distinga de la sociedad mayoritaria (elemento   objetivo) y si tiene conciencia colectiva sobre su pertenencia a una comunidad   étnicamente diferenciada (elemento subjetivo). En el marco de las subreglas   jurisprudenciales aplicadas frente a asuntos similares, debe considerar,   también, que la   presencia de factores raciales, espaciales o formales es relevante, pero no   esencial para la atribución de derechos étnicos y que, en ese contexto, ni los registros censales, ni las certificaciones   estatales, ni los títulos colectivos de propiedad tienen valor constitutivo   respecto de la existencia de una comunidad étnica[183].    

7. La   Sentencia T-256 de 2015 acogió esas reglas, pero no las aplicó en el caso   concreto. En lugar de ello,   resolvió que la comunidad accionante es titular del derecho a la consulta previa   porque reivindica una identidad diferenciada[184]. Como dije, no   comparto esa conclusión. Y no lo hago por dos razones: porque se aparta   injustificadamente de los estándares a los que el Convenio 169 de la OIT y la   jurisprudencia constitucional han supeditado la protección especial de las   comunidades étnicamente diversas y porque, de todas maneras, no se deriva de los   elementos que la Sentencia T-256 de 2015 calificó como “relevantes para   comprender el contexto histórico y social en el que se inscribe la pretensión de   reconocimiento de la identidad afrodescendiente de la comunidad de Patilla y   Chancleta”[185].    

8. En cuanto a lo primero, es importante recordar   que el elemento de auto reconocimiento ostenta la mayor relevancia a la hora de   determinar si cierta comunidad puede beneficiarse de las prerrogativas que el   marco internacional de protección de los Derechos Humanos y la Constitución   consagran a favor de los grupos humanos étnica y culturalmente diversos. Esto,   sin embargo, no implica que la sola formulación de un reclamo en ese sentido   conduzca a calificarla, de forma automática, como titular de derechos étnicos.    

9. Frente a un reclamo de esa naturaleza, pueden   presentarse dos escenarios. El primero se da cuando el ejercicio de auto reconocimiento viene acompañado de   la presencia de características materialmente verificables, como una lengua   común, prácticas ancestrales de producción, instituciones políticas o cualquier   otra que pueda considerarse objetiva a la luz de la declaración de cobertura del Convenio 169. El segundo,   cuando la comunidad que reivindica su diversidad no puede ser identificada por   esa vía. Esto, a su vez, puede deberse a que no reúne esos elementos objetivos,   porque está inmersa en un proceso de configuración de su identidad, o a que los   reúne, pero estos son discutidos por otras comunidades o por el Estado.    

10. La primera hipótesis conduce a la atribución de derechos étnicos. La segunda   compromete al operador judicial a examinar la pretensión formulada por la   comunidad considerando el carácter dinámico de los procesos identitarios y los   factores históricos, sociales e institucionales que inciden en ellos[186]. La complejidad de ese debate   no habilita al juez constitucional para subvertir la regla de autoreconocimiento[187].   Ante un dilema de esa índole, su tarea consiste en valorar las razones en las   que la comunidad sustenta su auto identificación, en indagar por su trayectoria   social y por la manera en que esta pueda reflejar un proceso de construcción o   reconstrucción identitaria amparado por el Convenio 169 y por la Carta[188].    

11. La Sentencia T-256 de 2015 no valoró si la comunidad de negros   afrodescendientes de Patilla y Chancleta reunía esas características objetivas   ni si, en ausencia de las mismas, habían motivos que sustentaran su auto   identificación. Creo que el expediente brindaba los elementos de convicción   necesarios para llevar a cabo ese ejercicio y que este habría demostrado que la   comunidad accionante es titular de derechos étnicos. Aclaro mi voto, entonces,   para precisar que el amparo que la Sala concedió se justifica bajo ese supuesto   y no bajo los parámetros expuestos en los fundamentos jurídicos a 126 a 137 de   la Sentencia T-256 de 2015.    

12. Tales apartados remiten a algunos factores que, según se anuncia,   permitirían analizar la pretensión de la comunidad accionante a la luz del   contexto histórico y social en el que fue formulada. El recuento elaborado en   los acápites 126 a 130 acerca de las condiciones del proceso de asentamiento de   comunidades negras en La Guajira cumple ese propósito. No ocurre lo mismo con   los fundamentos 131 a 136, en los que se reproducen algunas de las conclusiones   de varios artículos académicos y, en particular, de una investigación relativa   al proceso histórico, sociológico y político a través del cual la comunidad de   Roche, otro de los grupos humanos que habita el área circundante a aquella en la   que El Cerrejón realiza las actividades de explotación carbonífera, ha reclamado   su reconocimiento como sujeto colectivo de derechos fundamentales[189].    

13. La decisión de caracterizar la situación de la comunidad de Patilla y   Chancleta a través de las ideas plasmadas en textos académicos plantea serias   dificultades en el marco de una discusión que debió resolverse en el contexto de   las particulares condiciones de existencia del sujeto colectivo que promovió la   tutela. Como, de todas maneras, la condición de titular de derechos étnicos de   la comunidad accionante está suficientemente demostrada en los términos que   explicaré al exponer el tercer punto de esta aclaración de voto, acompaño la   decisión de la mayoría.    

14. Quisiera concluir este punto explicando por qué, en mi criterio, las   contradicciones en las que incurrió la sentencia al resolver el caso concreto se   derivan de la lectura equivocada que hizo de la problemática propuesta. Basta   con revisar, para el efecto, las preguntas que se les formularon a las entidades   convocadas en sede de revisión y las que se realizaron, luego, en el marco de la   diligencia de inspección judicial. De un lado, se le pidió al apoderado de la   comunidad accionante realizar una “identificación plena de las familias que   integran los caseríos de Chancleta y Patilla, ubicados en la jurisdicción de   Barrancas, departamento de La Guajira”[190]. Después, en la diligencia de   inspección, se cuestionó a los intervinientes sobre “las familias” y las   “personas” sujetas a la reubicación[191], en los términos   utilizados por El Cerrejón y por el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del   Cesar, que profirió la providencia de segunda instancia[192].   No se indagó, en contraste, sobre los aspectos que podrían resultar relevantes   para resolver la disputa que los peticionarios formularon, no como individuos o   familias expuestas a una reubicación derivada de la ejecución de un proyecto de   desarrollo, sino como integrantes de una comunidad étnicamente diversa.    

15. En ese contexto, la sentencia anunció que la   protección concedida beneficia a “los miembros” de la comunidad   accionante, “incluidas las dos familias wayuú” que conviven en ella.   Creo, sin embargo, que en el marco de una decisión que cobija a un sujeto   colectivo de derechos fundamentales, tal distinción era innecesaria. Como la   titularidad del derecho a la consulta previa recae en las comunidades –y no en   las familias ni en las personas que la integran- la beneficiaria del amparo que   aquí se concede no puede ser otra que la comunidad de negros afrodescendientes   de Patilla y Chancleta. La citación de los nombres y documentos de identidad de   sus integrantes debió, por eso, suprimirse del texto final de la sentencia, como   lo sugerí en su momento.    

El marco normativo y   jurisprudencial de protección de las comunidades afectadas por procesos de   reubicación que se derivan de la ejecución de proyectos de desarrollo.     

16. La solución del debate relativo a si la   comunidad accionante era titular de derechos étnicos enfrentaba a la Sala con la   tarea de determinar si el proceso de reubicación adelantado por El Cerrejón   debió ser objeto de consulta previa. Para   resolver lo pertinente, la Sentencia T-256 de 2015 se propuso estudiar el marco normativo   aplicable a los procesos de traslado y reubicación de comunidades afectadas por   actividades de explotación minera. El acápite que se dedica a dicho análisis no   remite, sin embargo, ni al marco internacional de protección ni a la   jurisprudencia constitucional relevante en esa materia.    

17. Los fundamentos jurídicos   27 a 45 reseñan, apenas, los artículos constitucionales que desarrollan el   principio de diversidad étnica y cultural y algunas disposiciones legales.   Aparte de ello, se limitan a transcribir los principios básicos de aplicación   del Convenio 169 de la OIT y a mencionar algunas providencias constitucionales   que, aunque estudiaron casos relativos a la protección del derecho a la consulta   previa de comunidades negras, no remiten al escenario objeto de estudio, es   decir, a aquel que involucra la reubicación de comunidades afectadas por   proyectos de desarrollo.    

18.  Este tema fue   recientemente estudiado por la Sentencia T-550 de 2015[193],   al examinar una tutela que perseguía la protección del derecho a la consulta   previa de las comunidades negras afectadas por la construcción del Proyecto de   Espacio Público Malecón Perimetral del Mar en Buenaventura. Aunque el derecho a   la consulta previa no fue amparado porque, en criterio de la Sala, el promotor   de la tutela no se encontraba legitimado para reclamar la protección de ese   derecho fundamental[194], el fallo protegió con efectos   inter comunis sus derechos a la participación y a la vivienda digna, para   que todas las personas, familias y comunidades que se vieron afectadas por los   planes de reubicación participaran en la   adopción de las decisiones que se tomarían al respecto, en el marco de un   proceso ajustado a los estándares internacionales sobre la materia.    

19. Estudiar la controversia bajo la perspectiva de los instrumentos   internacionales de protección contra los desalojos forzosos habría permitido   insistir en los deberes concretos que tiene el Estado frente a las personas,   grupos y comunidades que puedan verse expuestas a un proceso de reubicación como   consecuencia de la ejecución de proyectos de desarrollo. También, a resaltar la   manera en que esos deberes se ven reforzados, mediante la garantía del   consentimiento previo, libre e informado, cuando los planes de reubicación   impactan sobre comunidades étnicamente diversas.    

20. La Sentencia T-256 de 2015 no indagó al respecto. No se preguntó por la   responsabilidad de las autoridades estatales que autorizaron la ejecución de un   proceso de reasentamiento realizado al margen de los estándares consagrados en   esos instrumentos de protección ni por las implicaciones que se derivan, en el   caso concreto, de que la compañía accionada deba consultar a la comunidad de   Patilla y Chancleta sobre su reubicación, obteniendo su consentimiento previo,   libre e informado.    

21. De haberlo hecho, habría advertido que, en el marco de las pautas   contempladas en la   “Observación General Nº 7 sobre los desalojos forzosos”[195];   de las “Directrices completas para los derechos   humanos en relación con los desplazamientos basados en el desarrollo”[196]  y de los “Principios y Directrices sobre   los desalojos y desplazamiento generados por el desarrollo”[197], los procesos de reasentamiento como el que llevó a cabo El   Cerrejón solo proceden excepcionalmente, para promover el   bienestar de las personas, familias o comunidades afectadas por la medida y que   solo pueden adelantarse si, antes, se les ha brindado información adecuada,   oportuna y completa sobre las alternativas al reasentamiento y sobre sus   derechos, a través de canales culturalmente idóneos. Tales criterios,   evidentemente, no fueron satisfechos en el caso concreto.    

22. El fallo tampoco advirtió que el reasentamiento debe garantizar el derecho   de las familias reubicadas a una tierra de mejor o de igual calidad, a una   vivienda que reúna criterios de adecuación, facilidades de acceso,   asequibilidad, habitabilidad, seguridad de la tenencia, adecuación cultural y   acceso a servicios públicos esenciales. La valoración de ese asunto se pasó por   alto pese a que la tutela cuestionó, expresamente, el enfoque urbanístico del   proyecto de vivienda que El Cerrejón adecuó para el traslado. Mencionar esos   parámetros habría sido especialmente útil de cara al desarrollo de un proceso   consultivo que deberá culminar con el consentimiento de la comunidad de Patilla   y Chancleta a las condiciones en las que se efectuará su reasentamiento.    

Observaciones sobre la valoración probatoria que realiza la sentencia. La   legitimidad del reclamo identitario y las afectaciones ambientales derivadas de   la explotación minera.    

23. Para exponer mis comentarios frente a este último punto, debo retomar los   planteamientos que formulé al explicar por qué considero que el ejercicio de   atribución de la titularidad de derechos étnicos fue indebidamente abordado en   este caso. Expuse entonces que una decisión de esa naturaleza no puede apoyarse   solo en el hecho de que la comunidad accionante reivindique su  diversidad   étnica, pues, además, es necesario determinar si existen elementos objetivos que   den cuenta de ese carácter diverso o si este puede reconocerse bajo otros   criterios, porque la comunidad está en proceso de etnización o porque su reclamo   ha sido controvertido por otras comunidades o por el Estado. Precisé, también,   que en el marco de las pruebas aportadas al expediente, la condición de sujeto   de colectivo de derechos étnicos de la comunidad de negros afrodescendientes de   Patilla y Chancleta debió reconocerse bajo esos parámetros.    

25. Tal proceso, que se ha dado a partir de la conexión de los integrantes de   familias afrocolombianas, mestizas y Wayúu que habitaban los corregimientos de   Patilla y Chancleta con sus territorios y de la formación de lazos comunitarios   construidos sobre la base de su vocación rural y campesina[199], se realizó de buena fe y   estuvo desprovisto de una intención de apropiarse indebidamente de recursos del   Estado o de abusar de los derechos reconocidos a las comunidades negras. Se   trata, por el contrario, de un proceso de construcción de la alteridad que,   aunque se sitúa en un espacio de “frontera étnica”, se encuentra   constitucionalmente protegido[200]  y cuenta con el reconocimiento formal del Estado, expresado a través de la   Resolución Nº 008 de 2013, mediante la cual la Alcaldía de Barrancas registró el   Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta.    

26. La atribución de titularidad de derechos étnicos y el consecuente amparo del   derecho a la consulta previa debió adoptarse en consideración a esos supuestos y   no, solamente, tomando en consideración el elemento subjetivo de auto   reconocimiento. Como la legitimidad del reclamo formulado por la comunidad de   negros afrodescendientes de Patilla y Chancleta está plenamente demostrada en   los términos referidos, acompaño, en todo caso, la decisión de la mayoría.    

27. Mi última observación tiene que ver con el hecho de que el caso objeto de   estudio se haya resuelto al margen de la información consignada de la resolución   que concedió la licencia ambiental con base en la cual El Cerrejón adelanta   operaciones de minería, transporte y embarque de carbón en La Guajira.    

28. El estudio de esa resolución y de los actos administrativos que le han hecho   seguimiento al plan de manejo ambiental del proyecto minero le habría brindado a   la Sala un panorama más preciso de los impactos generados por las actividades de   explotación carbonífera que aquel que puede derivarse de las pruebas recaudadas   en la inspección judicial. Resulta cuestionable, de hecho, que en el marco de   esa diligencia se haya indagado a los integrantes de la comunidad accionante   sobre su disposición de practicarse algún examen médico para corroborar si la   aspiración del polvillo de carbón ha afectado su salud, como si las dudas   razonables que existieran al respecto no pudieran resolverse por vía de la   aplicación del principio de precaución.    

29. Creo, en todo caso, que a la luz del contenido de la licencia la Sala habría   contado con información cierta sobre esas afectaciones y sobre las medidas que   la autoridad ambiental adoptó para conjurarlas. Así habría podido impartir   órdenes destinadas a materializar el amparo de los derechos fundamentales a la   salud y al ambiente sano que concedió en este caso.    

30. Finalmente, quisiera precisar que el plan de reubicación no era la única   medida susceptible de consulta previa. La licencia ambiental también lo era,   pues fue a través de ella que se autorizó el reasentamiento y se adoptaron las   demás medidas destinadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los efectos   ambientales derivados de las actividades de explotación minera que lleva a cabo   El Cerrejón. Todas han sido objeto de seguimiento, como lo explicó la Autoridad   Nacional de Licencias Ambientales en sede de revisión. La Sentencia T-256 de   2015 no valoró la intervención de la entidad, ni determinó si las medidas que   adoptó afectaban directamente a la comunidad de Patilla y Chancleta. Creo que sí   lo hacían y que, en consecuencia, los efectos de la licencia ambiental debieron   suspenderse, mientras su contenido se valoraba en el marco del proceso de   consulta.    

En estos términos, y con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala,   aclaro mi voto frente a lo resuelto por la mayoría.    

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA    

Magistrado    

[1]  Folios 165 al 248 de los cuadernos 2 y 3.    

[2]  Folios 38 al 47 del cuaderno constitucional.    

[3]  En el informe presentado por la ANLA se hace la salvedad de que en ese año   se monitorearon tan solo 55 muestras (equipo Hivol), pues debido al vandalismo   no se monitoreó entre el 27 de febrero y el 29 de agosto de 2014.    

[4]  Folios 19 al 33 del cuaderno constitucional.    

[5]  Folios 70 al 71 del cuaderno constitucional    

[6]  Folios 115 al 242 del cuaderno constitucional.    

[7]  A folios 188 al 231 del cuaderno constitucional se encuentran   los soportes y resultados obtenidos en el año 2014 de los programas de   seguimiento y monitoreos dentro de la explotación minera ejecutada por la   empresa Carbones del Cerrejón.    

[8]  Resolución de corte.    

[9]  En el escrito de respuesta de la empresa accionada se   indica que la Comunidad del Cerrejón es propiedad privada reconocida mediante   sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 16 de octubre de 1953, que   confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta del 21 de abril de   1951, razón por la cual no puede ser tenido como baldío de la Nación o de   dominio de un grupo étnico, en la medida en que las actividades y ejercicio de   la propiedad sobre el mismo dan cuenta de su explotación y manejo privado.    

[10]  Folios 244 al 247 del cuaderno constitucional.    

[11]  Folios 260 al 268 del cuaderno constitucional.    

[12]  Folios 300 al 303 del cuaderno constitucional.    

[13]  Folios 333 y 334 del cuaderno constitucional.    

[14]  Folios 355 al 363 del cuaderno constitucional.    

[15]  A folio 361 del cuaderno principal se anexa historia   clínica de la señora Maritza de la Cruz Gómez.    

[16]  Folios 365 al 378 del cuaderno constitucional.    

[17]  Trabajo INdSeHee. Industrias Basadas en Recursos   Naturales: Minas y Canteras; 2001.    

[18]  Folios 374 al 378 del cuaderno constitucional.    

[19]  Folios 385 al 406 del cuaderno constitucional,    

[20]  Folios 453 al 466 del cuaderno constitucional.    

[21]  Folios 417 al 445 del cuaderno constitucional.    

[23]  Correspondiente al expediente número T-4.587.990.    

[24]  Ley 1564 de 2012,  artículo 1o. OBJETO. Este código   regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y   agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o   especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas,   cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados   expresamente en otras leyes. (subrayado fuera del texto original).    

[25]  Ley 1564 de 2012, artículo 4o. IGUALDAD DE LAS PARTES. El   juez debe hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la   igualdad real de las partes. (subrayado fuera del texto original).    

[26]  Ley 1564 de 2012, artículo 198. INTERROGATORIO DE LAS   PARTES.     

[27]  Ley 1564 de 2012, artículo 23. PROCEDENCIA DE LA   INSPECCIÓN    

[28]  En ejercicio de la potestad conferida al juez en el inciso 3 del artículo 202   del Código de Procedimiento Civil, dentro del trámite de interrogatorio de parte   a la empresa demandada se consideró necesario y conveniente que ésta adicionara   o complementara su respuesta por medio de otras preguntas que en su momento se   estimaron pertinentes dada la materia del litigio, las preguntas adicionales en   su mayoría contaron con la debida oportunidad para que fueran resueltas por   parte de expertos que sirvieron de apoyo al representante de la empresa Carbones   del Cerrejón Limited.    

[29]  En ejercicio de la potestad conferida al juez en el inciso 3 del artículo 202   del Código de Procedimiento Civil, dentro del trámite de interrogatorio de parte   a la empresa demandada se consideró necesario y conveniente que ésta adicionara   o complementara su respuesta por medio de otras preguntas que en su momento se   estimaron pertinentes dada la materia del litigio, las preguntas adicionales en   su mayoría contaron con la debida oportunidad para que fueran resueltas por   parte de expertos que sirvieron de apoyo al representante de la empresa Carbones   del Cerrejón Limited.    

[30]  Folios 516 al 554 del cuaderno principal.    

[31]  Folios 598 al 612 del cuaderno constitucional. Anexo CD,   memoria USB.    

[32]  Folios 631 al 632 del cuaderno constitucional.    

[33]  Folios 614 al 632 del cuaderno constitucional.    

[34]  Folios 706 al 760 del cuaderno principal.    

[35]  Se anexan historias clínicas de los pacientes: Palmesano de la   Rosa Deiman Steven, Ojeda José María, De la Cruz Gómez Maritza Estella, Ustate   medina Guillermina María, Fontalvo Salazar Yoanis Sandrith, De la Cruz García   Jese Rafael, Duarte Ustate Eugenio Alonso y Rodríguez Ayala Mabys Regina.     

[36]  Folios 633 al 649 del cuaderno constitucional.    

[37]  Folios del 670 al 676 del cuaderno constitucional.    

[38]  Folios 652 al 657 del cuaderno constitucional.    

[39]  Folios 659 al 668 del cuaderno constitucional.    

[40]  Folios 678 al 687 del cuaderno constitucional.    

[41]  Folios 816 al 820 del cuaderno constitucional.    

[42]  Folios 822 al 829 del cuaderno constitucional.    

[43]  Folios 835 al 837 del cuaderno constitucional.    

[44]  Folios 841 al 857 del cuaderno constitucional.    

[45]  Folios 858 al 865 del cuaderno constitucional.    

[46]  Folio 555 al 564 del cuaderno constitucional.    

[47]  Folios 909 al 940 del cuaderno constitucional.    

[48]  H. Machado. “15 mitos y realidades dela minería   transnacional en la Argentina”. Editorial El Colectivo. Buenos Aires. 2011.    

[49]  Folios 871 al 906 del cuaderno constitucional.    

[50]  Ley 1564 de 2012: “ARTÍCULO 171. JUEZ QUE DEBE PRACTICAR   LAS PRUEBAS. El juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo   pudiere hacer por razón del territorio o por otras causas podrá hacerlo a través   de videoconferencia, teleconferencia o de cualquier otro medio de comunicación   que garantice la inmediación, concentración y contradicción.    

Excepcionalmente, podrá   comisionar para la práctica de pruebas que deban producirse fuera de la sede del   juzgado y no sea posible emplear los medios técnicos indicados en este artículo.    

Es prohibido al juez   comisionar para la práctica de pruebas que hayan de producirse en el lugar de su   sede, así como para la de inspecciones dentro de su jurisdicción territorial”.    

[51]  Auto de 13 de febrero de 2015.    

[52]  Folios 516 al 554 del cuaderno constitucional.    

[53]  Información solicitada mediante Auto del 17 de febrero de   2015.    

[54]   Sentencia T-310 de 1995, “(…) dada la naturaleza de   la presente acción, la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las   pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su   labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los   preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los   derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta   procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos   sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por   ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un   derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección,   toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad   procesal. Ello equivaldría a que la administración de justicia tendría que   desconocer el mandato contenido en el artículo 2o superior y el espíritu mismo   de la Constitución Política, pues -se reitera- la vigencia de los derechos   constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de   derecho.”. En adición, ver las Sentencias SU.484/08,   T-622/00 y el Auto de Sala Plena No. 360 de 2006.    

[55]  Ver sentencia T-177 de 2011 y T-204 de 2014.    

[56]  Sobre este tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-1109 de   2004, T-484 de 2011 y T-177 de 2013.    

[57]  Artículos 86 y 88 de la Constitución de 1991  y artículo 6-3 del Decreto    2591 de 1991.    

[58]  SU-1116 de octubre 24 de 2001.    

[59]  En esta oportunidad la Corte Constitucional se pronunció   sobre el  caso de una mujer que interpuso una acción de tutela contra el   municipio de Zarzal (Valle del Cauca), porque a su juicio la alcaldía amenazaba   su derecho a la vida al no canalizar en forma adecuada las aguas lluvias en el   sector en donde residía. En esa oportunidad la Sala Plena de esta Corporación   estableció que si bien ni la peticionaria, ni el juez de instancia, justificaron   por qué la acción popular prevista por la Ley 472 de 1998 no era idónea para   amparar los derechos fundamentales afectados, existía una amenaza inmediata a la   salud y la vida de la peticionaria, razón por la cual procedió a tutelar sus   derechos.    

[60]  Estos criterios han sido reiterados recurrentemente por la jurisprudencia   de la Corte Constitucional. Al respecto ver: T-135 de 2008 y T-710 de 2008,   entre otras.    

[61]  Acción de tutela interpuesta por los alumnos y la directora de un Colegio,   que solicitaban que se impidiera la construcción y funcionamiento de un centro   de esterilización junto a la institución educativa, porque  ello implicaría   una amenaza a los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud y al   ambiente sano, como consecuencia de la exposición a la contaminación o a   sustancias altamente tóxicas. Al resolver este caso, la Corte   encontró que no había amenaza actual e inminente de un derecho colectivo o de   derechos fundamentales, sino que esto correspondía a hipótesis de lo que podría   suceder y que correspondía a las autoridades competentes, establecer si la   actividad comercial podía ser desarrollada en los predios junto al colegio.    

[62] Véase, Sentencia T-1451 del 26 de octubre de 2000.    

[63]  Reiterado en la sentencia C-123 de 2014.    

[64]  Sentencia C-123 de 2014.    

[66]  Artículos 79 y 80 de la Constitución de 1991.    

[67]  Numeral 8 del artículo 95 ibídem.    

[68]  Sentencia C-760 de 2007.    

[69]  Sentencia C-671 de 2001.    

[70]  Sentencia T-154 de 2013.    

[71]  Demanda de inconstitucionalidad contra algunas   disposiciones de la propia Ley 685 de 2001 que presuntamente desconocían la   protección debida al ambiente.    

[72] Sentencia C- 671 de 2001,   refiriéndose al documento de la Comisión sobre el Medio Ambiente y el   Desarrollo. Nuestro Futuro Común (El Informe Brundtland).Oxford   University Press, 1987.    

[73]  Sentencia C-519 de 1994.    

[74]  Sentencia C-153 de 1994.    

[75]  Auto 005 de 2009. Corte Constitucional.    

[76]  Ibídem.    

[77]  Fuente: Organización Internacional del Trabajo, Convenio núm.   169, Pueblos Indígenas y Tribales.   http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang–es/index.htm    

[78] “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.    

[79] Este modelo de relación con los grupos   étnicos representa la concreción de diversos mandatos, principios y valores   constitucionales, entre los que cabe destacar: “la concepción de la   democracia acogida por el Constituyente, a la vez participativa y pluralista,   visión que reivindica la coexistencia de diversas formas de ver el mundo y   propicia la activa intervención de todas las culturas para la construcción del   Estado (artículos 1º y 2º, CP); el principio de igualdad que, de una parte, se   concreta en el carácter general de la ley y la prohibición de discriminación; y,   de otra, ordena la adopción de medidas especiales, de carácter favorable, frente   a grupos vulnerables o personas en condición de debilidad manifiesta (artículo   13 CP); la diversidad étnica (artículo 7º CP) que prescribe el respeto y   conservación de las diferencias culturales como elemento constitutivo de la   Nación; el principio de igualdad de culturas (artículo 70 CP) que prohíbe   imponer las formas de vida mayoritarias como las únicas válidas o como opciones   prevalentes sobre la visión del mundo de los pueblos originarios, y diversos   compromisos adquiridos por el Estado en el marco del Derecho Internacional de   los Derechos Humanos”. Sentencia T-376 de 2012, reiterado en sentencia T-294   de 2014.    

[80]  Sentencia 294 de 2014.    

[81]  Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT.    

[82]  Artículo 16 del Convenio 169 de la OIT.    

[83] Caso en el cual se concedió la tutela interpuesta por las   comunidades embera katío de los resguardos Pescadito-Chidima y Tolo (Acandí,   Chocó), quienes alegaban la vulneración de sus derechos fundamentales, entre   ellos el de consulta previa, debido a la omisión de consultar el otorgamiento de   títulos mineros en su territorio, la construcción de un tramo de la carretera   Acandí – Unguía que atravesaba el área de ambos resguardos y la instalación de   torres y redes eléctricas destinadas al proyecto de interconexión vial entre   Panamá y Colombia.    

[84] Así lo ha establecido, entre otras, en las sentencias T-547 de 2010,   T-693 de 2011, T-376 de 2012, T-657 de 2013 y T-294 de 2014. para definir el   ámbito territorial dentro del cual opera el derecho a la consulta previa de   proyectos de infraestructura.    

[85]  Para efectos de la aplicación de los derechos reconocidos en el Convenio   169 de la OIT, en el caso colombiano la categoría de “pueblos tribales”   comprende a indígenas, comunidades negras, raizales y al pueblo ROM.    

[86] Sobre el derecho fundamental al   reconocimiento de la identidad indígena se ha pronunciado esta Corporación,   entre otras que serán posteriormente examinadas, en la sentencia T-703 de 2008,   donde quedó establecido que: “del derecho el autogobierno, así como de la   prohibición para los Estados de intervenir en el ámbito propio de sus asuntos,   se deriva un derecho para las comunidades indígenas de autoidentificarse e   identificar a sus semejantes como parte de la comunidad. // En virtud de lo   anterior, las comunidades indígenas ostentan un derecho a: i) ser   reconocidas por el Estado y la sociedad como tales, en virtud de una conciencia   de identidad cultural diversa, y; ii) a que no se pueda negar   arbitrariamente la identidad real de la comunidad y de sus miembros”.    

[87] Sentencia T-047 de 2011. Caso en el que se   decidió amparó el derecho a la vivienda de las personas en cuyo nombre se   interpuso la tutela, pero a la vez indicó que, en el caso concreto, la   protección del derecho no dependía de la adscripción étnica de los   beneficiarios, quienes se auto identificaban como afrocolombianos. Sin embargo,   dado que en el curso del proceso las entidades demandadas y los jueces de   instancia negaron el reconocimiento identitario de los tutelantes, sobre la base   de que no se habían aportado las certificaciones que la justificaran, la Sala   Primera puntualizó: “que efectivamente exista una comunidad afro descendiente   en este caso, no es un punto que le corresponda decidir a la Corte   Constitucional.  Pero, evidentemente, sí es de su competencia indicar que   las razones esgrimidas en este proceso por las entidades que se opusieron a   reconocer a los demandantes como pertenecientes a una comunidad afro colombiana,   no son válidas. En consecuencia, si los tutelantes reivindican nuevamente su   derecho a ser reconocidos como miembros de una comunidad étnica socio   culturalmente diversa, no se les pueden negar los derechos de los que es titular   toda persona con esos atributos constitucionales, con fundamento en los   argumentos aquí presentados para oponerse a esa reclamación.”    

[88] Así ha quedado establecido, entre otras, en las sentencias T-703 de   2008, T-047 de 2011, T-792 de 2012.    

[89]  Sentencia T-294 de 2014.    

[90] Ello en consonancia con lo establecido en el artículo 3º, parágrafo   1º, del mencionado Decreto 1320 de 1998, donde se dispone que: “si durante la realización del estudio el   interesado verifica la presencia de tales comunidades indígenas o negras dentro   del área de influencia directa de su proyecto, obra o actividad, deberá   integrarlas a los estudios correspondientes, en la forma y para los efectos   previstos en este decreto e informará al Ministerio del Interior para garantizar   la participación de tales comunidades en la elaboración de los respectivos   estudios”. La  Corte Constitucional ha   reiterado la vigencia de esta regla, entre otras, en las sentencias T-693 de   2012, T-993 de 2012, T-172 de 2013. En esta última decisión fue empleada como   principal argumento para tutelar el derecho a la consulta del Consejo   Comunitario de la Comunidad Negra de la Unidad Comunera de Gobierno de Barú. En   este caso el Ministerio del Interior había expedido un informe de verificación   de presencia de comunidades negras en la isla de Barú, en el que dejó por fuera   a la comunidad accionante, pese a que en el informe de visita que soportaba   dicha certificación se constataba su existencia. Como consecuencia de ello, la   entidad responsable de la construcción del muelle multipropósito “Puerto Bahía”,   no la incluyó dentro del proceso de consulta que se adelantaba con los   representantes de otras organizaciones negras de la isla. La Corte otorgó el   amparo solicitado y ordenó integrar a la comunidad demandante al proceso de   consulta que estaba en curso.    

[91] Esta regla ha sido aplicada por la Sala Primera de Revisión, entre   otras, en las sentencias T-693 de 2012, para fundamentar que la autoridad   ambiental no había vulnerado el derecho al debido proceso administrativo de la   empresa contratista accionante, al exigirle actualizar el certificado de   presencia de comunidades en el área de influencia de un proyecto vial, debido a   que con posterioridad a la expedición de la certificación inicial se había   constatado la presencia de comunidades y la constitución de varios Consejos   Comunitarios en la zona. En la T-993 de 2012 se reiteró su vigencia, esta vez   para amparar el derecho a la consulta de la comunidad indígena de La Luisa   (etnia Pijao), cuya presencia no fue certificada inicialmente por el Ministerio   del Interior (año 2006) y que luego del otorgamiento de la licencia ambiental   para el proyecto (expedida en 2008), fue reconocida por la Dirección de Asuntos   Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior (año 2010), momento en el   cual solicitó el amparo de su derecho a la consulta previa.    

[92] Esta regla ha sido aplicada por la Sala   Primera de Revisión, entre otras, en las sentencias T-372, T-693 y T-993 de   2012, ya analizadas, y en la T-657 de 2013, en este caso para tutelar el derecho   a la consulta previa de los integrantes del Consejo Comunitario de Mulaló, a   quienes se negó tal derecho, entre otros, bajo el argumento de que no contaban   con un título de propiedad colectiva sobre su territorio.    

[93] En la sentencia SU-383 de 2003, la Sala Plena[93] ordenó al Gobierno efectuar una consulta   con el objeto de delimitar el ámbito territorial que, a su vez, comprendería la   consulta previa de la fumigación de cultivos de uso ilícito que afectaba a   comunidades indígenas del Amazonas. La garantía del derecho a la participación   en la delimitación territorial de la consulta se estableció: comoquiera que la   concepción territorial de los pueblos indígenas y tribales no concuerda con la   visión que al respecto maneja el resto de la población; ii) habida cuenta que la   delimitación de las tierras comunales de los grupos étnicos no puede desconocer   los intereses espirituales, como tampoco los patrones culturales sobre el   derecho a la tierra, usos y conductas ancestrales; y iii) debido a que el   artículo 290 de la Carta Política prevé el asunto, al disponer que, con el   cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la ley, “se   realizará el examen periódico de los límites de las entidades territoriales y se   publicará el mapa oficial de la república”.    

[94] Tales reglas han sido aplicadas por la Corte, entre otras, en las   sentencias T-194 de 1999, para amparar los derechos a la participación y al   medio ambiente de la población campesina y de pescadores afectada como   consecuencia del proyecto hidroeléctrico Urrá I; en la T-348 de 2012 para   proteger el derecho a la participación, libertad para ejercer su oficio,   alimentación y mínimo vital de una asociación de pescadores de Cartagena   afectada por la construcción de un proyecto vial; recientemente, en la T-135 de   2013, para proteger el derecho a la participación de pescadores, paleros y   constructores que vieron afectado su modo de sustento por la construcción del   proyecto hidroeléctrico El Quimbo.    

[95]  Sentencia T-769 de 2009. Caso en que la Corte se   pronunció sobre la explotación minera en territorios colectivos de diversos   resguardos ubicados entre los departamentos del Chocó y Antioquia.    

[96]  Caso en que se estudió la presunta violación al derecho a la   consulta de la comunidad de Pescadito y el resguardo de Chidima – Tolo, previa   la implementación de diversas medidas de desarrollo, como la construcción de una   carretera y el proyecto de conexión eléctrica entre Colombia y Panamá.    

[97] Sentencia T-129 de 2011.    

[98]  Sentencia T-129 de 2011, reiterada por la Sentencia T-376 de   2012.    

[99]  Sentencia T-376 de 2012.    

[100]  Artículo 79 C.P. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente   sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que   puedan afectarlo.    

Es deber del Estado   proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de   especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos   fines”.    

[101] Artículo 8º C.P. “Es obligación del Estado y de las personas   proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.    

[102] Constitución Política de 1991,  Artículo 80.    

[103]  “Artículo  2o. Intervención del Estado en los servicios   públicos. El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas   de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los   artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para los siguientes   fines: (…)    

[104] Sentencias T-578 de 1992, T- 140 de 1994 y T- 207 de 1995.    

[105]“El derecho humano al agua”. Aniza García.   Ed. Trotta, Madrid, 2008, páginas 24 y s.s. Ver, entre otros, al doctor Jorge   González González, “El acceso al agua potable como derecho humano”.   Editorial Club Universitario. España: 2014.    

[106]  Observación General No. 15.    

[107]  “Artículo 11: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen   el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,   incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de   las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas   para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la   importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre   consentimiento.     

2. Los Estados Partes en el   presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar   protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación   internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan   para:    

a) Mejorar los métodos de   producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena   utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de   principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes   agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de   las riquezas naturales;    

b) Asegurar una distribución   equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo   en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan   productos alimenticios como a los que los exportan.    

Artículo 12: 1. Los Estados   Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del   más alto nivel posible de salud física y mental.    

2. Entre las medidas que   deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena   efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:    

a) La reducción de la   mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;    

b) El mejoramiento en todos   sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;    

c) La prevención y el   tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra   índole, y la lucha contra ellas;    

d) La creación de   condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso   de enfermedad”.    

[108]  T-082 de 2013: “Esta Corporación ha protegido el derecho al agua, entendiendo   que el agua potable para el consumo humano tiene el carácter de fundamental.   También existen otros tratados internacionales que consagran el derecho al agua,   entre ellos se encuentran: (i) la Convención para la eliminación de todas las   formas de discriminación contra la mujer y (ii) la Convención sobre los derechos   de los niños. Como derecho fundamental, el derecho al agua tiene tanto un   alcance subjetivo como objetivo. La dimensión objetiva de los derechos   fundamentales hace referencia a su poder vinculante frente a todos los poderes   públicos. En efecto, los derechos fundamentales constituyen un sistema de   valores positivizado por la Constitución que guía las decisiones de todas las   autoridades, incluido el Legislador. Como derecho subjetivo, la tutela del   derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales en escenarios   de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de particulares,   especialmente cuando se trata de agua para consumo humano. El reconocimiento de   su naturaleza subjetiva ha dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de una línea   jurisprudencial amplia de protección por medio de la acción de tutela. La   titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo está en cabeza tanto de   los individuos como de la comunidad; por ello, la jurisprudencia ha precisado   que este derecho comparte la naturaleza de derecho individual y colectivo”    

[109]  La OMS considera que la cantidad de agua domiciliaria   para un nivel de servicio intermedio es de 50 litros diarios por persona.    

[110]  Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua   deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe   poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada   hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas.   Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y   culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al   género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse   amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua;    

-Accesibilidad económica. El   agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos.   Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de   agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el   ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto;    

-Acceso a la información. La   accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información   sobre las cuestiones del agua.    

[111]  El PIDESC proscribe toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad,   idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,   posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud   (incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil o cualquier otra   condición política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular   o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho al agua.    

[112]  “De manera análoga, el Comité subraya el hecho de que, aun en tiempos de   limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de   recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger   a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de   relativo bajo costo. En apoyo de este enfoque, el Comité toma nota del análisis   preparado por el UNICEF con el título de Ajuste con rostro humano: protección   de los grupos vulnerables y promoción del crecimiento, el análisis del PNUD en Desarrollo humano: informe 1990, y el   análisis del Banco Mundial en el Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1990”.    

[113]  CDESC, Observación General No. 15.    

[114] Ver sentencia T-188 de 2012.    

[115]  “Los derechos sociales como derechos   exigibles”. Ed. Trotta: 2004. Madrid.    

[116]  La Guajira es multilingüe y pluricultural. Cinco grupos indígenas la habitan:   wayúu, kinqui, ika, kogui y wiwa; los criollos viven principalmente en los   asentamientos urbanos y los euro-asiáticos: árabes o “turcos”, en Maicao.   Disponible en:   http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=44&COLTEM=216    

[117]  Disponible en:   http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/informedefensorialguajira11.pdf    

[118]  En una visita de la Defensoría del Pueblo a las comunidades de Malawinkat,   Ciruelos, y Jiene del municipio de Riohacha y 4 Rancherías del municipio de   Manaure: Hipuana, Arroyo Limón, Cunamaná, y Apartastuchimaná, se identificó que   “no existe estrategia para la garantía del mínimo vital de agua potable a las   comunidades indígenas y particularmente a niños, niñas y adolescentes,   constituyendo este un derecho superior”.    

[119]  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de   la comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, fundamento no.   167.    

[120]  T-736 de 2013.    

[121]   Ver en adición la Sentencia   T-375 de 1996, sobre tutela de la vida y   la salud agua por privación de agua en servidumbre.    

[122]  En Sentencia T-888 de 2008. La procedencia de la acción   de tutela en materia de agua: “Así las cosas, la Corte ha determinado que   procede la acción de tutela para proteger el derecho fundamental al agua potable   cuando: i) se demuestre que se requiere para el consumo humano, pues en caso   contrario no se trata de un derecho fundamental y, por lo tanto, no debe   utilizarse este mecanismo procesal sumarial sino la acción popular; ii) se   pruebe que el agua que se ofrece al accionante y/o a una comunidad determinada   se encuentra contaminada o no se presta en condiciones aptas para el consumo de   las personas y, iii) los usuarios cumplen con los requisitos señalados en la ley   y los reglamentos para la instalación del servicio público, pues este derecho   también implica el deber de acatar las normas técnicas especializadas para la   correcta prestación del servicio.    

[123] Sentencias SU-039 de 1997, T-880 de 2006, T-769 de 2009, T-547 de 2010, T-129 de 2011, T-693 de 2011 y   T-657 de 2013, T-294 de 2014 entre muchas otras.    

[124] Las condiciones de procedencia de la tutela   en este tipo de situaciones han sido examinadas, entre otras, en las sentencias   T-1451 de 2000, SU-1116 de 2001,    T-661 de 2012, T-814 de 2012, entre otras. De acuerdo con la síntesis efectuada   en la sentencia SU-1116 de 2001, y reiterada en posteriores decisiones: ““[P]ara que la tutela proceda y prevalezca   en caso de afectación de un interés colectivo, es necesario (i) que exista   conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza   a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho   fundamental sea ‘consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho   colectivo’. Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente   afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza   subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben   ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el expediente.   Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho   fundamental afectado, y ‘no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese   a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta   naturaleza’”.    

[125] En la resolución de inscripción del  Acta de Elección de la Junta   del Consejo Comunitario Negros Ancestrales se reconoció al señor Wilman   Palmezano como presidente y representante legal, al señor Ramiro Enrique   Carrillo como vice-presidente, a la señora Devis Leonor Medina como secretaria,   al señor Luis Antonio Duarte como tesorero y al señor Álvaro Contreras como   fiscal. (Folio 29 de la acción de tutela.).    

[126] Criterio empleado por la Sala Primera de   Revisión, entre otras, en sentencias T-993 de  y T-657 de 2013.    

[127]  Carabalí, A. (2005). “Génesis y desarrollo histórico de los   afrocaribeños”. Revista de Antropología Jangwa Pana, No. 4. Santa Marta:   Universidad del magdalena. Carabalí, A & Ochoa, C. (2011). “Los Afroguajiros en   el devenir y la trashumancia del caribe”. Actas de las Segundas Jornadas de   Estudios Afrolatinoamericanos del Geala. Pp 173-188. “Afrodescendientes en las   Américas, Trayectorias sociales e identitarias. Universidda Nacional de   Colombia, Icanh, Ird.Ilsa. Colombia.    

[129]  De la Pedraja, R. (1981). “La Guajira en el siglo XIX: Indígenas,   contrabando y carbón”. Revista Desarrollo y Sociedad, No. 6. Bogotá. CEDE   Uniandes.    

[130]  Carabalí, A. & Ochoa, (2011)”Afroguajiros en el devenir y la trashumancia   del Caribe”. Actas de las Segundas Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos del   Geala, pp 173-188. Argentina Ediciones.    

[131]  Carabalí, A & Ochoa, C (2013). “Afroguajiros, contrabando y cultura   fronteriza”. Actas de la Tercera Jornada de Estudios Afrolatinoamericanos del   Geala, pp 33-42. Argentina.     

[132]  Barbaros Hoscos. Historia de la (des) territorialización de la   comunidad de Roche. Bogotá. CINEP/PP, 2015.    

[133]Concepto técnico emitido por el Centro   de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa para la Paz. Folios 871 al   906 del cuaderno principal.    

[134]  Restrepo Eduardo, “Avatares del negro en la antropología colombiana”.   Nómadas, No. 9, pp 191-200. Colombia, Universidad Central 1998.    

[135]  Cunin, E. (2004). Formas de construcción y gestión de la alteridad.   Reflexiones sobre “raza” y “etnicidad”. Rojas Martínez, A.A. Estudios   afrocolombianos. Aportes para un estado del arte. Memorias del Primer Coloquio   Nacional de Estudios Afrocolombianos, pp 59-73. Popayán. Universidad del cauca.    

[136]  Ibìdem    

[137]  Hall, S. (1999). Identidad cultural t diáspora. Castro Gómez,   S. Guardilo-Rivera O. y Millán de Benavides, C. Instituto de Estudios Sociales y   Culturales. Universidad Javeriana.    

[138] Mediante Resolución No. 008 del 2013 se   realizó inscripción en la Alcaldía del Municipio de Barrancas, la Guajira el   Acta No. 001 de elección de la junta del consejo comunitario.  (Folio 28 y   29 del cuaderno principal).    

[139]  Folio 177 del cuaderno número 2.    

[140]  Ibídem.    

[141]  Acta de Inspección judicial. Folio 530 del cuaderno   constitucional. Pregunta número 9, realizada por el Magistrado Auxiliar delegado   al apoderado general de la empresa Carbones del Cerrejón Limited.    

[142] La Corte Constitucional ha   señalado en las siguientes decisiones que el Convenio 169 forma parte del bloque   de constitucionalidad: Auto 005 de 2009; sentencia 175 de 2009; sentencia C-208   de 2007; sentencia C-864 de 2008; sentencia SU-183 de 2003.    

[143] “Por el cual   se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la   explotación de los recursos naturales dentro de su territorio”.    

[144]  Folio 177 del cuaderno principal.    

[145]  Sentencia T-993 de 2012.    

[146]  Sentencias T-693 de 2012, T-993 de 2012, T-172 de 2013 y T-294   de 2014.    

[147]  Folio 530 del cuaderno constitucional. Pregunta número 9   realizada por el Magistrado Auxiliar delegado al representante legal de la   Empresa Carbones del Cerrejón Limited, durante la primera parte de la   diligencia. Marzo 05 de 2015.    

[148]  Folio 186 del cuaderno principal.    

[149]  Folio 518 del cuaderno constitucional. Pregunta número 14   realizada por el Magistrado Auxiliar delegado al líder comunitario Wilman   Palmezano Arregocés, durante la primera parte de la diligencia. Marzo 05 de   2015.Acta de Inspección Judicial.    

[150]  Folio 527 del cuaderno constitucional. Pregunta número 5   realizada por el Magistrado Auxiliar delegado al apoderado general de la empresa   Carbones del Cerrejón dentro del interrogatorio de parte. Inspección Judicial.   Marzo 5 y 6 de 2015.    

[151]  T-310 de 1995,“(…) dada la naturaleza de la presente acción,   la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones que   cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar   encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos   constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos   fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta   procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos   sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por   ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un   derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección,   toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad   procesal. Ello equivaldría a que la administración de justicia tendría que   desconocer el mandato contenido en el artículo 2o superior y el espíritu mismo   de la Constitución Política, pues -se reitera- la vigencia de los derechos   constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de   derecho.”. En adición, ver las Sentencias SU.484/08,   T-622/00 y el Auto de Sala Plena No. 360 de 2006.    

[152]  Folio 542 del cuaderno constitucional. Acta de inspección   Judicial, pregunta numero 10 realizada al señor Lucas Segundo Carrillo Bonilla   por parte del Magistrado Auxiliar delegado dentro de la diligencia judicial,   Barrancas, la Guajira.    

[153]  Folio 544 del cuaderno Constitucional. Acta de inspección   Judicial, pregunta 14 realizada al señor Juan Bautista Arregocés por parte del   Magistrado Auxiliar delegado dentro de la diligencia judicial, Barranas, la   Guajira.    

[154]  T-288 de 1997: “La acción de tutela tiene un carácter   informal que, por su misma naturaleza, riñe con toda exigencia sacramental que   dificulte el sentido material de la protección que la Constitución quiere   brindar a las personas por conducto de los jueces. Ese mismo carácter se refleja   en un segundo principio, el de oficiosidad, que exige del juez de tutela, en   ejercicio de su función constitucional, un papel activo, no sólo en la   interpretación de la solicitud de amparo -recuérdese que la persona que ejerce   la acción no requiere ser experta en Derecho ni pulir extraordinariamente su   lenguaje para acceder a la administración de justicia-, sino en la búsqueda de   los elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la situación que se   somete a su estudio, para evaluarla a la luz del ordenamiento fundamental -que   se presume conoce- y para adoptar una decisión justa que contemple la integridad   de la problemática planteada y le dé solución adecuada con miras a proteger   efectiva e inmediatamente los derechos afectados”.    

[155] Folio 861 del cuaderno constitucional.    

[156]  H. Machado. “15 mitos y realidades dela minería transnacional   en la Argentina”. Editorial El Colectivo. Buenos Aires. 2011.    

[157]  Sentencia C-936 de 2003.    

[158]  La Revista Semana publicó un artículo en el 2014   titulado: ¡La Guajira S.O.S!, en este manifestó que: “La sequía   que azota a La Guajira puede agravar una tragedia: la mortandad de niños. Dos de   ellos mueren cada día por hambre y abandono” (…) “El desabastecimiento existe en   todo el departamento, pero especialmente en la alta y media Guajira. Uribia, por   ejemplo, que está en el extremo norte, tiene cobertura de acueducto y   alcantarillado apenas para el 5,3 por ciento de la población”. Ver artículo   en el siguiente link:   http://www.semana.com/nacion/articulo/los-ninos-de-la-guajira-mueren-de-hambre/396290-3. En otra publicación más reciente, del 23 de abril de 2015, tituló   “En la ardiente Guajira los niños mueren de hambre y sed”,   expuso la dramática situación de este Departamento, “…la cifra de niños   muertos en La Guajira en un promedio no muy lejano al de Ruanda, en África,   donde la tasa de mortalidad de menores de cinco años por cada 1.000 nacimientos   es de 55, de acuerdo con una tabla que publica el Banco Mundial. La Guajira está   en 45” (…) “La experiencia de desnutrición en Colombia es igual que en   Etiopía”, dice Alicia Genisca, médica pediatra estadounidense que ha   trabajado en países de África y ahora atiende a los niños con desnutrición   crónica en el corregimiento de Mayapo en La Guajira. Disponible en el siguiente   link:   http://www.semana.com/nacion/articulo/guajira-ninos-aun-mueren-de-hambre-sed/425074-3    

[159]  “Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel   de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el   bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,   la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho   a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros   casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes   de su voluntad”.    

[160]  “Artículo 11. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de   toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso   alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora   continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán   medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a   este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en   el libre consentimiento”.     

[161]  Entre algunas medidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales   señala en su Observación General #15 que los Estados Partes deben adoptar   medidas para velar por que: (…) “b) las zonas rurales y las zonas urbanas   desfavorecidas, incluso los asentamientos humanos espontáneos, tengan acceso a   servicios de suministro de agua en buen estado de conservación. Debe protegerse   el acceso a las fuentes tradicionales de agua en las zonas rurales de toda   injerencia ilícita y contaminación. No debe denegarse a ningún hogar el derecho   al agua por razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que ésta   se encuentra”.    

[162]  “…cuando se intenta utilizar el agua para producir alimentos   en regiones áridas, se ocasionan severos daños a la tierra ya que ésta se reseca   o bien, se mezcla con residuos salinos si es regada extensamente y carece del   drenaje adecuado; con el paso del tiempo, la sal que contiene el agua se acumula   y puede tornar inservible el suelo”. Aniza García.   El derecho humano al agua. Ed. Trotta: Madrid: 2008, p. 42.    

[163]   Sentencia T-055 de 2011: “A partir de los postulados contenidos en la   Constitución de 1991 en torno al medio ambiente sano, surgen claras obligaciones   en cabeza del Estado y de los particulares. El medio ambiente no sólo es un   derecho sino también un bien jurídico constitucionalmente protegido, cuya   preservación debe procurarse no sólo mediante acciones estatales, sino también   mediante el concurso de todas las autoridades y el diseño de políticas públicas   ajustadas a tal objetivo”.    

[164]  Sentencia C-123 de 2014.    

[165]  El artículo 60 de la Ley 99 de 1993 incluyó una   protección especial para el ambiente en los casos en que la explotación minera   se realice a cielo abierto. El mencionado precepto consagra lo siguiente: “[e]n   la explotación minera a cielo abierto, se exigirá, la restauración o la   sustitución morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido con la   explotación, por cuenta del concesionario o beneficiario del título minero,   quien la garantizará con una póliza de cumplimiento o con garantía bancaria. El   Gobierno reglamentará el procedimiento para extender la póliza de cumplimiento o   la garantía bancaria”.    

[166]  Sentencia C-666 de 2010: “El énfasis de la Constitución de 1991 se   materializa en un cúmulo de disposiciones que, entendidas sistemáticamente,   denotan la importancia que, como bien constitucional, tiene en nuestro   ordenamiento jurídico el ambiente, cuya protección se garantiza a través de su   consagración como principio fundamental, derecho constitucional y deber   constitucional. En este sentido en la sentencia T-411 de 1992 la Corte   desarrolló un concepto que resulta ser fundamental para la comprensión del medio   ambiente, la Constitución ecológica…”    

[167]  Comité de Derechos Económicos, Sociales y   Culturales, Observación General No. 3, párrafo 12, 1990.    

[168]   Observación General No. 15. Comité de Derechos Económicos, Sociales y   Culturales.    

[169]  Constitución Política. “ARTICULO 282. El Defensor del Pueblo   velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos,   para lo cual ejercerá las siguientes funciones:    

1. Orientar e instruir a los   habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el   ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades   de carácter privado.    

2. Divulgar los derechos   humanos y recomendar las políticas para su enseñanza (…)” -subrayado fuera   de texto-.    

[170]  “…el pueblo indígena Wayúu afronta graves problemas de seguridad alimentaria y   la escasez de agua, generada por los intensos veranos y el cambio climático   regional, que aunado a la complejidad geográfica, cultural y social de la región   y, a la deficiente atención en salud ha desencadenado en altas tasas de   morbimortalidad infantil asociada con problemas de desnutrición”. Defensoría   del Pueblo, crisis humanitaria en La Guajira 2014.    

[171]  Sentencia T-760 de 2008.    

[172]  Según Muller y Surel, una política pública “designa   el proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública,   es decir, dispositivos políticos –administrativos coordinados, en principio,   alrededor de objetivos explícitos”. Para Carlos   Salazar Vargas, autor colombiano, son “el conjunto de sucesivas respuestas   del Estado (o de un Gobierno específico) frente a situaciones consideradas   socialmente problemáticas”, en “Políticas Públicas- formulación,   implementación y evaluación”. André-Noel Roth Deubel. Ediciones Aurora, 10ª   edición. 2014.    

[173]  El preámbulo de la Constitución Política de Colombia,   decreta, sanciona promulga la Constitución, “…con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y   asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la   igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico,   democrático y participativo que garantice un orden político, económico y   social justo…”. El artículo 1°, señala que “Colombia   es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,   descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,   participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en   el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia   del interés general”. El artículo 2° establece como fin esencial del Estado,   “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la   vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.    

[174]  “Artículo 5°. Licencia   de parcelación. Es la autorización previa para   ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano, la   creación de espacios públicos y privados, y la ejecución de obras para vías   públicas que permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos por   el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y   complementen y la normatividad ambiental aplicable a esta clase de suelo. Estas   licencias se podrán otorgar acreditando la autoprestación de servicios   públicos, con la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones   respectivas otorgadas por las autoridades competentes.    

También se   entiende que hay parcelación de predios rurales cuando se trate de unidades   habitacionales en predios indivisos que presenten dimensiones, cerramientos,   accesos u otras características similares a las de una urbanización, pero con   intensidades y densidades propias del suelo rural que se destinen a vivienda   campestre.    

En todo   caso, se requerirá de la respectiva licencia de construcción para adelantar   cualquier tipo de edificación en los predios resultantes” –negrilla fuera de   texto-.    

[175]  Es el conjunto de tuberías, accesorios, estructura y equipos que conducen   el agua desde la red matriz o primaria hasta las acometidas domiciliarias del   respectivo proyecto urbanístico. Su diseño y construcción corresponde a los   urbanizadores.    

[176]  Sentencia T-974 de 2009 y T 418 de 2010.    

[177]  Sentencia T-028 de 2014.    

[178]  “Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete   a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la   cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el   máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos   los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas   legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.    

[179]  Sentencia T-974 de 2009.    

[180]  La compañía explicó que, por eso, adelantó el proceso de reasentamiento con base en un censo de   personas reubicables y no reubicables, siguiendo los estándares fijados por el   Banco Mundial, y bajo la supervisión de la Autoridad Nacional de Licencias   Ambientales.    

[181]  Al respecto, pueden revisarse los fundamentos jurídicos 137 y 145 del fallo de   revisión.    

[182]  M.P. María Victoria Calle.    

[183]  Cfr. Fundamento 51 de la Sentencia T-294 de 2014.     

[184]  El planteamiento que la Sentencia T-256 de 2015 formula al respecto es más   extenso y ambiguo. El fundamento jurídico 137 sustenta la atribución de la   titularidad de derechos étnicos, primero, en que “los accionantes” se auto   reconocen como una comunidad de negros afrodescendientes, lo cual conlleva   “un proceso de reivindicación identitaria y territorial” para   proteger su derecho a la tierra y “seguir existiendo como comunidad negra y   culturalmente diversa”. Luego, dice que no existe “ningún obstáculo en   términos legales” para que la comunidad pueda ser reconocida   como titular “de derechos colectivos, territoriales y culturales” y que   la integración del Consejo Comunitario es una “acción colectiva”  orientada a la defensa de su territorio y a la consolidación de la identidad   negra. El fundamento jurídico 145 indica, a su turno, que el hecho   de que la tutela hubiera sido interpuesta por toda la comunidad, “es claramente el ejercicio de una acción colectiva”;  que los accionantes “se auto identifican y   reconocen como una comunidad netamente campesina y rural, de origen   afrodescendiente (…)” y que manifiestan que, como comunidad negra,   “tienen derecho a conservar su acervo cultural e histórico”. Todas esas   afirmaciones, que no tienen otro apoyo probatorio que el recuento que, a manera   de contexto, se efectúa en los acápites 126 a 136 del fallo, aluden al elemento   subjetivo de autoreconocimiento.    

[185]  Fundamentos jurídicos 126 a 137 de la Sentencia T-256de 2015.    

[186]  Eso explica que, en lugar de formular una definición de comunidad indígena o   tribal, los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos   hayan optado por proporcionar unos criterios   descriptivos que operan como pautas de interpretación frente a casos concretos.    Los dilemas relacionados con la atribución de los derechos fundamentales   asociados a la identidad étnicamente diversa deben abordarse, por eso,   considerando la relevancia del criterio de auto identificación; que la   trayectoria de los pueblos indígenas y tribales se adapta a los cambios   históricos y se reconfigura continuamente y que, por eso, es factible que   ciertas comunidades o sus integrantes vivan con menos apego a las tradiciones   culturales que otros. Cfr. Sentencia T-576 de 2014 (M.P. Luis Ernesto   Vargas).    

[187] La Sentencia T-294 de 2014 (M.P. María Victoria Calle)   menciona las consecuencias que podrían derivarse del “reconocimiento   incondicionado de una identidad culturalmente diversa para todo aquel que la   reclama con el propósito de acceder a los derechos derivados de tal condición”.   El fallo explica que, llevada al extremo, una regla en tal sentido vulneraría el   mandato de protección de la diversidad étnica y cultural, pues podría conducir a   que las reivindicaciones identitarias de las comunidades que históricamente han   padecido injusticias de reconocimiento y distribución de recursos se trivialicen   y a que se generen conflictos por los recursos y derechos destinados a sus   pueblos. Esto, a su vez, podría volver “inoperante el régimen de derechos   diferenciados sobre el que se funda el constitucionalismo multicultural”. El   no reconocimiento de las pretensiones identitarias formuladas por las   comunidades que se ubican en un espacio de “frontera étnica” es igualmente   cuestionable, en tanto implica una injerencia indebida del Estado en el ámbito   constitucionalmente protegido del derecho a la autodeterminación de los pueblos   étnicamente diversos.    

[188]  La Sentencia T-792 de 2012 (M.P. Luis Ernesto   Vargas) propone algunos criterios para determinar la viabilidad de atribuir   derechos asociados a la identidad étnica diferenciada cuando existan dudas   razonables al respecto, porque la comunidad que proclama esa diversidad no reúne   criterios objetivos de reconocimiento o los reúne, pero su manifestación al   respecto es controvertida. En los términos del fallo, el amparo de la diversidad   étnica y cultural, en estos casos, procede cuando: i) los miembros de la comunidad tienen   conciencia de su identidad diversa y pueden dar razones que sustentan esta auto   identificación; ii) la comunidad está adelantando un proceso de reconstrucción   étnica, que aspira a recuperar o reapropiarse de los elementos que conforman los   criterios objetivos de identificación de las comunidades indígenas o tribales;   iii) el proceso se realiza de buena fe, y sin la intención de apropiarse   indebidamente de los recursos del Estado o de abusar de los derechos de los   pueblos indígenas y tribales y iv)  la protección de otros principios   constitucionales involucrados o la aplicación de las reglas del derecho de la   sociedad mayoritaria, no reviste una mayor importancia que la protección del   proceso de reconstrucción étnica en el caso concreto.    

[189]  El artículo se denomina “Bárbaros hoscos. Historia de resistencia y conflicto   en la explotación del carbón en La Guajira, Colombia” y fue elaborado en   mayo de 2014 por Liliana Múnera Montes, Margarita Granados Castellanos, Sandra   Teherán Sánchez y Julián Naranjo Vasco, integrantes del Equipo Sierra Nevada del   Centro de Investigación Popular CINEP. Fue publicado en la edición 14 de la   Revista Ópera de la Universidad Externado de Colombia.    

[190]  Acápite 3.1.9. de los antecedentes.    

[191] ¿Usted y su familia   pertenecen al censo para el reasentamiento efectuado por la empresa Cerrejón?   ¿Dentro del grupo de lo que usted llama familias a ser reasentadas y   particularmente dentro de las familias accionantes en este proceso de tutela, no   hay personas que ancestralmente pertenecieran a este territorio, es decir no hay   familias indígenas Wayúu o no siendo Wayúu si pertenecen a otra comunidad   afrodescendiente o no afrodescendiente no Wayúu pertenecían a este territorio o   todas son personas que migraron según el censo de la compañía Cerrejón? ¿Que   personas conforman su familia, su hogar, su grupo familiar?    

[192]  En el marco de las discusiones previas a la adopción de la sentencia, advertí   sobre la importancia de profundizar en los planteamientos del fallo de segunda   instancia, que estudió la situación de “las familias accionantes” a la luz de i)   los “criterios de diferenciación” que utilizó El Cerrejón para determinar cuáles   de ellas eran reubicables y de ii) las actas de registro civil de los   integrantes de cada una de ellas. Sobre esa base, la juez determinó que las   familias que “surgieron” con posterioridad al último censo de caracterización   que realizó la compañía no tenían derecho a ser reubicadas. En los términos del   fallo, el hecho de que los hijos de esas familias fueran fruto de una relación   extramatrimonial, hijos de crianza o nacidos con posterioridad al censo   descartaba que la familia se hubiera conformado antes de esa fecha. La Sentencia   T-256 de 2015 no reseñó esos planteamientos, pese a la innegable relevancia   constitucional de la que revestían para efectos de la solución del caso y para   el desarrollo de la función de revisión que, en este escenario, le incumbía a la   Sala.    

[193]  De conformidad con el registro de términos procesales de la Secretaría General   de esta Corporación, la Sentencia T-550 de 2015 fue comunicada al Tribunal   instancia el 13 de Noviembre de 2015. La Sentencia T-256 de 2015, por su parte,   fue comunicada al juzgado de primer grado el 1º de marzo de 2016.    

[194]  La decisión se adoptó considerando que, al impugnar el fallo de   segunda instancia, el accionante advirtió   que su solicitud no fue promovida en nombre de la población asentada en bajamar,   sino a título personal. En criterio de la Sala, tal manifestación descartaba la   legitimación en la causa del peticionario, en torno a la pretensión de amparo   del derecho a la consulta previa, cuya titularidad recae en comunidades, no en   individuos. La magistrada María Victoria Calle, sin embargo, advirtió su   desacuerdo sobre lo decidido al respecto, en los siguientes términos: “el   peticionario sí estaba legitimado para invocar la protección de los derechos de   la comunidad afrodescendiente a la que pertenece pues, en virtud de un criterio   jurisprudencial claramente explicado en la sentencia T-550 de 2015, toda persona   que acredite la condición de hacer parte de una comunidad étnica está legitimada   para perseguir la protección de sus derechos. Además, en caso de duda acerca de   esa condición, el juez constitucional podría, de oficio, solicitar información a   la comunidad interesada”.    

[195]  Comité de Derechos Económicos, Sociales y   Culturales, 1997.    

[196]  Adoptadas por el seminario de expertos sobre la   práctica de los desalojos forzosos en 1997.    

[197]  Anexos al informe que presentó el Relator   Especial de las Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada en 2007    

[198]  En los términos planteados por la Sentencia T-792 de 2012 (M.P. Luis Ernesto   Vargas), el ejercicio de etnización experimentado por la comunidad de negros   afrodescendientes de Patilla y Chancleta podría caracterizarse como un ejercicio   de etnogénesis, entendido como aquel mediante el cual un grupo  “trabaja por el reconocimiento de su diversidad cultural y étnica, no con base en la recuperación de elementos   identitarios que quedaron prácticamente invisibilizados o suprimidos, pero de   los que se conservan al menos vestigios, sino con fundamento en la apropiación   actual de elementos étnicos propios de comunidades ancestrales –al menos   aparentemente- extinguidas, con los que se construye alguna conexión por la vía   de la ocupación del territorio, de la práctica de ritos religiosos, o de la   incorporación de prácticas y costumbres tradicionales en la vida cotidiana”.    

[199]  Fundamento jurídico 163 de la Sentencia T-256 de 2015.    

[200]  La Sentencia T-294 de 2014 (M.P. María Victoria Calle) da cuenta de la manera en   que el reconocimiento de identidades   culturalmente diversas puede convertirse en una cuestión altamente disputada en   el contexto del constitucionalismo multicultural y en situaciones de marcada   inequidad social y de necesidades básicas insatisfechas, como las que, en   efecto, experimentan las comunidades rurales del departamento de La Guajira. El   fallo explica que, ante tales circunstancias, algunas comunidades pueden   percibir que la movilización de una identidad étnica es una vía menos tortuosa   para acceder a bienes básicos. Tal es el origen de los procesos de reemergencia   étnica que, como lo advierte la sentencia, “han enriquecido la   jurisprudencia, en tanto han permitido a este Tribunal conocer los múltiples   rostros que asume la identidad indígena en Colombia y, en general, comprender   que el proceso de formación nacional de alteridad es en sí mismo diverso y no es   posible aprehenderlo ni simplificarlo apelando a visiones esencialistas de la   identidad indígena. Al mismo tiempo, la decisión de casos que involucran   reclamos de identidad disputados estimula la reflexión sobre el inevitable   ejercicio de poder que comporta el que una entidad estatal se pronuncie sobre la   pretensión de reconocimiento de la identidad indígena por parte de un individuo   o comunidad que se reclama como tal, así como sobre la necesidad de establecer   criterios para reducir y someter a control el ejercicio de este poder de nombrar   e identificar a los otros”.