T-281-09

    Sentencia T-281-09  

Referencia: expediente T-2134555  

Accionante:  

Sociedades  Centro  Nelmar  Ltda. y Promotora  Nacional  de  Construcciones  Limitada  –  Pronac  Ltda.  hoy  Promotora  de  Propiedad  Horizontal  Limitada  -Protal Ltda.-   

Demandado:  

Tribunal  Superior  del Distrito Judicial de  Barranquilla.   

Magistrado Ponente:  

Dr.     GABRIEL     EDUARDO    MENDOZA  MARTELO   

Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil  nueve (2009).   

La  Sala  Cuarta  de  Revisión  de  la Corte  Constitucional,  integrada  por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,  Mauricio  González  Cuervo  y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub en ejercicio de sus  competencias     constitucionales     y     legales,     ha    pronunciado    la  siguiente   

SENTENCIA  

                                       

en  el  proceso  de revisión de la sentencia  proferida  por  la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el  trámite  de  la  acción  de  tutela promovida por las sociedades Centro Nelmar  Ltda.   y   Promotora   Nacional   de   Construcciones   Limitada   –   Pronac   Ltda.   hoy  Promotora  de  Propiedad  Horizontal  Limitada  -Protal  Ltda.-  contra el Tribunal Superior de  Barranquilla-Sala Primera de Decisión Civil-Familia.   

I. ANTECEDENTES  

1. Solicitud  

2. Relato fáctico  

Los hechos, tal como los presenta la demanda,  tienen  un  orden  cronológico concomitante con el inicio del proceso ejecutivo  hipotecario que dio lugar a la sentencia objeto de revisión.   

1.  Febrero  10  de  1976.  Las  entidades  accionantes  junto con el Banco  Central        Hipotecario        –B.C.H.-  (actualmente  en  liquidación), suscribieron una escritura  pública   con   garantía   hipotecaria  a  favor  del  referido  banco.  Dicha  obligación  se  materializó  en  dos  pagarés  pactados  en  UPAC, los cuales  correspondían  a  las  sumas  de  $12´370.119.69  y  $39´734.822.72 de pesos,  respectivamente.   

2.  Octubre  13  de  1983. El B.C.H. presentó  demanda   ejecutiva   con   título  hipotecario  en  contra  de  las  referidas  sociedades.  El  Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, como juez de  conocimiento,  decretó  el  embargo  de  un  total de veintidós (22) inmuebles  propiedad  de los ejecutados, de los cuales diecisiete (17) eran de propiedad de  la  sociedad  Centro  Nelmar  Ltda.  (15  apartamentos y 2 locales comerciales),  ubicados  en el Conjunto Habitacional y Comercial Centro Nelmar, en la ciudad de  Barranquilla;   y   los   otros   cinco   (5)  inmuebles  pertenecían  a  otros  copropietarios.   

3. La sociedad Centro  Nelmar  Ltda.,  Pronac Ltda. y Enrique Zeisel y Cía., contestaron la demanda, a  través   de   apoderado   judicial,   proponiendo  i)  excepciones    de    pago    parcial;   ii)   ilegitimidad   en   la  personería  sustantiva    del    demandado;   iii)   inepta   reforma   de   la   demanda;  iv)  nulidad  absoluta  del  contrato de mutuo respecto del  pagaré    suscrito   por   valor   de   $12´370.119.69   pesos,   v)  además de haber propuesto excepciones  previas.   

4.  Febrero   28   de   1997.  El  juzgado  de  conocimiento  dictó  sentencia  de  primera  instancia  en  la  cual ordenó lo  siguiente:   

    

* declarar probada la inexistencia de la obligación;     

    

* desembargar los bienes trabados en este asunto; y     

    

* condenar  al  ejecutante  a pagar las costas y los perjuicios que se  hubieren  causado,  con  ocasión  de  las  medidas cautelares y del proceso, de  conformidad con el inciso final del artículo 307.     

La   anterior   decisión   fue   apelada  oportunamente por el Banco ejecutante.   

5.  Octubre   31   de   1997.  La  Sala  Civil  –  Familia  del  Tribunal  Superior   de   Barranquilla   al   conocer   de   la  apelación  resolvió  lo  siguiente:   

“1.  Revocar  la sentencia de fecha 28 de  febrero  de  1997  proferida  en  el  presente proceso por el Juzgado Octavo (8)  Civil del Circuito.   

“En su lugar dispone:  

“A).  Declarar  probada  la excepción de  prescripción  del pagaré No. ACO 3931135 y por tanto extinguida la obligación  hipotecaria,  a  favor  de  las  señoras  GLORIA ESCOBAR DE EVANS y JOYCE SMITH  ESCOBAR.   

“Ordenase levantar las medidas cautelares  practicadas  con  relación  a estas señoras. Costas y perjuicios a cargo de la  parte    demandante.    Liquídense    por    secretaría    del   juzgado   del  conocimiento.   

“B). Declarar nulo de nulidad absoluta el  pagaré  No.  ACO  3933052  contentivo  de  30.538.9589  UPAC,  por  las razones  expuestas en la parte motiva de este proveído.   

“C).  Declarar  probada  la excepción de  PAGO  PARCIAL  propuesta,  quedando  como  saldo insoluto el valor equivalente a  423.3575  UPAC,  que  deberán  pagar  las demandadas, salvo las señoras GLORIA  ESCOBAR DE EVANS y JOYCE SMITH DE ESCOBAR.   

“D). Ordenar la venta en pública subasta  de  los  bienes  embargados y secuestrados, para que con el producto se pague al  demandante  el  crédito  y  las  costas  a  que  hubiere lugar. Se exceptúa el  apartamento  43A  Torre  A  situado en el edificio Centro Nelmar de propiedad de  las  señoras  GLORIA  ESCOBAR  DE EVANS y JOYCE SMITH DE ESCOBAR, con matricula  inmobiliaria No. 040-0051504.   

“E). Costas de primera instancia en un 20%  a  cargo  de  la  parte  demandada,  a  excepción  de  las  favorecidas  con la  excepción de prescripción.   

“F). Ordenar al juez del conocimiento, que  limite  los embargos y secuestros decretados y practicados de conformidad con el  inciso 8° del artículo 513 del C de P.C.   

“2)     Sin    costas    en    esta  instancia.”   

El  apoderado  judicial  de  las  demandadas  solicitó  adición  y  aclaración  de la referida sentencia. El anterior fallo  fue  entonces  aclarado  mediante  providencia del 2 de  febrero  de  1998  en  el cual el Tribunal Superior de  Barranquilla señaló lo siguiente:   

“Debe manifestarse sobre el aspecto de las  condenas  requeridas  que  la  Sala  al  declarar  probada la excepción de pago  parcial,  quiso  (sic) dejar  en  claro  que  observaba  excesivas  las  medidas cautelares, ya que el monto o  valor  de  lo debido y por lo que debía continuar el proceso, había disminuido  considerablemente.  Por  esa  razón  solicitó  al A QUO que tuviera en cuenta,  para  el momento de la limitación de los embargos, los parámetros establecidos  en  el  inciso 8° del Art. 513 del C. de P. Civil, como son que el valor de los  bienes  embargados no exceda del doble del crédito cobrado, sus intereses y las  costas prudencialmente calculadas.   

“Es  lógico concluir, que la limitación  ordenada  en  el  literal F) de la sentencia sólo la puede practicar el Juez de  instancia,  cuando el Deudor si a bien lo tiene, hace la respectiva solicitud de  reducción  de  conformidad  con  el  artículo  517  del C de P. Civil, pues no  existe   procesalmente   otra  oportunidad  para  ello.  En  efecto,  la  única  oportunidad  totalmente oficiosa es en el momento en que se decreta la medida de  embargo  o  cuando  se  práctica el secuestro, y como se observa esas etapas ya  ocurrieron en el presente trámite.   

“El artículo 517 enunciado en el acápite  anterior,  exige  para su ordenación el cumplimiento de una serie de requisitos  por  parte  del  deudor,  que impiden su aplicación oficiosa por el funcionario  judicial.  En  ese  sentido  debe  entenderse la sentencia, literal F) ya que se  repite,  la limitación debe hacerse siempre y cuando la parte interesada cumpla  con las formalidades, si a bien lo tiene, del art. 517 ejusdem.   

“De  otro  lado  se  manifiesta  que,  el  levantamiento  de  las medidas cautelares ordenado por el artículo 687 del C de  P.  Civil numeral 4°, referente a su posibilidad, cuando se declare probada una  excepción  de  mérito,  sólo  ocurre  cuando  dicha  excepción  (sic)  el  proceso y ello no sucedió en  el  presente  caso.  No  era  pues  procedente  ordenar  en  el  Resuelve  de la  Sentencia,  la  condena  en  costas  y  perjuicios  que alega el peticionario se  omitió y debe ser adicionada.   

“Finalmente se  reitera,  que  en  la  sentencia  no  se  ordenó  el  levantamiento  de medidas  cautelares,  y  por  tanto  no  era procedente la condena en costas y perjuicios  solicitadas.   

Así,  de  conformidad  con  las  anteriores  consideraciones, resolvió lo siguiente:   

“1)  No  acceder  a  la  Adición  de  la  Sentencia de fecha 31 de octubre de 1997.   

“2)  Aclarar  el  literal  F)  del  punto  primero  de la sentencia de fecha 31 de octubre de 1997, en el sentido de que la  limitación  de  los embargos y secuestros ordenada, se realizará siguiendo los  parámetros   del   artículo  513  inciso  8°,  siempre  que  se  presente  la  oportunidad contemplada en el artículo 517 ibídem.”   

6.  Marzo  11  de  1998.  El  apoderado de los  ejecutados,  en cumplimiento de las decisiones judiciales anteriores y por medio  de  petición  dirigida  al  Juzgado  Octavo Civil del Circuito de Barranquilla,  solicitó  el  avalúo  de todos y cada uno de los bienes inmuebles embargados y  secuestrados,  así  como también la designación de los peritos para ello y el  señalamiento  del término en que debían rendirse el dictamen correspondiente,  petición  que  se hizo de conformidad con lo preceptuado por los artículos 513  y 517 del C de P.C.   

7.  Junio  3 de 1998. El mismo apoderado de los  ejecutados,  solicitó  el  levantamiento  de  los  embargos y secuestros de los  bienes  inmuebles  trabados  en  esta  litis  con la excepción señalada por el  Tribunal  Superior  en  sus  providencias,  informando  de esta actuación a los  secuestres     designados.     Finalmente,     solicitó     que    “se  condenara  en  costas  y  perjuicios  a  la parte demandante  (B.C.H.).”   

8.  Julio  8  de  1998. En Auto de ésta fecha,  el Juzgado Octavo Civil del Circuito señaló lo siguiente:   

“Acorde  con  lo  dispuesto  en el inciso  segundo  del  art.  517  del C de P.C., y conforme a lo ordenado en el literal F  del  punto primero de la sentencia de fecha 31 de octubre de 1997, proferida por  el  Tribunal  Superior  del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de decisión  Civil   –  Familia,  y  teniendo  en  cuenta  que  los embargos fueron exagerados o abusivos en más del  50%  de  las  pretensiones  probadas  y declaradas por el Tribunal Superior Sala  Civil    –   Familia,  teniendo en cuenta la facultad contenida en el inciso  final del art. 517 del estatuto procesal,   

RESUELVE  

“1°)  Decretar  el desembargo parcial de  los  bienes  inmuebles  embargados  y  secuestrados  dentro  de  este proceso, a  excepción  del APARTAMENTO 41 A de la Torre A del Edificio Centro Nelmar Ltda.,  con  folio  de matrícula inmobiliaria No. 040-51502, ofíciese en tal sentido a  la  Oficina  de  Registro  de  Instrumentos  Públicos  de Barranquilla, y a los  respectivos secuestres, para su entrega.   

“2°)  Condenar  en   costas   y   perjuicios   al   ejecutante.   Tásense   las   primeras  por  secretaría” .   

9.  Julio  14  de  1998. El apoderado del Banco  Central        Hipotecario        –B.C.H.-  ahora  en liquidación, presentó recursos de reposición y  en  subsidio  de  apelación  en contra de la decisión del 8 de julio del mismo  año,  alegando  que  “dentro  del  proceso  de  la  referencia,  aún  no  se  ha  ordenado  el  remate de los bienes trabados en el  proceso,  razón  por  la  cual  la  disposición aplicable es el artículo 517,  numeral  1,  y  no el inciso final de la norma antes citada, que informa el auto  que  se impugna con este escrito”. Mediante decisión  del  22  de julio de 1998, el  Juzgado   Octavo  Civil  del  Circuito  de  Barranquilla  negó  el  recurso  de  reposición y rechazó por improcedente el de apelación.   

10.   Contra  la  decisión  del  8  de  julio  de  1998, el Banco Central Hipotecario, actuando a  través  de  apoderado  judicial,  presentó una acción de tutela al considerar  que  se  le  había violado su derecho fundamental al debido proceso. En efecto,  señala  que  la  referida decisión surgió como una vía de hecho, en tanto el  numeral  9°  del  artículo  555  del  Código  de Procedimiento Civil, dispone  expresamente  que  en los procesos ejecutivos hipotecarios no son aplicables los  artículos  517 a 519 del mencionado código, en virtud de la indivisibilidad de  la  hipoteca,  razón por la cual, si no es posible la reducción de embargos en  los  procesos  ejecutivos  con  títulos  hipotecarios, tampoco es predicable la  condena   en  costas  y  perjuicios  que  tenga  origen  en  dicho  aspecto.  En  providencia   del   27   de   julio   de   1999,   la  Sala  Civil  –  Familia  del  Tribunal  Superior  de  Barranquilla  negó  la  tutela  en  primera  instancia,  al  considerar  que el  accionante  pudo  recurrir  la decisión atacada en sede de tutela, por vía del  recurso de queja.   

11. Por su parte la  Sala  de  Casación  Civil –  Agraria  de  la  Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 7 de septiembre del  mismo   año,   confirmó   la   decisión   del   a  quo.  Sin  embargo,  como parte de las consideraciones  expuestas señaló que:   

“del   examen   de  la  providencia  en  cuestión,  como  de  la que resolvió la aclaración y adición de la sentencia  de  segunda instancia, advierte la Corte que en efecto el accionado incurrió en  la  vía  de  hecho  que pregona el accionante, pues aquél dio una inteligencia  totalmente  equivocada  a  lo  ordenado  por  el Tribunal en el literal f) de su  sentencia,  ya que si éste hizo alusión al artículo  517,  fue para poner de presente que la reducción de las medidas debía hacerse  a   petición   de  parte  porque  las  oportunidades  procesales  que  permitirían  hacerlo  de  manera oficiosa ya habían fenecido.  Siendo  eso  así,  al  accionando  no  le  correspondía  condenar  en costas y  perjuicios  al  ejecutante  con  ocasión  del  desembargo parcial de los bienes  inmuebles  embargados  y  secuestrados  dentro  del  proceso  a  que se ha hecho  alusión,  de  un  lado,  porque  eso  no  fue lo que  ordenó  el  Tribunal  en  la  providencia  del 2 de febrero de 1998 y, de otro,  porque  el  numeral  9°  del  artículo  555  del C. de P.C. dispone que en los  procesos   ejecutivos   con   título   hipotecario  o  prendario:  ‘no  son aplicables los artículos 517  a 519’.”   

12.  Noviembre  5 de 1998, el apoderado judicial  de   las   demandadas  instauró  el  respectivo  incidente  de  regulación  de  perjuicios  en  contra  del  banco ejecutante. En Octubre 15 de 1999, el Juzgado  Octavo  Civil  del  Circuito  de Barranquilla, se pronunció en relación con el  incidente  de  regulación  de  perjuicios promovido, y en dicho pronunciamiento  encontró   probados  los  perjuicios  alegados  y  condenó  al  Banco  Central  Hipotecario    -B.C.H.-    a    indemnizar    por   concepto   de   daño    emergente    y    lucro  cesante  a  las  sociedades Nelmar  Ltda.  (cedente) y Promotora Nacional de Construcciones Limitada (Pronac Ltda.),  (cesionaria   de   la   primera).   (Subraya   y   negrilla   fuera   del  texto  original)   

Por  concepto de daño emergente concedió el  pago  de  una  suma  equivalente  en  moneda legal colombiana a 8.785.5000 UPAC.  Indicó  igualmente,  que estos perjuicios se actualizarían desde octubre 15 de  1999,  liquidándose  intereses del 9% anual hasta la ejecución del fallo y del  13.5%  anual  desde dicha fecha hasta el pago, fecha en la cual se convertirían  a pesos.   

Respecto      del      lucro  cesante  reconoció el pago de una  suma  equivalente  en  moneda  legal  colombiana a 2.150.593.9000 UPAC, más los  intereses  del  9% anual hasta la ejecutoria del fallo y del 13.5% anuales desde  dicha   fecha   hasta   el   pago,   fecha   en   la  cual  se  convertirían  a  pesos.   

Así  mismo,  condenó en costas a la entidad  demandante,  Banco  Central  Hipotecario  por concepto del presente incidente, y  ordenó su liquidación por Secretaría.   

La  anterior  decisión  fue  apelada  por el  B.C.H.   

13.  Diciembre  4  de  2001.  La Sala Civil –  Familia   del   Tribunal  Superior  de  Barranquilla  resolvió  el  recurso  de  apelación     señalado    en    el    numeral    anterior,    decidiendo    lo  siguiente:   

    

1. “Revocar  el  punto  4) inciso segundo del literal a) del auto de  ordenación  probatoria  de  fecha 16 de junio de 1999, y en su lugar ordenar al  A-QUO,  que  decrete  la  inspección  judicial  con  exhibición  de documentos  solicitados  por el BCH a través de apoderado, sobre los libros de contabilidad  de    las    sociedades    demandadas   en   el   proceso   que   motivó   este  incidente.     

    

1. “Adicionar  el  auto  de fecha 16 de junio de 1999, en el sentido  de  ordenar  al A-QUO que decrete la práctica de un dictamen pericial a efectos  de  determinar  los  posibles perjuicios ocasionados por el BCH a las sociedades  peticionarias de los mismos.     

    

1. “Revocar  en  su  totalidad el auto de  fecha  15  de  octubre  de 1999, a efectos de que se profiera con posterioridad,  una  vez  agotado el periodo probatorio.” (Subraya y  negrilla fuera del texto original).     

14.  Septiembre  19  de  2003. El apoderado del  B.C.H.  formuló  petición  de  nulidad,  en  la  que solicita que se desate el  incidente  de  regulación de perjuicios y el mismo sea declarado como terminado  por  cuanto  no hay lugar a condena en perjuicios. Esta petición se sustenta en  lo  resuelto  por  el  Tribunal  Superior de Barranquilla en sentencia del 31 de  octubre  de 1997, que fue aclarada en providencia del 8 de febrero de 1998, y en  las  consideraciones  expuestas  por  la  Sala  de  Casación Civil –   Agraria  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  en  sentencia  del  7  de septiembre de 1999 que resolvió en segunda  instancia  la  tutela promovida por el B.C.H. contra el Juzgado Octavo Civil del  Circuito de Barranquilla.   

15.  Septiembre  26  de  2003. El Juzgado Octavo  Civil  del  Circuito de Barranquilla rechaza de plano la petición del apoderado  del  B.C.H.  en el sentido de desatar el incidente de regulación de perjuicio y  de  declararlo  terminado por no haber lugar a condena en perjuicios. Consideró  el  juez  que  la  conducta  del  apoderado fue temeraria, razón por la cual lo  condenó  al  pago  de  una  multa  y  ordenó compulsar copias del incidente de  perjuicios  y  demás  piezas  pertinentes  a  la Sala Disciplinaria del Consejo  Seccional  de  la  Judicatura  para  ser  investigado  por  faltas  a  la ética  profesional y otras infracciones.   

16.  Octubre  14  de 2003. Recurrida la anterior  decisión,  la  Sala Civil –  Familia  del Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la decisión de primera  instancia,  en cuanto consideró que estuvo bien negado el recurso de apelación  interpuesto  contra  el  auto  de septiembre 26 de 2003, dictado por el referido  juzgado, en el trámite de regulación de perjuicios.   

17.  Previamente  a  esta  decisión,  el  Juzgado  Octavo  Civil  del  Circuito  de  Barranquilla en  providencia  del  26 de septiembre de 2003,  y  en  cumplimiento a lo decidido por el Tribunal Superior de esa  misma ciudad ordenó lo siguiente:   

“1°  Ordénase  la  práctica  de  una  inspección  judicial  con  exhibición  de documentos solicitada por el B.C.H.,  sobre  los libros de contabilidad de las sociedades demandadas en el proceso que  motivó  este  incidente:  PRONAC  LTDA.,  CENTRO NELMAR LTDA.; ENRIQUE ZEIZEL Y  CÍA.  LTDA.;  INGENIERÍA  ARQUITECTURA  CONSTRUCCIONES,  para  determinar  los  aportes  que  cada una de ellas hizo, tal y como lo expresó su apoderado, en el  desarrollo  del  proyecto  CENTRO  NELMAR  LTDA,  con  perito Contador Público.  Fijase  la fecha del dieciséis (16) de Octubre de 2003, a partir de las 9. a.m.  Nombrase  PERITO  para  esta diligencia, al señor HENRY VÉLEZ ORTEGA, auxiliar  de lista oficial del Consejo Superior de la Judicatura.   

“2°  Decretar  un dictamen pericial para  determinar  los  posibles  perjuicios ocasionados por el B.C.H. a las sociedades  antes  mencionadas,  con  motivo  del  proceso  HIPOTECARIO instaurado por dicha  entidad  contra  éstas. Nombrase perito al señor HENRY VÉLEZ ORTEGA, Contador  Público  quien  forma parte de la lista de Auxiliares de la Justicia, elaborada  por  el  Consejo  Superior  de  la Judicatura, quien deberá rendir su dictamen,  dentro  de los 20 días siguientes a su posesión. Se le anexa cuestionario para  absolver.”   

18.  Diciembre  10  de  2003.  El  perito Henry  Vélez  Ortega  rindió  su  dictamen  pericial  en el cual concluye que el gran  total  de  los  perjuicios  hasta  septiembre de 2003 era de $53.333´285.403.10  pesos.   

Este  dictamen  pericial  fue objetado por el  apoderado  judicial del banco, el cual solicitó su complementación y adición.  Así,  en  cumplimiento  de  lo  ordenado  por  el juez de primera instancia, el  referido  perito rindió un nuevo dictamen en el que estableció como perjuicios  hasta   el   30   de   septiembre   de  2003,  la  suma  de  $52.964´924.292.93  pesos.   

19.  Abril  30  de  2004.  No  contento  con la  liquidación  de  los  referidos  perjuicios,  el  apoderado  del banco formuló  objeción  al  mismo,  alegando  en  esta  oportunidad la ocurrencia de un error  grave.   

20.  Marzo  5  de  2005.  La  doctora  Catalina  Ramírez  Villanueva, juez Octava Civil del Circuito de Barranquilla en encargo,  resuelve la objeción por error grave, en los siguientes términos:   

“Examinadas  las  normas  estudiadas  en  relación  con el caso que nos ocupa, se observa que en el cursante incidente de  perjuicios  promovido  por  PRONAC LTDA., Y CENTRO NELMAR LTDA., contra el BANCO  CENTRAL  HIPOTECARIO, efectuado el traslado ordenado en la ley adjetiva, se hace  necesario  decretar  pruebas  necesarias  para  resolver sobre la existencia del  error,  por considerarlo útil y conveniente para la verificación de los hechos  relacionados   con   las   alegaciones   de   las  partes,  propugnando  por  el  establecimiento  de  la verdad material, el establecimiento del valor justicia y  la  prevalencia del derecho sustancial, de conformidad a lo ordenando en nuestra  Constitución Política, razón por la cual se,   

RESUELVE  

“PRIMERO:  Decretar  las  pruebas  dentro  de  la  objeción  por  error  grave al dictamen  pericial,  promovida  en  el presente incidente de perjuicios, fijando para ello  el  término  de  diez  (10)  días para su práctica, según lo ordenado en las  normas procesales.   

“SEGUNDO:        Decretar   la   práctica  de  un  nuevo  dictamen  pericial,  para  determinar   los   posibles   perjuicios   ocasionados   por  el  BANCO  CENTRAL  HIPOTECARIO,  a  las  sociedades  PRONAC  LTDA.,  y  CENTRO  NELMAR  LTDA., y de  conformidad  con  lo establecido en el artículo 2° del Acuerdo 1852 de Junio 4  de  2003,  expedido  por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, modificatorio del  Acuerdo  1518 de 2002, de esa misma Corporación, respecto de que cuando faltare  o  no se hubiere integrado la lista para un cargo por materia o especialidad, el  funcionario  judicial  aplicará lo dispuesto en el artículo 9° del Código de  Procedimiento  Civil, haciendo la designación en persona debidamente calificada  para  el  oficio,  desígnese  para cumplir tal labor a la Dra. GISELA ANASTASIA  GARCÍA TORRES, perito financiero ….   

“TERCERO:  Ordénese  que  los  gastos  que  implique  la  práctica de la prueba pericial,  serán  de cargo de las partes procesales dentro del incidente por igual, …”   

21.  Julio  11  de  2005.  La perito financiero  designada  para determinar los posibles perjuicios reclamados en el trámite del  presente   proceso  ejecutivo  hipotecario,  señaló  en  su  informe  que  los  perjuicios   calculados  a  septiembre  de  2003  ascendían  a  la  suma  de  $  28.740´798.978  pesos.  De  este  dictamen pericial se solicitó, por parte del  apoderado   de   las  partes  ejecutadas,  la  complementación  y  aclaración,  petición   que   fue  aceptada  por  la  Juez  Octava  Civil  del  Circuito  de  Barranquilla.  Así,  en Octubre 14 de 2005,  la referida perito, expidió un nuevo dictamen pericial en el que  determinó  que  los  perjuicios liquidados a septiembre de 2003 ascendían a la  suma  de  $50.281597.574  pesos.  Dicha suma actualizada al mes de julio de 2006  ascendía   a   un   gran   total  de  $63.308.235.827  pesos.   

22.   Diciembre  12  de  2005.  El  apoderado  judicial  del  Banco  Central  Hipotecario,  expuso  nuevamente  en  un  amplio  escrito, los argumentos en que fundaba su desacuerdo  tanto   con  el  inicio  como  con  el  desarrollo  del  presente  incidente  de  liquidación  de  perjuicios,  controvirtiendo el origen del mismo incidente, el  problema  probatorio  que este presentaba, así como la jurisprudencia relevante  para  el  caso  concreto.  Como  petición  final,  solicitó  que  se diera por  terminado  el  incidente  en  cuestión,  en  razón a que carecía de objeto de  acuerdo con lo expuesto en su intervención.   

23.  Abril  7  de  2006. El Juzgado Octavo Civil  del  Circuito de Barranquilla resolvió el incidente de perjuicios promovido por  las entidades demandadas PRONAC LTDA., y CENTRO NELMAR LTDA.   

Por ser esta providencia determinante dentro  del  proceso  y  antecedente  de  la  que  ahora  se acusa por vía de hecho, se  transcribe en su totalidad.   

“II.- ANTECEDENTES:  

“De  conformidad  con  lo observado en el  expediente  contentivo  del  cursante proceso, el Incidente de Perjuicios, surge  dentro  de  un  Proceso Ejecutivo Hipotecario que se inició mediante demanda de  esta  índole, presentada por el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO contra las sociedades  PROMOTORA  NACIONAL DE CONSTRUCCIONES LTDA “PRONAC”, CENTRO NELMAR LTDA, ENRIQUE  ZEIZZEL   Y   COMPAÑÍA  LTDA.,  INGENIERIA  ARQUITECTURA  CONSTRUCCIONES,  con  fundamento  en  la  Escritura  Pública  de  Hipoteca  No. 160, otorgada ante la  Notaría  Primera  de  esta  ciudad  el 10 de Febrero de 1976 y dos Pagarés por  valor  de  30.538.9589  UPACS y 95.627.5187 UPACS. Examinada la demanda anotada,  el  despacho  por  proveído  de  21 de Octubre de 1983, admitió la demanda por  considerar  que reunía los requisitos de ley. Los demandados fueron notificados  mediante   Curador  Ad-Litem,  y  reformada  la  demanda  se  incluyeron  nuevos  demandados,  a  quienes  también  se  les notificó de manera personal mediante  Curador                Ad­-Litem.   

“Los  demandados  CENTRO  NELMAR,  GLORIA  ESCOBAR  DE EVANS Y JOYCE MARÍA SMITH ESCOBAR contestaron la demanda y mediante  Apoderado  Judicial,  propusieron  las  Excepciones  de Mérito de Pago Parcial,  Nulidad  Absoluta del Contrato de Mutuo por 30.538.9589 UPACS y Prescripción de  los  Pagarés con relación  a  ellos,  respectivamente,  a  las  que  se  les  dio el trámite legal, siendo  decididas  por el Despacho por providencia adiada Febrero 28 de 1997, en la cual  se   resolvió  declarar  probada  la  excepción  de  inexistencia   de   la   obligación.  Notificada  la  sentencia  de  primera  instancia,  la  parte  Demandante  presentó  recurso de  Apelación,  que  fue resuelto por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE  BARRANQUILLA  SALA CIVIL FAMILIA en providencia calendada Octubre 30 de 1997, en  la  que  se  dispuso  en  su  numeral  1°, Revocar la  Sentencia  de  fecha 28 de Febrero de 1997, proferida en el presente proceso por  el  Juzgado  Octavo (8) Civil del Circuito. Igualmente  dispuso   en   la   misma   providencia   el   citado   organismo,  declarar  probada  la  excepción  de prescripción del pagaré No.  ACO  3931135  y  por  tanto extinguida la obligación hipotecaria a favor de las  señoras  GLORIA  ESCOBAR  DE  EVANS  Y  JOYCE  SMITH  ESCOBAR; declarar nulo de  nulidad  absoluta  el pagaré No. ACO 3933052; declarar probada la excepción de  pago  parcial  quedando como saldo insoluto el equivalente en UPAC, que deberán  pagar   las   demandadas   GLORIA   ESCOBAR   DE  EVANS  Y  JOYCE  ESMITH  (sic)  ESCOBAR,  ordenar la venta  en  pública  subasta  de  los bienes embargados y secuestrados, para que con el  producto   se   pague   al  demandante  el  crédito  y  las  costas  a que hubiere lugar, costas de primera  instancia  en  un  20%  a  cargo  de  la  parte  demandada,  a excepción de las  favorecidas  con  la  excepción de prescripción y ordenar al juez del  conocimiento que limite los embargos y secuestros decretados y  practicados  de  conformidad  con  el  inciso  8°  del  articulo  513 del C. de  P.C.   

“Proferida  la  sentencia  aludida,  el  Apoderado   Judicial   de   la  sociedad  PRONAC  LTDA.  solicitó  adición  y/o  aclaración  de la misma.  con   fundamento  en  que  al  ordenarse  la  limitación  de  los  embargos  de  conformidad  con  el  inciso  8°  del  artículo  513 del C. de P.C., se debió  también  ordenar  que  al momento de la reducción se condenara en perjuicios a  la    parte   Ejecutante,  de   conformidad   con   lo  ordenado  en el último inciso del art. 517 ibídem.,  y  que  el  fallo  omitió  la  condena  en costas a la ejecutante porque cuando  prospera  una  excepción  de  mérito  se  levanta  el embargo y secuestro y se  condena      en      costas      y      perjuicios     de     oficio­.   

‘Finalmente  se  reitera,  que  en  la  sentencia  no  se ordenó el  levantamiento  de  medidas  cautelares, y por tanto no era procedente la condena  en  costas  y  perjuicios  solicitadas.’…   

“Ejecutoriada la providencia mencionada,  contrariamente  a  lo  resuelto  por  el  Tribunal  en  su  sentencia de segunda  instancia  y  en  su  aclaración,  el Juzgado por providencia adiada Julio 8 de  1998,  previa solicitud de levantamiento de las medidas cautelares propuesta por  el  Apoderado  Judicial  de  la  parte  demandada,  resolvió  indicando  que de  conformidad  con el literal f del punto primero de la sentencia proferida por el  Tribunal           Superior          de          Barranquilla  se Decreta el  Desembargo  Parcial  de los bienes inmuebles embargados y secuestrados dentro de  este  proceso  a  excepción  del  Apartamento  41  A de la Torre A del Edificio  Centro  Nelmar  y  condenar en costas y perjuicios al  ejecutante. Tásense las primeras por secretaria.   

“En  firme  el  auto  anterior  por  la  resolución  de  los recursos y memoriales interpuestos por la parte Demandante,  la  sociedad  demandada  promovió  el  Incidente  de  Perjuicios  que  hoy  nos  ocupa.   

“III.     CONSIDERACIONES     DEL  DESPACHO   

“El problema jurídico principalmente en  el  asunto  sometido  a estudio, de acuerdo con el criterio de este juzgador, se  limita  a  determinar si ¿Puede el Juez de Primera Instancia o Inferior, a motu  propio  (sic) desconocer lo  decidido   por  e1  Juez  de  Segunda  Instancia  o  Superior  y  condenar al pago de unos perjuicios que no fueron reconocidos en la  sentencia  proferida?  Para  los  efectos  anteriores,  el  despacho avocará la  resolución  del  problema planteado, de acuerdo con las normas jurídicas y los  hechos relevantes probados en el cursante proceso.   

“3.1.- PREMISAS NORMATIVAS:  

“El   artículo  517  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  modificado  por  el  Decreto  2282  de  1989, pero sin la  reforma  de  la Ley 794 de 2003, en su inciso final, relativo a la reducción de  los  embargos,  cuando  se  consideraba por el ejecutado que éste era excesivo,  disponía  en  su  inciso  final  que: ‘Cuando  en  concepto  del  juez  los  embargos  fueren exagerados o  abusivos,  al  decretarse  su  reducción  se  condenará  al ejecutante a pagar  perjuicios al ejecutado.’   

“No  obstante  lo anterior, el artículo  555  Ibídem,  correspondiente  a las disposiciones especiales para el ejecutivo  con  título  hipotecario  o  prendario,  reformado por el Decreto 2282 de 1989,  mantenido  por  la  Ley  794  de  2003, numeral 9°, establece que: ‘En este proceso no son aplicables los  artículos  517  a  519.  En  todo  lo  no  regulado en el presente capítulo se  aplicarán  las  normas  de  los  Capítulos I a VI de este título.’   

“En   armonía  con  lo  anterior,  el  artículo  6°  del  estatuto  procesal citado, concerniente a la observancia de  las  normas  procesales,  preceptúa:  ‘Las  normas  procesales son de derecho público y orden público y,  por  consiguiente,  de  obligatorio  cumplimiento, y en ningún caso podrán ser  derogadas,  modificadas      o  sustituidas   por   los  funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.   

‘Las  estipulaciones  que  contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por  no escritas.’   

“Precisamente  para  preservar la fuerza  obligatoria  de  las  normas  procesales, el artículo 140 de nuestro Código de  Procedimiento        Civil,        atendiendo  el  principio  de  especificidad, señala taxativamente  las  causales  de nulidad, disponiendo entre ellas en su numeral 3° la atinente  a   cuando   el   juez  procede  contra  providencia  ejecutoriada  del  superior,  en  razón  de  que  la  segunda  instancia  constituye  garantía  de justicia, pues se supone que quien  conoce  de ella es funcionario de condiciones superiores y de mayor experiencia,  e  igualmente,  para que de acuerdo con lo dicho por la Jurisprudencia Nacional,  se  pueda  evitar  la concentración de poderes judiciales que puedan desembocar  en el absolutismo jurídico o en el abuso del derecho.   

“3.2    PREMISAS    FÁCTICAS:   

“En el evento que nos ocupa, el Incidente  de  Liquidación  de  Perjuicios,  presentado  por  la  parte  Demanda, mediante  representante  judicial,  tiene  lugar porque pese a lo decidido por el Tribunal  Superior  de  Barranquilla  en  Sala  Civil  Familia, en su sentencia de segunda  instancia,  respecto  a  la limitación de los embargos, como consecuencia de la  prosperidad  de las excepciones de Prescripción, Pago Parcial, Nulidad Absoluta  y  venta  en  pública  subasta de los bienes embargados y secuestrados, para el  pago  del  saldo  insoluto,  e  improcedencia de costas y perjuicios a cargo del  ejecutante,  el Juzgador que venía tramitando el proceso ejecutivo hipotecario,  mediante  auto  posterior dispuso el desembargo parcial de los bienes embargados  y  secuestrados  y  condenó  en  costas  y perjuicios a la sociedad ejecutante,  providencia  que  fue  recurrida  por  la  actora,  pero  denegados los recursos  interpuestos.   

“Examinadas  las normas referentes a la  procedencia  de  la  condena  al  pago  de  perjuicios,  como consecuencia de la  limitación  de los embargos, así como los principios  y     normas    procesales,    es    claro  que en ningún momento cabía la  condena  en  perjuicios para el ejecutante en el caso que nos ocupa ­pues   no   sólo  tal  condena  se  encontraba  expresamente  prohibida  en  la  ley  procesal,  por  tratarse de un  proceso  ejecutivo  hipotecario  sino que el inferior desbordó su actuación al  proferir  en  contra  de  lo dispuesto por el superior, quien en la sentencia de  segunda  instancia  proferida  el  30  de  Octubre  de  1997,  se abstuvo de esa  condena,  además  de  que  en sentencia complementaria de aclaración calendada  Febrero  2  de  1998,  la  misma  Corporación reiteró la petición de la parte  demandada  que  no era procedente la condena en costas y perjuicios porque en la  sentencia  no  se  ordenó  el  levantamiento  de  medidas  cautelares  sino  su  limitación.   

“De   manera  que  es  obvio  que  la  providencia   de   condena   en   costas   v   perjuicios  estudiada,  vulnera  flagrantemente las normas procesales, los principios de  la  doble  instancia y de Seguridad Jurídica, así como el de Cosa Juzgada, por  cuanto  es  claro  que no  puede  el  juzgador  de  primera instancia, modificar a motu propio (sic)   la  decisión  tomada  por  su  superior,   que   además   adquirió   carácter  de  cosa  juzgada,  por  cuanto  las  características principales de ese fenómeno  son la de  prohibir  a  los  funcionarios  judiciales  conocer,  tramitar  y  fallar sobre  lo  resuelto,  y  como  función  positiva,  dotar de seguridad a las relaciones  jurídicas y al ordenamiento jurídico.   

“Ahora  bien, aceptar que la condena en  perjuicios  mantenga  sus  efectos  y  por  lo  tanto se liquiden sus elementos,  sería  también  violar  el  principio de seguridad jurídica que es uno de los  valores  primordiales  del  Estado  de  Derecho,  que  nos  enseña que  al  lado  del  bien  común  y  de la justicia, el otro Valor  fundamental  es  el  de  la  seguridad  jurídica;  solo  a la luz de este valor  podemos  entender instituciones vitales para el derecho como son la caducidad de  las  acciones  o  la  prescripción  de  los derechos y de los delitos: sólo la  seguridad  permite  entender instituciones como la cosa juzgada que buscan darle  firmeza al derecho y tranquilidad a los ciudadanos.   

“Abundando   en   razones   sobre  la  existencia  del error en la providencia acusada, se observa la misma providencia  de  Tutela  de  la  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA,  que  decidió  la  impugnación  del fallo proferido en primera instancia por el  Tribunal  Superior de Distrito Judicial de Barranquilla. el día 7 de Septiembre  de  1999,  en  la  cual  el  alto  Tribunal,  así  lo  reconoce  y  manifiesta:  ‘Del  examen  de  la  providencia  en  cuestión (fl.30, c.l), como de la que resolvió la aclaración  y  adición  de  la sentencia de segunda instancia (fls.27 al 29, ej.), advierte  la  corte  que en efecto el accionado incurrió en la  vía  de  hecho  que  pregona  el  accionante,  pues aquél dio una inteligencia  totalmente  equivocada  a  lo  ordenado  por  el Tribunal en el literal f) de su  sentencia,  ya  que  si  éste hizo alusión al artículo 517, fue para poner de  presente  que  la  reducción de las medidas debía hacerse a petición de parte  porque  las  oportunidades  procesales que permitían hacerlo de manera oficiosa  ya   habían   fenecido.   Siendo   eso   así,  al  accionado,   no   le  correspondía   condenar  en  costas  y,  perjuicios  al Ejecutante con ocasión del desembargo parcial de  los  bienes  inmuebles  embargados y secuestrados dentro del proceso a que se ha  hecho  alusión,  de un lado, porque eso no fue lo que ordenó el Tribunal en la  providencia  del  2  de Febrero de 1998 (fls.27 al 29 ej.) y, de otro, porque el  numeral  9°   del  artículo  55  (sic)  del  C.  de P. C dispone que en  los  procesos  ejecutivos  con  titulo  hipotecario  o  prendario:  ‘no  son  aplicables  los artículos  517   a   519’.  (Las  subrayas  negrillas  son  del Juzgado)   

“Infiérese de lo dicho, que no se puede  ahora  por  parte  de  este  Juzgador a quien corresponde fallar el incidente de  perjuicios  iniciado  de manera irregular, edificar una condena sobre la base de  una  providencia  a todas luces violatoria de la ley y contraria al ordenamiento  jurídico  constitucional  y  legal,  porque  eso  conllevaría a (sic) un error  jurisdiccional  o  a  un  defectuoso  funcionamiento  de  la  Administración de  Justicia,   que  en  un  futuro  puede  ser  capaz  de  generar  responsabilidad  patrimonial   a   cargo  del  Estado  y   la  consecuente  reparación,  para  aquellas  personas  que  sufran el daño antijurídico producido por la función  jurisdiccional,    de  conformidad con lo estatuido en los artículos 66, 68 y 69 de la  Ley  270  de  1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, por lo que no  es  procedente  siquiera entrar a estudiar las pruebas recaudadas en el trámite  del  incidente referido, sino decidir no acceder a la liquidación de perjuicios  solicitada,  todo  lo  cual  se  dispondrá  así en la parte resolutiva de esta  providencia.   

“IV.- DECISIÓN:  

“En  mérito de lo expuesto, EL JUZGADO  OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA,   

“RESUELVE:  

“PRIMERO: No  acceder  a  la  Liquidación  de  Perjuicios,  presentada por la parte Demandada  PRONAC  LTDA Y CENTRO NELMAR LTDA, mediante Apoderado Judicial, por lo expresado  en la parte considerativa.   

“NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.”  

24.  Abril  21  de  2006.  El  apoderado de las  sociedades  demandadas  en el proceso ejecutivo hipotecario instauró recurso de  reposición  y en subsidio de apelación contra la providencia del 7 de abril de  este  mismo  año,  planteando como pretensiones más relevantes, la revocación  de  la  referida  providencia; sancionar al actor-accionante por sus actuaciones  temerarias;  que  reconozca  los  perjuicios  liquidados  a favor de la sociedad  Pronac,  Ltda. (antes y hoy) denominada Promotora Propiedad Horizontal “Protal  Ltda.”  en  su calidad de cesionaria de los derechos litigiosos de la sociedad  Centro Nelmar Ltda.   

25.  Julio  11  de 2006. El Juzgado Octavo Civil  del  Circuito  de  Barranquilla  resuelve  no reponer el proveído de fecha 7 de  abril  de  2006,  pero  sí  concedió  el  recurso  de  apelación en el efecto  devolutivo.  Como  consideraciones  relevantes dicha autoridad judicial señaló  lo siguiente:   

“El   artículo  348  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  relativo  a la procedencia y oportunidades del Recurso de  Reposición,  dispone que ese medio de defensa judicial procede contra los autos  que  dicte  el  juez o el magistrado a fin de que se revoquen o reformen, cuando  quiera   que   en   ellos   se   hayan   cometido   errores   de   hecho   o  de  derecho.   

“En  armonía  con  lo  dicho,  en  el  artículo  517  Ibídem, establece la reducción de embargos cuando a juicio del  juez,  los  embargos  fueren  exagerados  o  abusivos, decretando previamente su  reducción  y  condenando  al  ejecutante  a  pagar  las costas y perjuicios. No  obstante  ello, el artículo 555 del estatuto procesal citado prohíbe de manera  expresa   la   aplicación   de   esa   y   otras  normas  al  proceso  de  esta  índole.   

“Lo  anotado,  tiene  su  sustento en lo  reiterado  por  la  honorable  Corte  Suprema de Justicia, respecto de que en el  derecho  procesal  por  razones del derecho de contradicción, las partes pueden  impugnar  las  providencias  judiciales  mediante los recursos consagrados en la  ley,  pero  tal  derecho  debe  ejercerse  con  lealtad  y  buena fe, sin que su  interposición  genere  una responsabilidad patrimonial, la que se genera cuando  se  transgreden  los  principios mencionados, de conformidad con lo dispuesto en  los artículos 71 a 74 del Código de Procedimiento Civil.   

“Por los motivos alegados, es que según  lo     dispuesto     en     los     artículos    392    y    75    (sic)  in fine, a la parte vencida en el  proceso,  un  incidente, y en los recursos de apelación, casación o revisión,  se  le  podrá  condenar,  además  del  pago  de  las  costas,  al  pago de los  perjuicios  que  ocasionare  a  su contraparte o a terceros, con las actuaciones  procesales  temerarias  o  de  mala  fe,  la  que debe hacerse en concreto en la  sentencia  si  en  el  respectivo  trámite  se  ha recaudado la prueba de tales  perjuicios.   

“En el caso que nos ocupa, éste Despacho  al  decidir  en el proveído impugnado, actuó de conformidad con las normas que  regulan  los incidentes procesales, porque tomó una decisión de fondo sobre un  incidente  que  en  ningún  momento  debió tramitarse, pues de acuerdo a lo ya  dicho,  es  obvio que la condena en perjuicios para el ejecutante era totalmente  improcedente,  debido  a  que  la  condena mencionada se encuentra taxativamente  prohibida  en la ley procesal, por tratarse de un proceso ejecutivo hipotecario,  e  igualmente,  porque  el juez de instancia desbordó su actuación al proferir  en  contra  de  lo  dispuesto  por el superior, quien en la sentencia de segunda  instancia  proferida  el  30  de  Octubre  de  1997,  se abstuvo de esa condena,  aclarando  que  lo  que  debía practicarse era la limitación de los embargos y  secuestros  practicados de acuerdo con lo establecido en el artículo 513 inciso  8° del Código de Procedimiento Civil.   

“Significa    lo    expresado,   que  contrariamente  a  lo  afirmado  por  el  recurrente,  en el sentido de que este  Juzgador  al  proferir  el  auto  de Abril 7 de 2006, vulneró los principios de  cosa  Juzgada, porque contra el auto que condenó en perjuicios, fechado Julio 8  de  1998, se tramitaron diversos recursos ordinarios y una acción de tutela que  han  resultado  desfavorables  a  la  parte  demandante  en el proceso ejecutivo  hipotecario,  vale  decir,  que  éste  fallador  sí  se  considera  totalmente  competente  para  examinar  en el auto impugnado, la legalidad de la providencia  que  le  dio  origen, por cuanto de acuerdo con nuestro criterio, consolidar una  condena  en  perjuicios  contraria  a  las  normas  adjetivas  y  a  la realidad  procesal,  vulneran  los  principios  de  doble instancia y seguridad jurídica,  además   de   que   podría   generar   un  error  judicial  con  consecuencias  patrimoniales  para  el  Estado,  amén de las acciones disciplinarias y penales  para  el  funcionario  judicial,  razones  por las cuales al no existir error de  hecho  o  derecho, no se repondrá el auto impugnado y se concederá en subsidio  en el efecto devolutivo el recurso de apelación…”   

26.  Las sociedades  Centro   Nelmar   Ltda.   y   Promotora   Nacional  de  Construcciones  Limitada  –Pronac   Ltda.,   hoy  Promotora  de  Propiedad  Horizontal Limitada  -Protal Ltda.- interpusieron  acción  de  tutela  alegando la existencia de una vía de hecho en contra de la  decisión  judicial  proferida  el día 7 de abril de 2006 por el Juzgado Octavo  Civil   del   Circuito   de  Barranquilla.  Dicha  decisión  judicial,  se  recuerda,  dio  por  terminado el  trámite  del  incidente  de  regulación  de  perjuicios  adelantado dentro del  proceso  ejecutivo hipotecario seguido en contra de las referidas sociedades por  cuenta  del  Banco  Central Hipotecario –   B.C.H.-   hoy   en  liquidación,  providencia  que  decidió  no  acceder   a   la  liquidación  de  los  perjuicios  reclamados,  razón  por  la cual fue considerada como  una vía de hecho.   

En  sentencia del 5 de septiembre de 2006, la  Sala  Civil  – Familia del  Tribunal  Superior  de  Barranquilla  negó  el  amparo  solicitado  y  la Corte  Constitucional     en    sede    de    revisión1,    confirmó    esa   misma  decisión,  argumentando que estaba aún sin resolverse el recurso de apelación  contra  la  providencia  de  7  de  abril  de  2006, y por lo tanto, en curso el  recurso  de  apelación  contra  la  decisión  judicial  que  resolvió dar por  terminado  el  incidente  de  regulación  de  perjuicios,  la acción de tutela  resultaba  inviable,  pues el referido recurso incoado en contra de la decisión  judicial  controvertida  en  la  tutela, era el medio idóneo, eficaz y expedito  para desplazar a la tutela.   

27.  Septiembre  primero  de  2008. El Tribunal  Superior   de   Barranquilla,  Sala  Civil-  Familia,  Magistrada  Ponente  Dra.  Margarita  Cabello  Blanco  confirmó en todas sus partes la providencia de 7 de  abril  de  2006.  Contra  esta  decisión,  se  interpone  acción de tutela por  considerar  que  constituye  una vía de hecho. Se transcribe en su totalidad la  sentencia con ponencia de la Magistrada Margarita Cabello Blanco.   

“Se  procede  a  decidir  el recurso de  Apelación  interpuesto  por la parte proponente del incidente de regulación de  perjuicios,  a  continuación  de  la  sentencia  proferida  dentro  del proceso  ejecutivo   Hipotecario  promovido  por  el  BANCO  CENTRAL,  HIPOTECARIO  contra la sociedad  PRONAC  LTDA Y OTROS, contra el auto  de  fecha  siete (7) de abril de 2006. proferido por el Juzgado Octavo Civil del  Circuito.   

         

           “CONSIDERACIONES:   

“1)-  La  decisión  de  primera  instancia que es objeto de estudio por esta superioridad  en  virtud  del recurso de  alzada  interpuesto  en oportunidad, resolvió “N0 ACCEDER A LA LIQUIDACIÓN DE.  PERJUICIOS  PRESENTADA  POR LA PARTE DEMANDADA PRONAC LTDA Y CENTRO NELMAR LTDA,  MEDIANTE    APODERADO    JUDICIAL,    POR    LO    EXPRESADO    EN    LA   PARTE  CONSIDERATIVA”.­   

“El  fundamento  que tuvo la jueza del conocimiento para la decisión apelada, fue en  resumen    que    la    providencia   de  condena  en  costas  y  perjuicios que motivó el incidente de  regulación  que  se tramitó, vulnera flagrantemente las normas procesales, los  principios  de  la  doble  instancia  y de seguridad jurídica así como la cosa  juzgada,  por  cuanto  es  claro  que  no puede  el  juzgador  de  primera instancia modificar a motu propio  (sic) la decisión tomada  por   el   superior,   que   además   adquirió         carácter  de cosa juzgada, por cuanto que las características de  ese  fenómeno  son las de  prohibir       a       los       funcionarios  judiciales,  conocer,   tramitar  y  fallar sobre lo    resuelto,    y    como   función  positiva,  dotar  de  seguridad las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.   

­  

“Agrega  el    A-Quo, que no  es  posible  aplicar  el  artículo 517 del Código Procesal Civil dentro de los  procesos   Ejecutivos  Hipotecarios   por   prohibición   expresa   impuesta   por  el  artículo  555  ibídem, y por tanto no le era permitido al  juzgador   de  instancia  imponer  una  condena   no   permitida.   Además   sustenta  su  decisión,  transcribiendo      apartes      de     la     decisión     de     segunda  instancia cuando resolvió el  recurso  de  apelación  interpuesto por la parte demandante contra la  sentencia  proferida en el proceso  que  ha  motivado  este  incidente  de  regulación  de perjuicios, a efectos de  demostrar  que  no existe ordenación del Tribunal Superior en el sentido de que  el     A     Quo     impusiera     la    condena    en    perjuicios.   

“En  conclusión el  juzgador  de  instancia consideró contrario a derecho el auto  de  fecha 8 de Julio en lo  referente  a la condena en perjuicio decretada y con fundamento en ello decidió  no   acceder   a   1a   liquidación   de  perjuicios  solicitada  por  1a  vía  incidental.   

­  

“El  problema  jurídico que debe resolver la Sala es si,  el   auto   de  fecha  8  de  Julio  d  1998  que  condenó  en  perjuicio a  la  parte  ejecutante  y  a  favor  de  la  ejecutada, a pesar de estar en firme  dentro del proceso, puede  ser  desconocidos,  en  virtud  de  que  en  Sentencia  de  Tutela  de  fecha  7  de Septiembre de 1999, se  expresó  en  la  parte considerativa que existía una vía de hecho en la orden  de  condena  por  perjuicios,  pero  que no se tutelaron por cuanto que la parte  interesada  no interpuso  los  recursos  adecuados  contra    esa   decisión,   en   oportunidad.-     Se     adentrará  entonces  la  Sala  al estudio de la decisión de Primera Instancia.­   

“2)-  El  proceso  Ejecutivo Hipotecario de la referencia se inició teniendo como soporte  una  hipoteca,  de  mayor  extensión  otorgada  como  garantía,  junto con los  pagarés  que  respaldaban la obligación  de  un  préstamo  para construcción de las torres del edificio  NELMAR,   demanda  que  cuando    se   presentó   ya   se   encontraban   construidos   los   apartamentos   y  locales   del   conjunto   residencial  y  vendidos  una  gran  mayoría  de ellos sin haberse realizado la correspondiente  cancelación   parcial  de  esa  hipoteca  de  mayor  extensión,  por        lo        que   se  citó    como    demandados    también    a    varios    de   los   respectivos  propietarios.   

“Dentro  del  proceso  se  profirió  la  sentencia  de  primera  instancia  el  día  28  de  febrero de 1997, cuya parte  resolutiva ordenó lo siguiente:   

1-  Declarar  probada  la  excepción  de  inexistencia  de la obligación, por los motivos expuestos en la parte motiva de  esta providencia.   

2.-   Dar   por  terminado  el  presente  proceso.   

3-  Decretar  el  desembargo de los bienes  trabados en este asunto.   

   “  4.  Condenar  al ejecutante a  pagar  las  costas  y los perjuicios que aquél haya Sufrido con ocasión de las  medidas  cautelares  y  del  proceso  de  conformidad  con  el  inciso final del  artículo 307.­   

“Recurrida  la  sentencia  aludida,  en  segunda  instancia se desató el recurso, resolviendo el AD QUEM de la siguiente  forma:   

“1)- Revocar la sentencia de fecha 28 de  febrero  de  1997,  proferida en el presente proceso por el Juzgado Octavo (8°)  Civil  del  Circuito.  En su lugar se dispone: A) Declarar probada la excepción  de  Prescripción  del  pagaré  N0.  ACO  3931135  y  por  tanto  extinguida la  obligación  hipotecaria a favor de las señoras GLORIA ESCOBAR DE EVANS Y JOYCE  SMITH  ESCOBAR.-  Ordénese  levantar  las  medidas  cautelares  practicadas con  relación   a   estas  señoras-  Costas  y  perjuicios  a  cargo  de  la  parte  demandante.-  B)-  Declarar  nulo  de  nulidad  absoluta  el pagaré ACO 3933052  contentivo  de 30.538.9589 UPAC, por las razones expuestas en la parte motiva de  este  proveído.-  C)- Declarar probada la excepción de PAGO PARCIAL propuesta,  quedando  como saldo insoluto el valor equivalente a 423.3575 Upac, que deberán  pagar  las  demandadas, salvo las señoras GLORIA ESCOBAR DE EVANS Y JOYCE SMITH  ESCOBAR.-  D)-  Ordenar  la venta en pública subasta de los bienes embargados y  secuestrados,  para que con el producto se pague al demandante el crédito y las  costas  a  que hubiere lugar.- Se exceptúa el apartamento 43 Torre A situado en  el  edificio  Centro Nelmar de propiedad de las señoras GLORIA ESCOBAR DE EVANS  Y  JOYCE SMITH ESCOBAR, con matrícula inmobiliaria No. 040-0051504.- E)- Costas  de  primera  instancia  en un 20% a cargo de la parte demandada, a excepción de  las   favorecidas   con   excepción  de    prescripción.-    F)- Ordenar  al  Juez  del  conocimiento,  que  limite los embargos y secuestros decretados y  practicados  de  conformidad  con  el  inciso 8° del  artículo          513          del C.P.C.   

2)-     Sin    costas    en    esta  instancia.­   

“En  virtud  de   solicitud  de  aclaración  y  adición  de  la  sentencia planteada por la parte demandada, en  auto  de fecha dos (2) de  febrero   de  1998,  el  Tribunal  Superior  en  Sala  de  Decisión,  resolvió  en el punto segundo de su  providencia, lo siguiente:   

“2)- Aclarar  el  literal  F)-  del  punto  primero  de  la  sentencia  de fecha 31 de octubre  de 1997, en el sentido de  que  la  limitación  de  los  embargos  y  secuestros  ordenada,  se realizará  siguiendo  los  parámetros  del  artículo  513  inciso  8°,  siempre  que  se  presente  en  la  oportunidad  contemplada  en  el  artículo       517       ibídem.­   

“Por auto de  fecha  25  de  febrero  de 1998, el A Quo ordenó obedecer y cumplir lo resuelto  por el superior.­   

“El Juzgado  del  conocimiento  por  auto  de  fecha 8 de julio de 1998 (folio 35 cuaderno de  copias  No.  l), en virtud de petición de la parte demandada beneficiada con la  sentencia,   ordenó   señalando  como  fundamentos  el  inciso  segundo  del artículo 517 del C.P.C. y  conforme  a lo ordenado en  el   literal  F  del  punto  primero  de  la  sentencia  de  fecha  31  de  octubre de 1997, y teniendo en  cuenta  en  su  decir,  que  los  embargos  fueron exagerados o abusivos  en  más  del  50%  de  las  pretensiones probadas y  declaradas  por  el Tribunal, así como la facultad contenida en el inciso final  del  artículo  517  del estatuto procesal civil, DECRETAR EL DESEMBARGO PARCIAL  DE    LOS    BIENES    INMUEBLES   EMBARGADOS  Y  SECUESTRADOS  DENTRO  DE ESTE PROCESO, A EXCEPCIÓN DEL  APARTAMENTO   41  DE  LA  TORRE  A  DEL  EDIFICIO  CENTRO NELMAR LTDA además ordenó CONDENAR EN COSTAS Y  PERJUICIOS AL EJECUTANTE.­   

“No  cabe  duda entonces que el auto  cíe  fecha  8 de julio de 1998, se profirió en primera instancia, de  acuerdo con el propio contenido del  mismo,     señalando     como     fundamento,         lo  ordenado  por  e1  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Barranquilla,  en la  sentencia de fecha de 30  de  octubre  dé  1997 y su aclaración realizada en e1 auto del 2 de febrero de  1998.­   En     efecto,    el    auto    de    fecha    8    de   julio   de   1998,   ordenó   lo  siguiente:   

“Acorde  con  lo dispuesto en el inciso  segundo  del  artículo  517  del  C.  de  P.. .C., y conforme lo ordenado en el  literal  F  del  punto  primero  de  la sentencia         de  fecha  31  de  octubre  de  1997,  proferida  por  el Tribunal  Superior  de  Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Decisión Civil Familia  y  teniendo  en cuenta que los embargos fueron exagerados o abusivos en más del  50%  de  las  pretensiones  probadas  y declaradas por el Tribunal Superior Sala  Civil  Familia,  teniendo  en  cuenta  la  facultad  contenida en el  inciso  final  del artículo 517 del  estatuto  procesal  civil,  el  Juzgado,  RESUELVE: 1 °) Decretar el desembargo  parcial  de  los  bienes  inmuebles  embargados  y  secuestrados  dentro de este  proceso,    a    excepción    del    APARTAMENTO    41    de   la   Torre   A   del   Edificio   Centro  Nelmar    Ltda.,   –  con  folio de Matrícula  inmobiliaria  No 040-51502. Ofíciese en tal sentido a la Oficina de Registro de  Instrumentos  Públicos de Barranquilla, y a los respectivos secuestres, para su  entrega.  2)  Condenar  en  costas  y  perjuicios  al  ejecutante.  Tásense las  primeras por secretaría.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. “.   

“En virtud  de   la   condena   en  perjuicios   decretada   en  e1  auto  trascrito,  la  parte  afectada  con  las  medidas  cautelares,  las  sociedad PRONAC LTDA Y  CENTRO  NELMAR  LTDA, promovieron el incidente de regulación de perjuicios, que  fue  definido  por  el  juzgador  de  instancia  y  que debe ser resuelta esa  decisión en esta instancia procesal.­   

“Las  sentencias  que definieron  el   conflicto   planteado   en  razón  a  la  demanda  Ejecutiva  hipotecaria  promovida, por ese entonces BANCO  CENTRAL       HIPOTECARIO,       fueron       claras       en      determinar la necesidad de que siguiera  la   ejecución  por  e1  valor  reducido  de  la  obligación  al  declarar   probadas  algunas  de  las  excepciones   de  mérito  propuestas.  .­Además, al  observarse   que  eran  excesivos,  los  embargos    y    secuestros    decretados    y   practicados,   en  relación  con  el  valor  de la condena establecida, se le ordenó al A Quo,  que      siguiendo     los     procedimientos  legales,  en  especial  el artículo 513 numeral 8° del  Código Procesal Civil se limitaran.   

“Por  aclaración  que  solicitare  en  oportunidad  la  parte demandada, en sentencia  complementaria  se explicó que cuando se ordenó al A Quo que tuviera en cuenta  el   artículo  513  del  C.P.C.  en  su  numeral  8°, era respecto a que los embargos no debían exceder  del  doble  del  crédito  cobrado,  sus  intereses y las costas prudencialmente  calculadas,  por  un  lado;  y  por otro que   esa  limitación  ordenada,  solo  la  podía decretar el juez; cuando el deudor si a  bien   lo  tenía,  hiciera la respectiva solicitud, dentro de la oportunidad  contemplada       en      el      artículo  517  del C.P.C. por no existir otra oportunidad para ello  (ver      resuelve  del auto de fecha 2 de febrero de 1998).­   

“La anterior  decisión  se  tomó,  por  tener  en  cuenta  que se trataba el caso sometido a  estudio,  del cobro de una  obligación  hipotecaria contenida en una garantía real de mayor extensión, en  donde:  los  obligados  ya  habían construido el edificio correspondiente y por  tanto  estaba  operando la  subrogación  de  la  obligación  en  los  diferentes  apartamentos y/o locales  comerciales  edificados, muchos de los cuales ya habían sido vendidos o tenían  suscrita   promesa   de  compraventa.-  Se  trataba  entonces,  de  una sola hipoteca de mayor extensión  sobre   el   lote   objeto  de  construcción,  pero  contenida    en    los    diversos   inmuebles  que  respaldaban 1a de mayor  extensión   y   que  en  virtud  de  la  existencia  de  propiedad horizontal  constituida,  se  habían  individualizado,  en  diferentes  propiedades, lo que  permitía  la    reducción    ordenada,    a    fin    de   evitar   mayores  perjuicios.­   

“Al  leer  cuidadosamente     las     sentencias  de esta superioridad, en ningún aparte se encuentra la orden de  condenar  en  perjuicios a  la    parte    demandante   por   haberse   decretado   el   levantamiento  de  medidas   cautelares  debidamente ordenadas y practicadas.­   

“Es  sabido  que  las  órdenes  que  implican  condena,  como  en  este  caso  la referida a  perjuicios,  deben  estar  autorizadas  por una norma específica, sin que pueda  ser  permitido  aplicar  analógicamente  dichas  órdenes  a casos similares no  contemplados     en     ley     alguna     en     forma     expresa.­   

“En  el sub  exámine,   no   podía   aplicarse   por  analogía  la condena en  perjuicios  establecida  en el artículo 517  del  estatuto  procesal  civil, por estar en presencia de una  norma  de  aplicación  restrictiva,  solo  para  las  situaciones  contempladas  específicamente en la  propia  disposición, y la  situación  que  motivó  el levantamiento de las medidas cautelares   en   este  proceso  no         fue        propiamente   la   aplicación,   como   ya   se  dijo,   del  artículo  517  del  Código  Procesal  Civil,  por no  ser    viable   dicha   normatividad.­   

“El  artículo  31             del  C.C.  sobre este tema ordena que:   

Lo          favorable u  odioso  de  una  disposición  no se tomará en cuenta para ampliar o restringir  su   interpretación…  ”   

Ha  dicho  la  Corte  Suprema de Justicia  sobre esto que:   

“En  la   interpretación   de  las  leyes  prohibitivas   no   deben   buscarse  analogías  o  razones  para  hacerlas  extensivas a casos no comprendidos     claramente     en     la     prohibición    (Casación   14   de   diciembre  de   1989).   

“La  parte  demandante  interpuso  acción  de  tutela  contra  el Juzgado del conocimiento,  por   considerar   la  existencia  de  una  vía  de  hecho  en  la  ordenación  impartida  en el auto  de  fecha  8 de julio de  1998  y  la  Corte  Suprema  de  Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria,  consideró     por     proveído    de   fecha  7  de  septiembre  de  1999  (fl.  103 c. 1.) que, si  bien      no      tutelaba     el     derecho  al  debido  proceso,  por  cuanto  que existió otra vía  judicial  para  reclamar  como  era el recurso de QUEJA contra dicha providencia  en virtud de la  negación del recurso de apelación,  éste  no fue utilizado, era evidente la presencia de  una vía de hecho por cuanto que:   

“Del  examen de la providencia en cuestión como de la que  resolvió   la   aclaración   y   adición   de   la   sentencia   de   segunda  instancia  advierte  la  Corte  que  en  efecto el accionado incurrió en la vía de hecho que pregona el  accionante,  pues  aquél  dio  una  inteligencia  totalmente  equivocada  a  lo  ordenado  por  el Tribunal  en  el litera f) de su sentencia, ya que si este hizo alusión al artículo 517,  fue  para  poner  de  presente que la reducción de las medidas debía hacerse a  petición  de  parte,  porque  las  oportunidades  procesales  que  permitirían  hacerlo  de  manera  oficiosa ya habían fenecido. Siendo eso así, al accionado  no   le   correspondía   condenar   en   costas   y  perjuicios  al  ejecutante  con    ocasión   del  desembargo  parcial de los bienes inmuebles embargados y secuestrados dentro del  proceso   a   que   se   ha  hecho  alusión,  de  un  lado,  porque  eso no fue lo que ordenó el Tribunal  en  la providencia del 2 de febrero de 1998 y de otro, porque el numeral 9° del  artículo  555 del C.P. C.  dispone   que   en   los   procesos   ejecutivos   con   título  hipotecario  o  prendario    no   son  aplicables los artículos 517 a 519.”   

“Esa  sentencia  de  tutela,  corrobora  lo  hasta  aquí  esbozado  y lo expresado en  la    sentencia   de  primera instancia.   

­  

“Debe de otro  lado  recordarse  que,  cuando se profirió la providencia de fecha 2 de febrero  de         1998,        se        manifestó que no era posible condenar  en    perjuicios   al   momento   de   proferirse   la  sentencia   correspondiente,   por  cuanto  que  allí  no  se  ordenó  el  levantamiento  de medidas  cautelares.­   Para  condenar  en perjuicios con  ocasión  del  levantamiento  de una medida cautelar,  debe existir una  norma  que  así  lo consagre y es evidente que en nuestro ordenamiento procesal civil,  existen    las    siguientes    oportunidades  para imponer esa condena,  así:   

”     Artículo     510   literal   d)  del  C.  de Procedimiento Civil vigente para  la        época        de       la            sentencia,   que  ordenaba         que        la             sentencia           de          excepciones          totalmente  favorable  al             demandado     pone     fin   al  proceso;  en  ella  se  ordenará el desembargo   de   los   bienes   perseguidos  y  se  condenará  al ejecutante a pagar las costas  y    los   perjuicios   que   aquél   haya         sufrido         con        ocasión  de las medidas cautelares    y   del   proceso.   La  liquidación          de         perjuicios  se  hará  como  lo  dispone  el inciso final  del  artículo 307”.­   

“Ya   se  ha dicho que esta   norma  no  fue  aplicada  al  proferirse la sentencia por  cuanto  que,     el     proceso    no   se  dio  por  terminado  en  su  totalidad,  sino       que     se     ordenó  seguir  la ejecución por  un       saldo      de      la      obligación insoluto.­   

“E1  artículo 687,     último    inciso,  informa  que siempre que se levante  el     embargo     o    secuestro    en   los  casos    de    los    numerales,1,    2,y  4° a 8° del presente artículo, se condenará de oficio o a  solicitud  de  parte  en  costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes dispongan otra cosa.   

“El             artículo  517  del Código Procesal Civil, cuyo tenor literal del  último  inciso,  es  el siguiente, “Cuando  en  concepto del juez los embargos  fueren   exagerados   o   abusivos,   al  decretarse  su    reducción  se  condenará  al  ejecutante  apagar perjuicios al  ejecutado “.­   

“Esta norma  como  ya se ha reiterado en esta providencia, tampoco podía ser aplicada por el  juez  de  la  causa, por  cuanto    que    de    conformidad   con   el   artículo   555   ibídem,   el   artículo   517  no  se  aplica  a  los  procesos  Ejecutivos Hipotecarios.   

­  

“Corolario  de   lo   hasta  ahora  expresado  es  que  no  existía oportunidad dentro del propio proceso Ejecutivo  Hipotecario  para  realizar  la  condena  en perjuicios en virtud de la orden de  esta   superioridad  de  reducir  los  embargos.-  Era  pues  procedente  la reducción en la oportunidad  autorizada   por   la  sentencia  de  segunda  instancia, pero no era posible adicionar esa limitación  de   embargos,  con  una  condena     en     perjuicios    que    exigía    norma    expresa.­   

“D)- Es bueno  manifestar  que,  si bien no era posible imponer la condena en perjuicios dentro  del presente trámite del  proceso  ejecutivo  con  título hipotecario que se tramita, ello no implica que  la  reducción  de  embargos  no pueda originar o haya originado perjuicios a la  parte  afectada en virtud  de  decreto de esas medidas cautelares; empero, si así fuere, el camino          para..la  demostración  de  esos posibles  daños  y  de  su  cuantía,  tenía  que  ser  por un proceso independiente,  y no por la vía incidental  como  se hizo.­   

“4)-  Ahora  bien  es  evidente  que  el  auto  de  fecha  8 de Julio de 1998 se encuentra en  firme  y  ejecutoriado;  igualmente  es  cierto  que  a pesar de expresar la H. Corte Suprema de Justicia  que  existe  un error judicial en esa providencia constitutiva de vía de hecho,  es   decir   vulneración   al   derecho  fundamental  al  debido proceso, no era posible tutelar, por que  no    se    utilizaron   las   defensas  propias del juicio; pero no puede la Sala desconocer que, dentro  del  propio trámite formal del incidente, la etapa de decisión del mismo es la  oportunidad  idónea  para  estudiar  todo  lo relativo al propio incidente de regulación, tanto desde e1  punto    de   vista   formal   como   desde  e1  punto de vista material, y mas en este especial caso, en  que  la  providencia  de instancia asumió el estudio sobre 1a improcedencia del  mismo.-   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

“   Las  razones  señaladas  en  esta  providencia  obligan a confirmar en todas sus partes el auto de fecha 7 de abril  de  2006,  proferido  por  el  Juzgado Octavo Civil del Circuito.”2   

3. Argumentos de la demanda  

El apoderado de las sociedades demandantes  considera,  que  el  Tribunal Superior de Barranquilla incurrió en una abierta,  clara  y  vulgar vía de hecho (aunque no especifica exactamente en qué tipo de  defecto  incurre  la  providencia señalada) al proferir la decisión de fecha 1  de  septiembre  de  2008,  con la cual desconoció los derechos fundamentales al  debido  proceso,  confianza  legítima,  buena fe, igualdad y acceso eficaz a la  administración de justicia.   

1.  Considera,  en  primer  término, que sí  existe  norma  expresa  para  condenar en costas y perjuicios dentro del proceso  que  se  ventilaba  ante  el  BCH y a pesar de ello, la Magistrada Ponente de la  providencia  de  1  de  Septiembre  de  2008  no le dio aplicación. Sostiene el  accionante  que  desde la providencia de 8 de Julio de 1998, cuando se resolvió  condenar  en  costas  y  perjuicios a la parte demandante, se hizo atendiendo el  régimen  excepcional  de  la divisibilidad de la hipoteca, que es la Ley 182 de  1948                   

2.  Indica  que  no  hay  en nuestro estatuto  procesal  civil  una  norma  que  permita  desembargar  sin condenar en costas y  perjuicios  y  por ello no se entiende la interpretación que hizo la Magistrada  Ponente  en  este  asunto.  Todas las disposiciones de nuestro estatuto procesal  civil,  que  establecen desembargos, incluyen la condena en costas y perjuicios,  entonces,  se  pregunta  el  accionante,  ¿cuál es la norma de la legislación  vigente  que  aplica la Magistrada para desembargar 17 inmuebles sin condenar en  costas y perjuicios?   

3.  La sentencia del 1 de septiembre de 2008,  objeto  de tutela, declaró nulas, de facto, 17 providencias que existen en todo  el  proceso, que se encuentran debidamente ejecutoriadas y en las que se condena  en   costas   y   perjuicios   al  actor  demandante  en  el  proceso  ejecutivo  (BCH).   

4.  Señala el accionante entonces, que se ha  debido  recurrir  al  inciso  d)  del artículo 510 del Código de Procedimiento  Civil,  al  numeral  4º.  del artículo 687 y al numeral 5º. del artículo 392  del  mismo  estatuto  procesal,  normas  que  eran  aplicables  al caso y que se  referían a la condena en costas y perjuicios.    

4. Petición  

De conformidad con los hechos y los argumentos  relacionados, el accionante solicita:   

(i) Que se tutelen los derechos fundamentales  constitucionales  del  debido  proceso,  defensa, acceso a la administración de  justicia,   igualdad,   cosa   juzgada,   dignidad,  doble  instancia,  violados  flagrantemente   en   vía   de   hecho  por  la  Magistrada  MARGARITA  CABELLO  BLANCO.   

(ii)  Que  se  revoque  el auto de primero de  septiembre  de  2008,  proferido  por  el  Tribunal Superior de Barranquilla, en  donde  se  confirmó  en todas sus partes el auto proferido por la juez interina  A-quo  de  fecha  7  de  abril  de 2006 y las demás actuaciones posteriores que  dependan de la suerte inmediata del auto referido.   

(iii)  Que  se ordene al Tribunal Superior de  Barranquilla,  Sala  Primera  de  Decisión  Civil  Familia, Magistrada Ponente,  Margarita  Cabello  Blanco,  que  profiera  providencia  revocando  en todas sus  partes  la  providencia  fechada  el  7  de abril de 2006, proferida por la juez  interina   a-quo,   dentro   del   trámite   incidental   de   regulación   de  perjuicios.   

(iv)  Que  se  ordene al Tribunal Superior de  Barranquilla,  Sala  Primera  de  Decisión  Civil  Familia, Magistrada Ponente,  Margarita  Cabello  Blanco,  que  profiera  providencia  ordenándole  al actual  titular  del juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, a proferir fallo  definitivo dentro del incidente de regulación de perjuicios .   

5.  Pruebas allegadas al expediente   

– Copia de la contestación de la demanda y el  planteamiento  de  excepciones  previas y de mérito, así como del incidente de  nulidad.   

-Sentencia de segunda instancia proferida, el  31    de    octubre    de    1997,    por    la    Sala    Civil    –  Familia  del  Tribunal  Superior  de  Barranquilla en el trámite del referido proceso ejecutivo.   

-Copia de la solicitud de levantamiento de los  embargos y secuestros excesivos de fecha junio 3 de 1998.   

-Auto  de  8 de julio de 1998, por el cual el  Juzgado  Octavo  Civil  del  Circuito  de  Barranquilla  decretó  el desembargo  parcial  de los bienes inmuebles y condenó en costa y perjuicios al ejecutante,  es decir, al Banco B.C.H.   

-Copia del auto por el cual el Juzgado Octavo  Civil  del  Circuito negó el recurso de reposición y rechazó el de apelación  interpuestos  por  el  banco  en  contra  de  la  decisión  del  8  de julio de  1998.   

-Copia   del   proceso  de  ejecución  por  costas.   

-Copia de la providencia del 15 de octubre de  1999,  dictada  por  el  Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla en el  que resuelve el incidente de regulación de perjuicios.   

-Copia  de  la sentencia de segunda instancia  proferida  por  la  Sala  de  casación  Civil  y Agraria de la Corte Suprema de  Justicia,  en  la  cual  resolvió  una acción de tutela promovida por el Banco  B.C.H.  en  contra  del  Juzgado  Octavo  Civil  del Circuito de Barranquilla en  relación  con la decisión por éste proferida el 8 de julio de 1998, en la que  se  ordenó  el desembargo parcial de unos inmuebles y condenó a dicho banco al  pago de costas y perjuicios.   

-Copia  de  la  petición  hecha  el  19  de  septiembre  de  2003 por el apoderado del Banco B.C.H. en la cual pide se desate  el  incidente  de  regulación de perjuicios y se declare terminado por no haber  lugar a condenar en perjuicios.   

-Copia del proveído de fecha 26 de septiembre  de  2003, en el que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla rechaza  de  plano  la  petición  de  dar  por  terminado el incidente de regulación de  perjuicios  e  impone  sanciones  al  apoderado  del  Banco,  así como también  compulsa  copias  del  incidente con destino a la Sala Disciplinaria del Consejo  Seccional  de  la  Judicatura  para  que  lo  investigue  por faltas a la ética  profesional.   

-Copia de la providencia del 4 de diciembre de  2001  proferida  por  la  Sala  Civil  –  Familia  del  Tribunal  Superior de Barranquilla, que resolvió el  recurso  de apelación interpuesto contra la decisión del 15 de octubre de 1999  concerniente  al  incidente  de  regulación  de perjuicios en el que se deciden  varios  asuntos,  entre ellos, revocar en su totalidad el referido auto de 15 de  octubre  de  1999,  a efectos de que el mismo se profiera con posterioridad, una  vez agotado el periodo probatorio.   

-Documento suscrito por el apoderado del Banco  B.C.H.,  en  el  cual  reitera su petición de dar por terminado el incidente de  regulación de perjuicios.   

-Copia   de   la   decisión  judicial  del  7  de abril de 2006 proferida  por  el  Juzgado  Octavo  Civil  del  Circuito  de  Barranquilla que resuelve el  incidente   de   regulación   de   perjuicios,  en  el  que  textualmente  dice  “No  acceder  a  la  Liquidación  de  Perjuicios,  presentada  por  la  parte  Demandada PRONAC LTDA Y CENTRO NELMAR LTDA, mediante  Apoderado Judicial, por lo expresado en la parte considerativa”.   

-Documento  suscrito  por el apoderado de las  sociedades  objeto  del  proceso  ejecutivo  hipotecario,  correspondiente  a la  interposición  de  los recursos de reposición y apelación contra la decisión  judicial del 7 de abril de 2006.   

-Auto de fecha 11 de julio de 2006, proferido  por  el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, en el que se niega la  reposición  del  proveído  del  7 de abril de 2006, y en el que concede, en el  efecto devolutivo, el recurso de apelación igualmente tramitado.   

-Copia  de  la  sentencia  objeto  de tutela,  dictada  por  Sala  Civil  Familia  del  Tribunal  Superior  de Barranquilla con  ponencia  de  la Magistrada Margarita Cabello Blanco el 1 de septiembre de 2008.   

–  Intervención  del  Doctor  Alberto  Rojas  Ríos,  Procurador  Delegado para asuntos Civiles, como parte pública dentro de  la   ejecución   hipotecaria   seguida   por   el  Banco  Central  Hipotecario.   

6.    Intervención   de   la   autoridad  accionada   

En  escrito  de  4  de  noviembre de 2008, la  Magistrada  Margarita  Cabello  Blanco,  en  respuesta  a la presente acción de  tutela  adujo los mismos hechos que tuvo en cuenta para dictar la providencia de  1º.  de  septiembre  de 2008 que confirmó la de 7 de abril de 2006 que dio por  terminado  el  incidente  de regulación de perjuicios y que fuera proferida por  la   juez   Octava  Civil  del  Circuito  de  Barranquilla  el  7  de  abril  de  2006.   

La  Magistrada responde los planteamientos de  la demanda con los siguientes argumentos:   

1. El demandante dice que sí existe una norma  expresa  para  la  condena  en  costas  y  perjuicios  ordenada  por  el juez de  instancia  en  el  auto  de  fecha  8 de julio de 1998, y que ello constituye el  régimen  excepcional  de  la  divisibilidad  de la hipoteca, (Ley 182 de 1948).  Frente a ello, la Magistrada aduce lo siguiente:   

-Es  cierto  que la demanda se fundamentó en  una  obligación  garantizada  con una hipoteca abierta de mayo extensión y que  gravaba  los  apartamentos  individualizados  que  debían  construirse  con  el  préstamo  otorgado  para  ello.  Empero,       sostuvo,      el  tema  de  la  condena  en  costas y perjuicios en virtud de un  desembargo,    es    diferente    al    tema   de   la   divisibilidad   de   la  hipoteca.­   

–    Para  que  pueda  ordenarse la  condena      en      perjuicios     debe  estar autorizada en una norma de  forma    expresa    y    específica.­  Por  lo tanto, no es cierto que pueda  aplicarse      para     condenar     en  perjuicios  en el asunto debatido,  el  artículo  510  literal  d)-  del  C.P.C. vigente para 1998, respecto de las  sociedades  demandadas  y  hoy accionantes en tutela, pues dicha norma ordena lo  siguiente:  “La  sentencia  de excepciones TOTALMENTE  FAVORABLE  AL  DEMANDADO,  pone  fin  al  proceso;  y  en  ella  se ordenará el  desembargo  de  los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar LAS  COSSTAS  Y  PERJUICIOS  QUE  AQUEL  HAYA  SUFRIDO  con  ocasión  de las medidas  cautelares  y  del  proceso.  La  liquidación  de  los perjuicios se hará como  dispone el inciso final del artículo 307”.   

-Para   las  sociedades  demandadas  no  se  terminó  el  proceso,  ni  le fueron totalmente  favorables  las  excepciones  de  mérito  propuestas, sino que dichos medios de  defensa  prosperaron parcialmente. Por tanto no era posible aplicar el artículo  510 literal d), referenciado.­   

-La  interpretación que de la norma hace el accionante en tutela no  es  procedente, pues trata de decir que para esos demandados terminó el proceso  respecto  de  los  inmuebles  desembargados  y sigue para esos mismos demandados  respecto  del  inmueble  que permaneció embargado.­   

-El  enunciado  normativo  contenido  en  el artículo 510 literal d), es claro en el sentido de  que  sólo opera la orden  de  desembargo de los bienes perseguidos, y la condena al ejecutante a pagar las  costas  y  perjuicios  sufridos  por  esas  medidas cautelares y por el proceso,  cuando  la SENTENCIA DE EXCEPCIONES SEA FAVORABLE TOTALMENTE AL DEMANDADO.- Para  nada  se  debe  analizar al aplicar esta norma, si se afectan unos bienes de los  demandados  y otros no.- La regla se refiere, se repite, para casos relacionados  con   la   terminación  total  del  proceso  para  los  demandados.­”   

-El  literal  d)  en  consecuencia  solo  es  aplicable para aquellos  eventos  en que las excepciones totalmente favorables al demandado pongan fin al  proceso.­  Si  las  excepciones  no  son  totalmente favorables al demandado,  sino  solo  parcialmente,  no  se  aplica  el  literal  d) del artículo 510 del  C.P.C.,   sino   el  literal  e),  cuyo  tenor  literal  es  el  siguiente:  “Si  las    excepciones   no   prosperan   o   PROSPERAN  PARCIALMENTE,  la  sentencia ordenará llevar adelante la ejecución en la forma  que  corresponda,  condenará al ejecutado en las costas del proceso y ordenará  que  se  liquiden”.-  Este literal en ningún momento  autoriza   la   posibilidad  de  condena  en  costas  y  perjuicios.­   

2-         Igualmente,   señaló   que   según   entiende  el  accionante,    el  “auto  de  fecha  8 de  julio  de 1998, proferido  por    el    Juzgado  Octavo   Civil       del      Circuito,   ordenó   el   desembargo  parcial  de  bienes  y la condena en costas y perjuicios, y se fundamentó en el  artículo  517  del  C.P.C.  y  conforme a lo  ordenado en el literal F) del punto primero de la sentencia de  fecha   31   de   octubre   de  1997”.   

La Magistrada muestra su disconformidad con  la   interpretación   del   accionante  y  sostiene  que  “ el artículo 517  del  C.P.C.  no  es  aplicable  para  los  procesos ejecutivos hipotecarios, por  disposición   expresa   del   artículo   9°  del  artículo  555  del  C.P.C.  y,     de     otro  lado,  esta superioridad  no  ordenó condena en costas y perjuicios en el literal F) del punto primero de  la    sentencia    de    fecha    31    de    octubre    de    1998.”   

3-  El  artículo  687  del C.P.C. tampoco se  podía  aplicar  al proceso, por cuanto que no se estaba en presencia de ninguna  de  las  taxativas  situaciones  permitidas  en  la  norma  para  la  condena en  perjuicios.  Los  hechos  del  proceso  de  la  referencia no se adecuaban a las  situaciones     fácticas     planteadas     en     dicha     norma.­   

4-  El numeral 5 del artículo 392 del C.P.C.  vigente  en  1998,  tampoco  era de aplicación, toda vez que allí para nada se  ordena   condena   en   perjuicios.-   Estas  normas  hacen  referencia  solo  a  costas.­   

5-  La  sentencia  de  fecha 31 de octubre de  1998,  declaró  terminado  el proceso respecto de las demandadas GLORIA ESCOBAR  DE  EVANS  Y  JOYCE  SMITH  DE  ESCOBAR,  por  haber prosperado respecto de esas  demandadas,  las  excepciones  de  mérito  presentadas.-  En  este caso sí era  aplicable  el  artículo  510  literal  d)  del  C.P.C., porque la sentencia fue  totalmente   favorable  a  las  excepciones  por  ellas  planteadas.­   

6- Indicó la Magistrada, que esa Sala Primera  de  Decisión  del  Tribunal  Superior  de  Barraquilla,  no tuvo la oportunidad  procesal  clara, desde el punto de vista formal, para estudiar la viabilidad del  incidente  de  perjuicios y analizar todas las situaciones y todo el expediente,  cuando  le  subió para el estudio de apelación de algunos autos o para estudio  de  recursos de queja; y era por tanto el momento idóneo para ello, al estudiar  el  recurso  de  apelación contra el fallo de primera instancia, la oportunidad  para  realizar  el  estudio  conjunto  de todo el incidente y de sus incidencias  particulares.   

­  

7-  Recordó  que  los  accionantes en tutela  tienen  la vía ordinaria de reclamación de perjuicios, si consideran que ellos  se   causaron   en  virtud  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  en  donde  les  prosperaron          parcialmente          sus          excepciones.­   

8-  Sostuvo  la  Magistrada que no es posible  revocar  de  oficio autos ejecutoriados dentro del proceso, pues ello origina el  llamado  antiprocesalismo;  empero,  cuando  un  proveído origina consecuencias  hacia  el  futuro  e  incide  en las decisiones posteriores, que requerirían de  nueva  definición,  es  permitido  hacer el análisis completo de la situación  planteada,  sin  que  pueda  considerarse que dicha providencia tiene efectos de  cosa  juzgada material. “Así ocurre verbigracia, en  los  eventos  de  un  mandamiento  de  pago  o  ejecutivo  en firme, en donde es  permitido  en  la  sentencia  volver  sobre su viabilidad, validez y eficacia, a  pesar  de  encontrarse  ejecutoriado.  ­En  el  sub-exámine, una condena en perjuicios, que ha motivado un  incidente  de  regulación,  exige  el  estudio sobre la validez de la misma, su  eficacia  y  legitimación, para poder realizar las condenas correspondientes si  a      ello      hubiere     lugar.­”   

Concluyó  la  intervención  indicando,  que  “las  normas  procesales deben ser analizadas y aplicadas a la luz de la Carta  Política,  lo  que  implica  no desconocer en la utilización de las mismas, la  influencia  de  los valores primordiales consagrados en dicha carta, y dentro de  ellos el de alta consideración como es la justicia”.   

II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN  

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema  de  Justicia,  mediante  fallo  de  once  de  noviembre de 2008, negó la tutela  interpuesta con dos argumentos que se resumen así:   

1.  Tanto  los  autos  que  resolvieron  el  incidente  de regulación de perjuicios en primera instancia (7 de abril y 11 de  julio,  ambos  de  2006),  como  el  proferido  en  segunda instancia, el 1° de  septiembre  de  2008,  aparecen  ajustados  a derecho y no lucen arbitrarios, ni  absurdos,  ni  contrarios  al ordenamiento jurídico, sino fruto de un aceptable  criterio  de  interpretación tanto de la situación de hecho como de las normas  llamadas  a  dirimir  la  controversia,  luego  la  solicitud de amparo no puede  abrirse paso.   

2.           Destacó la sentencia que la     aplicación     del     art.     517    del  C.  de  P.  C.  en  lo  correspondiente  a la condenación en  perjuicios  no  es  extensible  con  carácter  de  automaticidad  a situaciones  similares  a  las  que esa norma regula, por tratarse de un asunto de naturaleza  sancionatoria,  de  suerte  que no puede interpretarse como una vía de hecho la  negativa  de  las autoridades accionadas a reconocer y liquidar perjuicios en el  caso particular que se analiza.   

Así,  sostuvo,  que  “como la propia sentencia de segunda instancia  invocó  el  art.  513 del  C.  de  P.  C.  para  la  liberación  de  algunos  de los bienes embargados, la  circunstancia  de que el juez de primera instancia formalmente haya condenado en  perjuicios   con   fundamento   en   otra  disposición,  el  art.  517  del C. de P. C., no se constituye  en   un   pronunciamiento   que  obligue  a  liquidar  esa  condena,  así  esas  providencias   se   hayan   proferido   en   vigencia   del   art.  517  del  C.  de  P. C. -anterior a la  reforma  contenida en la Ley 794 de 2003- que expresamente consagraba la condena  en  perjuicios cuando los embargos eran considerados exagerados o abusivos, toda  vez  que  el  sistema  judicial está organizado de manera jerárquica de manera  que  la  decisión  del  superior  funcional  prevalece  sobre  la que adopte el  inferior.  En ese orden de ideas, como el Tribunal había denegado la condena en  perjuicios,  no  estaba dentro de las facultades del a-quo decidir en contravía  de  esa  determinación  a  través de la liquidación de los mismos.”   

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

1. Competencia  

Es   competente   esta  Sala  de  la  Corte  Constitucional  para  revisar  la  decisión  proferida  dentro de la acción de  tutela  de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86  y  241-9 de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a  36 del Decreto 2591 de 1991.   

La reclamación hecha por el apoderado de las  sociedades  accionantes  en este caso, persigue lograr que la decisión judicial  que  dio  por  terminado  el  incidente de regulación de perjuicios y que fuera  proferida  por  la juez Octava Civil del Circuito de Barranquilla, el 7 de abril  de  2006,  y  confirmada por el Tribunal Superior de Barranquilla, en fallo de 1  de  septiembre  de  2008, se revoque, para que, en su lugar, esa misma autoridad  judicial  cumpla  con  la  decisión impartida el 4 de diciembre de 2001, por la  Sala  Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, relativa a la cuantificación  de  los  perjuicios  causados  a  lo  largo  del  proceso  ejecutivo hipotecario  adelantado contra las sociedades accionantes.   

Así,  por  tratarse  de  una tutela contra  sentencias,  esta  Sala  (i)  precisará  su jurisprudencia en relación con las  causales  de  procedencia  de  la  tutela frente a decisiones judiciales, y (ii)  entrará  a determinar si en el presente caso, la providencia dictada el 1º. de  septiembre  de  2008  por  el  Tribunal  Superior  de  Barranquilla en la que se  resuelve  confirmar  la  decisión  del Juzgado Octavo Civil del Circuito que no  accedió  a  la  liquidación  de  perjuicios  reclamados  en  el trámite de un  incidente  de  regulación de perjuicios adelantado dentro del proceso ejecutivo  hipotecario  seguido  por  el  Banco  Central  Hipotecario  B.C.H.  –en  liquidación-  en  contra  de  las  sociedades  CENTRO  NELMAR  LTDA  y  PRONAC  LTDA.,  es  realmente  una  vía de  hecho.   

   

3. La procedencia excepcional de la acción de  tutela contra decisiones judiciales. Reiteración de jurisprudencia   

De   acuerdo   con   la  jurisprudencia  constitucional,  la  posibilidad  de  controvertir  las  decisiones judiciales a  través  de  la  acción  de tutela es de alcance excepcional y restringido y se  predica  sólo  de aquellos eventos en los que pueda establecerse una actuación  del  juzgador,  manifiestamente  contraria  al  orden  jurídico o al precedente  judicial  aplicable, y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los  derechos   al   debido   proceso   y   al   acceso   a   la  administración  de  justicia.   

Según lo ha expresado esta Corporación,  la   tutela   contra  decisiones  judiciales,  en  las  condiciones  señaladas,  encuentra  un claro fundamento en la implementación por parte del Constituyente  del  91  de  un  nuevo sistema de justicia constitucional basado, concretamente,  (i)  en  el  carácter  normativo  y  supremo  de  la  Carta  Política  que vincula a todos los poderes  públicos;  (ii)  en  el  reconocimiento  de  la  efectividad  y  primacía de los derechos fundamentales;  (iii) en la existencia de  la  Corte  Constitucional  a  quien  se  le  atribuye  la  interpretación de la  Constitución  y  la  protección  de  los  derechos fundamentales; (iv)  y en la posibilidad reconocida a  toda  persona  para  promover  acción  de  tutela  contra  cualquier  autoridad  pública en defensa de sus derechos fundamentales.   

De igual manera, ha explicado la Corte que  su  carácter  excepcional y restrictivo se justifica en razón a los principios  constitucionales  de  los  que  se  desprende el respeto por la cosa juzgada, la  necesidad  de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia  y  autonomía  de  los  jueces y el sometimiento general de los conflictos a las  competencias      ordinarias     de     éstos.3   

En   los   términos   descritos,  esta  Corporación,  tanto  en  fallos de constitucionalidad como de tutela, ha venido  construyendo  una  nutrida  doctrina en torno a los eventos y condiciones en las  cuales  procede  la  tutela  contra  providencias  judiciales.  En  una labor de  sistematización  sobre  la  materia,  en la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime  Córdoba  Triviño),  la Corte distinguió entre requisitos generales y causales  específicas  de  procedibilidad  de  la tutela   contra   providencias   judiciales,  precisando  que  los  primeros  son  los presupuestos cuyo cumplimiento es condición para que el juez  pueda  entrar  a  examinar  si  en  el  caso  concreto está presente una causal  específica  de  procedibilidad  de  la  acción  de  tutela contra providencias  judiciales.   

En  el  citado  fallo,  este  Tribunal se  refirió  a  los  requisitos  generales  de  procedencia  de  la  tutela  contra  providencias judiciales de la siguiente manera:   

“24.  Los  requisitos  generales  de  procedencia de la acción de tutela contra decisiones  judiciales son los siguientes:   

“a.  Que  la  cuestión  que se discuta  resulte  de  evidente  relevancia  constitucional. Como ya se mencionó, el juez  constitucional  no  puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y  marcada  importancia  constitucional  so  pena  de  involucrarse  en asuntos que  corresponde   definir   a   otras   jurisdicciones4. En consecuencia, el juez de  tutela  debe  indicar  con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión  que  entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional  que afecta los derechos fundamentales de las partes.   

“b.  Que  se  hayan  agotado  todos los  medios  -ordinarios  y  extraordinarios-  de  defensa  judicial al alcance de la  persona  afectada  salvo  que se trate de evitar la consumación de un perjuicio  iusfundamental             irremediable5.  De  allí que sea un deber  del  actor  desplegar  todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema  jurídico  le  otorga  para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,  de  asumirse  la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo,  se  correría  el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades  judiciales,   de   concentrar  en  la  jurisdicción  constitucional  todas  las  decisiones  inherentes  a  ellas  y de propiciar un desborde institucional en el  cumplimiento de las funciones de esta última.   

“c.  Que  se  cumpla el requisito de la  inmediatez,  es  decir  que  la  tutela  se  hubiere  interpuesto en un término  razonable  y  proporcionado  a partir del hecho que originó la vulneración. De  lo  contrario,  esto  es,  de  permitir que la acción de tutela proceda meses o  aún  años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios  de  cosa  juzgada  y  seguridad  jurídica  ya  que  sobre  todas las decisiones  judiciales  se  cerniría  una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como  mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.   

“d. Cuando se trate de una irregularidad  procesal,   debe   quedar  claro  que  la  misma  tiene  un  efecto  decisivo  o  determinante  en  la  sentencia  que  se  impugna  y  que  afecta  los  derechos  fundamentales     de     la     parte     actora6. No obstante, de acuerdo con  la  doctrina  fijada  en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una  grave  lesión  de  derechos  fundamentales,  tal  como  ocurre con los casos de  pruebas  ilícitas  susceptibles  de imputarse como crímenes de lesa humanidad,  la  protección  de tales derechos se genera independientemente de la incidencia  que   tengan   en  el  litigio  y  por  ello  hay  lugar  a  la  anulación  del  juicio.   

“e.  Que la parte actora identifique de  manera  razonable  tanto  los  hechos  que  generaron  la  vulneración como los  derechos  vulnerados  y  que  hubiere  alegado  tal  vulneración  en el proceso  judicial  siempre  que  esto  hubiere  sido posible7.    Esta    exigencia   es  comprensible  pues,  sin  que  la  acción  de  tutela llegue a rodearse de unas  exigencias   formales   contrarias  a  su  naturaleza  y  no  previstas  por  el  constituyente,  sí  es  menester  que  el  actor  tenga  claridad  en cuanto al  fundamento  de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial que  la  haya  planteado  al  interior  del  proceso y que dé cuenta de todo ello al  momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.   

“f.  Que  no  se trate de sentencias de  tutela8.  Esto por cuanto los debates sobre la  protección  de  los  derechos  fundamentales  no  pueden  prolongarse de manera  indefinida,  mucho  más  si  todas las sentencias proferidas son sometidas a un  riguroso  proceso  de  selección  ante esta Corporación, proceso en virtud del  cual  las  sentencias  no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala  respectiva, se tornan definitivas.   

En relación con los requisitos especiales  de procedibilidad, la Corte, en la referida sentencia, expresó:   

“… para que proceda una tutela contra  una  sentencia  se  requiere  que  se  presente,  al  menos  uno de los vicios o  defectos que adelante se explican.   

“a.  Defecto orgánico, que se presenta  cuando  el  funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,  absolutamente, de competencia para ello.   

“b. Defecto procedimental absoluto, que  se  origina  cuando  el  juez  actuó  completamente al margen del procedimiento  establecido.   

“c.  Defecto fáctico, que surge cuando  el  juez  carece  del  apoyo  probatorio que permita la aplicación del supuesto  legal en el que se sustenta la decisión.   

“d. Defecto material o sustantivo, como  son   los   casos   en   que  se  decide  con  base  en  normas  inexistentes  o  inconstitucionales9  o  que  presentan  una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la  decisión.   

“g.  Decisión  sin  motivación,  que  implica  el  incumplimiento  de  los  servidores judiciales de dar cuenta de los  fundamentos  fácticos  y  jurídicos  de  sus  decisiones  en  el entendido que  precisamente   en   esa   motivación   reposa  la  legitimidad  de  su  órbita  funcional.   

“h.  Desconocimiento  del  precedente,  hipótesis  que  se  presenta,  por  ejemplo,  cuando  la  Corte  Constitucional  establece  el  alcance  de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una  ley  limitando  sustancialmente  dicho alcance. En estos casos la tutela procede  como   mecanismo   para   garantizar   la   eficacia   jurídica  del  contenido  constitucionalmente  vinculante  del  derecho fundamental vulnerado.10   

“i.  Violación directa de la Constitución.   

“Estos eventos en que procede la acción  de  tutela  contra  decisiones judiciales involucran la superación del concepto  de  vía  de  hecho y la admisión de especí6cos supuestos de procedebilidad en  eventos  en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta,  si    se    trata    de    decisiones    ilegítimas    que   afectan   derechos  fundamentales.”   

Encuentra  la  Corte  que en el presente caso  pueden   tenerse   como   cumplidos  los  requisitos  generales  de  procedencia  establecidos por la jurisprudencia. Las razones son las siguientes:   

a.  La  situación  fáctica  reseñada  plantea  un  asunto  de  entidad  constitucional, en cuanto  involucra  una  supuesta  afectación  del  derecho  al  debido  proceso  de las  sociedades demandantes.   

b.  Los  hechos que  generan  la  vulneración  que  acusa  la  demanda  se  encuentran perfectamente  identificados en el escrito de tutela.   

c. Las sociedades  demandantes  no  cuenta  con  otro  medio judicial alternativo de defensa de sus  derechos  fundamentales  en  la  medida  en que agotaron ya todas las instancias  ordinarias debidas.   

d.  No   encuentra   la   Sala   que  se  haya  desconocido    el    principio    de   inmediatez11,  tomando  en  consideración  que  el  posible perjuicio causado a las sociedades  accionantes  por  las  decisiones  tomadas  en  el proceso ejecutivo hipotecario  tienen  fecha de 1 de septiembre de 2008  y la tutela se interpone el 20 de  septiembre  de 2008, además de lo anterior, el fallo revisado tiene fecha de 11  de noviembre de 2008.   

e. Por último no  se  pretende  controvertir  por  esta  vía una sentencia de tutela, frente a la  cual este mecanismo resulta improcedente.   

Constata  así  la  Sala, que concurren los  presupuestos  generales  que  conforme  a  su  jurisprudencia  la habilitan para  ingresar   en   el   estudio   de   una   tutela   que  controvierte  decisiones  judiciales.   

4. Caso concreto  

Las sociedades Centro Nelmar Ltda. y Promotora  Nacional  de  Construcciones  Limitada  –    Pronac    Ltda.    hoy   Promotora   de   Propiedad   Horizontal  Limitada       -Protal  Ltda.- interpusieron acción de  tutela  en  contra  del  Tribunal  Superior  de  Barranquilla,  en  razón  a la  actuación  judicial adelantada por ésa autoridad judicial luego de proferir el  1  de  septiembre de 2008 una providencia en la cual confirmó la del 7 de abril  de  2006,  donde  se dio por terminado el incidente de regulación de perjuicios  dentro  de  un  proceso  ejecutivo  hipotecario  seguido  en  su  contra  por el  Banco    Central    Hipotecario   –   B.C.H.- en Liquidación.   

En  dicha  decisión  judicial,  considerada  por las entidades accionantes como una vía de hecho,  no  se  accedió a la liquidación de unos perjuicios  reclamados  con  motivo  en  un  excesivo  embargo  de  bienes  inmuebles, hecho  cumplido   en   el  trámite  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  seguido  por  el  B.C.H.  en contra de  las  sociedades aquí accionantes. Por esta razón, consideraron las accionantes  que    sus    derechos    fundamentales    al   debido   proceso,   igualdad  y  acceso  eficaz a la administración de justicia habían  sido vulnerados.   

La  Sala  hace  una  síntesis de lo sucedido  así:   

–  Las  sociedades  Centro  Nelmar  Ltda.  y  Promotora      Nacional      de     Construcciones     Limitada     –   Pronac   Ltda.   hoy  Promotora  de  Propiedad  Horizontal  Limitada  -Protal Ltda.- suscribieron el 10 de febrero de  1976  una  escritura  pública  con  garantía  hipotecaria con el Banco Central  Hipotecario   

-B.C.H.- hoy en liquidación.  

– Incumplida la obligación pactada por dichas  sociedades,  el  13  de octubre de 1983 el Banco B.C.H. dio inicio al respectivo  proceso  ejecutivo  hipotecario,  del  cual conoció el Juzgado Octavo Civil del  Circuito de la ciudad de Barranquilla.   

–  Como  se  advierte,  el proceso inició en  octubre  de  1983,  y  dentro  de  las  múltiples actuaciones judiciales en las  cuales  todas  las  partes  pudieron  intervenir,  la  Sala  Civil  –  Familia  del  Tribunal  Superior  de  Barranquilla  resolvió  un  recurso de apelación el 31 de octubre de 1997, por  el  cual  revocó  la  decisión  dictada  el  28 de febrero de 199712  por  el  mencionado  Juzgado  Octavo  Civil  del  Circuito de esa ciudad, ordenando en su  lugar,   que   el   juez   de   primera   instancia  procediera  a  limitar   los   embargos  y  secuestros  decretados  y  practicados en este proceso, de conformidad con el inciso 8° del  artículo 513 del C. de P.C.   

– Posteriormente, el 2 de febrero de 1998, el  mismo  Tribunal  aclaró  la  decisión  del  31  de  octubre de 1997, y en esta  oportunidad  fue  explícito  en  señalar  que “…  en  la  sentencia  no  se ordenó el levantamiento de  medidas  cautelares,  y  por  tanto  no  era  procedente  la condena en costas y  perjuicios       solicitadas.”      (Negrilla  y subraya fuera del texto original). De tal suerte que no  accedió  a  lo  pretendido  por  los ejecutados, que era obtener una condena en  perjuicios a su favor.   

–  Con  todo y a pesar de lo dicho claramente  por  el  Tribunal,  el Juez Octavo Civil del Circuito de Barranquilla de aquella  época,  mediante  decisión del 8 de julio de 1998, resolvió “desembargar”  parcialmente  los  bienes  inmuebles  embargados  y  secuestrados  y procedió a  “condenar    en    costas    y    perjuicios    al  ejecutante…”,  ordenando  tasar  las  primeras por  secretaría.   

–  Aún  cuando  esta  decisión judicial fue  recurrida  y  apelada  por  el apoderado del banco, los recursos interpuestos no  prosperaron.   

– Así, el 15 de octubre de 1999, el referido  Juzgado  Octavo  Civil  del  Circuito  de  Barranquilla,  encontró probados los  perjuicios    reclamados,    y    condenó    al   Banco   B.C.H.   –  en  liquidación-,  a  indemnizar por  lucro   cesante   y   daño   emergente   a   las   sociedades   objeto   de  la  ejecución.   

– Apelada la anterior decisión, la Sala Civil  –  Familia  del  Tribunal  Superior  de  Barranquilla procedió, mediante providencia del 4 de diciembre de  2001,   a   impartir   varias   órdenes,  entre  ellas  la  de  “revocar  en  su totalidad el auto de fecha 15 de octubre de 1999, a  efectos  de  que  se  profiera  con  posterioridad,  una  vez agotado el periodo  probatorio.”13   

–  Con posterioridad a la anterior decisión,  el  apoderado  judicial  del  Banco  solicitó  en septiembre 19 de 2003, que se  desatara   el  incidente  de  regulación  de  perjuicios  y  que  se  declarara  terminado.  Dicha,  petición  la  sustentó tanto en las consideraciones hechas  por  el  Tribunal  Superior  de  Barranquilla  en decisión del 31 de octubre de  1997,  decisión  que fue aclarada el 8 de febrero del año siguiente, así como  también,   en   los  argumentos  expuestos  por  la  Sala  de  Casación  Civil  –  Agraria  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  que,  en  septiembre  7  de  1999,  resolvió  en segunda  instancia  una acción de tutela promovida por el B.C.H., la cual si bien le fue  negada,  advirtió  en  sus  consideraciones  el  error  jurídico en que había  incurrido  el  juez  Octavo  Civil del Circuito de Barranquilla con la decisión  por él dictada el 8 de julio de 1998.   

– Con todo, la petición de dar por terminado  el  mencionado  incidente  de  regulación  de  perjuicios  no  prosperó,  y se  procedió  a nombrar un perito para que diera su dictamen acerca de lo reclamado  en dicho incidente de regulación de perjuicios.   

– Si bien el referido dictamen se produjo como  se  había ordenado, el apoderado del Banco lo objetó por error grave. Para ese  momento,  marzo  5  de  2005, la Juez Octava Civil del Circuito de Barranquilla,  quien  había  sido nombrada en encargo, aceptó la objeción por error grave, y  ordenó  un  nuevo  peritaje, nombrando para ello a otro auxiliar de la justicia  experto   en  la  materia,  quien  entregó  su  dictamen  el  11  de  julio  de  2005.   

–  Nuevamente, el 12 de diciembre de 2005, el  apoderado  del  Banco  solicitó  al  juez de conocimiento, dar por terminado el  pluricitado  incidente  de  regulación  de perjuicios, en razón a que el mismo  carecía de objeto.   

–  Con posterioridad a la anterior petición,  la  juez  Octava  Civil  del  Circuito de Barranquilla, mediante providencia del  7  de  abril de 2006, decide  no  acceder  a  la  liquidación  de  perjuicios  reclamados  por las sociedades  ejecutadas,  lo  que  llevó  entonces  a  que  los  demandados en dicho proceso  ejecutivo,  consideraran  que  la  aludida  decisión  era una verdadera vía de  hecho, y que la misma violaba sus derechos fundamentales.   

–  Con  todo,  los  accionantes interpusieron  oportunamente  los  recursos  de  reposición  y  apelación  en  contra  de  la  mencionada  decisión de la juez Octava Civil del Circuito, que fueron resueltos  el  11  de  julio  de  2006,  negando  el  de  reposición,  y concediendo el de  apelación     en     el    efecto    devolutivo14.   

–  La  decisión  del 7 de abril de 2006, fue  confirmada   en   todas   sus   partes   por   la  providencia  de  1  de  septiembre  de  2008  dictada  por  el  Tribunal Superior de  Barranquilla,  demandada  en  esta  tutela por vía de  hecho.   

La  tutela  fue  fallada  en primera y única  instancia  por  la Corte Suprema de Justicia quien consideró que : la   aplicación   de   la   normativa   del   art.   517   del   C.   de   P.   C.  en  lo  correspondiente  a  la condenación en perjuicios no es extensible con carácter  de  automaticidad  a  situaciones  similares  a  las  que  esa norma regula, por  tratarse  de  un  asunto  de  naturaleza  sancionatoria,  de suerte que no puede  interpretarse  como  una vía de hecho la negativa de las autoridades accionadas  a  reconocer  y  liquidar perjuicios en el caso particular que se analiza. Así,  sostuvo,  que  “como la  propia   sentencia   de   segunda   instancia   invocó   el  art.  513   del   C.   de  P.  C.  para  la  liberación  de  algunos  de  los  bienes embargados, la circunstancia de que el  juez   de  primera  instancia  formalmente  haya  condenado  en  perjuicios  con  fundamento   en   otra  disposición,  el  art.  517  del   C.   de   P.  C.,  no  se  constituye  en  un  pronunciamiento  que  obligue  a liquidar esa condena, así esas providencias se  hayan   proferido   en   vigencia   del   art.   517  del  C. de P. C. -anterior a la reforma contenida en  la  Ley 794 de 2003- que expresamente consagraba la condena en perjuicios cuando  los  embargos  eran  considerados exagerados o abusivos, toda vez que el sistema  judicial  está  organizado de manera jerárquica de manera que la decisión del  superior  funcional  prevalece  sobre la que adopte el inferior. En ese orden de  ideas,  como  el  Tribunal  había  denegado la condena en perjuicios, no estaba  dentro  de  las facultades del a-quo decidir en contravía de esa determinación  a     través     de     la     liquidación     de    los    mismos”.   

Sentado   lo  anterior,  entra  la  Sala  a  determinar  si  en  el  presente  caso,  la tutela es procedente a la luz de los  argumentos presentados en el escrito de demanda.   

5.  No existe vía de hecho en la providencia  del 1 de septiembre de 2008   

La  Corte advierte claramente, a la luz de lo  expuesto  en  la  primera  parte  de este fallo, que el punto central del debate  está  vinculado  con la interpretación de las normas relativas a la condena en  costas   y   perjuicios   dentro   de   los  procesos  ejecutivos  hipotecarios.   

El  accionante  estima  que  dentro  de  las  circunstancias  específicas  del  caso  analizado sí existe norma expresa para  condenar  en  costas  y  perjuicios  y que desde la providencia de 8 de Julio de  1998,   cuando  se  resolvió  condenar  en  costas  y  perjuicios  a  la  parte  demandante,  la  condena en costas se hizo atendiendo el régimen excepcional de  la  divisibilidad  de  la  hipoteca,  que  es  la  Ley  182 de 1948. Indica, por  consiguiente,  que  en  el  proceso  en  cuestión  se  han  debido  aplicar las  siguientes  normas:  el inciso d) del artículo 510 del Código de Procedimiento  Civil;  el  numeral  4º.  del artículo 687 y el numeral 5º. del artículo 392  del   mismo  estatuto  procesal.  A  juicio  del  apoderado  de  las  sociedades  accionantes,  es  inaceptable  la interpretación de la Magistrada Ponente, pues  no  existe  en nuestro estatuto procesal civil una norma que permita desembargar  sin  condenar  en  costas  y perjuicios, pues todas las disposiciones de nuestro  ordenamiento  civil, que establecen desembargos, incluyen la condena en costas y  perjuicios.   

Por  su  parte,  la  Magistrada Ponente en el  fallo  demandado,  estimó,  de  manera  general,  que  revisadas las normas del  Código  de Procedimiento Civil, no se encontraba para el citado caso, una norma  específica   que   autorizara  la  imposición  de  perjuicios.  Consideró  la  Magistrada   en   su   fallo   lo   siguiente:   (i)  para   que   pueda   ordenarse   la   condena  en  perjuicios  debe   estar   autorizada   en   una   norma   de  forma  expresa  y  específica; (ii)  no es cierto que pueda aplicarse  para    condenar   en  perjuicios  en  el  asunto debatido el artículo 510  literal  d)- del C.P.C. vigente para 1998, respecto de las sociedades demandadas  y    hoy    accionantes    en   tutela;  (iii) para  las sociedades demandadas no se terminó el proceso,  ni  le  fueron totalmente favorables las excepciones de mérito propuestas, sino  que   tales  medios  de  defensa  prosperaron  parcialmente,  por  tanto  no  era  posible  aplicar  el  artículo  510 literal d),  referenciado;              (iv)­  el  enunciado  normativo  contenido  en  el  artículo  510  literal  d),  es  claro  en el sentido de que  sólo  opera la orden de  desembargo  de  los  bienes  perseguidos, y la condena al ejecutante a pagar las  costas  y  perjuicios  sufridos  por  esas  medidas cautelares y por el proceso,  cuando  la  sentencia  de excepciones sea totalmente  favorable     al     demandando.     La  norma no dice que deba    analizarse    si   se   afectan  unos   bienes   del   demandado   y   otros   no,  la    regla    se  refiere   únicamente  para  casos  relacionados con la terminación total  del  proceso  para  los  demandados;(v)   el  literal  d)  en  consecuencia solo es aplicable para aquellos eventos en que las  excepciones, totalmente  favorables       al      demandado,         pongan         fin        al        proceso.­  Si  las   excepciones   no   son  totalmente  favorables  al  demandado,  sino  solo  parcialmente,  no  se aplica el literal d) del artículo 510 del C.P.C., sino el  literal   e),   cuyo   tenor   literal   es   el   siguiente:  “Si  las   excepciones   no   prosperan  o  PROSPERAN  PARCIALMENTE,  la  sentencia  ordenará  llevar adelante la ejecución en la forma que corresponda,  condenará   al  ejecutado  en  las  costas  del  proceso  y  ordenará  que  se  liquiden”.-     Este  literal,  indicó,  en  ningún   momento   autoriza   la   posibilidad   de   condena   en   costas   y  perjuicios.­   

También   señaló   la   Ponente  del  fallo  atacado  en  la  respuesta  a  la demanda de tutela, que (vi)       el      artículo  517  del  C.P.C.  no  es  aplicable  para los procesos  ejecutivos   hipotecarios,  por  disposición  expresa  del  artículo  9°  del  artículo  555  del C.P.C. y de otro lado esa superioridad no ordenó condena en  costas  y perjuicios en el literal F) del punto primero de la sentencia de fecha  31    de    octubre    de    1998;   (vii)    tampoco    es   aplicable  el   artículo  687  del  C.P.C.  por  cuanto  que  no  se estaba en presencia de ninguna de las taxativas  situaciones  permitidas en la norma para la condena en perjuicios, por ende, los  hechos  del proceso de la referencia no se adecuaban a las situaciones fácticas  planteadas    en    dicha    norma;(viii)  El  numeral  5  del  artículo  392  del  C.P.C. vigente en 1998,  tampoco  era  de  aplicación, toda vez que allí para nada se ordena condena en  perjuicios.-  Estas normas, indicó, hacen referencia solo a costas.­   

De  lo expuesto claramente evidencia la Corte  que  la discusión jurídica descansa sobre un problema de interpretación de la  ley,  que  por  presentarse dentro de los marcos de razonabilidad y motivación,  no es susceptible de ser corregido por vía de tutela.   

Ha  sido  reiterada  la  jurisprudencia de la  Corte  Constitucional  según la cual, la acción de tutela resulta improcedente  para  controvertir  providencias  judiciales  cuando  el  sustrato  del problema  jurídico  es  la interpretación objetiva y razonable de disposiciones legales.  En  Sentencia  T-588  de  2005  M.P.  Jaime Córdoba Triviño, esta Corporación  señaló  que  la  preservación de los principios de autonomía e independencia  judiciales,  y  de  respeto  por  las jurisdicciones naturales, impone reconocer  que,  frente  a  una interpretación razonable de una disposición jurídica, el  juez  de  tutela  debe  abstenerse  de adoptar medidas anulatorias. Textualmente  esbozó dicho parecer así:   

“[N]o es posible cuestionar, por vía de  tutela,  una  sentencia,  únicamente  porque  el actor o el juez constitucional  consideran   que   la   valoración  probatoria  o  la  interpretación  de  las  disposiciones  legales  por  el  juez ordinario fueron discutibles. Es necesario  que  las  interpretaciones  y  valoraciones  probatorias del juez ordinario sean  equivocadas  en  forma  evidente  y  burda  para  que  pueda  proceder el amparo  constitucional.  Cualquier  tesis  distinta  implicaría  no sólo desconocer la  autonomía  funcional  que  tienen  los  jueces  para  interpretar  el derecho y  valorar  las pruebas (CP art. 230) sino que además desconocería la separación  funcional  entre  la  justicia  constitucional  y  la  jurisdicción  ordinaria.   

Así,   desde   el   punto   de   vista  interpretativo,   es   obviamente   ‘contrario  al  principio  de  autonomía  judicial,  –  uno  de los  pilares  y  presupuestos  del Estado de Derecho – que el juez de tutela tenga la  facultad  de  dejar  sin efecto las decisiones válidamente producidas por otros  jueces,  con  el  argumento  de una disparidad de criterios en la lectura de una  norma’.15”   

Respecto   de  las  interpretaciones  que  realizan  los  jueces  en  desarrollo del principio de autonomía judicial, esta  Corporación  expresó  en  sentencia T-094 de 199716 lo siguiente:   

“En  el ámbito de sus atribuciones, los  jueces  están  autorizados  para  interpretar  las normas jurídicas en las que  fundan  sus  decisiones.  Ello  hace  parte, justamente, de la autonomía que la  Constitución   les  garantiza.  Por  supuesto,  al  buscar  el  sentido  de  la  normatividad,  aunque  no  coincida  con  el  alcance  que  a  las disposiciones  correspondientes  podrían  dar  otros jueces, el juez de conocimiento, mientras  no  se  aparte  de  ella,  la  aplica  en  sus  providencias  y,  por  tanto, la  interpretación  a  partir de la cual lo haga mal puede tomarse como una vía de  hecho,  o  como una trasgresión del ordenamiento jurídico. Si ello es así, no  cabe  la  tutela  contra  la interpretación que un juez, en el ejercicio de sus  funciones,   haya   hecho   de   las  normas  que  gobiernan  el  proceso  a  su  cuidado”.   

También en la Sentencia T-001 de 1999, M.P.  José Gregorio Hernández Galindo, la Corte reafirmó:   

“La  vía de hecho -excepcional, como se  ha  dicho-  no  puede  configurarse  sino  a  partir  de  una ruptura flagrante,  ostensible  y  grave  de  la  normatividad constitucional o legal que rige en la  materia  a  la  que  se  refiere  el  fallo. Por tanto, mientras se apliquen las  disposiciones  pertinentes, independientemente de si otros jueces comparten o no  la  interpretación  acogida  por  el fallador, no existe la vía de hecho, sino  una  vía  de  Derecho  distinta,  en  sí  misma  respetable  si  no  carece de  razonabilidad.  Esta,  así  como  el  contenido  y  alcances  de  la  sentencia  proferida  con  ese apoyo, deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por  los  procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y  no,   por   regla  general,  a  través  de  la  acción  de  tutela’.”   

Ahora   bien,   ha  dicho  igualmente  la  jurisprudencia,  que  aun  cuando la tutela no es un mecanismo para controvertir  las   interpretaciones   que   los  jueces  hagan  del  ordenamiento  jurídico,  sustituyéndolas  por  otras  que  el  juez  de  tutela considere mejores o más  adecuadas,   en   ciertos   eventos,   es   procedente   la   tutela  cuando  la  interpretación  de  la  ley  por el juez ordinario contraviene los principios y  valores   constitucionales,   derechos   fundamentales  o  es  contraevidente  o  irracional.17   

En efecto, la competencia del juez de tutela  para  controvertir la interpretación hecha por un juez ordinario está limitada  por  la  autonomía  e  independencia  que  éste  tiene  en  el ejercicio de su  función  (art.  228  C.P.). Sin embargo, estos dos principios constitucionales,  propios  de  la  administración de justicia, están condicionados, al igual que  todo  el conjunto de las acciones del Estado, por el principio de razonabilidad.  Una   interpretación  legal  que  de  manera  manifiesta  vaya  en  contra  del  ordenamiento  jurídico,  en  detrimento  de  los  derechos fundamentales de las  personas  no constituye un ejercicio de la autonomía, sino, una decisión ultra  o  extra  vires,  es  decir,  con  desviación  de  su  juridicidad.18   

De esta manera, la procedencia de la acción  de  tutela  contra providencias judiciales cuando la alegada vía de hecho tiene  que  ver con la interpretación que el juez haga de la norma, tiene un carácter  eminentemente  excepcional,  por  virtud  del  principio  de independencia de la  administración  de  justicia  y del carácter residual de la acción de tutela.  Por  tal  razón,  las  vías  de  hecho  deben  estar  presentes  en  forma tan  protuberante,  y  deben  tener  tal  magnitud, que sean capaces de desvirtuar la  juridicidad  del  pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento19.   

En el caso en estudio, la sentencia de segunda  instancia  de  31de  octubre  de  1.997,  proferida dentro del proceso Ejecutivo  hipotecario  que  adelantó  el  BANCO  CENTRAL HIPOTECARIO contra PRONAC LTDA Y  PROTAL  LTDA  Y  OTROS,  por  el  Tribunal  Superior  de Barranquilla-Sala Civil  Familia,  que resolvió la apelación interpuesta contra la sentencia de primera  instancia,  entre  otros,  ordenó  al  juez  de  primera  instancia limitar los  embargos   y   secuestros   decretados,  ante  la  prosperidad  parcial  de  las  excepciones;  pero  no  condenó  a pagar costas y perjuicios, por cuanto no era  procedente.  No obstante lo anterior, y pese al claro mandato de esa providencia  en  donde  sostenía  que  no procedía la condena en costas y perjuicios, el a-  quo,  al  cumplir  lo resuelto por el Superior, condenó en costas y perjuicios,  en  auto de 8 de Julio de 1998, a pesar de que el Tribunal no accedió a imponer  tal  condena,  providencia que fue recurrida por el Banco y negada la concesión  del recurso de apelación.   

El B.C.H. presentó acción de tutela contra  esa  providencia  de  8  de julio de 1988 y si bien la Corte Suprema de Justicia  dijo  que  era  improcedente por cuanto debió interponerse el recurso de queja,  en                  su providencia de 7 de Septiembre de 1.999, sostuvo:   

” Del examen de la  providencia  en  cuestión como de la que resolvió la aclaración y adición de  la  sentencia de segunda instancia, advierte la Corte que en efecto el accionado  incurrió  en  la  vía  de hecho que pregona el accionante, pues aquél dio una  inteligencia  totalmente  equivocada a lo ordenado por e1 Tribunal en el literal  t)  de  su  sentencia,  ya  que si este hizo alusión al artículo 517, fue para  poner  de  presente  que la reducción de las medidas debía hacerse a petición  de  parte porque las oportunidades procesales que permitirían hacerlo de manera  oficiosa  ya habían fenecido. Siendo eso así, al accionado no le correspondía  condenar  en  costas  y  perjuicios  al  ejecutante  con ocasión del desembargo  parcial  de  los bienes inmuebles embargados y secuestrados dentro del proceso a  que  se  ha  hecho  alusión,  de  un  lado, porque eso no fue lo que ordenó el  Tribunal  en  la  providencia de 2 de febrero de 1.998 (fls. 27 al 29 ej.) y, de  otro,  porque  el  numeral 9°. del artículo 555 del C. de P. C. dispone que en  los  procesos  ejecutivos con título hipotecario o prendario “no son aplicables  los artículos 517 a 519”.   

No  obstante  lo  anterior,  se  tramitó  el  incidente  de  perjuicios promovido por CENTRO NELMAR LTDA Y PROMOTORA PROPIEDAD  HORIZONTAL  “PROTAL  LTDA,  resuelto  en  auto  de 7 de Abril de 2.006, donde el  Juzgado  8°.  Civil  del  Circuito  de  Barranquilla,  después de un análisis  probatorio  y de relacionar la normativa de los procesos ejecutivos, no accedió  a  la  liquidación, por cuanto en realidad no había condena de segundo grado y  no  se  podía  edificar  una  condena  sobre la base de una providencia a todas  luces  violatoria  de  la  ley  y  contraria al orden jurídico constitucional y  legal,  que  podía llevar incluso a generar una responsabilidad patrimonial del  Estado.   

Se recuerda que el a- quo, en la providencia  de  7  de  abril  de  2007,  confirmada  por el Tribunal de Barranquilla el 1 de  septiembre  de  2008,  en  sus consideraciones precisó exactamente cuál era el  problema    jurídico    planteado    y    se    preguntó:    ¿“Puede  el juez de primera instancia, a motu propio (sic) desconocer  lo  decidido  por  el juez de segunda instancia o superior y condenar al pago de  unos    perjuicios    que    no    fueron    reconocidos    en    la   sentencia  proferida?”.  Y  con  apoyo en disposiciones legales  concluyó  que  no cabía la condena en perjuicios para el ejecutante, porque no  solo  estaba  prohibida por la ley procesal por tratarse de un proceso ejecutivo  hipotecario,  sino,  también,  porque el juzgador que venía actuando desbordó  su  actuación  al proferir un auto contrario a lo dispuesto por el superior que  se  abstuvo de condenar en perjuicios. Agregó el a- quo, que es “obvio   que   la   providencia   de   condena   en  costas  vulnera  flagrantemente  las normas procesales, los principios de la doble instancia y de  seguridad  jurídica,  así  como el de cosa juzgada, por cuanto es claro que no  puede  el  juzgador  de  primera  instancia,  modificar  motu  propio  (sic)  la  decisión  tomada  por  su  superior, que además adquirió el carácter de cosa  juzgada..”   Igualmente,   concluyó,  “  aceptar  que  la  condena en perjuicios mantenga sus efectos y  por  lo  tanto se liquiden sus elementos, sería también violar el principio de  seguridad  jurídica  que  es  unos  de  los  valores primordiales del Estado de  Derecho”.     

La  providencia  referida fue recurrida por  los  incidentantes,  y  resuelta  mediante  el  auto  de Septiembre 01 de 2.008,  (acusado  en  esta  tutela)  por el Tribunal Superior de Barranquilla-Sala Civil  Familia,  confirmando  la  providencia  apelada y argumentando entre otros, “…  que  las  órdenes  que implican condena, deben estar  autorizadas  por  una  norma  específica,  sin  que pueda ser permitido aplicar  analógicamente  dichas órdenes a casos similares no contemplados en ley alguna  en  forma  expresa”.  Concluyó el Tribunal Superior en  la  sentencia  objeto  de  tutela,  que  si bien era procedente la reducción de  embargos  que  se había autorizado en la sentencia de segunda instancia, no era  posible  adicionar  esa  limitación  de embargos, con una condena en perjuicios  que    exigía    norma    expresa.    Así  las cosas, se puede afirmar, que el Tribunal actuó conforme a  una  interpretación  viable de la ley – no susceptible de un juicio por vía de  tutela.   

En tales términos, estima la Corte, que la  providencia  objeto  de  tutela  no  es contraria al ordenamiento jurídico y se  fundamenta  precisamente  en la organización jerárquica que soporta al sistema  judicial,  en  donde  prevalece  la decisión del superior funcional frente a lo  adoptado por el inferior.   

Considera  por  lo  tanto  la  Sala, que la  decisión  atacada  no  fue producto de una conducta arbitraria o amañada, sino  que  provino  de  considerar razonadamente, como se ha indicado con precisión y  detalle  en  esta  sentencia,  que  el  trámite del incidente de regulación de  perjuicios  se  inició  y  tramitó  de manera irregular, por cuanto en ningún  momento  cabía la condena en perjuicios para el ejecutante, no sólo porque tal  condena  estaba  expresamente  prohibida por la ley procesal, por tratarse de un  proceso  ejecutivo hipotecario, sino, también, porque el inferior desbordó con  su  actuación  lo  dispuesto  por  el  superior, quien en providencia del 30 de  octubre  de  1997  se  abstuvo  de  condenar  en  perjuicios,  circunstancia que  ratificó  de  manera  expresa  en la aclaración que hiciera a su decisión, en  proveído  del  2 de febrero de 1998, en la que manifestó que no era procedente  la  condena  en costas y perjuicios porque en la sentencia no se había ordenado  el levantamiento de medidas cautelares, sino su limitación.   

La  interpretación que realizó el Tribunal,  no  puede  considerarse  como  una  vía  de  hecho  pues hace parte del límite  argumentativo  que  el  funcionario  judicial puede apreciar; en este punto, las  distintas   interpretaciones   que   el  accionante  pueda  considerar,  no  son  suficientes  para configurar un defecto sustantivo o de interpretación, pues no  parece  irrazonable  o  exagerado un argumento como el expuesto por el Tribunal,  en  donde, como se vio, explica con suficientes razones, por qué ninguna de las  normas  citadas  por  el  accionante es aplicable a la condena en perjuicios que  sugiere la tutela.    

En  consecuencia,  al  no  establecerse  la  existencia  de  una  causal  de  procedibilidad  que  dé lugar a algún defecto  sustancial  en  la  sentencia  atacada, no le corresponde al juez constitucional  intervenir  en  controversias  que  fueron  definidas de manera razonable por el  funcionario  judicial competente según las normas que regulan el debido proceso  en  la  respectiva  materia.  Es  claro,  se  repite,  que  el  supuesto defecto  sustantivo  que  pretende  edificar  el  accionante  no  tiene ningún sustento,  puesto  que,  como  se  dijo,  el  Tribunal fue claro en indicar que no existía  norma  procesal para ordenar la condena en perjuicios y con detalle sostuvo que:  a)  que  no es procedente el artículo 510 literal d) del C.P.C. vigente para la  época  de  la  sentencia,  por  cuanto el proceso no se dio por terminado en su  totalidad,  sino  que  se  ordenó  seguir  la  ejecución  por  un  saldo de la  obligación  insoluto;  b)  no  es  procedente la aplicación del artículo 687,  último  inciso,  por  cuando  no  se dieron las situaciones contempladas en los  numerales  1,  2,  y  4  a  8  del  artículo en mención; c) tampoco procede el  artículo  517  por  cuanto  de  conformidad con el artículo 555 del C.P.C., el  artículo 517 no se aplica a los procesos ejecutivos.   

Por todo lo expuesto, considera la Sala que no  se  ha  incurrido  en vía de hecho alguna y por lo mismo no hay lugar a tutelar  los  derechos  invocados.  Se  confirmará  la  sentencia de la Corte Suprema de  Justicia  en  tanto  sostuvo que  los autos que resolvieron el incidente de  regulación  de perjuicios en primera instancia (7 de abril y 11 de julio, ambos  de  2006),  y  el  proferido  en segunda instancia el 1° de septiembre de 2008,  aparecen  ajustados a derecho y no lucen arbitrarios, ni absurdos, ni contrarios  al   ordenamiento   jurídico   ,   sino  fruto  de  un  aceptable  criterio  de  interpretación  tanto  de  la situación de hecho como de las normas llamadas a  dirimir la controversia.   

IV. DECISIÓN  

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta e  Revisión  de  la  Corte  Constitucional,  administrando  justicia en nombre del  pueblo y por mandato de la Constitución   

RESUELVE  

Segundo.-   LÍBRESE  por  Secretaría  la  comunicación  prevista  en  el  artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.   

Notifíquese,  comuníquese,  cúmplase  y  publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional.   

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO  

Magistrado Ponente  

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO  

Magistrado  

Ausente con excusa  

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB  

Magistrado  

MARTHA     VICTORIA     SÁCHICA     DE  MONCALEANO   

Secretaria General    

1  T-588 de 2007.   

2  Folios 487 a 494  del expediente. Cuaderno principal.   

3  Sentencia T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.   

4  Sentencia T-173 de 1993 M. P. José Gregorio Hernández Galindo.   

5  Sentencia T-504 de 2000 M. P: José Gregorio Hernández Galindo.   

6  Sentencia T-008 de 1998 y SU de 2000   

7  Sentencia T-658 de 1998 M. P. Carlos Gaviria Díaz.   

8  Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.   

9  Sentencia T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

10  Sentencias  T-462  de  2003;  SU  1184  de  2001;  T-1625  de  2000 y T- 1031 de  2001.   

11 La  Corte  Constitucional  en  otras oportunidades ha fijado la regla según la cual  la  tutela  debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad del  término  no  se ha establecido a priori, sino que serán las circunstancias del  caso  concreto  las  que  la  determinen.  Sin embargo, se ha indicado que deben  tenerse  en cuenta algunos factores para analizar la razonabilidad del término:  1)  si  existe  un  motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si  esta  inactividad  injustificada  vulnera el núcleo esencial de los derechos de  terceros  afectados  con  la  decisión  y  3) si existe un nexo causal entre el  ejercicio  inoportuno  de  la  acción  y la vulneración de los derechos de los  interesados”   .En   este  sentido  se  pueden  consultar,  entre  otras,  las  sentencias  SU-961  de  1997,  T-1229  de 2000, T-684 de 2003, T- 1140 de 2005 y  T-951 de 2005.   

12 En  este  pronunciamiento,  el  Juzgado  Octavo  Civil del Circuito de Barranquilla,  declaró  probada la inexistencia de la obligación por los motivos expuestos en  la  parte  motiva  de  esa  decisión;  dio  por  terminado el presente proceso;  decretó  el  desembargo  de  los bienes trabados en este asunto y ; finalmente,  condenó  al  ejecutante  a  pagar  las  costas  y los perjuicios que aquel haya  sufrido  con  ocasión  de  las medidas cautelares y del proceso, de conformidad  con el inciso final del artículo 307 (C.P.C.)   

13  Ver folio 224 a 229 del Anexo No. 6 del expediente de tutela.   

14  Artículo 354 numeral 2° del C. de P.C.   

15  Sentencia  No. T-1009 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz, Consideración 2.2. En  el  mismo  sentido,  ver,  entre  otras,  las  sentencias  SU-429/98, T-100/98 y  T-350/98.   

16  M.P. José Gregorio Hernández Galindo.   

17  Sobre  la  posibilidad  de controvertir interpretaciones judiciales que resulten  contrarias  a la Constitución, ver Sentencia T-001 de 1999 (M.P. José Gregorio  Hernández  Galindo).  En esta Sentencia se aceptó la procedencia de la acción  de  tutela  en los casos en que la interpretación que el juez haga de una norma  resulte  contraria  a un criterio hermenéutico mandado por la Constitución. En  este  mismo  sentido,  refiriéndose  a casos en que la interpretación judicial  resulte  contraevidente  o  irracional,  ver  Sentencias  T-1017  de  1999 (M.P.  Eduardo   Cifuentes   Muñoz)   y   T-1072   de  2000  (M.P.  Vladimiro  Naranjo  Mesa).   

18  T-382 de 2001.   

19  T-955 de 2006.