T-324-14

           T-324-14             

Sentencia   T-324/14    

ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE   SOBREVIVIENTES-Procedencia excepcional cuando afecta derechos   fundamentales    

ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE   SOBREVIVIENTES-Procedencia excepcional cuando se comprueba   afectación de un derecho fundamental y la irreparabilidad del perjuicio que se   deriva de esta afectación    

Esta Corporación ha accedido al   reconocimiento de derechos pensionales como mecanismo definitivo de protección   cuando en el proceso está acreditado el cumplimiento de los requisitos para su   reconocimiento y las condiciones especiales del actor determinan que sería   desproporcionado someterlo a un litigio laboral o contencioso.    

PENSION DE SOBREVIVIENTES-Finalidad    

La finalidad de   la pensión de sobrevivientes, como componente del derecho a la seguridad social,   es proteger al núcleo familiar del trabajador afiliado o pensionado que fallece,   frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte, de tal manera que   les permita asegurar una subsistencia en condiciones dignas, máxime cuando   dicha prestación es la única fuente de ingreso de sus beneficiarios.    

DERECHO A LA   PENSION DE SOBREVIVIENTES-Fundamental    

La pensión de sobrevivientes es   considerada como un derecho fundamental si de su reconocimiento depende la   materialización de garantías de los beneficiarios que se encuentran en situación   de debilidad manifiesta, ya sea por razones de tipo económico, físico o mental.    

DERECHO A LA   PENSION DE SOBREVIVIENTES Y MINIMO VITAL-Vulneración cuando entidades   encargadas de reconocimiento exigen requisitos adicionales o distintos a los   exigidos por la ley    

Si el legislador   establece que la cónyuge supérstite del pensionado puede ser beneficiaria de la   pensión de sobrevivientes cuando reúna determinadas condiciones, no pueden las   entidades encargadas de reconocer este tipo de pensiones exigir el cumplimiento   de requisitos adicionales o significativamente distintos a los exigidos por la   ley, sin violar el derecho al mínimo vital de quienes la reclaman. En   consecuencia, para verificar si la UGPP vulneró a las accionantes su derecho   fundamental al mínimo vital tras haberle negado el reconocimiento a la pensión   de sobrevivientes, es necesario establecer si los fundamentos de esa negativa   tienen un sustento inmediato en la ley o en la jurisprudencia constitucional o   si, por el contrario, se apartan significativamente de lo que específicamente se   ha exigido en casos como los de la referencia.    

PENSION DE   SOBREVIVIENTES-Marco   de libertad probatoria respecto de la forma en que se puede acreditar el   requisito de convivencia para el reconocimiento    

La Corte Constitucional ha señalado en   varias oportunidades que para acreditar la convivencia en aras de acceder a la   pensión de sobrevivientes, existe un marco de libertad probatoria, por tal   motivo, en varios pronunciamientos la Corte ha valorado algunas pruebas como   conducentes, pertinentes y suficientes para acreditar tal requisito. no existe   un único medio de prueba por medio del cual se deba acreditar el requisito de   convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes. Pues, como lo ha   expresado la jurisprudencia constitucional en un marco de libertad probatoria,   se debe verificar la idoneidad y suficiencia del medio utilizado para acreditar   la convivencia efectiva entre el cónyuge, compañera o compañero permanente   supérstite con el pensionado.    

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Reiteración de jurisprudencia    

Dado el carácter irrenunciable del   derecho a la seguridad social, la pensión de sobrevivientes es imprescriptible.   Más aún, si se tiene presente que dicha prestación busca garantizar el derecho   al mínimo vital de personas que, con ocasión de sus circunstancias especiales,   enfrentan obstáculos para procurarse las necesidades básicas existenciales. La   imprescriptibilidad del derecho a la pensión de sobrevivientes implica que los   miembros del grupo familiar del causante pueden solicitar su reconocimiento en   cualquier tiempo, siendo posible el establecimiento de un límite temporal tan   solo de las mesadas causadas antes de los tres (3) años contados desde la   presentación de la solicitud.    

PENSION DE SOBREVIVIENTES Y REQUISITO DE CONVIVENCIA-Reconocimiento al   cónyuge supérstite aunque no haya habitado bajo el mismo techo del causante   siempre que exista causa justificada para la separación aparente de cuerpos    

Para efectuar el reconocimiento de la   pensión de sobrevivientes en favor de la cónyuge, compañera o compañero   permanente supérstite, no se puede exigir por la entidad encargada del   reconocimiento pensional el haber habitado bajo el mismo techo del causante   hasta su muerte, siempre y cuando exista una causa justificada para la   separación aparente de cuerpos.    

PENSION DE   SOBREVIVIENTES Y DERECHO AL MINIMO VITAL DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Orden de   reconocer y pagar pensión de manera definitiva por cuanto se acreditó requisito   de convivencia    

Referencia: expediente T-4212199 y T-4212921 (Acumulados)    

Expediente T-4212199. María   Luisa Hernández Ortiz, contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y   Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.    

Expediente T-4212921.Elvira   Hidalgo Sánchez, mediante apoderado, contra la Unidad Administrativa de Gestión   Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP.    

Magistrada Ponente:    

MARÍA    VICTORIA CALLE CORREA    

Bogotá, D.C.,   tres (3) de junio de dos mil catorce (2014)    

La Sala Primera   de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María   Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez,   en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la   siguiente    

SENTENCIA    

En el proceso de   revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Once   Laboral del Circuito de Bogotá, el once (11) de octubre de dos mil trece (2013),   y en segunda instancia, por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior   del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiocho (28) de noviembre de dos mil   trece (2013), en la acción de tutela promovida por María Luisa Hernández Ortiz   contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones   Parafiscales de la Protección Social-UGPP; y en primera instancia, por el   Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, Quindío, el primero (1º) de   octubre de dos mil trece (2013), y en segunda instancia, por el Tribunal   Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, el trece (13) de noviembre   de dos mil trece (2013), en la acción de tutela promovida por Elvira Hidalgo   Sánchez contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones   Parafiscales de la Protección Social -UGPP.         

Los procesos de   la referencia fueron seleccionados para revisión y acumulados por la Sala de   Selección Número Uno (1), mediante Auto proferido el treinta (30) de enero de   dos mil catorce (2014).    

Las peticionarias presentaron acción   de tutela contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones   Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) reclamando la   defensa de   sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad   social.   Consideraron que la entidad demandada violó sus derechos fundamentales al negar   el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de sus cónyuges, argumentando que   no acreditaron   la convivencia por el término de cinco (5) años anteriores al fallecimiento.    

A continuación la Sala Primera de   Revisión pasa a narrar los hechos de cada uno de los casos, la respuesta de las   entidades accionadas y las decisiones objeto de revisión:    

1. Expediente T-4212199. Acción de tutela   presentada por María Luisa Hernández Ortiz contra la   UGPP    

1.1. Hechos    

1.1.1.  María Luisa Hernández Ortiz,   de ochenta y ocho (88) años de edad,[1]  manifestó que estuvo casada con Gilberto Narváez Morales[2] desde el veintitrés (23)   de mayo de mil novecientos sesenta y ocho (1968) hasta el día de su muerte el   diecisiete (17) de marzo de dos mil trece (2013).[3]    

1.1.2.  Expuso que mediante   resolución No. 09226 de agosto de mil novecientos ochenta y cinco (1985),   expedida por la UGPP, le fue reconocida la pensión de vejez a Gilberto Narváez   Morales, por lo que después de su fallecimiento la peticionaria solicitó a la   UGPP el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.    

1.1.3.  La UGPP, sin embargo, mediante la   resolución No. 18142 de veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013),[4] se abstuvo de   reconocer la prestación reclamada, tras considerar que no era posible comprobar   con exactitud la fecha de inicio de la convivencia con el causante, que permitan   acreditar el requisito de cinco (5) años de convivencia continuos con   anterioridad a la muerte del señor Narváez.    

1.1.4.    Contra la mencionada decisión, la peticionaria no   interpuso los recursos pertinentes argumentando que debido a los problemas de   salud que padece, se le dificulta el desplazamiento de un lugar a otro. Ello   sumado a la imposibilidad de actuar a través de abogado al no contar con los   recursos económicos suficientes para asumir los costos respectivos.[5]      

1.1.5.  Afirmó que es una persona de   avanzada edad, su estado de salud es muy delicado por lo que no puede valerse   por si misma y requiere de la ayuda de terceros para realizar las actividades   básicas. Estas circunstancias le impiden desempeñarse laboralmente y generar   recursos para solventar sus necesidades y así poder llevar una vida en   condiciones dignas. Agregó, que no percibe pensión o remuneración alguna, y que   dependía económicamente de su cónyuge pues siempre se dedicó a las labores del   hogar. Finalmente señaló que es la única beneficiaria de la pensión de   sobrevivientes de Gilberto Narváez.    

1.1.6.  En este contexto, María   Luisa Hernández presentó acción de tutela, reclamando la protección de sus   derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social. En consecuencia,   solicitó al juez constitucional ordenar: (i) el   reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de sobrevivientes en calidad de   cónyuge de Gilberto Narváez Morales; y (ii) el ingreso a nómina de   pensionados.    

La Directora Jurídica de la UGPP solicitó   en su escrito de contestación que se declarara improcedente la acción de tutela,   en cuanto existe un mecanismo judicial idóneo y eficaz en la jurisdicción   contenciosa administrativa para reclamar las mesadas pensionales y, a su juicio,   la tutela no se presentaba para evitar la ocurrencia de un perjuicio   irremediable.    

1.3. Decisiones   objeto de revisión    

1.3.1. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá   protegió en primera instancia de forma transitoria los derechos fundamentales   invocados por la accionante, mediante sentencia del once (11) de octubre de dos   mil trece (2013). En su concepto, la peticionaria es una mujer de avanzada edad   (88 años), que presenta graves quebrantos de salud, razón por la cual reconoció   su derecho a la pensión de sobrevivientes. Señaló que en el término de cuatro   (4) meses siguientes a la notificación de esta providencia la peticionaria debía   acudir a la jurisdicción ordinaria para solicitar el reconocimiento de (i) la   pensión de sobrevivientes de manera vitalicia y (ii) el pago retroactivo de las   mesadas pensionales causadas desde el momento del fallecimiento de su cónyuge.    

1.3.2. El fallo fue impugnado por la   accionante, porque, en su criterio, la protección debía concederse en forma   definitiva y no transitoria. En este sentido argumentó:    

“[T]eniendo en   cuenta que continúo en una situación muy precaria, que me impide iniciar y   sobrellevar un juicio ordinario, que puede llevarse años, reiterando que de   seguirse dicho trámite, puede hacer inane el derecho que ostento a recibir el   pago del retroactivo, más aún cuando actualmente sigo padeciendo serias   dificultades de salud, atendiendo la enfermedad terminal que padezco.   Aclarándose tal retroactivo, servirá para sufragar deudas adquiridas con el   tratamiento de la enfermedad”.[6]    

1.3.3. La Sala de Decisión Laboral del   Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, conoció en segunda instancia   el proceso de tutela, y mediante sentencia del veintiocho (28) de noviembre de   dos mil trece (2013) revocó la providencia impugnada. A juicio de dicha   autoridad, aunque la peticionaria es un sujeto de especial protección   constitucional por pertenecer al grupo poblacional de la tercera edad, no se   logró establecer en el proceso la condición de cónyuge del causante.    

2. Expediente T-4212921. Acción de tutela   presentada por Elvira Hidalgo Sánchez contra la UGPP    

2.1. Hechos    

2.1.1. La señora Elvira Hidalgo Sánchez   es una persona de sesenta y cuatro (64) años de edad,[7] manifestó que convivió con   José Rubio Gómez Ramírez desde el año mil novecientos sesenta y siete (1967)   hasta el día de su muerte el quince (15) de septiembre de dos mil doce (2012).[8] De esta unión   nacieron dos (2) hijos José Nodier y Mary Aidé Gómez Hidalgo, mayores de edad.  [9]    

2.1.2. Expuso que mediante resolución No.   5353 del veinticinco (25) de enero de mil novecientos setenta y seis (1976), le   fue reconocida la pensión de vejez a su cónyuge, por lo que después de su   fallecimiento la peticionaria solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la   pensión vitalicia de sobrevivientes.    

2.1.3. La UGPP, sin embargo, mediante   resolución No. 3377 del veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013),[10] negó el   reconocimiento de la pensión en favor de la peticionaria, argumentando que no se   había adjuntado la documentación mínima requerida para acceder a tal solicitud,   esto es la copia de la cédula de ciudadanía y el Registro Civil de nacimiento de   Elvira Hidalgo. Adicionalmente señaló que con ocasión del fallecimiento de José   Rubio, Diego Fernando Gómez, hijo   del causante de su primer matrimonio, solicitó el reconocimiento de la pensión   de sobrevivientes pero la misma le fue negada por no constar en la valoración   médica allegada la fecha de estructuración de la invalidez ni el porcentaje de   pérdida de la capacidad laboral.[11]    

2.1.4.   Contra la mencionada decisión, la peticionaria   interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, para lo cual allegó la   documentación requerida por la UGPP y manifestó que con tal información era   suficiente para acreditar la existencia de una convivencia permanente con el   señor Gómez hasta el momento de su muerte.    

2.1.5. Por   su parte, la UGPP mediante resolución    No. 017837 del diecinueve (19) de abril de dos   mil trece (2013) “por la cual se resuelve el recurso de reposición en   contra de la resolución 3377 del 25 de enero de 2013”, confirmó la decisión contenida en la resolución   recurrida, al considerar que no se encontraba acreditada la convivencia entre la   peticionaria y el señor Gómez durante los cinco (5) años anteriores al   fallecimiento. En dicha resolución se indicó:    

“La señora Hidalgo Sánchez Elvira ya no tiene derecho a la pensión de   sobrevivientes, toda vez que demostró la calidad de cónyuge del señor Gómez   Ramírez José Rubio, con el Registro Civil de matrimonio, pero mediante   declaración juramentada rendida por la señora Hidalgo Sánchez Elvira, el 09 de   abril de 2013 ante la Notaría Única de Caicedonia, no demostró la convivencia   con el causante los cinco años anteriores toda vez que dentro de la misma   manifiesta: el hecho sobre el cual declaro que conviví con el señor José Rubio   Gómez desde el año 1967 en unión libre, pero en el año 1999 contrajimos   matrimonio y convivimos bajo el mismo techo hasta el doce (12) de diciembre de   dos mil once (2011), fecha en que su hija Omaira Gómez Gómez lo llevó a residir   con ella en su casa, hasta esa fecha compartimos mesa, techo y lecho, pero   estuvimos juntos como pareja por cuarenta y cinco (45) años, hasta el día de su   fallecimiento”.[12]    

2.1.6.  Posteriormente, mediante   resolución No. 018948 del veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013) “por   la cual se resuelve un recurso de apelación y se revoca la resolución 3377 del   25 de enero de 2013”, la UGPP consideró que la información allegada por la   peticionaria no ofrecía certeza respecto de su convivencia con el señor José   Rubio Gómez en los últimos cinco (5) años anteriores al momento de su muerte. En   este sentido afirmó:    

“[R]evisando la   declaración juramentada de convivencia aportada por la señora Elvira Hidalgo   Sánchez, se observa que presenta inconsistencia en cuanto a lo manifestado por   ella misma, y no es clara al manifestar si cumple con el requisito mínimo de 5   años de convivencia continuos con anterioridad a la muerte del causante. || Lo   anterior en atención a que el  causante falleció el 15 de septiembre de   2012 y la recurrente en su declaración juramentada de convivencia afirma que   convivió desde el año de 1967 en unión libre, pero en el año de 1999 contrajo   matrimonio y convivió bajo el mismo techo hasta el 12 de diciembre de 2011 con   el causante, esto es, no estuvo hasta el día de su fallecimiento tal como lo   establece la Ley, pero a renglón seguido en la declaración aportada manifiesta   que “pero estuvimos juntos como pareja por 45 años, hasta el día de su   fallecimiento ocurrido el día 15 de septiembre de 2012”.    

“De acuerdo con   lo expresado no es claro para esta entidad lo manifestado por la recurrente en   su declaración juramentada de convivencia respecto de la fecha exacta de   convivencia con el causante, por lo que en esta instancia se dejará en suspenso   el reconocimiento pensional, hasta tanto se aclare tal situación”.[13]    

Con respecto a la   solicitud de Diego Fernando Gómez, la UGPP consideró que este reúne los   requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, toda vez que   acreditó  tener una pérdida de su capacidad laboral superior al 50% con fecha de   estructuración anterior a la muerte de su padre.   En consecuencia, le fue reconocida la pensión, en calidad de hijo inválido, con   un porcentaje del 50% de forma temporal mientras persista la invalidez.    

2.1.7. Agregó la peticionaria que   dependía económicamente de su cónyuge, que siempre se dedicó a las labores del   hogar, razón por la cual nunca ha hecho parte del mercado laboral. Por último,   señaló que se ha visto en la necesidad de trabajar en oficios domésticos para   satisfacer sus necesidades básicas, pero por ser mayor se le dificulta que la   vinculen en las casas.    

2.1.8. Indicó que a finales del año dos   mil once (2011), cuando el estado de salud de su cónyuge empeoró, una de las   hijas de la primera unión de José Rubio, Omaira   Gómez, se lo llevó a vivir a su casa con el fin de brindarle todos los   cuidados necesarios y mejorar sus condiciones de vida “pues las posibilidades   económicas de su hija le permitían colaborar en la manutención y alimentación   especial que para la época este requería”.[14]  Afirmó que tal decisión “en nada afectó los sentimientos de colaboración   mutua compañía, amor y demás”.[15]    

2.1.9. En este contexto, Elvira Sánchez   Hidalgo presentó acción de tutela reclamando la protección de sus derechos   fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso, para   lo cual requirió al juez constitucional ordenar el reconocimiento de la pensión   vitalicia de sobrevivientes en razón del fallecimiento de José Rubio Gómez.[16]    

2.2. Respuesta de la entidad accionada    

La Directora Jurídica de la UGPP solicitó   se declarara la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la presunta   vulneración de los derechos fundamentales de Elvira Hidalgo Sánchez. Sostuvo que   con ocasión del fallecimiento de José Rubio Gómez la peticionaria reclamó la   pensión de sobrevivientes, sin embargo, no allegó la documentación requerida   para acceder a dicha prestación en su calidad de cónyuge supérstite.   Adicionalmente, reiteró lo dicho en los tres (3) actos administrativos por medio   de los cuales se analizó la solicitud de reconocimiento pensional, referente a   la falta de claridad sobre la convivencia con el causante en los cinco (5) años   anteriores a su muerte.    

2.3. Decisiones objeto de revisión    

2.3.1. El Juzgado Tercero Civil del   Circuito de Armenia, Quindío, amparó los derechos fundamentales a la seguridad   social y al mínimo vital de Elvira Hidalgo Sánchez, mediante sentencia del   primero (1º) de octubre de dos mil trece (2013). Para tal efecto, señaló que el   caso objeto de estudio versa sobre una persona de sesenta y cuatro (64) años de   edad, por ende sujeto de especial protección constitucional; que dependía   económicamente de su cónyuge, por lo que desde su muerte no cuenta con los   recursos económicos necesarios para suplir sus necesidades básicas. Razón por la   cual estimó que el amparo constitucional resultaba procedente.    

El juez de instancia señaló que de la   información allegada al expediente, resulta notorio que Elvira Hidalgo Sánchez y   José Rubio Gómez conformaron una familia durante cuarenta y cinco (45) años,   situación que desvirtuaba que la unión “hubiera sido de última hora”,[17] pues el hecho   de que unos meses antes de la muerte el señor Gómez se hubiera ido a vivir con   una de sus hijas debido al delicado estado de salud, no significa que haya   finalizado el apoyo moral y el acompañamiento en la enfermedad que la   peticionaria le brindó hasta último momento. En consecuencia, ordenó el   reconocimiento en forma definitiva de la pensión de sobrevivientes en favor de   la peticionaria en un 50% a partir del fallecimiento de su cónyuge, toda vez que   el otro 50% fue asignado a Diego Fernando Gómez, hijo del primer matrimonio del   causante (quien es mayor de edad discapacitado).    

2.3.3. Mediante sentencia del   trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), el Tribunal Superior del   Distrito Judicial de Armenia, Quindío, revocó la decisión de primera instancia,   y en su lugar declaró improcedente la acción de tutela. Sostuvo que en el caso   concreto, no es claro el cumplimiento de los requisitos para acceder a la   pensión vitalicia de sobrevivientes.    

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS    

1.  Competencia    

Esta Sala de Revisión de la   Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos   dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto por los   artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en   concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.    

2.  Problema jurídico y esquema de resolución    

Con fundamento en los hechos   expuestos y en las decisiones proferidas por los jueces de instancia, la Sala   considera que los casos puestos a consideración de la Sala Primera de Revisión   plantean dos problemas jurídicos diferentes:    

(i)              ¿Vulnera una entidad encargada del reconocimiento y pago de una pensión de   sobrevivientes (UGPP), los derechos fundamentales al mínimo vital y a la   seguridad social de una persona de la tercera edad (María Luisa Hernández), al   negarle el reconocimiento de la pensión vitalicia de sobrevivientes, bajo el argumento   de que no acreditó la convivencia en los cinco (5) años anteriores a la muerte   del pensionado, desconociendo que aportó al proceso   elementos materiales probatorios conducentes y pertinentes para demostrar   suficientemente ese hecho?    

(ii)                 ¿Vulnera una entidad encargada del reconocimiento y pago de una pensión de   sobrevivientes (UGPP), los derechos fundamentales al mínimo vital y a la   seguridad social de una persona de la tercera edad (Elvira Hidalgo Sánchez), al   negarle el reconocimiento de la pensión vitalicia de sobrevivientes, bajo el argumento   de que no  convivió con el pensionado los cinco (5) años anteriores a su   muerte,   desconociendo que el requisito de convivencia no implica necesariamente vivir   bajo el mismo techo,   siempre y cuando exista una causa justificada para la separación?    

Con   el fin de dar solución a los problemas planteados, la Corte se referirá a (i)  la   procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se pretende el   reconocimiento de una pensión de sobrevivientes; (ii) el derecho a la   pensión de sobrevivientes; y (iii) ofrecerá respuesta a cada uno de   los problemas jurídicos propuestos.    

3. La acción de tutela presentada por   María Luisa Hernández Ortiz y Elvira Hidalgo Sánchez son procedentes para buscar   la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad   social    

3.1.   El artículo 86 de la Constitución Política consagra que la acción de tutela es   el mecanismo judicial procedente cuando (i) no existen otros medios de defensa   judicial; o (ii) cuando existiendo tales medios no son eficaces o idóneos para   salvaguardar los derechos fundamentales, en atención a las circunstancias del   caso concreto y las condiciones personales del peticionario,[18] o (iii) cuando   sea imprescindible la intervención del juez para evitar un perjuicio   irremediable, hipótesis en la cual el amparo opera en principio como mecanismo   transitorio de protección.    

3.2. Cuando se solicita   la defensa del derecho al mínimo vital, y específicamente cuando se reclama el   reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional ha   sostenido que la acción de tutela no es el mecanismo de defensa principal en   tanto existen otros medios ordinarios en las jurisdicciones laboral y   administrativa, según el caso. Sin embargo, la   jurisprudencia constitucional ha establecido que la tutela procede   excepcionalmente si se demuestra que, esas acciones carecen de idoneidad o   eficacia de acuerdo con las particularidades del caso; o si se pretende evitar   un perjuicio irremediable, aspectos que corresponde evaluar al juez en cada   caso.    

Dentro de los   elementos de análisis utilizados por la Corte para evaluar la eficacia de los   medios de defensa judicial en el escenario de las pensiones, se encuentran,   entre otros: la edad de los actores, su nivel de vulnerabilidad social o   económica, su condición de salud, sin que esta lista pueda considerarse   taxativa.[19]  Entonces, si de esos elementos es posible inferir que la carga   procesal de acudir al mecanismo judicial ordinario de defensa se torna   desproporcionada debido a las circunstancias particulares de la persona que   invoca el amparo, bien sea por el riesgo de que el ciclo vital del afectado o la   afectada se extinga antes de que termine el proceso judicial, o porque la   extensión del trámite lleve a la persona a una situación incompatible con la   dignidad humana, la tutela es el mecanismo judicial procedente para amparar en   forma definitiva los derechos fundamentales.    

Ahora bien,   tratándose concretamente de acciones de tutela presentadas por adultos mayores   en las cuales solicitan el reconocimiento y pago de una pensión, el juez   constitucional debe tener en cuenta que, por lo general, este grupo poblacional   depende exclusivamente de su mesada pensional para tener una vida en condiciones   mínimas de dignidad. Entonces, el juicio de procedibilidad de la acción de   tutela se torna menos riguroso debido a las especiales circunstancias que rodean   al demandante.[20]    

3.3. En este orden de ideas, esta   Corporación ha accedido al reconocimiento de derechos pensionales como mecanismo   definitivo de protección cuando en el proceso está acreditado el cumplimiento de   los requisitos para su reconocimiento y las condiciones especiales del actor   determinan que sería desproporcionado someterlo a un litigio laboral o   contencioso.    

Por ejemplo, en la sentencia   T-645 de 2008, la Sala Tercera de Revisión se pronunció respecto de la acción de   tutela presentada por una señora de setenta y cuatro (74) años de edad a quien   el ISS le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,   argumentando que el afiliado no cotizó las veintiséis (26) semanas exigidas por   el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pasando   por alto la grave limitación mental que afecta a la hija del afiliado y que la   misma entidad advirtió que el afiliado sí había cotizado las semanas requeridas. La   Corte estimó que para el reconocimiento de una mesada pensional de una persona   de la tercera edad, el medio de defensa judicial ordinario no resulta ser   idóneo, comoquiera que éste puede superar la expectativa de vida del actor.[21]    

Por otro lado,   en la sentencia T-264 de 2010 la Sala Tercera de Revisión reconoció en forma   definitiva la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente de un   pensionado del Instituto de Seguros Sociales, a quien se le había negado el   reconocimiento del derecho, tras considerar que no había acreditado la   convivencia con el causante durante los cinco (5) años anteriores a su   fallecimiento. La Corte consideró que debía reconocer la pensión de   sobrevivientes en forma definitiva, porque el medio ordinario para la protección   del derecho era ineficaz, esto, teniendo en cuenta que la accionante es un   sujeto de especial protección constitucional, en razón a estar inmersa en una   situación de pobreza extrema y padecer una serie de enfermedades.[22]    

3.4. Como se   expondrá a continuación, en las acciones de tutela   sometidas a consideración de la Sala, diferentes aspectos llevan a la conclusión   de que los medios ordinarios de defensa judicial resultan ineficaces y no   idóneos para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales de las   peticionarias.    

3.4.1. En relación con la acción de   tutela interpuesta por María Luisa Hernández Ortiz, la Sala Primera de Revisión   advierte que: primero, se trata de una mujer de avanzada edad (88 años), que   dependía económicamente de su cónyuge. Por esto, si se tiene en cuenta el tiempo   que puede tardar un proceso en la jurisdicción contencioso administrativa, es   palmario que este puede superar su expectativa de vida. Segundo, la accionante   padece una enfermedad denominada púrpura   trombocitopénica,[23] lo que aumenta su situación de debilidad   e imposibilidad para generar recursos para solventar sus   necesidades básicas y así procurarse una vida digna, máxime cuando en la actualidad no   cuentan con un ingreso fijo.    

Es notoria la difícil situación que   atraviesa la accionante, por lo que a la luz de los postulados constitucionales   se evidencia una ausencia de idoneidad y eficacia para garantizar el goce   efectivo de sus derechos constitucionales mediante un proceso contencioso   administrativo, lo que lleva a la Sala a considerar que la   acción de tutela interpuesta es procedente.    

3.4.2. Respecto   de la señora Elvira Hidalgo Sánchez, con base en la información que reposa en el   expediente, la Sala Primera de revisión encuentra que: primero, se   trata de una mujer de sesenta y cuatro (64) años de edad, que dependía   económicamente de su esposo. Segundo, nunca hizo parte del mercado laboral,   pues siempre se dedicó a las labores del hogar.[24] Actualmente se   desempeña como trabajadora doméstica, la accionante no tiene la   expectativa del reconocimiento de una prestación pensional, por cuanto   hasta el momento nunca había trabajado ni cotizado al sistema de pensiones, lo cual   amenazaría el disfrute de su derecho al mínimo vital.    

Por lo expuesto,   la Sala Primera de Revisión considera que, con base en las particularidades del   caso, no   resultan idóneas ni eficaces las acciones propias de la jurisdicción contenciosa   administrativa para lograr el goce efectivo de los derechos fundamentales de   Elvira Hidalgo,   pues implica someter a una mujer de sesenta y cuatro (64) años de edad a las   cargas procesales, personales, temporales y económicas que trae consigo un   proceso de este tipo.    

4. El derecho a la pensión de sobrevivientes. Reiteración   de jurisprudencia    

4.1.   La finalidad de la pensión de sobrevivientes, como componente del derecho a la   seguridad social, es proteger al núcleo familiar del trabajador afiliado o   pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su   muerte, de tal manera que les permita asegurar una subsistencia en condiciones   dignas,   máxime cuando dicha prestación es la única fuente de ingreso de sus   beneficiarios.[25]  Al respecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia C-1094   de 2003 señaló:    

“La pensión de   sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el   legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social. La finalidad   esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo   fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían   económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de   subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que   contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. (…)    

“En relación con los cargos formulados, la   Corte encuentra que, en principio, la norma [artículo 13 Ley 797 de 2003]   persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la   pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del   sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para   el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones   lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a   punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes”.[26]    

4.2.   Debido a la estrecha relación entre el reconocimiento de la pensión de   sobrevivientes y el derecho fundamental al mínimo vital de los familiares del   causante como potenciales beneficiarios de tal prestación, esta Corporación ha reconocido el   carácter fundamental de este derecho.[27]  En este sentido, la Corte indicó que pese a ser la pensión de sobrevivientes una   prestación económica ha sido catalogada como un derecho fundamental en tanto:    

“[B]usca lograr   en favor de las personas que se encuentran involuntariamente en circunstancias   de debilidad manifiesta- originada en diferentes razones de tipo económico,   físico o mental y que requieren de un tratamiento diferencial positivo o   protector -, un trato digno y justo, por parte de la entidad que debe reconocer   y pagar la pensión”.[28]    

Así las cosas, la pensión de   sobrevivientes es considerada como un derecho fundamental si de su   reconocimiento depende la materialización de garantías de los beneficiarios que   se encuentran en situación de debilidad manifiesta, ya sea por razones de tipo   económico, físico o mental.[29]    

4.3. Teniendo clara la finalidad de la   pensión de sobrevivientes y que esta puede ser considerada un derecho   fundamental, es necesario analizar cuales son los requisitos exigidos legalmente   para el reconocimiento de este derecho.    

Entonces, si el   legislador establece que la cónyuge supérstite del pensionado puede ser   beneficiaria de la pensión de sobrevivientes cuando reúna determinadas   condiciones, no pueden las entidades encargadas de reconocer este tipo de   pensiones exigir el cumplimiento de requisitos adicionales o significativamente   distintos a los exigidos por la ley, sin violar el derecho al mínimo vital de   quienes la reclaman. En consecuencia, para verificar si la UGPP vulneró a las   accionantes su derecho fundamental al mínimo vital tras haberle negado el   reconocimiento a la pensión de sobrevivientes, es necesario establecer si los   fundamentos de esa negativa tienen un sustento inmediato en la ley o en la   jurisprudencia constitucional o si, por el contrario, se apartan   significativamente de lo que específicamente se ha exigido en casos como los de   la referencia.    

5. Expediente   T-4212199. La UGPP vulneró los derechos fundamentales al   mínimo vital y a la seguridad social de María Luisa Hernández Ortiz, al negarle   el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, argumentando   que no probó de manera suficiente la convivencia con el causante    

En este apartado   la Sala Primera de Revisión concluirá que la UGPP vulneró los derechos   fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante. Dicha   violación se concretó al negarle el reconocimiento de la pensión de   sobrevivientes indicándole que no probó de manera suficiente la convivencia con   el causante   durante los últimos cinco (5) años anteriores a la muerte de   este último, desconociendo que existe libertad probatoria para demostrar tal   requisito y, dentro de ese marco de libertad, las declaraciones extrajuicio son   pruebas pertinentes y suficientes para probar tal hecho.    

A continuación, la Sala pasará a explicar   las razones que justifican su aserto.     

5.1. Existe un marco de libertad   probatoria respecto de la forma en que se puede acreditar el requisito de   convivencia para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.    

5.1.1. La Corte Constitucional ha   señalado en varias oportunidades que para acreditar la convivencia en aras de   acceder a la pensión de sobrevivientes, existe un marco de libertad probatoria,   por tal motivo, en varios pronunciamientos la Corte ha valorado algunas pruebas   como conducentes, pertinentes y suficientes para acreditar tal requisito. Por   ejemplo, la Sala Novena de Revisión en la citada sentencia T-787 de 2002,   advirtió que la entidad accionada incurrió en una vía de hecho al negar la   prestación económica a la actora, por cuanto omitió practicar las pruebas   necesarias para establecer con certeza la convivencia y desconoció las   declaraciones extrajuicio allegadas por la peticionaria, mediante las cuales   buscaba acreditar que pese a que en los últimos meses de vida de su cónyuge no   vivieron bajo el mismo techo, debido a los graves quebrantos de salud, en   realidad nunca se interrumpió la convivencia.    

Luego, en sentencia T-921 de 2010 la Sala   Novena de Revisión indicó que la forma de acreditar la existencia de vida   marital entre solicitante y causante durante los cinco (5) años anteriores a la   muerte del pensionado, para acceder a la pensión de sobrevivientes, por regla   general, es una declaración juramentada extraproceso del requirente y una de un   tercero, donde conste la convivencia y su duración. Sin embargo, en la citada   sentencia la Corte señaló que la ley no establece ni restringe los medios de   prueba que avalan dicho supuesto dando lugar a cierta libertad probatoria. Esta   Corporación concedió el amparo solicitado, por cuanto consideró que no es válido   constitucionalmente que la entidad encargada de reconocer la pensión de   sobrevivientes oponga requisitos de tipo formal, como medios de prueba   adicionales, cuando de la mesada pensional dependía la satisfacción del  mínimo   vital de la accionante, más aún cuando se trataba de una persona de la tercera   edad aquejada de graves problemas de salud. Al respecto afirmó:    

“[E]s   imprescindible evidenciar que la ley, en este punto, no establece ni restringe   los medios de prueba que avalan dicho supuesto; por ello, de acuerdo con una   interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, se permite cierta libertad   probatoria, verificando la idoneidad en cada caso concreto. || Lo precedente, si   bien es una fórmula jurídicamente válida, podría llegar a quebrantar los   principios de buena fe, confianza legítima y/o igualdad, por ejemplo cuando una   entidad exige medios de prueba ilógicos, extravagantes o superfluos, en sí   mismos o comparados con los pedidos por otra entidad, pública o privada,   encargada de prestar el mismo servicio, para el caso la seguridad social”.  [32]    

Hechas las anteriores precisiones, se   desprende que no existe un único medio de prueba por medio del cual se deba   acreditar el requisito de convivencia para acceder a la pensión de   sobrevivientes. Pues, como lo ha expresado la jurisprudencia constitucional en   un marco de libertad probatoria, se debe verificar la idoneidad y suficiencia   del medio utilizado para acreditar la convivencia efectiva entre el cónyuge,   compañera o compañero permanente supérstite con el pensionado.    

5.1.2. En el caso   concreto, María Luisa Hernández solicitó el amparo de sus derechos fundamentales   al mínimo vital y a la seguridad social, tras considerar que fueron vulnerados   por la UGPP al haberle negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,   bajo el argumento de que no cumplió con el requisito establecido en el artículo   47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,   porque no demostró de manera suficiente la convivencia con el causante.[33]    

Para acreditar la calidad de cónyuge   supérstite de Gilberto Narváez y con ello su condición de beneficiaria de la   pensión vitalicia de sobrevivientes, la peticionaria adjuntó a la solicitud   elevada ante la UGPP (i) Partida de Bautismo y Partida Matrimonio, en las cuales   consta que estos contrajeron matrimonio católico el veintitrés (23) de mayo de   mil novecientos sesenta y tres (1963);[34] (ii) copia de “la solicitud de   traspaso regional de acuerdo con la Ley 44 de 1980”,[35] radicada por el señor Narváez el día   cuatro (4) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997), en la cual éste   designó a la peticionaria como beneficiaria de la pensión de jubilación que él   disfrutaba en virtud de la resolución No. 9226 de 1985; (iii) dos declaraciones   juramentadas de personas cercanas que manifestaron conocer a María Luisa Ortiz y   Gilberto Narváez desde hace treinta (30) años, y constarles que “María Luisa   Hernández y Gilberto Narváez Morales contrajeron matrimonio el veintitrés (23)   de mayo de mil novecientos sesenta y tres (1963), el cual continuó hasta el día   en que falleció el señor Narváez, esto es el diecisiete (17) de marzo del dos   mil trece (2013)”, y que “durante los últimos 5 años convivieron juntos   bajo el mismo techo, brindándose apoyo y comprensión; su esposa dependía   económicamente y en todo sentido  de su esposo, nunca se separaron; de esa   unión no procrearon hijo alguno”;[36] y (iv) Registro Civil de Defunción.[37]    

Igualmente,   declaró que dependía económicamente de su cónyuge con quien mantuvo hasta su   muerte los lazos de afecto, auxilio mutuo y el acompañamiento espiritual propio   de la vida de pareja. Señaló que por su avanzada edad y por los problemas de   salud que presenta no puede satisfacer sus necesidades básicas, en tanto padece  Púrpura trombocitopénica.[38]    

5.1.3. Pese a las   pruebas allegadas por María Luisa Hernández, la UGPP mediante la resolución No.   18142 del veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013), negó el   reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Para tal efecto, argumentó que   después de estudiar las declaraciones juramentadas, la Partida de Bautismo de la   peticionaria y el Registro Civil de Defunción de Gilberto Narváez, no se logró   acreditar la convivencia entre la peticionaria y su cónyuge en los cinco (5)   años anteriores a su fallecimiento. Afirmó que si bien está probado que estos   contrajeron matrimonio el veintitrés (23) de mayo de mil novecientos sesenta y   tres (1963), de las declaraciones rendidas por las señoras Nubia Jiménez Roa y   Ana Ludibia Vargas Suárez, no se “infieren los extremos de la convivencia, es   decir, no se tiene fecha exacta de inicio de la convivencia, que permita   acreditar el requisito de convivencia durante los últimos cinco años anteriores   al fallecimiento del señor Gilberto Narváez Morales”.[39]    

Adicionalmente   expresó en relación con la Partida Eclesiástica de matrimonio, que ésta carece   de valor probatorio y que en el Registro Civil de Defunción del señor Narváez se   presenta una inconsistencia en el número de identificación del causante.[40]     

De los argumentos   expuestos por la entidad accionada en la contestación de la tutela y en la   resolución No. 18142 del veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013),[41]  la Sala Primera de Revisión advierte que la UGPP vulneró los derechos   fundamentales de la peticionaria en tanto, (i) no valoró los elementos   probatorios allegados por la peticionaria para acreditar la convivencia con su   cónyuge, tales como las declaraciones extrajuicio y el Registro Civil de   Matrimonio; y (ii) opuso requisitos de tipo formal para negar el reconocimiento   pensional, al invocar un error contenido en el Registro Civil de Defunción del   fallecido. Adicionalmente, (iii) desconoció que la accionante es un sujeto de   especial protección constitucional (por su avanzada edad), que padece serios   problemas de salud, y dependía económicamente de su cónyuge por lo que ante su   ausencia, quedó en una situación de extrema vulnerabilidad.    

5.1.4. Con base   en lo expuesto, la Sala estima que las pruebas allegadas por la peticionaria a   la solicitud de reconocimiento pensional y al expediente de tutela son   suficientes y pertinentes para considerar sin lugar a dudas que la accionante y   Gilberto Narváez Morales convivieron desde el veintitrés (23) de mayo de mil   novecientos sesenta y tres (1963) cuando contrajeron matrimonio religioso hasta   el diecisiete (17) de marzo del dos mil trece (2013) cuando falleció el   pensionado, dando lugar a una convivencia de cincuenta (50) años. Cumpliendo de   esta forma con el requisito para ser beneficiaria de la pensión vitalicia de   sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de Gilberto Narváez Morales,   establecido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo   13 de la Ley 797 de 2003, consistente en haber hecho vida marital con el   pensionado y   acreditar la convivencia durante los cinco (5) años anteriores a su muerte.    

5.1.5. En esta   medida, la Sala de Revisión ordenará el reconocimiento del derecho a la pensión   de sobrevivientes de la señora María Luisa Hernández Ortiz, en la medida en que   encontró suficientes evidencias para concluir que la accionante compartió su   vida con el señor Gilberto Narváez Morales, de lo que se deriva que convivieron   los cinco (5) años anteriores a su fallecimiento, desvirtuando con ello que se   trate de un vínculo fugaz de último momento.    

Finalmente, cabe   resaltar que aunque el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, amparó en   primera instancia los derechos fundamentales de la peticionaria y ordenó el   reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, lo hizo de forma transitoria.   Decisión que aunque garantiza el goce de los derechos fundamentales de la   peticionaria, no ofrece una protección integral, al asegurar tan solo por unos   meses el reconocimiento pensional y someter a la peticionaria a un proceso   contencioso administrativo que no se compadece con el fin último la pensión de   sobrevivientes, que consiste en impedir que quien haya convivido de manera   permanente, responsable y efectiva, y haya prestado apoyo a su pareja al momento   de morir, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas materiales,   económicas y morales que supone su desaparición.[42] Por esto, el   amparo se reconocerá en forma definitiva teniendo en cuenta las particularidades   del caso, en tanto i) está acreditado que la actora es un sujeto de especial   protección constitucional por su avanzada edad y por el delicado estado de salud   en que se encuentra; ii) su derecho al mínimo vital está siendo gravemente   afectado porque no cuenta con una fuente de ingresos propia, debido a que   dependía económicamente de su cónyuge; iii) existe certeza de su derecho a la   pensión de sobrevivientes, puesto que la UGPP negó el reconocimiento del derecho   desconociendo que aportó al proceso elementos materiales probatorios conducentes   y pertinentes para demostrar suficientemente la convivencia con el señor   Narváez; vulnerando con esto sus derechos fundamentales a la seguridad social y   al mínimo vital.    

Cabe precisar que si bien el derecho   pensional es imprescriptible, las prestaciones periódicas o mesadas que no han   sido cobradas sí son susceptibles de prescribir, de conformidad con la regla   general de prescripción de las acreencias laborales de tres (3) años, prevista   en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.[43] Esto significa que con el   paso del tiempo, los beneficiarios pierden la posibilidad de reclamar las   mesadas causadas si estas no han sido reclamadas dentro de los tres (3) años   anteriores al momento en que se presenta la reclamación, pero nunca el derecho a   su pensión y a percibir las mesadas futuras. En la sentencia C-230 de 1998, se   explicó que “[…] dada la   naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las pensiones, la   prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas   pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al   momento en que se presente la reclamación del derecho”.[44]    

Bajo estas consideraciones, puede   afirmarse que dado el carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social,   la pensión de sobrevivientes es imprescriptible. Más aún, si se tiene presente   que dicha prestación busca garantizar el derecho al mínimo vital de personas   que, con ocasión de sus circunstancias especiales, enfrentan obstáculos para   procurarse las necesidades básicas existenciales. La imprescriptibilidad del   derecho a la pensión de sobrevivientes implica que los miembros del grupo   familiar del causante pueden solicitar su reconocimiento en cualquier tiempo,   siendo posible el establecimiento de un límite temporal tan solo de las mesadas   causadas antes de los tres (3) años contados desde la presentación de la   solicitud.    

5.1.6. Por las razones   expuestas, la Sala procederá a revocar la sentencia proferida en segunda   instancia por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito   Judicial de Bogotá, el veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013), que   revocó la sentencia de primera instancia expedida el once (11) de octubre de dos   mil trece (2013), en la cual protegió de forma transitoria los derechos   fundamentales   a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante. En su   lugar, se   confirmará  parcialmente   la sentencia de primera instancia, en el entendido de que la protección de los   derechos fundamentales de María Luisa Hernández Ortiz, es de carácter   definitivo y no transitorio.    

En esta medida se   dejará sin efecto la resolución No 18142 de veintidós (22) de abril de dos mil   trece (2013) expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional   y Contribuciones parafiscales-UGPP-, por medio de la cual la entidad negó una   pensión de sobrevivientes a la señora María Luisa Hernández Ortiz y se ordenará   a la UGPP proferir un nuevo acto administrativo reconociendo el   derecho a la pensión de sobrevivientes en un 100% en favor de la peticionaria,   incluyendo el pago retroactivo de las mesadas pensionales que no estén   prescritas, causadas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de   presentación de la  solicitud.    

6. Expediente T-4212921. La UGPP  vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de   Elvira Hidalgo Sánchez, al negarle el reconocimiento de la pensión de   sobrevivientes,   tras considerar  que no acreditó la convivencia hasta la muerte del   causante por no vivir  bajo el mismo techo los últimos meses de vida   desconociendo que el requisito de la convivencia no implica vivir bajo el mismo   techo siempre y cuando   exista una causa justificada para la separación aparente de cuerpos    

En este apartado   la Sala Primera de Revisión concluirá que la UGPP vulneró los derechos   fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante. Dicha   violación se concretó al negarle el reconocimiento de la pensión de   sobrevivientes por estimarse que no se acreditó la convivencia con el causante   durante los cinco (5) años anteriores a su muerte, desconociendo que el   requisito de la convivencia no implica vivir bajo el mismo techo siempre y cuando exista una causa   justificada para la separación aparente de cuerpos.    

6.1.  El requisito de convivencia no   exige que ambos cónyuges vivan bajo un mismo techo siempre y cuando exista una   causa justificada para la separación aparente de cuerpos    

6.1.1. Sobre lo que significa el   requisito de convivencia, tanto la Corte Constitucional como la Sala Laboral de   la Corte Suprema de Justicia han interpretado que este no exige que ambos   cónyuges vivan bajo un mismo techo.      

En efecto, en la sentencia T-787 de 2002,[45]  la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por una mujer de sesenta y   siete (67) años de edad en contra del Instituto de Seguros Sociales, por haber   proferido una resolución que negaba el reconocimiento de la pensión de   sobrevivientes a la cónyuge de uno de sus afiliados, por considerar que ésta no   acreditó haber convivido con el causante hasta el momento de su muerte, pues los   meses inmediatamente anteriores al fallecimiento del pensionado, los cónyuges no   habitaron bajo el mismo techo. La Sala Novena de Revisión resolvió tutelar   transitoriamente los derechos de la accionante y ordenó al Instituto de Seguros   Sociales que reconociera la pensión de sobrevivientes, pues interpretó que en   ese caso no hubo interrupción de la convivencia entre los cónyuges a pesar de   que no hubieran habitado bajo el mismo techo hasta la muerte del pensionado, ya   que dentro del proceso se acreditó que la cónyuge supérstite dependía   económicamente del pensionado y no se vislumbró el propósito de la accionante de   obtener el reconocimiento de la prestación de manera fraudulenta.   Adicionalmente, la Sala advirtió que el causante decidió residir en el   apartamento de uno de sus hijos durante algunos días de la semana en virtud del   problema físico que lo aquejaba y el tratamiento a que estaba sometido.    

En igual forma, la Sala de   Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que “la   convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de   alguno de los dos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de salud,   oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre   otros”.[46]  Así, la Corte Suprema de Justicia admite que cuando los cónyuges no convivan   bajo un mismo techo por una causa justificada, el cónyuge o la compañera o   compañero permanente supérstite, tiene derecho a que se le reconozca la pensión   de sobrevivientes, siempre que acredite que mantuvo hasta la muerte del causante   el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico y el acompañamiento espiritual   propios de la vida en pareja.[47]    

En este sentido, en sentencia T-197 de   2010,[48]  la Sala Primera de Revisión analizó el requisito legal de hacer vida marital   hasta la muerte del causante para el reconocimiento al cónyuge supérstite del   derecho a la pensión de sobreviviente, en aquellos eventos en los cuales los   cónyuges no cohabitan bajo un mismo techo. En esta oportunidad, la accionante   afirmó que “por   razones de su enfermedad y por la falta de personas que los atendieran, ella   dormía en la casa de uno de sus hijos, pero de día convivía con su cónyuge, con   quien nunca perdieron los lazos de amor, cariño y fidelidad”. Con   base en tal aseveración y en las pruebas aportadas al proceso, la Sala de Revisión   advirtió que   la falta de convivencia a que hace alusión la entidad demandada, carece de   fundamento en tanto los cónyuges no dormían bajo un mismo techo porque ambos   requerían de cuidados especiales por sus delicados estados de salud, pero   durante el día si estaban juntos y nunca perdieron los lazos de amor, cariño y   fidelidad, concluyendo que existía una justa causa para que los cónyuges no   durmieran bajo un mismo techo. Al respecto sostuvo:    

“[L]a cónyuge   supérstite tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes   aunque no haya habitado bajo el mismo techo del causante hasta su muerte,   siempre y cuando exista una causa justificada para la separación aparente de   cuerpos. Por lo tanto, si una persona se encuentra en esas circunstancias y se   le niega la pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que no vivió bajo el   mismo techo del causante hasta su muerte, se le viola su derecho fundamental al   mínimo vital si de la pensión depende la posibilidad real de proveerse las   condiciones para llevar una existencia digna”.      

De la mencionada jurisprudencia se   desprende que para efectuar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en   favor de la cónyuge, compañera o compañero permanente supérstite, no se puede   exigir por la entidad encargada del reconocimiento pensional el haber habitado   bajo el mismo techo del causante hasta su muerte, siempre y cuando exista una   causa justificada para la separación aparente de cuerpos.    

6.1.2. En el caso concreto, la Sala   encuentra que Elvira Hidalgo Sánchez solicitó el amparo de sus derechos   fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, tras considerar que   fueron vulnerados por la UGPP al haberle negado el reconocimiento de la pensión   de sobrevivientes, bajo el argumento de que no cumplió con el requisito   establecido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo   13 de la Ley 797 de 2003, de acreditar que convivió con su cónyuge los cinco (5)   años anteriores a su muerte, en tanto durante los últimos nueve (9) meses de   vida de este no habitaron bajo el mismo techo, porque dadas sus necesidades de   atención en razón de su enfermedad debió trasladarse a la casa de su hija.    

La peticionaria   en aras de acreditar la calidad de cónyuge supérstite de José Rubio Gómez   Ramírez, adjuntó a la solicitud de reconocimiento pensional y a la presente   tutela la siguiente información:    

(i)                   Registro Civil de Matrimonio, en el cual consta que estos contrajeron este   vínculo el diecinueve (19) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999);[49]    

(ii)                Registro Civil de Defunción, en el cual consta que José Rubio Ramírez Gómez   falleció el día quince (15) de septiembre de dos mil doce (2012).    

(iii)              Entrevista suministrada de manera libre y voluntaria por Elvira Hidalgo el diez   (10) de mayo de dos mil trece (2013), en la cual señaló que desde el año mil   novecientos sesenta y siete (1967) inició su convivencia con el señor Gómez, el   cual desde que cumplió los ochenta y tres (83) años de edad empezó a   deteriorarse su salud y unos meses antes de su muerte “una de sus hijas del   primer matrimonio llamada Omaira Gómez Gómez, se lo llevó a su casa” sin que   esto implicara su separación;[50]    

(iv)              Entrevista suministrada por Elizabeth Manco Sánchez, en la cual afirmó conocer a   la peticionaria y a José Rubio desde hace más de quince (15) años, por lo que le   consta que Elvira Hidalgo se encargo de cuidarlo durante sus últimos años de   vida; y que dependía económicamente de él;[51]    

(v)                Dos (2)   declaraciones extrajuicio rendidas por Luz Dary Rivera Caicedo y Mery Rodríguez   Torres de que manifestaron conocer a Elvira Hidalgo y José Rubio   Gómez desde hace treinta y cinco (35) años, y constarles que convivieron durante   cuarenta y cinco (45) años bajo el mismo techo hasta el once (11) de diciembre   de dos mil once (2011), fecha en que una de las hijas del primer matrimonio del   señor Gómez se lo llevó a vivir con ella;[52]    

(vi)              Historia Clínica de José Rubio Gómez Ramírez, en la cual consta que este padecía   diabetes mellitus, hipertensión esencial (primaria) y enfermedad pulmonar   obstructiva crónica no especificada.[53]    

6.1.3. Pese a las   pruebas allegadas por la señora Hidalgo, la UGPP negó el reconocimiento   pensional, argumentando que ésta no acreditó haber convivido bajo el mismo techo   con José Rubio Gómez los cinco (5) años anteriores a su fallecimiento.[54]    

A la anterior   conclusión llegó tras considerar que aunque en el Registro Civil   de Matrimonio consta que José Rubio Gómez y Elvira Hidalgo Sánchez contrajeron   matrimonio el diecinueve (19) de agosto de mil novecientos noventa y nueve   (1999), la declaración juramentada rendida por la peticionaria el nueve (9) de   abril de dos mil trece (2013), ante la Notaría Única de Caicedonia, puso en duda   su convivencia en los años anteriores al  fallecimiento de su cónyuge, al   declarar que vivieron bajo el mismo techo hasta el doce (12) de diciembre de dos   mil once (2011) y no hasta el día de su muerte como lo establece la Ley, esto es   el quince (15) de septiembre de dos mil doce (2012), [55]    ya que una de sus hijas se lo llevó a vivir con ella.  Así lo expresó en la resolución No. 17837 de 19 de abril de dos mil trece (2013)   “por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución   3377 del 25 de enero de 2013” y lo reiteró en la resolución No. 18948 de 25   de abril de 2013 “por la cual se resuelve un recurso de apelación y se revoca   la resolución 3377 del 25 de enero de 2013”. [56]    

6.1.4. De este modo, advierte la Sala que   la entidad accionada negó el reconocimiento del derecho a la pensión vitalicia   de sobrevivientes de la accionante, con fundamento en la afirmación que ella   misma hiciera referente a que el causante murió en la casa de su hija, en la que   vivía desde diciembre del año dos mil once (2011). De acuerdo con esto, concluyó   que no se cumplía el requisito previsto en el literal a) del artículo 47 de la   Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,   consistente en acreditar la convivencia durante los cinco (5) años anteriores a   la muerte, pues en los últimos nueve (9) meses de vida no vivieron bajo el mismo   techo.    

La Sala de   Revisión no comparte la apreciación de las pruebas de la entidad accionada,   porque considera que de los documentos aportados al proceso puede deducirse el   cumplimiento del requisito mencionado al existir elementos probatorios   suficientes, idóneos y pertinentes para considerar que la accionante convivió   con el causante cuarenta y cinco (45) años, unión de la cual nacieron dos (2)   hijos. Y,   aunque José Rubio Gómez en los últimos nueve (9) meses de vida vivió en la casa   de su hija, el vínculo que unía a la accionante con el causante no se disolvió   por el hecho de que dejaran de compartir un techo, pues como se pudo constatar   de las declaraciones rendidas por la peticionaria y por dos (2) personas   cercanas,[57] los vínculos de   afecto, apoyo, dependencia económica, acompañamiento en la enfermedad y   comprensión mutua no cesaron. Además, la decisión de no vivir juntos no se debió   a la voluntad de la accionante, sino a la difícil situación de salud por la que   atravesaba el señor Gómez,[58] por lo que su   hija decidió hacerse cargo de su padre para que estuviera en unas mejores   condiciones de vida y de salud.    

6.1.5. En este contexto,   la Sala concluye que Elvira Hidalgo Sánchez cumplió con el requisito legal de   haber convivido con el pensionado hasta el momento de su fallecimiento, y con   los demás requisitos para que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes con   ocasión de la muerte de su cónyuge José Rubio Gómez y ella continuaba cuidando.    

Ahora bien, como   se indicó en párrafos precedentes, el amparo se reconocerá en forma definitiva   teniendo en cuenta las particularidades del caso, en tanto i) está acreditado   que la actora es un sujeto de especial protección constitucional por su avanzada   edad; ii) su derecho al mínimo vital está siendo afectado debido a que nunca hizo parte   del mercado laboral, por lo que no tiene la expectativa del   reconocimiento de   una prestación pensional, pues siempre se dedicó a las labores del hogar y nunca   ha recibido beneficio económico distinto a la ayuda que le proporcionaba su   esposo; (iii)   si bien la señora   Hidalgo indicó que actualmente se desempeña como trabajadora doméstica para   poder satisfacer sus necesidades básicas, la Sala considera que a su edad no   podría participar del mercado laboral en condiciones de competitividad para   garantizarse su supervivencia por sus propios medios, lo cual implica que la   protección de sus condiciones mínimas de vida es totalmente incierta, y la   ausencia de la pensión amenazaría el disfrute del derecho al mínimo vital; iv)   existe certeza de su derecho a la pensión de sobrevivientes, puesto que la UGPP   negó el reconocimiento del derecho con argumentos contrarios a la finalidad   constitucional y legal de las normas que regulan la materia, y desconociendo que   aportó al proceso elementos materiales probatorios conducentes y pertinentes   para demostrar suficientemente la convivencia con el señor José Rubio Gómez;   vulnerando sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital; y   (v) el hecho de que la peticionaria y su cónyuge no hayan vivido bajo el mismo   techo los meses anteriores a la muerte del señor Gómez, no significa que   la convivencia haya desaparecido, pues esta se dio por motivos justificables,   como es el delicado estado de salud en que se encontraba José Rubio Gómez.    

Bajo las anteriores circunstancias, a la   señora Elvira Hidalgo Sánchez se le debe otorgar una protección definitiva de   sus derechos fundamentales, ya que las acciones propias de la jurisdicción   contenciosa administrativa no resultan idóneas ni eficaces para   buscar la protección de sus derechos fundamentales, en tanto implica someter a una   mujer de sesenta y cuatro (64) años de edad a las cargas procesales, personales   y temporales que implican un proceso de este tipo.    

6.1.6. Por las razones   expuestas, la Sala procederá a revocar la sentencia proferida en segunda   instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, el   trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), que revocó la sentencia de   primera instancia expedida el primero (1º) de octubre de dos mil trece (2013)   por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, Quindío, en la cual   ampararon los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de   Elvira Hidalgo Sánchez. En su lugar se confirmará la sentencia de primera   instancia, en la cual se ampararon los derechos fundamentales de la peticionaria   y se ordenó a la UGPP el reconocimiento en forma definitiva del derecho a la   pensión de sobrevivientes en proporción de un 50% a partir del fallecimiento del   causante, toda vez que el otro 50% fue asignado por medio de la resolución No.   18948 de veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013) al señor Diego   Fernando Gómez, hijo del primer matrimonio del causante.    

En esta medida se   dejarán sin efecto la resoluciones No. 3377 de veinticinco (25) de enero de dos   mil trece (2013), No. 17837 de diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013)   y No. 28948 de veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013) expedidas por   la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional de la Protección Social y   Contribuciones parafiscales-UGPP-, por medio de las cuales la entidad negó la   pensión de sobrevivientes a la señora Elvira Hidalgo Sánchez, esto sin afectar   el derecho de  Diego Fernando Gómez Gómez respecto del porcentaje reconocido   a su favor y se ordenará a la UGPP proferir un nuevo acto administrativo reconociendo el   derecho a la pensión de sobrevivientes en un 50% en favor de la peticionaria,   incluyendo el pago retroactivo de las mesadas pensionales que no estén   prescritas, causadas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de   presentación de la  solicitud.    

7. Conclusión    

7.1. No existe un único medio de prueba por   medio del cual se deba acreditar el requisito de convivencia para acceder a la   pensión de sobrevivientes. Pues, como lo ha expresado la jurisprudencia   constitucional en un marco de libertad probatoria, se debe verificar la   idoneidad y suficiencia del medio utilizado para acreditar la convivencia   efectiva entre el cónyuge, compañera o compañero permanente supérstite con el   pensionado.    

7.2. El requisito   de la convivencia para acceder al reconocimiento de la pensión de   sobrevivientes, no implica que los cónyuges cohabiten bajo un mismo techo hasta   la muerte del pensionado, pues cuando la separación de cuerpos está justificada,   pero continua hasta la muerte el afecto, el auxilio, mutuo y el acompañamiento   espiritual, la cónyuge supérstite cumple con el requisito de haber convivido con   el pensionado hasta el momento de su fallecimiento.    

III. DECISIÓN    

En mérito de lo   expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando   justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,    

RESUELVE    

Primero.- REVOCAR la sentencia   proferida por   la Sala  de   Decisión   Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiocho   (28) de noviembre de dos mil trece (2013), en tanto negó el amparo de los   derechos fundamentales de María Luisa Hernández Ortiz,   y  CONFIRMAR PARCIALMENTE, el   fallo del   once (11) de octubre de dos mil trece (2013) emitido por el   Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto amparó los derechos   fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la peticionaria, y REVOCAR las demás órdenes contenidas en los numerales segundo y   tercero de la sentencia de primera instancia, en cuanto ordenó el reconocimiento   de la pensión de sobrevivientes de manera transitoria.    

Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución   No. 018142 del veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013) “Por la cual   se niega una pensión de sobrevivientes”, a través de la que se negó el   reconocimiento a la pensión de sobrevivientes de la señora María Luisa   Hernández Ortiz.   En virtud de lo anterior ORDENAR a la Unidad   Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la   Protección Social que en el término de quince (15) días, contados a   partir de la notificación de esta providencia, reconozca y pague a la   peticionaria la pensión definitiva de sobrevivientes de su cónyuge Gilberto   Narváez Morales,    incluyendo el pago retroactivo de las mesadas pensionales que no estén   prescritas, causadas durante los tres (3) años anteriores a la fecha de   presentación de la  solicitud.    

Tercero.-   REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal   Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, el trece (13) de noviembre   de dos mil trece (2013), en tanto declaró improcedente la acción de tutela   interpuesta por Elvira Hidalgo Sánchez, y   CONFIRMAR la sentencia del primero (1º) de   octubre de dos mil trece (2013) emitida   por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, Quindío, en tanto amparó   los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de Elvira   Hidalgo Sánchez y se ordenó a la UGPP el reconocimiento en forma definitiva del   derecho a la pensión de sobrevivientes en proporción de un 50% a partir del   fallecimiento del causante, toda vez que el otro 50% está asignado al señor   Diego Fernando Gómez Gómez, hijo del primer matrimonio del causante.    

Cuarto.- DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones    No. 3377 de veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013) “por la cual se   niega una pensión de sobrevivientes”, No. 17837 de diecinueve (19) de abril   de dos mil trece (2013) “por la cual se resuelve un recurso de reposición en   contra de la resolución 3377 del 25 de enero de 2013” y No. 18948 de   veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013) “por la cual se resuelve un   recurso de apelación y se revoca la resolución 3377 del 25 de enero de 2013”   expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y   Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, a través de las cuales negó el   reconocimiento a la pensión de sobrevivientes de la señora Elvira Hidalgo   Sánchez.   En virtud de lo anterior ORDENAR a la Unidad   Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la   Protección Social que en el término de quince (15) días, contados a   partir de la notificación de esta providencia, reconozca y pague a la   peticionaria la pensión definitiva de sobrevivientes con ocasión del   fallecimiento de su cónyuge José Rubio Gómez en proporción al 50%, incluyendo el   pago retroactivo de las mesadas pensionales que no estén prescritas, causadas   durante los tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de la    solicitud.    

Cópiese, notifíquese, comuníquese,   insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.    

MARIA VICTORIA   CALLE CORREA    

Magistrada    

MAURICIO GONZALEZ   CUERVO    

Magistrado    

LUIS GUILLERMO   GUERRERO PEREZ    

Magistrado    

MARTHA VICTORIA   SACHICA MENDEZ    

Secretaria   General    

[1] Cédula de   Ciudadanía de María Luisa Hernández No. 26.486.279, en la cual se puede   constatar que nació el veinte (20) de julio de mil novecientos veinticinco   (1925). (Folio 13 del cuaderno principal). En adelante siempre que se haga   mención a un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos   que se diga expresamente otra cosa.    

[3] Registro Civil de   Defunción de Gilberto Narváez Morales, allí se puede leer que este falleció el   diecisiete (17) de marzo de dos mil trece (2013) (folio 16).    

[4] “Por la cual   se niega una pensión de sobrevivientes”. En esta la UGPP indicó que “una   vez analizada la documentación aportada por la interesada al cuaderno   administrativo, se establece que si bien es cierto obra designación de vida   conforme a la ley 44 de 1980, [ni de la] declaración juramentada de convivencia   de la peticionaria [ni de las] declaraciones extrajuicio aportadas, se infieren   los extremos de la convivencia, es decir, no se tiene fecha exacta de inicio de   la convivencia, que permitan acreditar el requisito de convivencia durante los   últimos cinco años anteriores al fallecimiento del señor Gilberto Narváez. ||   Ahora bien, con respecto a la Partida Eclesiástica de Matrimonio allegada, cabe   indicar que la misma no puede ser tenida en cuenta toda vez que ésta carece de   valor probatorio, ya que el documento que se debe allegar es el Registro Civil   de Nacimiento, en original o copia auténtica, así mismo cabe resaltar que   revisado el Registro Civil de Defunción, se observa que el número de   identificación del causante presenta inconsistencias, puesto que en el mismo se   encuentra el 41.90.445, siendo correcto el No. 4.904.445, por lo que se solicita   allegar el mismo con el número de cédula correcto” (folios 22 a 23).    

[5] Historia Clínica   de María Luisa Hernández Ortiz, en la cual se indica que es una “paciente con   antecedente de púrpura trombocitopénica, osteoporosis y se encuentra en   tratamiento paliativo para su enfermedad  terminal hace varios meses   intolerancia a los alimentos sólidos”. Adicionalmente, en esta consta que   debido a que no puede movilizarse se le deben realizar visitas domiciliarias   (folios 26 a 27).    

[6] Folio 55.    

[7] Cédula de   Ciudadanía de Elvira Hidalgo Sánchez No. 25.586.743, en la cual se puede   observar que nació el veinticinco (25) de abril de mil novecientos cincuenta   (1950). En adelante siempre que se haga mención a un folio se entenderá que hace   parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa (folio   4).    

[8] Registro Civil de   Defunción de José Rubio Gómez (folio 7).    

[9] Registro Civil de Matrimonio, donde consta   que José Rubio Gómez Ramírez y la señora Elvira Hidalgo Sánchez contrajeron   matrimonio religioso el diecinueve (19) de agosto de mil novecientos noventa y   nueve (1999) (folio 5).    

[10] “Por la cual   se niega una pensión de sobrevivientes debido al fallecimiento de Gómez Ramírez   José Rubio”. En la citada resolución se indicó que “con ocasión del   fallecimiento del señor Gómez Ramírez José Rubio, quien se identificó en vida   con CC No. 2.519.169 de Caicedonia-Valle, ocurrido el 15 de septiembre de 2012,   se presentaron las siguientes personas a reclamar la pensión de sobrevivientes:   Elvira Hidalgo Sánchez y Diego Fernando Gómez Gómez” (folios 149 a 151).     

[11] Con   respecto a la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes   elevada por Luz Edith Gómez, designada por el Juzgado Promiscuo de Familia de   Sevilla Valle como curadora de Diego Fernando Gómez Gómez, hijo del señor José   Rubio Gómez, la misma fue negada al considerar que la valoración médica   que le fue realizada en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, no   menciona la fecha de estructuración de la invalidez ni del porcentaje de pérdida   de la capacidad laboral del señor Gómez.    

[12] Folios 25 a 26.    

[13] En dicha   resolución, la UGPP indicó que el veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013)   la señora Luz Edith Gómez Gómez, en su calidad de curadora del señor Diego   Fernando Gómez Gómez, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación   en contra de la resolución 3377 del veinticinco (25) de enero de dos mil trece   (2013). En esta resolución se reconoció y ordenó el pago correspondiente al 50%   de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor José   Rubio Gómez a su hijo Diego Fernando Gómez por tener una pérdida de su capacidad   laboral superior al 50% con fecha de estructuración anterior a la muerte de su   padre (folios 9 a10).    

[14] Folio 74.    

[15] Folio 70.    

[16] Folio 75.    

[17] Folio 109.    

[18] De hecho, el   Decreto 2591 de 1991, en su artículo 6.1, de manera expresa dispone que la   eficacia de los medios ordinarios de defensa judiciales será apreciada en el   caso concreto, atendiendo a las circunstancias en que se encuentre el   solicitante.    

[19] Específicamente, sobre la procedibilidad de la tutela   para solicitar la pensión de sobrevivientes se puede observar la sentencia de la   Corte Constitucional T-401 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil), mediante la cual se   reconoció definitivamente dicha prestación a una señora de la tercera edad que   sufría graves quebrantos de salud. La Corte explicó que hacerla acudir a un   proceso ordinario y negarle la pensión requerida “(…) equivale a someter   arbitrariamente su bienestar a la voluntad o capacidad de terceras personas, lo   que compromete seriamente la dignidad, la igualdad y la autonomía (…)”. De   manera similar, en sentencia T-836 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),   la Corte Constitucional otorgó de manera definitiva la pensión de sobrevivientes   derivada del fallecimiento de su hija a una señora de setenta y nueve (79) años   de edad con problemas de salud avanzados, pues el ISS dilataba   injustificadamente su reconocimiento y sus derechos fundamentales se hallaban en   peligro.    

[20] En este sentido, se pueden consultar, entre   otras las siguientes sentencias: T-789 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinoza),   T-1088 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil) y T-645 de 2008 (MP Jaime Córdoba   Triviño).    

[21] MP Jaime Córdoba   Triviño. En esta providencia, la Sala Tercera de Revisión decidió amparar   los derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social de  la   actora y de su hija, en consecuencia ordenó al Seguro Social el reconocimiento   de la prestación e inclusión en nómina de pensionados. En este sentido,   sostuvo que “en ciertos casos el análisis de la   procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a cabo por los   funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio, cuando quien la   interponga tenga el carácter de sujeto de especial protección constitucional   –esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea presentada por niños,   mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos   minoritarios o personas en situación de pobreza extrema”. En   consecuencia ordenó al Seguro Social el reconocimiento de la prestación   pensional e inclusión en nómina de pensionados de la accionante.    

[22] MP Juan Carlos   Henao Pérez. En esta ocasión la Corte indicó lo siguiente: “i) la demandante   en tutela es un sujeto de especial protección constitucional en razón a su   estado de extrema pobreza, precaria situación de salud y analfabetismo; ii) su   derecho al mínimo vital está gravemente afectado, debido a que su subsistencia   dependía exclusivamente de su compañero permanente fallecido; iii) hay certeza   del derecho a la pensión de la accionante, pues se constató que la entidad   accionada al no reconocer el derecho a la pensión sustitutiva de la accionante   no tenía una fundamentación jurídica acorde con la finalidad legal y   constitucional de las normas que orientan esta materia, lo que abiertamente   vulneró el derecho a la seguridad social de la demandante en tutela, y iv) la   gestora del amparo asumió la carga procesal administrativa para la defensa de su   derecho.”    

[23] Historia Clínica   de María Luisa Hernández Ortiz, en la cual se indica que padece una enfermedad   terminal denominada púrpura trombocitopénica (folios 26 a 27).    

[24] A folio 36 reposan las declaraciones   extrajuicio rendidas ante la Notaria Única del Círculo de Caicedonia, Valle, por   las señoras Luz Dary Rivera   Caicedo y Mery Rodríguez Torres,   quienes manifestaron que por espacio de treinta y cinco (35) años conocieron a   Elvira Hidalgo Sánchez y José Rubio Gómez, respecto de quienes indicaron que les   consta, que la peticionaria dependía económicamente del señor Gómez y que   convivieron durante cuarenta y cinco (45) años hasta el once (11) de diciembre   de dos mil once (2011) cuando una hija de la primera unión del señor Gómez se lo   llevó a vivir con ella.    

[25] Ver sentencia C-1176 de 2001 (MP Marco   Gerardo Monroy Cabra). En el mismo sentido se pueden revisar, entre otras, la   sentencias C-1094 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño) y C-1035 de 2008 (MP Jaime   Córdoba Triviño).    

[26] MP Jaime Córdoba Triviño. En esta   oportunidad la Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en   contra de  los   artículos 11, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 797 de 2003. Respecto del artículo 13,   el cual consagró  que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes “en forma vitalicia, el cónyuge o la   compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho   beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso   de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el   cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que   estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido   con el fallecido no menos de cinco   (5) años continuos con anterioridad a su muerte” la Sala Plena   declaró la exequibilidad del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, tras considerar   que  “en relación con los   cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma persigue una   finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de   sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En   primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de   los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se   pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de   fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes”.    

[27] Sentencia T-740   de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).    

[28] Sentencia T-072   de 2002 (MP Álvaro Tafur Galvis).    

[29] Al   respecto, se puede leer la sentencia T-012 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio   Palacio).    

[30] “Por la cual se crea el sistema de seguridad social   integral y se dictan otras disposiciones”.    

[31] “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de   pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los   Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”. Artículo 47.   Modificado por la Ley 797 de 2003 artículo 13. “Beneficiarios de la pensión   de sobrevivientes: Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a. En   forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,   siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,   tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause   por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente   supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante   hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años   continuos con anterioridad a su muerte; b. En   forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y   cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga   menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión   temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de   20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su   propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante   aplicará el literal a). c. Los hijos menores de 18 años; los hijos   mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de   sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte,   siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y, los hijos   inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen   ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para   determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo   38 de la Ley 100 de 1993. […]”.    

[32] MP. Nilson   Pinilla Pinilla. Esta Corporación estudio la acción de tutela interpuesta por   una señora de setenta y tres (73) años de edad en contra del Ministerio de la   Protección Social. En la tutela la peticionaria indicó que contrajo   matrimonio con el señor Daniel Morales Ricardo, conviviendo ininterrumpidamente   cincuenta y tres (53) años, hasta la muerte de este último. Por su parte, la   autoridad accionada negó definitivamente el reconocimiento de la pensión de   sobrevivientes “alegando como único argumento la inexistencia de la   convivencia”. Sin embargo, la Sala Sexta de Revisión consideró que de las   afirmaciones realizadas por el Ministerio, se evidencia que este exigió, para el   reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, que no se hubiere instaurado   demandas de alimentos en ningún tiempo en contra del causante, instituyendo de   esta forma un requisito adicional para el reconocimiento de dicha prestación,   supuestamente justificado en “las reglas de experiencia” y consideró que   las declaraciones son pruebas sumarias “que deben ser evaluadas en conjunto   con los demás elementos de juicio con los que cuente la administración […] en   punto a determinar si ameritan o no serios motivos de credibilidad como prueba   para concluir la vida en común”. Advirtió la Corte que estas exigencias   ponen de presente que “la reclamante está siendo perjudicada de manera   irremediable, puesto que del reconocimiento de la sustitución pensional, a la   cual denota tener derecho, depende la satisfacción de su mínimo vital; además,   tratándose de una persona de avanzada edad, los organismos judiciales y las   autoridades están en la obligación constitucional de protegerle con especial   celo y diligencia, particularmente en sus derechos fundamentales, sin oponer   requisitos de tipo formal que obstaculicen el cumplimiento de tal deber”.    

[33] A folio 23 obra   copia de la resolución No. 018142 de veintidós (22) de abril de dos mil trece   (2013) “por la cual se niega una pensión de sobrevivientes”. En esta   señaló que una vez analizada la documentación aportada por la interesada se   establece que ni de la declaración juramentada de convivencia de la   peticionaria, ni de las declaraciones extrajuicio aportadas, se infieren los   extremos de la convivencia, es decir, no se tiene fecha exacta de inicio de la   convivencia que permitan acreditar el requisito de haber convivido durante los   últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento de Gilberto Narváez.   Adicionalmente consideró que la Partida Eclesiástica de Matrimonio allegada,   carece de valor probatorio, ya que el documento que se debe allegar es el   Registro Civil de Nacimiento, en original o copia auténtica, así mismo cabe   resaltar que revisado el Registro Civil de Defunción, se observa que el número   de identificación del causante presenta inconsistencias, puesto que en el mismo   se encuentra el 41.90.445, siendo correcto el No. 4.904.445.    

[34] Folio 15.    

[35] “Por la cual se facilita el procedimiento de traspaso y   pago oportuno de las sustituciones pensionales”. Artículo  1º.- Modificado   por el art. 1, Ley 1204 de 2008. “El pensionado oficial que   desee facilitar el traspaso de su pensión en caso de muerte a su cónyuge, sus   hijos menores o inválidos permanentes, deberá dirigir un memorial en tal sentido   a la entidad pagadora, en la cual indique la Resolución que le reconoció la   pensión y el nombre de aquél o aquellos, adjuntando las respectivas partidas de   matrimonio y de nacimiento”.    

[36] Declaración   extrajudicial prestada por la señora Nubia Jiménez Roa, en la cual   manifiesta bajo la gravedad de juramento lo siguiente: “es un   hecho cierto y verdadero que conocí de vista, trato y comunicación durante 30   años al señor Gilberto Narváez morales, lo conocí porque fuimos vecinos,   compañero de trabajo de mi padre y amigos de la familia hasta el día de su   fallecimiento por muerte natural el 17 de marzo de 2013. Que contrajo matrimonio   por los ritos católicos en este municipio (Garzón-Huila) con la señora María   Luisa Hernández Ortiz, que durante los últimos 5 años convivieron juntos bajo el   mismo techo brindándose apoyo y comprensión; su esposa dependía económicamente y   en todo sentido de su esposo, nunca se separaron; que de esta unión no   procrearon hijo alguno” (folio 20).    

[37] En el cual consta que Gilberto Narváez   Morales falleció el día 17 de marzo de 2013 (folio 16).    

[38] Folios 26 a 27.    

[39] Folio   23.    

[40] Con la entrada en   vigencia de la Ley 92 de 1938 “por la cual se dictan algunas    disposiciones sobre registro civil y cementerios”, si bien se estableció que el   matrimonio se prueba con el Registro Civil (art. 18), a falta de éste se podía   probar con las partidas existentes en los libros parroquiales (art. 19), previa   certificación expedida por el funcionario encargado del Registro Civil, que lo   era el notario y a falta de este al Alcalde. Por su parte, el Decreto 1260 de   1970 “Por el cual se expide el   Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”, estableció como prueba única para   acreditar el estado civil de las personas, el registro civil de nacimiento.    

[42] Ver sentencia T-813 de   2013 (MP Alberto Rojas Ríos). En esta oportunidad, la Sala Octava de Revisión   conoció la acción de tutela interpuesta por Ana de Jesús Cifuentes Buriticá,   contra CAJANAL E.I.C.E en liquidación y la Unidad de Gestión Pensional y   Parafiscales – UGPP, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al   mínimo vital, a la seguridad social y a la vida al negarle el derecho de acceder   a la pensión de sobrevivientes de su cónyuge, oponiendo como razones de derecho   la presentación de una solicitud similar por parte de la ciudadana María Doris   Carvajal Serna, quien asegura ser la compañera permanente del causante. Respecto   del derecho a la pensión de sobrevivientes, la Corte indicó que “esta clase   de prestación pensional tiene como finalidad proteger a la familia como núcleo   fundamental de la sociedad. En la medida en que los dependientes del causante   mantengan el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en   vida del fallecido”.    

[43] Código Sustantivo del Trabajo, art. 488:   “[l]as acciones correspondientes a los derechos regulados en este código   prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación   se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales   establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.    

[44] MP Hernando Herrera Vergara.    

[45] MP Clara Inés Vargas Hernández. En esta   oportunidad, la Corte consideró: “en   suma, puede sostenerse que el ISS utilizó en contra la señora AYALA DE FAJARDO   la buena fe con la que actuó al reclamar la prestación económica a la que tenía   derecho, pues es palmario que cuando ésta expresó la fecha del término de la   convivencia con el asegurado, con independencia de la equivocación en cuanto al   año (1996 por 1997), estimó que debía tomar en cuenta la época o fecha en la que   su esposo, en virtud del problema físico que lo aquejaba y el tratamiento a que   estaba sometido, decidió residir en el apartamento de uno de sus hijos durante   algunos días de la semana. […] Es perfectamente claro para esta Sala de Revisión   que la aquí accionante tiene derecho a que el ISS le reconozca la pensión de   sobreviviente en su calidad de cónyuge supérstite del afiliado fallecido, puesto   que dependía económicamente de éste y, en realidad, nunca se interrumpió la   convivencia durante los dos años anteriores al fallecimiento del causante”.    

[46] Sentencia 34415, Corte Suprema de Justicia   Sala de Casación Laboral, 01 de diciembre de 2009, (MP Francisco Javier Ricaurte   Gómez). En esta sentencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de   Justicia casó la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior   del Distrito Judicial de Medellín y, reconoció el derecho a la pensión de   sobrevivientes de la compañera permanente del causante, porque consideró que,   “si bien durante los últimos meses no vivieron bajo el mismo techo, en momento   alguno dejaron de ser pareja, bajo el entendido de la conformación del núcleo   familiar”.    

[47] En sentencia 31921, Corte Suprema de   Justicia Sala de Casación Laboral, 22 de julio de 2008, (MP Gustavo José Gnecco   Mendoza), se casó la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal   Superior del Distrito Judicial de Medellín, en la cual absolvió al ISS al pago   de la pensión de sobrevivientes de la cónyuge de uno de sus afiliados, porque   consideró que, el Tribunal no encontró acreditado algún elemento que le   permitiera concluir que, pese a que la actora y el causante no vivían bajo el   mismo techo, mantenían una relación de pareja estable.  Este argumento   ha sido reiterado por la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la Sentencia   34466, del 15 de octubre de 2008, (MP Luis Javier Osorio López), en la cual la   Corte no casó la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior   de Medellín, en la cual se condena al ISS al pago de la pensión de   sobrevivientes a la cónyuge de uno de sus afiliados, quien, pese a que en el   momento de la muerte de su cónyuge estaba trabajando en otro país, consideró que   la separación estaba justificada y no impedía que la cónyuge supérstite   cumpliera con los requisitos legales para acceder a la pensión de   sobrevivientes.    

[48] MP María Victoria   Calle Correa. La Sala Primera de Revisión analizó la acción de tutela   interpuesta por la señora Alejandrina Setien Cruz en contra de Coltabaco S.A.,   por haberle negado la pensión de sobrevivientes, argumentando que no cumplió con   el requisito establecido por la Ley 100 de 1993 de convivir con el pensionado   hasta su muerte. La Corte advirtió que dentro de la acción   de tutela la accionante aportó su registro civil de matrimonio, la fotocopia   simple de su carné de afiliación como beneficiaria del señor Pérez al Sistema de   Seguridad Social en Salud y la declaración juramentada rendida por el señor Ever   Robles Espinosa, en la cual manifiesta que conoció a la señora Alejandrina   Setien por más de treinta (30) años, y que le consta que durante ese tiempo   convivió con el señor Rubén Darío Pérez Baena hasta su último día de vida.   Igualmente, la señora Setien declaró que dependió económicamente de su cónyuge   durante toda su vida, y que por razones de su enfermedad y por la falta de   personas que los atendieran, ella dormía en la casa de uno de sus hijos, pero de   día convivía con su cónyuge, con quien nunca perdieron los lazos de amor, cariño   y fidelidad. Con base en los hechos narrados, la Sala Primera de Revisión   consideró que “la anterior afirmación tiene suficiente soporte probatorio   para ser considerada como cierta, pues el señor Rubén Daría Pérez tenía 93 años   de edad al momento de su muerte y no resulta lógico pensar que una mujer de 77   años de edad, con su salud menguada, podía hacerse cargo del cuidado de su   cónyuge. Por lo tanto, la Corte considera que existía una justa causa para que   los cónyuges no durmieran bajo un mismo techo”. En consecuencia, la Sala de   Revisión consideró que “el hecho de que los cónyuges no habitaran bajo un   mismo techo no implica que los cónyuges no hubieran convivido hasta la muerte   del pensionado, pues siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia   y de la Corte Constitucional, se considera que cuando la aparente separación de   cuerpos está justificada, la cónyuge supérstite cumple con el requisito de haber   convivido con el pensionado hasta el momento de su fallecimiento”.    

[49] Folio 5.    

[50] Folios 28 a 32.    

[51] Folios 33 a 34.    

[52] Declaración   extrajudicial prestada por Luz Dary Rivera Caicedo el nueve (9) de   mayo de dos mil trece ( 2013) ante la Notaría Única del Circulo de Caicedonia,   Valle,   en la cual manifestó bajo la gravedad de juramento lo siguiente: “conocí   a la señora Elvira Hidalgo Sánchez y por este conocimiento me consta que   convivió con el señor José Rubio Gómez durante cuarenta y cinco años en unión   libre, pero en el año 1999 contrajeron matrimonio y siempre convivieron como   pareja bajo el mismo techo hasta el día 11 de diciembre de 2011, como él se   enfermó yo le ayudaba a Elvira a atenderlo hasta que los hijos del primer   matrimonio se lo llevaron” (folio 36). A su turno, Mery Rodríguez   Torres en la declaración rendida el nueve (9) de mayo de dos mil trece (2013)   ante la Notaría Única del Circulo de Caicedonia, Valle manifestó bajo la   gravedad de juramento que “conocí desde hace 45 años a la señora Elvira   Hidalgo Sánchez, y por este conocimiento me consta que convivió 45 años con el   señor José Rubio Gómez, primero en unión libre y en el año 1999 contrajeron   matrimonio, durante este tiempo él se enfermó y ella era quien lo atendía con la   ayuda de las vecinas, convivieron hasta el 11 de diciembre de 2011, día en que   una hija del primer matrimonio se lo llevó” (folio 36).    

[53] Folios 45 a 47.    

[54] Como consta en la resolución  No. 017837 del   diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013) “por la cual   se resuelve el recurso de reposición en contra de la resolución 3377 del 25 de   enero de 2013” y en la resolución No.   018948 del veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013) “por la cual se   resuelve un recurso de apelación y se revoca la resolución 3377 del 25 de enero   de 2013”.    

[55] Historia Clínica   de José Rubio Gómez, en la cual consta que padece diabetes mellitus,   hipertensión esencial (primaria) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica no   especificada  (folios 45 a 47).    

[56] En este sentido   indicó en la resolución No. 18948 de 25 de abril   de 2013 lo siguiente: “La señora   Hidalgo Sánchez Elvira ya no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, toda   vez que demostró la calidad de cónyuge del señor Gómez Ramírez José Rubio, con   el Registro Civil de Matrimonio, pero mediante declaración juramentada rendida   por la señora Hidalgo, el 09 de abril de 2013 ante la Notaría Única de   Caicedonia, no demostró la convivencia con el causante los cinco años   anteriores, toda vez que dentro de la misma manifiesta: el hecho sobre el cual   declaro es que conviví con el señor José Rubio Gómez desde el año 1967 en unión   libre, pero en el año 1999 contrajimos matrimonio y convivimos bajo el mismo   techo hasta el 12 de diciembre de 2011, fecha en que su hija Omaira Gómez Gómez   lo llevó a residir con ella en su casa, hasta esa fecha compartimos mesa, techo   y lecho, pero estuvimos juntos como pareja por cuarenta y cinco (45) años, hasta   el día de su fallecimiento, ocurrido el 15 de septiembre de 2012”   (folios 25 a 26).    

[57] Declaración rendida bajo la gravedad de   juramento por las señoras Luz Dary Rivera Caicedo y Mery Rodríguez Torres ante   la Notaría Única de Caicedonia (folio   36).    

[58] Historia Clínica de José Rubio Gómez   Ramírez, en esta se indica que tiene una cardiopatía isquémica y   disnea persistente (folios 45 a 47).