T-364-09

    SENTENCIA T- 364-09  

(Bogotá DC, mayo 22)  

Referencia:  Expediente T-2.139.757.   

Accionante:  José  Erasmo Guarnizo Nieto   

Accionado:   Sala  Jurisdiccional   Disciplinaria   del   Consejo   Superior   de   la  Judicatura.   

Tema:  

Derechos fundamentales vulnerados:  derecho  al  debido  proceso,  a  la  defensa,  a la igualdad y al  trabajo.   

Hechos  vulnerantes:  las   sentencias   proferidas   dentro   del  proceso  disciplinario  el  19  de  septiembre  y  el 12 de diciembre de 2007 por la Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo Superior de la Judicatura, por medio  de  la  cual  el  accionante  fue  sancionado  con  suspensión  de un mes en el  ejercicio  del  cargo, por reasumir sus funciones, en asuntos de su competencia,  después  de  haberle  sido  aceptado  un  impedimento  y posteriormente haberse  desestimado  la  existencia  del  mismo, en cuanto se lo sancionó por una falta  que  no  está  contemplada  como  tal en el ordenamiento jurídico,  y  le  fue negada la reposición de esta  decisión.   

Fallo  objeto  de  revisión:  sentencia  de  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  del  1 de Octubre 20081, que revoca la sentencia de la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo Seccional de la Judicatura del  Tolima,     del     28    de    mayo    de    20082.   

Magistrados   de   la   Sala   Quinta   de  Revisión:  Mauricio  González  Cuervo, Jorge Ignacio  Pretelt Chaljub y Nilson Pinilla Pinilla.    

Magistrado Ponente:  Mauricio González Cuervo.   

I. ANTECEDENTES.  

1.   Demanda   y   pretensión3.    

1.1.      Derechos      fundamentales  invocados: derecho al debido  proceso, a la defensa, a la igualdad y al trabajo.   

1.2.  Vulneración  alegada:    las  sentencias proferidas dentro del proceso disciplinario el 19 de  septiembre   y   el   12  de  diciembre  de  2007  por  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de las cuales el  accionante  fue  sancionado con suspensión de un mes en el ejercicio del cargo,  por  reasumir  sus  funciones, en asuntos de su competencia, después de haberle  sido  aceptado un impedimento y posteriormente haberse desestimado la existencia  del  mismo,  en  cuanto  se  lo sancionó por una falta que no está contemplada  como  tal  en  el  ordenamiento jurídico, y le fue negada la reposición de esta decisión.   

1.3.  Pretensión  del accionante:  se declare que  la  Sala  accionada  al  proferir  el  fallo atacado incurrió en vía de hecho,  razón  por  la  cual  debe  decretarse  la  nulidad  de  ambas sentencias y, en  consecuencia  ordenar  al  Consejo  Superior  de  la  Judicatura  el pago de los  emolumentos  dejados  de  percibir  por  el accionante durante el término de su  suspensión.   

1.4. Fundamento de la pretensión.  

El  señor  José  Erasmo Guarnizo Nieto, por  intermedio  de apoderado, interpone acción de tutela4   en   contra   de   la  Sala  Jurisdiccional   Disciplinaria  del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  por  considerar  vulnerados  sus  derechos  fundamentales  al  debido  proceso,  a la  defensa,  a  la  igualdad  y  al trabajo, como consecuencia de los fallos que la  accionada  profirió dentro del proceso disciplinario5   adelantado  en  contra  del  actor,  que  lo  sancionó  con  suspensión  de  un  mes  en  el  ejercicio del  cargo6;   y   le   negó  la  reposición  de  esta  decisión7.   

Sostiene el representante de la parte actora,  que  en  las  sentencias  atacadas  se  presenta  una  vía de hecho por defecto  material            o            sustancial8  por:  (i)  el desconocimiento  del  excluyente  de  responsabilidad  según  el  cual  su representado obró en  estricto  cumplimiento  de una orden legítima emitida por autoridad competente;  (ii)  violación  del  principio  de autonomía funcional de los jueces; (iv) se  sancionó  al  actor  sobre  una norma inexistente pues el reasumir funciones no  está tipificado como falta disciplinaria.   

En  cuanto  a  que  hubo  desconocimiento del  excluyente  de  responsabilidad,  manifiesta  el  actor que se obró en estricto  cumplimiento  de  una orden legítima emitida por autoridad competente, toda vez  que  al realizar una síntesis en retrospectiva, inicialmente el doctor Guarnizo  se  declaró  impedido con base en la causal 5° del artículo 99 del Código de  Procedimiento  Penal,  impedimento  que  fue aceptado por los conjueces, quienes  presentaron  renuncia  a  su  cargo  pero  con  posterioridad  decidieron seguir  ejerciendo  su  función.  Una  vez reasumieron el cargo analizaron la causal de  impedimento  del  demandante  y  cambiaron  su criterio inicial estableciendo la  desaparición  de  los motivos que lo separaban del conocimiento de los asuntos,  se  dispuso  el  retorno  de las actuaciones al despacho del demandante a efecto  que  las  reasumiera,  y  ante eso el actor decidió continuar con el estudio de  dichos asuntos.   

Agrega  que,  no configura tipo disciplinario  alguno  el hecho de reasumir funciones en asuntos de su competencia, por lo cual  se  configura  vía  de  hecho  al sancionar sobre una norma inexistente, lo que  contraviene  flagrantemente el artículo 29 de la Constitución Nacional, según  el  cual  nadie  puede  ser  condenado sino en virtud de normas preexistentes al  acto que se le imputa.   

De  igual  manera  destaca con relación a la  vulneración  del  derecho a la igualdad de su poderdante, que esta se evidencia  frente  al  caso  del  doctor  Rodrigo  Jabba Navarro10;   Magistrado  del  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Barranquilla,  en el cual se calificó la  falta  como  leve  y  en consecuencia la sanción fue de amonestación, mientras  que  en  el proceso contra el actor se sancionó con un mes de suspensión en el  ejercicio del cargo.   

Para   concluir,   manifiesta   que,   hubo  vulneración  del  derecho  al  trabajo,  toda  vez  que  el  Magistrado  quedó  desvinculado  de su despacho de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo  Seccional de la Judicatura por el término de un mes.   

Con  base  en lo anterior solicita se tutelen  sus  derechos  al  debido  proceso,  a  la  igualdad y al trabajo, se decrete la  nulidad  de  las  sentencias proferidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria  del  Consejo  Superior de la Judicatura de 19 de septiembre y 12 de diciembre de  2007,  por  haber  incurrido  en  vía de hecho y, en consecuencia, se ordene al  Consejo  Superior  de la Judicatura el pago inmediato de los emolumentos dejados  de   percibir   por   el  doctor  Guarnizo  Nieto  durante  el  término  de  su  suspensión.11   

2. Respuesta del accionado.  

La  Magistrada  (E) de la Sala Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Superior  de la Judicatura, doctora Martha Patricia  Zea  Ramos  solicitó  negar  las  pretensiones  del accionante, con base en los  siguientes argumentos:   

Sostiene que, el actor no precisa el evento en  el  cual se configuró la vía de hecho alegada, sino que se retoman discusiones  que  ya  han  sido  agotadas  al  interior del respectivo proceso disciplinario,  tales  como  la  autonomía  judicial, ilicitud sustancial y cumplimiento de una  orden  legítima  de  autoridad  competente,  aspectos respecto de los cuales se  refiere   a  la  argumentación  expuesta  por  el  juez  disciplinario  en  las  providencias del 19 de septiembre y el 12 de diciembre de 2007.   

Frente al argumento del demandante respecto de  la  atipicidad  de  la conducta, por considerar que la falta por la que el actor  fue  sancionado  no  existe en el ordenamiento jurídico, destaca que el llamado  disciplinario  que  se  le  hizo  al  Magistrado  Guarnizo, encuentra su asidero  jurídico  en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 199612   

en  consonancia  con el artículo 230 de la  Constitución                Política13     y     el    artículo  11014    de    la    Ley    600    de   200015,  es puntual en precisar que  dicha  adecuación  se  hizo  de manera clara y precisa desde la providencia que  imputó  cargos16,  y  “se reafirmó en la sentencia del  19   de  septiembre  de  2007  de  manera  motivada  y  razonada”,  razón  por  la cual no se presentó violación de los derechos al  debido  proceso y de defensa del disciplinado, “sino  una ajustada interpretación de las normas aplicables al caso”.   

Advierte  que  los proveídos cuestionados se  apoyaron  en  una  razonada  valoración  de  todas las pruebas que llevó a esa  Corporación   a   establecer   los  elementos  de  tipicidad,  antijuricidad  y  culpabilidad necesarios para proferir las sentencias atacadas.   

Afirma  que el accionante está utilizando la  tutela  como  “mecanismo alterno y supletivo, en una  instancia   adicional”,   circunstancia   esta  que  desnaturaliza  la  institución  tutelar,  por  cuanto  lo  que  se  pretende es  retornar a discusiones en torno a su responsabilidad disciplinaria.   

En  este  orden  de  ideas, concluye que debe  despacharse  negativamente la pretensión tutelar invocada por el accionante, al  no   existir  vía  de  hecho  alguna  en  las  decisiones  proferidas  por  esa  colegiatura.17    

3.-   Hechos   relevantes   y   medios   de  prueba.   

3.2. Mediante decisión del 8 de mayo de 2003,  la  Sala  Especial  de  Conjueces,  teniendo  en  cuenta que los dos magistrados  integrantes  de la Sala Disciplinaria se encontraban impedidos, decidió separar  al  Magistrado  Guarnizo Nieto, así como a su compañero, el Dr. René Ramírez  Rivera,  del  conocimiento  de  dichos  procesos,  por  considerar  fundadas sus  manifestaciones        de        impedimentos.20   

3.3. El 30 de mayo de 2003, los magistrados de  la  Sala  Especial  de  Conjueces  presentaron  su renuncia al cargo que venían  desempeñando,   por   considerar   que   “alguien  ejerciendo    incorrectamente    la    profesión    de   Abogado,   presta   su  nombre” para que el conocimiento de plurales asuntos  disciplinarios  escaparan de su juez natural, es decir que se estaba presentando  un  mecanismo  para  separar  a  los  magistrados  de  conocimiento  de  algunas  investigaciones      disciplinarias,     sustrayéndolos     de     su     labor  funcional21.   

3.4.  El  10  de  junio  de  2003,  en  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria,  por  medio  del  Acta  No. 62 se solicitó a los  Conjueces  reconsiderar  su  decisión,  como efectivamente sucedió conviniendo  éstos  en  continuar en el ejercicio de su actividad22   

.  

3.5. El 11 de julio de 2003, mediante Acta No.  077  se  decidió por parte de la Sala de Conjueces, retornar las diligencias al  Despacho  del  Magistrado  José  Erasmo  Guarnizo Nieto, aduciendo que tras una  nueva  reflexión  sobre  el  tema se había encontrado que la causal que había  motivado  la  separación  del  Magistrado carecía de fundamento, por cuanto la  amistad  pregonada  no  tenia la especial connotación de “íntima”, exigida  para   justificar   su   separación  del  conocimiento  del  asunto23.   

En dicha acta se observa que la Sala analizó  el  tema de la prohibición establecida en el artículo 110 del Código de   Procedimiento                  Penal24   y decidió conforme a  lo  previsto  en el artículo 153 del Código de Procedimiento Civil25.   

3.6.  Contra  esa decisión el doctor Orlando  Jimmy  Bulla  Obando interpuso recurso de reposición que fue denegado y recurso  de    apelación   que,   según   lo   afirma   el   demandante,   “no   fue   resuelto   de   fondo   por  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria    del   Consejo   Superior   de   la   Judicatura”. 26   

3.7. En el fallo disciplinario contra el actor  se  afirma  que27:   

En  el  radicado 251 de 1999 auto del 13 de  diciembre de 2002, a través del cual los      conjueces   JAIME  LEGUIZAMÓN  CAYCEDO  y  JAIME SALAZAR  GRISALES    aceptaron   el   impedimento   manifestado   por   el      magistrado   GUARNIZO  NIETO  para  conocer del asunto en  razón  a  la  amistad  que  lo  une al doctor Jimmy Bulla Obando, apoderado del  investigado  Antonio  María  Toro Ruiz, Juez 5º Civil del Circuito de Ibagué.   

Por  auto  del  15  de  julio  de 2003, los  citados      conjueces  LEGUIZAMON-  SALAZAR  replantean el impedimento  manifestado  por  el  doctor  GUARNIZO  NIETO,  y  adoptando  una  nueva postura  respecto  del  mismo  estiman  que  la  causal  que motivó la aceptación de su  separación  del  asunto  ya  no  subsistía,  razón  por  la cual ordenaron el  retorno    de    la    actuación    a    su    conocimiento.   

En    el    radicado   001   de   2003,  los       conjueces    JORGE   AUGUSTO  LOZANO  DELGADO  y  JAIME  LEGUIZAMÓN  CAYCEDO  por auto del 27 de junio de 2003 ordenaron “RETORNAR LAS  DILIGENCIAS  al  despacho  del H. Magistrado  GUARNIZO NIETO para que continúe  como  director  del  proceso,  pues  la  causal  que  motivó la separación del  conocimiento     de     las     mismas    no    subsiste”.    

En   el  radicado  006  de  2003  ,  los     conjueces  JORGE AUGUSTO LOZANO DELGADO y GUSTAVO SÁNCHEZ  SALAZAR por auto del 24 de septiembre de 2003 ordenaron lo mismo.   

En el radicado  040 y 041 de 2003, los      conjueces   JORGE  AUGUSTO  LOZANO DELGADO y EUCLIDES ROA  ESCOBAR por auto del 11 de julio de 2003.   

Y  por  otro  lado,  que  el      magistrado   JOSÉ  ERASMO  GUARNIZO  NIETO  retornó  al  conocimiento  de  los procesos con radicado 251 de 1999, 001, 040 y 041 de 2003,  en  los  que ya se había aceptado su impedimento y por consiguiente había sido  separado        de        su        diligenciamiento”.   

3.8.  Con fundamento en las quejas formuladas  por  los  doctores  Antonio  Toro Ruiz y Orlando Jimmy Bulla Obando, se decidió  iniciar  investigación  disciplinaria  contra  el accionante, el 16 de enero de  2004  y  mediante  Auto  del  13  de  junio  de  200528,   se  formuló  pliego  de  cargos  contra  el señor José Erasmo Guarnizo Nieto29         “por  la  presunta  incursión en falta disciplinaria al tenor de  lo  dispuesto  en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el  artículo  153.1  de  la  Ley  270  de  1996,  artículo 230 de la Constitución  Política  y  artículo  110 de la Ley 600 de 2000” y  contra  los  conjueces  Jorge  Augusto  Lozano  Delgado,  Euclides  Roa Escobar,  Gustavo   Sánchez   Salazar   y   Jaime   Leguizamón   Caycedo.   30   

3.9. Notificado el demandante sobre el pliego  de  cargos  presentó  su  defensa  y  el  19  de  septiembre  de  2007, la Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo Superior de la Judicatura, profirió  sentencia31  declarando  al  doctor  José  Erasmo  Guarnizo Nieto, responsable  “por  faltar  al deber descrito en el numeral 1 del  artículo  153  de  la  Ley  270  de  1996  en  concordancia artículo 230 de la  Constitución  Política  y  artículo  110  de  la  Ley  600 de 2000, por haber  retornado  al  conocimiento  de  los  radicados  251  de 1999, 001, 040 y 041 de  2003”.32    Por    consiguiente,   “se  le  impone  sanción  de  SUSPENSIÓN  de  un  (1) mes en el  ejercicio  del  cargo” 33.   

El accionante interpuso recurso de reposición  contra   esta   decisión,  el  cual  fue  negado  por  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Superior de la Judicatura, mediante fallo del 12 de  diciembre             de             200734.   

4.  Decisiones  de  tutela objeto de revisión.   

4.1.  Sentencia  de  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima del 28 de mayo  de    200835.        (Primera       instancia)36   

El  Juez  de  instancia  concede el amparo de  tutela  en  lo  pertinente  a  la  protección del derecho fundamental al debido  proceso  del doctor José Erasmo Guarnizo Nieto. Niega el amparo de los derechos  fundamentales  al  trabajo  y  a  la  igualdad  y, declara la nulidad parcial de  “lo  actuado a partir de la sentencia de septiembre  19   de   2007   en   la   cual   se  sanciono  al  accionante”,  con base en los siguientes argumentos:   

Resalta   la   Sala   que  se  abstiene  de  pronunciarse  en  relación  con  la  manifestación realizada por el accionante  respecto  a  que  su actuar se encontraba amparado por el principio democrático  de  la  autonomía funcional, toda vez que este aspecto fue debatido y analizado  al  interior  del  disciplinario y, “de revisarse en  esta  oportunidad  se  estaría  desnaturalizando  la  esencia  de la acción de  tutela  (que  no  es tercera instancia) contra sentencias judiciales por vía de  hecho”.   

Considera  la  Sala  con  relación  a que el  accionante  había actuado “en cumplimiento de orden  legítima  emitida  por  la  Sala  de Conjueces, en la que se dispuso que debía  reasumir  los  procesos  en los que se había declarado impedido toda vez que la  causal   por   la   cual   se  le  separó  había  desaparecido”,  esto  fue  desestimado  en  el  respectivo  proceso.  “bajo  la razón de tratarse de una orden carente de legitimidad,  en  consecuencia al faltar dicho elemento no se estructura mencionada excluyente  de  responsabilidad  disciplinaria”. En este orden de  ideas,  sostienen  que,  hubo  un  análisis  inadecuado  por  parte del Consejo  Superior  de  la  Judicatura, toda vez que, al tratar el punto de legitimidad de  la  orden  “involucraron la expresión “legalidad”   que   es  un  aspecto  diferente  al primero, ya que al referirse a una actuación legal la perspectiva  se   proyecta   hacia  requisitos  de  forma  y  fondo  de  conformidad  con  el  ordenamiento  positivo  vigente”. (Subraya y resalta  el texto)   

Adicionalmente  destaca  que al efectuarse el  análisis  en  el  sub  lite  este   se   limitó   a   determinar   de  manera  arbitraria  que  “entre  los  Conjueces y el doctor Guarnizo Nieto no existía una  relación  jerárquica  ni se presentó una orden administrativa”,  dejando  de  lado  el  análisis  de  la  obligatoriedad  o fuerza  vinculante  que  las decisiones de los conjueces implican, igualmente se guardó  silencio  frente  a  la  naturaleza  del cargo, y a las funciones que por ley le  están  atribuidas,  “omisión  que  se  traduce en  vías  de  hecho,  máxime  cuando  se  trata de un aspecto determinante para el  proceso,  pues  sobre  la  base de dicha interpretación restrictiva mal podría  desestimarse    la    eximente    de    responsabilidad    argüida    por    el  disciplinado”.   

Agrega  el  juez  de  conocimiento  que  con  relación   al   amparo   del   derecho  a  la  igualdad  invocado  “sobre  la base de una sentencia que condenó a un funcionario en  condiciones  similares  (…)  no  adjuntó  la  providencia  para  su cotejo”  además,  resalta  que estas decisiones son de efectos  inter   partes,   motivo  por  el  cual  su  aplicación  deviene  impertinente.   

Para  concluir,  destaca  que  la  decisión  adoptada  fue  de  carácter  transitorio,  razón por la cual no se vulneró el  derecho  al  trabajo,  señalando  que  hoy  es  un  hecho  superado  ya  que el  accionante    se    encuentra    actualmente    en    el    ejercicio   de   sus  funciones.   

4.2. Impugnación  

Mediante  oficio  presentado el 4 de junio de  2008,  la  Magistrada  (E)  Martha Patricia Zea Ramos, de la Sala Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura  impugna  la decisión  adoptada  por  la  Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la  Judicatura            del            Tolima37,  con base en las siguientes  consideraciones:   

Sostuvo   la   interviniente   que,  debía  declararse  la  nulidad  de la actuación de primera instancia, toda vez que esa  Sala  fue notificada de la admisión de la presente acción constitucional sólo  hasta  el  27  de  mayo  de  2008,  a  pesar  de  que  se  había librado oficio  –No.  1657- el 19 de mayo  de  2008,  resaltando  que no se consignó “término  alguno  para  ejercer  el  derecho  de defensa y dar respuesta a la petición de  amparo    elevada”    y   que   no   obstante   lo  anterior, “sorpresivamente el 28 de mayo de 2008 el  seccional  de  instancia dicta fallo a través del cual resuelve la instancia”  y,  en  este  orden de ideas se estaría vulnerando el  debido proceso y el derecho a la defensa del ente accionado.   

No  obstante  lo  anterior,  resalta  que  la  acción  de  tutela  es  improcedente toda vez que en la decisión atacada no se  concreta  un  error  con  fundamento  que  de lugar al amparo al debido proceso,  adicionalmente   destaca   que   la   Corte   Constitucional  ha  señalado  que  “siempre  que  la interpretación normativa se haga  dentro  de  los  límites de lo objetivo y lo razonable, la mera divergencia con  el  criterio  interpretativo  de  otros  operadores jurídicos, e incluso de los  distintos  sujetos procesales”, no puede considerarse  como    causal    que   haga   procedente   la   acción   contra   providencias  judiciales.38   

Destaca   igualmente,   que   el   llamado  disciplinario  que  se  hizo  al doctor José Erasmo Guarnizo Nieto encuentra su  sustento  legal en el deber descrito en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley  270  de  1996 en concordancia con el artículo 230 de la Constitución Política  y  artículo  110  de  la Ley 600 de 2000, por lo que la decisión es motivada y  razonada,  sin  que  se  advierta  la  alegada  vulneración al debido proceso y  derecho  de  defensa  del disciplinado, sino una ajustada interpretación de las  normas aplicables al caso.   

Para  concluir  afirma  que, la jurisdicción  constitucional  está  siendo  objeto  de  utilización  a  manera  de mecanismo  alterno  y  supletivo, como una instancia judicial adicional, motivo por el cual  se está desnaturalizando la institución tutelar.   

4.3.  Sentencia  de  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Superior de la Judicatura del 1 de octubre de 2008.  (Segunda                  instancia)39   

El  juez  de  segunda  instancia  revocó  la  sentencia   proferida  el  28  de  mayo  de  2008  por  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Seccional  de  la  Judicatura  del Tolima. (Primera  instancia)40,  y  en su lugar niega el amparo solicitado por doctor José Erasmo  Guarnizo Nieto.   

Indicó  que  la  anulación  del primer auto  admisorio  no  varió  las  condiciones  de facto ni de derecho planteadas en la  acción  de  tutela, “pues tal corrección del vicio  procesal  se  dio  sobre  la  base  de no haber admitido aún el impedimento del  accionante,  pero  al  admitir nuevamente la acción, ningún elemento que pueda  afirmarse  sorprende  la defensa, menos el debido proceso, en tanto la respuesta  dada  a  la  tutela  abarca  los  mismos  presupuestos  de  la inconformidad que  inicialmente se puso presente”.   

Resaltó  que  la acción de tutela no es una  instancia  adicional,  ni  un  instrumento  para controvertir asuntos propios de  otras  jurisdicciones,  no  pudiendo  en  este  orden, controvertir la decisión  adoptada  por  la  jurisdicción  disciplinaria, más aun cuando no se evidencia  ninguna  causal de procedencia excepcional de la acción. Destacando que el juez  de  primer  instancia, al concluir que la Sala accionada actuó erróneamente al  no  reconocerle  al  accionante  la  eximente  de  responsabilidad,  invadió la  órbita  de  competencia  asignada  por  la  constitución  y la ley a esta Sala  Jurisdiccional Disciplinaria.   

Afirma que ningún vicio puede endilgarse a la  decisión  de  la  Sala  Disciplinaria  accionada  que pueda tener el mérito de  “dar  al traste con la misma y de paso quitarle sus  efectos   vinculantes,  pues  cuando  se  trata  de  interpretar  y  aplicar  el  ordenamiento  jurídico  por  parte de los jueces, precisamente habilitados para  ese  ejercicio  en uso de la función pública de administrar justicia y para lo  cual  están  investidos  de  jurisdicción  asignada por la misma Constitución  Política  y,  mientras  no sea una actuación abusiva del juez, el debate queda  circunscrito a una diferencia de criterios”.   

Destaca que la decisión accionada es ajustada  a  derecho,  y  se  encuentra  conforme  a  las  normas que regulan los procesos  disciplinarios,  motivo  por  el  cual  no  puede  considerarse como una vía de  hecho.  En  este  orden de ideas no puede pretenderse que el juez constitucional  entre  a  terciar  un  debate que es propio de una instancia procesal ordinaria,  siempre  que  por supuesto no exista demostración inequívoca de una violación  o  amenaza a los derechos fundamentales del accionante. Con base en lo anterior,  se niega el amparo.   

5. Actuación en sede de Revisión.  

Mediante  Auto  del  5  de  mayo  de  2009 el  Magistrado  Sustanciador  solicitó  a  la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura el envío de copia del fallo dictado en el  proceso    contra    el   doctor   Rodrigo   Jabba   Navarro   radicación   No.  200303044-01/136.I.05, mencionada en la demanda por el tutelante.   

En  respuesta a la anterior comunicación, la  Sala   Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura  remitió  copia de la Decisión proferida por esa Corporación en Sala 51 del 14  de mayo de 2008 dentro del proceso 200303044 01.   

Dicha  providencia  resuelve  el  recurso  de  reposición  instaurado por el doctor Rodrigo Jabba Navarro, contra el fallo del  8  de  octubre  de  2007  por el cual esa Sala, lo sancionó en su condición de  Magistrado  de  la  sala  penal  del  Tribunal  Superior  de  Barranquilla,  con  amonestación  escrita,  como  responsable de transgredir la falta consagrada en  el  numeral  3° del artículo 154 de la ley 270 de 1996, en concordancia con el  artículo  196  de  la  Ley  734  de  2002, en proceso disciplinario iniciado en  razón  de  que  la  sala  de  Casación  Penal de la Corte Suprema de Justicia,  compulsó  copias  al  advertir  “que la prolongada  dilación  que  tuvo el trámite de desacato, que inició el 9 de agosto de 2000  y  se  impuso sanción el 28 de abril de 2003 no se compadece con los principios  de      celeridad      y      eficacia      que     gobiernan     la     acción  constitucional….”41   

II. CONSIDERACIONES.  

1. Competencia.  

Esta  Sala  es  competente  para  revisar la  providencia  de  tutela antes reseñada, con base en la  Constitución  Política,  artículos  86 y 241 numeral 9; en el Decreto 2591 de  1991,  artículos  33  a 36; y en el Auto del veintinueve de enero de 2009 de la  Sala     de    Selección    de    Tutela    Número    Uno    de    la    Corte  Constitucional.   

    

1. Planteamiento del caso y problema jurídico.     

Corresponde  a esta Sala revisar la sentencia  la  Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, del  1          de          Octubre          200842,  que revoca la sentencia de  la  Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del  Tolima,     del     28    de    mayo    de    200843  que  concedió  el  amparo  impetrado  por  José  Erasmo Guarnizo Nieto en contra de las providencias   proferidas  el  19  de  septiembre  y  el  12  de  diciembre de 2007 por la Sala  Jurisdiccional   Disciplinaria   del   Consejo   Superior   de   la  Judicatura.   

De  esta  manera,  habrá  de determinarse si  respecto  de las decisiones judiciales asumidas por la demandada, en el trámite  del   proceso   disciplinario    seguido   en  contra  del  accionante,  se  estructuran  las  causales  de  procedibilidad  de  la  acción de tutela contra  decisiones   judiciales,  en  concreto  por  la  configuración  de  un  defecto  sustantivo,  atentatorio contra los derechos fundamentales al debido proceso, la  defensa,   y  si  además  se  vulneraron  los  derechos  a  la  igualdad  y  el  trabajo.   

Para estudiar el anterior problema jurídico,  la  Sala  procederá  a:  (i)  hacer un breve recuento jurisprudencial sobre los  requisitos  generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias  judiciales  y  las causales de procedibilidad de la misma, para lo cual sólo se  explicará  la causal alegada por el accionante, es decir el defecto sustantivo.  Igualmente  (ii)  se  analizará  sucintamente  a la luz de la jurisprudencia de  esta  Corporación (iii) la autonomía e independencia de los jueces. Finalmente  (iv) se resolverá el caso en concreto.   

3. Consideraciones generales.  

3.1.  Requisitos  generales  y  especiales   de   procedencia  de  la  acción  de  tutela  contra  providencias  judiciales. Reiteración de jurisprudencia.   

La   Corte   ha   venido   consolidando  su  jurisprudencia  en  torno  a la acción de tutela contra providencias judiciales  precisando  tanto los requisitos generales como los especiales cuyo cumplimiento  es  necesario  para  la procedibilidad de la misma, que fueron sistematizados en  la   Sentencia   C-590   de   2005   y   reiterados   posteriormente44.   

Sea lo primero anotar que cuando se interpone  una  acción  de  tutela  contra  una providencia judicial, la jurisprudencia de  esta  Corte  ha  precisado que el actor tiene una carga adicional, en tanto debe  debe  señalar  en  forma  más precisa que quienes acuden a la tutela por otras  razones,  tanto  los  hechos  que  dan  lugar  a  su petición como los derechos  fundamentales   que   con   ellos   le  han  sido  violados,  pues  “  Si  no lo hace y la violación no aparece de manera evidente o  manifiesta,  el  juez  queda  relevado  de  estudiar  en  detalle  el expediente  judicial  y  puede  proceder  a  declarar  la  improcedencia de la acción. Así  mismo,  cuando  el  actor  reduce  el cargo a un tipo de violación –  por  ejemplo  violación de la  Constitución   por   tratarse  de  una  vía  de  hecho  material  –  el  juez,  salvo  evidencia en otro  sentido,  puede contraer su estudio a dicho cargo, sin que resulte necesario que  verifique  en detalle si no existe en el expediente respectivo algún otro vicio  o   defecto   que   pueda   comprometer   la  decisión  judicial”45.   

Adicionalmente    ha   establecido   esta  Corporación  que  el  defecto  debe  ser  superlativo  o  protuberante  dado el  carácter  excepcional  de  la  tutela  contra  sentencias.  Al respecto dijo la  Corte:   

“De otra parte y en el entendido de que  la  acción  de  tutela  es  un  mecanismo  excepcional que puede emplearse para  rectificar  aquellas decisiones judiciales consideradas como verdaderas vías de  hecho,  es  necesario  que  en  éstas  sus  errores  sean de tal magnitud y las  causales  específicas de procedibilidad se aprecien de una manera tan evidente,  que  puedan  desvirtuar  la  juridicidad  del pronunciamiento judicial objeto de  cuestionamiento46”47.   

Por  otra  parte, según lo ha señalado esta  Corte,  la  Función  del juez de tutela ante una solicitud de amparo contra una  providencia  judicial  es  la  de  “verificar que la  decisión  impugnada  respetó  los  principios  esenciales  del  debido proceso  constitucional   así   como   los   derechos   fundamentales  de  las  personas  concernidas.  Cualquier otra cuestión que no se relacione con las que acaban de  mencionarse  escapa  al  juicio de constitucionalidad que debe adelantar el juez  de  tutela”48.   

Dijo además la Corte que:  

“no   es   el  juez  constitucional  el  funcionario  encargado  de  definir  la  correcta  interpretación  del  derecho  legislado.  En  particular,  la  jurisprudencia  ha  reconocido  que es la Corte  Suprema  de Justicia la intérprete autorizada del derecho civil y comercial. En  consecuencia  en  casos  que  comporten  la  interpretación de una norma de tal  naturaleza  el  juez constitucional debe someterse al precedente establecido por  la  Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, máxima corte de la  respectiva  jurisdicción,  o en su defecto, a la doctrina emergente que hubiere  sido  establecida por esta. En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso,  los  jueces civiles son intérpretes autorizados de las normas que integran esta  rama  del  derecho  y  el  juez  constitucional  no  puede  oponerles  su propia  interpretación  salvo  que  se trate de evitar una evidente arbitrariedad o una  clara  violación  de  los derechos fundamentales de las partes. En este caso el  juez  constitucional  tiene  la carga de demostrar fehacientemente la existencia  de  una  vulneración  del  derecho constitucional de los derechos fundamentales  como  condición  previa  para  poder  ordenar  la  revocatoria  de la decisión  judicial                 impugnada”49   

.  

Hechas las consideraciones anteriores la Sala  reiterará  su  jurisprudencia  respecto  de  la procedibilidad de la acción de  tutela contra sentencias.   

3.1.1. Requisitos generales.  

En la Sentencia C-590 de 2005 se fijaron como  requisitos  generales  para  la  procedibilidad  de  la acción de tutela contra  decisiones  judiciales,  cuya  existencia  debe  ser  verificada  por el juez de  amparo,  los  siguientes: (i) Que el asunto que se discuta implique una evidente  relevancia  constitucional  que  afecta  derechos  fundamentales de las partes.;  (ii)  Que  se  hayan  agotado  todos los medios de defensa judicial ordinarios o  extraordinarios    excepto   cuando   lo  que  se  pretende  es  evitar  la  consumación  de  un perjuicio irremediable; (iii) Que se cumpla el requisito de  la  inmediatez,  lo que significa que la tutela debe interponerse en un término  razonable   a   partir   del  hecho  que  originó  la  vulneración50; (iv). Si lo  que  se  alega es la existencia de una irregularidad procesal, debe ser evidente  que  la  misma  tiene  a) un efecto decisivo en la sentencia que se impugna y b)  afecta  los  derechos fundamentales del accionante la parte actora, salvo cuando  se  trate  de  una  prueba  ilícita  obtenida  con  violación  de los derechos  fundamentales51;  (v)  Que  el  demandante   identifique  tanto los hechos que  generaron  la  vulneración  como  los derechos vulnerados y que hubiere alegado  dentro   del   proceso   judicial   tal   vulneración   si  ello  hubiese  sido  posible;  (vi). Que no se trate de fallos de tutela.    

3.1.2. Causales especiales de procedibilidad.  

La   Sentencia  C-590  de  200552    esta  Corporación  precisó  las  causales especiales de procedibilidad de la acción  de  amparo  contra  sentencias,  especificando  que  cualquiera  de ellas que se  invoque debe estar plenamente probada. Tales causales son:   

“a.  Defecto  orgánico,  que se presenta  cuando  el  funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,  absolutamente, de competencia para ello.   

b.  Defecto  procedimental absoluto, que se  origina  cuando  el  juez  actuó  completamente  al  margen  del  procedimiento  establecido.   

c.  Defecto fáctico, que surge cuando  el  juez  carece  del  apoyo  probatorio que permita la aplicación del supuesto  legal en el que se sustenta la decisión.   

d.  Defecto material o sustantivo, como son  los   casos   en   que   se   decide   con   base   en   normas  inexistentes  o  inconstitucionales53   o   que   presentan  una  evidente  y  grosera  contradicción  entre  los  fundamentos  y  la  decisión.   

f.     Error     inducido54,  que  se  presenta  cuando  el  juez  o  tribunal  fue víctima de un engaño por parte de  terceros  y  ese  engaño  lo  condujo  a  la  toma  de una decisión que afecta  derechos fundamentales.   

g.   Decisión  sin  motivación,  que  implica  el  incumplimiento  de  los  servidores judiciales de dar cuenta de los  fundamentos  fácticos  y  jurídicos  de  sus  decisiones  en  el entendido que  precisamente   en   esa   motivación   reposa  la  legitimidad  de  su  órbita  funcional.   

h.   Desconocimiento  del  precedente,  hipótesis  que  se  presenta,  por  ejemplo,  cuando  la  Corte  Constitucional  establece  el  alcance  de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una  ley  limitando  sustancialmente  dicho alcance. En estos casos la tutela procede  como   mecanismo   para   garantizar   la   eficacia   jurídica  del  contenido  constitucionalmente  vinculante  del  derecho  fundamental vulnerado55.   

     

i. Violación     directa    de    la    Constitución”.56   

ii.      

3.1.2.1  En  relación  con  los  requisitos  especiales  de  procedibilidad  ha advertido esta Corporación, que en los casos  concretos  la  delimitación de las causales antes mencionadas no resulta muchas  veces  clara,  pudiendo  un mismo hecho dar lugar a varios defectos. Al respecto  dijo:   

“No debe olvidarse en todo caso que, como  lo  ha  señalado  la  Corte,  “los  conceptos de los cuales se ha valido para  caracterizar   los  distintos  defectos  carecen  de  fronteras  definitivamente  enunciadas  en  su  jurisprudencia, pues muchos de los defectos presentes en las  decisiones  judiciales  “son  un  híbrido” resultante de la concurrencia de  varias  hipótesis  y  en  ciertas oportunidades “resulta difícil definir las  fronteras  entre  unos  y  otros”,  como  sucede,  por ejemplo, siempre que el  desconocimiento   de   la   ley,  debido  a  una  interpretación  caprichosa  o  arbitraria,   da   lugar   al   defecto   sustantivo  fundado  en  la  actividad  hermenéutica  antojadiza  del  juez,  pero  también  a un defecto procesal que  podría   consistir   en   “la   denegación   del  derecho  de  acceso  a  la  administración   de   justicia   que   tal  entendimiento  de  la  normatividad  genera”57.   

3.1.3.  Considerando que en el caso concreto  el  accionante  alega que las providencias atacadas adolecen de un defecto   sustantivo,    se    hará   referencia   a   las   características   de   este  defecto.   

3.2.   El   defecto   sustantivo   en  la  jurisprudencia  constitucional.   

3.2.1.  En  diferentes  pronunciamientos,  la  Corte  ha  ido  precisando el ámbito de lo que ha denominado defecto sustantivo  como  una  condición  de  procedibilidad  de  la tutela contra las providencias  judiciales58.  Al  respecto  ha  señalado que se presenta, entre otras razones:  (i)  cuando  la  decisión  judicial  tiene  como fundamento una norma que no es  aplicable,    porque    a)    no    es   pertinente59,  b)  ha perdido su vigencia  por         haber         sido        derogada60,         c)        es  inexistente61  d)  ha  sido  declarada  contraria  a la Constitución62,  e) a pesar  de  que  la  norma  en cuestión está vigente y es constitucional, “no  se  adecúa  a  la situación fáctica a la cual se aplicó,  porque  a  la  norma  aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a  los  expresamente  señalados  por  el legislador”63   (ii)  cuando  pese  a  la  autonomía  judicial,  la  interpretación  o  aplicación  de  la norma al caso  concreto,  no  se  encuentra,  prima facie,   dentro   del  margen  de  interpretación  razonable64     o  “la  aplicación  final  de la regla es inaceptable  por  tratarse  de  una  interpretación  contraevidente  (interpretación contra  legem)  o  claramente  perjudicial  para  los intereses legítimos de una de las  partes”65  o cuando en una decisión judicial “se  aplica  una  norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco  de  la  juridicidad  y  de  la  hermenéutica  jurídica aceptable tal decisión  judicial”66   (iii)   cuando   no  toma  en  cuenta  sentencias    que   han   definido   su   alcance   con   efectos   erga                omnes67,   (iv)   la   disposición  aplicada  se  muestra,  injustificadamente  regresiva68    o    contraria   a   la  Constitución69  (v)  cuando  un  poder  concedido  al  juez por el ordenamiento se  utiliza   “para   un   fin   no   previsto  en  la  disposición”70  (vi) cuando la decisión se  funda  en  una  interpretación  no  sistemática  de  la  norma,  omitiendo  el  análisis  de  otras disposiciones aplicables al caso71, (vi) cuando se desconoce la  norma      aplicable     al     caso     concreto72,   

3.2.2.  Se considera también que existe un  defecto  sustantivo  en  providencias  judiciales: (vii) “con una insuficiente  sustentación  o  justificación  de  la  actuación73   que   afecte   derechos  fundamentales”    74;   (viii)   “cuando   se  desconoce      el      precedente      judicial75  sin  ofrecer  un  mínimo  razonable  de  argumentación,  que hubiese permitido una decisión diferente si  se     hubiese    acogido    la    jurisprudencia76”77;  o  (ix)  “cuando  el  juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad  ante  una  violación  manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su  declaración  por alguna de las partes en el proceso78”79   

.  

3.3.    La    autonomía    e   independencia   de   los  jueces   

3.3.1. La Corte Constitucional se ha referido  en  múltiples  ocasiones  a  la  autonomía  funcional  de  los  jueces  en sus  decisiones.   

3.3.1.2.   En   la   Sentencia   T-173  de  199380, dijo la Corte:   

“Las    actuaciones   judiciales   cuya  ostensible desviación del ordenamiento jurídico las  convierte  -pese  a  su  forma-  en  verdaderas  vías  de  hecho, no merecen la  denominación  ni  tienen  el  carácter  de  providencias  para  los efectos de  establecer  la  procedencia  de  la  acción  de  tutela.  No  es el ropaje o la  apariencia  de  una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad  constitucionalmente  conferida  a  la autonomía funcional del juez. La doctrina  de  la  Corte  ha  efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana  distinción  entre  las  providencias  judiciales  -que  son  invulnerables a la  acción  de  tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función  judicial  y  respecto  de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los  medios  judiciales  de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico- y las  vías  de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien  debería  administrar  justicia  quebranta  en  realidad  los  principios que la  inspiran  y  abusa  de  la  autonomía  que  la  Carta  Política  reconoce a su  función,  para  vulnerar  en  cambio  los derechos básicos de las personas. La  violación  flagrante  y  grosera de la Constitución por parte del juez, aunque  pretenda  cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser  atacada  mediante  la  acción  de  tutela  siempre  y  cuando  se  cumplan  los  presupuestos  contemplados  en  el  artículo 86 de la Constitución y no exista  otro  medio  al alcance del afectado para la defensa de su derecho. El objeto de  la  acción y de la orden judicial que puede impartirse no toca con la cuestión  litigiosa  que  se  debate  en  el  proceso,  sino  que  se circunscribe al acto  encubierto    mediante    el    cual    se    viola   o   amenaza   un   derecho  fundamental”.   

3.3.1.3. Posteriormente en la Sentencia C-417  de    199381,  advirtió  la  Corte  con  base en los artículos 228 y 230 de la  Constitución    que    “…la    responsabilidad  disciplinaria  de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto  es  el  que  atañe  a  la  autonomía  en  la interpretación y aplicación del  derecho  según  sus  competencias.  Por  consiguiente, el hecho de proferir una  sentencia  judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da  lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno”.   

3.3.1.4. Más adelante, en la sentencia T-094  de    199782  M.P  José Gregorio Hernández Galindo, precisó esta Corporación  que  no  es  procedente la tutela contra la interpretación hecha por un juez en  ejercicio  de  sus  funciones  sobre las normas relacionadas con el proceso a su  cargo,  razón por la cual “no cabe la tutela contra la interpretación que un  juez,  en  el ejercicio de sus funciones, haya hecho de las normas que gobiernan  el       proceso       a      su      cuidado”83.   

3.3.1.5.  Mediante la sentencia T-1009 de 200084  puntualizó  la Corte que:   

Resulta contrario al principio de autonomía  judicial,  –  uno  de  los pilares y presupuestos del Estado de Derecho – que el  juez   de   tutela  tenga  la  facultad  de  dejar  sin  efecto  las  decisiones  válidamente  producidas por otros jueces, con el argumento de una disparidad de  criterios  en  la  lectura de una norma. Por eso, ha manifestado la Corte que un  desacuerdo  simple  de esta categoría, no comporta por sí mismo una violación  del  debido proceso, o un atropello a los derechos del afectado con la posición  adoptada  por el juez, sino “una consecuencia humana del ejercicio del derecho”,  85  y no es susceptible de tutela. (…) Se concluye de todo esto que  el  juez  es autónomo en su labor interpretativa, pero tiene un límite, que se  deduce   de   las   normas   constitucionales   y   legales   a  las  que  está  sujeto:86  las  decisiones  que profiera en ejercicio de esta función deben  contener  un  fundamento objetivo y razonable, ya que el principio de autonomía  no  prohija  las  actuaciones arbitrarias, ni la manipulación de las normas con  propósitos  caprichosos  y  resultados  perversos,  en contra de los mandatos y  propósitos     legales     y     justos”.     87   

3.3.1.6. En la Sentencia SU-1185 de 2001 M.P.  Rodrigo            Escobar            Gil88,   que   dijo   que  el  no  compartir  el  criterio del fallador no es razón suficiente para calificar como  vía  de  hecho una decisión judicial amparada por los principios de autonomía  e  independencia  judicial.  “De hecho, las posibles  diferencias   de   interpretación,   sustentadas  en  un  principio  de  razón  suficiente,  no pueden ser calificadas como vías de hecho pues, en realidad -lo  ha  dicho  este  Tribunal-,  la  eventual disparidad de criterios sobre un mismo  asunto  no  implica por ella misma un desconocimiento grosero de la juridicidad,  sino una consecuencia humana del ejercicio del derecho”.   

3.3.1.7.   En   la   Sentencia   T-518   de  200589,  la  Corte  enfatizó que “dada la gama hermenéutica que ofrece  la  ley, los particulares no están habilitados para impugnar por vía de tutela  las  decisiones  jurisdiccionales  plenamente  justificadas, pero de las que los  aparta una línea interpretativa distinta”.   

En  el mismo sentido en la Sentencia T-751 de  200590,  se  reiteraron  los  fallos  antes  citados y se concluyó que la  función  disciplinaria  no está llamada a sancionar a jueces y magistrados por  la  interpretación  que  hacen  de  las  normas jurídicas siempre que ella sea  razonable  o  plausible  “pues  cae  dentro  de  la  órbita de la autonomía e independencia judicial”   

3.3.1.8.  En    la   sentencia   T-302   de   200691, con base en  los  principios  de  autonomía  e  independencia  judicial,  consagrados en los  artículos  228  y  230  de la Constitución Política, para el ejercicio de sus  funciones,  los  jueces  tienen,  amplia libertad interpretativa para determinar  las  normas  aplicables  al  caso  que  les  compete y el alcance de las mismas,  siempre   que   se  mantengan  dentro  del  límite  de  lo  razonable,  por  lo  cual  “la  mera  divergencia  interpretativa con el  criterio   del  fallador  no  constituye  una  vía  de  hecho”,  libertad   que   no  es  absoluta  porque  “encuentra  límites  en  el orden jurídico y en la propia institucionalidad,  de  lo que se sigue que el ejercicio de la función de administrar justicia debe  realizarse  con  sujeción  a  los  principios  consagrados  en la Constitución  Política”     92.   

3.3.2.   En   el   mismo   sentido  de  los  pronunciamientos   de   la   Corte   Constitucional,   la   Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria   del   Consejo   Superior   de   la   Judicatura  ha  manifestado  que:   

Pues si se trata de no estar de acuerdo con  las  decisiones  emitidas  por los funcionarios judiciales, esta Corporación de  tiempo  atrás  ha  sostenido  que  no  hay responsabilidad disciplinaria de los  funcionarios  judiciales  al  interpretar  la  Ley cuando ésta se hace acorde a  unas  reglas  que  corresponden a condiciones normales del campo interpretativo,  como  lo  son  los  métodos que al respecto estableció el Legislador en la Ley  153   de   1887   y   la   propia   Constitución,   y  a  juicios  propios  del  conocimiento.   

También ha expresado que cuando el juez se  aparta  de  estas  pautas  y  amparado en la independencia y autonomía judicial  llega  hasta  las vías de hecho para proferir su propia decisión, en este caso  lo  que  existe  es  una  violación  de  la  ley, de tal suerte que no se puede  confundir  “discrecionalidad”  con “arbitrariedad”, pues la primera esta  rodeada  de  juridicidad,  la  segunda  de antijuridicidad, de tal suerte que la  arbitrariedad  es  una  conducta antijurídica del representante de la justicia,  luego  su  diferencia con la discrecionalidad, es evidentemente teleológica, ya  que  el  acto arbitrario hace caso omiso de los fines de la Ley para evadirlos o  contrariarlos.   

Así  las  cosas,  no  se  le puede deducir  responsabilidad   disciplinaria   a  un  funcionario  judicial  por  cuanto  las  decisiones  que  éste adopte no coincidan con las pretensiones de las partes en  litigio”93.   

No   obstante  también  es  claro  que  la  interpretación   judicial  debe  respetarse,  siempre  que  sea  razonable,  no  implique  una  manipulación  de  las  normas  ajena a la finalidad para la cual  fueron  expedidas y se ajuste a los principios valores y derechos consagrados en  la  Carta,  pues  la arbitrariedad, en cualquiera de sus formas, no tiene cabida  en  un  Estado  de  derecho. Por ello, cuando la decisión judicial traspasa los  límites  fijados por la Constitución y la ley, procede la acción de amparo en  los  términos  del  artículo 86 de la Constitución94.   

Con  base  en  las  consideraciones  antes  expuestas, procederá la Sala a resolver el caso de la referencia.   

4. El caso concreto.  

4.1.  Encuentra la Sala que en el caso de los  hechos  alegados  y las pruebas allegadas, se puede concluir lo siguiente:    

4.1.1.   El doctor José Erasmo Guarnizo  Nieto  se  declaró impedido en varios casos relacionados con el abogado Orlando  Jimmy  Bulla  Obando, impedimento que le fue aceptado por una sala de conjueces.   

4.1.2. Con posterioridad a la aceptación del  impedimento  planteado  por el doctor Guarnizo Nieto, la misma sala de conjueces  consideró  que  la  causal  de  “amistad  íntima” debía ser desestimada y  ordenó  remitir  los expedientes al demandante, quien reasumió el conocimiento  de los mismos.   

4.1.3.  En razón de los hechos anteriores la  Sala  Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura inició  en   contra   de   los   conjueces  y  del  doctor  Guarnizo  Nieto  un  proceso  disciplinario,  dentro del cual se dio al demandante la oportunidad de presentar  su  defensa,  que  culminó  con  el fallo del 19 de septiembre de 2007 donde se  impuso  al actor la sanción de un mes de suspensión en el ejercicio del cargo,  por  haber  reasumido  sus  funciones, en asuntos de su competencia, después de  haberle  sido  aceptado  un  impedimento y posteriormente haberse desestimado la  existencia  del  mismo,  con  lo cual el juez disciplinario concluyó que había  incumplido  la  ley  al  haber  desconocido lo dispuesto en el artículo 110 del  Código  de  Procedimiento  Penal (Ley 600 de 2000 aplicable al caso95   

).  

4.1.4.  Que  el  demandante  recurrió  la  decisión  mencionada,  recurso  que fue resuelto el 12 de diciembre de 2007 que  confirmó el fallo del 19 de septiembre de 2007.   

4.2.  En relación con el cumplimiento de los  requisitos  generales para la procedibilidad de la acción de tutela en el caso,  la  solicitud  de  amparo interpuesta por José Erasmo Guarnizo Nieto cumple con  los  requisitos  establecidos  en las causales generales de procedibilidad de la  acción  de tutela en tanto: (i) el problema jurídico que plantea el accionante  tiene   una   clara  relevancia  constitucional,  pues  involucra  los  derechos  fundamentales  al  debido  proceso,  la  defensa,  la  igualdad  y  el  trabajo;  (ii)   no  existen  recursos  judiciales  adicionales  a  los  cuales pueda  recurrir  para  plantear su caso, pues se trata de un procedimiento que, como lo  señala  el  numeral  3  del  artículo  112  de  la ley 270 de 199696, es de única  instancia;   (iii)  la  solicitud  de  amparo  fue interpuesta dentro de un  término  razonable;  (iv)  el accionante identificó la razón por la cual  considera   que   las  decisiones  judiciales  atacadas  vulneran  sus  derechos  fundamentales     –la  ocurrencia  de  una  vía de hecho por defecto sustantivo, la imposición de una  sanción  diferente  a  la  establecida  para  otro  caso  y la imposibilidad de  ejercer  el  cargo durante un mes en razón de la sentencia impuesta por el juez  disciplinario–;  (v)  las  cuestiones  en  que  se  funda  el defecto sustantivo97 fueron  alegadas dentro  del  proceso   disciplinario y, (vi)  la presente acción de amparo no  se dirige contra una sentencia de tutela.   

4.3. En cuanto a si se presentan las causales específicas  encuentra la Sala que:   

(i)    Las  providencias  de  la justicia disciplinaria que se reprochan fueron emitidas por  la  autoridad  competente. En efecto, la sentencia del  19 de septiembre de  2007  que  impuso  la  sanción  al  demandante   fue proferida por la Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del Consejo Superior de la Judicatura,  y la  del  12  de diciembre de 2007 expedida por el mismo organismo  confirmó la  decisión tomada.   

(ii) Para tomar la  decisión  consignada  en  las  providencias  cuestionadas  mediante la presente  acción,  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Superior  de la  Judicatura,    tuvo en cuenta  lo ordenado por el numeral 3º del  artículo  256  de  la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto  en el numeral 3º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996.   

(iii) La decisión  se  tomó  con  base en lo previsto en el artículo 153.1 de la ley 270 de 1996,  artículo  230  de  la  Constitución Política y artículo 110 de la Ley 600 de  200098   

,  y  no  se  observa una evidente y grosera  contradicción entre los fundamentos y la decisión.   

(iv) Al revisar la  decisión,  no  se  advierte la presencia de un engaño que  haya provocado  la toma de una decisión que afecte derechos fundamentales.   

(v)  La decisión  cuenta  con  una  motivación  que, a juicio de la Sala, se encuentra dentro del  margen  de  razonabilidad  para  que  se entienda justificada. En la providencia  atacada  se  indican  claramente  las  disposiciones  legales  y los motivos que  llevaron al juez disciplinario a imponer la sanción al actor.   

(vi)   No   se  encuentra  que en los fallos materia de esta acción se hayan contrariado reglas  jurisprudenciales  que  han  sido  definidas por la jurisdicción constitucional  para  determinar  el  alcance  y  contenido  de  la  normas  disciplinarias o de  Procedimiento  Penal.  Además  si  bien  la  jurisprudencia  de  esta  Corte ha  reiterado  que  el campo funcional, no es susceptible de reproche disciplinario,  ello no incluye las situaciones de clara vulneración de la ley.   

(vii) Por último,  no  se  advierte  en  modo  alguno,  en  el  actuar  del  Consejo Superior de la  Judicatura, violación directa de un texto constitucional.   

La Sala concluye que no se configura ninguna  de  las  causales  especiales  de  procedibilidad de la acción de tutela contra  providencias judiciales arriba mencionadas.   

4.4. No obstante lo anterior advierte también  la  Sala  que a partir de los hechos antes mencionados señala el accionante que  las  decisiones  del  19  de  septiembre y el 12 de diciembre de 2007 de la Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, adolecen de  un  defecto  sustantivo  por  vulneraron  sus  derechos  fundamentales al debido  proceso,  la defensa, la igualdad y el trabajo, asunto que habrá de analizarse.   

Afirma que dicha vulneración tiene origen en  (i)  un  defecto  sustantivo  fundado  en a) el desconocimiento de la autonomía  judicial,  b)  la  inexistencia de ilicitud sustantiva de la conducta y c) de la  existencia  de una causal eximente de responsabilidad (cumplimiento de una orden  legítima  de  autoridad  competente) al igual que en (ii) la imputación de una  falta no consagrada en el ordenamiento jurídico,   

Añade  que  se  vulneró  el  derecho  a  la  igualdad  al aplicarse al actor una sanción más severa que la de amonestación  impuesta  en  otro  caso y el derecho al trabajo por la suspensión de un mes en  el ejercicio del cargo.   

4.5.   Con   relación  a  la  violación      del     derecho     de     defensa     encuentra  la  sala  que  esta  no  se  presentó   en tanto El  Demandado  tuvo  la  oportunidad  de  defenderse durante el trámite del proceso  disciplinario  adelantado  en su contra por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria  del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  donde  alegó:  (i) inexistencia de  ilicitud  sustancial  de  la  conducta  endilgada  en  tanto  no  hubo una grave  afectación  del  deber  funcional  y  por  el  contrario  el  ánimo del doctor  GUARNIZO  NIETO  estuvo encaminado a preservar el interés de la administración  de   justicia  evitando  las  demoras  que  se  habrían  producido  si  hubiese  desconocido  la  providencia  de  los  conjueces  que  ordenó el retorno de los  procesos  a  su  Despacho;  (ii)  la autonomía funcional e independencia de los  jueces  en  virtud  de  la  cual  el  accionante  acogió  los argumentos de los  conjueces,  por  cuanto  no cabía otra alternativa ante el carácter definitivo  del  auto  proferido  por éstos, cuya valoración, acertada o no, constituye la  interpretación  que  abarca  el  campo  funcional,  no  susceptible de reproche  disciplinario,  conforme  a reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional;  (iii)  la  ausencia  de  culpa por parte del demandante, toda vez que en ningún  momento  actuó  negligentemente,  en tanto “procedió a reasumir conocimiento  luego  de valorar los argumentos en que se fundó la decisión de los conjueces,  a  los  cuales y luego de un detenido análisis se avino teniendo como finalidad  específica  la  continuación  de los trámites, consistente en el cumplimiento  del  deber  superior  de  administrar  pronta  y  cumplida  justicia”; (iv) la  existencia  de  una  eximente de responsabilidad, al tenor de lo dispuesto en el  numeral  3  artículo  28  de  la  Ley  734  de  2002,   consistente  en el  cumplimiento  de  la  orden  legítima  de autoridad competente, emitida con las  formalidades  legales  y  por  tanto revestida de toda validez, decisión que no  podía  “desconocerse  per  se, ya que se trataba de una providencia con todos  los  visos  de  legalidad,  la que él no podía discutir, ni recurrir, ni sobre  ella  plantear  conflicto  alguno,  y  aún  cuando  los  conjueces  jamás son  superiores  de  los  funcionarios  titulares a quienes reemplazan, en materia de  impedimentos  y recusaciones sus decisiones SON DEFINITIVAS y por tanto mientras  no  sean  invalidadas  su vigencia no puede desconocerse”; (v) el conflicto de  deberes  a  que se vio enfrentado el accionante, “de un lado, el artículo 110  del  C.P.P.  y  del otro el auto contentivo de la orden legítima emanada de los  conjueces,  proferida  con  las  formalidades legales y por tanto de obligatorio  cumplimiento,  y optó por el deber que a su juicio encontró más adecuado, por  ser   el  más  importante,  esto  es,  el  postulado  superior  de  administrar  justicia”.    

Los  anteriores  argumentos fueron analizados  uno a uno y desestimados razonablemente por la entidad accionada.   

4.6.  Respecto  de  la  causal específica de  violación al debido proceso  que  alega  el  accionante,  esto  es,  un  defecto  sustantivo,   la  Sala  considera  que no se verifica. Las decisiones del  19 de septiembre de 2007  y  del  12  de  diciembre  de  2007,  que  imponen  al  accionante  una sanción  disciplinaria  de  suspensión  de  un  mes  en el ejercicio del cargo por haber  reasumido  sus funciones, en asuntos de su competencia, después de haberle sido  aceptado  un  impedimento y posteriormente haberse desestimado la existencia del  mismo,  contienen  argumentos  que en principio se encuentran, dentro del margen  de  interpretación  razonable  de  las  normas  que  sirvieron de fundamento al  fallo,  en  especial  los artículos 196 de la Ley 734 de 2002 , en concordancia  con  el  artículo  153.1  de  la  ley  270  de  1996  ,  artículo  230  de  la  Constitución Política y artículo 110 de la Ley 600 de 2000   

4.6.1.  En  efecto, las disposiciones legales  mencionadas,  señalan  que  (i)  “Constituye falta disciplinaria y da lugar a  acción  e  imposición  de la sanción correspondiente el incumplimiento de los  deberes  y  prohibiciones,  la  incursión  en  las inhabilidades, impedimentos,  incompatibilidades  y  conflictos de intereses previstos en la Constitución, en  la  ley  estatutaria  de  la  administración  de  justicia  y  demás  leyes”  (artículo  196  de  la  Ley  734  de 2002); (ii) es deber de los funcionarios y  empleados  de  la  rama  judicial  el  de  “Respetar,  cumplir y, dentro de la  órbita  de  su  competencia,  hacer  cumplir  la Constitución, las leyes y los  reglamentos”  (numeral  1  del  artículo  153  de  la  Ley  Estatutaria de la  Administración  de  Justicia);  (iii) “los jueces, en sus providencias, sólo  están  sometidos  al  imperio  de la ley”, (artículo 230 de la Constitución  Política);  (iv)  “en  ningún  caso  se  recuperará  la  competencia por la  desaparición  de  la  causal  de impedimento” (artículo 110 de la Ley 600 de  2000    Código   de   Procedimiento   Penal   aplicable   al   caso99).   

4.6.2.  El  Consejo Superior de la judicatura  fundamentó  su  decisión  en la vulneración de las normas citadas al concluir  que  se  desconoció  lo  previsto  en  el  artículo  110  de  la  Ley  600  de  2000100

,  norma  a  su juicio lo suficientemente clara para no requerir del  intérprete  la  consulta  de  su espíritu o la aplicación analógica de otras  normas, en tanto se contaba con norma expresa aplicable y clara.   

4.6.2.1. Por una parte, estimó respecto de la  autonomía  funcional  e  independencia de los jueces que lo que cuestionaba ese  organismo  no  era  la  interpretación  de una norma sino el desconocimiento de  expresa  prohibición  legal  consignada  en  el  artículo 110 de la Ley 600 de  2000.   

Manifestó la citada Corporación que si bien  la  causal  de  amistad  invocada,  puede  variar  en  el tiempo y de manera que  desaparezca  la  causal de impedimento que en algún momento existió y llevó a  que  el  funcionario  fuera  separado del conocimiento de un asunto, por expresa  prohibición  del  artículo  110  de la Ley 600 de 2000, la desaparición de la  causal   no   conlleva   la  recuperación  de  la  competencia  por  parte  del  funcionario.   

4.6.2.2.   Adicionalmente,   respecto   del  argumento  de la defensa relacionado con la existencia de una causal eximente de  responsabilidad,  a  saber:  el  cumplimiento  de  orden  legítima de autoridad  competente   emitida  con  las  formalidades  legales,  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria   consideró que esta no se presentaba porque (i) no se está  ante  mandato  emanado  de  una  relación de jerarquía de derecho público, en  tanto  el  Conjuez no es en ningún momento superior jerárquico del magistrado,  a  quien  reemplaza en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, y (ii) no  se  está  ante  una  “orden  legítima”,  pues  el  retorno  de diligencias  ordenado   por   los    Conjueces    transgrede   flagrantemente   expresa  prohibición  consignada en el artículo 110 del Código de Procedimiento Penal,  dado  que la legitimidad de la orden no sólo deriva del lleno de los requisitos  de  forma  en  cuanto a competencia y cumplimiento de las formalidades previstas  para  su  expedición,  sino  también  de la conformidad de su contenido con la  Constitución y la ley.   

4.6.2.3.  La  eximente  de  responsabilidad  consagrada   en  el  numeral  2  del  artículo  28  del  Código  Disciplinario  Único101,  invocada por el accionante al señalar que se vio enfrentado a un  conflicto   de   deberes,   por  un  lado,  el  artículo  110  del  Código  de  Procedimiento  Penal,  y  del  otro,  el  auto  contentivo de la orden legítima  emanada de los      Conjueces ,  cuyo  cumplimiento  implicaba un deber de muy  alto  rango,  optando por el deber que a su juicio encontró más adecuado, esto  es,  el  postulado superior de la administración de justicia, no fue encontrada  de  recibo  por  la accionada pues ya que como servidor público el ejercicio de  sus  funciones debió ajustarse ante todo a las previsiones de la Constitución,  ley  y  reglamentos  [46] , y en su especial calidad de funcionario judicial sus  decisiones sólo deben estar sometidas al imperio de la ley.   

Por  tanto, a juicio de la accionada, no era  inevitable  para  el  demandante reasumir el diligenciamiento de los asuntos que  le  fueron  remitidos por los conjueces después de haber estimado que la causal  de     impedimento     invocada     ‘no        subsistía’,  dado que tal proceder estaba expresamente prohibido por la ley, y  el  deber  de administrar justicia no puede considerarse de mayor importancia al  de imparcialidad involucrado en la figura de los impedimentos.     

4.6.2.4.  En  cuanto  a  la  inexistencia  de  ilicitud  sustancial  alegada  por  el  accionante  estimó la accionada que, la  ilicitud  sustancial  no  refiere a una ausencia de daño sino a la irrelevancia  de  la  conducta  frente  a  los  postulados  que orientan la buena marcha de la  administración  de justicia, circunstancia que debe ser evaluada y analizada en  cada  caso  concreto,  y  en  el evento en estudio se tiene que el actuar de los  procesados   afecta   los   principios  de  celeridad,  eficiencia,  igualdad  e  imparcialidad  propios  de  la  administración  de  justicia,  con  lo  cual se  vulneró  ostensiblemente  el  buen  funcionamiento  de  ésta  en  cuanto  a su  independencia  e  imparcialidad,  principios  involucrados  en  la  institución  procesal   de   los   impedimentos   y   recusaciones,   trasgredida   en   este  caso.   

4.6.2.5.  De  lo anterior se deriva, que las  razones  para  la existencia de un defecto fáctico fueron debidamente debatidas  en  el  proceso  disciplinario  y  que  las decisiones de la Sala Jurisdiccional  Disciplinaria  del Consejo Superior de la Judicatura, en las providencias del 19  de  septiembre  y 12 de diciembre de 2007,  se encuentran dentro del margen  razonable  de  interpretación, pues es evidente que la existencia de la expresa  y   clara   prohibición   consagrada   en  el  artículo  110  del  Código  de  Procedimiento  Penal,  no admitía valoraciones que se apartaran de su texto. En  consecuencia,  no encuentra la Sala que exista defecto sustantivo, ni violación  alguna al derecho al debido proceso.   

Además, el que el demandante no comparta las  consideraciones  y  argumentos  planteados por las autoridades disciplinarias en  sus  decisiones,  no es fundamento suficiente para que se deba considerar que la  Sala   Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura  profirió decisiones por fuera de la ley.   

4.7. Por otra parte, en la acción de tutela  se   alega   que   en   la   sentencia   acusada   se  vulnera  el  derecho  a la igualdad del accionante, por  cuanto  en  el  caso del doctor Rodrigo Jabba Navarro102;  Magistrado  del Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Barranquilla,  en el cual se calificó la  falta  como  leve  y  en consecuencia la sanción fue de amonestación, mientras  que  en  el proceso contra el actor se sancionó con un mes de suspensión en el  ejercicio del cargo.   

4.7.1.  La  Sala  tampoco considera que este  cargo  sea  de  recibo  en contra de las providencias atacadas, puesto que no se  adjuntó   el  fallo  a  que  se  alude  en  la  demanda  de  tutela103,  ni  se  expusieron  las  circunstancias  que  determinan  que  a una misma situación se  hayan  aplicado  criterios  diferentes,  ni  se  dijo  que  la  otra  persona se  encontraba  en  las  mismas  circunstancias  del  actor,  todo  lo  cual hubiese  permitido la comparación.   

Al respecto, esta Corporación ha manifestado  reiteradamente,  que cuando se busca la protección del derecho a la igualdad la  carga  de la prueba la tiene el demandante, quien debe establecer el criterio de  comparación,   con  el  fin  de  determinar  si  existe  un  trato  desigual  o  discriminatorio.104   

Así  las  cosas  no  le  compete  a la Sala  estudiar  un  fallo  judicial  que si bien fue mencionado dentro del proceso, no  fue  aportado  por el demandante o expuesto al menos en sus apartes pertinentes,  como  punto  de  comparación  para  establecer  una violación del derecho a la  igualdad.  La  sola  afirmación  hecha  en  la  demanda  sobre la existencia de  decisiones  judiciales distintas proferidas por una misma autoridad judicial sin  especificar  las circunstancias que dieron lugar a la expedición de las mismas,  no  constituye, en sí misma una prueba de trato discriminatorio, por cuanto las  diferencias  que  puedan  existir  entre los fallos, pueden surgir de diferentes  situaciones,  que además pueden ser legítimas, y que pueden demandar  una  decisión fundada en otras consideraciones jurídicas.   

4.7.2.  No  obstante,  la Corte solicitó al  Consejo  Superior  de  la Judicatura remitir copia de la Decisión proferida por  esa  Corporación  dentro  del  proceso 200303044 01, habiendo enviado copia del  fallo  de  la  Sala  51  del  14  de  mayo  de 2008 donde resuelve el recurso de  reposición  instaurado por el doctor Rodrigo Jabba Navarro, contra el fallo del  8  de  octubre  de  2007  por el cual esa Sala, lo sancionó en su condición de  Magistrado  de  la  sala  penal  del  Tribunal  Superior  de  Barranquilla,  con  amonestación  escrita,  como  responsable de incurrir en la falta consagrada en  el  numeral  3° del artículo 154 de la ley 270 de 1996, en concordancia con el  artículo  196  de  la  Ley  734  de  2002, en proceso disciplinario iniciado en  razón  de  que  la  sala  de  Casación  Penal de la Corte Suprema de Justicia,  compulsó  copias  al  advertir  “que la prolongada  dilación  que  tuvo el trámite de desacato, que inició el 9 de agosto de 2000  y  se  impuso sanción el 28 de abril de 2003 no se compadece con los principios  de      celeridad      y      eficacia      que     gobiernan     la     acción  constitucional….”105   

Como puede observarse, no es posible comparar  la  situación  planteada  en el proceso que trae a colación el demandante y la  de  éste  para  definir  a  partir  de  allí  una  violación del derecho a la  igualdad.   

Además,  la  Sala  considera que un juez no  viola  el  derecho  a  la igualdad de una persona al adoptar una decisión en un  sentido,  así en otras ocasiones lo haya hecho en sentido diferente, máxime si  se  considera  que  en  el  caso  no  es posible asimilar las circunstancias que  rodearon  los  dos  casos,  pues  no  puede  decirse de ellas que sean iguales o  similares.   

No  comparte  la  Sala  la  apreciación  del  tutelante  por  cuanto  la  vulneración  de  este  derecho  está  ligada  a la  legalidad  de  las  decisiones atacadas, las cuales como se vio fueron adoptadas  dentro  del  proceso  disciplinario  que  garantizó  la  defensa  del  actor  y  ampliamente  motivadas  que llevaron a la imposición de la sanción que si bien  impidió  al  actor  ejercer  su  cargo por el término de un mes, ello no puede  considerarse  como  una  violación del derecho al trabajo pues fue el resultado  de  una  sanción  disciplinaria,  impuesta  por  la autoridad competente, en un  proceso   que   se   desarrolló   dentro   de  los  cauces  constitucionales  y  legales106   

.  

4.9.  Así  encuentra la Sala que en el caso  que  ocupa  su  atención,  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  acusada,  al  dictar  las  providencias del 19 de  septiembre  y  12  de octubre de 2007, no vulneró los derechos fundamentales al  debido  proceso,  la  defensa, la igualdad ni el trabajo del doctor José Erasmo  Guarnizo  Nieto,   en  cuanto  se  trató  de una decisión judicial que se  dictó  dentro  de  un  proceso donde el accionante pudo ejercer su defensa y se  fundó  en  una  lectura  del  ordenamiento  legal  aplicable  al  caso, ajena a  cualquier  arbitrariedad  o  capricho,  que  se  encuentra  dentro del margen de  interpretación  que en los asuntos de su competencia corresponde a esa entidad.   

4.10.  Por  las  razones  expuestas,  la Sala  Quinta  de  Revisión  de la Corte Constitucional confirmará la decisión de la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, del 1  de  Octubre 2008 que revocó la sentencia proferida el 28 de mayo de 2008 por la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo Seccional de la Judicatura del  Tolima.          (Primera          instancia)107,  y  en  su lugar niega el  amparo solicitado por doctor José Erasmo Guarnizo Nieto.   

III. DECISIÓN.  

En  mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de  Revisión  de  la  Corte  Constitucional,  administrando  justicia en nombre del  pueblo y por mandato de la Constitución Política.   

RESUELVE:  

Primero-.     CONFIRMAR    la  decisión  de  la  Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  del  1  de  Octubre 2008 que revocó la sentencia  proferida  el  28  de  mayo de 2008 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del  Consejo  Seccional  de la Judicatura del Tolima. (Primera instancia)108,  y  en su  lugar   niega   el   amparo   solicitado   por   doctor  José  Erasmo  Guarnizo  Nieto.   

Segundo.   Por  Secretaría  General, líbrese la comunicación a que  se     refiere     el     artículo     36     del     decreto 2591 de  1991.   

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la  Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.   

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO  

Magistrado Ponente  

JORGE  IGNACIO  PRETELT CHALJUB   

Magistrado            

NILSON  PINILLA  PINILLA   

Magistrado  

Aclaración de voto.  

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ  

Secretaria General  

    

1 Ver  folios 31 a 49 del cuaderno #2 y #3.   

2 Ver  folios 140 a 148 del cuaderno #1.   

3  Acción  de  tutela  presentada el 20 de agosto  de 2008. Ver folios 1 a 23  del cuaderno #1.   

4  Interpuesta el 1 de abril de 2008.   

5  Radicado No. 11001010200020030417401.   

6  Sentencia  del  19  de  septiembre  de  2007.  Ver  folio  22  a 57 del cuaderno  #1.   

7 Fallo  del   12   de  diciembre  de  2007.  Ver  folios   58  a  68  del  cuaderno  #1.   

8 Para  ello  hace  referencia a las sentencias de la Corte Constitucional T-462 de 2003  y SU-159 de 2002.   

9 Ley  734  de  2002  Código  Disciplinario  Único.   Artículo  28. Causales de  exclusión  de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad  disciplinaria quien realice la conducta:   

(…)  

3.  En  cumplimiento  de  orden legítima de  autoridad competente emitida con las formalidades legales.   

10 En  la  radicación  No.  200303044-01/136.I.05. Ver acción de tutela folios 1 a 20  cuaderno #1.   

11 Ver  acción de tutela folios 1 a 20 del cuaderno #1.   

12 Ley  270  de 1996 ARTICULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados,  según corresponda, los siguientes:   

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita  de   su   competencia,   hacer   cumplir  la  Constitución,  las  leyes  y  los  reglamentos.   

13  Constitución   Política  ARTICULO  230.  Los jueces, en sus providencias, sólo  están sometidos al imperio de la ley.   

14 Ley  600  de  2000  Código Penal ARTICULO 110. DESAPARICION DE LA CAUSAL. En ningún  caso  se  recuperará  la  competencia  por  la  desaparición  de  la causal de  impedimento.   

15  “en  virtud  a  que  retornó  al  conocimiento  de  asuntos  en  los  que  ya había aceptado su impedimento y por ende se le había  separado  del  conocimiento de los mismos, circunstancia que se presentó en los  siguientes  radicados:  251  de  1999  y 0001, 040 y 041 de 2003”.     

16 Del  13 de julio de 2005.   

17  Contestación  a  la  acción  de tutela interpuesta por el señor Jose Guarnizo  Nieto ver folios 119 a 121 y 122 a1 24 del cuaderno #1.   

18  “que  señala como tal la existencia de una amistad  íntima  o enemistad grave entre alguno de los sujetos procesales, denunciante o  perjudicado y el funcionario judicial”.   

19 Ver  acción  de tutela folios 1 a 20 del cuaderno #1 y la Sentencia proferida dentro  del  proceso  disciplinario  adelantado  en  contra  del accionante, por la Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Superior de la Judicatura, el 19 de  septiembre  de  2007,  ver  folio  22  a 58 del cuaderno #1. Sentencia del 12 de  diciembre  de 2007 por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura  negó  la  reposición  que el accionante  interpusiera.   

20 Ver  decisión     de     la     Sala     Especial    de    Conjueces    –Jurisdiccional  Disciplinaria, del 11  de julio de 2003, folios 103 a 109 del cuaderno #1.   

21 Ver  carta    enviada    por    la    Sala   Especial   de   Conjueces   –Jurisdiccional  Disciplinaria  a  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria,  Consejo Seccional de la Judicatura, al Dr.  José  Guarnizo  Nieto  y  al  Dr.  René  Ramírez  Rivera folios 110 a 112 del  cuaderno #1.   

22 Ver  acción  de tutela folios 1 a 20 del cuaderno #1 y la Sentencia proferida dentro  del  proceso  disciplinario  adelantado  en  contra  del accionante, por la Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Superior de la Judicatura, el 19 de  septiembre  de  2007,  ver  folio  22  a 58 del cuaderno #1. Sentencia del 12 de  diciembre  de 2007 por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura  negó  la  reposición  que el accionante  interpusiera.   

23  “Una  ponderada  reflexión le ha permitido concluir que, en estricto sentido,  la   causal   no   tiene   fundamento   pues   la   exigencia   de  íntima,  predicable  de  este  grado de  amistad  para  que  cobre efectos de separar del conocimiento de un proceso a un  funcionario,  no  se da”.  (…)  (Resaltado  del  texto)  Ver  decisión  de la Sala Especial de Conjueces  –Jurisdiccional  Disciplinaria,  del  11  de  julio  de  2003,  folios  103  a  109  del cuaderno  #1.   

24 Al  respecto  manifestó  que en  repetidos  fallos de esa Corporación, se había venido expresando que una nueva  reflexión  invitaba  también  a  una nueva visión del impedimento. Que en los  citados  fallos,   después de analizar la forma como el Magistrado propuso  el  impedimento,  donde  señaló  que  al representante judicial le   “une  amistad  por  espacio superior a nueve (9) año, la  cual  trasciende  el plano de la informalidad y ello ha permitido afianzarla”,  se  concluyó  que “…el  H.  magistrado  no  valora  como  íntima  la amistad que profesa por el abogado  defensor.  Y  no teniendo esa categoría la causal no puede prosperar. Es decir,  ‘no  es  tal  que  pueda  afectar     su     imparcialidad     e     independencia    judicial’En  relación  con  la manifestación  del  Magistrado  GUARNIZO  NIETO,  declarará infundado el impedimento expresado  por  las  consideraciones  ya  anotadas, y ordenará retornar el expediente a su  Despacho  para  que  continúe  con  el  con(sic) de la investigación contra el  Abogado  acusado  Orlando ArciniegasLagos”. Añadió  luego  que  “Por supuesto podría argüirse que  una  vez  aceptado un impedimento y separado un funcionario del conocimiento, la  actuación   no   retorna  a  su  despacho  al  desaparecer  la  causal.  //  El  planteamiento  válido  en  principio,  no  lo  es  en el fondo. La orientación  teleológica  que  este  postulado  contiene  lo  es  evitar  que  los  procesos  transiten  de  un  Despacho  judicial  a  otro Despacho judicial, perturbando la  recta  administración de Justicia y entorpeciendo el normal desenvolvimiento de  una  actuación, cuando, en últimas, cada uno de dichos funcionarios es titular  de  la  competencia  para  conocer. Cuando ambos, por su naturaleza, ostentan la  condición  de  juez  natural. No acontece lo mismo enfrente al instituto de los  conjueces.  La  condición de éstos es coyuntural, se les llama para cuestiones  incidentales,  asumen  temporalmente  la  función  pública.  // A falta de una  reglamentación  expresa,  es  preciso  interpretar aquella que más se acerca a  una  solución.  El  Código  de  Procedimiento  Civil vigente al reglamentar la  asignación  del  conocimiento  de un proceso va estableciendo cómo al interior  de  la  jurisdicción,  se  va  asignando  el  conocimiento.  Y  solo en un caso  extremo,  sin extraer el asunto de la rama judicial, traslada un asunto civil, a  juez  promiscuo  o  a  juez  de especialidad laboral o a la penal, pero en estos  casos,  cuando  el  juez natural por su especialidad ha desplazado competencia a  otro   juez   pero   de   especialidad  o  ubicación  geográfica  diversa,  la  normatividad  impone el retorno de la actuación al competente por la naturaleza  del  asunto  cuando el impedimento desaparezca. // Varias hipótesis confluyen a  respaldar  esta  decisión. // 1. Aparecería consecuente que en un evento en el  cual  dos  Magistrados  Titulares  se  retirasen del servicio y reemplazados por  otros  dos  funcionarios en quienes no concurra la causal de impedimento, sea la  Sala  Especial  de  Conjueces,  la  Sala  coyuntural,  la  llamada  a  continuar  conociendo  de  las  actuaciones? // 2. Aparecería consecuente que en un evento  en  el cual una persona que, v.gr., por parentesco, o por grave enemistad, o por  amistad  íntima,  impone  a  los Funcionarios la manifestación de impedimento,  opte  por  declinar  ser  sujeto  procesal, el juez natural se vea limitado para  conocer  de la actuación y la competencia se desplace al juez accidental? // 3.  Aparecería  consecuente  que  en un evento (el proceso con Radicación 3007 por  ejemplo),  el  funcionario no asuma el conocimiento de la actuación por amistad  íntima  y en la misma fecha en otro evento (el proceso con Radicación 3042 por  ejemplo),  si  conozca?  Es  decir  que  para una actuación sea amigo íntimo o  grave  enemigo  y  para  otra,  con  referencia  a  la misma persona como sujeto  procesal,   no  lo  sea?  O  que  un  Funcionario  (juez  natural)  traslade  su  competencia  a  un  Conjuez  (juez  accidental),  porque  un  sujeto procesal es  pariente  de  su  antecesor?  //  4. Aparecería consecuente que en un evento de  acumulación  de  los  varios procesos seguidos contra un mismo disciplinado, se  pudiera  siquiera  pensar  en  que  un  conjuez  desplace  del conocimiento a un  Magistrado  titular?  // (…) La posición de la Sala es la de hacer prevalecer  lo  sustancial  sobre  lo  accidental.  El  fondo  sobre  la  forma. El concepto  fundamental  del  juez natural  sobre el formalismo de los impedimentos. La  precisión  de  que  la  Sala  Especial  de Conjueces carece de competencia para  conocer  de estas diligencias. //  Y si ello es así, es decir, si la causa  que   motivó  la  aceptación  del  impedimento  y  el  desplazamiento  del  H.  Magistrado  Guarnido Nieto, no subsiste, se impone que  la  actuación  retorne  a su Despacho para que sea el  Titular  quien  por  competencia natural, no coyuntural, continúe como Director  de  la actuación pues carece esta Sala de Conjueces de argumentos para sustraer  de  su  juez  natural  el  conocimiento  de estas diligencias”. (Resaltado del  texto)   

25  Artículo    153.-Modificado   por   el   Decreto 2282 de  1989,  Artículo  1. Num. 88. Juez o magistrado que debe  reemplazar  al  impedido  o recusado. El Juez que deba  separarse  del conocimiento por impedimento o recusación, será reemplazado por  el  del   mismo ramo y categoría que le siga en turno, atendiendo el orden  numérico,  y a falta de éste por el juez civil o promiscuo de igual categoría  o  de  otra  rama que determine el tribunal superior del respectivo distrito. En  el  último  caso,  si  desaparece la causal invocada en contra del funcionario,  volverá a éste el conocimiento del asunto.   

El  magistrado o conjuez impedido o recusado  será  reemplazado  por  el  que  siga  en  turno,  o por un conjuez si no fuere  posible integrar la sala por ese medio.   

26 Ver  acción  de  tutela folios 1 a 20 del cuaderno #1 y la  Sentencia  proferida  dentro  del proceso disciplinario adelantado en contra del  accionante,  por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la  Judicatura,  el  19  de  septiembre  de 2007, ver folio 22 a 58 del cuaderno #1.  Sentencia   del  12  de  diciembre  de  2007  por  medio  de  la  cual  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del  Consejo  Superior  de la Judicatura negó la  reposición que el accionante interpusiera.   

27  Folios 39 y 40 del cuaderno # 1   

28  Folio 23 del cuaderno # 1.   

29  Magistrado  de  la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la  Judicatura del Tolima.   

30 Ver  acción  de  tutela  folios  1  a  20  del  cuaderno  #1 y oficio enviado por la  Procuradora  Delegada  para  la  Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, ver  folios 99 a 102 del cuaderno #1.   

31 En  dicha  providencia  se manifestó: (i) respecto a la autonomía funcional de los  jueces  en  la interpretación de las normas legales alegada por el actor, “no  se  está  cuestionando  la  interpretación  de  un  texto  jurídico,  sino el  desconocimiento  de expresa prohibición legal consignada en el artículo 110 de  la  Ley  600  de 2000 , norma que por su claridad debió ser aplicada conforme a  su  tenor  literal  sin  necesidad  de  consultar  su espíritu o acudir a otros  instrumentos  interpretativos  como  el  de la analogía o a normas de reenvío,  mecanismos  que  sólo  se encuentran previstos, bien para aclarar el sentido de  expresiones  oscuras o bien para llenar vacíos de la ley, lo que no ocurría en  este  caso,  en  tanto  se  contaba con norma expresa aplicable y clara”; (ii)  respecto  de  estar  en  el caso de cumplimiento de orden legítima de autoridad  competente  “no se está ante mandato emanado de una  relación  de  jerarquía  de  derecho  público,  en  tanto el Conjuez no es en  ningún  momento  superior  jerárquico  del  funcionario, magistrado , a quien  reemplaza  en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, y tampoco frente a  orden   administrativa   propiamente   dicha.  

//  Asimismo,   no  se  está  ante  una  ‘orden       legítima’,  pues  como  se evidenció en el acápite que antecede el retorno  de diligencias ordenado por los      Conjueces   procesados  transgrede flagrantemente expresa  prohibición  consignada en el artículo 110 del Código de Procedimiento Penal,  y   como   se  ha  decantado  jurisprudencial  y  doctrinariamente  ‘ni aún frente a la autoridad militar  puede   existir   órdenes  ilegítimas,  criminales  que  sean  de  obligatoria  ejecución.  Desde  el  momento  en  que el subordinado conoce la ilicitud de la  orden,  su  obligación  será no cumplirla, pues si lo hace estaría cometiendo  acto     arbitrario     e    injusto’  //  (…)  no  era necesario e inevitable para el doctor GUARNIZO  NIETO  el retorno al diligenciamiento de los asuntos que le fueron remitidos por  los      conjueces ,  después  de haber estimado que la causal de  impedimento  invocada  ‘no  subsistía’,  cuando tal  proceder  se  encuentra  expresamente  prohibido,  y  el  deber  de  acceso a la  administración  de  justicia  no  puede considerarse de mayor importancia al de  imparcialidad involucrado en la figura de los impedimentos”.     

32  Tras  considerar que el accionante “actuó de manera  negligente  y  descuidada,  en  tanto  estando  en  capacidad  de  comprender la  ilicitud  del  retorno  de  diligencias  ordenado  por  los Conjueces de la Sala  continuó   diligenciando   los  procesos  en  que  ya  se  había  aceptado  su  manifestación    de    impedimento,   pudiendo   exigírsele    otro   comportamiento,  ya que como se indicó en precedencia, como servidos público y  en  especial  como  funcionario  jurisdiccional  en su actuar solo se halla  sometido al imperio de la ley”.   

34 Ver  folios 58 a 68 del cuaderno #1.   

35  Mediante  Auto del 16 de mayo de 2008, una vez ejecutoriado el Auto que decretó  la  nulidad  en  el  asunto,  se admitió la acción de tutela instaurada por el  doctor   José   Erasmo   Guarnizo  Nieto,  y  se  manifestó  que  “por  cuanto  ya  obra en el expediente el pronunciamiento de los  accionados  y  los presupuestos de hecho contenidos en el libelo demandatorio no  han variado se dispone tenerlo como prueba”.   

36 Ver  folios 140 a 148 del cuaderno #1.   

37 Ver  folios 140 a 148 del cuaderno #1.   

38 En  este   sentido   se   refiere  a  la  sentencia  T-  565  del  19  de  julio  de  2006.   

39 Ver  folios 31 a 49 del cuaderno #2.   

40 Ver  folios 140 a 148 del cuaderno #1.   

41 Ver  Cuaderno de la Corte Constitucional.   

42 Ver  folios 31 a 49 del cuaderno #2 y #3.   

43 Ver  folios 140 a 148 del cuaderno #1.   

44 Ver  entre  otras,  SU  159/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1009 de 2000 M.P.  Carlos  Gaviria  Díaz,  SU-014  de  2001 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez,  T-996-03    M.P.    Clara   Inés   Vargas   Hernández,   T-1192/0344   M.P. Eduardo Montealegre, T-68  de  2005,  M.P.  Rodrigo  Escobar  Gil,  T-453  de 2005 M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa,  T-518  de  2005  M.P.  Marco Gerardo Monroy Cabra, C-590 de 2005 M.P.  Jaime  Córdoba  Triviño,  T-1101  de  2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1222 de  2005  M.P.  Jaime Córdoba Triviño, T-302/06 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-950 de  2006  NM.P.  Marco  Gerardo  Monroy  Cabra,  T-639  de  2006 M.P. Jaime Córdoba  Triviño,  T-955  de 2006 M.P. Jaime Araújo Rentaría, Sentencia T-1044 de 2006  M.P.  Rodrigo  Escobar  Gil, T-808/07 M.P. Catalina Botero Marino, T-061/07 M.P.  Humberto   Antonio   Sierra  Porto,  T-446  de  2007  M.P.  Clara  Inés  Vargas  Hernández,  T-018  de  2008  M.P.  Jaime Córdoba Triviño, T-240/08 M.P. Marco  Gerardo   Monroy  Cabra,  T-499/08  M.P.  Mauricio  González  Cuervo,  T-580/08  Humberto  Antonio  Sierra  Porto,  T-831  de  2008  M.P. Mauricio González  Cuervo     T-017-09     M.P.     Jaime     Córdoba    Triviño,    T-051-09  M.P.  Manuel  José  Cepeda  Espinosa,  T-060-09  M.P.  Mauricio González Cuervo, T-066 de 2009 M.P. Jaime  Araujo Rentaría, T-130 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.   

45  Sentencia T-1222 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño   

46  Sentencia   T-933   de   2003,   M.P.   Manuel   José  Cepeda  Espinosa,  entre  otras.   

47  Sentencia  T-240 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver además Sentencias  T-955  de  2006  M.P.  Jaime Araújo Rentería, T- 774 de 2004 M.P. Manuel José  Cepeda  Espinosa,  T-694  de  2000  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-008 de 1998  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.   

48  T-1222   de   2005   M.P.   Jaime  Córdoba  Triviño.  Añadió  la  Corte  que  “…ante  una  acción de tutela interpuesta contra  una  decisión  judicial  por  presunta  arbitrariedad en la interpretación del  derecho  legislado  -vía de hecho sustancial por interpretación arbitraria- el  juez   constitucional   debe   limitarse   exclusivamente  a  verificar  que  la  interpretación  y aplicación del derecho por parte del funcionario judicial no  obedezca  a  su  simple  voluntad  o  capricho  o  que  no  viole  los  derechos  fundamentales.  En  otras  palabras,  no  puede  el  juez  de  tutela,  en   principio,  definir  cual  es  la  mejor  interpretación,  la  más  adecuada o  razonable  del  derecho  legislado,  pues  su  función  se limita simplemente a  garantizar  que  no exista arbitrariedad y a proteger los derechos fundamentales  y   no   a   definir   el   sentido   y   alcance   de   las   normas  de  rango  legal”.   

49  T-1222 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.   

50 Ver  entre   otras   la   reciente  Sentencia  T-315  de  2005  M.P.  Jaime  Córdoba  Triviño   

51  M.P.   Clara  Inés  Vargas  Hernández  “La  Corte  considera,  que cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio con una  prueba  ilícita,  debe  en consecuencia proceder a su exclusión. Pero, deberá  siempre  declarar  la  nulidad  del  proceso  y excluir la prueba ilícita y sus  derivadas,  cuando  quiera  que  dicha prueba ha sido obtenida mediante tortura,  desaparición  forzada  o  ejecución  extrajudicial. En efecto, en estos casos,  por  tratarse  de  la  obtención  de  una prueba con violación de los derechos  humanos,  esta circunstancia por si sola hace que se rompa cualquier vinculo con  el   proceso.   En  otras  palabras,  independientemente  de  si  la  prueba  es  trascendental  o  necesaria,  el  solo hecho de que fue practicada bajo tortura,  desaparición   forzada  o  ejecución  extrajudicial,  es  decir,  mediante  la  perpetración  de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado, se  transmite  a  todo  el  proceso  un vicio insubsanable que genera la nulidad del  proceso,  por  cuanto  se han desconocido los fines del Estado en el curso de un  proceso  penal,  cual  es  la  realización  de  los  derechos  y garantías del  individuo.  Además, como queda ya comprometida la imparcialidad del juez que ha  conocido  del  proceso, debe proceder además a remitirlo a un juez distinto. En  efecto,   tradicionalmente   en  derecho  colombiano  se  ha  entendido  que  la  aplicación  de  la regla de exclusión no invalida todo el proceso, sino que la  prueba  ilícita  no  puede  ser  tomada  en  cuenta al momento de sustentar una  decisión.  No  obstante  lo  anterior, entiende la Corte que tal principio debe  ser  exceptuado  cuando quiera que se pretenda hacer valer en un juicio oral una  prueba  que  ha  sido  obtenida  en  flagrante  desconocimiento  de  la dignidad  humana”.   

52  M.P. Jaime Córdiba Triviño   

53  Sentencia T-522/01   

54 En  Sentencia  T-1192/0354   M.P.  Eduardo  Montealegre Lynett se reiteró la jurisprudencia consignada en la  Sentencia  SU-014  de  2001  M.P.  Martha  Victoria Sáchica Méndez54  donde  “la  Corte  estableció que  cuando  actuaciones  de  terceras  personas  inducían  en  error  al  juez,  se  configuraba  la “vía de hecho por consecuencia”. Con ello la Corte indicaba  que  la  violación  de  los  derechos  fundamentales  de  la persona no le eran  imputables    al    juez,    pero    que   la   decisión   judicial   resultaba  inconstitucional”.En  la Sentencia T-68 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil dijo  la  Corte: (v) Finalmente, el defecto o vía de hecho  por   consecuencia   se  estructura  cuando  la  providencia  judicial se soporta en hechos o situaciones  jurídicas  adelantadas  por  autoridades  distintas a quien la profiere, y cuyo  manejo  irregular  afecta  de  manera  grave  e  injusta  derechos  o garantías  fundamentales.  En  estos  casos,  aun  cuando la decisión se haya adoptado con  pleno  acatamiento  de  la  normatividad  aplicable  y dentro de una valoración  juiciosa  de  las  pruebas,  la vía de hecho se produce como consecuencia de la  negligencia  de  otras  instancias  públicas,  que obligadas a colaborar con la  administración  de  justicia,  por  acción o por omisión no lo hacen en forma  diligente.     Tal     como     lo     señaló     la     Corte    ‘si  bien el criterio imperante frente  a  la  vía  de  hecho  es el de que ésta se origina en una actuación judicial  arbitraria  o manifiestamente contraria a derecho, puede ocurrir que tal defecto  no  sea  atribuible  directamente  al  juez  de  la  causa,  sino a la acción u  omisión   de   otras   autoridades  publicas  -en  la  mayoría  de  los  casos  administrativas-  que  debiendo  colaborar  armónicamente  en  la  función  de  administrar  justicia,  con  su conducta negligente inducen en error al operador  jurídico  y  permiten  que  a través de la decisión se afecten en forma grave  los  derechos  y  garantías  constitucionales  de  quienes  intervienen  en  la  actuación           judicial.54”54   

55  Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01.   

57  Cfr.  Corte  Constitucional,  Sentencia  T-589 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre  Lynett.   

58 Ver  al   respecto,  entre  otras,  Sentencias  T-573  de  1997.  M.P.  Jorge  Arango  Mejía,58  T-567  de 1998.  M.P.  Eduardo  Cifuentes  Muñoz,  T-001 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández  Galindo,  T-377  de 2000. M.P. Alejandro Marínez Caballero, T-1009 de 2000 M.P.  Carlos  Gaviria  Díaz,  T-852  de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-453 de 2005  M.P.  Manuel  José  Cepeda  Espinosa,  T-061 de 2007 M.P. Humberto Antonio  Sierra  Porto,  T-079  de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, RenteríaT-231 de  1994  M.P.  Eduardo  Cifuentes  Muñoz,   T-001 de 1999 M.P. José Gregorio  Hernández  Galindo,  T-814 de 1999, MP: Antonio Barrera Carbonell.T-522 de 2001  M.P.   Manuel   José   Cepeda  Espinosa,   T-842   de   2001   M.P.   Álvaro   Tafur   Galvis,  SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa,  T-462  de  2003  M.P.  Eduardo Montealegre Lynett.,T-205 de 2004 M.P.  Clara   Inés   Vargas   Hernández,  ,  T-701  de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, T-807 de 2004 M.P. Clara  Inés  Vargas  Hernández,  T-1244  de  2004  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,  T-056  de  2005  M.P.  Jaime  Araújo Rentería, T-189 de 2005 M.P. Manuel José  Cepeda  Espinosa,  T-800 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-061 de 2007  M.P  Humberto Antonio Sierra Porto , T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,  T-051  de  2009  M.P.  Manuel  José Cepeda Espinosa, T-060 de 2009 M.P Mauricio  González Cuervo, T-066 de 2009 M.P. Jaime Araújo Rentería.   

59  Sentencia  T-189  de  2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa en esta oportunidad  concluyó  la  Corte  que “En efecto, en su fallo el  Tribunal  omitió  aplicar  la  norma  que  se  ajustaba al caso y, en su lugar,  empleó otra que no era pertinente.”   

60 Ver  sentencia  T-205  de  2004  M.P.  Clara  Inés  Vargas Hernández Aquí la Corte  concluyó    la    existencia    de    un    defecto   sustantivo   “por  cuanto  el  juez  se  basó  en  una norma legal que había  perdido su vigencia”.   

61  Sentencia  T-800  de  2006 M.P. Jaime Araujo Rentería. En es a oportunidad dijo  la  Corte  “Todo  lo anterior lleva a concluir a la  Corte  Constitucional  que  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria  del Consejo  Superior  de  la  Judicatura,  en  su  sentencia  del  18  de noviembre de 2004,  confirmada  en  el  auto por medio del cual resolvió el recurso del reposición  el  11  de  mayo  de 2005, aplicó, en la sanción que impuso a los demandantes,  una  norma que no existía, consistente en un impedimento por haber cumplido con  el  deber  propio de los jueces. Es decir, que verdaderamente crearon una norma,  pues  dictar  providencia dentro de un proceso no puede constituir, como se vio,  causal  de  prejuzgamiento.  Por  ello  incurrieron  en  un  defecto  sustantivo  constitutivo  de  vía  de  hecho,  violatoria del derecho fundamental al debido  proceso de los actores”.   

62 Al  respecto,  consultar  sentencia T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  En  esta  providencia  se  dijo  que “incurre en una  vía  de  hecho  por  razones  sustanciales el funcionario judicial que tome una  decisión  con  base  en  una  disposición:  (1)  cuyo  contenido  normativo es  evidentemente  contra­rio a  la  Consti­tu­ción,  porque la Corte Constitucional  previamente  así  lo  declaró  con  efectos  erga  omnes,  (2)  cuyo sentido y  aplicación   claramente   compromete   derechos   fundamentales,   y  (3)  cuya  incompatibilidad  ha  sido alegada por el interesado, invocando el respeto a una  sentencia    de    constitucionalidad    de    la    Corte    Consti­tucional que excluyó del ordenamiento  jurídico  el  sentido  normativo único e ínsito en la norma legal aplicada en  el curso del proceso y de la cual depende la decisión”.   

63  Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

64  T-051  de  2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver sentencias T-1101 de 2005  M.P.  Rodrigo  Escobar  Gil  dijo la Corte:” Sobre el tema relacionado con las  vías  de  hecho  ocasionadas  por  interpretaciones  judiciales contrarias a la  Constitución  y  la  procedencia  de  la tutela para conjurarlas, la Corte tuvo  oportunidad  de  precisar  que  debe  aparecer  probado que la aplicación de la  norma    se   hizo   (i)  contraviniendo  o  haciendo  caso  omiso de los postulados, principios y valores  constitucionales64,  (ii)  imponiendo criterios  irracionales    o    desproporcionados64,  (iii)  sin  respetar   el   principio  de  igualdad64,  y  (iv) en  desmedro     de     los     derechos    sustantivos    en    litigio64”            y  T-1222  de  2005  M.P. Jaime Córdoba Triviño. Dijo la Corte en esta ocasión: “para  que una interpretación judicial se considere constitutiva  de  vía  de  hecho,  es  indispensable que la misma defienda una lectura de las  normas  realmente  contraria a su sentido lógico, manifiestamente opuesta a los  principios de derecho y salida del cauce de la juridicidad”   

65  Sentencia  T-462  de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Ver además Sentencia  T-001   de   1999   M.P.   José   Gregorio   Hernández   Galindo  “Diferente  es  el  caso de la ostensible aplicación indebida de  una  norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun  contra  toda  evidencia.  Allí puede darse la vía de  hecho, como lo ha admitido esta Corte, si por haberse  forzado  arbitrariamente  el  ordenamiento  jurídico  se  han  quebrantado o se  amenazan   derechos   constitucionales  fundamentales  (Cfr.,  por  ejemplo,  la  Sentencia T-765 del 9 de diciembre de 1998)”.   

66  Sentencia   T-066   de   2009   M.P.   Jaime   Araújo  Rentería.  “En   esta   hipótesis   no   se   está  ante  un  problema  de  interpretación  normativa,  sino  ante  una  decisión  carente  de  fundamento  jurídico,  dictada  según el capricho del operador jurídico, desconociendo la  ley,  y  trascendiendo  al nivel constitucional en tanto compromete los derechos  fundamentales   de   la   parte   afectada   con   tal  decisión”.  Ver  además  Sentencia  T-079  de  1993, M.P. Eduardo Cifuentes  Muñoz.   

67  Sentencia  T-814  de  1999, MP: Antonio Barrera Carbonell. Dijo la Corte en esta  oportunidad  que  “Considera  la  Sala  que  las  razones que se aducen en las  providencias  cuestionadas  contradicen  de  manera  ostensible  tanto  la  cosa  juzgada,  como  la  doctrina  constitucional contenida en la sentencia C-157/98,  pues   la  Corte al declarar inexequible el inciso segundo del art. 2   de  la  ley  393/97,  según  el  cual  la  interpretación  por  el juez del no  cumplimiento  de  la  norma  por  la autoridad debía ser restrictiva y aparecer  evidente  el  incumplimiento  consideró, por el contrario, que éste debía ser  deducido  razonablemente  por  el juez con base en el análisis de la norma y de  las  pruebas  incorporadas  al  proceso.  //  Igualmente,  dichas  Corporaciones  desconocieron  el  valor  de la doctrina constitucional de la Corte en cuanto al  sentido  y  alcance  interpretativo  de  la referida norma constitucional. // Es  mas,  con  dicha conducta el Tribunal y el Consejo contrariando la decisión del  intérprete  autorizado  de  la  Constitución introdujeron al texto del art. 87  una  regla que no fue diseñada por el Constituyente, restringiendo de este modo  la  posibilidad que tienen las personas de acceder a la justicia a través de la  acción  de  cumplimiento”. En la Sentencia T-842 de  2001   M.P.   Álvaro   Tafur  Galvis  puntualizó  la  Corte  que  “constituye   vía   de   hecho  apartarse  de  la  cosa  juzgada  constitucional”.  En  la  Sentencia  T-462  de  2003  M.P. Eduardo Montealegre  Lynett,  la  Corte  explicó  que  “una providencia  judicial  adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso  es  claramente  inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a  pesar  del  amplio  margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las  autoridades  judiciales,  la  aplicación  final  de la regla es inaceptable por  tratarse  de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o  claramente  perjudicial  para  los  intereses  legítimos  de  una de las partes  (irrazonable   o  desproporcionada),  y  finalmente  (iii)  cuando  el  fallador  desconoce  las  Sentencias  con  efectos  erga  omnes  tanto de la jurisdicción  constitucional  como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos  precedentes  se  ubican  en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa  juzgada respectiva”.   

Igualmente  esta  Corporación, mediante la  sentencia  T-1244  de  2004  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa manifestó que la  autoridad   judicial   (juez   laboral)   había  incurrido  en  una  causal  de  procedibilidad  de  la  acción  de  tutela  contra  providencias judiciales por  defecto  sustantivo,  al negar la indexación de la primera mesada pensional, al  argumentar  que  la  norma  aplicable  no  lo  permitía,  a  pesar  de  que  la  interpretación  que  había  hecho la Corte Constitucional en varias sentencias  de  constitucionalidad  señalaban  el  sentido  de la norma y la obligación de  indexar.  Dijo  la Corte que a partir de la sentencia SU-120 de 2003  M.P.  Álvaro  Tafur  Galvis, la Corte  Constitucional  ha  sostenido  que, “en principio, la primera mesada pensional  debe  ser  indexada”.  Esta  posición  ha  sido  reafirmada  a través de las  sentencias   T-663   de   2003   M.P.   Jaime   Córdoba   Triviño,  T-1169  de  2003M.P. Clara Inés Vargas  Hernández,  y T-805 y T-815 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. Añadió que la  misma  tesis  se  defendió  en  la  Sentencia  C-601  de 2000 M.P. Fabio Morón  Díaz.   

Señaló   además   que   “En  el  proceso  que  se  analiza,  el  actor  solicitó  que se  condenara  al  Banco  a  indexar  su  primera  mesada pensional y al pago de los  intereses  moratorios  sobre  las  mesadas  causadas a partir del 31 de julio de  1998.  El Tribunal decidió concederle el pago de los intereses moratorios, pero  se  negó a ordenar la indexación de la pensión, por cuanto ello constituiría  una   doble  sanción”.  A  partir  de  allí  y  con  base  en  la  reiterada  jurisprudencia  concluyó la Corte que la posición del Tribunal constituía una  vía  de  hecho  por  defecto  sustantivo,  dado  que  “la  indexación  y los  intereses  moratorios  tienen  un  objetivo  distinto.  Mientras los últimos se  imponen  para  sancionar  al  deudor  que  ha  incumplido  con  el  pago  de sus  obligaciones,   la   indexación   persigue  actualizar  el  valor  del  dinero,  pretensión  plenamente  justificada  en  una economía que sufre los efectos de  la   inflación”  (…)Así,  pues, no le asiste razón al Juzgado cuando  afirma  que  las  órdenes  de  indexar el pago de la primera pensión y de  pagar  interese  de  mora  constituyen  una  doble sanción por el mismo motivo.  Evidentemente,  las  dos  órdenes tienen un referente común, cual es el de que  el  pago  atrasado  de las mesadas le significa al pensionado una pérdida en el  valor  adquisitivo  de  su  ingreso,  pero  mientras que la indexación persigue  ponerle  remedio  a  esta  situación  actualizando  el  valor  del  dinero, los  intereses  de  mora tienen por fin lograr que el causante del hecho indemnice al  afectado por los daños inferidos.”.   

Ver también, sentencias T-462 de 2003 M.P.  Eduardo   Montealegre   Lynett   “14.  El  defecto  sustantivo  como  una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad  de  las  providencias  judiciales,  aparece,  como  ya  se  mencionó, cuando la  autoridad  judicial  respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal  aplicables  en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su  aplicación   indebida,   por  error  grave  en  su  interpretación  o  por  el  desconocimiento  del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes  cuyos  precedentes  se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la  cosa  juzgada.   //  En otras palabras, una providencia judicial adolece de  un  defecto  sustantivo  (i)  cuando  la  norma  aplicable al caso es claramente  inadvertida    o    no    tenida   en   cuenta   por   el   fallador67,  (ii)  cuando  a  pesar  del  amplio  margen  interpretativo  que  la  Constitución  le  reconoce  a  las autoridades  judiciales,  la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una  interpretación      contraevidente67  (interpretación  contra legem) o claramente perjudicial para los  intereses      legítimos      de      una     de     las     partes67  (irrazonable  o desproporcionada), y  finalmente  (iii)  cuando  el fallador desconoce las sentencias con efectos erga  omnes  tanto  de  la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo  contencioso  administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la  norma  sobre  la  que  pesa  la  cosa juzgada respectiva. (…) En este sentido,  concluye  la  Corte,  la  Sala  Civil  –  Familia  – Laboral del Tribunal de Sincelejo al haber aplicado la  normatividad  vigente en la materia según su propio entendido de los hechos del  caso,  y además, al haber respetado la doctrina jurisprudencial del Tribunal de  Casación  Laboral  que  resultaba  aplicable,  ajustó  su  conducta tanto a la  Constitución  como  a  la  ley,  lo  que  lleva  a afirmar que no se configuró  defecto  sustantivo  alguno  que  permitiese  la procedibilidad de la acción de  tutela   en  el  caso  concreto”.  T-1060  de  2009  M.P.  Mauricio  González  Cuervo   

68  Sentencia T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.   

69  Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

70  T-231  de  1994  M.P.  Eduardo  Cifuentes  Muñoz.  Dijo  la Corte: “La  vía  de  hecho  predicable  de  una  determinada  acción u  omisión  de  un juez, no obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es  una  suerte  de  vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se  desliga   por  entero  del  imperio  de la ley. Si la jurisdicción y la consiguiente atribución de poder a  los  diferentes  jueces,  se  hace  con miras a la aplicación del derecho a las  situaciones  concretas  y  a  través  de  los  cauces que la ley determina, una  modalidad  de  ejercicio de esta potestad que discurra ostensiblemente al margen  de  la  ley,  de  los hechos que resulten probados o con abierta preterición de  los  trámites  y procedimientos establecidos, no podrá imputarse al órgano ni  sus  resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta de la “malversación” de  la  competencia  y de la manifiesta actuación ultra o  extra  vires de su titular. // Si este comportamiento  –  abultadamente deformado respecto del postulado en la norma – se traduce en la  utilización  de  un  poder  concedido al juez por el  ordenamiento   para   un   fin   no   previsto   en   la  disposición  (defecto  sustantivo)…”   

71  Consultar  Sentencia  T-807  de  2004  M.P.  Clara Inés Vargas Hernández. Dijo  allí  la  Corte que “un examen atento del contenido  de  la referida providencia judicial evidencia que la falladora incurrió en una  vía  de  hecho  por  cuanto  la  decisión  se  apoya  en  una  interpretación  asistemática     del    ordenamiento    jurídico    (    defecto    sustantivo  )…” por cuanto “no se  tuvo  en  cuenta  la  naturaleza  jurídica  del  contrato  de  cuenta corriente  bancaria  ni  la  modalidad del mismo que había sido suscrito por el accionante  con  la  entidad  crediticia,  es decir, la demandada no adelantó una necesaria  interpretación  sistemática  entre las normas del Código Penal, que tipifican  el  delito  de  estafa,  y  las disposiciones legales de carácter comercial que  regulan esta clase de contratos comerciales”.   

72  Sentencia  T-056  de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería. Aquí la Corte encontró  que  “el  mismo  despacho  judicial provocó un defecto sustantivo en el mismo  auto  al  desconocer  abiertamente el artículo 319 del Código de Procedimiento  Civil”. Ver además T-066 de 2009 M.P. Jaime Araújo Rentería   

73  Sentencia T-114 de 2002,  T- 1285 de 2005.   

74  Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

75 Ver  la sentencias T-292 de 2006, SU-640 de 1998 y  T-462 de 2003.   

76Ver   Sentencia T-1285 de 2005. Además, en la sentencia T-193  de  1995,  esta  Corporación  señaló: “Es razonable  exigir,  en  aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los  jueces  y  funcionarios  que consideren autónomamente que deben apartarse de la  línea  jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre  que  justifiquen  de  manera  suficiente  y  adecuada  su decisión, pues, de lo  contrario,  estarían  infringiendo  el  principio  de  igualdad  (CP art.13). A  través  de  los  recursos  que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente  puede  ventilarse  este  evento  de  infracción  a la Constitución”.   Sobre   este   tema,  también  puede  consultarse   la  sentencia T-949 de 2003.   

77  Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

78  Sobre  el  tema  pueden  consultarse  además,  las  sentencias SU-1184 de 2001;  T-1625  de  2000;  T-522  de 2001;  T-047 de 2005. En la sentencia T-522 de  2001,  la Corte señaló que:  “es evidente que  se    desconocería    y    contraven­dría   abiertamente   la   Carta   Política   si  se  aplica  una  disposición  cuyo contenido normativo es precisamente, y solamente, impedir que  se  otorguen  medi­das de  aseguramiento  a  los  sindicados  porque  los procesos se adelantan ante jueces  especializados”,  razón  por  la  cual  el  juez, al constatar su existencia,  tendría  que  haber  aplicado la excepción de inconstitucionalidad.   

79  Sentencia  T-086  de  2007  M.P.  Manuel  José  Cepeda  Espinosa.  Ver  además  Sentencia  T-808  de  2007 M.P. Catalina Botero Marino  “…  en  cualquiera  de  estos  casos debe estarse  frente  a  un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad aplicable al  caso  concreto, de manera que la desconexión entre la voluntad del ordenamiento  y  la  del  funcionario judicial sea notoria y no tenga respaldo en el margen de  autonomía  e  independencia que la Constitución le reconoce a los jueces (Art.  230  C.P.). Debe recordarse además, que el amparo constitucional en estos casos  no  puede  tener  por  objeto lograr interpretaciones más favorables para quien  tutela,  sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda  sujeto  a una providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento  jurídico”.   

80  M.P. Hernando Herrera Vergara y Alejandro Martínez Caballero   

81 M.P  José Gregorio Hernández Galindo.   

82 M.P  José Gregorio Hernández Galindo.   

83  Dijo  la Corte en esa ocasión: “En el ámbito de sus atribuciones, los jueces  están  autorizados para interpretar las normas jurídicas en las que fundan sus  decisiones.  Ello  hace parte, justamente, de la autonomía que la Constitución  les  garantiza. Por supuesto, al buscar el sentido de la normatividad, aunque no  coincida  con  el  alcance que a las disposiciones correspondientes podrían dar  otros  jueces, el juez de conocimiento, mientras no se aparte de ella, la aplica  en  sus  providencias  y,  por  tanto, la interpretación a partir de la cual lo  haga  mal  puede  tomarse  como  una vía de hecho, o como una transgresión del  ordenamiento   jurídico.  Si  ello  es  así,  no  cabe  la  tutela  contra  la  interpretación  que  un  juez,  en el ejercicio de sus funciones, haya hecho de  las  normas  que gobiernan el proceso a su cuidado. Esa es la misma razón   para   que  esta  Corte  haya  sostenido  que  tampoco  es  posible iniciar  procesos  disciplinarios  contra  los  jueces con motivo de las providencias que  profieren  o  a partir de las interpretaciones que en ellas acogen.”. La Corte  se  refirió también a la anterior doctrina, en la sentencia SU-257 de 1997 M.P  José  Gregorio  Hernández  Galindo,  donde manifestó que: “…la Corte debe  reiterar,  en  guarda  de  la  autonomía  funcional  de los jueces, que, “en el  ámbito  de  sus  atribuciones  (…),  están  autorizados para interpretar las  normas  en  las  que  fundan  sus  decisiones”  (Cfr.  Sentencia T-094 del 27 de  febrero  de  1997),  lo cual hace parte de la independencia que la Constitución  les  garantiza,  por  lo  cual,  inclusive, “tampoco es posible iniciar procesos  disciplinarios  contra los jueces con motivo de las providencias que profieren o  a  partir  de  las interpretaciones que en ellas acogen”. // Se repite que “la  responsabilidad  disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo  funcional,  esto  es  el  que  atañe  a  la  autonomía en la interpretación y  aplicación  del  Derecho  según sus competencias”. “Por consiguiente, el hecho  de   proferir   una  sentencia  judicial  en  cumplimiento  de  la  función  de  administrar  justicia  no  da  lugar  a  acusación  ni  a proceso disciplinario  alguno”  (Cfr.  Corte  Constitucional.  Sala  Plena.  Sentencia  C-417  del 4 de  octubre  de  1993  M.P  José  Gregorio  Hernández Galindo).” En la Sentencia  T-625  de  1997  M.P  José  Gregorio Hernández Galindo se reiteró el anterior  criterio  así:  “De ninguna manera la jurisdicción disciplinaria puede tener  el  alcance  ni  el  sentido  de  última  instancia  respecto de las decisiones  judiciales  en  las  distintas  especialidades  del  Derecho,  ni su papel puede  constituir  motivo  ni razón válida para que, a través de ella, tome para sí  el  nivel  -que  no  le  da  la  Constitución-  de  supremo  e incontrovertible  intérprete  de la normatividad legal en todos los órdenes y en todas las ramas  de  la  jurisdicción,  arrasando  las  competencias y coartando a los jueces la  libertad  que  la  Carta Política les garantiza en el análisis de los hechos y  del  Derecho  aplicable en los asuntos que son sometidos a su consideración.”  En  el  mismo  sentido  véanse  las  Sentencias T-573 de 1997 M.P. Jorge Arango  Mejía,  T-625  de  1997  M.P.  José Gregorio Hernández Galindo, T-100 de 1998  M.P.    José   Gregorio   Hernández   Galindo,   T-001   de   199983  M.P   José Gregorio Hernández  Galindo.   

84  M.P. Carlos Gaviria Díaz   

86  “En  efecto, los jueces dentro de la órbita de sus  competencias,  son  autónomos  e  independientes y en sus providencias “sólo  están  sometidos  al  imperio  de  la  ley  (art.  230 C.P.)”; la valoración  probatoria   y   la  aplicación  del  derecho  frente  al  caso  concreto,  son  circunstancias  reservadas  al  juez  de  la  causa  que las ejerce dentro de la  libertad  de  interpretación  que  le  otorgan  la  Constitución  y  la ley y,  además,   acorde   con   las   reglas  de  la  sana  crítica”.  Sentencia T-073/97 MP Vladimiro Naranjo Mesa.   

87 Ver  además  Sentencias  T-441 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra donde dijo la  Corte:“Ha  sido  criterio  ampliamente  reiterado  por  esta  Corporación  el  considerar  que  no procede tutela contra sentencia cuando se pretende atacar la  interpretación   dada   por   el   funcionario   judicial,   o   quien   ejerce  excepcionalmente  funciones  judiciales  a la norma o normas aplicables al caso.  En  efecto,  la  interpretación  razonable  de  la  normatividad  es una de las  principales  atribuciones  que  tiene el juez dentro de su autonomía. Siendo la  tutela  contra  providencias judiciales un mecanismo excepcionalísimo que sólo  procede  frente  a  vías  de  hecho,  no  cabría,  en  consecuencia,   la  injerencia  del  juez  de  tutela  en  las  competencias  del juez al tomarse la  facultad   de   determinar   cuál   es  la  única  interpretación  válida  o  razonable”  y  T-1001  de  2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil donde señaló:“En  materia  de  interpretación  judicial, los criterios para definir la existencia  de  una  vía  de  hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera  concreta  a  la  actuación  abusiva  del  juez  y  flagrantemente  contraria al  derecho.  El  hecho  de  que  los  sujetos  procesales,  los  particulares y las  distintas  autoridades  judiciales  no  coincidan con la interpretación acogida  por  operador jurídico a quien la ley asigna la competencia para fallar el caso  concreto,  o  no  la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se  trata,   en   realidad,   de   “una   vía   de  derecho  distinta”  que, en consecuencia, no es posible  acomodar  dentro  de  los  requisitos  de procedibilidad de la acción de tutela  contra  providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto  por  el  principio  democrático de la autonomía funcional del juez que reserva  para  éste,  tanto  la  adecuada  valoración  probatoria  como  la aplicación  razonable  del  derecho./7  De aceptarse vía de hecho frente a interpretaciones  razonables  se  estaría  llegando  a  afirmar  que  sería procedente dejar sin  efectos  una  providencia  judicial  simplemente  porque el criterio del juez de  tutela  no  coincide con el del fallador accionado por supuesta vía de hecho en  providencia judicial.   

88  M.P. Rodrigo Escobar Gil.   

89  M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.   

90  M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.   

91  M.P. Rodrigo Escobar Gil.   

92   Sentencia  T-302  de  2006  M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el  Mismo  sentido  se  pronunció  la Corte en las Sentencias SU-1185 de 2001, M.P.  Rodrigo  Escobar  Gil.”[L]os mandatos contenidos en los artículos 228 y 230 del  Estatuto  Superior,  en los que se dispone que la administración de justicia es  autónoma  y  que  los  jueces,  en  sus providencias, sólo están sometidos al  imperio  de  la Ley, deben ser armonizados y conciliados con el artículo 1° de  la  Carta  que  propugna  por la promoción y protección de la dignidad humana,  con  el  artículo 2° del mismo ordenamiento que le impone a todos los órganos  del  Estado,  incluidas las autoridades judiciales, la obligación de garantizar  los  derechos,  deberes  y  libertadas  de  todas  las  personas  residentes  en  Colombia,  y  con  el artículo 13 Superior que consagra, entre los presupuestos  de  aplicación  material del derecho a la igualdad, la igualdad frente a la Ley  y  la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades públicas”, y  T-359  de  2003,  M.P.  Jaime  Araujo  Rentería “Si bien los jueces cuentan con  márgenes  interpretativos,  pudiendo  escoger  entre  distintas opciones la que  consideren  más  ajustada  a  derecho,  los  distintos ordenamientos jurídicos  establecen  límites  que  no pueden traspasar so pena de que sus actuaciones no  sean  tenidas  como  válidas.  Por  ello, puede afirmarse que si por un lado la  razonabilidad  en  la  interpretación  de  cuerpos normativos está ampliamente  aceptada  e  incluso  estimulada,  por  el  otro,  la  arbitrariedad judicial es  rotundamente  negada.  Tanto  es  así  que  han  sido  diseñados mecanismos de  defensa  a  fin  de  corregir  los  yerros  protuberantes  y  las  actuaciones u  omisiones  arbitrarias  de  los jueces al momento de interpretar las Leyes. Pero  en  ciertas ocasiones los mecanismos de defensa regulares pueden no ser eficaces  para  terminar  con  la  vulneración  o  conjurar  la  amenaza  de los derechos  fundamentales  en  juego  y,  por ello, se han estimado pertinentes los recursos  judiciales  especiales.  Es  en ese sentido en el que se ha pronunciado la Corte  Constitucional  colombiana  al  establecer  que  la  acción  de  amparo resulta  procedente  cuando  no exista otro medio judicial de defensa o cuando existiendo  éste,  su  eficacia  sea realmente restringida en el caso concreto” y T-1004 de  2004,   M.P.  Alfredo  Beltrán  Sierra  “Sobre  este  aspecto,   la   jurisprudencia  de  esta  Corporación  ha  considerado  que  es  improcedente,   la  acción  de  tutela  cuando  se  trata  de  controvertir  la  interpretación  que  los jueces hacen en sus providencias de una norma o de una  institución   jurídica.   //  La  interpretación  de  un  precepto  no  puede  considerarse  como  un  desbordamiento  o  abuso de la función de juez (vía de  hecho),  por  el sólo hecho de no corresponder con aquella que se cree correcta  u  ofrece mayor beneficio para la parte que la plantea (Sentencias T-094 de 1997  y  T-249 de 1997, entre otras). // Se desconocería el principio de autonomía e  independencia  judicial,  si se admitiese la procedencia de la acción de tutela  por  la  interpretación  o aplicación que de un precepto o figura jurídica se  hiciera  en  una  providencia judicial, cuando esa interpretación o aplicación  responde    a    un   razonamiento   coherente   y   válido   del   funcionario  judicial”   

93  Consejo  Superior  de  la  Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Bogotá  D.C.,  veintiocho  (28)  de  enero  de  dos  mil  nueve  (2009). Radicación No.  110010102000200800919 00 1112 F   

94  Constitución  Política  ARTICULO  86.  Toda  persona  tendrá  acción  de  tutela  para reclamar ante los  jueces,  en  todo  momento  y  lugar,  mediante  un  procedimiento  preferente y  sumario,  por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata  de  sus  derechos  constitucionales  fundamentales,  cuando  quiera  que  éstos  resulten  vulnerados  o  amenazados  por  la  acción o la omisión de cualquier  autoridad  pública.  //  La protección consistirá en una orden para que aquel  respecto  de  quien  se  solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El  fallo,  que  será  de  inmediato  cumplimiento,  podrá impugnarse ante el juez  competente  y,  en  todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para  su  eventual  revisión.  //  Esta acción solo procederá cuando el afectado no  disponga  de  otro  medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como  mecanismo  transitorio para evitar un perjuicio irremediable. // En ningún caso  podrán  transcurrir  más  de  diez  días  entre  la  solicitud de tutela y su  resolución.  //  La  ley establecerá los casos en los que la acción de tutela  procede  contra  particulares  encargados  de  la  prestación  de  un  servicio  público  o  cuya  conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o  respecto  de  quienes  el  solicitante  se  halle  en estado de subordinación o  indefensión.   

95  ARTICULO  110.  DESAPARICION  DE  LA  CAUSAL. <Para los delitos cometidos con  posterioridad  al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al  proceso  de  implementación establecido en su Artículo 528> En ningún caso  se  recuperará la competencia por la desaparición de la causal de impedimento.   

96 Ley  270  de 1996 ARTICULO 112. FUNCIONES DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL  CONSEJO  SUPERIOR  DE  LA  JUDICATURA.  Corresponde  a  la  Sala  Jurisdiccional  Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura:   

(…)  

3.  Conocer,  en  única  instancia,  de los  procesos   disciplinarios  que  se  adelanten  contra  los  magistrados  de  los  Tribunales  y Consejos Seccionales de la Judicatura, el Vicefiscal, los fiscales  delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales.   

(…)  

97 El  defecto  sustantivo  lo  funda  el  demandante  en:  (i)  el desconocimiento del  excluyente  de  responsabilidad según el cual su representado obró en estricto  cumplimiento  de  una  orden  legítima  emitida  por autoridad competente; (ii)  violación  el  principio  de  autonomía  funcional  de  los  jueces;  (iv)  se  sancionó  al  actor  sobre  una norma inexistente pues el reasumir funciones no  está tipificado como falta disciplinaria.   

98  ARTICULO  110.  DESAPARICION  DE  LA  CAUSAL. <Para los delitos cometidos con  posterioridad  al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al  proceso   de   implementación   establecido   en  su  Artículo  528>  En  ningún  caso  se  recuperará  la  competencia  por  la  desaparición de la causal de impedimento.   

99     ARTICULO   110.   DESAPARICION  DE  LA  CAUSAL.  <Para  los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero  de  2005  rige  la  Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación  establecido   en  su  Artículo  528>  En  ningún  caso  se  recuperará  la  competencia por la desaparición de la causal de impedimento.   

100  Pues  bien,  ante  el  vacío  que  en materia de impedimentos se presenta en el  Decreto  196 de 1971 , estatuto aplicable a los diversos procesos disciplinarios  objeto  de  la  declaratoria  de impedimento manifestada por el  magistrado  GUARNIZO  NIETO,  por autorización del artículo 90 de la misma las previsiones  a  aplicar  son  las  del  Código de Procedimiento Penal y encontrándose allí  expresa  prohibición  del  siguiente tenor “en ningún caso se recuperará la  competencia  por la desaparición de la causal de impedimento”, su claridad no  permite  que  se desatienda su tenor literal para consultar su espíritu y menos  aún  a acudir a las normas de reenvío que a su turno consagra la codificación  penal  en  comento,  artículo 23, según el cual “en aquellas materias que no  se   hallen   expresamente   reguladas   en  este  Código  son  aplicables  las  disposiciones  del  Código  de  Procedimiento  Civil  y  de otros ordenamientos  procesales,  siempre  que  no  se opongan a la naturaleza del proceso penal” y  por  esta  vía a que se apliquen las disposiciones del Código de Procedimiento  Civil,   en  concreto  artículo  153  citado  por  los  <<                   conjueces>>   en  los  proveídos  materia de cuestionamiento, auto del 27 de  junio  de  2003  radicado 001 de 2003, del 24 de septiembre de 2003 radicado 006  de  2003  y  del 11 de julio del 2003 radicados 040 y 041 de 2003, en tanto como  se  anota  al  inicio del citado artículo 23 la aplicación de la codificación  procesal  civil  como norma de reenvío del Código de Procedimiento Penal sólo  es  posible  en  caso  de  vacío,  esto  es,  en  materias  que  no  se  hallen  expresamente  reguladas  en  éste,  pero en el caso sí existía norma expresa,  clara y prohibitiva del proceder materia de reproche.   

101  Artículo  28  del C.D.U. “está exento de responsabilidad disciplinaria quien  realice  la  conducta:  2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o  legal de mayor importancia que el sacrificado”.   

102  En  la radicación No. 200303044-01/136.I.05, fallo del 12 de diciembre de 2007.  Ver acción de tutela folios 1 a 20 cuaderno #1.   

103  Radicación  No.  200303044-01/136.I.05.  Ver  acción  de  tutela folios 1 a 20  cuaderno #1.   

104  Ver  Sentencias  T-034  de  2004  M.P.  Jaime  Córdoba  Triviño,  “[P]ara  realizar  el  análisis  del  respeto  del  derecho a la  igualdad  en un caso concreto se debe establecer con anterioridad entre quiénes  se  está  dando  un  trato  diferenciador,  en qué sentido o en virtud de qué  actuación  se  da  esa diferenciación y con base en qué criterios. El juez de  tutela  debe  examinar dichas circunstancias y verificar si existe o no el trato  diferente  y si el mismo está o no justificado.”, y  T-338  de  2003  M.P  Álvaro  Tafur  Galvis,  este  órgano  colegiado indicó:  “Es  preciso demostrar un criterio de comparación,  como  referente valorativo en relación con el cual se lleva a cabo el juicio de  igualdad.  Así  quien  pretende  alegar  que  está  siendo  objeto de un trato  discriminatorio  debe  enfrentar  su  situación  particular  a aquella de otras  personas  que  estando  en igualdad de circunstancias  fácticas y bajo los  mismos  parámetros  legales  está  teniendo  un  trato preferente, con lo cual  quedaría demostrada la discriminación.”   

105  Ver Cuaderno de la Corte Constitucional.   

106    Ver  entre otras sentencias Sentencia T-492 del 12 de  agosto  de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Moron Díaz, T-506 de  1993  M.P.  Jorge Arango Mejía, T-560 de 93 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-241 de  2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño.   

107  Ver folios 140 a 148 del cuaderno #1.   

108  Ver folios 140 a 148 del cuaderno #1.