T-366-19

         T-366-19             

Sentencia T-366/19    

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y PROHIBICION DE   DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO EN EL DEPORTE-Caso en que fue sancionado y excluido del torneo de   Liga de Fútbol, equipo infantil del cual hace parte una menor de edad    

ESTEREOTIPOS DE GENERO-Formación   de niños y niñas    

Las reivindicaciones alcanzadas por los movimientos feministas y la   universalización de los derechos humanos, a partir del reconocimiento de la   dignidad inherente a todas la personas, han propiciado que en la actualidad las   niñas y las mujeres subviertan los tradicionales   estereotipos de género y avancen en el ejercicio de sus libertades más allá o   incluso por fuera de los condicionamientos culturales que se les han impuesto,   por ejemplo, mostrando que cuentan con las mismas capacidades   y destrezas que los varones, asumiendo actitudes y estilos de vida que desafían   los roles tradicionales, y logrando acceder, no sin dificultades, a espacios de   la sociedad que antes les eran vedados por considerarse reservados o   privilegiados para los hombres (v.gr. la   profesionalización, el mercado del trabajo remunerado, el desempeño de cargos de   liderazgo, la política, etc.), aunque los estereotipos de género siguen siendo   una constante que se debe combatir.    

INTERES SUPERIOR DEL MENOR FRENTE A ESTEREOTIPOS DE GENERO EN EL DEPORTE-Caso en que fue sancionado y excluido del   torneo de Liga de Fútbol, equipo infantil del cual hace parte una menor de edad    

DERECHO AL DEPORTE, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO   LIBRE-Fundamental por conexidad con otros derechos de este rango    

DERECHO A LA IGUALDAD-Visión   material    

DEBIDO PROCESO-Comprende el   principio de legalidad    

El   debido proceso y, en concreto, el principio de legalidad, no condiciona   solamente las relaciones entre el poder del Estado y el individuo, sino que también es una garantía que se irradia plenamente a   las relaciones entre particulares, pues allí también está presente la fuerza   vinculante de la Constitución como un escudo para la persona frente a la   arbitrariedad    

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Tiene   fundamento en el principio de buena fe    

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y PROHIBICION DE DISCRIMINACION POR   RAZON DE SEXO EN EL DEPORTE-Orden de  realizar la inscripción y admisión automática del club deportivo al torneo de Liga de Fútbol    

Referencia: Expediente T-7.268.829    

Acción de tutela formulada por Álvaro Mora   Ríos, en representación de su hija menor de edad María Paz Mora Silva, contra la   División Mayor del Fútbol Colombiano ‒Dimayor‒, la División Aficionada del   Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒ y la Liga de Fútbol de Bogotá    

Magistrado Ponente:    

ALBERTO ROJAS RÍOS    

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil   diecinueve (2019).    

La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte   Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los   magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos –quien la preside− en   ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las   previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en   los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente    

SENTENCIA    

En el proceso de revisión del fallo del 30 de octubre   de 2018, proferido por el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá dentro de la   acción de tutela promovida por Álvaro Mora Ríos, en representación de su hija   menor de edad María Paz Mora Silva[1],   contra la División Mayor del Fútbol Colombiano ‒Dimayor‒, la División Aficionada   del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒ y la Liga de Fútbol de Bogotá.    

El proceso de la referencia fue escogido por la Sala de   Selección de Tutelas Número Cuatro[2],   mediante auto del 10 de abril de 2019. Como criterios de selección se indicaron   el asunto novedoso (criterio objetivo) y la necesidad de materializar   un enfoque diferencial (criterio subjetivo), con fundamento en los literales   a) y b) del artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015[3].    

I. ANTECEDENTES    

El 17 de octubre de 2018[4], el señor   Álvaro Mora Ríos, en representación de su hija María Paz Mora Silva, formuló acción de tutela   en contra de la División Mayor del Fútbol Colombiano ‒Dimayor‒, la División   Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒ y la Liga de Fútbol de Bogotá,   reclamando la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no   discriminación por razón de sexo, a la dignidad humana, a la recreación y al   acceso a la cultura de los menores de edad, a la familia, a “los derechos   adquiridos” y, según se desprende del libelo, al debido proceso y a la confianza   legítima de la niña. Pasan a reseñarse los aspectos centrales de la solicitud:    

1. Hechos    

A continuación se relatan los supuestos fácticos   relevantes que sustentan la solicitud de amparo, tal como son narrados en el   escrito inicial:    

1.1. La menor María Paz Mora Silva[5] practica   fútbol desde los tres años de edad. Desde entonces y a lo largo de su vida, la   niña ha mostrado dedicación, esfuerzo e importantes méritos deportivos como   arquera en las distintas competencias futbolísticas en las que ha participado.    

1.2. La Liga Pony Fútbol es un campeonato en   cuya organización toman parte la División Mayor del Fútbol Colombiano –Dimayor–,   la División Aficionada del Fútbol Colombiano –Difútbol–, la Liga de Fútbol de   Bogotá y CREARE.    

1.3. En vista de que las reglas de la Liga   Pony Fútbol no incluían ninguna disposición que prohibiera la conformación de   equipos mixtos, es decir, integrados simultáneamente por niñas y niños, el club   deportivo Dinhos, del cual formaba parte la menor María Paz Mora Silva,   se inscribió en dicho torneo con un equipo infantil conformado por un grupo de   niños varones junto con la citada niña como arquera titular. El equipo fue   admitido, se entregaron las planillas por parte del club a la Liga de Bogotá y   los organizadores del torneo procedieron a expedir y a entregar los carnés a los   jugadores inscritos, sin poner objeción alguna a la inclusión de la menor María   Paz Mora Silva, lo cual generó en ella la expectativa de que podría participar   con sus compañeros de equipo.    

Así que, una vez aceptado el equipo dentro   de la competencia, se cumplieron tres partidos en los cuales María Paz Mora   Silva participó con Dinhos, en igualdad de condiciones con los niños,   como arquera titular.    

1.4. En el curso del campeonato, “por   inconformidades que surgieron en uno de los encuentros deportivos”[6], el Comité   Disciplinario de Campeonatos de la Liga de Fútbol de Bogotá dictó la Resolución   No. 003-2018 del 11 de octubre de 2018, en la cual adoptó la decisión de   sancionar al equipo Dinhos con la pérdida de puntos –3×0– con fundamento   en una presunta “actuación irregular” relacionada con incluir en la planilla de   juego un jugador no inscrito reglamentariamente (literal b del artículo 83 del   Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol).    

Sin embargo, en dicha resolución jamás se   indica cuál fue el jugador del mencionado equipo que dio lugar a dicha   circunstancia.    

1.5. El Comité Disciplinario de Campeonatos   de la Liga de Fútbol de Bogotá dictó la Resolución Extraordinaria No. 004-2018   del 16 de octubre de 2018, en la cual confirma la sanción con pérdida de puntos   –3×0– del equipo Dinhos que se adoptó en la Resolución No. 003-2018 del   11 de octubre de 2018, mencionando esta vez al jugador con COMET 3657270 (este   es el número de carné de María Paz Mora Silva). Tal pérdida de puntos acarreó la   eliminación del equipo del torneo.    

1.6. El equipo Dinhos fue entonces   eliminado del torneo en razón de que María Paz Mora Silva había formado parte   del equipo en los encuentros disputados hasta ese momento, porque se presentó   queja contra uno de los partidos con el argumento de que supuestamente se   trataba de un torneo netamente masculino. Dicha exclusión del equipo Dinhos   dio lugar a diferentes reclamaciones ante las directivas.    

1.7. Según el promotor de la acción, su hija   María Paz Mora Silva, a sus diez años de edad y tras cinco años de preparación   para participar en la Liga Pony Fútbol, se ha sentido muy afligida y culpable   por la expulsión de su equipo, además de que teme que sus compañeros no la   acepten más por ser la causante de que los sacaran del certamen.    

2. Contenido de la petición de amparo    

2.1. De acuerdo con el anterior recuento   fáctico, el señor Álvaro Mora,   como progenitor de la menor futbolista, reclama que se amparen sus derechos   fundamentales a la igualdad, a   la no discriminación por razón de sexo, a la dignidad humana, a la recreación y   al acceso a la cultura de los menores de edad, a la familia, a “los derechos   adquiridos” y, según se desprende del libelo, al debido proceso y a la confianza   legítima, pues considera que la   determinación de sancionar y excluir al equipo de la Liga Pony Fútbol es   infundada y constituye un acto de discriminación frente al cual la menor se   encuentra en situación de indefensión y sin otros medios judiciales de   protección.    

2.2. Solicita que, como consecuencia de la   tutela de los derechos fundamentales invocados, se le ordene a la Dimayor, a la   Difútbol y a la Liga de Fútbol de Bogotá que dejen sin efectos la decisión de   eliminar al equipo Dinhos del torneo Liga Pony Fútbol, que se permita a   la menor María Paz Mora Silva y al club Dinhos continuar en la   competencia hasta que sus puntajes se lo posibiliten, y que se ordene a las   accionadas que, cumplido el reintegro, no vuelvan a realizar actos que impliquen   una discriminación.    

2.3. Para sustentar su solicitud, el promotor de la   acción acompañó el escrito introductorio de los siguientes documentos:    

§  Copia del reglamento de la Liga Pony Fútbol[7].    

§  Copia de la Resolución No. 003-2018[8].    

§  Copia de la Resolución Extraordinaria No. 004-2018[9].    

§  Copia de la certificación de póliza de accidentes   personales expedida por Mapfre Seguros para el torneo de la Liga Pony Fútbol[10].    

§  Copia de la Circular No. 007 de 2018[12].    

§  Disco compacto que contiene: (i) videos y fotografías   de María Paz Mora Silva como integrante del equipo Dinhos, (ii), video   del carné de la Liga de Fútbol de Bogotá de María Paz Mora Silva con adhesivo de   aprobación a la Liga Pony Fútbol, y (iii) audios en los que se menciona que la   exclusión del equipo Dinhos de la competencia es por la participación de   María Paz Mora Silva.    

3. Traslado y   contestación de la acción de tutela    

Mediante auto del 19 de octubre de 2018, el Juzgado 9º   Civil Municipal de Bogotá admitió a trámite la demanda de tutela, ordenó la   notificación a las entidades que integran el extremo pasivo y vinculó al   Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá –IDRD–, a Coldeportes, a   Bavaria y al club deportivo Dinhos.    

Más tarde, por auto del 23 de octubre de 2018, el   juzgado instructor vinculó también a la Federación Colombiana de Fútbol, a   Mapfre Colombia Seguros S.A. y a la empresa CREARE Ltda.    

Durante el respectivo traslado, se allegaron las   siguientes intervenciones:    

3.1. Respuesta de la Liga de Fútbol de Bogotá[13]    

El presidente de la Liga de Fútbol de Bogotá manifestó   que es cierto que la menor María Paz Mora Silva ha participado en torneos como   el denominado “Festivales” organizado por dicha entidad, cuyo reglamento   permitía la participación de equipos mixtos, esto es, conformados por niños y   niñas.    

Señaló que el torneo de la Liga Pony Fútbol no es   organizado por la Liga de Fútbol de Bogotá, y que solo obra como organizadora   del evento por encargo de la Difútbol, que expidió la reglamentación del mismo.   En este contexto, la Circular No. 007-2018 dispuso que el torneo se   desarrollaría en dos categorías en ambas ramas así: 1) deportistas nacidos a   partir del 1 de enero de 2006 y 2007, y 2) deportistas nacidos a partir del 1 de   enero de 2008 y 2009, y que el Reglamento indicó que “se reglamenta Liga Pony   Fútbol Masculina y Femenina correspondiente al año 2018”, de lo cual se   desprende que dichas referencias a “ambas ramas” y a “masculina y femenina”   –según afirma– dejan claro que en ningún momento se permitió la participación de   categorías mixtas.    

Por lo tanto, estima que la interpretación del promotor   de la acción es errada y acomodada a sus intereses, pues, como conocedor del   fútbol, debía saber en qué tipos de categorías se dividen los torneos para que   no haya confusión entre los participantes.    

Añade que es cierto que el reglamento preveía la   clasificación de los jugadores por edades, pero aduce que fue el mismo equipo   Dinhos  el que “decidió” presentarse con un equipo mixto, y que respecto de ello la Liga   de Fútbol de Bogotá no tenía ningún tipo de injerencia, pues es el profesor de   cada categoría, y no la Liga, quien diligencia las planillas de inscripción,   aunado a que tratándose de un club deportivo también era conocedor de las   categorías y ramas que se admiten en el fútbol.    

Indicó que la autoridad disciplinaria es autónoma e   independiente en sus decisiones y que el torneo no fue suspendido, sino que, de   acuerdo con el reglamento, tras una reclamación debía esperarse el término de 12   horas para que la decisión quedara en firme y poder continuar con la   programación.    

Además, expresó que el equipo Dinhos contaba con   una oportunidad procesal para recurrir lo resuelto ante la instancia   disciplinaria a que había lugar, pero que optó por no presentar los recursos de   reposición y apelación, tal como consta en la comunicación remitida por dicho   club el 17 de octubre de 2018[14], la cual adjuntó al   memorial de respuesta.    

3.2. Respuesta del Instituto Distrital de   Recreación y Deporte –IDRD–[15]    

A través de apoderado judicial especialmente   constituido, el IDRD alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por   pasiva, pues consideró que “carecen de fundamento técnico, fáctico y legal   que permitan demostrar la violación de derechos fundamentales por parte de esta   entidad”.    

Indicó que desconoce los hechos relatados en la   demanda, pues son completamente ajenos al objeto y las funciones de la   institución, que no tiene ninguna relación con la organización del torneo, ni   tiene obligación de responder por las presuntas irregularidades en las   decisiones adoptadas allí por el comité disciplinario respectivo.    

Aclaró que el equipo infantil de fútbol denominado   “IDRD” –que participó en el evento deportivo de que trata el presente proceso–   pertenece a un programa promovido por el Distrito de Bogotá para los niños,   niñas y jóvenes de sectores vulnerables de la ciudad, pero en manera alguna   representa a la entidad.    

Afirmó que no es cierto que el IDRD haya tomado   acciones frente a los resultados obtenidos en la competencia, pues su función   misional consiste en incentivar el deporte, la actividad física y el   aprovechamiento del tiempo libre entre los capitalinos para contribuir a la   formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, por lo cual no respalda ni adopta   decisiones que vulneren o den un trato diferenciado a los niños y niñas   bogotanos.    

Expuso que las ligas y los clubes deportivos, como el   caso de Dinhos, son organismos de carácter privado que pertenecen al   Sistema Nacional del Deporte y están sometidos a inspección, vigilancia y   control del Instituto Colombiano del Deporte –Coldeportes–.    

El presidente del club deportivo Dinhos afirmó   que en el mes de mayo de 2018 les fue informado que, en busca de un fútbol más   incluyente, la Difútbol entregó la organización de la Liga Pony Fútbol a las   ligas regionales, por lo que, al ser el club parte de la Liga de Bogotá desde   hace siete años, se inscribieron allí.    

Indicó que siguieron estrictamente las directrices   impartidas por la Liga de Fútbol de Bogotá en relación con la inscripción de los   equipos para la competencia, cuyas categorías estaban definidas por las fechas   de nacimiento de los deportistas. Así, el club Dinhos procedió con la   inscripción en la categoría 2008, teniendo en cuenta que todos los jugadores   cuentan con un número COMET por encontrarse jugando en la Liga de Fútbol de   Bogotá.    

Anotó que María Paz Mora Silva hace parte del club   desde hace cinco años y que su participación en el equipo élite se dio luego de   una convocatoria en la cual fue seleccionada por sus aptitudes deportivas, las   cuales le han permitido destacarse no solo dentro del club sino en canchas a   nivel local y nacional, como la valla menos vencida en Maracaná 2016, en Paipa   Cup 2018, entre otros. Por lo tanto, la menor fue inscrita como integrante del   equipo élite del club, lo cual fue avalado por la Liga de Fútbol de Bogotá, como   se acredita con la planilla respectiva[17] y el carné con el adhesivo de la Liga   Pony Fútbol debidamente estampado[18], de suerte que quedó   inscrita reglamentariamente, como los otros jugadores del equipo.    

Agregó que el 26 de septiembre se publicaron las listas   de los grupos que jugarían la primera etapa. Los tres primeros encuentros se   llevaron a cabo el 28 de septiembre, el 9 y el 10 de octubre de 2018, y en todos   ellos participó María Paz Mora Silva, con la debida habilitación por parte de   los veedores y comisarios encargados por la organización de la correspondiente   verificación. El equipo Dinhos ganó cada uno de dichos partidos y superó   esta etapa del torneo como cabeza de grupo.    

Fue entonces, explicó, cuando recibieron la Resolución   No. 003-2018, en la cual se sanciona al equipo Dinhos con la pérdida de   puntos (3×0) en uno solo de los tres partidos disputados con la participación de   María Paz Mora Silva, con sustento en el parágrafo 5 del artículo 29 de la   Resolución 028 de 2018, relativo a los jugadores en tránsito, y en el literal b   del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de   Fútbol, referente a una actuación irregular.    

Señaló que solicitaron a la Liga de Fútbol de Bogotá   una reunión con el Comité Disciplinario de Campeonatos, la cual se realizó el 16   de octubre de 2018, en la cual se estableció que la norma aplicada (parágrafo 5   del artículo 29 de la Resolución 028 de 2018) no daba lugar a la invalidación   del partido. A raíz de ello, se expidió la Resolución Extraordinaria No.   004-2018, en la cual se aclara que la sanción al club Dinhos, impuesta   únicamente en relación con uno de los tres partidos jugados, se basa en los   artículos 8 literal A y 23 de la Resolución No. 025 de 2018, atinentes a la   competencia del comité para imponer la sanción de pérdida de puntos por el   incumplimiento de los requisitos de inscripción, y en el literal b del artículo   83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol,   referente a una actuación irregular vinculada específicamente al jugador   inscrito con el número COMET 3657270, número que pertenece a María Paz Mora   Silva.    

Afirmó que, aunque en la mencionada resolución   extraordinaria se otorgó la posibilidad de interponer recursos de reposición y   de apelación dentro de las 12 horas hábiles siguientes y previo un pago de tres   salarios mínimos legales mensuales vigentes, la junta directiva del club   Dinhos  decidió no ejercer ese mecanismo, dada la falta de garantías que ofrecía, y en   cambio optaron por apoyar la acción de tutela instaurada por el padre de la   menor víctima del descrito atropello.    

Finalmente, sostuvo que el reglamento de la Liga Pony   Fútbol se refiere a niños y niñas, por lo cual las condiciones habilitaban a la   menor María Paz Mora Silva a jugar con su equipo, y que “de manera arbitraria   y sin responsabilidad de la jugadora y del equipo nos hemos quedado por fuera   del torneo.”    

3.4. Intervención de los niños del club deportivo   Dinhos y sus acudientes[19]    

Un grupo de jugadores del equipo infantil Dinhos,   con sus madres y padres y el entrenador del conjunto, suscribieron un memorial   en el que manifiestan que 18 niños resultaron afectados por las acciones   desplegadas por las entidades accionadas, pues fueron descalificados sin una   razón justa del campeonato Liga Pony Fútbol.    

Expresan que la decisión de excluir al equipo causó   tristeza, decepción, abatimiento, frustración y desconcierto en los pequeños   jugadores, pues María Paz Mora Silva era su compañera desde hace cinco años, fue   elegida gracias a su gran desempeño como arquera, y nunca antes tuvieron ese   tipo de inconvenientes en otros certámenes futbolísticos; además, que tenían la   esperanza de participar juntos tras todo el tiempo que venían dedicando a su   preparación y que no entienden por qué no pueden competir en compañía de su   compañera, si el único objetivo del torneo para ellos era participar bajo una   igualdad de oportunidades, sana competencia y desarrollando lazos de unión y   respeto, tanto entre ellos como con sus contrincantes.    

Afirman que apoyan la acción de tutela instaurada, pues   estiman que la decisión de los organizadores no es válida y que no solo afecta a   María Paz Mora Silva en su individualidad sino a todos los niños que hacen parte   del equipo, y que si el torneo se llega a concluir a pesar de lo ocurrido y sin   la intervención de una autoridad imparcial, a los pequeños les quedará el   mensaje de que sus intereses jamás van a ser respetados y que la justicia como   valor no existe.    

3.5. Respuesta de la Federación Colombiana de   Fútbol[20]    

El Director Jurídico de la Federación Colombiana de   Fútbol[21] manifestó que no le   constan los hechos planteados en la demanda y que esa entidad se hace cargo del   manejo técnico y administrativo del fútbol asociado en el ámbito nacional y de   la representación internacional del mismo en todas sus categorías.    

Explicó que la Federación está constituida por clubes   profesionales y ligas deportivas que gozan de amplia autonomía interna, y que   las competiciones desarrolladas por las divisiones profesional y aficionadas son   eventos de carácter privado que se ajustan a lineamientos normativos en materia   de comodidad, seguridad y convivencia. En ese contexto, una de las funciones de   la división aficionada –Difútbol– es organizar y reglamentar la práctica del   fútbol aficionado y realizar campeonatos en las diversas categorías.    

De tal modo, la Federación contempla en sus estatutos   la posibilidad de que sus divisiones incluyan en sus reglamentos de competición   disposiciones particulares, pero de carácter general, sobre inscripción de   jugadores, siempre y cuando se observe en todo momento la protección de la   integridad de la competición.    

3.6. Respuesta de la División Aficionada del   Fútbol Colombiano                                –Difútbol–[22]    

El presidente de la Difútbol aseguró que “por   expresa disposición de la FIFA, está terminantemente prohibido (sic) la   realización de campeonatos de fútbol de categoría o rama mixta, esto es, que los   equipos de fútbol participantes en los torneos organizados por ella o cualquier   de las federaciones nacionales allí afiliadas, deben ser integradas por damas o   varones, pero no pueden ser mixtos.”    

Indicó que acogiendo dicho mandato de la máxima rectora   del fútbol mundial, la Difútbol reglamentó el campeonato “Liga Pony Fútbol   Masculina y Femenina” del año 2018 mediante la Resolución No. 025 de 2018,   en la cual el capítulo V sobre inscripciones y participantes, en el parágrafo 1   del artículo 10[23], “determina con   claridad meridiana el número total de equipos que en cada rama masculina o   femenina pueden participar.”    

3.7. Respuesta de la División Mayor del Fútbol   Colombiano –Dimayor–[24]    

El presidente de la Dimayor afirmó que no le constan   los hechos y que esa entidad no ha vulnerado derecho alguno, comoquiera que su   competencia es atender el fútbol profesional colombiano y, dado que Pony Fútbol   no es una competencia organizada en el contexto del deporte profesional, no está   facultada para organizar dicho certamen.    

Añadió que allí la Dimayor solo ha prestado   acompañamiento pedagógico a los padres de los menores y a estos últimos en un   escenario de responsabilidad social, pero sin que su papel sea de organizador o   supervisor de dicho torneo, y que no tiene injerencia alguna en el control   técnico ni en la regulación disciplinaria del mismo, por lo que aseguró que no   tiene ningún tipo de vinculación con la presente controversia.    

3.8. Respuesta de Mapfre Seguros S.A.[25]    

La representante legal para asuntos judiciales,   extrajudiciales y administrativos de la compañía aseguradora expresó que   respecto de ella existe una falta de legitimación en la causa por pasiva, en   tanto no ha obrado como administradora ni anfitriona de la Liga Pony Fútbol y,   en consecuencia, no tiene ninguna relación con la vulneración de derechos que   alega el accionante.    

Indicó que en la acción de tutela no se está   solicitando la afectación de la póliza de accidentes personales tomada por el   equipo Dinhos, sino el reintegro del grupo al torneo, frente a lo cual   Mapfre no tiene competencia alguna.    

3.9. Las demás entidades convocadas al trámite   guardaron silencio.    

4. Fallo de tutela objeto de revisión    

Por sentencia del 30 de octubre de 2018, el Juzgado 9º   Civil Municipal de Bogotá negó el amparo constitucional deprecado, tras   referirse a algunas disposiciones de la Liga Pony Fútbol sobre la inscripción de   los competidores y retomar lo señalado por la Difútbol en cuanto a que la   Federación Internacional de Fútbol Asociado ‒FIFA‒ prohíbe la realización de   campeonatos de fútbol de categoría o rama mixta, aspecto que debía ser conocido   por el accionante, quien en su momento efectuó una errada interpretación de las   reglas del deporte.    

En tal sentido, estimó que no existía la vulneración de   derechos alegada, no obstante lo cual conminó a los realizadores del evento   deportivo a “dar claridad respecto de los numerales del reglamento materia de   conflicto, para así prevenir en futuras oportunidades dichos sucesos”.    

La anterior determinación no fue objeto de impugnación.    

5. Actuaciones en sede de revisión    

5.1. En el escrito mediante el cual solicitó   a esta Corporación la selección del expediente T-7.268.829[26], el señor Álvaro Mora Ríos relató nuevos hechos   acaecidos con posterioridad a la actuación ante el juez de instancia.    

Indicó que a raíz de la acción de tutela, la   empresa CREARE, en su calidad de organizadora, se puso en contacto con la   familia Mora Silva a través de la señora Paula Peña (representante legal) y el   señor Fabián López, quienes verbalmente les ofrecieron llegar a un acuerdo que   pusiera fin a la controversia mediante las siguientes fórmulas de arreglo: (i)   que se ofrecerían disculpas públicas a María Paz y que las mismas se publicarían   en los canales de promoción de la Liga Pony Fútbol; (ii) que se buscaría   invitarla a una cena con el arquero Fariñas del equipo Millonarios; (iii) que se   buscaría que el arquero David Ospina le enviara un saludo; (iv) que la niña   sería aceptada por cualquiera de los dos equipos femeninos de su categoría 2008   que pasarían a la final en la ciudad de Medellín (Kapital Soccer o Future   Soccer, a su elección); (v) que el equipo Dinhos sería compensado   mediante una invitación especial por parte del patrocinador a jugar en las   finales en Medellín, o a jugar en el partido preliminar contra el campeón de la   categoría en la final de la Liga Águila Profesional, con la condición de que en   esos encuentros no podía participar María Paz sino solamente el equipo de niños.    

Ante estas opciones –afirmó–, la familia   Mora Silva estuvo de acuerdo con que bastaría con las disculpas públicas a María   Paz, con que se permitiera su participación en un equipo femenino y con la   invitación al equipo como desagravio frente a los demás menores. Sin embargo,   las propuestas nunca llegaron a constar por escrito.    

Luego de que la menor María Paz Mora Silva   conociera los equipos de niñas y escogiera a cuál se quería integrar,   aparecieron nuevos obstáculos relacionados con la exigencia de que ella debía   ser transferida al nuevo club, lo cual la inhabilitaba para continuar   participando con el equipo Dinhos en otro torneo organizado por la Liga   de Fútbol de Bogotá. Por ello, se propuso que la niña no fuera transferida sino   que se hiciera un préstamo entre clubes. Frente a dicha petición, CREARE les   informó que el presidente de la Difútbol había autorizado el referido préstamo,   pero ello no se pactó por escrito y jamás se cumplió.    

Manifestó que lo mismo ocurrió con las demás   medidas de desagravio propuestas, pues, pese a la insistencia de los   progenitores, no se les cumplió ninguna de las promesas ni a María Paz Mora   Silva ni al equipo Dinhos –al cual además también se le había ofrecido   una invitación a Santa Marta a jugar con el equipo Pescaito en un   encuentro en el cual estaría presente el cantante Carlos Vives–, porque   supuestamente todo estaba supeditado al visto bueno del presidente de la   Difútbol y el mismo se encontraba fuera del país, quedando así frustradas las   expectativas deportivas de la niña y sus compañeros.    

Explicó que debido al paro judicial que tuvo   lugar en noviembre de 2018 no fue posible notificarse de lo decidido por el   Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá, pues fueron fallidos todos los intentos de   acceder a dicha sede judicial durante el cese de actividades.    

Insistió en que todo lo ocurrido ha generado   un impacto emocional negativo en la niña, pues además de sentirse culpable por   la eliminación de su equipo, siente que no hay justicia en tanto no le han   aclarado cuál fue el verdadero motivo por el cual fue expulsada y que “los   adultos no saben pedir perdón.”    

Finalmente, expuso que, como progenitores de   la pequeña y en busca de apoyo, han promovido la causa de María Paz y de sus   compañeros de equipo en diferentes redes sociales, con el fin de “mostrar a   la Liga Pony Fútbol y a la Difútbol que en el deporte todos cabemos, que en el   fútbol no hay discriminación, que cuando somos pequeños no importa jugar con   niños con niñas, lo único que importa es JUGAR”, ante lo cual han recibido   la solidaridad de varias personas, organizaciones y medios de comunicación.    

5.2. Por memorial allegado a la Corte Constitucional el   6 de junio de 2019[27], un grupo de 89 personas   manifestó su coadyuvancia a la demanda y expresó que el caso de María Paz Mora   Silva y su equipo debía ser referente y ejemplar para los cambios sociales y   deportivos que la sociedad requiere. Asimismo, indicó que las instituciones que   representan el fútbol colombiano debían reconocer la ofensa, pedir perdón y   desagraviar a los menores.    

5.3. Con el propósito de obtener suficientes elementos   de juicio para adoptar una decisión, y con fundamento en el artículo 64 del   Acuerdo 02 de 2015, por auto del 4 de junio de 2019, el magistrado sustanciador   decretó las siguientes pruebas:    

(i) se ordenó a la Liga de Fútbol de Bogotá y a la   División Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒ que rindieran informe a   esta Corporación en relación con cada uno de los siguientes aspectos:    

(a) expliquen cuáles   medidas se han adoptado con posterioridad al fallo de tutela del 30 de octubre   de 2018 dictado por el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá, respecto de la   realización de la competencia Liga Pony Fútbol de que se trata el presente   proceso, precisando cuál es la situación actual y especificando si el torneo fue   culminado, cancelado o suspendido;    

(b) remitan copias   de la adición al reglamento de la Liga Pony Fútbol efectuada en noviembre de   2018, así como de las demás modificaciones a la normatividad que se hayan   implementado con posterioridad a los hechos que dieron origen a la presente   controversia;    

(c) remitan copias   de las Resoluciones No. 028 y 029 de 2018 y del Código Disciplinario Único de la   FCF, en tanto dichas normas sirvieron de sustento para la sanción que se impuso   al equipo Dinhos por una presunta “actuación irregular”. Asimismo, el   Comité Disciplinario del Campeonato, integrado por los abogados Diego Fernando   Arana Sarria, Yony Buendía Bonilla y la abogada Nelly Martínez Amado, deberá   precisar en qué consistió la “actuación irregular” atribuida al equipo Dinhos   y que justificó la sanción impuesta conforme a la Resolución No. 003 del 11 de   octubre de 2018 y a la Resolución Extraordinaria No. 004 del 16 de octubre de   2018, al interior de la Liga Pony Fútbol 2018; y,    

(d) señalen los   fundamentos normativos en que sustentan la afirmación en cuanto a que los   campeonatos de fútbol mixtos están “terminantemente prohibidos” por la FIFA.    

(ii) se requirió a la   empresa CREARE Ltda., vinculada al presente trámite de tutela por auto del 23 de   octubre de 2018 proferido por el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá, para que   se pronunciara sobre todo cuanto estime pertinente en relación con la presente   controversia y aportara las pruebas que considerara pertinentes.    

(iii) se dispuso oficiar al   promotor de la acción para que informara a esta Corporación quién es la persona   cuya voz fue grabada en el archivo de audio aportado con el escrito de tutela,   cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la   grabación, y suministrara la información de contacto del autor de dichas   declaraciones, con el fin de que, eventualmente, las mismas pudieran ser   ratificadas dentro de este proceso.    

(iv) se invitó en calidad   de amicus curiae a las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional   de Colombia, Universidad del Rosario, Universidad Libre, Universidad de La   Sabana, Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad   Sergio Arboleda y Universidad Javeriana, a las Facultades de Educación y de   Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, a la Facultad de   Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, así como a la   Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, al Centro   de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad ‒Dejusticia‒, a Coldeportes, a la   Confederación Suramericana de Fútbol ‒Conmebol‒, a la Asociación Colombiana de   Derecho Deportivo ‒Acodepor‒, al Observatorio de Género y Justicia de Women’s   Link Worldwide, a la Corporación Sisma Mujer, a ONU Mujeres Colombia y a la   Corporación Casa de la Mujer, para que desde su experticia institucional y   académica, emitieran concepto sobre el caso y contribuyeran a enriquecer el   debate y el contenido de la decisión a adoptar.    

5.4. En cumplimiento a lo dispuesto mediante el auto de   decreto de pruebas, se recibieron las siguientes respuestas:    

5.4.1. Universidad de La Sabana[28]    

Por medio de un equipo integrado por miembros activos   de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y un   egresado experto en Derecho Deportivo, la Universidad de La Sabana intervino en   calidad de amicus curiae.    

Señaló que existió una violación del derecho al debido   proceso de María Paz Mora Silva, pero que se presentaba un daño consumado, lo   que impone a la Corte la necesidad de pronunciarse para establecer correctivos   que permitan prever futuras vulneraciones de otras personas que se encuentren en   la misma situación de la menor.    

Afirmó que el debido proceso, contemplado en el   artículo 29 de la Carta, es una garantía aplicable aún en las relaciones entre   particulares y que, según la jurisprudencia constitucional, cuando en este   contexto se impone una sanción, la misma debe respetar el principio de   legalidad, la debida motivación, la publicidad e imparcialidad en el trámite, la   competencia del organismo decisorio y el derecho a la defensa.    

Tras hacer referencia a las normas del campeonato que   fueron aplicadas en el caso para imponer la sanción, indicó que el reglamento   hace mención de niñas y niños y no contempla ninguna prohibición de equipos   mixtos. Además, del Reglamento para Verificación del sexo de la FIFA no se   desprende que exista una prohibición del fútbol mixto y, aunque en gracia de   discusión así lo fuera, no sería problema de María Paz Mora Silva que los   organizadores hubieran realizado el torneo de esa manera, ya que ello sería   objeto de las correspondientes medidas sancionatorias por parte de la FIFA sobre   la FCF, sin que la menor tuviera que sobrellevar las consecuencias.    

Agregó que la sanción al club Dinhos por una   “inscripción irregular” no se fundó en normas preexistentes y se aplicó violando   el derecho de defensa tanto de la menor María Paz Mora Silva como del equipo. El   órgano sancionador se refirió al jugador 3657270 al mencionar la inscripción   irregular y, así no se indique expresamente que la medida se aplica por la   participación de una niña en un equipo de niños, no se podía aplicar una sanción   que no estuviera establecida previamente, pues la competencia del Comité   Disciplinario se debió atener a las causales de inscripción irregular   contempladas en el propio reglamento del torneo, todos los cuales fueron   debidamente acreditados por la menor al punto que se le entregó el carné   respectivo, se le expidió la póliza de protección y se le permitió jugar en tres   partidos.    

Manifestó que el reglamento no prohibía la conformación   de equipos mixtos y que, por el contrario, era posible la interpretación de que   ello estaba permitido, por cuanto se refiere a “niños y niñas”, y que no existía   un órgano ante el cual la pequeña hubiese podido ventilar su caso, ya que los   recursos sólo podían ser interpuestos por el club y previo un pago de tres   salarios mínimos legales mensuales vigentes, aunado a que la inexistencia de   claridad respecto de cuál fue la falta imputada habría impedido ejercer   plenamente la defensa.    

Adujo que, si bien se comprobó la vulneración, se   presenta un daño consumado en tanto el torneo Liga Pony Fútbol ya concluyó y el   reglamento fue remplazado por uno que sí establece la inscripción diferenciada   de niños y niñas, lo cual no obsta para que la Corte declare que existió la   afectación de derechos fundamentales y adopte las medidas para que en el futuro   ello no se repita, como ordenar a las accionadas que en el reglamento se   establezca de manera explícita si se permite o no la conformación de equipos   mixtos, así como la creación de un organismo para la resolución de disputas ante   la cual los jugadores puedan remitir sus casos y recibir un trato justo.    

5.4.2. Escuela de Estudios de Género de la   Universidad Nacional de Colombia[29]    

Por medio de su Directora, la Escuela de Estudios de   Género de la Universidad Nacional de Colombia conceptuó en calidad de amicus   curiae.    

Afirmó que compartía los argumentos de la demanda   porque considera que efectivamente se violaron los derechos de los que es   titular la niña María Paz Mora Silva.    

Explicó que, aunque de antaño en algunos lugares el   fútbol se ha tenido como una actividad propiamente masculina, hoy en día es un   campo de empoderamiento y activismo para las mujeres. Así, se han llevado a cabo   diversos campeonatos de fútbol femenino a nivel mundial, y actualmente se   destaca el desempeño de importantes deportistas mujeres, aunque su   reconocimiento pasa por equipararlas con los grandes jugadores masculinos.    

Anotó que la Federación Andaluza de Fútbol fue pionera   en agosto de 2005 en permitir el fútbol mixto en todas sus categorías, lo cual   ha incidido en una progresiva participación de las mujeres.    

Así, coligió que, no obstante el predominio de la   cultura patriarcal, machista y sexista en contra de la participación de las   mujeres en el fútbol, los hechos muestran que esas prácticas han ido   evolucionando hacia el reconocimiento de la importancia de participación   competitiva de las mujeres en el fútbol.    

Al abordar el caso concreto, señaló que el reglamento   del torneo no discrimina al mencionar “niños y niñas”, pero las autoridades sí   discriminaron cuando castigaron al equipo, subrayado que se trató de un acto de   violencia de género que operó en dos niveles: al no permitirle a María Paz Mora   Silva participar por ser niña, a pesar de sus reconocidas capacidades, y al   sancionar al equipo Dinhos por el solo hecho de que la pequeña hiciera   parte del mismo. Esta situación afecta la autoestima de la niña, su salud mental   y sus relaciones con sus compañeros, dando paso a sentimientos de culpabilidad,   sin ser responsable de nada, solo de ser niña.    

Refirió el marco jurídico internacional de protección   contra la discriminación de las mujeres, que incluye distintos instrumentos. La  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra   la Mujer (CEDAW), aprobada en Colombia, que resalta la importancia de   modificar patrones socioculturales como los estereotipos para garantizar los   mismos derechos a mujeres y hombres en condiciones de igualdad, destacando su   artículo 13, literal c), relativo al derecho a participar en actividades de   esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. La Comisión   Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha sistematizado los   estándares normativos para que los Estados cumplan la obligación internacional   de eliminar la discriminación contra las mujeres. La Convención Interamericana   para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención   de Belém do Pará) también impone a los Estados la obligación de adoptar   todas las medidas para enfrentar la violencia, con particular atención a   aquellas que pertenecen a grupos discriminados o vulnerables. La Declaración de   Incheon para la Educación 2030, suscrita también por Colombia a instancias de la   UNESCO, propone transformar la educación apoyando la igualdad de género y   promoviendo oportunidades de aprendizaje de calidad para todas y todos, con   especial énfasis en la alfabetización de niñas y mujeres.    

Asimismo, reseñó algunas sentencias de la Corte   Constitucional en las que se han protegido los derechos de las mujeres, pero   afirmó que a pesar de estos pronunciamientos persisten escenarios en los que se   perpetúa la violencia contra mujeres y niñas.    

5.4.3. Álvaro Mora Ríos[30]    

Tras realizar nuevamente un relato sobre los hechos   relevantes del caso, el promotor de la acción de tutela y padre de la niña María   Paz Mora Silva manifestó que la grabación de audio allegado con el libelo   corresponde al señor Carlos Arturo Granados Rincón, profesor entrenador del   equipo Dinhos, quien el 12 de octubre de 2018 se acercó a la Liga de   Fútbol de Bogotá donde le indicaron que el club había sido sancionado por la   participación de la niña en los encuentros competitivos, por lo que de inmediato   procedió a informar a través del grupo de chat de Whatsapp a todos los   padres y directivos del club las causas de la expulsión.    

En el mismo escrito, el señor Mora Ríos aportó los   datos de contacto del referido entrenador, a fin de que el mismo pudiera ser   localizado en el caso de que fuera precisa la ratificación de sus declaraciones   al interior de este proceso.    

5.4.4. Asociación Colombiana de Derecho Deportivo   –Acodepor–[31]    

Por intermedio de su representante legal, Acodepor   allegó intervención en calidad de amicus curiae.    

Inició explicando que las organizaciones deportivas a   nivel mundial se han consolidado como personas jurídicas de derecho privado,   cuya creación tiene respaldo institucional como consecuencia del reconocimiento   del derecho a la educación física y al deporte. Estas organizaciones deben   cumplir las normas de cada Estado pero también se encuentran sujetas a la   regulación propia de las entidades internacionales a las que se encuentran   afiliadas. De ese modo, todos los reglamentos y decisiones que adopten estas   organizaciones deben enmarcarse dentro de los principios constitucionales y los   presupuestos normativos que rigen a los particulares en cada Estado, así como   respetar los derechos fundamentales.    

En el caso bajo estudio –afirmó– en el reglamento de la   Liga Pony Fútbol 2018 expedido por la Difútbol, al cual se sometían los   interesados en participar, y en las decisiones relacionadas con su ejecución,   también debían tenerse en cuenta el debido proceso, la igualdad y la no   discriminación.    

Añadió que la división en categorías masculina y   femenina en el fútbol está justificada en la mayor capacidad física que   biológicamente poseen los hombres, de manera que, conforme al principio par   conditio, se busca salvaguardar la integridad física de los deportistas,   propender a la competencia en equidad y garantizar el balance competitivo, lo   que exige a los organizadores deportivos asegurar que estén dadas las   condiciones de igualdad en aspectos como el peso, la edad, el género, entre   otros, para que el resultado de la competencia sea incierto y el éxito responda   al mérito y no a situaciones de desventaja entre quienes se enfrentan.    

Indicó que la jurisprudencia constitucional ha admitido   que existen tratos diferenciados que no constituyen discriminación, siempre y   cuando sean razonables y proporcionados, a la vez que se encuentren justificados   bajo un principio de razón suficiente. A la luz de lo expuesto, la división de   los torneos deportivos en categorías femeninas y masculinas no constituye un   acto discriminatorio, no obstante lo cual las reglas sobre el particular deben   ser claras e inequívocas para que quienes desean participar en una competencia   conozcan a lo que se están obligando y las consecuencias que trae el   incumplimiento de dichas obligaciones.    

Al analizar el caso particular, Acodepor sostuvo que la   redacción del reglamento de la Liga Pony Fútbol es bastante confusa, pues si   bien el parágrafo 1 del artículo 10 hace referencia a la participación de   equipos femeninos y masculinos, la ambigüedad del artículo 12 –que al enunciar   cada categoría etaria menciona “niñas y niños”– permitiría asumir que no hay dos   categorías independientes.    

Señaló que aunque se hubiese acogido la separación   entre las categorías femenina y masculina, llama la atención que se haya   realizado la inscripción del equipo Dinhos con la menor como arquera   titular sin controlar la supuesta irregularidad, y que se hubiese permitido   disputar varios encuentros sin reparo alguno, lo cual generó, sin duda,   expectativas legítimas en la niña y en el club.    

Así, conforme a la teoría de los actos propios, emanada   del principio de buena fe y desarrollada por la jurisprudencia, los   organizadores de la Liga Pony Fútbol, después de realizar actos inequívocos que   condujeron a inferir que la niña podía inscribirse y participar en un equipo   mixto, no podían modificar intempestivamente su conducta y descalificar al   equipo. Si la reglamentación hubiese sido clara en cuanto a la restricción a los   equipos mixtos –subraya– no se habría presentado ninguna vulneración, pues la   clasificación por género no es en sí misma discriminatoria; pero como aquí se   permitió la inscripción y la participación sin oposición alguna, la posterior   exclusión del equipo fue irrazonable y desproporcionada, y debe ser reparada.    

A través de su Directora, la Casa de la Mujer remitió   concepto a la Corte en calidad de amicus curiae.    

Afirmó que la menor María Paz Mora Silva fue   discriminada por las autoridades del fútbol colombiano y resaltó la persistencia   de patrones que obstaculizan la plena igualdad para las mujeres en sus ciclos de   vida, lo que también afecta en este caso su desarrollo integral y óptimo dentro   de la sociedad.    

Manifestó que la exclusión de las mujeres encuentra en   el deporte uno de los más fuertes exponentes, y que la estructura del fútbol   responde a una perspectiva androgénica que refleja el rechazo cultural a las   mujeres en actividades caracterizadas como fuertes, redirigiéndolas hacia   otras que erróneamente considera más propias del ámbito femenino, como la   gimnasia, la danza, la natación y la animación. Esa marginación obstaculiza que   las mujeres puedan practicar el fútbol con igualdad de oportunidades, lo que   abarca desde el impedimento a su preparación técnica en la etapa infantil, hasta   la imposibilidad económica de adoptarla como profesión en la edad adulta.    

Explicó que en un contexto en que los avances para la   igualdad de las mujeres se debaten pero no tienen gran alcance, no sorprende la   decisión adoptada por las accionadas al excluir a la niña de una práctica   considerada artificialmente como varonil, “desconociéndose el valor propio de   la práctica de este deporte como medio formador de autonomía, autoconfianza,   tolerancia y demás habilidades sociales en los menores”, a lo que se añade   la propensión a predicar una “ausencia de feminidad” de las mujeres que lo   practican como manera de desestimularlas , para evitar que pierdan su   caracterización por género.    

Agregó que el fútbol desde su definición misma ha   excluido a las mujeres y que las pocas que han alcanzado un estatus en este   campo suelen ser objeto de abuso verbal y físico, crítica y ofensa constante, lo   cual exige una perspectiva incluyente y de apertura del mundo deportivo del cual   ya son partícipes. Si bien las futbolistas colombianas han obtenido logros para   el deporte nacional, sus beneficios no logran alcanzar las metas mínimas   esperadas para un profesional del deporte, y la introducción de funcionarias en   directivas del deporte (que conforme a la Segunda Conferencia sobre Mujer y   Deporte del Comité Olímpico Internacional debe corresponder mínimo a un 20%), no   es llevada a la práctica, pues el comité ejecutivo de la FCF está compuesto por   hombres y las mujeres solo toman parte en una comisión asesora para el fútbol   femenino.    

En relación con el fútbol mixto, señaló que   instituciones internacionales como la FIFA procuran y aconsejan la participación   en el deporte sin distinción de género, no obstante lo cual el patrón de opinión   predominante en Colombia tiende a la desmotivación de las menores, a pesar de lo   cual niñas como María Paz Mora Silva se acercan al fútbol. No obstante, la   discriminación se evidencia en la falta de incentivos y en los prejuicios que   impiden que un mayor número de niñas se animen a practicarlo.    

Aseguró que es manifiesta la vulneración de los   derechos fundamentales de la citada menor, pues aun cuando existiera una   categoría para niños y otra para niñas, no existía una prohibición expresa para   la presentación de equipos mixtos, y las reglas de inscripción solo aludían a la   edad, la identificación y la carnetización de cada jugador, haciéndose   acreedores de sanciones quienes incumplieran tales requisitos.    

En ese sentido –arguyó– la decisión de los   organizadores es contraria a la política pro-inclusión que difunde la propia   FIFA, por lo que resulta falaz el argumento de que la decisión obedeció a una   prohibición de ese organismo y, en realidad, plasma una segregación por parte de   las accionadas.    

5.4.6. Universidad Pedagógica Nacional[33]    

Por intermedio de un equipo interdisciplinario,   integrado por la Coordinadora de la Licenciatura en Educación Comunitaria con   Énfasis en Derechos Humanos, el Entrenador de la Selección de Fútbol Femenino de   la Universidad y un Profesor Asociado al Área de Pedagogía en Derechos Humanos,   la Universidad Pedagógica conceptúo en calidad de amicus curiae.    

Comenzó por afirmar que el sexismo es una   característica sistémica, persistente y globalizada en la realidad mundial, el   cual parte de considerar que por razones biológicas las niñas y las mujeres está   en inferioridad para realizar prácticas artísticas, científicas o deportivas   para las que –se cree– sí están capacitados los niños y los hombres. Esta visión   discriminatoria ha sido objeto de cuestionamientos desde los movimientos de   mujeres y las teorías feministas, así como desde las teorías de desarrollo   humano que nutren las corrientes y modelos pedagógicos.    

Explicó que las discriminaciones contra las niñas y las   mujeres, que afectan también en ocasiones a los niños y a los hombres, son una   naturalización de la cultura sexista y de la violencia de género inherentes al   patriarcado, y que como un rasgo de la cultura es susceptible de transformarse a   través de procesos educativos consientes, o de perpetuarse perniciosamente por   las costumbres.    

Desde la matriz filogenética y ontogenética de la   psicología evolutiva del desarrollo humano que sustenta las prácticas   pedagógicas desde la mitad del siglo XX, anotó que, en relación con los aspectos   de formación y despliegue de las múltiples inteligencias que potencian a los   seres humanos –mujeres y hombres–, no hay ninguna razón para creer que el sexo   tenga alguna relevancia para el desarrollo humano en ninguno de los campos de la   vida práctica, lo cual incluye lógicamente los deportes.    

Esta comprensión psicobiológica y sociocultural   –subrayó– ha impactado todos los campos de producción de la cultura, incluida la   práctica deportiva, al punto que hoy en día la FIFA avala la práctica conjunta   del fútbol entre niños y niñas.    

Expuso que la observancia de la Constitución, como   dispositivo pedagógico y de transformación de la cultura en cuanto pacto   democrático por la paz, la práctica de los derechos humanos en la vida social y   política para el ejercicio de las ciudadanías y el cesamiento de las múltiples   violencias que se viven en la cotidianidad, conllevaba tutelar los derechos de   María Paz Mora Silva como niña futbolista guardameta de su equipo. Lo contrario   significaría una discriminación por razones de sexo, el desconocimiento de los   derechos prevalentes de las niñas y los niños, y la práctica real y concreta de   la participación ciudadana.    

5.4.7. CREARE Ltda.[34]    

Inicialmente, la representante legal de la empresa   CREARE se limitó a allegar poder especial conferido a una profesional del   derecho para ejercer su defensa, sin realizar algún pronunciamiento sobre los   hechos que dieron lugar a la controversia.    

Más tarde, en memorial separado, manifestó que CREARE   es la organizadora de la Liga Pony Fútbol “en todo lo que significa   producción sobre el evento” y que Difútbol, en su calidad de órgano rector   del fútbol aficionado colombiano, manejaba lo deportivo y era quien expedía y   hacía cumplir la normatividad aplicable en la materia, la cual cuenta con un   mandato claro y específico de la FIFA en cuanto al campeonato infantil, mientras   que la Dimayor regula el fútbol profesional.    

Aseguró que la Liga Pony Fútbol es el mayor y más   antiguo campeonato de fútbol aficionado colombiano para niños y niñas de 8 a 12   años en todo el país, y que el 2018 fue la primera vez en sus treinta años de   existencia que se reguló el certamen con normas de la FIFA, y que como un   campeonato avalado por dicho órgano internacional debía sujetarse a las normas   generales aplicables a nivel mundial y no al querer o deseo de particulares.    

Afirmó que CREARE no tiene sesgo hacia ninguna persona   por ninguna condición y que no acepta que se insinúe por parte de la parte   actora que haya habido actos discriminatorios contra la menor por razón de su   género, no obstante lo cual enfatizó que si a la fecha solo existen las dos   categorías masculina y femenina, no se puede realizar un campeonato mixto pues   las normas fijadas por el órgano rector a nivel mundial son para cumplirlas, así   muchas personas, agencias, entes deportivos e incluso ligas de algunos países   consideren ello como una posibilidad.    

Expresó que la Difútbol es muy clara en su reglamento y   la FIFA igualmente, y que si en ninguna parte del mundo había equipos mixtos   ello no se constituía en una discriminación.    

Tras hacer una reseña fáctica, arguyó que “el equipo   Dinhos estaba integrado por niños y niñas, situación que se encuentra   absolutamente prohibida en materia de fútbol a nivel mundial, para campeonatos   FIFA como es el caso de la Liga Pony Fútbol y así se haya realizado la   inscripción por un error humano o administrativo, lo que no se puede es   persistir en un error y no enmendarlo y por ello se aplicó el reglamento con las   consecuencias bien sabidas para el equipo.” Asimismo, manifestó que CREARE   tuvo contacto permanente con los padres de la menor María Paz Mora Silva y que   se trató de dar soluciones desde lo deportivo, incluyendo la posibilidad de que   se inscribiera en un equipo femenino, pero que “llenaron de condicionamientos   adicionales” por lo que no se pudo concretar su participación, y que el club   era el responsable por inscribir un equipo mixto a sabiendas de que estaba   prohibido.    

Esgrimió que en este caso se presentaba una aplicación   de las normas aunque el accionante estuviera en desacuerdo; que la ley debía   aplicarse por dura que ella parezca; que en lugar de hacer de lo ocurrido un   escándalo contra un torneo tan importante y antiguo debería transmitirse a las   generaciones el respeto por la ley; que la niña podía participar en el   campeonato con un equipo femenino; y que la discriminación nunca existió y que   los padres debían saber cuándo parar y no poner a sus hijos en situaciones de   adultos. Además, que la jugadora debía asumir las consecuencias por inscribirse   por fuera de los marcos regulatorios y que por ello su equipo se vio afectado,   pues independientemente de que se le hubiera aceptado su participación en un   principio el error debía ser enmendado; que CREARE trató de manejar la situación   pero el promotor de la acción estaba más interesado en generar mayor caos y   desviar la atención sobre lo importante que lleva la Liga Pony a todo el país; y   que esperaba contar con la participación de la menor en ediciones futuras del   torneo, en el cual participan muchas niñas a nivel nacional.    

Por último, se refirió al amicus curiae de la   Universidad Pedagógica aduciendo que “se centra en un concepto eminentemente   subjetivo” y que “parecía más un ensayo sobre discriminación” en   lugar de acatar el principio “lex dura lex”, e igualmente, sobre los   demás conceptos allegados por las diferentes instituciones intervinientes,   manifestó que “sorprende el enfoque que dan al asunto, ya que de forma clara   y precisa lo que se debe analizar es si podía tenerse en una competencia equipos   mixtos, cuando solo existe la posibilidad de equipos masculinos y femeninos.”    

5.4.8. Mapfre Seguros S.A.[35]    

La Representante Legal para Asuntos Judiciales,   Extrajudiciales y Administrativos de Mapfre reiteró íntegramente los argumentos   de ausencia de legitimación en la causa por pasiva que planteó ante el juez de   instancia.    

5.4.9. Liga de Fútbol de Bogotá[36]    

En respuesta al decreto de pruebas, el presidente de la   Liga de Fútbol de Bogotá insistió en las razones de defensa propuestas   inicialmente, manifestó que el torneo Liga Pony Fútbol 2018 fue culminado y   agregó que, según el registro COMET del año 2019, la menor María Paz Mora Silva   actualmente se encuentra participando en el equipo femenino del club Besser   “B”, allegando copias de la certificación de paz y salvo expedida por el   club Dinhos[37], del formato de   transferencia definitiva del club Dinhos al club Besser “B” con   fecha de 12 de abril de 2019[38] y del registro COMET[39].    

Asimismo, remitió copias de la reglamentación del   torneo Liga Pony Fútbol correspondiente al año 2019, en la cual se incorpora la   prohibición de la conformación de equipos mixtos[40], de las Resoluciones No. 003 y 004 de   2018, y del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.    

Finalmente, en relación con la pregunta sobre la norma   que sustentó la afirmación de que los campeonatos de fútbol mixtos están   “terminantemente prohibidos” por la FIFA, citó el Reglamento sobre verificación   de sexo, en cuyo punto 4 se dispone que “En las competiciones masculinas de   la FIFA solamente tienen derecho a participar hombres. En las competiciones   femeninas de la FIFA solamente tienen derecho a participar mujeres”, al paso   que en el numeral 2 de dicho precepto se prevé que “cada asociación miembro   participante deberá garantizar, entre otros, que todos los jugadores cumplen los   requisitos para jugar conforme los Estatutos de la FIFA y a la reglamentación de   la FIFA”.    

Con base en lo anterior, indicó que “esta expresa   prohibición del fútbol asociado desciende a las asociaciones miembros, en este   caso a la Federación Colombiana de Fútbol, de la cual somos afiliados,   impidiendo que en todos los torneos compitan equipos mixtos, existiendo por ende   competencias separadas tanto masculinas como femeninas.”    

5.4.10. División Mayor del Fútbol Colombiano   –Dimayor–[41]    

El presidente de la Dimayor insistió en los argumentos   sobre falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que su función consiste   en atender el fútbol profesional colombiano, por lo que esa entidad es ajena a   la Liga Pony Fútbol.    

5.4.11. Universidad Externado de Colombia[42]    

A través de un equipo de investigadores adscritos al   Departamento de Derecho Constitucional, la Universidad Externado conceptuó sobre   el caso objeto de estudio.    

En primer lugar, indicó que de acuerdo con el artículo   29 de la Constitución tanto las autoridades públicas como los particulares están   obligados a respetar el debido proceso en todo tipo de actuaciones, y en   especial cuando tales organismos tienen la posibilidad de sancionar. Sin embargo   –sostiene– en las Resoluciones No. 003 y 004 de 2018 del Comité Disciplinario   del torneo “brilla por su ausencia de una sustentación adecuada, tal es así   que en la Resolución 003 de 2018 ni siquiera se especifica el o la jugadora que   incurrió en una actuación irregular, la manera en que esta fue cometida, ni la   entidad que expidió la Resolución 028 de 2018 que sirve como fundamento jurídico   a la decisión”. Por lo tanto, afirmó que la decisión no solo desconoce los   derechos a la igualdad y a la dignidad humana de María Paz Mora Silva, sino   además constituye un desconocimiento a las formas mínimas para garantizar el   debido proceso.    

En segundo lugar, anotó que la igualdad es piedra   angular del Estado social de derecho, como principio y como derecho fundamental,   este último que implica que todas las personas reciban el mismo trato en las   disposiciones legales, que no se admita ninguna forma de discriminación, y que   se adopten medidas para ayudar a grupos históricamente discriminados a superar   los obstáculos para ejercer sus derechos. Indicó la metodología que debe seguir   el operador jurídico para verificar cuándo se está ante una vulneración del   derecho a la igualdad y, a propósito del caso concreto, explicó que aunque se ha   repetido que la disparidad entre hombres y mujeres que practican deporte   atienden a razones biológicas que sugieren que el hombre es más apto, estudios   concluyen que “las mujeres y los hombres atletas tienen más parecido entre   ellos que con las personas no atletas de su mismo sexo”.    

Expresó que en este contexto hostil se enmarca la   decisión del Comité Disciplinario de sancionar y excluir del campeonato al   equipo Dinhos por la presunta “inscripción irregular” de María Paz Mora   Silva, lo que no es más que un tratamiento injustificado y discriminatorio   fundado en un estereotipo de género. Citando a la jurista feminista Alda Facio,   subrayó que en el caso se identificaba una decisión sexista que frustra los   sueños de una niña y “habla muy mal de nuestra sociedad, y en particular del   mundo del fútbol.”    

En tercer y último lugar, se refirió a la dignidad   humana como principio y valor fundante de cualquier Estado constitucional   contemporáneo que no puede ser limitado ni por las autoridades ni por los   particulares, y en tal sentido el derecho es un límite frente a cualquier   reglamentación deportiva, por lo que estas no pueden truncar el proyecto de vida   de la menor al no permitirle jugar al fútbol.    

Destacó que la FIFA se ha encargado como ente rector   del fútbol mundial de desarrollar diferentes estrategias en pro de la equidad de   género, la no discriminación y la inclusión social. Siguiendo la estructura   jerárquica de las organizaciones futbolísticas y los principios propios del   derecho deportivo, señaló que la FIFA establece que para la práctica del fútbol   a nivel mundial se debe guardar respeto por los derechos humanos y la   prohibición de discriminación por cualquier razón, incluida la de género. A ello   se añade que las federaciones nacionales de fútbol están sujetas al ordenamiento   jurídico nacional, con la autonomía que permite la FIFA para que cada federación   organice sus propias competencias aplicando sus propios reglamentos. En ese   contexto, relievó que “es absolutamente falso que la FIFA prohíba el fútbol   mixto, tal como alegó Difútbol en este expediente, y con base en ello fuera   fallada la acción de tutela en única instancia”, pues el Reglamento para   verificación de sexo aplica a las competiciones organizadas por la FIFA a nivel   profesional, que no es el caso del torneo Liga Pony Fútbol, por lo que resulta   facultativo de la Difútbol organizar competiciones mixtas en el nivel   aficionado. Además, la FIFA fomenta el fútbol mixto para generar entre niños y   niñas valores como el respeto y la tolerancia mutuos, ha firmado un acuerdo de   cooperación con Naciones Unidas para beneficiar del fútbol a mujeres y a niñas,   y ha censurado la discriminación y la violencia de género en el escenario local.    

5.4.12. División Aficionada del Fútbol Colombiano   –Dimayor–[43]    

En su intervención ante la Corte, el presidente de la   Difútbol arguyó que como ente rector del fútbol aficionado reglamenta los   múltiples campeonatos aficionados que se desarrollan en el territorio nacional   incluida la Liga Pony Fútbol, para cuya versión del año 2018 profirió la   Resolución No. 025-18, en la cual al regularse el régimen de edades de   participantes se hace referencia a ramas divididas tanto para niñas como para   niños, sin que aparezca la participación de equipos mixtos.    

Agregó que el Código Disciplinario Único de la   Federación Colombiana de Fútbol rige para todos los campeonatos y que dicha   normatividad es conocida por los participantes con antelación.    

Reiteró que en las circulares de la FIFA se hace   énfasis que en los torneos competitivos deben estar clasificados en ramas   diferentes para mujeres y para hombres, con el objetivo de preservar la   integridad física de las mujeres.    

Señaló que con posterioridad al fallo de tutela de   primera instancia el torneo 2018 se llevó a feliz término, pues no se conoció   alguna disposición judicial en contra de la terminación normal del mismo.    

Finalmente, allegó copia del Reglamento de la   competencia y del Código Disciplinario Único de la FCF, y aseguró que dichas   normas definen que las sanciones deben aplicarse cumplida y prontamente en pro   del desarrollo normal de un campeonato en el que participan más de 500 equipos,   para preservar el bien jurídico preferente que es la integridad del evento   deportivo conforme al principio pro competitione.    

II. CONSIDERACIONES    

1. Competencia    

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es   competente para conocer el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la   referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y   241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos   33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.    

2. Planteamiento del caso    

En el asunto bajo estudio, el ciudadano Álvaro Mora   Ríos, en representación de su hija menor de edad María Paz Mora Silva, formula   acción de tutela contra la División Mayor del Fútbol Colombiano ‒Dimayor‒, la   División Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒ y la Liga de Fútbol de   Bogotá, para la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no   discriminación por razón de sexo, a la dignidad humana, a la recreación y al   acceso a la cultura de los menores de edad, a la familia, a “los derechos   adquiridos” y, según se desprende del libelo, al debido proceso y a   la confianza legítima de la   pequeña, quien practica fútbol desde muy temprana edad y ha participado en   distintos encuentros futbolísticos, mostrando dedicación, esfuerzo e importantes   méritos deportivos como arquera.    

Entre esos torneos, estando vinculada al club infantil  Dinhos, se registró en la Liga Pony Fútbol 2018, bajo el convencimiento   de que las reglas de dicha competencia no incluían ninguna disposición que   prohibiera la conformación de equipos mixtos, no obstante lo cual en el curso   del campeonato se adoptó la decisión de sancionar y excluir del torneo al   mencionado equipo con fundamento en una supuesta “inscripción irregular”   relacionada con la participación de la pequeña en el conjunto formado   mayoritariamente por jugadores varones, a pesar de que se cumplieron   oportunamente todas las condiciones de inscripción previstas en el reglamento y   de que en un principio no se puso ningún reparo a su participación, pues se   aceptaron las planillas que la incluían en el cuadro titular, se le expidió el   respectivo carné y se le permitió disputar tres partidos.    

El señor Mora considera que dicha determinación es   infundada y que constituye un acto de discriminación en razón del sexo.   Adicionalmente, afirma que desde que se adoptó esa decisión la menor se ha   sentido afligida y culpable por la expulsión de su equipo, que teme ser   rechazada, y que, aunque los organizadores les propusieron algunas medidas de   desagravio, no cumplieron ninguna promesa, quedando frustradas las expectativas   deportivas de la niña y de los demás jugadores.    

En razón de lo anterior, solicita que se tutelen los   derechos fundamentales invocados y que, en consecuencia, se le ordene a la   Dimayor, a la Difútbol y a la Liga de Fútbol de Bogotá que dejen sin efectos la   decisión de eliminar al equipo Dinhos del torneo Liga Pony Fútbol, que se   permita a la menor María Paz Mora Silva y a su club continuar en el certamen   hasta que sus puntajes se lo permitan, y que se ordene a las accionadas que,   cumplido el reintegro, no vuelvan a realizar actos que impliquen una   discriminación.    

Las entidades que conforman el extremo pasivo se   opusieron a las pretensiones de la acción de tutela, otras que fueron vinculadas   al trámite alegaron falta de legitimación en la causa por pasiva, y un grupo de   padres y madres de familia y de niños del club de fútbol Dinhos  coadyuvó la demanda.    

El juez de instancia negó el amparo constitucional   deprecado, bajo el argumento de que la Federación Internacional de Fútbol ‒FIFA‒   prohíbe la realización de campeonatos de fútbol de categoría o rama mixta y de   que el promotor de la acción interpretó erradamente el reglamento del certamen.    

3. Problema jurídico a resolver    

Primeramente, corresponde a la Sala dilucidar si en el  sub júdice se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la   acción de tutela, bajo el entendimiento de que este es un mecanismo excepcional   de protección de derechos.    

Si tras este análisis se comprueba que la intervención   de la justicia constitucional es procedente y hay cabida para un estudio de   fondo, la Corte deberá determinar si los derechos fundamentales a la igualdad, a la no   discriminación por razón de sexo, a la dignidad humana, a la recreación y al   acceso a la cultura de los menores de edad, a la familia y “los derechos   adquiridos” de la menor María Paz Mora Silva, invocados por su padre, además de las   garantías del debido proceso y la confianza legítima, fueron vulnerados por   parte de las entidades encargadas de la organización y gestión del campeonato   Liga Pony Fútbol 2018, al sancionar y excluir del torneo al equipo infantil en   el cual ella jugaba, con fundamento en una presunta “actuación irregular”   asociada a la participación de una niña en un equipo conformado mayoritariamente   por varones.    

Para dar respuesta a estas cuestiones, la   Sala de Revisión procederá a efectuar el estudio de los siguientes ejes   temáticos: i) procedencia de la acción de tutela; ii) los estereotipos de género   en la formación de niñas y niños; iii) la discriminación por razón de género en   el deporte; iv) el derecho a la recreación y al deporte; (v) el derecho a la   igualdad y no discriminación por razón de sexo; vi) el principio de legalidad en   el marco del derecho al debido proceso; y, vii) el principio de buena fe en su   dimensión de confianza legítima.    

Una vez agotado el análisis de los anteriores aspectos   se abordará el caso concreto, luego de lo cual se adoptarán las determinaciones   a que haya lugar frente a la solicitud de amparo.    

i) Procedencia de la acción de tutela[44]    

En razón a su carácter excepcional, se trata de un   recurso que sólo es procedente en la medida en que el peticionario no disponga   de otro medio de defensa judicial para salvaguardar sus garantías   constitucionales, o de existir, no resulte eficaz e idóneo en virtud de las   circunstancias del caso concreto, como las condiciones personales de   vulnerabilidad del afectado, a menos que, dada la inminencia de una lesión   iusfundamental, se acuda al mismo como mecanismo transitorio para conjurar un   perjuicio irremediable.    

En desarrollo de   dicha disposición superior y, en concordancia con lo previsto en los artículos   1°, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991[45], la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los   requisitos formales de procedencia de la acción de tutela son: (i) legitimación   en la causa por activa; (ii) legitimación en la causa por pasiva; (iii)   inmediatez; y, (iv) subsidiariedad[46].    

Corresponde a la Sala, entonces, en primera medida,   pasar a verificar el cumplimiento de cada uno de estos presupuestos de   procedencia en el asunto sub júdice:    

Legitimación en   la causa por activa. El artículo 86 de la Carta Política   establece que la acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona que   considere amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales por parte de una   autoridad pública o, en ciertas circunstancias, por un particular.    

Este requisito consiste en indagar si el promotor de la   acción de tutela está habilitado para hacer uso de este recurso judicial, ya sea   porque es el titular de los derechos cuya protección reclama, o bien, porque   actúa en procura de una persona que no se encuentra en condiciones de promover   su propia defensa.    

En el caso bajo estudio, se observa que el señor Álvaro   Mora Ríos promueve la acción de tutela en su condición de padre y representante   legal de la niña María Paz Mora Silva, con el fin de que se garanticen los   derechos fundamentales de la menor, que estima vulnerados a raíz de la decisión   consistente en sancionar y excluir del torneo Liga Pony Fútbol 2018 al equipo   Dinhos, con el cual se encontraba participando la pequeña.    

De conformidad con el artículo 288 del Código Civil,   relativo a la patria potestad, los progenitores ostentan la representación legal   de sus hijos e hijas menores de edad. A su turno, el artículo 10 del Decreto   2591 de 1991 prescribe que la acción de tutela puede ser ejercida a través de   representante, además de que se pueden agenciar derechos ajenos. Sobre el   particular, la jurisprudencia ha sostenido:    

“De este modo, existen eventos en   los cuales se reconoce la legitimidad en la causa por activa en la acción   tutela, aunque la persona que promueva el amparo no sea el titular de los   derechos. Por ejemplo, cuando la presentación de la acción de tutela es   realizada a través de i) representantes legales -caso de los menores de edad,   los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas-, ii) mediante   apoderado judicial, y iii) a través de la agencia oficiosa. Particularmente, en   el caso de los menores de edad, los padres pueden promover la acción de tutela   para proteger sus derechos fundamentales afectados o amenazados, debido a que   ostentan la representación judicial y extra-judicial de los descendientes   mediante la patria potestad.”[47]    

Desde este punto de vista, no cabe duda de que la   solicitud de amparo de los derechos de la niña María Paz Mora Silva formulada   por su progenitor cumple con las exigencias de la legitimación en la causa por   activa.    

Es menester subrayar, además, que la jurisprudencia   constitucional[48] ha establecido que la   cláusula de protección preferente a niños, niñas y adolescentes consagrada en el   artículo 44 de la Carta habilita a cualquier persona a instaurar acciones en su   defensa. En el presente caso, de la situación fáctica esbozada se advierte que   el problema aducido por el peticionario supera el reclamo individual y pone en   evidencia una coyuntura que podría estar afectando también a los compañeros de   la menor María Paz Mora Silva del club Dinhos.    

Si bien la tutela tiene en principio efectos inter   partes y subjetivos, la vulneración de los derechos fundamentales alegada se   origina en la decisión de sancionar y excluir del torneo Liga Pony Fútbol 2018 a   todos los niños que participaron con la menor en el referido equipo de fútbol,   quienes, aun cuando no interpusieron directamente la acción de tutela, sí la   coadyuvaron durante el trámite y padecen la misma situación de desprotección,   por lo que ostentan igual interés en la solución del caso.    

En tal sentido, ha de entenderse que la solicitud de   amparo bajo estudio se relaciona con la protección de los derechos   fundamentales, no sólo de María Paz Mora Silva, sino de sus compañeros del   conjunto  Dinhos, de modo que el análisis que efectúe la Sala en la presente   providencia estará dirigido a garantizar los derechos de todos los miembros del   equipo infantil, si hay lugar a ello, en tanto sujetos de protección prevalente.    

Legitimación en la causa por pasiva. Este requisito de   procedencia se encuentra regulado también por el artículo 86 Superior[49], el cual prescribe que el   recurso de amparo puede interponerse contra autoridades públicas y, en precisas   hipótesis, contra particulares, según sea el caso, por su presunta   responsabilidad –ya por acción, ora por omisión− en la transgresión de los   derechos fundamentales que suscita la reclamación.    

En desarrollo de este precepto constitucional, el artículo 42 del   Decreto 2591 de 1991[50]  prevé los eventos en los cuales los particulares pueden ser sujetos pasivos de   la acción de tutela, entre los cuales se contempla la posibilidad de acudir a   este mecanismo de protección cuando el solicitante se encuentre en situación de   subordinación o indefensión respecto del demandado.    

A propósito de la indefensión, de vieja data la jurisprudencia   constitucional la ha descrito como la imposibilidad o impotencia en que se   encuentra alguien, en razón a determinadas circunstancias puntuales, para   repeler el agravio a sus derechos, lo que quiere decir que “(…) no tiene su   origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado   sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en   su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta   efectiva ante la violación o amenaza de que se trate (…)”[51].    

En ese contexto, se presume la indefensión en los sujetos de   especial protección constitucional[52],   como niños, niñas y adolescentes, dado que, por su evidente estado de   vulnerabilidad, no se encuentran en condiciones de reaccionar de forma eficaz y   oportuna frente a una situación que lesione o amenace sus derechos.    

Ahora bien: a propósito de la indefensión que se   materializa cuando la alegada vulneración o amenaza emana de una autoridad   futbolística, esta Corte ha señalado:    

“Las normas expedidas por las   organizaciones particulares que promueven y dirigen el espectáculo del fútbol,   son de naturaleza privada. Frente a estas disposiciones, el ordenamiento   jurídico no tiene previstas acciones o medios de defensa judicial – acciones de   nulidad o de inconstitucionalidad -, que permitan su control y aseguren la   protección de los derechos de sus destinatarios o de terceros. Es así como, las   personas afectadas por el contenido de estas directrices de carácter privado, se   encuentran en relación de indefensión frente a las organizaciones privadas que   las expiden, circunstancia que legítima el ejercicio de la acción de tutela.”[53]    

En el presente proceso fueron demandadas y   posteriormente vinculadas distintas entidades, algunas de las cuales, se anuncia   desde ya, no han estado involucradas en la controversia objeto de este   pronunciamiento. Tal es el caso de (i) la Dimayor –encargada del fútbol   profesional y no de un torneo infantil como la Liga Pony Fútbol–; (ii) la   Federación Colombiana de Fútbol –que si bien es el órgano rector del fútbol   colombiano no tiene injerencia en la organización del referido certamen–; (iii)   el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y Coldeportes –que son entidades   públicas cuyos objetos misionales, aunque relacionados con el deporte, no tienen   vinculación con el torneo a que se alude, promovido por organismos de carácter   privado–; (iv) la empresa Bavaria, que aunque fue vinculada por el juez de   instancia en razón a que en el escrito inicial se mencionó su calidad de   patrocinadora del campeonato[54], no se observa en el expediente que haya   incidido en la decisión disciplinaria censurada ni en las actuaciones   posteriores denunciadas por el actor; y, (v) la compañía Mapfre Colombia Vida   Seguros S.A. –pues su relación con el torneo se limitó a la expedición de las   pólizas de accidentes para los jugadores–.    

En ese sentido, conviene precisar que el extremo pasivo   de la demanda está conformado puntualmente por la División Aficionada del Fútbol   Colombiano –Difútbol–, la Liga de Fútbol de Bogotá, y la empresa CREARE Ltda.,   en sus calidades de organizadoras/gestoras del torneo Liga Pony Fútbol 2018.    

Bajo ese entendimiento, se observa que en el presente   asunto se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de las   entidades que tomaron parte en la organización y gestión del torneo Liga Pony   Fútbol 2018, específicamente la Difútbol, la Liga de Fútbol de Bogotá y la   empresa CREARE Ltda., comoquiera que a ellas se les atribuye el presunto hecho   vulnerador, y respecto de las mismas la menor María Paz Mora Silva y los niños   del equipo Dinhos se hallan en una posición de desventaja, dada la clara   asimetría que existe entre los órganos decisorios delegados por los propios   directores y patrocinadores de la competencia, y los menores de edad   participantes.    

Inmediatez. Dado que la acción de tutela está encaminada a proveer   una salvaguarda urgente de los derechos fundamentales del solicitante ante una   vulneración o amenaza grave e inminente, la formulación oportuna de la demanda   constitucional de amparo es un presupuesto primordial para la procedencia de   este mecanismo.    

La Resolución Extraordinaria No. 004-2018, mediante la   cual se ratificó la sanción impuesta al equipo Dinhos en el marco del   campeonato, data del 16 de octubre de 2018[55], y la demanda constitucional de amparo fue   radicada ante la autoridad judicial al día siguiente, el 17 de octubre de 2018[56], de lo cual se observa que la solicitud se presentó   casi que inmediatamente después de ocurrido el presunto hecho vulnerador.    

Por otro lado, si bien en el trámite de revisión   algunos intervinientes y la Liga de Fútbol de Bogotá informaron que el torneo   Liga Pony Fútbol 2018 ya se culminó en el pasado mes de diciembre[57], la Sala estima que la situación denunciada en el   libelo puede considerarse actual, habida cuenta de que en el tiempo transcurrido   desde la exclusión del equipo no se materializó ninguna fórmula de arreglo y el   promotor de la acción expresa que el agravio causado a la menor ha persistido,   lo cual explica que el 28 de marzo de 2019 se haya dirigido a la Corte para   solicitar la revisión del fallo de tutela proferido en instancia[58], pese a que para ese momento ya había   finiquitado el certamen.    

Subsidiariedad. Por su carácter excepcional, la acción de tutela sólo   procede ante la inexistencia de otros medios judiciales que permitan ventilar   las pretensiones del tutelante, o cuando a pesar de existir, aquellos carecen de   idoneidad o resultan ineficaces para el caso concreto, en razón a variables como   la urgencia de protección o la extrema vulnerabilidad del sujeto que reclama la   protección, o bien, cuando se promueve como mecanismo transitorio para evitar un   perjuicio irremediable.    

Lo anterior supone que si el asunto puede ser conducido   ante una autoridad jurisdiccional a través de un mecanismo ordinario, en   principio, deberán agotarse las etapas y las formas previstas en el ordenamiento   jurídico para cada proceso, y el juez de tutela no debe desplazar el   conocimiento del juez instituido para el efecto.    

Pues bien: en el caso bajo estudio, la Sala considera   que, dada la naturaleza del acto que se controvierte –esto es, de naturaleza   privada–, el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho, pues no existe   un medio distinto al cual los progenitores de la menor María Paz Mora Silva   puedan acudir para perseguir la protección de sus derechos fundamentales, dado   que, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional[59], el ordenamiento jurídico no contempla mecanismos   judiciales para controvertir las decisiones adoptadas por las organizaciones   particulares que dirigen el deporte.    

En tal sentido, de ninguna manera puede alegarse que la   falta de interposición de recursos en el marco de la actuación disciplinaria del   torneo excluya la procedencia de la acción de tutela, pues los mismos no   revisten las características propias de un mecanismo judicial, como la   garantía de imparcialidad, el alcance de las facultades de que goza el juez y   las maneras de restablecer los derechos conculcados, y teniendo en cuenta,   además, que para formular reclamaciones conforme a la reglamentación del torneo,   se requería el depósito previo de unos emolumentos[60], lo cual se tornaba en una exigencia   excesivamente gravosa para activar dichos mecanismos de impugnación. Aunado a   ello, la ausencia de claridad sobre cuál fue la falta imputada al equipo habría   impedido ejercer plenamente el derecho a la defensa dentro de tal escenario.    

Adicionalmente, en relación con los derechos de niños,   niñas y adolescentes, basta con señalar que la Carta ha dispuesto taxativamente   en su artículo 44 el carácter prevalente de los derechos de los menores de edad,   a lo que se añade el mandato superior que obliga al Estado a proteger   especialmente a las personas que, por diversas causas, se hallan en una   condición de mayor vulnerabilidad[61]. Como se mencionó en precedencia, dentro   del grupo de personas que se consideran sujetos de especial protección   constitucional, los menores son merecedores de una atención prioritaria por   parte del juez constitucional, lo que implica asumir una perspectiva   exenta de formalismos que se opongan a su interés superior.    

Pues bien: desde la perspectiva que ofrecen las   anteriores consideraciones, se observa que la solicitud de amparo promovida por   el señor Álvaro Mora Ríos satisface los requisitos mínimos de procedencia, por   lo que hay cabida a un estudio de mérito en torno a las pretensiones, de acuerdo   con el esquema trazado al formular el problema jurídico.    

ii) Los estereotipos de género en la formación de niñas   y niños    

El concepto de estereotipo alude a determinadas   ideas y suposiciones que son aceptadas y compartidas por un núcleo social y que   no se corresponden con la realidad o la distorsionan, no obstante lo cual   permanecen inalteradas en el pensamiento colectivo con el paso del tiempo.   Cuando esas creencias o prejuicios están referidas a las mujeres y a los hombres   o a las características de feminidad y masculinidad que aquellas y   estos desarrollan se suele hablar de estereotipos de género[62].    

El género, como categoría de análisis, permite   entender que las formas de pensar, de actuar y de relacionarse que usualmente se   atribuyen a mujeres y a hombres no son resultado de una configuración biológica   ligada al sexo de los seres humanos, sino un constructo cultural que va   perfilando los roles de las personas. Si bien las actitudes y comportamientos   típicamente considerados como femeninos o masculinos se derivan de la cultura,   dichas preconcepciones se han interiorizado en la sociedad a tal punto que se   han asumido como naturales.    

La antropóloga Marta Lamas define el género como la   simbolización cultural de la diferencia anatómica e indica que desde el   nacimiento la conciencia está habitada por el discurso social que determina qué   lugar le corresponde a cada individuo y qué es “propio” de cada sexo en las   distintas esferas de la vida; en ese sentido señala:    

“Existen múltiples representaciones   culturales de la constante biológica universal de la diferencia sexual. Las   representaciones son redes de imágenes y nociones que construyen nuestra manera   de ver, captar y entender el mundo. Las fuentes principales de nuestras   representaciones son tres: los preconceptos culturales, las ideologías (no en el   sentido marxista de falsa conciencia sino como discursos sociales) y la   experiencia personal. Vamos percibiendo estas representaciones desde la infancia   mediante el lenguaje y la materialidad de la cultura (los objetos, las imágenes,   etc.). La relativa al género antecede a la información sobre la diferencia   sexual. Entre los dos y los tres años, niñas y niños saben referirse a sí mismos   en femenino o masculino, aunque no tengan una elaboración cognoscitiva sobre la   diferencia biológica; diferencian la ropa, los juguetes y los símbolos más   evidentes de lo que es propio de los hombres y de lo que es propio de las   mujeres (del género).”[63]    

La filósofa Simone de Beauvoir declara que “no se   nace mujer: se llega a serlo”, para subrayar que las características y los   atributos que definen en la sociedad lo que es una mujer no es resultado de un   destino biológico, psíquico o económico, sino producto de la civilización. Los   rasgos específicos asociados a un arquetipo de feminidad que se muestran incluso   desde la infancia no obedecen a los instintos sino a una intervención externa   respecto de la niña, a quien desde los primeros años “su vocación le ha sido   imperiosamente insuflada”[64].    

En este contexto, la autora pone de relieve los   contrastes que existen entre las formas de aprendizaje de niños y niñas,   indicando que la pasividad que caracteriza a la mujer “femenina” es un rasgo   impuesto por los educadores y la sociedad, por lo que es falso que se trate de   una circunstancia biológica.    

En virtud de ese constructo cultural se implantan en   las y los menores de edad ciertos códigos y pautas de conducta que direccionan   la manera en que conforman su propia identidad. Así, describe que el niño “efectúa   el aprendizaje de su existencia como un libre movimiento hacia el mundo;   rivaliza en dureza e independencia con los otros niños, y desprecia a las niñas.   Trepando a los árboles, zurrándose con sus camaradas, compitiendo con ellos en   juegos violentos, toma su cuerpo como un medio para dominar a la Naturaleza y   como instrumento de combate; se enorgullece tanto de sus músculos como de su   sexo; a través de juegos, deportes, luchas, desafíos y pruebas, halla un empleo   equilibrado de fuerzas; al mismo tiempo, conoce las severas lecciones de la   violencia; aprende a encajar los golpes, a despreciar el dolor, a rechazar las   lágrimas de la primera edad. Emprende, inventa, osa.”[65]    

Por su parte, explica De Beauvoir, la niña suele   recibir un mensaje contrario: “le dan por amigas a otras niñas, la confían a   profesoras, vive entre matronas como en los tiempos del gineceo, se le eligen   los libros y los juegos que la inician en su destino, le vierten en el oído los   tesoros de la prudencia femenina, le proponen virtudes femeninas, le enseñan a   cocinar, a coser y a cuidar de la casa, al mismo tiempo que la higiene personal,   el encanto y el pudor; la visten con ropas incómodas y preciosas, que es preciso   cuidar mucho; la peinan de manera complicada; le imponen normas de compostura:   ‘Mantente erguida, no andes como un pato…’ Para ser graciosa, deberá reprimir   sus movimientos espontáneos; se le pide que no adopte aires de chico frustrado,   se le prohíben los ejercicios violentos, se le prohíbe pelearse; en una palabra,   la comprometen a convertirse, como sus mayores, en una sirviente y un ídolo.   Hoy, gracias a las conquistas del feminismo, cada vez es más normal animarla   para que estudie, para que practique deportes; pero se le perdona de mejor grado   que al muchacho su falta de éxito; al mismo tiempo, se le hace más difícil el   triunfo, al exigir de ella otro género de realización: por lo menos, se quiere   que sea también una mujer, que no pierda su feminidad.” [66]    

Desde la psicología, Monserrat Moreno enseña que los   modelos de comportamiento masculino y femenino a partir de los cuales se   construye la propia imagen y se guía la conducta, lejos de ser inherentes al   género humano, son establecidos por cada sociedad y son acatados por fuerza de   la costumbre, mas no por un ejercicio de reflexión racional:    

“[E]s la sociedad y no la biología o los   genes quien determina cómo debemos ser y comportarnos, cuáles son nuestras   posibilidades y nuestros límites. De ahí la necesidad de la educación. Si los   seres humanos se comportaran únicamente siguiendo sus impulsos biológicos, si   las conductas consideradas masculinas y femeninas fueran espontáneas, naturales,   y predeterminadas, no sería necesario educar tan cuidadosamente todos los   aspectos diferenciales, bastaría dejar que la naturaleza actuara por sí misma.   Por el contrario, el individuo humano es capaz de una variada gama de conductas   que no están aún determinadas en el momento de nacer. De todas las posibles   formas de actuación cada sociedad elige unas que constituyen su modelo y que se   van conformando y transmitiendo a lo largo de su historia, quedando rígidamente   establecidas como normas o pautas de conducta. Estas pautas o modelos no son las   mismas para todos los individuos, existen unas para el sexo femenino y otras   para el masculino, claramente diferenciadas.    

(…) [Los modelos de conducta] determinan   lo que está bien o lo que está mal, lo que se debe y lo que no se debe hacer y   cómo hay que reaccionar en cada momento determinado [y] constituyen el   sucedáneo del pensamiento inteligente porque implica la sumisión de la razón al   mandato de la costumbre establecida.”[67]    

De ello que tales patrones de comportamiento   estereotipados son susceptibles de ser modificados, pues no son innatos a los   seres humanos y, en realidad, proceden de la influencia que ejerce un esquema de   ordenación social sobre niñas y niños, mediante estímulos y represiones que   tienen lugar en contextos como la familia, la escuela y los medios de   comunicación.    

A su turno, la también psicóloga Ester Barberá expone   que los estereotipos de género no solo están orientados a describir los   comportamientos, sino que además tienen en la sociedad una importante función   prescriptiva, en la medida en que a partir de ellos se induce a las personas a   adoptar determinadas cursos de acción según las exigencias sociales   preconfiguradas:    

“Los sistemas de creencias no se limitan   a describir lo observado aunque sea esquemáticamente (función descriptiva), ni   tampoco son sólo estructuras representativas de conocimiento (función   explicativa), sino que sobre todo cumplen una función prescriptiva, referida a   «lo que debe ser» y «lo que debe hacerse». El componente prescriptivo de un   estereotipo está siempre sostenido por la estructura social. Es la   representación que cada cual se plantea de cómo los demás piensan que debe   comportarse. Por ejemplo, es posible que una mujer no desee formar una familia   ni tener hijos sino que quiera viajar y vivir de forma independiente. Sin   embargo, existe una presión social que contribuye a no salirse de lo   normativamente establecido, y entre dicha normativa está el deseo de que las   mujeres a una determinada edad se estabilicen con una pareja y tengan hijos. De   este modo, los estereotipos se ofrecen como modelos comportamentales,   suscitadores de acuerdo o desacuerdo, que marcan la conducta a seguir. Es   precisamente este componente prescriptivo el que confiere gran poder a los EG   (Fiske y Stevens, 1993). Ningún análisis psicológico de los EG puede obviar esta   función normativa que, en el caso de las relaciones entre los géneros, prescribe   posiciones de poder de los hombres sobre las mujeres.”[68]    

En ese contexto, la autora explica que los estereotipos   de género adoptan características multicomponenciales, es decir que   incluyen gran variedad de factores referidos a la personalidad de mujeres y   hombres, a sus preferencias y aficiones, e inclusive las características físicas   y las destrezas cognitivas de unas y otros:    

         

Estos estereotipos de género se pueden detectar en   múltiples ámbitos de la vida cotidiana, pero a la vez ellos, implícitamente, se   hallan a la base del relato hegemónico sobre la historia de la humanidad y la   construcción del conocimiento en las distintas áreas del saber, por lo cual los   discursos y las prácticas que los reproducen han aparentado por largo   tiempo tener una justificación objetiva y universal. No obstante, el anclaje   “científico” de la asimetría entre mujeres y hombres, que ha desencadenado la   discriminación sistemática de las primeras, también está sujeto a   cuestionamientos, en tanto producto cultural[69].    

Las reivindicaciones alcanzadas por los movimientos   feministas y la universalización de los derechos humanos, a partir del   reconocimiento de la dignidad inherente a todas la personas, han propiciado que   en la actualidad las niñas y las mujeres subviertan los tradicionales   estereotipos de género y avancen en el ejercicio de sus libertades más allá o   incluso por fuera de los condicionamientos culturales que se les han impuesto,   por ejemplo, mostrando que cuentan con las mismas capacidades y destrezas que   los varones, asumiendo actitudes y estilos de vida que desafían los roles   tradicionales, y logrando acceder, no sin dificultades, a espacios de la   sociedad que antes les eran vedados por considerarse reservados o privilegiados   para los hombres (v.gr. la profesionalización, el mercado del trabajo   remunerado, el desempeño de cargos de liderazgo, la política, etc.), aunque los   estereotipos de género siguen siendo una constante que se debe combatir.    

Importantes manifestaciones de los esfuerzos por   derruir progresivamente los prejuicios basados en el género desde el ámbito   jurídico-político se encuentran, por ejemplo, en varios instrumentos   internacionales de protección de los derechos humanos.    

La Convención sobre la eliminación de todas las   formas de discriminación contra la mujer –CEDAW– en su artículo 5 impone a   los Estados la obligación de “modificar los patrones socioculturales de   conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los   prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén   basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos   o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.    

En la Declaración sobre la eliminación de la   violencia contra la mujer, en su artículo 4, literal j), los Estados se   comprometen a “adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el   sector de la educación, para modificar las pautas sociales y culturales de   comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las   prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la   inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles   estereotipados al hombre y a la mujer.”    

Asimismo, la Convención Interamericana para   prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –Convención de   Belem do Pará–, proclama en su artículo 6, literal b), “el derecho de la   mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de   comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de   inferioridad o subordinación”, y en su artículo 8, literal b), dispone que   los Estados convienen en adoptar medidas orientadas a “modificar los patrones   socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de   programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del   proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo   de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de   cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la   mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer.”    

iii) La discriminación por razón de género en el   deporte    

La práctica del deporte es un campo en el cual se han   hecho notar con especial acento los estereotipos de género. La deportista e   investigadora Élida Álfaro[70] explica que, en la Grecia clásica, los   juegos olímpicos antiguos estaban reservados a los varones y las mujeres se   limitaban a ser espectadoras ‒en gradas separadas‒ y a coronar a los campeones,   siendo excepcionalísimo el caso de Cinisca, mujer espartana que fue pionera en   ganar las carreras de cuádrigas. Al establecerse los juegos olímpicos modernos a   principios del siglo XX, su fundador Pierre de Coubertin, al referirse a la   presencia de las mujeres en los juegos manifestó: “Impracticable, carente de   interés, antiestético e incorrecto. La concepción de los Juegos tiene que   responder a la exaltación periódica y solemne del atletismo, la lealtad como   medio, el arte como marco y los aplausos femeninos como recompensa”, por lo   que la participación de ellas se restringía apenas al golf y al tenis, que eran   considerados adecuados con la “naturaleza femenina”[71]. La incorporación de las mujeres al deporte fue   avanzando de manera gradual, con un limitado número de participantes, solo en   algunas competiciones y con escasa atención por parte de la sociedad; solo hasta   2012, las olimpiadas de Londres “fueron los primeros Juegos en los que se   presentaron mujeres a competir en todos los deportes del programa olímpico”   y apenas muy recientemente, en las olimpiadas de Río de Janeiro de 2016, la   participación de las mujeres ascendía al 45% del total de los atletas:   aproximadamente 4700 mujeres representando a sus países en 306 eventos.[72]    

En virtud de una extensa tradición, entonces, la   actividad física y el deporte han sido asociados a lo masculino, lo cual,   en un orden social dicotómico basado en estereotipos sexistas, se contrapone a   lo femenino, a partir de una interpretación generizada  de los cuerpos de los hombres y las mujeres:    

         

Bajo esta rúbrica, en el deporte, en tanto expresión   cultural que transmite valores y define identidades, se han reforzado los   estereotipos enfocados en delinear la personalidad y los comportamientos de   mujeres y hombres desde la infancia, lo que se ha constituido en una barrera   para que aquellas se impliquen en igualdad de condiciones en las disciplinas de   la actividad física:    

“El deporte es un ámbito tradicionalmente   masculino que, además de asumir los estereotipos asignados socialmente a cada   sexo, ha justificado y perpetuado la poca presencia de las mujeres en todos los   niveles del deporte, basándose en la creencia de que ellas no están capacitadas   para hacer deporte, para competir, para hacer esfuerzo físico. Después de más de   cien años, ha quedado patente que las teorías que avalaban estas creencias no   tienen fundamento científico, que la supuesta superioridad en capacidades y   habilidades físicas de los hombres se debe, fundamentalmente, a motivos   culturales y educaciones. A pesar de ello, las mujeres siguen discriminadas en   todos los niveles del ámbito deportivo, ya que, el mito de la falta de capacidad   de las mujeres para desarrollar las cualidades físicas ha legitimado la   construcción social de otras nuevas creencias: la falta de interés, de gusto por   el riesgo, de eficacia en los diferentes aspectos del deporte (práctica   deportiva, competición, gestión, dirección, labores técnicas o arbitrales), etc.   En definitiva, desde la infancia se limita el acceso de las mujeres al deporte,   lo que las excluye de los efectos saludables y placenteros de la actividad   física y cuando consiguen acceder se infravaloran sus actividades y logros, y se   las discrimina manifiestamente, por ejemplo, a través de la concesión de menos   recursos y de inferior calidad por parte de las entidades deportivas.”[73]    

Así, a lo largo de la historia, desde las clases de   educación física en la escuela se han reproducido en el proceso de aprendizaje   los prejuicios culturales sobre las conductas asociadas a la feminidad y a la   masculinidad, mediante la promoción de actividades diferenciadas para niñas y   niños, que se orientan a perfilar desde temprana edad el rol asignado a mujeres   y hombres:    

“[D]urante los siglos XVIII y XIX y gran   parte del sigo XX las prácticas educativas se han materializado en base a una   currícula con materias que estaban generizadas. Es decir que las disciplinas   estaban dirigidas a consolidar ciertas masculinidades y femineidades. En el caso   de la Educación Física se establecían para las clases de los varones los   ejercicios militares (marchas, contramarchas, movimientos uniformes de flanco,   etc.) orientados a la formación del soldado ciudadano y para las mujeres   actividades vinculadas con la gimnasia rítmica, danzas, ejercicios que no fueran   violentos, algunos juegos (pasivos, suaves y que no persiguieran fuertes   contactos corporales), etc. Es decir tareas dirigidas a la construcción de   cierta feminidad vinculada especialmente con la maternidad, la reproducción y el   ámbito de lo doméstico. La disciplina Educación Física instalaba un orden   corporal que contribuía a configurar cierta masculinidad y feminidad.”[74]    

El hecho de que se promuevan actividades físicas   diferenciadas a niñas y a niños conlleva que los menores asimilen e interioricen   los patrones que les son impuestos y que, por lo tanto, en su proceso de   desarrollo, terminen por afianzar determinadas habilidades, capacidades y   destrezas, al paso que otras van quedando rezagadas, pese a que el potencial de   explotarlas exista. Así, por ejemplo tradicionalmente a los niños se les ha   animado a practicar actividades al aire libre que les exigen utilizar su   coordinación y agilidad ante estímulos externos, mientras que a las niñas se les   han fomentado actividades más pasivas que implican precisión como las   manualidades; a fuerza de repetir estos patrones culturales, más tarde, es   posible que los dibujos de los niños sean más rudimentarios que los realizados   por niñas, y que si se le lanza por sorpresa un objeto a una niña, eventualmente   su reacción sea agacharse o intentar protegerse en vez de atajarlo, por no estar   familiarizada con ello[75].    

De ese modo, aunque las destrezas son resultado de la   educación impartida –que estimula unos aspectos del desarrollo y cercena otros[76]–, en la cultura se termina asumiendo sesgadamente que   “por naturaleza” las niñas tienen mejor motricidad fina y los niños tienen   mejores reflejos, lo que implica que a ellas se les incentiven actividades como   la danza o la gimnasia y a ellos se les aliente a practicar el fútbol o el   baloncesto ‒deportes que además gozan de mayor reconocimiento social‒. Estas   circunstancias inevitablemente terminarán influyendo en sus aptitudes y   actitudes, habida cuenta de que en el juego se emula y refleja la realidad:    

“[L]as principales diferencias entre   hombres y mujeres, chicos y chicas, niños y niñas se manifiestan en sus roles   sociales, pero estos influyen de tal manera que van marcando características de   su personalidad, formas de comunicación, autoestima, percepción y seguridad de   sí mismos. Si salimos a la calle y observamos los juegos infantiles apreciaremos   que los niños son más brutos, se pegan más, juegan a peleas y guerras, son más   ruidosos, mientras que las niñas participan en juegos más pasivos, con muñecas,   no se pelean tanto (al menos físicamente), son más obedientes y calladitas. Si   observamos a chicos y chicas las diferencias aún son mayores, y ellos se   interesan por los deportes, los coches, ser más fuertes para atraer, ser más   agresivos y duros, mientras que ellas son más coquetas, dulces y pacientes.”[77]    

Bajo este esquema sexista, el acceso de las mujeres al   deporte ha sido lento y ha estado plagado de obstáculos, pues, en ocasiones,   aquellas que se animan a desafiar las imposiciones culturales son criticadas y/o   estigmatizadas bajo los prejuicios de que el deporte las “masculiniza” o que   practicarlo es perjudicial para su salud, no encuentran suficiente apoyo en sus   círculos más próximos, no reciben el mismo entrenamiento ni el patrocinio que se   da a los varones para llegar a un nivel de alto rendimiento, se les restringen   significativamente los recursos, sus certámenes deportivos son considerados de   segunda categoría y se les brinda escasa atención por parte de la sociedad (por   ejemplo, en términos de cobertura mediática) en comparación con los hombres,   entre otros fenómenos de discriminación que acaban por invisibilizar sus   esfuerzos y sus méritos. De ese modo, las representantes del deporte femenino   difícilmente alcanzan a aproximarse a los íconos del deporte masculino en   términos de notoriedad, admiración y prestigio, al punto que, en el pensamiento   colectivo, muchas de ellas terminan por sobresalir en el deporte  a pesar de ser mujeres.    

Por otro lado, las exigencias impuestas a las mujeres   en razón del rol social que históricamente les ha sido asignado impiden que   ellas tengan la posibilidad de dedicar el mismo tiempo que los hombres a los   espacios lúdicos y al deporte, pues por lo regular ellas se ven compelidas a   atender simultánea y conjuntamente diversidad de tareas (de cuidado de las   personas dependientes, de labores domésticas, de productividad en el mercado   laboral, etc.), lo que las obliga a intensificar sus tiempos y ritmos de trabajo   para satisfacer las demandas de todos los ámbitos[78], quedándoles muy pocos espacios para buscar   realizarse a plenitud en otras áreas como la actividad física; dilemas a los que   usualmente no se tienen que enfrentar los hombres.    

Empero, en este contexto también las reivindicaciones   de los movimientos de mujeres y la universalización del discurso de los derechos   humanos se han hecho sentir, y la evolución de la sociedad en esa dirección ha   despertado críticas a las dinámicas sexistas en el deporte:    

“[E]l machismo tradicional empobrece la   práctica deportiva, impidiendo y limitando el desarrollo de las personas. Este   aspecto crea la necesidad de desarrollar programas a edades tempranas, que   incentiven la participación y elección de actividades físico-deportivas a niños   y niñas por igual, para que su representación sea más igualitaria en el deporte   de competición.    

Por todo ello, es fundamental trabajar una   educación desde los niveles más inferiores del ámbito educativo, para fomentar   los valores de igualdad y respeto ante las posibilidades y libertades de los   niños y niñas en practicar el deporte que deseen, sin estereotipos sexistas que   «castren» sus anhelos y sueños, solo por su género.”[79]    

Con esa renovada perspectiva, la coeducación[80] es una de las fórmulas a través de las cuales se ha   propuesto superar los modelos tradicionales que suponen la formación segregada   de niñas y niños, a fin de enfrentar de manera progresiva los fenómenos de   discriminación. Trasladada al ámbito de la educación física, la coeducación   implica que niñas y niños compartan espacios comunes, pero más allá de eso,   exige la superación de los estereotipos basados en el género que inhiben el   desarrollo de las capacidades de unas con otros, en igualdad[81].    

La progresiva conquista de la igualdad en muchos   espacios de la sociedad ha incidido en que el deporte se haya venido   transformando cada vez más en un escenario para la emancipación y el   empoderamiento de las mujeres y las niñas:    

“Las niñas y las mujeres que se dedican   al deporte abren las restricciones que imponen los estereotipos de género, pero   el deporte también les da acceso a la esfera pública. Les proporciona canales   hacia la información y el aprendizaje y hacia nuevas y valiosas capacidades para   la vida. Les permite trabar amistades, expandir sus redes sociales y disfrutar   de la libertad de expresión y movimiento. A través del deporte, las niñas pueden   beneficiarse de la tutoría de adultos de confianza. Al enfrentarse a niñas que   asumen un nuevo rol, los niños aprenden acerca de sus fortalezas, capacidades y   contribuciones, lo que puede ayudar a que reformulen sus ideas sobre lo que las   niñas deben o no hacer. El deporte puede contribuir a transformar los modos en   que las niñas se ven a sí mismas y el modo en que las ven sus familias, sus   pares y sus comunidades.”[82]    

iv) El derecho a la recreación y al deporte    

Desde el artículo 52 de la Constitución se reconoce que   el deporte en todas sus manifestaciones tiene como función la formación integral   y la preservación de la salud y el desarrollo del ser humano, y se consagran la   recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre como   un derecho de todas las personas, vinculado a la educación. Asimismo, se dispone   que el Estado tiene la obligación de incentivar este tipo de actividades, e   inspeccionar, vigilar y controlar las organizaciones deportivas, cuya estructura   y propiedad deberán ser democráticas.    

A la vez, el artículo 44 de la Carta contempla la   recreación como uno de los derechos prevalentes de que son titulares niños,   niñas y adolescentes, de los cuales se desprende una obligación correlativa de   garantía y protección en la que concurren la familia, la sociedad y el Estado.    

En el ámbito internacional, fue a partir de la Carta   Internacional de la Educación Física y el Deporte, adoptada por la   Conferencia General de la UNESCO el 21 de noviembre de 1978, que se reconoció   por primera vez al   deporte y la actividad física como un derecho humano indispensable para el pleno   desarrollo de la personalidad, que se le debe garantizar a todas las personas en   igualdad de oportunidades para mejorar su condición física y alcanzar el nivel   de realización deportiva correspondiente a sus dones.    

En consonancia, la Convención   Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de   1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas e incorporada a la   legislación nacional mediante la Ley 12 de 1991, prescribe en su artículo 31 lo siguiente: “1. Los Estados Partes reconocen el   derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades   recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y   en las artes. 2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño   a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán   oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida   cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.”    

Por vía jurisprudencial, la Corte ha interpretado el   alcance y contenido del derecho a la recreación y al deporte[83], refiriéndose a la   práctica deportiva, como un derecho fundamental y, simultáneamente, como una   actividad de interés público y social, “cuyo ejercicio, tanto a escala   aficionada como profesional, debe desarrollarse de acuerdo con normas   preestablecidas que, orientadas a fomentar valores morales, cívicos y sociales,   faciliten la participación ordenada en la competición y promoción del juego y, a   su vez, permitan establecer las responsabilidades de quienes participan directa   e indirectamente en tales eventos. Estas reglas, que son necesarias para   conformar y desarrollar una relación o práctica deportiva organizada, se   constituyen en fuentes de conducta obligatorias en tanto no comprometan el   núcleo esencial de los derechos fundamentales consagrados y garantizados por la   Constitución Política.”[84] A su vez, la   jurisprudencia ha precisado que, conforme a las obligaciones que le han sido   conferidas, el Estado debe “considerar y preservar la autonomía de las   organizaciones deportivas, pero que dicha autonomía institucional no puede   erigirse en obstáculo para la protección y realización de los derechos   fundamentales de quienes ejercitan el deporte, sino por el contrario, en   instrumento especialmente eficaz de protección y realización de  aquellos.”[85]    

Desde esta perspectiva, esta Corporación ha recalcado   la importancia del fomento de la actividad física dentro del Estado social de   Derecho[86] y ha reconocido el derecho   a la recreación y la práctica del deporte como una garantía autónoma[87], enfatizando su naturaleza   fundamental “para el desarrollo psicofísico y la integración social de   sujetos de especial protección constitucional, como son las personas en   situación de discapacidad o los niños en edad escolar”[88].    

Desde sus pronunciamientos más tempranos, este Tribunal   ha destacado el carácter dignificante del deporte y ha reconocido la recreación   como una “actividad inherente al ser humano y necesaria tanto para su   desarrollo individual y social como para su evolución”[89], gracias a la cual las   personas asimilan el entorno que las rodea y se adaptan a él mediante la   creación de un orden que favorece su propio progreso:    

“Una de las manifestaciones más   importantes de la recreación es el juego. En él se encuentran incluidos todos   los elementos mencionados anteriormente. Se crea un orden determinado en el cual   se puede participar, tanto como jugador como espectador. Se imponen, como en   cualquier orden, unos límites determinados y unas reglas de juego. A través del   juego las personas no solo recrean un orden, sino que aprenden a moverse en ese   orden, a adaptarse a él y a respetar sus reglas.    

La recreación, por lo   tanto, cumple un papel definitivo en el aprendizaje del individuo como miembro   de una sociedad que posee su propio orden. Este papel educativo tiene especial   relevancia cuando se trata de personas cuyo desarrollo es todavía muy precario.   Así, la mejor manera como puede enseñarse a un niño a socializarse es mediante   el juego. Es también mediante la recreación que se aprenden las bases de la   comunicación y las relaciones interpersonales.    

En el contexto   constitucional, es claro que la recreación cumple un papel esencial en la   consecución del libre desarrollo de la personalidad dentro de un marco   participativo-recreativo en el cual el individuo revela su dignidad ante sí   mismo y ante la sociedad.”[90]    

En esa misma línea, el Fondo de Población de las   Naciones Unidas sostiene que muchos países y organismos internacionales han   avanzado al incorporar el deporte en sus agendas, dada la relevancia que tiene   tanto para el bienestar del individuo, como para el mejoramiento de la   comunidad, además de su contribución al afianzamiento de valores entre la niñez   y la juventud:    

“1 La participación regular en   actividades deportivas promueve el buen estado físico, fortalece la autoestima y   la confianza y disminuye el estrés y la depresión. 2 Por medio de sus valores   universales de buen estado físico, juego limpio, trabajo en equipo y búsqueda de   la excelencia, el deporte puede mejorar la vida de individuos y comunidades, y   crea espacios seguros, sobre todo para las niñas. El deporte puede hacer sentir   a los jóvenes que forman parte de una comunidad que va más allá de sus familias   y ayudarlos a conectarse con sus pares y con los adultos. Puede ponerlos en   contacto con nuevas ideas y posibilidades y darles acceso a recursos,   oportunidades y aspiraciones en su camino a la adultez.”[91]    

Así pues, de conformidad con el principio de interés   superior del menor, el derecho a la recreación y al deporte, aunque está en   cabeza de todas las personas, adquiere un acento especial para el sector más   joven de la población, quienes gracias a la actividad física potencian su   desarrollo personal, optimizan sus habilidades y destrezas de manera integral y   alcanzan competencias necesarias para la vida en sociedad.    

Con fundamento en lo anterior, ha de colegirse que el   derecho a la recreación y al deporte tiene un valor preponderante en nuestro   ordenamiento superior en razón de su relación directa con la dignidad humana, y   a la vez es plataforma para la efectividad de otros derechos, tales como la   salud, la educación, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de   asociación, al tiempo que favorece la promoción de principios constitucionales   como la   convivencia pacífica, la participación, la solidaridad, la igualdad y la paz.    

Además, el derecho a la recreación y al deporte cobra   máxima relevancia cuando se vincula al principio de interés superior de los   menores de edad, en razón de la cláusula de protección prevalente que prevé la   Constitución a favor de niñas, niños y adolescentes.    

v) El derecho a la igualdad y no discriminación por   razón de sexo    

La base fundamental sobre la cual se erige el Estado   social y democrático de derecho es el respeto por la dignidad humana, que es   intrínseca a todas las personas, sin excepción, por el solo hecho de serlo. Así,   ningún orden jurídico, político y social que se precie de valorar la democracia   y la justicia puede reconocer más o menos valor a unos individuos sobre otros,   ni puede ser condescendiente ante la marginación de un grupo humano.    

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y   Políticos  proclama en su preámbulo que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo   tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros   de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”; en su   artículo 3 enuncia el compromiso de todos los Estados de garantizar a hombres y   mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos de que   trata dicho instrumento; y, en su artículo 26 prescribe que todas las personas   son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección sin discriminación   por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de   cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o   cualquier otra condición social.    

De igual manera, la Convención Americana sobre   Derechos Humanos establece, en su artículo 24, que todas las personas son   iguales ante la ley, lo que implica el derecho de todas y todos, sin   discriminación, a recibir igual protección de la ley.    

Bajo esta misma inspiración, la Constitución de 1991   consagró el derecho fundamental a la igualdad en su artículo 13, a cuyo tenor   todas las personas son iguales ante la ley, merecen el mismo trato por parte de   las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin   discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,   religión, opinión política o filosófica.    

Pero a la vez, la constituyente no observó con   indiferencia el continuo histórico de exclusión y violencia que ha signado la   relación entre la sociedad –marcadamente androcéntrica– y las mujeres, y por lo   tanto dedicó una cláusula específica a conjurar esta manifestación concreta de   desigualdad que, por definición, se opone a la idéntica dignidad que se reconoce   a todas las personas. Reza el artículo 43 superior: “La mujer y el hombre   tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a   ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará   de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio   alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará   de manera especial a la mujer cabeza de familia.”    

Tomando como punto de partida que la reivindicación de   la igualdad y la dignidad de las mujeres es un asunto que concierne a todo el   género humano, la preocupación por las condiciones de discriminación a que se ha   sometido a las mujeres se ha plasmado en instrumentos internacionales dirigidos   especialmente a abordar esta problemática, tal como la Convención sobre la   eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW–,   que reconoce el aporte de las mujeres al progreso de la sociedad, por lo que   señala que obstruir sus posibilidades de participación en la vida política,   social, económica y cultural de su país en las mismas condiciones de los   hombres, frustra su potencial de desarrollo para servir a su país y a la   humanidad. En ese sentido, defiende que “la máxima participación de la mujer en todas las esferas,   en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo   pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.” En su artículo 1, la CEDAW define   la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o   restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o   anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de   su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los   derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,   económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”    

En concordancia, la jurisprudencia de la Corte   Constitucional ha reconocido la discriminación histórica que ha relegado a las   mujeres, y ha reflexionado en torno al fenómeno estructural de la desigualdad en   razón del sexo, señalando que “El principio de tratamiento igual reconocido   constitucionalmente se configura, entonces, en un derecho fundamental de cuyo   respeto depende la dignidad y la realización de la persona humana. En   consecuencia, cualquier acto que pretenda ‘anular, dominar o ignorar a una   persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o perjuicios sociales o personales’, como puede serlo el sexo,   es un acto discriminatorio proscrito por la Constitución.”[92]    

Esta Corporación también ha indicado, desde sus   albores, que si bien, en principio, no existe justificación para otorgar un   trato diferenciado en razón del sexo, no se trata de un principio absoluto que   prescriba un tratamiento idéntico en todos los casos, pues eventualmente es   válido que, en procura de una auténtica igualdad material, se adopten medidas   afirmativas en favor de las mujeres, teniendo en cuenta el largo trayecto de   discriminación al cual han sido sometidas[93]. Dado que la igualdad que persigue la   Constitución no es puramente formal, se sigue que “en algunos eventos se   justifican diferenciaciones en aras de terminar con la histórica discriminación   que ha sufrido la población femenina. En este sentido se ‘autoriza, dentro de un   principio de protección, la toma de medidas positivas, dirigidas a corregir   desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la   igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales.’[94]”[95]    

En este contexto se inscribe la denominada   discriminación inversa o positiva, que se concreta a través de   acciones afirmativas, las cuales son medidas “dirigidas a corregir las   desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la   igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económico y social.”[96] En tal sentido, se ha interpretado que el trato   diferenciado que prohíbe la constitución es aquella discriminación que implica   un trato desfavorable[97], ya que si está encaminada a crear planos   de igualdad real se entiende legítima.    

Llegado este punto, es preciso reparar en que la   discriminación por razón de sexo se concreta a través de múltiples formas. Al   analizar estas expresiones dentro del ámbito normativo, la jurisprudencia ha   encontrado que, en su sentido más elemental, el trato discriminatorio se   proyecta, como se viene exponiendo, en la consideración del sexo –o también del   género en tanto interpretación cultural de la diferencia sexual– como criterio o   pauta para la adjudicación de derechos o la configuración determinados estatus   jurídicos, pues ello se opone abiertamente a la prohibición de trato   indiferenciado. Empero, también se produce una discriminación por razón del sexo   cuando, con la apariencia de pretender otorgar algún grado de protección a las   mujeres, se las termina minusvalorando, segregando y excluyendo del pleno   ejercicio de sus libertades bajo un paternalismo incompatible con la autonomía   y, por lo tanto, con la dignidad:    

“[L]a otra forma de discriminación que ha   detectado la Corte Constitucional, referente a la prohibición de discriminar por   razón del género, consiste en la adopción de medidas normativas que en principio   buscan proteger a la mujer. Pero, lo cierto es que la supuesta protección que   dispensan, de un lado termina perjudicándolas más que favoreciéndolas, y de   otro, tiene como sustento nociones que ‘…perpetúan estereotipos culturales y,   en general, una idea vitanda, y contraria a la Constitución, que la mujer es   inferior al hombre’[98]. De esta manera, aunque no directamente, se   incurre en discriminación de las mujeres. Por ello, no sólo están prohibidas las   diferenciaciones normativas que directamente adjudican consecuencias jurídicas   diferentes a hombres y a mujeres sin que se pretenda favorecer a éstas, sino que   también resultan contrarias a la Constitución, aquellas diferenciaciones   normativas que pretenden proteger a las mujeres sobre la base de que ellas son   débiles, vulnerables, inferiores o cualquier otro estereotipo ofensivo o dañoso.   A lo anterior se le puede denominar prohibición de discriminaciones indirectas.”[99]    

Previa esta salvedad respecto de cuándo resulta válida,   conforme a la Constitución, un trato que conlleve modulación del principio de   igualdad, vale subrayar que las acciones afirmativas tienen cabida en todos los   escenarios en los que los órganos del Estado adopten medidas que propenden a   equilibrar el desbalance social que, por motivos culturales, se presenta entre   mujeres y hombres.    

Por otro lado, se relieva que en el ejercicio de la   función jurisdiccional cobra la máxima importancia la incorporación de una   perspectiva de género, bajo la premisa de que la única forma de materializar   el mandato constitucional de garantizar un orden justo es el entendimiento de   que las asimetrías presentes en la sociedad se trasladan de igual forma a las   controversias jurídicas en todos los niveles, lo cual exige mecanismos dirigidos   a corregir los patrones discriminatorios y a asegurar una tutela judicial   efectiva de cara a la desigualdad material que enfrentan las mujeres. Sobre este   punto, la jurisprudencia ha indicado que cuando lo que se ventila en el proceso   es la vulneración de los derechos de las mujeres, la imparcialidad del juez   consiste, precisamente, en atender a un enfoque diferencial, exento de   estereotipos de género[100].    

De lo expuesto, hay que concluir que, como lo ha   subrayado esta Corte, “aun cuando la igualdad formal de género se ha   incorporado progresivamente al ordenamiento jurídico colombiano, la igualdad   material todavía constituye una meta, demostrada en la subsistencia de   realidades sociales desiguales.”[101]    

vi) El principio de legalidad en el marco del derecho   al debido proceso    

El derecho al debido proceso es la garantía sobre la   cual se edifica el modelo de Estado social de derecho, en tanto se constituye   como un límite a la arbitrariedad de las autoridades y sujeta la relación entre   estas y las personas a la racionalidad de normas. Dichas normas no son resultado   de una imposición, sino que previamente se han sometido al debate y la   aprobación de asociadas y asociados, a través de sus órganos representativos.    

En la Constitución de 1991, el derecho fundamental al   debido proceso está previsto en el artículo 29 superior, cuya primera garantía   es el principio de legalidad, el cual consiste en que ninguna persona puede ser   juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le endilga.    

En concordancia, a nivel de bloque de   constitucionalidad, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos   Humanos, y el 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,   se refieren al principio de legalidad al establecer que nadie será condenado por   actos u omisiones que en el momento de cometerse no estuvieran proscritos por el   derecho, como tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento   de la comisión de la conducta.    

La   jurisprudencia constitucional ha señalado que “el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del   principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder   público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud   del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma   omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando   las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos   mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos.”[102]    

Dentro de esta comprensión general del derecho al   debido proceso, el principio de legalidad es esencial para la validez de las   decisiones que afectan a los particulares, pues en virtud del mismo se conjuran   los desafueros en la adopción de medidas de control sobre el individuo, en tanto   se impone a las autoridades subordinar o ajustar sus actuaciones a los   derroteros previamente establecidos y ceñirse a los márgenes fijados por la ley,   al paso que se armonizan sobre una base democrática el interés general y la   efectividad de los derechos fundamentales. Sobre el particular, la Corte ha   destacado:    

“El principio concreta un mandato   consustancial al constitucionalismo: la interdicción de la arbitrariedad y su   remplazo por una racionalidad instrumental al logro de la dignidad humana; la   adopción de decisiones razonables, entendidas como aquellas que persiguen los   fines esenciales del Estado y especialmente la efectividad de los derechos   fundamentales; y la elección de medios que no afecten o sacrifiquen intensamente   otros principios del orden superior.    

Dentro de las garantías del debido proceso   el principio de legalidad ocupa un lugar central. Este principio cumple, en el   marco de un Estado constitucional de derecho, un conjunto de finalidades   significativas. Permite a los ciudadanos ajustar su conducta al marco de los   mandatos elegidos en el foro democrático para el desarrollo de la vida social en   armonía y para la consecución de los fines esenciales del Estado. Además, posee   un valor epistémico, pues el ciudadano conoce, gracias al principio de   publicidad, lo que está permitido y lo que está prohibido desde el punto de   vista del derecho, y representa una garantía primordial para la libertad humana,   gracias a la cláusula de cierre, según la cual todo aquello que no esté   expresamente prohibido por la ley debe considerarse permitido.”[103].    

Desde esta perspectiva, el principio de legalidad se   yergue como una protección al individuo frente al ejercicio desmedido del poder,   pues exige que las conductas de relevancia jurídica y las consecuencias que se   les atribuye a las mismas estén contempladas previamente en el ordenamiento, de   manera que quienes son destinatarios de la regulación puedan guiar sus acciones   con la certidumbre de qué es lo que está permitido y qué es lo que está   prohibido, sin correr el riesgo de ser sancionados por la sola discreción de la   autoridad, lo que se vincula, a su vez, con el valor de la seguridad jurídica   como presupuesto de la convivencia pacífica.    

En ese sentido, en el contexto de la imposición de   sanciones el principio de legalidad implica la definición clara, precisa e   inequívoca[104] de las conductas   susceptibles de castigo, como condición para que las personas, en el amplio   marco que supone el ejercicio de su autonomía, logren identificar los límites de   la licitud de sus actos y puedan ceñir a ellos su comportamiento. Este principio   es, entonces, “garantía epistémica de la libertad y la dignidad humana, en   tanto la capacidad de toda persona para auto determinarse”[105].    

Ahora bien: los particulares no están exentos de acatar   este principio fundamental del debido proceso, teniendo en cuenta que entre los   entes de derecho privado y los individuos se pueden presentar relaciones de   sujeción en las cuales las garantías constitucionales jamás pueden resultar   sacrificadas por actuaciones abusivas de quien ejerce una posición de poder.   Bajo esa comprensión, esta Corte ha subrayado que “el derecho fundamental al   debido proceso es exigible, tanto para las entidades estatales y sus   actuaciones, como también para los particulares, pues un Estado social de   derecho debe garantizar en toda relación jurídica unos parámetros mínimos que   protejan a las personas de actos arbitrarios e injustificados que atenten contra   otros derechos fundamentales.”[106]    

De modo, entonces, que el debido proceso y, en   concreto, el principio de legalidad, no condiciona solamente las relaciones   entre el poder del Estado y el individuo, sino que también es una garantía que   se irradia plenamente a las relaciones entre particulares, pues allí también   está presente la fuerza vinculante de la Constitución como un escudo para la   persona frente a la arbitrariedad, y aún con mayor acento cuando se trata de la   imposición de sanciones:    

“[E]n todos los campos donde se   haga uso de la facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de   un sujeto para imponer sanciones o castigos, deben ser observados los requisitos   o formalidades mínimas que integran el debido proceso. Mandato que, dada su   naturaleza, no sólo involucra u obliga a las autoridades públicas,  en el   sentido amplio de este término, sino a los particulares que se arrogan esta   facultad, como una forma de mantener un principio de orden al interior de sus   organizaciones (v. gr. establecimientos educativos, empleadores, asociaciones   con o sin ánimo de lucro, etc.). Razón que hace indispensable que los entes de   carácter privado fijen unas formas o parámetros mínimos que delimiten el uso de   este poder y que permitan al conglomerado conocer las condiciones en que puede o   ha de desarrollarse su relación con éstos. Es aquí donde encuentra justificación   la existencia y la exigencia que se hace de los llamados reglamentos, manuales   de convivencia, estatutos, etc., en los cuales se fijan esos mínimos que   garantizan los derechos al debido proceso y a la defensa de los individuos que   hacen parte del ente correspondiente.    

Se hace referencia a unas   reglas mínimas que deben estar contenidas en estos reglamentos, para denotar que   existen una serie de materias o áreas, en las que el debido proceso está   constituido por un mayor número de formalidades y procedimientos, que integran   ese mínimo irreductible que debe ser observado, a fin de proteger derechos   igualmente fundamentales”.[107]    

Como se ha dicho, la dignidad humana está   inescindiblemente vinculada a la garantía del debido proceso en todos los   escenarios, y bajo ese supuesto básico del Estado social de derecho no caben   excepciones a su exigibilidad en el marco de la imposición de sanciones por   parte de entes particulares. Así lo ha establecido esta Corporación al señalar   que “[l]a garantía del debido proceso ha sido establecida en favor de la   persona, de toda persona, cuya dignidad exige que, si se deducen en su contra   consecuencias negativas derivadas del ordenamiento jurídico, tiene derecho a que   su juicio se adelante según reglas predeterminadas, por el tribunal o autoridad   competente y con todas las posibilidades de defensa y de contradicción, habiendo   sido oído el acusado y examinadas y evaluadas las pruebas que obran en su contra   y también las que constan en su favor. No podría entenderse cómo semejante   garantía, reconocida al ser humano frente a quien juzga o evalúa su conducta,   pudiera ser exigible únicamente al Estado. También los particulares, cuando se   hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos, están obligados por la   Constitución a observar las reglas del debido proceso, y es un derecho   fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los fundamentos   y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados.”[108]    

En línea con ello, esta Corte ha indicado que las   facultades sancionatorias, ya sea que estén en cabeza de estamentos públicos o   privados, deben desplegarse dentro de un margen de razonabilidad y   proporcionalidad[109] y deben observar, en todos   los casos, unos presupuestos mínimos que hacen parte del núcleo del derecho al   debido proceso, a saber: “(i) el principio de legalidad, de manera que   el procedimiento se sujete a las reglas contenidas en el reglamento o cuerpo   normativo respectivo; (ii) la debida motivación de la decisión que atribuye   efectos jurídicos a la conducta de quien es sujeto de sanción; (iii) la   publicidad e imparcialidad en las etapas del trámite; (iv) la competencia   estatutaria del organismo decisorio; y (v) el derecho a la defensa y   contradicción.”[110]    

Tratándose en concreto de las decisiones de las   organizaciones deportivas, la autonomía que el orden jurídico les reconoce para   cumplir su objetivo misional no es absoluta y en su desarrollo siempre debe   imperar el respeto por el debido proceso y demás derechos fundamentales, cuya   primacía habilita –inclusive– la intervención del Estado, en aras de garantizar   la vigencia de los principios superiores[111]. En palabras de este Tribunal: “a   pesar de que la Constitución reconoce un amplio margen de autonomía a las   distintas asociaciones deportivas, en relación con su facultad de desarrollar   reglas para la práctica del deporte, al cumplir esta función no pueden   desconocer los principios constitucionales, ni vulnerar los derechos   fundamentales de sus destinatarios. Así pues, no es admisible que los derechos   constitucionales de los deportistas queden supeditados a las decisiones   empresariales adoptadas por los clubes, ligas y federaciones (…) no sólo porque   se desconocería la primacía de la Constitución y de los derechos de la persona   (C.P. arts. 4 y 5), sino porque se estaría permitiendo un prohibido abuso de   posición dominante de parte de esas asociaciones (C.P. art. 334)”[112].    

De lo expuesto, se concluye que el principio de   legalidad obra como columna vertebral en el Estado social de derecho y tiene un   valor significativo como materialización de la democracia, al restringir las   actuaciones de las autoridades públicas o de los entes privados al imperio de   las normas, y como salvaguarda de la libertad y la dignidad humana, al impedir   que se repriman conductas ante la inexistencia de una disposición que de forma   previa y clara establezca el acto objeto de reproche.    

vii) El principio de buena fe en su dimensión de   confianza legítima[113]    

El artículo 83 de la Constitución consagra que las   actuaciones tanto de autoridades públicas como de particulares deben sujetarse a   los postulados de la buena fe. En desarrollo de este precepto, esta Corte ha   subrayado que se trata de un valor ético con un definitivo alcance social y   jurídico:    

“De acuerdo con la doctrina el principio   de la buena fe constituye pieza fundamental de todo ordenamiento jurídico,   habida consideración del valor ético que entraña en la conciencia social, y por   lo mismo, de la importancia que representa en el tráfico jurídico de la   sociedad. Contenido ético que a su vez incorpora el valor de la confianza dentro   de la base de las relaciones sociales, no como creación del derecho, que sí como   presupuesto, con existencia propia e independiente de su reconocimiento   normativo. La buena fe se refiere exclusivamente a las relaciones de la vida   social con trascendencia jurídica, sirviendo al efecto para valorar el   comportamiento de los sujetos de derecho, al propio tiempo que funge como   criterio de reciprocidad en tanto se toma como una regla de conducta que deben   observar los sujetos en sus relaciones jurídicas, esto es, tanto en el ámbito de   los derechos como en la esfera de los deberes y obligaciones.”[114]    

Conforme a esa línea, la jurisprudencia constitucional   ha señalado que la buena fe es entendida “como una exigencia de honestidad,   confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual   deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los   particulares entre sí y ante éstas”[115], lo cual supone que las conductas de unas y   otros se guían por un ánimo serio, transparente y probo.    

En tal sentido, el principio   constitucional de buena fe está claramente orientado a “erradicar las   actuaciones arbitrarias de parte de las autoridades públicas y de los   particulares, ya que el fin perseguido es que los hechos de éstos se aparten de   subjetividades e impulsos que generen arbitrariedad, y en consecuencia, se ciñan   a niveles aceptables de certeza y previsibilidad.”[116]    

Una concreción del postulado   superior de buena fe es el principio de confianza legítima, que se constituye,   por un lado, en una garantía para que el individuo tenga la posibilidad de   desarrollarse en un entorno estable y previsible, y por otro, en un límite a las   entidades públicas y a los demás sujetos con que aquel interactúa, conforme al   cual estos no pueden alterar ni contravenir súbitamente la línea conductual   sobre la cual se han basado sus relaciones con el individuo[117].    

De vieja data, la   jurisprudencia constitucional ha caracterizado el principio de confianza   legítima y ha resaltado la importancia que este reviste en el marco de la   interacción entre los órganos del Estado y los particulares:    

“Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia   alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de   julio de 1965, y aceptado por doctrina jurídica muy autorizada, pretende   proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos   efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales   el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición   jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene   razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio   súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio   de la confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe   (CP art. 83), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le   permitan adaptarse a la nueva situación.”[118]    

Ahora bien: esta Corporación ha reconocido que el artículo 83 superior   trasciende el ámbito de las relaciones con el Estado, en tanto el principio de   buena fe “es el fundamento de la confianza legítima en que se basan las   relaciones no sólo de los particulares y las autoridades, sino las de éstos   entre sí.”[119] Al ser la convivencia pacífica y la   vigencia de un orden justo unos de los fines esenciales del Estado[120], la observancia del principio de confianza   legítima en el tracto de las relaciones entre particulares es primordial para la   consecución de esos propósitos del pacto político, ya que, como lo ha resaltado   este Tribunal –citando al doctrinante Karl Larenz–, “[e]l ordenamiento   jurídico protege la confianza suscitada por el comportamiento de otro y no tiene   más remedio que protegerla, porque ‘…poder confiar, es condición fundamental   para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los   hombres, y por tanto, de paz jurídica’.”[121]    

Así pues, el principio de   confianza legítima implica que tanto las autoridades públicas como los   particulares están llamados a respetar, en el decurso de sus relaciones, las   expectativas que válidamente se han generado a raíz de sus actuaciones   precedentes. En otras palabras, se trata de la exigencia jurídica de “preservar   un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares,   surgido en un acto o acciones anteriores, de modo tal que “el particular   debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados”[122].    

El principio de confianza   legítima se vincula, en consecuencia, con un mínimo de estabilidad,   predictibilidad y coherencia en los efectos que usualmente se desprenden de la   interacción entre los ciudadanos y los entes públicos y privados, de manera que   no se introduzcan sorpresivamente modificaciones en la forma de proceder de   dichos sujetos ni en las dinámicas normales a partir de las cuales estos han   erigido sus relaciones.    

En ese orden de ideas, por mandato constitucional, la   confianza que tienen las personas frente a la estabilidad y la coherencia que se   espera de los entes estatales y de los particulares, debe ser respetada y   salvaguardada por el juez constitucional.    

4. Caso concreto    

Recapitulando, en el caso que ocupa la atención de la   Sala en esta oportunidad el señor Álvaro Mora Ríos reclama la protección de los   derechos fundamentales de su hija menor de edad María Paz Mora Silva, debido a   que el equipo infantil de fútbol en el que ella participaba como arquera titular   fue sancionado y excluido del torneo Liga Pony Fútbol 2018 debido a que, en   criterio de los entes organizadores de la competencia –plasmado en la decisión   del Comité Disciplinario–, la presencia de la niña en un equipo integrado   mayoritariamente por niños es una “actuación irregular” y contraviene la   prohibición de conformación de equipos mixtos.    

Reunidas como están las condiciones mínimas de   procedencia en relación con la legitimación en la causa por activa y por pasiva,   la inmediatez y la subsidiariedad, tal como se verificó en el acápite   respectivo, es viable emprender el estudio de fondo de la controversia.    

Previo a ello, la Sala estima pertinente anotar, como   precisión inicial, que en esta oportunidad la controversia está relacionada con   las presuntas vulneraciones iusfundamentales originadas en el marco de un   campeonato infantil de fútbol, por lo cual el análisis de la Corte estará   fundado en el principio constitucional de interés superior de los menores de   edad, de manera que las decisiones y eventuales medidas de protección que se   adopten estarán enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes. En   consecuencia, el examen subsiguiente no se ocupará de las prerrogativas que le   asisten a las personas en el ámbito del fútbol profesional, sino en el escenario   del impacto de la práctica deportiva en un contexto formativo y de sana   competencia que contribuye al desarrollo integral y armónico de niñas, niños y   adolescentes del país.    

4.1. Valoración de la conducta de las accionadas y   análisis sobre la vulneración de derechos fundamentales    

La controversia planteada gravita, básicamente, en   torno a si, conforme a las reglas que regulaban el torneo Liga Pony Fútbol 2018,   estaba prohibida la conformación de equipos de fútbol mixtos, a partir de lo   cual –en criterio de las accionadas– devendría irregular la participación de la   menor María Paz Mora Silva en el equipo Dinhos, integrado   mayoritariamente por varones, y se sustentaría la decisión de sancionar y   excluir al club del campeonato.    

Es necesario, entonces, verificar, en primera medida,   si las reglas de la competencia contemplaban la mencionada prohibición.    

En la Circular No. 007 de 2018, del 11 de julio de 2018[123], el denominado Órgano de Administración del   torneo indicó lo siguiente:    

“(…) El torneo se desarrollará en dos   categorías en ambas ramas así:    

1. Deportistas nacidos a partir del 1 de   enero de 2006 y 2007.    

2. Deportistas nacidos a partir del 1 de   enero de 2008 y 2009.”    

Por su parte, la Resolución No. 025-18, del 7 de agosto   de 2018[124], suscrita por el señor Álvaro González   Alzate en su calidad de presidente de la Difútbol, que contiene el reglamento   general de la Liga Pony Fútbol 2018, en el capítulo V, al referirse al tema de   las inscripciones de los participantes, señaló:    

“Artículo 12.- El régimen de edades de   los jugadores que se inscriban en cada CATEGORÍA, será el siguiente:    

1-CATEGORÍA de 8 A 10 AÑOS (Niñas y Niños):   En esta categoría cada equipo participante puede inscribir dieciocho (18)   jugadores que cumplan el siguiente régimen de edades:    

Niños y Niñas NACIDAS A PARTIR DEL 1 de   ENERO de 2008.-    

Para esta categoría se jugará con máximo 8   jugadores en el terreno de juego.    

Se inicia el 18 de agosto de 2018.-.- La   inscripción de equipos vence el 15 de AGOSTO.    

2-CATEGORÍA de 11 a 12 AÑOS (Niñas y Niños):   En esta categoría cada equipo participante puede inscribir hasta dieciocho (18)   jugadores que cumplan el siguiente régimen de edades:    

Niños y Niñas NACIDAS A PARTIR DEL 1 de   ENERO DE 2006.-    

En esta categoría se jugará con máximo 11   jugadores en el terreno de juego.    

Se inicia el 1 de SEPTIEMBRE de 2018.- La   inscripción de equipos vence el 20 de agosto.”    

De lo anterior se desprende que en las reglas del juego   no existía ninguna disposición que contemplara el sexo de las y los menores   participantes como un criterio a tener en cuenta para la inscripción en   determinada categoría de la competencia, pues, de acuerdo con lo expuesto, era   la edad de los deportistas, niñas y niños –según los textos trascritos–, lo   que resultaba relevante para diferenciar y separar a los jugadores en el marco   del torneo, sin que pueda sostenerse –como lo afirman la Difútbol y la Liga de   Fútbol de Bogotá– que la sola expresión “ambas ramas” conduzca a inferir   algo distinto, pues en el contexto en que se emplea dicha frase no resulta   irrazonable interpretar que se refiere a los dos grupos derivados de la   clasificación por edades.    

Visto que en el reglamento del torneo no se consignó   como una infracción la conformación de equipos mixtos, resulta pertinente   examinar, entonces, las otras normas invocadas por el Comité Disciplinario del   campeonato en las Resoluciones No. 003 y 004 de 2018 para imponer una sanción al equipo Dinhos por   la presencia de una niña entre sus jugadores.    

La Resolución No. 025 de 2018, Reglamento de la Liga   Pony Fútbol 2018, en sus artículos 8 –literal a)– y 23, prescribe:    

“ARTÍCULO 8.- El COMITÉ   DISCIPLINARIO del Campeonato, a nivel Nacional será nombrado por DIFUTBOL y a   nivel REGIONAL será el mismo Comité Disciplinario de la respectiva LIGA y   tendrán en otros (sic) las siguientes funciones:    

a- Imponer por medio de Resoluciones las   sanciones establecidas en el presente Reglamento y/o en el CDU de COLFUTBOL, y   sus Resoluciones reglamentarias.    

(…)    

ARTÍCULO 23.- El incumplimiento de las normas   establecidas en los ARTÍCULOS 12[125], 13[126], 14[127] y 22[128] del presente REGLAMENTO será SANCIONADA por el COMITÉ   DISCIPLINARIO competente, con la PÉRDIDA de los PUNTOS Obtenidos.    

PARÁGRAFO: No obstante, lo anterior, el   COMITÉ DISCIPLINARIO NACIONAL y/o ZONAL, de OFICIO, si lo considera pertinente,   puede sancionar conforme al CÓDIGO DISCIPLINARIO de FEDERACIÓN la VIOLACIÓN a   este reglamento.”    

A su vez, la Resolución No.028-2018[129], contentiva del Reglamento de Competiciones Masculinas   y Mixtas 2018, expedido por el Órgano de Administración de la Liga de Fútbol   de Bogotá, en sus artículos 29 –parágrafo 5– y 38, contempla:    

“Artículo 29. JUGADORES EN   TRÁNSITO: Se denomina ‘JUGADOR EN TRÁNSITO’ aquel que estando inscrito como   ‘JUGADOR ORDINARIO’ en una categoría, es promovido a una categoría superior del   mismo club para participar en otra competición oficial.    

Parágrafo 5: Cada club será responsable del   proceso de inscripción y alineación en partido de jugadores en tránsito. El   incumplimiento de lo establecido en el presente artículo, será causal de la   pérdida del partido, por actuación irregular, con un marcador de tres por cero   (3×0) y los goles no se e anotarán a ningún jugador.    

(…)    

ARTÍCULO 38. Al club y/o equipo que incluya uno o   varios jugadores no inscritos reglamentariamente en la planilla de inscripción   (listado de buena fe) y permita la actuación en un partido, será sancionado con   la pérdida del encuentro con un marcador de (0x3) en contra    

(…).”    

La Resolución No. 029-2018[130], mediante la cual se imponen sanciones a   dirigentes, entrenadores y jugadores, proferida por el Comité Disciplinario de   Campeonatos de la Liga de Fútbol de Bogotá para los torneos oficiales de la liga   “masculinas y mixtas 2018”, no cuenta con un artículo 38 –como se invoca   en la Resolución Extraordinaria No. 004-2018, que sancionó a Dinhos–,   pues su articulado se agota en el 19°. En todo caso, cabe anotar que a lo largo   de dicha resolución sólo se hace referencia a equipos que se encuentran entre   las categorías 1999 y 2007, al paso que el equipo Dinhos pertenece a la   categoría 2008.    

Por su parte, el literal b) del artículo 83 del Código   Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol establece:    

“Artículo 83. Infracciones   sancionables con derrota por retirada o renuncia. Constituye   infracción de los clubes sancionable con multa de 20 salarios legales mínimos   vigentes al momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia, las   siguientes:    

(…)    

b) Al club, selección municipal o   departamental que incluya en la planilla de juego un jugador no inscrito   reglamentariamente.    

Como fácilmente puede advertirse, se trata   principalmente de disposiciones que se refieren de manera genérica a la   inscripción reglamentaria de deportistas y a las sanciones que trae su   desconocimiento, pero de ninguna de ellas se extrae la prohibición de la   conformación de equipos mixtos y, muy por el contrario, al menos dos de dichas   regulaciones están dirigidas a regular “competiciones mixtas” según se indica de   forma explícita en sus respectivos títulos. Ello ratifica que la falta que se le   endilgó al club Dinhos estuvo vinculada con lo que el Comité   Disciplinario entendió como una “inscripción irregular” de uno de los jugadores,   mas no con una específica regla relativa acerca de la no aceptación de equipos   mixtos.    

Ahora bien: el presidente de la Difútbol sostuvo en su memorial de   contestación que la prohibición de realización de campeonatos de fútbol de   categoría o rama mixta derivaba directamente de la Federación Internacional de   Fútbol Asociado ‒FIFA‒, órgano rector a nivel mundial de este deporte. Sin   embargo, dicha aseveración no se sustentó en alguna disposición en particular.    

Así pues, dada la falta de claridad del reglamento del   campeonato y la ausencia de fundamento normativo de la señalada afirmación, la   Sala de Revisión indagó a las accionadas sobre cuál era la regulación en virtud   de la cual se proscribía la práctica mixta del fútbol.    

En respuesta al decreto de pruebas, el presidente de la   Difútbol mencionó que las “circulares” obligatorias de la FIFA disponen la   práctica separada del deporte entre mujeres y hombres. Sin embargo, los   documentos aportados por él no se refieren a la proscripción del fútbol mixto, y   en cambio se resaltan allí las ventajas de la práctica mixta en la infancia[131] e inclusive se aprecian entre dichos materiales   oficiales de la FIFA fotografías de niñas y niños jugando juntos[132].    

En realidad, dichos documentos apuntan al compromiso de   dicha organización con la promoción del deporte entre las mujeres y la juventud   (“chicas y chicos”) [133] como herramienta para la igualdad y la   inclusión, no sólo en el campo de juego sino también en los órganos de   dirección, destacando la necesidad de que haya más mujeres líderes y referentes   femeninos en el fútbol[134]. De hecho, en la Conferencia para la Igualdad y la Inclusión de la FIFA   2017 el psicólogo y especialista en género Anthony Keedi sostuvo: “El fútbol   se trata de trabajo en equipo, juego limpio y respeto. La igualdad de género   promueve esos mismos conceptos. En un mundo donde mujeres y hombres son un   equipo, con juego limpio y respeto, todos ganan.” Y en palabras del   presidente de la FIFA Gianni Infantino: “Es nuestro deber, como hombres y   mujeres por igual, alentar a las confederaciones y asociaciones miembros a   adoptar la igualdad y la inclusión como principios rectores inequívocos. Esto no   es una cuestión de género o etnia. Es una cuestión de humanidad”[135].    

A su turno, el presidente de la Liga de Fútbol de   Bogotá respondió a la Corte citando el denominado Reglamento sobre   verificación de sexo, a cuyo tenor “En las competiciones masculinas de la FIFA   solamente tienen derecho a participar hombres. En las competiciones femeninas de   la FIFA solamente tienen derecho a participar mujeres”.    

La interpretación de dicho precepto no ofrece   dificultad alguna, pues se limita a señalar que, en competencias de la FIFA,   si la competición es masculina deberán ser hombres los participantes, y que si   es femenina deberán ser mujeres las jugadoras, sin mencionar en ningún momento   que no están autorizadas las competiciones mixtas.    

En este punto, nótese que el presidente de la Liga de   Fútbol de Bogotá contradice sus propios dichos, pues, aunque ante la Corte   aseguró que por estar afiliada a la FIFA estaba sujeta a la prohibición de   equipos mixtos supuestamente impuesta por ella –prohibición que, según se vio,   no existe–, al contestar la demanda de tutela ante el juez de instancia   reconoció que la menor María Paz Mora Silva había participado en el torneo   “Festivales”, organizado por la misma liga, el cual permitía la participación de   equipos mixtos, lo que coincide con lo anotado en precedencia sobre las   Resoluciones No. 028-2018 y 029-2018, en las cuales la Liga de Fútbol de Bogotá   ha reglamentado competiciones masculinas y mixtas para el año 2018.    

En verdad, las afirmaciones de los presidentes de la   Difútbol y de la Liga de Fútbol de Bogotá riñen con lo sentado por la propia   FIFA en relación con los aspectos positivos del fomento de la práctica del   fútbol mixto entre los niños y las niñas:    

“Durante muchos años, numerosos países se   han negado a que los más jóvenes jueguen al fútbol mixto por motivos culturales.   Las chicas no podían practicar este deporte si no era con otras chicas,   independientemente de que hubiera una gran diferencia de edad. En cuanto a la   educación, un gran número de países han implantado en los últimos años el   sistema mixto, en el que los niños ya no se dividen por sexo, sino por edad y   nivel de estudios.    

La igualdad en el deporte y en el fútbol   entre los más jóvenes sigue este mismo camino. Cabe destacar que ciertos países   permiten el sistema mixto en el fútbol hasta los 12 años, mientras que otros no   ponen límite. Así se comprende más fácilmente por qué en estos últimos está tan   desarrollado el balompié. Permitir que chicos y chicas jueguen juntos es   una forma de fomentar una mayor tolerancia y respeto mutuo. Al jugar con los   chicos, las chicas se crean una imagen propia más positiva, aprenden a confiar   en sí mismas y son más conscientes de su habilidad.    

En consecuencia, siempre que sea posible y   al mismo tiempo se tengan en cuenta y se respeten la estructura de las diversas   sociedades y las posibilidades culturales y educativas, permitir el sistema   mixto en el fútbol, al menos hasta los 12 años, contribuirá enormemente al   desarrollo del fútbol.”[136] (se destaca)    

En idéntico sentido se pronunció Philip Zimmermann,   Gerente de Desarrollo de Base y Juventud de la FIFA, quien respecto del caso de   marras manifestó que lamentaba los inconvenientes surgidos al interior de la   competencia y que los torneos aficionados locales son regulados por los propios   organizadores y no por la FIFA ni bajo su aprobación, por lo que la   situación dependía de los organizadores del campeonato, al tiempo que enfatizó   que, en definitiva, la FIFA promueve los torneos mixtos en   su filosofía de base[137].    

Es más que claro, entonces, que la FIFA apoya la   práctica conjunta del fútbol entre las niñas y los niños, y aún si –en gracia de   discusión– no consintiera en ello, de lo expuesto se infiere que la FIFA no se   ocupa de la expedición de los reglamentos de campeonatos infantiles a nivel   local, ni de impartirles aprobación, de modo que los entes accionados, aunque   formalmente en su estructura estén acogidos a dicha organización internacional,   en realidad no estarían desobedeciendo una directriz del órgano rector al   permitir la conformación de equipos mixtos, dado que la reglamentación de estas   competiciones es de su exclusivo resorte, a lo cual hay que añadir que, como se   subrayó en precedencia, el Reglamento sobre verificación de sexo –que es la   norma invocada por los demandados para defender su postura, aunque en realidad   tal prohibición no existe, al menos allí– es aplicable en competencias de la   FIFA, y por lo visto la propia FIFA no atiende el tipo de certámenes objeto de   esta controversia.    

Como lo puso de relieve la intervención de la Escuela   de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, en la actualidad   ha ido acrecentándose la presencia de las mujeres en el fútbol e, inclusive, se   ha avanzado al punto de que existen federaciones, como la andaluza, en las   cuales se propicia la conformación de equipos mixtos en todas las categorías y   la competencia deportiva entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones.    

Queda sin asidero, por lo tanto, el argumento empleado   por la Difútbol y la Liga de Fútbol de Bogotá –al cual se sumó más tarde CREARE   Ltda.– para intentar dotar de validez la expulsión del club Dinhos del   campeonato por la supuesta irregularidad que implicaba la participación de un   equipo mixto, teniendo en cuenta que el reglamento nunca lo prohíbe, la norma   invocada para ello en ningún momento se pronuncia sobre los equipos mixtos y, en   contraste con las aseveraciones de los accionados, la FIFA promueve la   integración de niñas y niños en la práctica del deporte.    

De suerte, entonces, que la supuesta “prohibición”   impuesta por el órgano rector del fútbol mundial no pasa de ser una forzada   y tendenciosa interpretación formulada por los accionados, que no se extrae de   las reglas de la competencia, ni de las normas invocadas por el Comité   Disciplinario, ni de las políticas y directrices de la organización   internacional a la cual aseguran apegarse tan estrictamente, por lo cual con la   decisión de sancionar al equipo Dinhos ‒que acarreó su exclusión del   torneo‒ se configuró una vulneración del principio de legalidad  como garantía básica del derecho fundamental al debido proceso.    

Ahora bien: pasando del plano normativo al plano   fáctico, para la Sala no cabe duda de que la sanción que se le impuso al club   Dinhos  en el marco del torneo a que se alude estuvo vinculada con la participación de   María Paz Mora Silva en dicho equipo, conclusión que se soporta en el análisis   de las pruebas documentales aportadas al expediente y en las declaraciones   realizadas por el extremo pasivo al interior del trámite, específicamente, por   la Liga de Fútbol de Bogotá, la Difútbol y CREARE Ltda., quienes a lo largo del   proceso sostuvieron que los equipos mixtos estaban prohibidos, que el club   cometió un error al inscribirse en esas condiciones, y que el padre de la   pequeña ha malinterpretado el reglamento.    

En efecto, la Resolución Extraordinaria No. 004-18[138] cita las disposiciones del reglamento relativas a la   inscripción de los jugadores, hace referencia a una “actuación irregular” y   señala enseguida que el equipo Dinhos pierde el encuentro del 9 de   octubre de 2018, disputado con el equipo IDRD, con un marcador de cero por tres   (0x3), indicando expresamente “COMET JUGADOR 3657270”, que es efectivamente el   número de carné que corresponde a María Paz Mora Silva dentro de la Liga de   Fútbol de Bogotá[139].    

Cabe anotar, por otro lado, que las planillas aportadas[140] permiten observar que la organización del   torneo exigió en su momento que los deportistas aportaran datos como sus nombres   y apellidos, número de tarjeta de identidad y de registro civil de nacimiento,   fecha y lugar de nacimiento, establecimiento educativo donde estudia, grado   escolar, teléfono, afiliación a EPS, posición en la cancha, peso, estatura, e   inclusive una fotografía de cada jugador, pero jamás se indaga por el sexo del   participante, como tampoco se dedica una casilla o un espacio para identificar   si el equipo se cataloga como “femenino” o “masculino”:    

Los elementos de convicción son, entonces, concluyentes   en cuanto a que las entidades organizadoras asumieron la participación de la   niña María Paz Mora Silva como una infracción al reglamento del torneo, muy a   pesar de que en ningún aparte del mismo, o de las normas invocadas por ellas, se   proscribía la conformación de equipos mixtos, ni se establecía el sexo de las y   los deportistas como un criterio para la inscripción y participación.    

Sin prohibición que interfiriera en la posibilidad de   María Paz Mora Silva de tomar parte en el torneo Liga Pony Fútbol con el   conjunto Dinhos, al catalogarse como una “actuación irregular” frente a   las reglas de inscripción del torneo la participación de la citada menor en un   equipo mayoritariamente integrado por niños, la decisión sancionatoria de las   entidades organizadoras del campeonato revelan una postura sexista y   discriminatoria frente a la práctica del deporte, que reproduce estereotipos   culturales presentes a nivel estructural en la sociedad que presuponen la   segregación fundada en el sexo y que resulta contraria a la dignidad humana   y al derecho a la igualdad entre mujeres y hombres que predica la   Constitución.    

Y es que no puede negarse que la discriminación   estructural contra las mujeres y las niñas trasciende muchos ámbitos, sobrepasa   lo individual, se instala y naturaliza en el pensamiento colectivo y, por esa   vía, se traslada de manera sistemática, entre otros espacios, a los escenarios   deportivos[141], cuando, por ejemplo, en la reglamentación   de la Liga Pony Fútbol 2018 no se incluye ninguna regulación puntual (ni   siquiera en el sentido prohibitivo) sobre la conformación de equipos mixtos, con   lo que se da por descontado que niñas y niños juegan fútbol separadas unas de   otros, o cuando al determinar el número máximo de equipos admitidos por cada   ciudad se privilegia notoriamente la participación de varones frente a mujeres,   habida cuenta de que los cupos para equipos femeninos son apenas el 25% de las   plazas dedicadas a equipos masculinos, salvo por la ciudad de Envigado[142].    

Yendo más allá, podría inclusive pensarse que separar   en esta práctica deportiva a las niñas de los niños, sin que esté plenamente   comprobada una razón que así lo justifique, por compartir las y los infantes   capacidades, habilidades y destrezas análogas, equivale a un trato   discriminatorio y paternalista, falazmente encaminado a resguardar a las menores   de la rudeza de sus compañeros de juego.    

La Sala advierte que en este, como en otros casos en   que las mujeres se sobreponen a las adversidades del entorno y consiguen   destacarse en campos distintos a los que culturalmente les han sido asignados,   persisten sectores de la sociedad que se resisten a reconocer el valor del   mérito en sí mismo, para observar sus triunfos como algo exótico o indeseable.   En esta oportunidad, la niña María Paz Mora Silva ha mostrado tener las   habilidades, capacidades y destrezas suficientes para competir en pie de   igualdad con niños y contra niños, en el fútbol, un deporte que en nuestra   sociedad ha sido tradicionalmente dominado por los hombres, y además lograr   destacarse entre ellos, lo cual, para algunos, puede poner en entredicho la   asentada supremacía masculina en este específico campo. A propósito de estas   tensiones, cobra especial vigencia lo señalado por Ester Barberá acerca de las   relaciones de género:    

“[E]l objetivo en las relaciones de   género no es unificar conductas, ni actitudes, ni siquiera deseos. El   reconocimiento y valoración de la diversidad humana, sin embargo, debe hacerse   compatible con el establecimiento de relaciones equitativas entre los sexos,   donde los comportamientos de las personas se valoren por sí mismos y sus   significados por el interés intrínseco, sin prejuzgarlos en función de   relaciones de poder.”[143]    

Por otra parte, verificada la inexistencia de la   alegada prohibición de equipos mixtos, las accionadas vulneraron los derechos,   no sólo de la niña María Paz Mora Silva, sino también de los demás jugadores del   equipo Dinhos, quienes, en tanto menores de edad, son merecedores de una   especial protección por parte del Estado, la sociedad y cualquier estamento,   condición que habilita a esta Corte para examinar el agravio iusfundamental del   que también fueron víctimas, en atención al principio de interés superior de   niños, niñas y adolescentes.    

Como se indicó, en contravía del principio de   legalidad, a la menor María Paz Mora Silva y a los niños que integraban el   equipo Dinhos en la categoría 2008 se les impuso una sanción frente una   conducta que no estaba previamente contemplada como infracción en el reglamento   del certamen. Pero esa determinación, por contera, desconoció también el   principio constitucional de buena fe en su dimensión de confianza legítima, dado   que el equipo fue admitido con ella en su nómina de jugadores y de ello se   siguieron distintas conductas que así permitían inferirlo.    

Como se viene de ver, la sanción impuesta no fue una   consecuencia derivada de un acto de la menor sobre el cual cupiera atribuírsele   responsabilidad, como lo pudieran haber sido, por ejemplo, conductas   antideportivas como la trampa o las ofensas en el campo de juego, actitudes sin   duda reprochables que bien hubieran ameritado amonestación. Tampoco obedeció a   otras irregularidades previstas en el reglamento en cuanto a la práctica   deportiva, como no portar el uniforme correspondiente, o no aportar un balón   reglamentario. En realidad, en una suerte de responsabilidad objetiva, lo que   provocó la sanción impuesta por el Comité Disciplinario fue el hecho de ser   mujer y atreverse a jugar en pie de igualdad con los varones, pues ni siquiera   podría aducirse que su participación como niña en el equipo Dinhos fue   camuflada, ya que desde siempre se le tuvo por tal en la inscripción, el carné y   las planillas de los partidos, y a la vista de los demás participantes,   árbitros, comisarios y público, en su rol de guardametas.    

Pues bien: más allá de la interpretación de los reglamentos –que,   como se ha reiterado, no refieren la clasificación de los competidores según su   sexo–, es preciso señalar que las entidades organizadoras, pese al deber de   verificar previamente el cumplimiento de los requisitos por parte de los   jugadores, no presentaron ningún reparo a la participación de la menor María Paz   Mora Silva en el torneo de la Liga Pony Fútbol 2018, lo cual se evidencia con   conductas como haber refrendado las planillas aportadas por el club Dinhos  –en las cuales claramente se registraba su nombre e incluso su fotografía–,   haber estampado con el adhesivo respectivo el carné que la acreditaba como   participante de la competencia y haberle permitido tomar parte como arquera   titular en tres partidos dentro del torneo.    

En este punto, no es de recibo el argumento   del presidente de la Liga de Fútbol de Bogotá cuando aduce que “el equipo   ‘decidió’ presentarse con un equipo mixto, decisión respecto a la cual la Liga   de Fútbol de Bogotá no tiene ningún tipo de injerencia”, pues, contrario a   sus afirmaciones, en la Circular No. 10-2018 del 17 de septiembre de 2018,   relativa al procedimiento de inscripción en la Liga Pony Fútbol, se señala   expresamente que la Liga de Bogotá coordinará directamente el proceso de   inscripción y realizará el filtro de revisión de los requisitos para equipos y   jugadores[144].    

De modo que la decisión del Comité   Disciplinario de la Liga carece de fundamento y constituye, además de una   violación al derecho fundamental al debido proceso, en tanto la circunstancia   sobre la cual recayó la sanción no estaba prevista en las reglas del torneo, un   cambio intempestivo de actitud frente a la niña María Paz Mora Silva y a sus   compañeros, pues, en razón de todos los actos inequívocos desplegados por las   accionadas, los jugadores válidamente asumieron que su participación en la   competición había sido avalada y luego fueron sorprendidos con un comportamiento   completamente opuesto.    

Así, la decisión de sanción y exclusión del   equipo Dinhos soslayó el principio constitucional de buena fe en   su dimensión de confianza legítima, en tanto, ante la ausencia de   prohibición respecto de la conformación de equipos mixtos, el proceder inicial   de los entes organizadores convalidó la participación de la niña María Paz Mora   Silva en el equipo Dinhos, al no refutar la planilla del equipo al   momento de la inscripción y proceder a su admisión, otorgarle a la pequeña un   carné de jugadora e inclusive dejar que como arquera titular protagonizara tres   encuentros deportivos.    

Vale insistir en que, dada la oscuridad en   la regulación del aspecto relativo a la clasificación de los deportistas según   el sexo, era razonable entender que no existía una prohibición expresa para la   conformación de un equipo mixto –evidenciado que han existido competencias   futbolísticas que así lo permiten[145]– y, por lo tanto, mal podía tomarse ello   como una infracción al reglamento. No obstante, tal ambigüedad y/o vacío fue   interpretado por las directivas de la manera más aciaga, aplicando una sanción a   una conducta que no estaba proscrita, patentando una discriminación y   defraudando las expectativas que legítimamente se generaron a raíz de sus   actuaciones precedentes.    

Aunado a lo anterior, la decisión de sancionar y   excluir al equipo de María Paz Mora Silva de la competencia implicó cercenar el   derecho fundamental a la recreación y al deporte de ella y de los   infantes que conformaban dicho conjunto, pues coartó arbitrariamente sus   posibilidades de continuar potenciando sus habilidades y destrezas, individuales   y como grupo, estimulados por el anhelo de conseguir un reconocimiento en un   ambiente de sana competencia.    

Como se señaló en precedencia, la Carta Política   consagra la recreación y el deporte como un derecho fundamental del cual son   titulares todas las personas, pero primordialmente las niñas, niños y   adolescentes, en tanto la práctica deportiva se relaciona estrechamente con la   efectividad de otras garantías constitucionales de encumbrado valor en nuestro   ordenamiento y sirve de plataforma esencial para la construcción de ciudadanía   desde las edades más tempranas.    

La determinación de las accionadas, al privar   arbitrariamente al equipo Dinhos de la posibilidad de continuar en el   certamen a pesar de que su desempeño los habilitaba para seguir en la siguiente   fase, impidió a María Paz Mora Silva y a sus compañeros practicar el fútbol en   un contexto de sana competencia, como medio para impulsar, desde la infancia, su   desarrollo y formación integral como personas y como miembros de una sociedad   que valora la convivencia pacífica, la participación, la solidaridad, la   igualdad y la paz.    

Además, al tratarse de una decisión fundada en motivos   discriminatorios, se desconoció abiertamente el principio democrático al cual   están sujetas las organizaciones deportivas, por expreso mandato de la Carta.    

Ahora bien: la Sala no puede ser indiferente al hecho   de que, tras la arbitrariedad que supuso para María Paz Mora Silva y sus   compañeros de equipo la sanción y exclusión del campeonato, la injusticia contra   estos menores de edad se extremó con las promesas de diferentes medidas de   desagravio por parte de la organización de la Liga Pony Fútbol 2018, que   llegaron a generar ilusiones y expectativas en los pequeños y sin embargo nunca   fueron gestionadas con seriedad y responsabilidad para su eventual   materialización. Dicha circunstancia no fue objeto de oposición y se suma al   cúmulo de vulneraciones iusfundamentales antes descrito.    

Llegado este punto, la Sala reitera en esta oportunidad   que el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y el respeto por las   garantías constitucionales son imperativos del cual no se sustraen las   organizaciones deportivas, las cuales, si bien gozan de autonomía para fijar las   reglas de una determinada práctica deportiva, no pueden comprometer con sus   actuaciones el núcleo esencial de los derechos, pues su orientación debe ser,   precisamente, la de promover los principios y valores consagrados en la Carta   Política.    

Los anteriores razonamientos conducen a establecer que,   de acuerdo con los hechos probados y la fundamentación jurídica estudiada, la   decisión adoptada por el extremo pasivo en el marco del torneo Liga Pony Fútbol   2018 efectivamente constituyó una vulneración de los derechos fundamentales de   la menor María Paz Mora Silva y, por lo tanto, corresponde tomar las medidas   necesarias para restablecer las garantías conculcadas.    

Adicionalmente, como de la conducta desplegada por las   accionadas se derivó una afectación a los derechos fundamentales de los niños   que participaron junto con la menor María Paz en el campeonato y que fueron   injustamente expulsados, en aplicación del principio constitucional del interés   superior de los menores de edad y con fundamento en las facultades ultra y   extra petita de que está investido el juez constitucional, hay lugar a   adoptar una medida particular orientada a restablecer los derechos de estos   pequeños, en tanto sujetos de especial protección constitucional.    

4.2. Decisión a adoptar    

Como corolario de lo expuesto, la Sala Novena de   Revisión procederá a revocar la   sentencia de tutela del 30 de   octubre de 2018, por la cual el Juzgado 9º Civil Municipal de Bogotá negó el   amparo constitucional invocado por el ciudadano Álvaro Mora Ríos en   representación de su hija María Paz Mora Silva, para, en su lugar, tutelar los   derechos fundamentales a la   igualdad, a la no discriminación por razón de sexo, a la dignidad humana, a la   recreación y al deporte, al interés superior de las niñas, niños y adolescentes,   a la confianza legítima y al debido proceso de la menor de edad y de los menores integrantes del equipo   Dinhos.    

Para establecer las consecuencias que se desprenden del   amparo, esta Sala de Revisión retoma en esta oportunidad lo sentado por la Sala   Plena de esta Corporación en el sentido de que “las medidas que atiendan a   daños inmateriales deben partir de un concepto concreto: el de desagravio,   entendido como la acción de borrar o reparar el oprobio u ofensa moral a las   víctimas, dando satisfacción cumplida a los ofendidos.”[146]    

En consecuencia, la Corte declarará que la sanción y   exclusión del equipo de fútbol Dinhos de la Liga Pony Fútbol 2018 no fue   atribuible al club deportivo ni a ninguno de sus integrantes, sino a la decisión   inconstitucional adoptada por los organizadores de la competencia, que afectó el   desarrollo armónico e integral de las niñas y los niños que participaban en el   torneo, conforme a los términos señalados en esta sentencia.    

Por lo tanto, de conformidad con las medidas adoptadas   por este Tribunal en diversos casos de discriminación[147], se ordenará a la División Aficionada del Fútbol Colombiano   ‒Difútbol‒, a la Liga de Fútbol de Bogotá y a CREARE Ltda. que, en el marco del   evento inaugural y del evento de clausura del torneo Liga Pony Fútbol 2019,   realicen una declaración pública conjunta en la que (i) reconozcan que la   decisión de sancionar y expulsar de la Liga Pony Fútbol 2018 al equipo de fútbol   Dinhos por la participación de la menor María Paz Mora Silva como su arquera   titular, constituyó una actuación contraria a los valores, principios y derechos   fundamentales previstos en la Constitución Política de 1991, la cual consagra la   protección prevalente de las garantías de niñas, niños y adolescentes, la   igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la equidad de género y la   importancia de la recreación y el deporte como un espacio donde debe primar la   sana competencia, la solidaridad, la participación y el respeto mutuo, y (ii) se   comprometan a no incurrir en conductas discriminatorias en el futuro y a   promover la igualdad de género en las organizaciones que lideran y en la   práctica del deporte. Dicha declaración conjunta deberá ser publicada en todos   los medios y canales de difusión de la Liga Pony Fútbol.    

En ejercicio de las facultades ultra y extra   petita de que dispone el juez constitucional, dado que la conducta de las   entidades accionadas lesionó también los derechos de los otros niños que   integraban el equipo Dinhos en la categoría 2008 y que fueron expulsados   del torneo, se ordenará a la   Liga de Fútbol de Bogotá que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas   siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a realizar la   inscripción y admisión automática del club deportivo Dinhos al torneo   Liga Pony Fútbol 2019, en la categoría 2008, para que sus integrantes participen   en el campeonato, si así lo deciden. Para el cumplimiento efectivo de esta   orden, la Liga de Fútbol de Bogotá deberá (i) permitir la participación de la   niña María Paz Mora Silva con el equipo Dinhos, si ello es de su interés,   respetando la figura de préstamo entre clubes, dado que actualmente se   encuentra vinculada a otro conjunto deportivo, y (ii) coordinar con el club   Dinhos lo relativo a la recolección de información, diligenciamiento de   planillas de registro, expedición de carnés y demás efectos relativos a la   inscripción reglamentaria en la competencia. Las entidades organizadoras y las   autoridades del campeonato inaplicarán las disposiciones reglamentarias que   corresponda, de ser necesario, para el cabal cumplimiento de esta orden.    

Asimismo, las entidades organizadoras del torneo Liga   Pony Fútbol deberán considerar en un proceso de decisión abierto y democrático,   la creación de espacios de competencia mixta, entre personas menores de edad,   sin hacer diferencias en razón del sexo. Para este proceso, que se deberá   adelantar en un plazo máximo de seis (6) meses, contado a partir de la   notificación de este fallo, se deberá invitar, por lo menos, a la Consejería   Presidencial para la Equidad de la Mujer, a la Secretaría Distrital de la Mujer,   a Coldeportes y al Ministerio de Educación, así como a las personas vinculadas   al equipo Dinhos y, en especial, a María Paz Mora Silva, para que ella   participe, si así lo considera. En tal caso, si la niña quiere tomar parte en   dicho proceso, se deberán adoptar las medidas adecuadas y necesarias para   garantizar plenamente la efectividad de sus derechos y evitar nuevos escenarios   de discriminación.    

Teniendo en cuenta las medidas simbólicas de desagravio   prometidas a la menor María Paz Mora Silva y al equipo Dinhos por los   organizadores del torneo Liga Pony Fútbol 2018 que nunca fueron ejecutadas, se   ordenará a la División Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒, a la Liga de   Fútbol de Bogotá y a CREARE Ltda. que realicen una actividad encaminada a   reivindicar plenamente la equidad y la dignidad de la niña María Paz Mora Silva,   a reparar los impactos de las violaciones a sus garantías fundamentales y a los   derechos de los niños integrantes del club deportivo Dinhos y, ante todo,   a exaltar la utilidad pedagógica del trabajo en equipo entre niñas y niños y su   importancia para la promoción de la igualdad de oportunidades y la equidad de   género. Con este propósito se podrá, por ejemplo, realizar un encuentro   deportivo entre el campeón del torneo Liga Pony Fútbol 2018 y el club Dinhos,   así como solicitar la colaboración de la Federación Colombiana de Fútbol –FCF– y   de la División Mayor del Fútbol Colombiano –Dimayor– para que se invite a   diferentes representantes del fútbol profesional colombiano, tanto hombres como   mujeres, a fin de que los menores puedan conocerles y compartir sus experiencias   deportivas.    

En todo caso, la actividad deberá llevarse a cabo en un   término que no podrá superar los seis (6) meses, contados a partir de la   notificación de esta sentencia, y deberá convocarse a los menores afectados, a   sus familiares, a integrantes de la comunidad deportiva, así como a los niños y   niñas que participaron del torneo Liga Pony Fútbol 2018 para que asistan en   calidad de invitados, si así lo desean. La actividad podrá desarrollarse en el   marco del evento inaugural o de clausura de la Liga Pony Fútbol 2019, y acerca   de su realización deberá rendirse informe al juez de primera instancia y a esta   Sala de Revisión dentro del término de diez (10) días posteriores a su   ejecución.    

Adicionalmente, se ordenará a la División Aficionada del Fútbol Colombiano   ‒Difútbol, a la Liga de Fútbol de Bogotá y a CREARE Ltda. que organicen y   adelanten un programa de motivación para que las niñas se involucren de manera   activa en la práctica del fútbol. Para el cumplimiento efectivo de esta orden,   los organizadores del certamen deportivo determinarán el medio que consideren   más adecuado a fin de lograr dicho propósito, dentro de lo cual podrán, por   ejemplo, iniciar una campaña publicitaria en la que la menor María Paz Mora   Silva figure como imagen, si ella lo considera y previo el consentimiento de sus   padres. El programa de motivación deberá llevarse a cabo en un término máximo de   seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.    

Por último, se exhortará a la Federación Colombiana de   Fútbol ‒FCF‒, al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la   Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre ‒Coldeportes‒, a la   División Mayor del Fútbol Colombiano ‒Dimayor‒, a la División Aficionada del   Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte   ‒IDRD‒ y a la Liga de Fútbol de Bogotá a que diseñen e implementen en sus   instituciones programas y campañas periódicas de sensibilización frente a la   igualdad de género en el deporte, y a que consideren campeonatos o espacios   deportivos de integración con la posibilidad de encuentros mixtos por razones   pedagógicas y formativas.    

5. Síntesis de la decisión    

5.1. En esta oportunidad la Corte examinó la solicitud   de amparo constitucional formulada por el ciudadano Álvaro Mora Ríos, como   progenitor de la menor María Paz Mora Silva, para la protección de sus derechos   fundamentales a la igualdad, a la no discriminación por razón de sexo, a la   dignidad humana, a la recreación y al acceso a la cultura de los menores de   edad, a la familia y a “los derechos adquiridos”, los cuales consideró   vulnerados con la determinación de sancionar y excluir del torneo Liga Pony   Fútbol 2018 al equipo infantil con el cual jugaba la niña, decisión basada en la   supuesta “actuación irregular” que suponía su participación en un equipo   conformado mayoritariamente por varones.    

En el extremo pasivo, la División Aficionada del Fútbol   Colombiano –Difútbol–, la Liga de Fútbol de Bogotá y CREARE Ltda. sostuvieron   que el torneo no autorizaba la conformación de equipos mixtos, pues la FIFA lo   prohíbe, y que fue el propio club deportivo el que optó por inscribirse a la   competencia incluyendo a la niña, bajo una interpretación errada del reglamento   que, según aducen, al mencionar a “niñas y niños” se refiere a las categorías   femenina y masculina por separado.    

El fallo de tutela dictado por el Juzgado 9º Civil   Municipal de Bogotá acogió íntegramente los argumentos de los accionados y negó   el amparo deprecado.    

5.2. Para abordar el estudio de la   controversia, la Sala de Revisión se refirió a los siguientes ejes temáticos: i)   Procedencia de la acción de tutela; ii) Los estereotipos de género en la   formación de niñas y niños; iii) La discriminación por razón de género en el   deporte; iv) El derecho a la recreación y al deporte; (v) El derecho a la   igualdad y no discriminación por razón de sexo; vi) El principio de legalidad en   el marco del derecho al debido proceso; y, vii) El principio de buena fe en su   dimensión de confianza legítima.    

5.3. Como verificación inicial, se constató que la   acción de tutela es procedente en el caso concreto, tras verificar que se   acreditan los requisitos de legitimación en la causa por activa –en razón   de la representación legal que tiene el padre respecto de la menor titular de   los derechos cuya salvaguarda se reclama y de la cláusula constitucional de   protección prevalente a los menores de edad que habilita a verificar si existió   una vulneración respecto de los otros niños del equipo Dinhos–; legitimación   en la causa por pasiva –por ser las accionadas las que adoptaron la decisión   censurada y por la situación de indefensión de la niña frente a las   organizaciones deportivas–; subsidiariedad –como consecuencia de la   inexistencia de otros medios judiciales de defensa para redargüir la decisión   censurada; e, inmediatez –por el carácter actual y permanente del alegado   agravio sobre los derechos fundamentales de la menor–.    

Lo anterior, por cuanto se constató que no era cierto   que las reglas del torneo prohibieran la conformación de equipos mixtos, como   tampoco que la FIFA, en tanto autoridad rectora del fútbol mundial, lo   proscribiera. Por el contrario, se encontró que este organismo internacional   estima positiva la integración y promueve la práctica del deporte del fútbol de   manera conjunta entre niñas y niños.    

Así, al catalogar como una “actuación irregular” frente   a las reglas de inscripción del torneo la participación de la menor María Paz   Mora Silva como arquera titular en un equipo mayoritariamente integrado por   niños, las entidades organizadoras del campeonato revelaron una postura sexista   y discriminatoria frente a la práctica del deporte, que reproduce estereotipos   culturales presentes a nivel estructural en la sociedad que presuponen la   segregación fundada en el sexo y que resulta contraria a la dignidad humana  y al derecho a la igualdad entre mujeres y hombres que predica la   Constitución, toda vez que lo que motivó la sanción no fue una conducta   reprochable desplegada por la menor sino solamente una circunstancia objetiva:   su condición de niña, lo cual bastó para que las accionadas concluyeran que   estaba impedida para jugar al fútbol junto con los varones.    

Asimismo, ante la inexistencia de la prohibición, las   accionadas vulneraron el derecho al debido proceso de la niña y de los   demás jugadores del equipo, comoquiera que se les impuso una sanción frente una   conducta que no estaba previamente contemplada como infracción en el reglamento   del certamen, lo cual, por contera, desconoció el principio constitucional de   buena fe en su dimensión de confianza legítima, dado que el equipo   fue admitido con la menor María Paz Mora Silva, se le expidió el respectivo   carné con el adhesivo como jugadora del torneo, e incluso se le permitió   disputar tres encuentros con el equipo en calidad de arquera titular.    

Adicionalmente, la decisión de sancionar y excluir al   equipo de María Paz Mora Silva de la competencia implicó cercenar el derecho   fundamental a la recreación y al deporte de ella y de los infantes   que conformaban dicho conjunto, pues coartó arbitrariamente sus posibilidades de   continuar potenciando sus habilidades y destrezas, individuales y como grupo,   estimulados por el anhelo de conseguir un reconocimiento en un ambiente de sana   competencia.    

La Sala reiteró que el interés superior de las niñas y   los niños y el respeto por las garantías constitucionales son imperativos del   cual no se sustraen las organizaciones deportivas, las cuales, si bien gozan de   autonomía para fijar las reglas de una determinada práctica deportiva, no pueden   comprometer el núcleo esencial de los derechos, pues su orientación debe ser,   precisamente, la de promover los principios y valores consagrados en la Carta   Política.    

5.5. Bajo esta impronta, se concluyó que, comprobada la   vulneración iusfundamental, corresponde revocar el fallo de tutela dictado en   sede de instancia, para, en su lugar, conceder el amparo invocado por el señor   Álvaro Mora Ríos, así como la adopción de las medidas necesarias para   restablecer los derechos conculcados por el proceder de las accionadas.    

III. DECISIÓN    

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de   Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo   y por mandato de la Constitución Política,    

RESUELVE:    

Primero.- REVOCAR la sentencia de tutela del 30 de octubre de 2018, por la cual el Juzgado 9º Civil   Municipal de Bogotá negó el amparo constitucional invocado por el ciudadano   Álvaro Mora Ríos en representación de su hija María Paz Mora Silva, para, en su   lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación por razón de   sexo, a la dignidad humana, a la recreación y al deporte, al interés superior de   las niñas, niños y adolescentes, a la confianza legítima y al debido proceso de   la menor de edad y de los   menores integrantes del equipo Dinhos, de acuerdo con las consideraciones   expuestas en la parte motiva de esta providencia.    

Segundo.- DECLARAR que la sanción y exclusión del equipo de fútbol   Dinhos  de la Liga Pony Fútbol 2018 no fue atribuible al club deportivo ni a ninguno de   sus integrantes, sino a la decisión inconstitucional adoptada por los   organizadores de la competencia, que afectó el desarrollo armónico e integral de   las niñas y los niños que participaban en el torneo, conforme a los términos   señalados en esta sentencia.    

Tercero.- ORDENAR a la División   Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒, a la Liga de Fútbol de Bogotá y a   CREARE Ltda. que, en el marco del evento inaugural y del evento de clausura del   torneo Liga Pony Fútbol 2019, realicen una declaración pública conjunta en la   que (i) reconozcan que la decisión de sancionar y expulsar de la Liga Pony   Fútbol 2018 al equipo de fútbol Dinhos por la participación de la menor   María Paz Mora Silva como su arquera titular, constituyó una actuación contraria   a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución   Política de 1991, la cual consagra la protección prevalente de las garantías de   niñas, niños y adolescentes, la igualdad de oportunidades entre mujeres y   hombres, la equidad de género y la importancia de la recreación y el deporte   como un espacio donde debe primar la sana competencia, la solidaridad, la   participación y el respeto mutuo, y (ii) se comprometan a no incurrir en   conductas discriminatorias en el futuro y a promover la igualdad de género en   las organizaciones que lideran y en la práctica del deporte. Dicha declaración   conjunta deberá ser publicada en todos los medios y canales de difusión de la   Liga Pony Fútbol.    

Cuarto.- ORDENAR a la Liga de Fútbol de Bogotá que, dentro de las   cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,   proceda a realizar la inscripción y admisión automática del club deportivo   Dinhos  al torneo Liga Pony Fútbol 2019, en la categoría 2008, para que sus integrantes   participen en el campeonato, si así lo deciden. Para el cumplimiento efectivo de   esta orden, la Liga de Fútbol de Bogotá deberá (i) permitir la participación de   la niña María Paz Mora Silva con el equipo Dinhos, si ello es de su   interés, respetando la figura de préstamo entre clubes, dado que   actualmente se encuentra vinculada a otro conjunto deportivo, y (ii) coordinar   con el club Dinhos lo relativo a la recolección de información,   diligenciamiento de planillas de registro, expedición de carnés y demás efectos   relativos a la inscripción reglamentaria en la competencia. Las entidades   organizadoras y las autoridades del campeonato inaplicarán las disposiciones   reglamentarias que corresponda, de ser necesario, para el cabal cumplimiento de   esta orden.    

Asimismo, las entidades organizadoras del torneo Liga   Pony Fútbol deberán considerar en un proceso de decisión abierto y democrático,   la creación de espacios de competencia mixta, entre personas menores de edad,   sin hacer diferencias en razón del sexo. Para este proceso, que se deberá   adelantar en un plazo máximo de seis (6) meses, contado a partir de la   notificación de este fallo, se deberá invitar, por lo menos, a la Consejería   Presidencial para la Equidad de la Mujer, a la Secretaría Distrital de la Mujer,   a Coldeportes y al Ministerio de Educación, así como a las personas vinculadas   al equipo Dinhos y, en especial, a María Paz Mora Silva, para que ella   participe, si así lo considera. En tal caso, si la niña quiere tomar parte en   dicho proceso, se deberán adoptar las medidas adecuadas y necesarias para   garantizar plenamente la efectividad de sus derechos y evitar nuevos escenarios   de discriminación.    

Quinto.- ORDENAR a la División Aficionada del Fútbol Colombiano   ‒Difútbol‒, a la Liga de Fútbol de Bogotá y a CREARE Ltda. que realicen una   actividad encaminada a reivindicar plenamente la equidad y la dignidad de la   niña María Paz Mora Silva, a reparar los impactos de las violaciones a sus   garantías fundamentales y a los derechos de los niños integrantes del club   deportivo Dinhos y, ante todo, a exaltar la utilidad pedagógica del   trabajo en equipo entre niñas y niños y su importancia para la promoción de la   igualdad de oportunidades y la equidad de género. Con este propósito se podrá, por ejemplo,   realizar un encuentro deportivo entre el campeón del torneo Liga Pony Fútbol   2018 y el club Dinhos, así como solicitar la   colaboración de la Federación Colombiana de Fútbol –FCF– y de la División Mayor   del Fútbol Colombiano –Dimayor– para que se invite a diferentes representantes   del fútbol profesional colombiano, tanto hombres como mujeres, a fin de que los   menores puedan conocerles y compartir sus experiencias deportivas.    

En todo caso, la actividad deberá llevarse a cabo en un   término que no podrá superar los seis (6) meses, contados a partir de la   notificación de esta sentencia, y deberá convocarse a los menores afectados, a   sus familiares, a integrantes de la comunidad deportiva, así como a los niños y   niñas que participaron del torneo Liga Pony Fútbol 2018 para que asistan en   calidad de invitados, si así lo desean. La actividad podrá desarrollarse en el   marco del evento inaugural o de clausura de la Liga Pony Fútbol 2019, y acerca   de su realización deberá rendirse informe al juez de primera instancia y a esta   Sala de Revisión dentro del término de diez (10) días posteriores a su   ejecución.    

Sexto.- ORDENAR a la División Aficionada del Fútbol Colombiano   ‒Difútbol, a la Liga de Fútbol de Bogotá y a CREARE Ltda. que organicen y   adelanten un programa de motivación para que las niñas se involucren de manera   activa en la práctica del fútbol. Para el cumplimiento efectivo de esta orden,   los organizadores del certamen deportivo determinarán el medio que consideren   más adecuado a fin de lograr dicho propósito, dentro de lo cual podrán, por   ejemplo, iniciar una campaña publicitaria en la que la menor María Paz Mora   Silva figure como imagen, si ella lo considera y previo el consentimiento de sus   padres. El programa de motivación deberá llevarse a cabo en un término máximo de   seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.    

Séptimo.- EXHORTAR a la Federación Colombiana de Fútbol ‒FCF‒, al   Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el   Aprovechamiento del Tiempo Libre ‒Coldeportes‒, a la División Mayor del Fútbol   Colombiano ‒Dimayor‒, a la División Aficionada del Fútbol Colombiano ‒Difútbol‒,   al Instituto Distrital de Recreación y Deporte ‒IDRD‒ y a la Liga de Fútbol de   Bogotá a que diseñen e implementen en sus instituciones programas y campañas   periódicas de sensibilización frente a la igualdad de género en el deporte, y a   que consideren campeonatos o espacios deportivos de integración con la   posibilidad de encuentros mixtos por razones pedagógicas y formativas.    

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.    

DIANA FAJARDO RIVERA    

Magistrada    

ALBERTO ROJAS RÍOS    

Magistrado    

CARLOS BERNAL PULIDO    

Magistrado    

Con salvamento de voto    

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ    

Secretaria General    

      

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO    

CARLOS BERNAL PULIDO    

A LA SENTENCIA T-366/19    

ACCION DE TUTELA CONTRA LIGA DE FUTBOL-Se   debió declarar carencia actual de objeto por cuanto torneo de futbol, respecto del cual se pretendía reintegro a   equipo mixto, finalizó (Salvamento de voto)    

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y PROHIBICION DE   DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO-No toda   actividad u evento desarrollado por particulares deben ser de naturaleza mixta (Salvamento de voto)    

No toda actividad u evento   desarrollado por particulares (como, en el asunto sub judice,   los torneos deportivos) deban ser de naturaleza mixta o que las actividades que   involucren, de manera exclusiva, a grupos masculinos o femeninos, estén prohibidas a la luz del referido artículo 13 de la   Constitución Política.    

Expediente T-7.268.829    

Magistrado ponente:    

Alberto Rojas Ríos    

Con   mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, suscribo   el presente salvamento de voto en relación con la sentencia de la referencia. En   mi opinión, la Sala Novena de Revisión ha debido declarar la carencia actual de   objeto en relación con la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.   Esto, por cuanto el Torneo Pony Fútbol – respecto del cual la accionante   pretendía el reintegro del equipo mixto de fútbol Dinhos – finalizó en el mes de   diciembre de 2018. En este orden, dado que, al momento de proferirse el fallo   del cual me aparto, la mencionada competencia deportiva había terminado, no   existía objeto respecto del cual pronunciarse y, por ende, la intervención del   juez constitucional resultaba, a todas luces, inane.    

Además, considero que, en el caso concreto, las entidades demandadas no   vulneraron el derecho fundamental a la igualdad de la accionante. El artículo 13   de la Constitución Política dispone que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la   misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,   libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo (…)”. En tales términos, dicho artículo contiene la   prohibición de discriminación por razón de sexo, que vincula tanto a las   autoridades como a los particulares. Sin embargo, de esta prohibición no se sigue, como pareciere entenderlo la mayoría de la   Sala, que toda actividad u evento desarrollado por particulares (como, en el   asunto sub judice, los torneos deportivos) deban ser de naturaleza mixta   o que las actividades que involucren, de manera exclusiva, a grupos masculinos o   femeninos, estén prohibidas a la luz del referido artículo 13 de la Constitución   Política.    

Fecha ut supra,    

CARLOS BERNAL PULIDO    

Magistrado    

[1] La Sala de Revisión aclara que los   progenitores de la niña expresaron su consentimiento para que se mencione su   nombre real en la presente providencia (Cfr. fol. 402 cuad. revisión).    

[2] Integrada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el   magistrado Alberto Rojas Ríos.    

[3] Cfr. fols. 22 cuad. revisión.    

[4] Cfr. fol. 221 cuad. ppal.    

[5] Nacida el 24 de julio de 2008 (Cfr. fol. 168 cuad. ppal.)    

[6] El promotor de la acción no precisa cuáles fueron tales   inconvenientes.    

[7] Cfr. fols. 169-190 cuad. ppal.    

[8] Cfr. fol. 191-196 cuad. ppal.    

[9] Cfr. fols. 197-199 cuad. ppal.    

[10] Cfr. fols. 167-168 cuad. ppal.    

[11] Cfr. fols. 200-203 cuad. ppal.    

[12] Cfr. fol. 204 cuad. ppal.    

[13] Cfr. fols. 250-260 cuad. ppal.    

[14] Cfr. fols. 256-257 cuad. ppal.    

[15] Cfr. fols. 276-281 cuad. ppal.    

[16] Cfr. fols. 308-318 cuad. ppal.    

[17] Cfr. fols. 299-303 cuad. ppal.    

[18] Cfr. fols. 297-298 cuad. ppal.    

[19] Cfr. fols. 319-321 cuad. ppal.    

[20] Cfr. fols. 322.-325 cuad. ppal.    

[21] Mediante memorial del 31 de octubre de 2018 el presidente de la   Federación Colombiana de Fútbol ratificó los argumentos de defensa presentados   por el Director Jurídico de la entidad en su ausencia. (Cfr. fol. 338 cuad.   ppal.)    

[22] Cfr. fol. 327 cuad. ppal.    

[23] “Artículo 10.- Podrán participar en el campeonato, los clubes   deportivos, escuelas deportivas, colegios, equipos de juntas comunales que   reúnan los siguientes requisitos:    

a-   INSCRIBIRSE OPORTUNAMENTE ANTE SU RESPECTIVA LIGA DEPARTAMENTAL, QUE SERÁ ÚNICA   RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DEPORTIVA, TÉCNICA, ARBITRAL Y   DISCIPLINARIA DEL EVENTO EN EL TERRITORIO DE SU JURISDICCIÓN.    

b- Los   clubes DEPORTIVOS reconocidos, deben estar afiliados y en pleno uso de sus   derechos a una Liga Deportiva filial de la DIFÚTBOL, que no se encuentre   suspendida o intervenida, y deben cumplir con las normas establecidas en los   decretos 1228, 515, Ley 181 de 1995 y Ley 1445/11 expedida por el Gobierno   Nacional.- Los Clubes deportivos admitidos, deben inscribir a sus deportistas   por el SISTEMA COMET de la FIFA.-    

c- Los   equipos representativos de colegios, escuelas deportivas y juntas comunales,   deben estar legalmente constituidas y autorizadas por el ente respectivo.    

d- Todos   los participantes, deben cumplir con los requisitos exigidos por la FEDERACIÓN,   por DIFÚTBOL y por el ESTATUTO DEL JUGADOR.-    

CIUDAD                    

TOTAL EQUIPOS                    

MASCULINO                    

FEMENINO   

ARMENIA                    

40                    

32                    

8   

BARRANQUILLA                    

80                    

64                    

16   

BOGOTÁ                    

120                    

96                    

24      

 (…)”    

[24] Cfr. fols. 330-334 cuad. ppal.    

[25] Cfr. fols. 335-337 cuad. ppal.    

[26] Cfr. fols. 1-16 cuad. revisión.    

[27] Cfr. fols. 131-138 cuad. revisión.    

[28] Cfr. fols. 173-177 cuad. revisión.    

[29] Cfr. fols. 179-181 cuad. revisión.    

[30] Cfr. fols. 182-185 cuad. revisión.    

[31] Cfr. fols. 186-191 cuad. revisión.    

[32] Cfr. fols. 192-196 cuad. revisión.    

[33] Cfr. fols. 198-199 cuad. revisión.    

[34] Cfr. fols. 216 y 308-313 cuad. revisión.    

[35] Cfr. fols. 218-221 y 303-306 cuad. revisión    

[36] Cfr. fol. 224 cuad. revisión.    

[37] Cfr. fol. 236 cuad. revisión.    

[38] Cfr. fol. 236 vto. cuad. revisión.    

[39] Cfr. fol. 237 cuad. revisión.    

[40] Cfr. fol. 240 cuad. revisión.    

[41] Cfr. fols. 314-317 cuad. revisión    

[42] Cfr. fols. 330-335 cuad. revisión    

[43] Cfr. fols. 336-338 cuad. revisión    

[44] Algunos de los fragmentos de las consideraciones sobre procedencia   fueron tomadas de la sentencia T-102 de 2019.    

[45] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el   artículo 86 de la Constitución Política”    

[46] Cfr. Sentencias T-054 de 2018 (M. P.: Alberto Rojas Ríos), T-244 de   2017 (M. P.: José Antonio Cepeda Amarís), T-553 de 2017 (M. P.: Diana Fajardo   Rivera), entre otras.    

[47] Sentencia T-207 de 2018.    

[48] Cons. Sentencia T-541A de 2014.    

[49] Desarrollado, a su vez, por los artículos 13 y 42 del Decreto 2591   de 1991.    

[50] “Artículo 42.   Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de   particulares en los siguientes casos:    

1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté   encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los   derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y   38 de la Constitución. [Sentencia   C-134 de 199: Declarar EXEQUIBLE el numeral 1o. del artículo 42 del decreto 2591   de 1991, salvo la expresión “para proteger los derechos consagrados en los   artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución”, que   se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre   contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la   violación de cualquier derecho constitucional fundamental.]    

2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté   encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los   derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. [Sentencia   C-134 de 1994: Declarar EXEQUIBLE el numeral 2o. del artículo 42 del decreto   2591 de 1991, salvo la expresión “para proteger los derechos a la vida, a la   intimidad, a la igualdad y a la autonomía”, que se declara INEXEQUIBLE. Debe   entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular que esté   prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier derecho   constitucional fundamental.]    

3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté   encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.    

4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización   privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de   la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una   relación de subordinación o indefensión con tal organización.    

5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o   amenace violar el artículo 17 de la Constitución.    

6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere   hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo   establecido en el artículo 15 de la Constitución.    

7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o   erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la   copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en   condiciones que aseguren la eficacia de la misma.    

8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de   funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las   autoridades públicas.    

9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad   de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del   particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión   del menor que solicite la tutela. [Sentencia   C-134 de 1994: Declarar EXEQUIBLE el numeral 9o. del artículo 42 del decreto   2591 de 1991, salvo la expresión “la vida o la integridad de”.]”    

[52] Sentencia T-632 de 2007.    

[53] Sentencia T-288 de 1995.    

[54] Cfr. fol. 206 cuad. ppal.    

[55] Cfr. fols. 197 y ss. cuad. ppal.    

[56] Cfr. fol. 221 cuad. ppal.    

[57] Cfr. fol. 174 vto. y 224 cuad. revisión.    

[58] Cfr. fol. 1 cuad. revisión.    

[59] Sentencia T-660 de 2014.    

[60] Resolución No. 025-18, Artículo 81, parágrafo: “Cuando se trate de   la presentación de un RECURSO contra el FALLO A UNA RECLAMACIÓN de un partido,   se deben adjuntar NUEVAS PRUEBAS y el original de un recibo de consignación en   la cuenta de DIFÚTBOL  por la suma de TRES (3) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES   VIGENTES. Si el recurso se resuelve favorablemente, se hará DEVOLUCIÓN del   precitado DEPÓSITO al RECURRENTE.”    

[61] Artículo 13 de la Constitución    

[62] BARBERÁ, Ester. Perspectiva socio-cognitiva: estereotipos y   esquemas de género. En: Psicología y Género. Pearson-Prentice Hall,   Madrid, 2004. (p. 57)    

[63] LAMAS, Marta. Cuerpo: diferencia sexual y género. Editorial   Taurus, México D.F., 2006. (p.55-56)    

[64] DE BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo. Penguin Random House   Grupo Editorial, Bogotá, 2015. (p.207-208)    

[65] Ibidem  (p. 220)    

[66] Ibidem (p. 221-222)    

[67] MORENO, Monserrat. Cómo se enseña a ser niña: el sexismo en la   escuela. Icaria Editorial, Barcelona, 1986. (p. 20-22)    

[68] BARBERÁ, Ester. Perspectiva socio-cognitiva: estereotipos y   esquemas de género. En: Psicología y Género. Pearson-Prentice Hall,   Madrid, 2004. (p. 58)    

[69] Marta Lamas (op. cit. p.59) cita a Pierre Bourdieu para mencionar   que, aunque las nociones sobre lo masculino y lo femenino suelen afianzar su   legitimidad con el argumento de que tienen un sustrato biológico, también “lo   biológico” puede ser el resultado de una construcción social: “Para Bourdieu,   el orden social está tan profundamente arraigado que no requiere justificación :   se impone a sí mismo como autoevidente, y es tomado como “natural” gracias al   acuerdo “casi perfecto e inmediato” que obtiene, por un lado, de estructuras   sociales como la organización social de espacio y tiempo y la división sexual   del trabajo y, por otro, de las estructuras cognoscitivas inscritas en los   cuerpos y en las mentes. Bourdieu insiste en la eficacia que tiene legitimar una   relación al inscribirla en lo biológico; además, lo que consideramos biológico   suele ser una construcción social. Por ejemplo, la biología muestra que,   aparentemente, los seres humanos se distinguen en dos sexos; sin embargo, son   más las combinaciones que resultan de las cinco áreas fisiológicas, de las   cuales depende lo que, en términos generales y muy simples, se ha dado en llamar   el “sexo biológico” de una persona: genes, hormonas, gónadas, órganos   reproductivos internos y órganos reproductivos externos (genitales). Estas áreas   controlan cinco tipos de procesos biológicos en un continuum, y no en una   dicotomía de unidades, cuyos extremos son lo masculino y lo femenino. Por eso,   para entender la realidad biológica de la sexualidad es necesario introducir la   noción de intersexos. Dentro del continuum podemos encontrar una sorprendente   variedad de posibilidades combinatorias de caracteres, cuyo punto medio es el   hermafroditismo. Los intersexos son, precisamente, aquellos conjuntos de   características fisiológicas en que se combina lo femenino con lo masculino. Una   clasificación rápida, y aun insuficiente, de estas combinaciones obliga a   reconocer por lo menos cinco “sexos” biológicos: hombres (personas que tienen   dos testículos); mujeres (personas que tienen dos ovarios); personas   hermafroditas o herms (en las cuales aparecen al mismo tiempo un testículo y un   ovario); hermafroditas masculinos o merms (personas que tienen testículos, pero   que presentan otros caracteres sexuales femeninos); hermafroditas femeninos o   ferms (personas con ovarios, pero con caracteres sexuales masculinos). Esta   clasificación funciona sólo si tomamos en cuenta los órganos sexuales internos y   los caracteres sexuales “secundarios” como una unidad; pero si imaginamos las   múltiples posibilidades a que pueden dar lugar las combinaciones de las cinco   áreas fisiológicas que ya señalamos, veremos que nuestra dicotomía hombre/mujer   es, más que una realidad biológica, una realidad simbólica o cultural.”    

[70] “Las mujeres y el deporte: evolución y situación actual”,   Seminario Permanente Mujer y Deporte. Facultad de Ciencias de la Actividad   Física y el Deporte-INEF. Universidad Politécnica de Madrid Disponible en   http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20100805132024Elida%20Alfaro.pdf    

[71] PELEGRÍN MUÑOZ, Antonia, y otras. Programa para el desarrollo de   actitudes de igualdad de género en clases de educación física en escolares.   Revista Educación XX1, UNED, 2012. (p. 273)    

[72] ONU MUJERES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Anotar puntos para la   igualdad de género a través del deporte. 2016. Disponible en:   http://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2016/09/anotar-puntos-para-la-igualdad    

[73] AZURMENDI ECHEGARAY, Ainhoa, y FONTECHA MIRANDA, Matilde. GUÍA   PARA LA PREVENCIÓN DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL A MUJERES EN EL DEPORTE. PAUTAS PARA   UN PROTOCOLO. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y Departamento de   Educación, Política lingüistica y Cultura del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz,   2015. (p. 13)    

[74] MONTERO LABAT, Evangelina. Cuestiones de género en la clase de   Educación Física en contextos de pobreza y exclusión [en línea]. 10mo   Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias, 9 al 13 de septiembre de   2013, La Plata, 2013. En Memoria Académica. Disponible en:   http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3060/ev.3060.pdf (p. 6).    

[75] Estos fenómenos son explicados por Ainhoa Azurmendi en la   conferencia Mujeres y deporte: rompiendo estereotipos y superando barreras,   disponible en https://www.youtube.com/watch?v=-HRa6_4f6jM    

[76] En el ámbito de la psicoeducación, al explicar el fenómeno del   sexismo en la educación de niños y niñas, se ha puesto de relieve que, aunque   ciertos objetos para el juego no sean per se sexistas, el uso que se hace   de los mismos acaba reproduciendo estereotipos de género en la población   infantil e incidiendo en sus opciones de desarrollar determinadas habilidades   sociales y personales: “[L]os accesorios de la casita, o de la tienda son una   imitación de la realidad, y por lo tanto no son de naturaleza sexista; distinto   es que solamente los utilicen las niñas; lo mismo se puede decir de los coches,   los bloques o las pelotas. Luego el uso que se hace de los mismos sí lo es y   determinados tipos de juguetes pasan a ser exclusivos de un sexo, hecho que   debería ser evitado dada la limitación que supone en el desarrollo de niños y   niñas.| Como ya se ha mencionado anteriormente, determinados juguetes facilitan   determinados juegos, y estos a su vez diferentes maneras de interactuar y de   relacionarse con los demás; estas interacciones, en último lugar, influirán en   el desarrollo social y personal de los individuos implicados. Si el objetivo   final de la educación es el desarrollo integral de la persona, todas las áreas   de desarrollo de una persona deberían ser estimuladas; es decir, todos los niños   y niñas deberían de jugar a todo, y evitar los juguetes sexistas por sí mismos.”   LERA RODRÍGUEZ, María José. El fútbol y las casitas. Por qué los niños y las   niñas son como son. Ed. Alcalá De Guadaira, Sevilla: Guadalmena, 2002. P. V.   ISBN: 84-86448-79-4 (p.37)    

[77] LERA RODRÍGUEZ, María José. El fútbol y las casitas. Por qué los   niños y las niñas son como son. Ed. Alcalá De Guadaira, Sevilla: Guadalmena,   2002. P. V. ISBN: 84-86448-79-4 (p.23)    

[78] CARRASCO, Cristina. La sostenibilidad de la vida humana: ¿un   asunto de mujeres? En: Mujeres y trabajo: cambios impostergables,  CLACSO – Veraz Comunicação, Porto Alegre, 2003.    

[79] PELEGRÍN MUÑOZ, Antonia, y otras. Programa para el desarrollo de   actitudes de igualdad de género en clases de educación física en escolares.   Revista Educación XX1, UNED, 2012. (p. 273)    

[80] Sobre la coeducación, Monserrat Moreno explica: “Coeducar   no es yuxtaponer en una misma clase a individuos de ambos sexos, ni tampoco es   unificar, eliminando las diferencias mediante la presentación de un modelo   único. No es uniformizar las mentes de niñas y niños sino que, por el contrario,   es enseñar a respetar lo diferente y a disfrutar de la riqueza que ofrece la   variedad.” MORENO, Monserrat. Cómo se enseña a ser niña: el sexismo en la   escuela. Icaria Editorial, Barcelona, 1986. (p. 68-69)    

[81] Evangelina Montero realiza una crítica a las deficiencias que hacen   persistir la segregación sexista en las clases de educación física pese a los   esfuerzos en la implementación de modelos coeducativos: “Se comparte un   espacio común para los/as alumnos/as pero las intervenciones no se orientan a   desarrollar las capacidades de unos con otros. En muchos de los casos en lugar   de promover un escenario de igualdad se refuerzan las jerarquías de los varones   sobre las niñas o se legitiman las situaciones de desvalorización de la   condición femenina. Por ejemplo en situaciones en las que con el propósito de   que en los juegos se integren niñas y niños se incorpora la regla que establece   que antes de convertir el tanto la pelota la debe tocar una mujer. En la   organización de los grupos para las actividades lúdicas y deportivas se   manifiesta el interés del docente por armar grupos mixtos. A pesar de esto el   rol del capitán o líder aparece reservado para los varones, dejando en claro la   supremacía de los varones sobre las mujeres. De esta manera podemos afirmar que   en muchas de las estrategias de organización y de gestión de las clases algunos   de los alumnos son expuestos a situaciones en las que se los ignora y/o   discrimina adjudicándoles la falta de habilidad y/o la pertenencia a un género   para poder ser o no ser incluido en un grupo. En general se ha podido observar   que los grupos son determinados por el Profesor y con único criterio, el género.   En este marco los alumnos no cuentan con la posibilidad de tomar decisiones y de   constituirse como grupo.” MONTERO LABAT, Evangelina. Cuestiones de género   en la clase de Educación Física en contextos de pobreza y exclusión  [en línea]. 10mo Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias, 9 al 13 de   septiembre de 2013, La Plata, 2013. En Memoria Académica. Disponible en:   http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3060/ev.3060.pdf (p. 7).    

[82] FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA), Informe sobre el   Estado de la Población Mundial del UNFPA 2008 –Suplemento Jóvenes–:   Generación del cambio: Los jóvenes y la cultura. (p.5)    

[83] La Corte Constitucional, en sentencia C-758 de 2002 desarrolló los   elementos que integran el artículo 52 superior en los siguientes términos:    

“i)   todas las personas tienen derecho al ejercicio del deporte, a la recreación y al   aprovechamiento del tiempo libre;    

ii)   estas actividades, en cuanto tienen como finalidad la formación integral de las   personas y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano, se integran   en los derechos a la educación y a la salud y entonces comparten la garantía y   protección que a éstos son constitucionalmente debidos, entre ellos el de formar   parte del gasto social;    

iv) en   la medida en que las actividades deportivas y recreativas comportan usualmente   derechos y deberes comunitarios que implican la observancia de normas mínimas de   conducta,  dichas actividades deben ser objeto de intervención del Estado   por cuanto la sociedad tiene un legítimo interés en que tal práctica se lleve a   cabo de conformidad con los principios legales, de manera que con ella se   alcancen objetivos educativos y socializadores;    

v) la   relación Estado-Persona, en el ámbito de las actividades deportivas, recreativas   y de aprovechamiento del tiempo libre, tiene como eje central la consideración   de ser su ejercicio “un derecho de todas las personas”, que al propio tiempo   ostenta la función de formarlas integralmente y preservar y desarrollar una   mejor salud en el ser humano;    

vi) la   relación Estado-Organizaciones Deportivas y Recreativas, se desenvuelve en torno   de, por una parte, las acciones de fomento y, por otra, de la inspección,   vigilancia y control, habida cuenta del papel que estas organizaciones están   llamadas a cumplir en la sociedad como medios eficaces para la realización de   los fines sociales y de los  derechos constitucionales de las personas.”    

[84] Sentencia T-410 de 1999.    

[85] Sentencia C-758 de 2002.    

[86] Sentencia C-449 de 2003.    

[87] Cons. sentencias T-242 de 2016, T-660   de 2014 y T-560 de 2015.    

[88] Sentencia T-033 de 2017.    

[89] Sentencia T-466 de 1992.    

[90] Sentencia T-466 de 1992.    

[91] FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA), Informe sobre el   Estado de la Población Mundial del UNFPA 2008 –Suplemento Jóvenes–:   Generación del cambio: Los jóvenes y la cultura. (p.5)    

[92] Sentencia C-082 de 1999.    

[93] Sentencia C-588 de 1992.    

[94] Sentencia C-410 de 1994.    

[95] Sentencia C-082 de 1999.    

[96] Sentencia C-667 de 2006.    

[97] Sentencia C-534 de 2005.    

[98] Sentencia C-371 de 2000.    

[99] Sentencia C-534 de 2005.    

[100] Sentencia T-462 de 2018.    

[101] Sentencia C-667 de 2006.    

[102] Sentencia C-980 de 2010.    

[103] Sentencia C-044 de 2017.    

[104] Sentencia C-091 de 2017.    

[105] Ibídem.    

[106] Sentencia T-694 de 2013.    

[107] Sentencia T-433 de 1998.    

[108] Sentencia T-470 de 1999.    

[109] Sentencia T-623 de 2017.    

[110] Sentencia T-623 de 2017.    

[111] En la sentencia C-226 de 1997 se dijo: “La ley no puede injerir   de manera indebida en el ámbito de la autonomía de estos entes. Sus   disposiciones, por lo tanto, deberán sujetarse al escrutinio de la razonabilidad   y de la proporcionalidad, si ellas restringen un espacio de autonomía social   estrechamente ligado con el ejercicio de derechos fundamentales. Ni los derechos   fundamentales ni la autonomía de las organizaciones sociales, son absolutas.   Tampoco su reconocimiento inhibe la actuación del Estado.” Y agregó: “no   puede considerarse arbitraria o desproporcionada la intervención del Estado   dirigida a imponer a las organizaciones deportivas el respeto a los derechos   fundamentales de sus miembros o de terceros lesionados con sus acciones o   abstenciones. Las organizaciones privadas pueden abusar de su condición y   someter a una persona o a una minoría a un tratamiento indigno, y, en este   evento, la autonomía no podría oponerse a la actuación pública.”    

[112] Sentencia T-242 de 2016.    

[113] Por considerarse pertinentes, se toman en este acápite considerandos   de la sentencia T-012 de 2017.    

[114] Sentencia C-840 de 2001.    

[115] Sentencia C-131 de 2004.    

[116] Sentencia T-715 de   2014.    

[117] Sentencia T-248 de 2008.    

[118] Sentencia C-478 de 1998.    

[119] Sentencia T-466 de 1999.    

[120] Artículo 2 de la Constitución.    

[121] Sentencia T-075 de 2002.    

[122] Sentencia C-131 de 2004.    

[123] Cfr. fol. 204 cuad. ppal.    

[124] Cfr. fols. 173-174 cuad. ppal.    

[125] “ARTÍCULO 12.- El régimen de edades de los jugadores que se   inscriban en cada CATEGORÍA, será el siguiente:    

1-   CATEGORÍA de 8 A 10 AÑOS (Niñas y Niños) : En esta categoría cada equipo   participante puede inscribir dieciocho (18) jugadores que cumplan el siguiente   régimen de edades:    

Para   esta categoría se jugará con máximo 8 jugadores en el terreno de juego.    

Se   inicia el 18 de AGOSTO de 2018.-. – La inscripción de equipos vence el 15 de   AGOSTO.    

2-   CATEGORÍA de 11 a 12 AÑOS (Niñas y Niños) : En esta categoría cada equipo   participante puede inscribir hasta dieciocho (18) jugadores que cumplan el   siguiente régimen de edades:    

Niños y   Niñas NACIDAS A PARTIR DEL 1 de ENERO DE 2006.-    

En esta   categoría se jugará con máximo 11 jugadores en el terreno de juego.    

Se   inicia el 1 de SEPTIEMBRE de 2018.- La inscripción de equipos vence el 20 de   AGOSTO.”    

[126] “ARTÍCULO 13.- TODOS LOS JUGADORES DEBEN CUMPLIR CON LO   ESTIPULADO EN EL ESTATUTO DEL JUGADOR de la FIFA, y de COLFUTBOL.”    

[127] “ARTÍCULO 14 .- Para su inscripción, los jugadores que NUNCA HAN   TENIDO FICHA NACIONAL EN DIFUTBOL, deben cumplir estrictamente con los   siguientes requisitos:    

A.   Comprobar su edad mediante la presentación del ORIGINAL del registro civil de   nacimiento, y fotocopia de su documento de identidad.    

B. Todos   los jugadores registrados en CLUBES DEPORTIVOS afiliados a FEDERACION y LIGAS   DEPORTIVAS OFICIALES, se deben inscribir en cada Liga mediante el sistema COMET   implementado por la Federación Colombiana de FÚTBOL .- Los equipos de COLEGIOS,   ESCUELAS Y JUNTAS COMUNALES, solo mediante el sistema operativo indicado en el   reglamento, adjuntando fotocopia original de su documento de identidad y dos   fotografías recientes tamaño 3×4,- .    

PARÁGRAFO: Los JUGADORES que ya TIENEN SU FICHA NACIONAL EN DIFUTBOL, SOLO deben   presentar FOTOCOPIA DE SU ÚLTIMO CARNE NACIONAL expedido por esa entidad, y del   documento de IDENTIDAD.”    

[128] “ARTÍCULO 22.- Los jugadores inscritos oficialmente en un CLUB o   EQUIPO para la LIGA PONY FÚTBOL, no podrán actuar con otros CLUBES o EQUIPOS   dentro de la misma competición en ninguna de las fases además de otros   campeonatos avalados u organizados por la LIGA respectiva.    

PARÁGRAFO 1: Se exceptúa de lo anterior, la actuación de jugadores con su PROPIO   equipo en otros eventos OFICIALES organizados por FEDERACIÓN, DIMAYOR, DIFÚTBOL,   LIGA AFILIADA o su respectiva COMISIÓN MUNICIPAL, siempre y cuando, entre cada   partido a JUGARSE por el respectivo deportista HAYA TRANSCURRIDO UN INTERVALO DE   TIEMPO MÍNIMO DE VEINTICUATRO (24) HORAS.    

PARÁGRAFO 2: NO está permitida la actuación en la LIGA PONY FÚTBOL de jugadores   que estén registrados en dos o más equipos dentro de este campeonato.”    

[129] Por auto del 4 de junio de 2019 se ordenó a las entidades accionadas   que allegaran una copia de la citada Resolución No. 028-19 y, más tarde, por   auto del 25 de los mismos mes y año, se les requirió bajo los apremios legales   para que dieran cumplimiento a la orden impartida por la Corte. Sin embargo, en   ninguna de sus respuestas ni en las pruebas anexadas aportaron el documento   requerido. En consecuencia, la fuente de lo aquí transcrito es la copia de la   Resolución allegada por el accionante junto con el escrito en que solicitó a la   Corte la selección del expediente para revisión (Cfr. fols. 90-92 cuad.   revisión).    

[130] Por auto del 4 de junio de 2019 se ordenó a las entidades accionadas   que allegaran una copia de la citada Resolución No. 029-19 y, más tarde, por   auto del 25 de los mismos mes y año, se les requirió bajo los apremios legales   para que dieran cumplimiento a la orden impartida por la Corte. Sin embargo, en   ninguna de sus respuestas ni en las pruebas anexadas aportaron el documento   requerido. En consecuencia, la fuente de lo aquí transcrito es la copia de la   Resolución obtenida por consulta realizada en el portal web de la Liga de   Fútbol de Bogotá en el enlace   https://www.futbolbogotano.com/wp-content/uploads/2018/10/RESOLUCION-029-2018-MASCULINOS-Y-MIXTOS-1.pdf    

[131] Grassroots 2016. Programa Fútbol Base de la FIFA.    

[132] Fútsal directrices y programas de desarollo de la FIFA.    

[133] Reglamento del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA. Forward   2.0.    

[134] Directrices y programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA   2015-2018.    

[135] FIFA Conference for Equality and Inclusion 2017.    

[136]https://grassroots.fifa.com/es/para-entrenadores-educadores-de-futbol/direccion-tecnica-de-futbol-base/caracteristicas-del-nino-y-enfoque-pedagogico/el-futbol-mixto.html#c987   (consulta realizada el 24 de junio de 2019).    

[137] Cfr. fol. 103 cuad. revisión.    

[138] Cfr. fol. 198 cuad. ppal.    

[139] Cfr. fol. 297 cuad. ppal.    

[140] Cfr. fols. 297-303 cuad. ppal.    

[141] Veánse las consideraciones del capítulo iii) La discriminación   por razón de género en el deporte de esta sentencia.    

[142] Cfr. fols. 172-173 cuad. ppal.    

[143] BARBERÁ, Ester. Perspectiva socio-cognitiva: estereotipos y   esquemas de género. En: Psicología y Género. Pearson-Prentice Hall,   Madrid, 2004. (p. 79)    

[144] Cfr. fols. 200 y 203 cuad. ppal.    

[145] El Presidente de la Liga de Bogotá afirmó en su memorial de   contestación que la menor María Paz Silva participó en el torneo “Festivales”,   el cual permitía la participación de equipos mixtos, lo que significa   conformados por niños y niñas.    

[146] Sentencia SU-254 de 2013.    

[147] Cons. sentencias T-1083 de 2002, T-340 de 2010, T-909 de 2011,    T-691 de 2012, T-366 de 2013, T-878 de 2014, T-677 de 2014, T-141 de 2015, T-478   de 2015, T-291 de 2016, T-271 de 2016, T-652 de 2016, T-306 de 2017, T-062 de   2018. Estas medidas de desagravio también han sido adoptadas por la Corte   Interamericana de Derechos Humanos en casos como, por ejemplo, Atala Riffo y   Niñas vs. Chile, González y otras vs. México, Niñas Yean y Bosico   vs. República Dominicana, López Soto y otros vs. Venezuela,  Atenco vs. México, Fernández Ortega y otros vs. México, Gelman   vs. Uruguay.