T-412-09

    Sentencia T-412-09  

Referencia: expediente T-2220855  

Acción de tutela de la señora María de las  Mercedes  Barrios  Torres,  en  representación  de su hija, Ana Maribel Barrios  Torres  contra  el  Defensor  del  Pueblo,  Seccional  Valledupar y el Instituto  Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.   

Magistrada Ponente:  

Dra.           María Victoria Calle Correa   

Bogotá,  D.C.,  veintitrés (23) de junio de  dos mil nueve (2009)   

La  Sala  Segunda  de  Revisión  de la Corte  Constitucional,  integrada  por  los  magistrados  María Victoria Calle Correa,  Luis  Ernesto  Vargas  Silva  y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en ejercicio de  sus  atribuciones  constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y  trámites    legales    y    reglamen­tarios, ha proferido la siguiente   

SENTENCIA  

en el proceso de revisión del fallo adoptado  por  el  Juzgado  15  de  Familia  de  Bogotá,  dentro  de la acción de tutela  promovida  por  la  señora  María  de  las  Mercedes  Barrios Torres contra el  Defensor  del Pueblo, Seccional Valledupar y el Instituto Nacional Penitenciario  y Carcelario, INPEC.   

I.  ANTECEDENTES   

1.  Hechos   

La  señora  María  de las Mercedes Barrios  Torres,  en  representación  de  su hija, Ana Maribel Barrios Torres, presentó  acción  de  tutela  contra  el  Defensor del Pueblo, Seccional Valledupar, y el  Instituto  Nacional  Penitenciario y Carcelario, INPEC, por considerar que estas  dos  entidades  han  desconocido  sus  derechos  fundamentales  a  la vida, a la  igualdad  y  al  debido  proceso. A su juicio, la segunda de estas entidades, el  INPEC,  se  ha  negado  a  trasladarla  de  cárcel y la mantiene en condiciones  indignas,  y la primera de ellas, la Defensoría del Pueblo, tampoco ha ordenado  hacerlo.  La accionante fundó su tutela en los hechos a los que a continuación  se hace referencia:   

1.1.  La  señora  María  de  las  Mercedes  Barrios  Torres  es  madre  de  Ana  Maribel  Barrios Torres, quien se encuentra  recluida  en  el  Establecimiento  Penitenciario  y Carcelario de Alta y Mediana  Seguridad  de  Valledupar,  sostuvo  que  para el momento en que se interpuso la  acción,  señaló  que llevaba aproximadamente más de 8 meses solicitando a la  Defensoría  del Pueblo de Valledupar y al Instituto Penitenciario y Carcelario,  INPEC,  el traslado de su hija “(…) para la Reclusión de Mujeres de Bogotá  o   para   cualquier   Establecimiento   Carcelario,  cercano  a  la  ciudad  de  Bogotá.”   

1.2.  La acciónate afirmó que la petición  se  justifica  en  el  hecho  de  que  la situación de su hija es penosa; va en  contra  de  la  dignidad  humana.  Afirma que como manera para protegerla de las  amenazas  que  existen  en  su  contra,  de  parte  de  las  mismas internas, el  establecimiento  carcelario  decidió  confinarla a un calabozo. Debido al grado  de  aislamiento  y  confinamiento en el cual la han puesto, alegó, su estado de  salud se ha deteriorado. Al respecto señaló lo siguiente,   

“Actualmente mi hija lleva más de 5 meses  en  el  calabozo  aislada del resto de las internas, pues se encuentra amenazada  por  algunas  de las mismas; la sacan una hora diaria a tomar sol y vuelven y la  encierran,  psicológicamente  mi  hija  ya se encuentra muy grave, su estado de  salud  es  pésimo  y no cuenta con ningún familiar cercano que la pueda apoyar  con una visita.”   

1.3.  Además  de  no  existir  familiares  cercanos  que  la  visiten,  el  hecho  de  que su hija se encuentre recluida en  Valledupar,  le  impide  a  ella  como  madre,  teniendo  en  cuenta su precaria  situación  económica,  visitarla  frecuentemente y brindarle el apoyo familiar  que  tanto  requiere.  Señaló  también  que  esta situación, a su vez, la ha  deprimido  y le ha impactado su propio estado de salud, el cual ya se encontraba  afectado   por   la   diabetes.   De  hecho,  sostuvo,  existen  “muchas     posibilidades     que    quedar    inválida”.1   

1.4. Como respuesta a las varias solicitudes  que  la accionante ha presentado ante la Defensoría del Pueblo para que ayude a  su   hija,  esta  entidad,  a  través  de  su  Seccional  Valledupar,  decidió  ‘recomendar’  al  INPEC  que  llevara  a  cabo  el  traslado  solicitado  por  la  señora,  teniendo  en  cuenta las condiciones de  inseguridad  de la reclusa. Sin embargo, afirma la accionante, la Defensoría no  ha     hecho     cumplir     ese    ‘concepto’.2   

1.5.  Tal  como  lo  alegó en la acción de  tutela,  la  señora  María de las Mercedes Barrios Torres ha presentado varios  derechos  de  petición  de  los  cuales,  según dice, no ha obtenido respuesta  alguna.3  Advirtió  que  su preocupación aumenta, porque pasan los días y  su  hija  sigue encerrada “en condiciones que no son  dignas para ningún ser humano.”   

1.6.  La accionante aportó al proceso copia  de  varias  de  las  peticiones y denuncias que ha presentado con relación a la  situación  en la que se encuentra su hija. A continuación se hace referencia a  éstas.   

1.6.1. El 23 de junio de 2008, al enterarse de  que  la  situación  de  seguridad  de  su  hija  era especialmente precaria, la  accionante  decidió  poner  en  conocimiento de las autoridades carcelarias, el  INPEC,  los  hechos de los cuales se había enterado. Dijo al respecto, en queja  radicada ante el INPEC,   

“En el día de hoy, junio 23, se presentó  en   la   Oficina   de   Atención   al   Ciudadano,   la  Señora  María  Mercedes  Barrios Torres, madre de  la   interna   Maribel   Barrios  Torres,  con  el  fin de  poner en conocimiento los siguientes hechos  relacionados con su hija.   

El 21 de junio del año en curso, le hicieron  una   llamada  de  Valledupar,  donde  le  informaban  que  su  hija  estaba  en  aislamiento  total,  porque  la  querían  matar, y ella estaba en compañía de  otra  interna,  la  cual  fue  herida con un puñal en la garganta, la quién se  (sic)   actualmente   se  encuentra  en grave estado de salud, manifiesta que le dijeron que esa puñalada  era  para su hija Maribel, las autoras de esto son la internas Tatiana Pinzón y  Andrea  Correa,  le  incendiaron la celda a su hija, quemándole la ropa y sólo  le  quedó  lo  que  tenía puesto, y le juraron estas dos mujeres delante de la  guardia  que  ella  no  se  salvaba  de  morir,  por lo tanto tiene a la hija en  aislamiento  total,  igualmente  le manifestaron a la señora que se acercara al  INPEC  a  poner  en  conocimiento  estos  hechos,  para  ver si fuera posible su  traslado a cualquier cárcel del país.   

La  señora María  Mercedes manifiesta que la tiene preocupada esta grave  situación  en al que se encuentra involucrada su hija, ya que no tiene agua, no  tiene  contacto  con ninguna interna, porque dicen que la pueden matar, teniendo  en cuenta que es un ser humano, no un animal.   

El  fin  primordial  de esta información es  poner  en  conocimiento estos hechos, además responsabilizar al INPEC, sobre la  vida  y la seguridad de la Interna Ana Maribel Barrios  Torres.”4   

1.6.2. Posteriormente, el 11 de julio de 2008,  solicitó  ayuda  para  su hija ante al Defensoría del Pueblo de Valledupar. En  esta  ocasión,  además  de reiterar mucho de lo dicho previamente, específico  las  condiciones en que tiene que ir a visitar a su hija. Dijo al respecto en su  comunicación,   

“Doctor o doctores que les corresponda por  favor  se  lo pide una madre vieja y angustiada que no me dejen matar a mi hija,  trasládenla,  además  ella  no  me tiene sino a mí; les pido su colaboración  para  que  la  trasladen  para  Villavicencio,  puesto que allá hay parcelas de  trabajo  y  ella  necesita  ocuparse  en algo, puesto que su estado emocional es  pésimo  o  a  cualquier  cárcel  de  Bogotá,  puesto  que yo no tengo recurso  económicos  para  viajar  a partes lejanas, pues para venir acá me tocó pedir  limosna  y  quedarme  estos  días  en el terminal porque no tengo para pagar un  hotel.”5   

1.6.3.  El  8  de  agosto de 2008, la señora  Maribel   Barrios   solicitó   al   Director   General  del  INPEC,6 que trasladara  a  su  hija  para  Bogotá, debido a que el estar en Valledupar le impide a ella  visitarla  y  apoyarle  con  las  necesidades  materiales básicas que requiera,  tales  como  algunos  útiles de aseo, además de que su situación de seguridad  es  especialmente  precaria, al igual que sus condiciones de reclusión. Dijo al  respecto en su comunicación,   

“(…)  me dirijo a su despacho con el fin  de  solicitarle se sirva colaborarme con el traslado de mi hija Maribel Barrios,  quien  se  encuentra  recluida  en  la  penitenciaría  de  Máxima Seguridad de  Valledupar,  ya  que  se  encuentra  en  condiciones  deprimentes, se encuentran  aislada  desde  hace  56  días  por motivos de seguridad, durante el tiempo que  lleva  en  este  lugar  solamente  una  vez  ha  tenido  visita  de mi parte por  cuestiones  económicas  y  de  distancia,  yo  le  solicito que por favor me la  trasladen  para Bogotá o para un lugar cercano de manera que por lo menos tenga  derecho  a  recibir  una  visita  y  alguna ayuda para las cosas que necesita en  cuanto a útiles de aseo.   

Ya tuve al oportunidad de comunicarme con el  Director  Regional  Norte y el me explicaba que este traslado estaba en manos de  mi  General  Morales por que ellos tenían orden de trasladar dentro de la misma  región,  pero  de la manera más aclamante le ruego que me colabore, es la vida  de  mi hija y como madre siento el peligro que esta corriendo por la seguridad y  por  la salud, es un clima que no le favorece ya  que el encierro acaba con  las ganas de vivir y mi hija se encuentra en estas condiciones.   

No siendo otro el motivo le agradezco y dejo  en  sus  manos  el gran proceder para poder tener una nueva oportunidad de ver a  mi hija.”   

1.6.4.  Finalmente,  el  26  de septiembre de  2008,  informada  sobre el cambio en la Dirección del INPEC, la señora Barrios  Torres  también  le  solicitó  al  nuevo  Director  General  que  le ayudara a  trasladar  a  su  hija  de  Valledupar  a  Bogotá, dadas las condiciones que le  implica  a  ella  estar  allí.  En esta ocasión, hizo especial énfasis en que  ella  confiaba en la promesa que él como cabeza de la institución hacía a los  administrados,   a  través  del  anunció  de  sus  políticas  públicas,  con  relación  a  la  protección  de los derechos de los reclusos, en especial a lo  referente      a     su     unidad     familiar.7  Básicamente,  presentó  las  mismas  peticiones  que había realizado al Director anterior, con fundamento en  los  mismos  hechos  y razones que había alegado anteriormente, advirtiendo que  para  este  momento  ya  habían  pasado  casi  tres  meses de aislamiento de su  hija.8   

2.    Demanda    y  solicitud   

El 10 de febrero de 2009, la señora María de  las  Mercedes Barrios Torres, en representación de su hija, Ana Maribel Barrios  Torres  presentó  acción  de  tutela  ante  el Juez de Familia del Circuito de  Bogotá,  contra  el  Defensor  del  Pueblo, Seccional Valledupar y el Instituto  Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.   

2.1.  La accionante considera que el INPEC ha  desconocido  el  derecho  de  “protección a la vida  digna,  la  integridad  física,  la  salud  y  la  seguridad social”  de  su hija  (1) al no haber tomado las medidas necesarias  para  protegerla adecuadamente de las agresiones en contra de su vida, por parte  de  otras  de  las reclusas del establecimiento penitenciario y carcelario en el  que   se  encuentra  recluida,   (2)  al  haber  decidido,  como  forma  de  protección,  aislarla  y  recluirla  en  condiciones  contrarias  a la dignidad  humana  y   (3)  al  no  haber considerado la posibilidad de trasladarla de  establecimiento,  a  pesar de reconocer el propio INPEC que no la puede proteger  adecuadamente  en  el  que  actualmente  se  encuentra,  y de que tal medida fue  recomendada por el Defensor del Pueblo respectivo.   

Específicamente,   con   relación   a  la  violación  de  la  dignidad  de  su  hija  por  parte  del INPEC, la accionante  sostiene lo siguiente,   

“El  lema  del  INPEC  reza:  su   dignidad   humana   y   la  mía  son  inviolables,  pero  realmente  el sufrimiento y el encierro que está sufriendo  mi  hija  contradicen  estas  palabras,  a  lo  que  se  suma  mi  sufrimiento y  desesperación como madre.”   

2.2.  Adicionalmente, la accionante considera  que  la Defensoría del Pueblo ha desconocido los mismos derechos de su hija, al  no  haber  tomado  las medidas adecuadas y necesarias para asegurar que el INPEC  no   cometa   las   violaciones   en  las  que  actualmente  está  incurriendo.  Expresamente, sostuvo que,   

“[a]nte  el  INPEC  y  la  Defensoría del  Pueblo  he presentado varios derechos de petición, de los cuales no he obtenido  respuesta  alguna,  lo  que  aumenta  mi preocupación pues los días pasan y mi  hija  sigue  encerrada  en  condiciones  que  no  son  dignas  para  ningún ser  humano.”   

2.3. La accionante solicitó al juez de tutela  que  como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales invocados  de  su  hija,  la  traslade  a  un establecimiento carcelario y penitenciario en  Bogotá,   o   cerca   de   esta   ciudad.   La   acción   de  tutela  dice  al  respecto:   

“(…) ordenar a la Defensoría del Pueblo  y  al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se sirva proceder a realizar  el  traslado  de mi hija Maribel Barrios a la Reclusión de Mujeres de Bogotá o  a cualquier establecimiento cercano a esta ciudad.”   

2.4. La señora María de las Mercedes Barrios  Torres  indicó  al juez de tutela en su acción, que si bien su hija merece ser  sancionada   por   los   errores   que  haya  cometido,  su  dignidad  debe  ser  salvaguardada y protegida.   

“Sé  que  mi hija cometió un error y que  debe  pagar  su  condena,  pero  como ser humano merece ser tratada dignamente y  tener  las  garantías y condiciones mínimas como interna de un establecimiento  carcelario  de este país que es ante todo un Estado Social de Derecho donde los  derechos humanos prevalecen.”   

3.  Respuesta  de  la  Defensoría del Pueblo   

En  respuesta  del  12 de febrero de 2009, el  Profesional   Responsable   de  la  Defensoría  del  Pueblo,  Seccional  Cesar,  participó  dentro  del  proceso  para  indicar que la entidad ha protegido  los   derechos   de   la   hija  de  la  accionante  en  la  medida  que  le  ha  correspondido.   

3.1. El Defensor Seccional informó que tenía  pleno  conocimiento de la situación, en virtud de las quejas presentadas por la  propia  afectada  y  por  otras  personas,  entre ellas, su señora madre. En su  comunicación,  hizo  relación de tres quejas presentadas ante la entidad, así  como  de  las  acciones  adoptadas (la ‘gestión’  realizada­),    como  consecuencia de las mismas.   

“1.  Queja  N°  2008201601  de fecha 27 de mayo de 2008: Presentada por  otra  reclusa  en  representación de la afectada, quien solicita se gestione su  traslado  y  asistencia  médica  psiquiátrica,  dadas las continuas agresiones  entre las internas del pabellón.   

Gestión: Se envió  el  oficio  N°  1947  de  fecha  28  de  mayo  de 2008, el que solicitamos a al  Dirección  del  Establecimiento implementar medidas de seguridad respecto de la  señora  Maribel  Barrios,  dadas  las  agresiones  físicas  y  amenazas que ha  recibido  de  parte de otras reclusas. Igualmente, se tramite su traslado a otro  establecimiento del país por razones de seguridad (Adjunto copia).   

Recibimos respuesta mediante la comunicación  N°  4486  adiada el 09 de julio de 2008, en la que el funcionario requerido nos  informa   ‘que  se  han  tomado  medidas  para  garantizar  su  integridad  física  …  y  el  traslado  […]   está  siendo  tramitado.’   (Adjunto             copia).            [9]   

Igualmente,  en  el paginario obra el oficio  N°  4501  de  fecha  de  julio  10  de  2008,  suscrito  por  la Dirección del  Establecimiento,     en     el     que     nos    informa    que    ‘a  la  interna  Barrios  se  le está  tramitando  por  parte  de  la  oficina  jurídica,  el traslado respectivo para  evitar      futuros     inconvenientes.’   (Adjunto   copia).   [10]   

Con  la  misiva  N°  3868  de calenda 14 de  octubre  de 2008, se pone en conocimiento de la afectada la actividad desplegada  en el expediente de queja.   

2.   Queja  N°  2008201637  de  fecha 03 de julio de 2008: En memorial  recibido  el  30  de junio de 2008, la señora Maribel  Barrios  Torres nos refiere que es víctima de fuertes  y  reiteradas amenazas contra su vida por parte de quienes denomina las caciques  del patio.   

Gestión:  Con  requerimientos  N°  2170  y  4394  del  13  de junio y 27 de noviembre de 2008,  solicitamos  a  la  dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de  Alta  y  Mediana  Seguridad  de Valledupar, que en aplicación de los artículos  125  y  126  numeral  4°  de  la  Ley  65  de 1993 y artículo 28 reglamento de  régimen  interno,  se  sirva  extremar  medidas  de  seguridad  respecto  de la  humanidad    de    la    señora   Maribel   Barrios  Torres (Adjunto copia).   

En respuesta contenida en el oficio N° 7429  de  fecha 16 de diciembre de 2008, la Dirección del Reclusorio nos comunica que  la    reclusa    ‘…  manifiesta    que    nos   ha   sido   (sic)  amenazada  o  gradida  (sic)  por parte de las demás internas,  así  como  la  mencionada  interna  manifiesta  que no ha solicitado en ningún  momento   seguridad   o   asilamiento’. (Adjunto copia).   

La  actuación  desplegada  en  el  presente  expediente  de  queja  fue  comunicada a la afectada mediante oficio N° 0018 de  fecha 06 de enero de 2009.   

3.   Queja  N°  2008202078  de fecha 17 de julio de 2008: En atención  a  escritos de fecha 24 de junio y 11 de julio de 2008, suscritos por la interna  Ana Maribel Barrios Torres y  la   señora   María   de   las   Mercedes  Barrios  Torres, quienes coinciden en afirmar que la primera es  víctima  de amenazas y agresiones físicas por parte de un grupo de internas de  la  Torre N° 9 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana  Seguridad  de Valledupar. Como tal vienen solicitando el traslado de la afectada  a  un  Establecimiento  de  la  ciudad  de  Villavicencio sin que hayan recibido  respuesta alguna.   

Gestión:   En  requerimiento  N°  2626  adiado  el  17 de julio de 2008, solicitamos al señor  Director  del  Establecimiento  Penitenciario  y  Carcelario  de  Alta y Mediana  Seguridad  de  Valledupar,  con  ocasión  de  los hechos relacionados, se sirva  estudiar la posibilidad de realizar cambio de pasillo.   

Se  recibió Oficio N° 004591 sin fecha, en  el   que  la  Dirección  Regional  Norte  del  INPEC  nos  informa  que  “…  con   el  fin  de  preservar  la  integridad  de  la  mencionada  interna,  se  le  puso  en conocimiento la situación con la interna  Maribel,  y se le ordenó tomar las medidas de seguridad que sean necesarias y a  su  vez,  de ser necesario, inicie el trámite correspondiente para solicitar el  traslado  por  seguridad  a  la Oficina de Asuntos Penitenciarios (Sede Central)  quien  es  la  competente  para  ello.” [11]   

Con Oficio N° 2835 calendado el 05 de agosto  de  2008, se le pone en conocimiento la actuación desarrollada y los resultados  obtenidos a la señora Ana Maribel Barrios Torres.   

Posteriormente se recibió el informativo N°  5535  del  4 de septiembre del año próximo pasado, en el que la Dirección del  penal  nos  ilustra que la interna Maribel Barrios se encuentra confinada en una  celda   y   pasillo   diferente  al  que  ocupan  sus  agresoras.  [12]   

3.2.  Luego  de indicar al juez de tutela que  los  funcionarios  de  la  Seccional  respectiva  de  la  Defensoría del Pueblo  realizan   visitas   rutinarias  que  les  permite  verificar  “el  estado  de  vulnerabilidad  de  los  derechos  humanos”, de primera mano, la intervención  concluyó  indicando  que  en  su concepto, la Defensoría había adoptado todas  las   medidas  que  en  realidad  le  correspondía  asumir.  A  su  juicio,  la  Defensoría   había   sido   acuciosa.   Expresamente   se  dijo  al  respecto,   

“­(…)  que  por  parte  de  la  Defensoría  del Pueblo no ha habido  vulneración  o  amenaza  a los derechos fundamentales de la señora Ana Maribel  Barrios  Torres,  por  el  contrario,  como ha quedado probado, esta agencia del  Ministerio  Público  ha sido acuciosa en requerir a los funcionarios encargados  de  la  guarda y custodia de la mencionada señora, para que en ejercicio de sus  funciones  provean  la  suficiente seguridad a su integridad física y su vida y  en  general  el disfrute de condiciones de reclusión aparejadas con su dignidad  humana.”   

4.   Instituto   Nacional  Penitenciario  y  Carcelario, INPEC   

Mediante  escrito  de  febrero 16 de 2009, la  Jefe  de  la  Oficina  Jurídica  del  INPEC  participó  en  el  proceso  de la  referencia  para  solicitarle  al  juez que declarara improcedente la acción de  tutela  con  base  en  dos  razones,  que  la  accionante  no  podía  actuar en  representación  de  su  hija  y que existe otro medio o procedimiento eficaz de  protección.14   

4.1. En primer lugar,  el   INPEC  señala  que  la  acción  de  tutela  es  improcedente,  por  considerar  que  la  accionante  requería un poder otorgado  por   su  hija  para  estar  habilitada  jurídicamente  para  actuar en su  nombre. Dijo al respecto,   

“(…) la acción de tutela interpuesta por  la  señora María de las Mercedes Barrios Torres está llamada a fracasar, toda  vez   que   la  jurisprudencia  reinante  emanada  de  las  altas  Corporaciones  Judiciales  establece  que  para  interponer  tutelas en nombre de terceros, ser  requiere poder para actuar.   

En  el  escrito de tutela se invocan razones  personales  del accionante, pero lo cierto es que la petición única y central,  es  que se ordene el traslado  de   la   interna   Ana  Maribel  Barrios  Torres,  actualmente  privado  de  la  libertad.   

Así  las cosas, la presente acción adolece  de  falta  de  legitimidad  en  la  causa  por  activa, toda vez que, si bien la  señora  Ana  Maribel Barrios Torres se halla privada de la libertad, ello no le  impide  que  actúe  en  nombre  propio  por  vía  de tutela. Por lo demás, no  aparece  constancia  o  mención  de que padezca limitaciones que no le permitan  ejercer defensa de sus derechos fundamentales.”   

   

4.2.  El  INPEC aclaró que de acuerdo con el  artículo  74  de  la  Ley  65  de  1993,  el traslado de los internos puede ser  solicitado   a   la   Dirección   por   (1)  el  director  del  respectivo  establecimiento,  (2)  el  funcionario  de conocimiento y (3) el interno, razón  por  la  que  considera  que  “(…)  el traslado de los internos no puede ser  presionado  por  terceras  personas,  toda vez que el propio interesado tiene la  facultad    legal    para    solicitarlo   por   sí   mismo.”   Añadió   al  respecto,   

“(…)   es  conducente  informar  a  su  honorable  despacho  que  el  procedimiento  que  se  aplica  en  tratándose de  solicitudes  de  traslado  de  internos,  conlleva una serie de pasos a observar  cuales  son,  entre otros, la verificación que la documentación recibida esté  completa  y  acorde  con  los requisitos exigidos para el efecto, que el formato  OP115197.V.02  se  encuentre  total  y  debidamente  diligenciado por la Oficina  Jurídica  de  cada  Establecimiento  de  Reclusión,  con  firma  y  huella del  solicitante  (interno); anexándose a ello, certificado médico del Departamento  de  sanidad  del  Reclusorio,  las  tres  últimas  calificaciones  de  conducta  expedidas  por  el Consejo de Disciplina, siendo importante establecer el perfil  del  interno  y el lugar de posible traslado. Una vez recibida la documentación  completa  y de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 65 de  1993,   la  solicitud  se  somete  a  consideración  de  la  Junta  Asesora  de  Traslados.   

[…]  

(…)  las  razones  legales  que  sirven de  sustento  a  los  traslados  de  internos  en  el país, están precedidas de un  análisis  ponderado  de las diversas circunstancias de cada una de las personas  privadas   de   la   libertad,   así  como  de  las  situaciones  extremas  que  eventualmente inciden en la toma de decisiones.”   

Por  tanto,  para el INPEC la solicitud de la  accionante  de  tramitar  rápidamente  la  solicitud  de traslado sería lo que  conllevaría  una  violación del derecho constitucional de las demás reclusas.  Dijo al respecto en su intervención,   

“Entonces, la accionante amenaza el Debido  Proceso  Administrativo,  el  Principio  de  Igualdad frente a otros internos, y  Principio  de  Legalidad, que debe aplicarse y agotarse para el efecto, toda vez  que  tomó  la  señora  María de las Mercedes, representante de la interna Ana  Maribel  Barrios  Torres,  la  vía  más rápida, la de la acción tutelar; sin  antes   haber   agotado  al  observancia  plena  del  procedimiento   y  en  consecuencia del debido proceso administrativo.   

4.3.  Así  pues,  el  INPEC  reivindicó  la  competencia  autónoma  que  el asiste para resolver las solicitudes de traslado  que  le  sean  presentadas  y resaltó el carácter subsidiario de la acción de  tutela; dijo al respecto lo siguiente,   

“Según las disposiciones legales vigentes,  compete  a  la  Dirección  General  del  INPEC,  el  manejo autónomo, eficaz e  independiente   de  la  gestión  administrativa  tendiente  a  desarrollar  las  políticas  penitenciarias  y  lograr  la  readaptación y resocialización como  fines legales de la pena.   

[…]  

Las normas legales existentes que regulan el  Régimen  Penitenciario  y  Carcelario,  y  demás disposiciones complementarias  facultan  al  INPEC, para manejar autónomamente los asuntos relacionados con el  sistema  penitenciario,  entre ellos la fijación del sitio de reclusión de los  internos  puestos  bajo  su  custodia y los traslados en los casos que  sea  indispensable.   

[…]  

(…)   la   tutela   también   tiene  la  característica  de  ser  residual, con lo que se quiere significar que no puede  utilizarse  para  eludir los procedimientos ordinarios, para evadir instancias y  menos aún para adelantar procesos paralelos o alternos.   

Por eso la Honorable Corte Constitucional ha  insistido   en   que   el   principal  rasgo  distintivo  de  la  tutela  es  la  subsidiaridad,  esto  es que, existiendo un medio o procedimiento eficaz para la  protección   de   los  derechos  invocados,  la  acción  de  tutela  se  torna  improcedente.”   

El INPEC resaltó que la autonomía de la cual  goza  para  definir  las solicitudes de traslado ha sido reconocida por la Corte  Constitucional,  indicando  como  ejemplo  al  respecto,  la  sentencia T-611 de  2000.   

4.4.  Con relación al desarraigo del núcleo  familiar,  el  INPEC  sostiene que éste es una consecuencia del estar encerrada  en  la  cárcel,  por  haber  cometido un delito; por lo tanto, considera que se  trata  de  una  situación  causada por la propia hija de la accionante. Dijo al  respecto,   

“La  señora Ana Maribel Barrios Torres se  encuentra   privada   de  la  libertad,  precisamente  porque  los  funcionarios  competentes  de la Rama Jurisdiccional la investigaron, procesaron y condenaron;  por  tanto,  si  alguien  es  responsable  de  verse  apartado  de  su  lugar de  residencia  y  del núcleo de parientes cercanos, es justamente la misma persona  transgresora  de  la  ley  quien  optó  por  el  camino del delito sin medir su  resultado;  no es el INPEC el culpable de la ruptura del vínculo familiar entre  el interno y sus parientes.   

Si  se  tratara  de  tener en cuenta el mero  aspecto  del  arraigo  familiar  para  considerar  el  traslado de los internos,  tendrían  que  construirse  centros  de  reclusión  únicamente  en  las  ocho  ciudades  más  densamente  pobladas del país, donde como es obvio, se presenta  un  mayor  índice  de criminalidad y reside un alto porcentaje de transgresores  de la Ley.”   

4.5.  Finalmente, el INPEC alega que debido a  las  graves limitaciones presupuestales, los traslados se deben a circunstancias  excepcionalísimas. Sostuvo al respecto,   

“El   INPEC   en   la  actualidad  tiene  gravísimas  limitaciones  presupuestales  y  de  cupos,  razón por la cual los  traslados  operan  con  fundamento  en  circunstancias  excepcionales, pues cada  desplazamiento   implica   una  enorme  erogación  en  tiquetes,  logística  y  seguridad,  tanto para el interno como para el personal de custodia y vigilancia  del INPEC.”   

5.   Sentencia   de  instancia   

El  19  de  febrero de 2009, el Juzgado 15 de  Familia  de Bogotá resolvió negar la acción de tutela de la señora María de  las  Mercedes  Barrios  Torres, en representación de su hija por considerar que  el  INPEC  no  ha desatendido solicitud de traslado alguna, por cuanto  (1)  ésta  no  ha  sido  presentada  por  la  interesada,  según  el  procedimiento  establecido  para  el  asunto,  sino  por  su  señora  madre,  sin mediar poder  alguno,   (2)  porque  los  perjuicios  que afronta la accionante y su hija  recluida  en  la  prisión son consecuencia de sus propios actos y (3) porque no  se  considera  que  se  encuentre  en riesgo su vida. Además, (4) las sentencia  consideró  que  las quejas que habían sido presentadas ante la Defensoría del  Pueblo Seccional fueron debidamente atendidas.   

5.1.  Luego  de  señalar  que  la accionante  “sin  poder  alguno y sólo a título de progenitora de la interna” solicita  el  amparo  de  constitucionalidad,  y  que  la ley establece el procedimiento y  “las  causales de traslado (…) taxativamente”, el Juez de instancia indica  que  de  acuerdo  a  las  pruebas aportadas al proceso, se puede concluir que la  hija  de  la  accionante  no  ha iniciado formalmente, la solicitud de traslado.  Dice la sentencia al respecto lo siguiente,   

“Conforme a las probanzas allegadas por la  actora,  se  tiene  que la condenada e interna Ana Maribel Barrios Torres, no ha  elevado   solicitud   de  traslado  bajo  el  cual  se  enmarca  dentro  de  los  lineamientos  de  la  Ley  65  de  1993,  y  en  el evento de invocar el derecho  necesariamente  debe  cumplir  con los requisitos establecidos para ello legal y  reglamentariamente,   formato  de  traslado  diligenciado,  concepto  médico  y  concepto  del Consejo de Disciplina, situación que no fue demostrada dentro del  presente  asunto. Además, la solicitud de traslado le corresponde presentarla a  la  interna  y  no  a  su  progenitora,  quien  no  tiene  poder  o mandato para  ello.   

[…]  

(…)  a  la  interna  Ana  Maribel Barrios  Torres,  ya  que si bien lo que se pide es un traslado para tener la posibilidad  de  tener  más  cerca  su  madre,  es  a la interna a quien compete efectuar el  trámite legal para acceder a dicha prerrogativa. (…)”   

5.2.  Adicionalmente,  el Juez consideró que  los  derechos  de las personas que se encuentran recluidas se ven limitados como  consecuencia  de  la  situación en la que están. Tales limitaciones, sostiene,  son   simplemente   los  efectos  que  producen  los  actos  de  esas  personas.  Expresamente señala la sentencia lo siguiente,   

[…]  

En  consecuencia, estima el despacho que la  inferencia  razonada  y  lógica,  es  que  por  parte  del INPEC no ha existido  vulneración  del  derecho a la unidad familiar de la peticionaria María de las  Mercedes  Barrios  Torres  ni  de  la interna Ana Maribel Barrios Torres su hija  mayor,  ni al debido proceso ni a la igualdad ni mucho menos a la vida, tal como  se  indicará  en  el acápite respectivo, los traumas y enfermedades que padece  la  accionante,  son la consecuencia resultante del comportamiento que el Estado  por  intermedio  de  sus  delegados  comprobó y determinaron la sanción que de  acuerdo     a     los     preceptos     legales     que     le     correspondía  jurídicamente.   

La  situación de alejamiento de la interna  de   su  familia,  no  constituye  ningún  atentado  contra  los  derechos  fundamentales  de  la accionante, pues debe tenerse en cuenta que la condena que  está  cumpliendo fue impuesta por el Estado, quien tiene toda la potestad legal  para  limitarlo  de  algunos  de  esos  derechos y separarla temporalmente de su  familia,  sin que por ello esté atentando contra los derechos fundamentales que  se  aluden  en el escrito de tutela, pues si bien el Estado tiene la obligación  de   garantizar   los   derechos   de  los  asociados,  éstos  también  tienen  obligaciones   que   deben  cumplir  y  la  transgresión  de  éstas  conllevan  sanciones,  como  lo es la privación de la libertad, lo que de contera lleva la  separación con carácter transitorio de la familia.”   

5.3.  Por último, la sentencia considera que  la  vida  de  la  hija  de  la  accionante  no  se  encuentra en riesgo como fue  mencionado  por  al  accionante,  puesto  que las distintas solicitudes han sido  atendidas. Dijo al respecto,   

“(…)   a  más  de  lo  expresado  en  precedencia,  la  interna no tiene su vida comprometida, por cuanto a las quejas  que  presentara  su progenitora y con la mediación de la Defensoría del Pueblo  de  Valledupar,  ellas se han tramitado y el INPEC ha tomado las seguridades del  caso,  como  es  el  del  aislamiento  de  las  demás reclusas para asegurar su  bienestar e integridad personal.”   

II. Consideraciones                 y  fundamentos   

1.  Competencia   

Esta Corte es competente para revisar el fallo  de  tutela  de  conformidad  con  los  artículos  86  y 241 de la Constitución  Política  y el Decreto 2591 de 1991; asimismo, por la selección del respectivo  expediente  y la determinación de que el caso sea decidido por la presente Sala  de Revisión.   

En  razón a la especial protección que debe  dar  el  juez  de  tutela a los derechos de las personas privadas de la libertad  –  relación de especial  sujeción–,   la   Sala  indicará  en  líneas  generales  la  jurisprudencia  constitucional  que se ha  sentado  al  respecto  antes  de  entrar  a analizar el caso, incluso en aquello  referente a su procedibilidad.   

2.  La especial protección del goce efectivo  de  los  derechos  fundamentales  de  las  personas privadas de su libertad (una  relación    de    especial   sujeción)   

“Doctrina  constitucional  acerca  de  las  relaciones  de  especial  sujeción.   

De la existencia, identificación y régimen  de       las       llamadas       ‘relaciones        especiales        de        sujeción’15  entre  los  reclusos  y  el  Estado  (las  autoridades  penitenciarias),  la  Corte  ha extraído importantes  consecuencias  jurídicas  que  la  Sala procederá a reiterar en función de la  ilustración del caso bajo estudio.   

De   la   jurisprudencia   de   la  Corte  Constitucional,   la   Sala   identifica  seis  elementos  característicos  que  procederá   a   relacionar   así:   las   relaciones   de  especial  sujeción  implican      (i)     la     subordinación16 de una parte (el recluso), a  la   otra  (el  Estado);   (ii)  esta  subordinación  se  concreta  en  el  sometimiento   del   interno   a   un  régimen  jurídico  especial17  (controles  disciplinarios18               y  administrativos19    especiales    y    [la]  posibilidad           de           limitar20  el  ejercicio  de derechos,  incluso  fundamentales).   (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la  potestad   disciplinaria   especial   y   a   la  limitación  de  los  derechos  fundamentales      debe     estar     autorizado21  por  la  Constitución y la  ley.        (iv)       La       finalidad22 del ejercicio de la potestad  disciplinaria  y  de  la  limitación  de  los  derechos fundamentales, es la de  garantizar  los  medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos  (mediante  medidas  dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y  lograr  el  cometido  principal de la pena (la resocialización).  (v) Como  consecuencia     de     la     subordinación,     surgen    ciertos    derechos  especiales23   (relacionados  con  las  condiciones  materiales  de  existencia:  alimentación,  habitación,  servicios  públicos,  salud)  en  cabeza  de  los  reclusos,      los      cuales     deben     ser24  especialmente  garantizados  por  el  Estado.  (vi)  Simultáneamente  el  Estado debe garantizar25  de  manera  especial  el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos  (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).   

Como  lo  puede apreciar la Sala, entre las  consecuencias  jurídicas  más  importantes  de la existencia de las relaciones  especiales  de  sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de  algunos  derechos  fundamentales  de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo,  educación).  (ii)  La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos  fundamentales  (vida,  dignidad  humana,  libertad  de  cultos,  debido proceso,  habeas  data, entre otros).  (iii)         El        deber        positivo26  en  cabeza  del  Estado  de  asegurar  el  goce  efectivo  tanto de los derechos no fundamentales como de los  fundamentales,  en  la  parte  que  no sea objeto de limitación cuando la misma  procede,  y  en  su  integridad  frente  a  los  demás,  debido  a  la especial  situación  de  indefensión  o  de debilidad manifiesta en la que se encuentran  los    reclusos.    (iv)    El    deber   positivo27  en  cabeza  del  Estado  de  asegurar    todas   las   condiciones   necesarias28   que  permitan  a  su  vez  condiciones    adecuadas    para    la   efectiva   resocialización29   de  los  reclusos.   

En este sentido, del perfeccionamiento de la  “relación  de  especial  sujeción”  entre los reclusos y el Estado, surgen  verdaderos  deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran  estrechamente  ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que  viene  dada  por  la  posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a  partir  del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia  vital  de  la  población  carcelaria.  Deberes  positivos  de cuyo cumplimiento  depende  la  legitimidad  del  sistema  penal  y,  ante cuya inadvertencia, este  último  resulta  convertido  en  una  mera  sombra  de los valores y principios  propios    del    Estado    social   de   derecho.30”31   

2.2.  Dentro  de  los  deberes  que surgen en  cabeza  del estado como contrapartida al ejercicio del legítimo poder punitivo,  la  jurisprudencia  ha resaltado que el respeto por la  dignidad  humana  constituye  el pilar central de la relación entre el Estado y  la  persona  privada de la libertad, y es, además, una  norma       fundamental      de      aplicación  universal,32         reconocida  expresamente  por  los  tratados y convenios de derechos  humanos,   prevalentes   en   el   orden   interno  (art.  93,  CP).33    La  jurisprudencia  constitucional  ha resaltado la importancia de la protección de  la  dignidad  de  toda persona privada de la libertad. Al respecto ha señalado,   

“Cuando  se considera que se desconoce la  ‘dignidad’  de  las  personas  privadas  de  la  libertad  en  las cárceles del país, suele hacerse en dos sentidos. Para hacer  referencia  al  desconocimiento  de  las  condiciones  materiales  de existencia  mínima  que  se  han  de  garantizar  a  toda  persona,  en  tanto  ser  humano  (‘vivir bien’),  por  un  lado, y para referirse al  haber  sido  privado  de los bienes no patrimoniales, la integridad física y la  integridad  moral  (‘vivir  sin  humillaciones’), por  otro   lado.34  Sin embargo, teniendo en cuenta que la situación de reclusión es  temporal,  la  dignidad  humana  no sólo supone asegurar condiciones mínimas y  básicas   necesarias  para  la  vida  presente,  sino  también  garantizar  la  posibilidad  de  regresar  al seno de la sociedad mediante procesos adecuados de  resocialización.35”        36   

2.3.  El valor constitucional de los derechos  fundamentales  de  las  personas  privadas  de  la  libertad por el Estado es un  aspecto  que  el  juez  de tutela debe tener en cuenta desde el momento mismo la  recepción  del  caso,  pues  la  especial protección de su dignidad y del goce  efectivo   de   sus   derechos  impacta  todos  los  momentos  del  proceso.  Su  instrucción,  su  desarrollo,  así  como  todas  las decisiones que se adopten  durante  su  transcurso.  Dentro  de estas etapas se encuentra, por supuesto, la  decisión  acerca  de  la  procedibilidad de la acción de tutela, cuestión que  pasa a resolver a continuación la Sala.   

3.  La señora María de  las  Mercedes  Barrios  Torres  está legitimada para defender la dignidad y los  derechos     fundamentales     de     su     hija     Ana     Maribel    Barrios  Torres   

3.1. Para la Sala la defensa que la accionante  hace  de  los derechos de su hija, en especial, de su dignidad, es legítima; en  tal  sentido,  la  presente  acción  de  tutela  procede y debe ser resuelta de  fondo.   

3.1.1.  Primero,  aunque  es  cierto  que  la  acción  de  tutela fue presentada por la señora María de las Mercedes Barrios  Torres  únicamente,  tal  como  lo  reclama  el  INPEC  y lo resalta el juez de  instancia,  está  probado  en  el expediente que Ana Maribel Barrios Torres sí  quiere  que  sus  derechos  sean  protegidos  y  sí  quiere  ser  trasladada de  establecimiento  carcelario.  En  efecto,  la  tercera de las quejas presentadas  ante  la  Defensoría del Pueblo fue suscrita tanto por Ana Maribel, como por su  señora  madre.  En  esta,  específicamente  se  solicita  a la Defensoría del  Pueblo    que   se   traslade   a   Ana   Maribel.37   

3.1.2. Segundo, en el pasado ha sido necesario  que  los derechos de Ana Maribel Barrios Torres sean defendidos por terceros. La  primera  queja  ante  la  Defensoría  del  Pueblo, con ocasión de las amenazas  contra  su  vida,  su  situación de asilamiento y la solicitud de traslado, fue  presentada    por    otra    de    las   reclusas.38 La segunda de las quejas fue  presentada  por  la señora madre de Ana Maribel, María de las Mercedes Barrios  Torres.39   

3.1.3.  Tercero, la acción de tutela pone de  presente    que    en    este    caso    está    en   juego   la   ‘dignidad’  de  la  persona  defendida, hasta el  punto  que  se  considera  que  está  siendo  tratada indignamente.40   Esta  es  una  razón más para que el juez de tutela sea más cuidadoso al momento de  decidir  la  procedibilidad  de  la  acción,  en especial, si va a considerarla  improcedente.  Cuando  puede estar en juego la dignidad de una persona, no basta  con  que el juez verifique la ausencia del poder otorgado por el beneficiario de  la     tutela     a     la     persona    que    la    interpone    –la   señora   madre  de  la  persona  recluida,  en  este  caso–.  Si  el  poder  no  se  ha  dado,  el  juez,  en  todo  caso, debe tomar acciones  adicionales  que  le  permitan verificar si la persona en cuyo nombre se reclama  la  tutela no quiere que sus derechos sean tutelados, para, ahí sí, considerar  improcedente la acción.   

3.1.4.  Adicionalmente,  cabe resaltar que el  sentido  en  cual la señora María de las Mercedes Barrios Torres dice que ella  ‘representa’  a  su hija Ana Maribel, es general y  coloquial,  no  técnico y jurídico. Esto es, ella no reclama haber recibido el  poder  para  actuar  en nombre de su hija. Lo que sostiene la accionante, es que  ella                  ‘representa’ a  su  hija,  en  tanto actúa en defensa sus derechos fundamentales. Así pues, el  sentido     en     que     ella     ‘representa’  no   es   en   el  que  lo  hace  un  ‘apoderado’,  caso  en el cual es lógico exigir que se acredite el poder recibido, sino en el  sentido   en   el  que  lo  hace  un  ‘agente       oficioso’,  caso  en el cual, también por razones lógicas, no tiene ningún  sentido  exigir  que  se  acredite  un  poder, pues el carácter oficioso supone  precisamente   lo   contrario,  que  el  agente  no  cuente  con  poder  alguno.   

3.2.  Por  lo  tanto, para la Sala Segunda de  Revisión,  la  señora  María  de las Mercedes Barrios Torres está legitimada  para  actuar  en  representación de su hija, Ana Maribel Barrios Torres, con el  fin  de  reclamar la tutela judicial de sus derechos a la dignidad, a la vida, a  la  salud y a la unidad familiar.  (i)  La  situación de aislamiento de Ana Maribel Barrios Torres en el  momento    en    que    se    interpuso    la    acción,     (ii)  su  manifestación  previa de querer  ser  protegida  y  trasladada,   (iii)  así  como  el  hecho  de  haber  requerido  en el pasado que sus  derechos  fueran  defendidos  por  terceros, son razones suficientes para que la  Sala  considere legítima la defensa de los derechos fundamentales, por parte de  su señora madre.   

3.3. Por otra parte, la Sala considera que la  acción  de  tutela  es  el medio judicial idóneo para defender el derecho a la  dignidad  de  una  persona privada de la libertad. Los trámites administrativos  ante    las   autoridades   administra­tivas  no  constituyen  medios  de defensa judicial alternativos que  excluyan  el  uso de la acción de tutela. Esto no opta para que en el análisis  concreto  del  caso, se considere que la acción de tutela no debe ser concedida  porque  el  accionante no ha realizado un trámite administrativo previo, que es  su deber llevar a cabo.   

3.4.  Una vez constatada la procedibilidad de  la  presente  acción  de  tutela,  pasa  la  Corte  a  analizar  los  problemas  jurídicos que plantea el presente caso.   

4. Problemas jurídicos a  resolver en el presente caso   

4.1.  La  Sala  de  Revisión  debe  entrar a  resolver los siguientes problemas:    

(1)  ¿un  establecimiento  carcelario debe  abstenerse  de mantener aislada una persona privada de la libertad, cuando dicho  confinamiento  tiene  por  objeto  proteger  su  propia  vida (amenazas de otras  reclusas,  en  este  caso),  pero ha sido prolongado (3 meses) y está afectando  gravemente  su  salud  (la madre resalta el negativo impacto de la situación en  su estado emocional)?    

(2) ¿Las autoridades carcelarias nacionales  deben  trasladar  a una persona de establecimiento de reclusión, en función de  la  protección  de  sus  derechos fundamentales a la vida, a la dignidad y a la  salud  y  del lugar donde se encuentra el único familiar que le brinda apoyo, a  pesar  de  que  la  solicitud de traslado sólo fue presentada informalmente por  una  tercera  persona  y no por la misma persona recluida, que es, de acuerdo al  trámite  que  legalmente  establece  para  tales  efectos  la  ley  [el Código  Penitenciario  y  Carcelario]  la  persona  con  el  derecho  de  presentar  tal  solicitud?   

4.2.1.  Con  relación  al  primer  problema  jurídico,  la  Sala  considera  que  el establecimiento carcelario acusado debe  abstenerse   de   mantener  a  Ana  Maribel  Barrios  Torres  en  el  prolongado  aislamiento  en  el  que  estaba,  a pesar de que dicho confinamiento tenía por  objeto  proteger  su propia vida. La medida de aislamiento a la que fue sometida  Ana       Maribel       Barrios      Torres      viola      su      dignidad  y  su libertad, pues, al no ser  necesaria,  no  es  razonable  adoptarla.  Además,  ha  transcurrido  un tiempo  considerable  de  aislamiento (más de 3 meses), y según los indicios aportados  al   proceso,   es   probable   que   la   medida   también   esté   afectando  desproporcionadamente  sus  derechos  a  la salud y a la vida [ver sección 7 de  las consideraciones].   

4.2.2.  Con  relación  al  segundo  problema  jurídico,  la  Sala considera que las autoridades carcelarias nacionales violan  los    derechos    de   una   persona   al   dilatar  arbitrariamente  la  decisión  de  trasladarla  a  un  establecimiento  de  reclusión  teniendo  en  cuenta  su  derecho  a  la unidad  familiar  y  su  situación  de salud, a pesar de que la persona interesada  no  haya  adelantado  el procedimiento establecido en la ley para tramitar dicha  solicitud,  cuando,  (i)  ya   la   ha   presentado   informalmente,   directa   o   indirectamente;   (ii) una entidad oficial con  competencia  para  velar  por  la  defensa  de  los  derechos  ha  respaldado la  solicitud  –en este caso,  la     Defensoría     del    Pueblo–;  y   (iii)  las  autoridades  carcelarias  expresamente se han comprometido a tramitar dicha  solicitud,  con  la persona, sus acudientes o la entidad oficial que se ocupa de  promover    la    defensa   de   sus   derechos   [ver   sección   9   de   las  consideraciones].   

4.3.  Para exponer las razones por las cuales  los  problemas  jurídicos  en  cuestión  fueron resueltos por la Sala en estos  términos   (i)  se indicará cuál es el parámetro constitucional general  para  evaluar  las medidas restrictivas de derechos en el contexto penitenciario  y  carcelario  [sección  5],   (ii)  precisando  cuáles  son  en  el caso  concreto  de  las  medidas que suponen aislamiento y confinamiento [sección 6],  y,  posteriormente,   (iii)  se concluirá que la medida de confinamiento a  la  que  fue  sometida  la  hija  de  la  accionante  no  es constitucionalmente  razonable  [sección  7].  Además,   (iv)  se  definirán  los parámetros  constitucionales   para   evaluar   las   decisiones  en  materia  de  traslados  carcelarios  [sección 8],  (v) indicando que el trámite que se le ha dado  a  las  solicitudes  presentadas  por la hija de la accionante y sus defensores,  vulnera  el  debido  proceso  y  los  especiales  derechos  de protección a las  personas  recluidas  [sección  9].  Finalmente,   (vi)  se  señalaran las  órdenes a impartir [sección 10].      

4.4.  Para la Sala es claro que la accionante  también  dirigió  su  acción de tutela en contra de la Defensoría del Pueblo  por  considerar,  erradamente,  que  parcialmente es competencia de esta entidad  resolver  el traslado de su hija a otro establecimiento carcelario. Es por ello,  precisamente,  que la solicitud específica que ella presenta ante en el juez de  instancia  es que se ordene al INPEC y a la Defensoría que trasladen a su hija.  Por   tal  razón,  el  análisis  se  centrará  en  los  problemas  jurídicos  propuestos.   

5.    Las   medidas   que   adopten   los  establecimientos  penitenciarios  y  carcelarios en ejercicio de sus facultades,  deben ser razonables y proporcionadas.   

5.1. Para la jurisprudencia constitucional ha  sido  necesario  resaltar,  en  el contexto penitenciario y carcelario, la regla  según  la  cual  “la  protección  de los derechos  fundamentales  no  puede reducirse al juicio de legalidad acerca de la decisión  tomada  por  la  autoridad  pública  correspondiente;  es necesario, además, y  sobre  todo,  confrontar  dicha decisión con la Constitución misma.”41   

5.2.  De  hecho,  el  Código Penitenciario y  Carcelario  (Ley  65 de 1993) establece que uno de los elementos más importante  del       ‘marco  hermenéutico’   para  ‘la  interpretación’  y  para  ‘la  aplicación’ de sus normas  (art.11),  es  el  principio del respeto a la dignidad humana. De acuerdo con el  artículo  5°  del  Código, en los establecimientos de reclusión ‘prevalecerá’           (1) el respeto a la dignidad humana,   (2)   a   las  garantías  constitucionales  y  (3)  a   los  derechos  humanos  universalmente  reconocidos;  prohibiendo,  además,  ‘toda forma de violencia  síquica,      física     o     moral.’   

5.3.   Por   tanto,   que  las  autoridades  carcelarias  tengan  la  competencia para tomar decisiones autónomamente dentro  de  un  estado  social  y  democrático  de  derecho,  no  implica que tengan la  facultad  para  tomar  sus  decisiones con absoluta y plena discrecionalidad, en  especial,  cuando  éstas conllevan un fuerte impacto en el goce efectivo de los  derechos  fundamentales  de  las personas privadas de la libertad o en el de sus  familiares.   

5.4. En tal sentido, desde la sentencia T-596  de   1992,   para   la  Corte  “el  sufrimiento  es  inseparable  de  la  pena  pero la pena no se reduce al sufrimiento, ni lo tiene  como   objetivo”,  por  lo  tanto,  “toda  aflicción  excesiva  y que no corresponda al fin de la pena,  debe       ser       considerada       ilegítima       y      ajena”.42  Se  fijaron entonces, desde  aquel    momento,    la    razonabilidad   y   la   proporcionalidad  como  criterios  para  establecer la legitimidad constitucional de  las  medidas  que  adopten  las  autoridades  en  desarrollo de sus competencias  legales  y  reglamentarias  reconocidas.  Expresamente se indicó que toda pena,  además  de  ser  jurídica,  pública  y  judicial,  debe  ser (1) necesaria,      (2)      útil      y     (3)     proporcional.   

Para  la  Corte  Constitucional la violación  constatada  es aquella ocasión (T-596 de 1992) era tan grave que a pesar de ser  una  situación  estaba  claramente  superada al momento de dictar sentencia, se  adoptaron    órdenes    preventivas    para    el   caso   concreto43   y   se  resolvió  declarar  expresamente que la decisión adoptada constituía doctrina  constitucional  de  carácter  vinculante.44   

5.5. Luego, en la sentencia T-065 de 1995, la  jurisprudencia   constitucional   preciso   la   cuestión   en  los  siguientes  términos:    

“una   medida   administrativa  de  las  directivas  carcelarias  que  restrinja  los  derechos  de los reclusos o de sus  familiares,  no  es constitucional por el sólo hecho de que ella se inscriba en  la  órbita  de  competencia  de tales autoridades[;] debe  (i) respetar el  principio  de  publicidad,  (ii) perseguir un interés constitu­cionalmente   legítimo,    (iii)  guardar  una  relación  razonable  de  adecuación  entre  el  medio usado y el  objetivo  estatal  perseguido  y,  (iv) finalmente, ella debe restringir el  derecho   protegido   de   la   manera   menos  gravosa  posible.”45   

De  acuerdo con esta regla constitucional, la  Corte  señaló  en  dicho caso (T-065 de 1995) que es razonable y proporcionado  que  en  virtud  de  la  facultad  para regular las visitas a un establecimiento  penitenciario  y  carcelario,  sus directivas prohíban el ingreso de la señora  madre  de  una  interna  con pelo sintético, cuando este es fácil de remover y  tal    restricción   fue   avisada   previamente.46  De  forma similar, la Corte  ha  considerado  razonable,  entre otras cosas, requerimientos tan íntimos como  ‘exigir  a  los reclusos  mantener    el    rostro    afeitado’,   por   considerar   que   existen   razones  que  justifican  tal  medida.47    

5.6. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha  considerado  que no es constitucionalmente razonable, entre otras medidas,   (i)  no  autorizar  a  una  persona   recluida   el   ingreso   de  una  máquina  de  escribir;48   (ii) impedir la fuga de una  persona   gravemente   enferma   mediante   el   uso   de   esposas;49   (iii)  practicar  requisas  degradantes  a  las  personas  que  van  a los establecimientos penitenciarios y  carcelarios,  cuando las mismas pueden realizarse con igual o mayor efectividad,  por        medios       menos       invasivos;50       (iv)  prohibir  el  ingreso  el  día  de  visitas  a las mujeres en período de menstruación;51       (v)  apagar  el televisor cuando alguno de  los  reclusos  se  ríe,  como medida disciplinaria;52       (vi)  prohibir  a  las  personas recluidas  hablar  en  los  talleres  o  en  las  filas para recibir alimentos;53   y   (vii) prohibir, sancionar o  no  respetar  la  opción  sexual  de  toda  persona,  y el legítimo uso de sus  derechos                  sexuales.54       

5.7. La jurisprudencia constitucional  ha  señalado  que:  “las autoridades carcelarias tienen  el  deber de evitar a los detenidos y a sus familias sufrimientos innecesarios y  daños        irreparables”,        resaltando  especialmente               “aquellos  casos  en  que  las  medidas  irremediablemente  afectan  a  los niños.”  Por  consiguiente,   existe   la   obligación   constitucional  en  las  autoridades  penitenciarias  y  carcelarias  de  estudiar y evaluar el impacto de las medidas  que  se  adopten,  en  los derechos fundamentales de las personas privadas de la  libertad  y  terceros involucrados o interesados. Expresamente la jurisprudencia  constitucional  ha  manifestado  que “la afectación  sin  límites  de  los derechos de los prisioneros que conlleve la afectación a  terceros,  como  ejercicio  arbitrario  de la fuerza exige la evaluación de las  medidas    adoptadas    en    contra    del   reo.55    […]  todo    sufrimiento   innecesario   a   un   recluso,   pierde   la  justificación  del  ejercicio  legítimo de la violencia por parte del Estado y  se  convierte  en  un  atropello  que debe ser evaluado de igual manera, como se  evalúa  cualquier  violencia  injustificada  contra aquellas personas que no se  encuentran   privadas   de   la  libertad.56”  57   

5.8.   En  conclusión,  la  jurisprudencia  constitucional  ha  reconocido  el  deber  constitucional de que las medidas que  restrinjan  los derechos de las personas privadas de la libertad sean evaluadas,  y         establece         los         criterios         de        razonabilidad      y     proporcionalidad   como  criterios  para  determinar  su  constitucionalidad.  A  continuación, pasa la Sala a establecer  los  parámetros  fijados  por  la  jurisprudencia  constitucional a propósito,  específicamente, de las medidas de aislamiento.   

6.1. El aislamiento de las personas recluidas  de  la  libertad  en  lugares  de  aislamiento,  tales  como  calabozos o celdas  especiales,58  ha  sido reconocido como una medida extrema de control y sanción,  potencialmente  lesiva  de los derechos de las personas privadas de la libertad.  Por  eso,  el  estudio  de su razonabilidad constitucional debe ser estricto.  Así lo consideró la Corte en  la  sentencia  T-596  de  1992,  caso  en  el  que  decidió que las autoridades  carcelarias  acusadas,  violaban  la prohibición constitucional de no someter a  las   personas   a   tratos  degradantes,  al  encerrar  a  los  presos  en  calabozos  con  “insoportables  condiciones ambientales producidas por la ubicación  de  letrinas  deterioradas,  sin  agua  suficiente  para la limpieza”,   contiguas   a   dichos  lugares.59   

6.2. Cuando se somete a las personas privadas  de  la  libertad  a  estar por tiempo prolongado en calabozos, celdas o espacios  que  no  han  sido  diseñados  para  mantener  a  una persona en condiciones de  reclusión   adecuadas,   se   desconocen   sus   derechos   fundamentales.   La  jurisprudencia  ha  indicado,  por  ejemplo,  que  la  reclusión  prolongada de personas en las salas de retención transitoria de las  estaciones  de  policía  y  otras instituciones, por más del tiempo legalmente  permitido,   es   contraria   a   los   postulados   más   básicos  del  orden  constitucional.60  Así, en la sentencia T-847  de  2000, la Corte señaló que se violan los derechos de una persona privada de  la  libertad  cuando  la  estadía de una persona se prolonga en una dependencia  que  “no cuenta con las facilidades requeridas para  atender  a  las  condiciones  mínimas  de  vida  que  deben garantizarse en las  cárceles,  a saber, alimentación, visitas, sanidad, seguridad interna para los  detenidos         con        distintas        calidades,        etc.”.61  En  tales  casos  el Estado  debe   adoptar   las   medidas  adecuadas  y  necesarias  para  garantizar  unas  condiciones  dignas,  “y  el  juez  de  amparo  que  verifique  tal  irregularidad  debe  otorgar  la tutela y ordenar lo que proceda  para   ponerle   fin.”62   

6.3.   La   jurisprudencia  constitucional,  específicamente  ha  considerado que se violan los derechos constitucionales de  las  personas  privadas de la libertad, cuando se les somete a una condición de  confinamiento  o  aislamiento,  como  una  manera  de  protegerlos, porque no se  cuenta  con  otras  formas  de  asegurar  las condiciones de seguridad entre los  internos.   

En la sentencia T-851 de 2004, por ejemplo, se  consideró   que   “las  precarias  condiciones  de  seguridad”  del  establecimiento  acusado en el caso  (la   cárcel   municipal   de   Mitú)  eran  en  gran  medida  “las  causantes  de  la  decisión  de  las  autoridades  judiciales  –concretamente,  de  los  Fiscales  competentes-  de  recluir  a  los  presos  de  alta peligrosidad en el  Comando  de Policía de dicha población.” Por tanto,  se  indicó  que era indispensable que las autoridades encargadas, adoptaran las  medidas  necesarias  para  contar  con los mecanismos de seguridad básicos para  una  institución  penitenciaria  de  presos  de  alta  peligrosidad,  como paso  necesario   para   la   satisfacción   de  sus  obligaciones  constitucionales,  internacionales  y  legales,  de manera tal que puedan albergar en forma digna a  quienes  son  procesados  por  las autoridades judiciales y que no sea necesario  recurrir  a estrategias como la de recluir a los presos de mayor peligrosidad en  circunstancias  indignas de su condición de seres humanos. Así pues, cuando se  requiere  confinar  a  una  persona  privada  de la libertad, porque no se puede  garantizar  su  seguridad  e  integridad,  se  violan  varios  de  sus  derechos  fundamentales  y,  en  consecuencia,  se  deben adoptar las medidas necesarias y  adecuadas  para  asegurar que se superarán las condiciones que llevan a que sea  necesario  confinar  o  someter a aislamiento a una persona para protegerla. Las  medidas  que  se adopten podrán ser de diversa índole, y deberán ser tomadas,  dentro   de   los   límites  constitucionales  vigentes,  por  las  autoridades  encargadas    constitucional   y   legalmente   para   tal   efecto.63  Dentro  de  tales  medidas  alternativas  se  encuentra,  por  ejemplo,  la  posibilidad  de  trasladar a la persona.   

6.4.  Las medidas de aislamiento prolongadas,  de  personas  privadas  de la libertad, son irrazonables, en especial, si fueron  adoptadas desconociendo el debido proceso.   

Así  lo señaló la sentencia T-684 de 2005,  en  la  que  se  resolvió  tutelar  los  derechos  de una persona privada de la  libertad,  condenada injustamente a una pena de de aislamiento (en calabozo) que  se  mantuvo  durante  un  periodo de tiempo exagerado (más de 6 meses). En esta  oportunidad  la  Corte  tuvo en cuenta un informe de la Procuraduría General de  la  Nación  (agosto  de  2004),  sobre  las violaciones que se registran en las  áreas  de  aislamiento,  en  el cual se concluyó, entre otras cosas,  (i)  que  “las  condiciones  materiales de muchos de los  lugares  utilizados  para  el  aislamiento  de personas privadas de libertad son  inadecuadas  y,  en  algunos  casos,  acarrean  violaciones  del  derecho  a  la  dignidad”;  (ii) que “el  régimen  de  incomunicación  aplicado  en  algunos centros de reclusión a las  personas  en  aislamiento  atenta  contra la dignidad humana y pone en riesgo su  integridad   física”;   (iii)  que   “varias  personas   se   encuentran   sometidas  al  confinamiento  solitario  de  manera  prolongada  y,  a veces, indeterminada, lo cual puede constituir un trato cruel,  inhumano  y  degradante”;  (iv) que  “en algunos  de  los  casos  de  aislamiento como sanción disciplinaria, se ha observado una  falta  de  respeto  al debido proceso”;  (v) que  “el    aislamiento    se    utiliza   de   manera  discriminatoria   y   vejatoria  para  segregar  a  personas  con  el  virus  de  inmunodeficiencia    humana    (VIH)   y   afectados   por   el   síndrome   de  inmunodeficiencia  adquirida  (SIDA)” y  (6) que  existe   un   “riesgo   preeminente   […]  en las áreas de aislamiento a que  acontezcan    casos    de    tortura    o    tratos    crueles,    inhumanos   o  degradantes.”  Por  lo  cual,  la  Corte  resolvió  prevenir   a   las  autoridades  penitenciarias  y  carcelarias  “para      que      tengan      en     cuenta      (1.)  Los  informes  realizados  por  la  Procuraduría  General  de  la Nación en torno a la posibilidad de restringir o  abolir  el uso del aislamiento en celda como sanción disciplinaria.   (2.) Que  la  medida  incontinenti de  aislamiento  debe  tomarse únicamente por el tiempo que dure la crisis y se vea  amenazada   la   vida   del   recluso.”64   

6.5.   Las   autoridades  penitenciarias  y  carcelarias   deben   considerar   siempre   alternativas   a   las  medidas  de  confinamiento,  que  pueden  ser  altamente lesivas de la dignidad humana.   Por  eso  ha  señalado  que en el caso de procesos de  disciplina  interna,  se debe hacer uso de medidas distintas al aislamiento como  modo  de  sanción, y explorar medidas distintas al confinamiento solitario para  tratar  las situaciones de seguridad y protección que surjan al interior de las  prisiones.65  Es importante reiterar la importancia de este mandato, por cuanto  la  jurisprudencia  ha  constatado  que en la práctica  “las  medidas incontinenti  se extienden en el tiempo y las personas son aisladas  durante  periodos  extensos  sin  tener  una  sanción disciplinaria”.66   

6.6.  Así pues, el  juicio  de razonabilidad y de proporcionalidad de una medida de aislamiento para  una  persona  privada de la libertad debe ser estricto.  Este   tipo   de   medidas,   que  en  principio  no  deberían  emplearse,  son  potencialmente  lesivas  de  los  derechos fundamentales de las personas, por lo  que  su  uso  debe ser absolutamente restringido. Es preciso que las autoridades  carcelarias  estén  en  capacidad  de  justificar,  en  especial,  que   la   medida  de  aislamiento  es   necesaria,  esto  es,  que  no era posible lograr los fines imperiosos que se  buscan  con ella, mediante medios distintos, menos lesivos de los derechos de la  persona.  En  todo  caso,  la  medida de aislamiento está totalmente prohibida,  entre  otros casos,  (i)  cuando   se   adopta  y  mantiene  por  periodos  prolongados  de  tiempo;   (ii) cuando se debe cumplir  en  un  espacio  inadecuado,  en  condiciones  indignas,  por ser insalubre, por  ejemplo;   (iii) cuando  se     adopta    desconociendo    el    debido    proceso,    o    (iv)  cuando  se  adopta para proteger los  derechos   de   la  propia  persona  sometida  a  aislamiento.      

Una  vez  fijadas  las  pautas  de  análisis  anteriores,  pasa la Sala a considerar concretamente la constitucionalidad de la  medida adoptada sobre Ana Maribel Barrios Torres.   

7.  La  medida  de  aislamiento  a  la que ha  sometido  el  Establecimiento  Penitenciario  y  Carcelario  de  Alta  y Mediana  Seguridad   de   Valledupar   a   la  señora  Ana  Maribel  Barrios  Torres  es  constitucionalmente irrazonable y desproporcionada   

7.1. La Sala considera que el establecimiento  carcelario  acusado  debe abstenerse de mantener a Ana Maribel Barrios Torres en  el  prolongado  aislamiento en el que estaba, a pesar de que dicho confinamiento  tenía  por  objeto  proteger  su  propia  vida,  por  tratarse  de  una  medida  constitucionalmente   irrazonable.  A  continuación  se  dan  las  razones  que  fundamentan esta decisión.   

7.2.  La  medida  de  aislamiento  acusada  y  denunciada  por  la madre de la accionante es consideraba adecuada por el INPEC,  por  cuanto  tiene  por  objeto  proteger  la vida de la interna de las amenazas  contra  su  vida,  las cuales ya se han tratado de hacer efectivas. Sin embargo,  la   razonabilidad   de   una  medida  no  surge  solamente  de  la  legitimidad  constitucional  del  fin  por  el cual ésta propende. Tal como se indicó en la  sección  anterior,  también  debe  evaluarse  la  legitimidad  del  medio,  su  relación  con el fin y, adicionalmente, si no es desproporcionada, en relación  de  los  derechos  fundamentales  invocados.  Finalmente,  por  ser  una  medida  potencialmente  lesiva de los derechos fundamentales, su constitucionalidad debe  ser estudiada de forma estricta.   

7.3.  La medida de aislamiento de Ana Maribel  Barrios  Torres busca un fin constitucionalmente imperioso, a saber, proteger la  vida  de  la  propia  interna,  sin  embargo  no  es razonable, por cuanto no es  necesaria.  No  es necesario recluir en condiciones de aislamiento a una persona  para   evitar  que  sea  agredida  por  otras  personas  en  un  establecimiento  carcelario.  Las  autoridades  penitenciarias  y  carcelarias  cuentan con otras  formas  de  proteger  la vida de los reclusos amenazados que son menos lesivas e  invasivas del resto de sus derechos fundamentales.    

7.4. Como lo señala la jurisprudencia citada,  ‘se  violan los derechos  constitucionales  de  las personas privadas de la libertad, cuando se les somete  a   una   condición   de  confinamiento  o  aislamiento,  como  una  manera  de  protegerlos,  porque  no  se cuenta con otras formas de asegurar las condiciones  de   seguridad   entre   los  internos’.67  Por  tanto,  las  autoridades  carcelarias  no  pueden  alegar  el  incumplimiento  de  sus  obligaciones,  como  justificación  de la restricción  innecesaria  de  los  derechos  que le imponen a  una persona privada de la  libertad bajo su cargo.   

7.5. No obstante, debido a las condiciones de  hecho  que  existan  en  una  cárcel,  es probable que la medida de asilamiento  estuviera  temporalmente justificada, por lo menos, hasta tanto se adoptaran las  medidas  adecuadas  y  necesarias para lograr proteger de otra manera la vida de  la  persona  [por  ejemplo  en  los  casos de motines u otro tipo de riñas]. En  tales  eventos,  la  medida  es  temporalmente necesaria y, por tanto, razonable  también  temporalmente. En todo caso, corresponde a las autoridades adoptar las  medidas  adecuadas  y  necesarias  para que de la manera más rápida posible se  tenga  una  forma  alternativa para proteger la vida de la persona privada de la  libertad,  distinta  al  aislamiento.  Entre  tales  medidas  se  encuentra, por  supuesto, el traslado.   

7.6. La accionante, madre de la reclusa, tiene  noticia  de  que  el estado emocional de su hija actualmente es pésimo. En gran  medida,  como  consecuencia  del aislamiento al que ha sido sometida. Ahora  bien,  la  soledad  extrema  que  ha  tenido  que  enfrentar Ana Maribel Barrios  Torres,  se ha dado en un contexto en el cual su seguridad personal no puede ser  garantizada  plenamente  por  las  autoridades  carcelarias.  Como lo indicó su  señora  madre  en varias ocasiones durante el proceso, la ropa de su hija y las  demás  pertenecías  de  su  celda fueron quemadas, ha sido amenazada de muerte  por     algunas     de     las     ‘líderes’  de  la     cárcel     y     atacada    por    ellas.68   

7.7.  La  Sala  no  cuenta  con  suficiente  información  médica  que  le  permita  concluir   en  el presente caso si  existe  o  no,  un riesgo real e inminente sobre la salud mental o física de la  hija  de  la accionante. Sin embargo, (*) la queja de Ana Maribel Barrios Torres  y  su  señora madre, María de las Mercedes Barrios Torres, ante la Defensoría  del  Pueblo;   (*) las quejas presentadas sólo por ésta y otra presentada  por  una  de las compañeras de reclusión;  (*) las solicitudes reiteradas  de  la  Defensoría  del  Pueblo  al  INPEC; (*) el hecho de que las autoridades  carcelarias  en  su  intervención  no  hayan negado las afirmaciones que en tal  sentido  hiciera la accionante en la tutela; y  (*) el hecho de que el juez  de   tutela  está  obligado  a  considerar  que  las  medidas  de  ‘aislamiento      como     medidas  potencialmente   lesivas  de  los  derechos  de  las  personas  privadas  de  la  libertad’;  son  razones  suficientes  para  que  la  Sala  de Revisión concluya que debe presumir que la  salud  de  la hija de la accionante probablemente está afectada, en razón a la  medida de aislamiento a la que fue sometida.    

7.8.  En  tal sentido, es muy probable que la  medida  además  de  no  ser  necesaria, tampoco sea proporcional, por cuanto al  aislar  a  Ana  Maribel  Barrios  Torres se estaría sacrificando enormemente su  salud, al punto, quizá, de poner en riesgo su propia vida.    

7.9. En consecuencia, la medida de aislamiento  a  la  que  fue  sometida  Ana  Maribel  Barrios  Torres viola sus derechos a la  dignidad  y  a la libertad,  pues   al  no  ser  una  medida necesaria, no es razonable adoptarla, y por  tanto,  es  inconstitucional.  Además,  ha  transcurrido un tiempo considerable  (más  de  3 meses), y según los indicios aportados al proceso, es probable que  la  medida  también  esté  afectando  desproporcionadamente  sus derechos a la  salud y, quizá, a la vida.   

7.10.  Una vez resuelto el problema jurídico  referido  a  la medida de aislamiento a la que se resolvió someter a la hija de  la  accionante,  pasa  la  Sala  a definir los parámetros constitucionales para  evaluar  las  decisiones  en materia de traslados carcelarios y, posteriormente,  analizar el caso concreto.   

8. Las solicitudes de traslado de las personas  privadas  de  la libertad entre establecimientos penitenciarios y carcelarios no  puede  conllevar  un  impacto  irrazonable y desproporcionado sobre los derechos  fundamentales,  como por ejemplo,  la unidad familiar, la salud o el debido  proceso.    

8.2. De hecho, recientemente, en la sentencia  T-134  de 2005, la Corte decidió que las autoridades carcelarias respectivas no  desconocen  los  derechos  de  una  persona  privada  de la libertad, cuando los  traslados  no  se  han  efectuado  en razón a que el interesado “no  ha  cumplido  íntegramente  la carga establecida en las normas  reglamentarias  citadas”. En el caso concreto que se  estudió  en  esta  ocasión  [T-134  de  2005], la persona no había presentado  “solicitud   escrita   dirigida  al  Director  del  Establecimiento   Penitenciario   y  Carcelario  […]  indicando  la  necesidad  de  traslado  a otro centro  donde  su  compañera ha aceptado la visita íntima”.  Sin   embargo,   la  Corte  resolvió  tutelar  parcialmente  los  derechos  del  accionante  en  este  caso,  pues  decidió que las autoridades en cuestión sí  habían  desconocido  su  obligación  de  informar  adecuadamente  cuál  es el  procedimiento  a  seguir, por lo que se ordenó que se le informara y orientara,  para  que  pudiera presentar adecuadamente su solicitud de traslado.72   

8.3. Sin embargo, el ejercicio de una facultad  no  es  discrecional  e  ilimitado.  Se  trata  de  una competencia de carácter  administrativo  que  se da dentro del marco constitucional vigente, por lo cual,  debe  ser  ejercida  teniendo en cuenta eso; en otras palabras, las competencias  deben  ser  vistas  por  las  autoridades  que las ejercen como medios aceptados  dentro  del  orden  constitucional,  como camino para alcanzar los fines por los  que  dicho  orden  propende.  Así,  por  ejemplo,  no  se  puede  hacer  un uso  arbitrario de la facultad de  trasladar    de    establecimiento    a    las    personas    privadas   de   la  libertad.73   

8.3.1.  En  la  sentencia  T-966 de 2000, por  ejemplo,  la  Corte  decidió  que “las personas que  han  sido  trasladadas  a  un  establecimiento  de  reclusión  ubicado  en  una  localidad  distinta  de aquella en la que están siendo juzgadas, tienen derecho  a  ser  remitidas  a  la sede del juzgado respectivo, en todos aquellos casos en  los   cuales   su   presencia   resulte  relevante  para  garantizar  el  debido  proceso”;  no  hacerlo conllevaría una restricción  constitucionalmente  irrazonable  de  los  derechos  de la persona privada de la  libertad.74  Concretamente,  la Corte consideró que no se habían dado razones  que  justificaran  “un aplazamiento de más de ocho  meses  en  el  proceso  penal  que se sigue en contra de los actores”  por  no haberlos trasladado, por lo que decidió que tal demora  constituye    “una   vulneración   del   derecho  fundamental    a   un   proceso   sin   dilaciones   injustificadas.”75   

8.3.2.  Uno  de los aspectos constitucionales  que  han  de  tener en cuenta las autoridades carcelarias al ejercer la facultad  de  resolver  el traslado de una persona, es el de preservar, en la medida de lo  posible,  la  unidad  familiar. El hecho de que una persona se encuentre privada  de  la libertad da al Estado la facultad de imponerle legítimas restricciones a  la   unidad  de  su  núcleo  familiar,  pero  ello  no  implica  que  cualquier  restricción  que  se  imponga  sea constitucionalmente admisible. Dicho de otra  forma,  la  facultad  de limitar razonablemente el derecho a preservar la unidad  familiar  de las personas privadas de la libertad, no es un permiso para imponer  obstáculos  y  barreras  innecesarias  a  dicha  unidad.  Por tal razón, en la  sentencia  T-566  de  2007  se  decidió  que  “los  establecimientos   carcelarios  deben  posibilitar,  hasta  donde  ello  resulte  posible,  que el interno mantenga contacto permanente con su familia”.  En  especial, señaló que se debe posibilitar que se mantenga  el  contacto  “con  sus hijos menores, a través de  visitas  y comunicaciones frecuentes, con el fin de preservar la unidad familiar  y   velar   por   el   desarrollo   armónico   e   integral  de  los  niños  y  adolescentes”.76   

8.3.2.1.   En   efecto,   para   la   Corte  “existe   una   especial   relación   entre   las  condiciones  necesarias  para mantener el contacto con la familia y los derechos  a  la  dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a tener y conservar una  familia  de  que  son titulares las personas privadas de la libertad”;  así  lo consideró en la sentencia T-1190 de 2003, caso en el  que  decidió  que un establecimiento penitenciario y carcelario desconocía los  derechos  de  una  persona  privada  de  la  libertad  a  la  que no le brindaba  oportunidades  laborales  que  le  permitieran,  entre  otras cosas, obtener los  recursos  económicos  necesarios  para  comunicarse  con  su  familia  y  hacer  posible,      encuentros      y      contactos.77    Estas   consideraciones  (T-1190  de  2003),  que  han  sido  reiteradas  en casos en que se han resuelto  acciones  de  tutela  en  las  que  se  alga que se desatendió una solicitud de  traslado    presentada    por    alguna   persona,78  resaltan  el  papel  de  la  familia     como     parte     esencial     del    proceso    de    resocialización    de   las   personas  legítimamente privadas de la libertad. Dijo al respecto la Corte,   

“Desde  el punto de vista constitucional,  la  relación  de  especial  sujeción  que  surge  entre el Estado y el recluso  implica   que   las  acciones  del  Estado  estén  dirigidas  a  facilitar  las  condiciones  para  una  verdadera  resocialización de las personas que han sido  condenadas  penalmente  a  pena  privativa  de  la  libertad.  Esta  concepción  humanista  del  sistema jurídico y del sistema penal, inspirada en el principio  superior  de  la  dignidad humana y sustento de una de las llamadas funciones de  la   pena,  implica  que  las  autoridades  del  Estado  y  en  particular,  las  autoridades  penitenciarias,  estén en la obligación de desplegar una serie de  conductas   necesarias   e   idóneas   para   garantizar   el  mayor  nivel  de  resocialización  posible de los reclusos. En este sentido, las disposiciones de  la  ley  65  de  1993,  en  particular las que desarrollan el sistema progresivo  penitenciario  (arts.,  142  y ss., de la referida ley) quedan revestidas de una  legitimidad  constitucional  especial,  pues  de  su eficacia particular depende  también  la  de  los  principales  mandatos  constitucionales y su realización  concreta en el caso de las personas privadas de la libertad.   

Para la Corte, la importancia que reviste la  presencia  activa  de  la  familia  durante  el  periodo  en  que se prolonga la  privación  de  la  libertad  de  las personas condenadas es indudable. Sobradas  razones   de   índole   [1]   jurídica   (la   familia   es  el  núcleo  básico  de  la  sociedad),  [2]  psíquica   (importancia  anímica  de  la  vigencia  de  los  lazos  de  solidaridad)  y [3] afectiva  (satisfacción  de  necesidades  sexuales  y  afectivas esenciales) así lo indican. La veracidad de esta premisa  se  refuerza  con el argumento normativo que se desprende del sistema progresivo  penitenciario,  que  cuenta  entre sus presupuestos el de la presencia activa de  la  familia  en  el proceso de resocialización del interno (art., 143 de ley 65  de 1993).   

[…]   Por  otro  lado,  el  proceso  de  resocialización  está  edificado  sobre  un  conjunto  de  factores  que deben  concurrir  para  garantizar  las condiciones necesarias para su eficacia: (i) la  oportunidad  y  disposición permanente de medios que garanticen la realización  de  diversas  actividades de orden laboral, educativo, deportivo y lúdico; (ii)  las  condiciones  cualificadas  de reclusión, en aspectos básicos como el goce  permanente   de   servicios   públicos   esenciales,   buenas   condiciones  de  alojamiento,  alimentación  balanceada,  servicios  sanitarios mínimos, etc. y  (iii)  el  acompañamiento  permanente  durante el periodo en que se prolonga la  privación  de  la  libertad,  con el auxilio de un equipo interdisciplinario de  profesionales  en  ciencias  sociales  y de la salud, de la red de apoyo y de la  familia del recluso.     

El  déficit  que  se presente en alguno de  estos  aspectos  implica  necesariamente  una  disminución en las posibilidades  reales  de  satisfacer el propósito de resocialización. De manera paralela, la  eficacia  de  varios de los derechos fundamentales de los reclusos depende de la  satisfacción  de  estas  condiciones.  No es posible el ejercicio de algunas de  las  libertades  individuales  sin  la  posibilidad  de  desarrollar actividades  laborales,  creativas  o  lúdicas,  dentro  o  fuera  del  penal; tampoco será  posible  gozar  de los derechos a la dignidad y al mínimo vital sin condiciones  de  reclusión  cualificadas.  En este orden de ideas, considera la Corte que la  resocialización  está íntimamente ligada a las posibilidades reales de goce y  ejercicio  de  aquellos  derechos  fundamentales  que  con  algunas limitaciones  conservan  las personas privadas de la libertad.   

Un razonamiento similar se debe seguir en el  caso  de  las  condiciones existentes, en función de asegurar un mayor contacto  del  recluso  con  su familia y a la vez, una mayor participación de la familia  durante   el  tiempo  de  la  reclusión.  El  proceso  de  resocialización  es  impensable  o mucho más adverso sin el concurso activo y la presencia constante  del  grupo familiar. Esto se explica por varias razones: porque la familia es el  único  referente  seguro de libertad con el que cuentan las personas recluidas,  la  mejor  forma  de  mantener contacto con la sociedad y con el mundo fuera del  penal,  y  sobre  todo,  porque  constituye el centro de los vínculos afectivos  más  importante  y  duradero,  lo cual le permite al recluso sobreponerse a sus  condiciones  de  penuria  y guardar esperanzas para la libertad.  Sin estos  elementos  es  bastante  difícil  que  se  realice  en  una medida razonable el  propósito de resocialización.   

Por  otro  lado, la Corte también constata  que  existe  una  relación especial entre algunos de los derechos fundamentales  de  los  internos  y las condiciones necesarias para mantener el contacto con la  familia.  En  este  sentido,  el  derecho  a  la  comunicación  oral, escrita o  presencial  se conjuga casi hasta confundirse con los derechos a la dignidad y a  la  libertad.  En este contexto el caso de las visitas y de las visitas íntimas  es  de  los  más elocuentes y paradigmáticos. En efecto, mediante el ejercicio  de  estas prácticas la vida cobra sentido para los reclusos, se redimensiona la  existencia,  se  fortalecen los vínculos de pareja y se abren alternativas para  mantener       la      unidad      familiar.”79      

8.3.2.2.    Así,    la    jurisprudencia  constitucional   ha   considerado  que  no  es  razonable  que  las  autoridades  penitenciarias  y carcelarias dejen de autorizar el traslado de una persona, por  ejemplo,  en  la siguiente situación: cuando en las circunstancias concretas se  somete   a   las   personas   a   un  ‘resquebrajamiento’  de  su unidad familiar mayor al que de hecho implica la situación  de  privación  de  libertad,  y  con  ello  se  afecta el derecho al desarrollo  armónico  e integral de una niña o de un niño, bien se trate de infantes o de  adolescentes.  Tal  fue  la decisión de la Corte Constitucional en la sentencia  T-566  de  2007,  caso  en  el  que  se decidió proteger el derecho a la unidad  familiar  de  una pareja que había sido privada de la libertad, al mismo tiempo  y  en  un mismo establecimiento penitenciario y carcelario, pues las autoridades  respectivas  habían  resuelto  trasladar  a  uno de los miembros de la pareja a  otro  establecimiento  de  reclusión,  afectando  gravemente  con  ello, (i) la  posibilidad  de  que  la  hija  menor que tenía la pareja se pudiera reunir con  dicho  progenitor  (en  ese  caso,  la  madre  de  la  menor)  y   (ii)  la  posibilidad  de que tuvieran lugar las ‘visitas      íntimas’        de        la       pareja.80  Para  la  Sala,  aunque  la  facultad  de  haber  trasladado  a  la madre de la menor aparentemente se había  ejercido   dentro   de   las   competencias   legales   reconocidas,81    las  autoridades  carcelarias  habían  tomado  una  decisión  sin tener en cuenta y  valorar  el  impacto  que  tal  determinación  tendría  sobre  la unidad de su  núcleo  familiar, incluso, a pesar de los reclamos y las peticiones presentadas  por  las  personas involucradas en el caso. En esta ocasión, además de ordenar  específicamente  a  qué  establecimiento debía ser trasladada la persona para  garantizar  el  goce  efectivo  de sus derechos y los de su familia,82  la Sala de  Revisión   advirtió   a   las   autoridades  penitenciarias  en  general  que,  “en adelante, se estudie con mayor detenimiento las  situaciones  particulares  de  cada interno al momento de realizar los traslados  respectivos,   a   efectos  de  no  acarrear  un  sufrimiento  adicional  a  los  reclusos”.83   

8.3.3.  Ahora  bien,  la  Sala reitera que el  hecho  de  que una decisión con relación al traslado de una persona privada de  la  libertad  tenga  un  impacto  sobre  sus  derechos fundamentales, no implica  per  se, que la decisión en  cuestión  no pueda ser adoptada. Cuando la medida es razonable y proporcionada,  teniendo  en  cuenta  las consideraciones propias del caso, la jurisprudencia ha  avalado  la  decisión adoptada por las autoridades carcelarias. Por ejemplo, en  la  sentencia  T-274 de 2005, la Corte resolvió confirmar la decisión del juez  de  instancia, de negar la acción de tutela interpuesta por un preso que había  sido  trasladado del lugar de reclusión en el que se encontraba, por razones de  hacinamiento,  a  pesar  de  que  tal  medida  implicaba  cambiar  los  médicos  tratantes  que  lo venían atendiendo y alejarlo más de su familia.84    

8.4.    Establecidos    los   parámetros  constitucionales   para   evaluar  la  razonabilidad  de  la  decisión  de  las  autoridades  carcelarias  a no acceder a una solicitud de traslado, en especial,  cuando  ello  compromete la unidad familiar, pasa la Sala a analizar a la luz de  los mismos el caso bajo estudio.   

9.  El  Establecimiento  de  Alta  y  Mediana  Seguridad  de  Valledupar violó los derechos de Ana Maribel Barrios Torres a la  dignidad,   a   la   salud  y  a  la  unidad  familiar,  al  haber  dilatado  arbitrariamente  las  repetidas  solicitudes  de traslado, obstaculizando así el goce efectivo de esos derechos;  con  esos  actos,  también  desconoció el derecho a la unidad familiar de  la  señora  María  de  las  Mercedes Barrios Torres.   

9.1.  Las  autoridades carcelarias nacionales  violan  los  derechos  de  una  persona,  al  dilatar  arbitrariamente  la  decisión  de  trasladarla  a  un  establecimiento  de  reclusión  teniendo  en  cuenta  su  derecho  a  la unidad  familiar  y  su  situación  de salud, a pesar de que la persona interesada  no  haya  adelantado  el procedimiento establecido en la ley para tramitar dicha  solicitud,  cuando,  (i)  ya   la   ha   presentado   informalmente,   directa   o   indirectamente;   (ii) una entidad oficial con  competencia  para  velar  por  la  defensa  de  los  derechos  ha  respaldado la  solicitud  –en este caso,  la     Defensoría     del    Pueblo–;  y   (iii)  las  autoridades  carcelarias  expresamente se han comprometido a tramitar dicha  solicitud,  con  la persona, sus acudientes o la entidad oficial que se ocupa de  promover la defensa de sus derechos.   

9.2.  La Sala concuerda con el reconocimiento  que  ha  hecho  la  jurisprudencia constitucional de las competencias autónomas  que,      legal      y      reglamen­tariamente,  se  reconoce a las autoridades carcelarias para decidir  sobre  los traslados de internos entre establecimientos carcelarios.85 Sin embargo,  estas  facultades no son un derecho ni un privilegio. Al INPEC no se le reconoce  esta  competencia  por capricho, sino porque se le considera la institución con  los   mayores   y   mejores  recursos  humanos  y  materiales,  para  determinar  razonablemente  estas decisiones. Tales reglas no son pues, permisos para evadir  estratégicamente  las obligaciones de tramitar dichas solicitudes, en especial,  cuando  de  ellas dependen el goce efectivo de los derechos fundamentales de las  personas interesadas en el traslado.     

9.3. Los trámites adelantados por la señora  madre  de  la  accionante,  por  la  Defensoría  del  Pueblo, y por las propias  autoridades  carcelarias,  dan  cuenta  de  las  diversas  ocasiones  en  que se  intentó tramitar de forma adecuada la solicitud de traslado.   

9.3.1. Para la señora María de las Mercedes  Barrios  Torres,  el  trámite  de  la  solicitud  del  traslado de su hija, Ana  Maribel,  inició hace ya 12 meses, 8 de ellos, anteriores  al momento de haber  interpuesto           la           tutela.86   De  hecho, ella tiene  fechas  y lugares concretos en los que se presentaron quejas o documentos, o las  reuniones  con  diferentes funcionarios de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá  y  en Valledupar, y del Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, también de  varias dependencias.     

9.3.2.  La  Defensoría del Pueblo, Seccional  Cesar,  como  se dijo en los antecedentes de la presente sentencia [ver sección  3],  solicitó  el traslado  (27  de  mayo  de 2008), lo requirió (3 de julio de 2008) y, finalmente, pidió  que  se  le informara como iba el trámite de la solicitud de traslado, luego de  haber   sido   informada   que   el  mismo  se  ya  estaba  adelantando  (17  de  julio).   

9.3.3.   La   respuesta  del  Director  del  Establecimiento  Penitenciario  y  Carcelario  de  Alta  y  Mediana Seguridad de  Valledupar,  EPCAMSVAL, Teniente Coronel en retiro Hernando Ríos González, del  9  de julio de 2008 aportada por la Defensoría del Pueblo, sostuvo, entre otras  cosas,  que “(…) el traslado de la interna Barrios  está  siendo tramitado.”87   Al día siguiente, el  10   de   julio,   se  reiteró  la  información  así:  “(…)  es  de  anotar  que a la señora Barrios se le está tramitando por  parte  de  la  oficina  de jurídica el traslado respectivo, para evitar futuros  inconvenientes.”88  Días después, el Director  Regional  Norte, INPEC, Coronel en retiro Luis Alfonso Carvajal Lasso, confirmó  los  avances  en  el  trámite del traslado de Ana Maribel Barrios Torres en los  siguientes términos,   

“Sin embargo como medida preventiva y con  el  fin  de  preservar  la  integridad  de  la mencionada interna, se le puso en  conocimiento  al  Director  del  Establecimiento  la  situación  con la interna  Maribel  y  se le ordenó tomar las medidas de seguridad que sean necesarias y a  su  vez,  de ser necesario, inicie el trámite correspondiente para solicitar el  traslado  por  seguridad  a  la Oficina de Asuntos Penitenciarios (Sede Central)  quien    es    la    competente    para   ello.”89   

9.4. No obstante lo anterior, las autoridades  del  INPEC  se  atrevieron  a acusar a la señora María de las Mercedes Barrios  Torres  como  una  persona  impaciente,  deseosa  de saltarse los procedimientos  establecidos  para  proteger  a  su  hija.  De  hecho,  llegó  a afirmar que la  accionante           “amenazaba”  el  Debido  Proceso  Administrativo,  y los principios de igualdad y de legalidad, al querer  dejar   de   seguir   los   conductos   regulares   y  preferir  “la   vía  más  rápida,  la  de  la  acción  tutelar”    [ver    sección    4  de  los  antecedentes].  Así pues, además del irrespeto que debe  sufrir  la  accionante  al ser engañada por la administración que  afirma  estar  tramitando  la  solicitud  de  traslado  cuyo  trámite en realidad está  dilatando  arbitrariamente, sino que al reclamar la protección de sus derechos,  se  le  acusa  de  no haber hecho nada para presentar su solicitud adecuadamente  ante  la  administración y, en lugar de reconocer la paciencia que ha tenido la  señora, se le acusa de afanada e impaciente.   

9.5.  Tiene razón el INPEC cuando afirma que  Ana  Maribel  Barrios  Torres,  en  su  actual  situación  de interna, tiene el  derecho  de  solicitar  su  traslado. De acuerdo con el artículo 74 del Código  Penitenciario  y  Carcelario (Ley 65 de 1993), el traslado de los internos puede  ser   solicitado   al   INPEC   por   ‘el  interno’.  Pero  la  norma advierte, además, que también tienen tal facultad de presentar  la    solicitud    de    traslado    ‘el          funcionario         de         conocimiento’         y         ‘el    director    del    respectivo  establecimiento’.  Finalmente,  el  Código  Penitenciario  y  Carcelario  indica  algunas  de  las  causales      de     traslado,     ‘además   de   las   que   señala   el   Código  de  Procedimiento  Penal’ (artículo 75, Ley  65    de    1993).    Entre    ellas    incluye,   por   ejemplo,   ‘1.  Cuando   así   lo  requiera  el  estado  de  salud,  debidamente        comprobado        por       médico       oficial’;             ‘(…)  3.  Motivos      de      orden      interno      del     establecimiento’;             ‘(…)           6.  Cuando sea  necesario  trasladar  al  interno  a un centro de reclusión que ofrezca mayores  condiciones  de seguridad’.   

9.6.   Para  la  Sala,  por  lo  tanto,  la  participación   del   INPEC  dentro  del  proceso,  así  como  sus  anteriores  respuestas  ante la Defensoría del Pueblo, prueban  (1) que se ha dilatado  arbitrariamente,  sin  razón  alguna, el estudio de la solicitud de traslado de  la  hija de la accionante, a pesar de que las autoridades carcelarias ya habían  sido  prevenidas  acerca de la posible afectación de los derechos fundamentales  de  la  persona  en  cuestión  y   (2) que el respeto por las competencias  autónomas  de  la  institución  no  se ha invocado para defender la decisiones  carcelarias   adoptadas   adecuadamente,   mediante   el  proceso  de  decisión  institucional  establecido,  sino  como una estrategia para pretender justificar  el  tratamiento  que se ha dado a la solicitud de Ana Maribel Barrios Torres, su  señora  madre,  una  compañera  de  reclusión  y  la  Defensoría del Pueblo.  Además,   (3)  prueba  que  el  INPEC o actúa con plena negligencia o con  dolo,  cuando  acusa  a  la  accionante  de  querer saltarse impacientemente los  procedimientos establecidos, cuando en realidad, los ha padecido.   

9.7.  Así  pues,  el  derecho  a  la  unidad  familiar  de  Ana  Maribel  Barrios  Torres y de su señora madre, María de las  Mercedes  Barrios  Torres,  se  ve irrazonablemente limitado por el INPEC, al no  haber  actuado  adecuadamente, para evaluar la posibilidad eventual del traslado  que  le  había  sido  solicitado.  No  hay  razones para haber obstaculizado el  ejercicio de este derecho.   

9.8.  Adicionalmente,  advierte  la  Sala que  la   cercanía de Ana Maribel Barrios Torres con su señora madre, ya no es  solo  una cuestión a la cual se deba propender en aras del respeto a su derecho  a  la  unidad  familiar.  Dada  la  condición  emocional tan afectada en la que  posiblemente  se  encuentra, como consecuencia del impacto que ha tenido en ella  las  medidas  de  aislamiento  a las que fue sometida, la cercanía con su madre  debe  buscarse  también con el fin de garantizar el goce efectivo de su derecho  a  la  salud. En tal medida, dilatar arbitrariamente el trámite del traslado de  Ana  Maribel implicó en el presente caso, obstaculizar no sólo el derecho a la  unidad  familiar  y  a  la  seguridad,  sino, probablemente, a su salud física,  mental y emocional.   

9.9.  Por  tanto,  no  es  razonable  que las  autoridades  carcelarias hayan dejado de resolver favorablemente la solicitud de  traslado  de  la  hija  de  la  accionante,  bajo  el  pretexto  de que no se ha  tramitado  de  acuerdo  al  procedimiento  establecido  para ello, cuando dichas  autoridades  han  dilatado  arbitrariamente dicho trámite, a pesar de que   (i)  sí  tenían  noticia  de  la  solicitud,   (ii)  la  cual había sido  respaldada  por organismos oficiales encargados de defender los derechos y   (iii)   habían  afirmado  públicamente  conocer  la  petición  y estarla  tramitando.  En  tal  medida,  la  decisión  acusada  del INPEC, adoptada en su  dependencia  regional,  y  apoyada  nacionalmente, es claramente arbitraria y se  convierte  en  un  obstáculo  al  goce  efectivo  de  los  derechos a la unidad  familiar  y  muy  probablemente  a  la  salud, la vida y la integridad personal.   

9.10.   Una  vez  resueltos  los  problemas  jurídicos  planteados por la acción de tutela de forma favorable al sentido de  las  peticiones  presentadas  por  la  señora  María  de  las Mercedes Barrios  Torres,    pasa    la   Sala   a   indicar   las   órdenes   específicas   que  impartirá.   

10. Órdenes a impartir  

10.1.  Como  consecuencia  de  las decisiones  adoptadas      en      el     presente     caso,91   la   Sala   de  Revisión  revocará  la  sentencia  de instancia y en su lugar tutelará los derechos a la  dignidad,  a  la  unidad  familiar,  a  la  salud,  a  la vida y a la integridad  personal de Ana Maribel Barrios Torres.   

10.2.  En consecuencia la Sala impartirá las  siguientes  órdenes  para garantizar el goce efectivo de los derechos tutelados  a la hija de la accionante, y a ella misma.   

10.2.1.   Se   ordenará  al  Director  del  Establecimiento  Penitenciario  y  Carcelario  de  Alta  y  Mediana Seguridad de  Valledupar  que  si  aún  no  lo  ha  hecho,  suspenda  de  forma  inmediata  la  medida de aislamiento a la  que  tiene  sometida  a  Ana  Maribel  Barrios  Torres.  En  todo caso, la nueva  condición  en  la cual sea recluida debe garantizarle condiciones de existencia  digna,  en  especial  debe  protegerle y garantizarle su vida, su seguridad y su  integridad   personal,   frente   a   las   amenazas   de  las  cuales  ha  sido  víctima.   

10.2.2. También se ordenará al Director del  Establecimiento  Penitenciario  y  Carcelario  de  Alta  y  Mediana Seguridad de  Valledupar  que  adopte las medidas adecuadas y necesarias para que dentro de 24  horas  valore  el  estado  de  salud,  físico  y mental, de Ana Maribel Barrios  Torres.  El  Establecimiento  deberá remitir copia de los informes acerca de la  salud  de la interna al Juez de instancia, a la Defensoría Seccional del Pueblo  y  al  Director  General  del  INPEC,  que deberá remitir copia del mismo a los  funcionarios  del  sistema  de  salud  que  tendrán que encargarse de atender y  proteger  a  Ana  Maribel Barrios Torres, una vez se efectúe el traslado que se  ordenará.    

10.2.3.  Ahora  bien,  teniendo en cuenta las  especiales  condiciones  del  caso,  el  hecho  de que la Defensoría del Pueblo  solicitara  el  traslado y que el INPEC ya advirtió a la madre de la accionante  que  lo  más  probable  es  que la solicitud de traslado, incluso en el caso de  presentarse  formalmente,  sería finalmente negada,92  también  se  ordenará  al  Director  General  del  INPEC  que en el término de 48 horas adopte las medidas  adecuadas  y  necesarias  para  trasladar  a  Ana  Maribel  Barrios  Torres a un  establecimiento  penitenciario  y  carcelario  de  Bogotá,  o  en su defecto, a  Villavicencio,  por ser un lugar relativamente cercano al lugar de residencia de  su  madre.  En  cualquier  caso,  el traslado tendrá que efectuarse antes de 20  días  calendario.  Cuando  el traslado sea efectuado, deberá ser informado por  el  Director General del INPEC, por escrito y de manera detallada, dentro de las  24  horas  siguientes,  al  Juzgado  de  instancia,  con  copia  del  mismo a la  Defensoría   del  Pueblo  y  a  la  Sala  Segunda  de  Revisión  de  la  Corte  Constitucional.   

Respecto del traslado, el INPEC manifestó su  inconformidad  dentro  del  proceso,  entre  otras  razones por las limitaciones  presupuestales  y  de  recursos  que  tiene la entidad.  Para la Corte, las  limitaciones  presupuestales  no  excusan  a  las  autoridades carcelarias de su  obligación   de   velar  por  garantizar  el  goce  efectivo  de  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  privadas  de la libertad. Por el contrario, en  casos  como éstos, las limitaciones implican un mayor celo en la protección de  los  derechos. En efecto, dadas las limitaciones presupuestales, y por tanto, la  imposibilidad  de  realizar  un  número  indefinido  de traslados de presos, el  INPEC  ha  debido estudiar cuidadosamente la decisión de haber trasladado a Ana  Maribel  Barrios  Torres  desde Bogotá hasta Valledupar. En un caso de recursos  abundantes,  es  probable que el INPEC se pudiera tomar la libertad de trasladar  rápidamente  una  persona  hasta  un  determinado  establecimiento carcelario y  luego,  considerando  cuidadosamente  la cuestión, la volviera a trasladar a un  lugar  más  adecuado  para  los  fines  propios  de  la pena, su seguridad y la  protección  de sus derechos. La falta de recursos obliga a la administración a  adoptar  decisiones  cuidadosamente,  teniendo en cuenta los diferentes factores  de   los  cuales  dependa  la  misma.  Es  al  momento  de  decidir,  cuando  la  administración  debe  tomarse  en  serio  las  limitaciones  presupuestales, no  luego,  cuando se pretende justificar con tales limitaciones la imposibilidad de  cumplir  la  obligación  de corregir una decisión mal tomada, por cuanto no se  consideró  el  impacto  negativo  de  ésta sobre goce efectivo de los derechos  fundamentales.   

10.2.4. Adicionalmente, se ordenará al INPEC  que  una  vez traslade a Ana Maribel Barrios Torres, en el término máximo de 5  días,  valore  íntegramente  su  salud  física  y  mental,  a través (1) del  sistema  de salud que presta sus servicios a la entidad y (2) de otra entidad de  reconocimiento  público, especialmente designada para el asunto. La prestación  de   los  servicios  de  salud  que  los  médicos  que  la  valoren  consideren  necesarios,  deberá  ser  garantizada  por  el  INPEC; el INPEC deberá remitir  copia  de  lo prescrito por las evaluaciones médicas al juez de instancia, a la  Defensoría del Pueblo y a esta Sala de Revisión.   

10.2.5. En el caso de que la suspensión de la  medida  de  aislamiento  deba  temporalmente  continuarse,  por ser absolutamente  necesaria  para garantizar  los  derechos  de  Ana  Maribel  Barrios  Torres  y,  por  tanto,  no  pueda ser  suspendida  inmediatamente,  se  deberá   (i)  avisar  al  juez de primera  instancia,  a  la  Defensoría  del Pueblo y a la Sala Segunda de Revisión esta  decisión     de     forma    inmediata,   (ii)  garantizar,  por  lo  menos, tres horas diarias en un  patio,  en  el  que  tenga  la  posibilidad  efectiva  de  socializar  con otras  personas,  en  condiciones de seguridad, y (iii) el traslado deberá efectuarse,  perentoriamente, antes de 10 días calendario.   

10.2.6. Se advertirá que el Juez de instancia  es   el   encargado  de  verificar  y  hacer  cumplir  las  presentes  órdenes,  manteniendo  la  competencia  para  adoptar aquellas medidas que sean necesarias  para  garantizar  el  goce  efectivo  de los derechos tutelados de la accionante  (Decreto  2591  de  1991).  Así  mismo, se reconoce a la Defensoría del Pueblo  como  la  institución garante que deberá acompañar el proceso de cumplimiento  de las órdenes e informar del mismo a esta Sala de Revisión.   

10.3.  Al igual que una de las sentencias que  fue  citada,  la Sala de Revisión debe señalar en el presente caso que el Juez  de  instancia  no  encontró  violación del derecho fundamental debido a que en  sus  consideraciones sobre la dignidad y los tratos crueles no tuvo en cuenta el  caso  concreto y la manera como se aplican las normas en el orden constitucional  vigente,  “simplemente [se  limitó  a  confrontar la]  validez de las normas  legales      y      reglamentarias.”93   

Es  importante  que  el  Juez de tutela sea  sensible  a  los  derechos  fundamentales  de quienes invocan su protección, en  especial  cuando  de  ellos  depende  el  cumplimiento de las órdenes que deban  asegurar  el goce efectivo de los derechos (Decreto 2591 de 1991). En múltiples  ocasiones  la  jurisprudencia  constitucional  ha encontrado tan contrarias a la  dignidad  y al respeto humano las condiciones en que se encuentran recluidas las  personas,      que      ha     empleado     el     calificativo     ‘dantesco’  para  describir  la  situación. Tal  como  lo  ha  señalado  la  jurisprudencia,  desafortunadamente en muchos casos  “(…)  los  atropellos  irrazonables,  dantescos e  inadmisibles  que  se  infringen  a  los  derechos fundamentales de las personas  privadas   de  la  libertad  son  adjudicables  al  propio  recluso,  por  haber  delinquido  y  terminado  en  la cárcel, y no al Estado por incumplir de manera  manifiesta     sus     obligaciones.”94  El Juez de  tutela  debe  impedir que a las personas privadas de la libertad se les someta a  tratos  indignos,  debe impedir que se culpe a las personas en tal estado de los  maltratos  de  los  cuales  son víctimas y debe adoptar las medidas adecuadas y  necesarias para asegurar que tales condiciones, en efecto, cesen.   

11.  Conclusión   

11.1.  En  conclusión,  de  acuerdo  con  la  jurisprudencia constitucional citada en la presente sentencia:   

(i)  las medidas restrictivas de los derechos de las personas privadas  de   la   libertad   deben   ser,   además   de   legales   y   reglamentarias,  constitucionalmente  razonables  y  proporcionadas;   cuando  se  trate  de  medidas  potencialmente  lesivas  de  los  derechos, como lo es el aislamiento o  confinamiento,  el  juicio  de  constitucionalidad  de  la  medida  deberá  ser  estricto;   

(ii)  concretamente,  no es razonable que un establecimiento carcelario  someta    a   una   persona   a   una   medida   de   aislamiento   ­–que  como  tal,  es  potencialmente  lesiva  de  los  derechos fundamentales–  cuando  no  es  necesaria, por ejemplo, si se adopta con el fin de  proteger  a la persona aislada; las autoridades carcelarias deben emplear medios  alternativos  menos restrictivos al aislamiento, si cuentan con ellos, o adoptar  las  medidas  adecuadas  y necesarias para contar con tales medios alternativos,  si  no  los tienen; dentro de las medidas alternativas que se pueden contemplar,  entre  otras, está el traslado de la persona a otro centro de reclusión.    

(iii)  cuando una medida de aislamiento a la que se someta a una persona  privada  de  la  libertad  sea  irrazonable,  y por tanto lesiva de los derechos  fundamentales,  se prolongue durante un tiempo considerable, y se tenga indicios  de  que  ello  ha  afectado  la  salud  de la persona aislada, el juez de tutela  deberá  presumir  que  la  medida  también  afecta  desproporcionadamente  sus  derechos a la salud, a la integridad personal y, quizá, a la vida.   

          (iv)  no es  razonable  que  las autoridades carcelarias dejen de resolver favorablemente una  solicitud  de  traslado  de una persona privada de la libertad, bajo el pretexto  de  que  no  se  ha tramitado de acuerdo al procedimiento establecido para ello,  cuando  dichas  autoridades han dilatado arbitrariamente dicho trámite, a pesar  de  que  (*)  sí  tenían  noticia  de  la  solicitud, (**) la cual había sido  respaldada  por organismos oficiales encargados de defender los derechos y (***)  las  autoridades  en  cuestión  habían afirmado  públicamente conocer la  petición y estarla tramitando.   

11.2.  Por  tanto,  en  el  caso concreto, el  Establecimiento  de  Alta  y  Mediana  Seguridad  de  Valledupar  (1) violó los  derechos  a la dignidad, a la libertad, a la salud, a la integridad personal y a  la  vida,  de  Ana  Maribel  Barrios Torres al haberla sometido a un aislamiento  irrazonable,        por        innecesario        y        despropor­cionado,   y    (2)   violó  los  derechos  a  la  dignidad,  a  la  salud  y  a la unidad familiar de Ana Maribel  Barrios  Torres  al  haber  dilatado  arbitrariamente  su solicitud de traslado,  obstaculizando  así, el goce efectivo de tales derechos; en lo que se refiere a  la  unidad  familiar, la Sala considera que este derecho también se desconoció  a   la   señora   María   de   las  Mercedes  Barrios  Torres,  madre  de  Ana  Maribel.   

III. DECISIÓN  

En  mérito de lo expuesto, la Sala Segunda  de  Revisión  de  la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del  pueblo, y por mandato de la Constitución Política,   

RESUELVE:   

Primero.-  REVOCAR  la  sentencia  del Juzgado 15 de Familia de Bogotá mediante el cual se negó la  acción   de   tutela   de   la   referencia   y,   en  su  lugar,  tutelar  los  derechos a la dignidad, a la  unidad  familiar,  a  la  salud,  a  la  vida  y a la integridad personal de Ana  Maribel  Barrios Torres, así como el derecho a la unidad familiar de su señora  madre, María de la Mercedes Barrios Torres.   

Segundo.-     ORDENAR    al  Director  del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta  y  Mediana  Seguridad  de  Valledupar  que,  si aún no lo ha hecho, suspenda de  forma  inmediata la medida de  aislamiento  a la que tiene sometida a Ana Maribel Barrios Torres. En todo caso,  la  nueva  condición  en  la  cual  sea  recluida debe garantizarle su vida, su  seguridad  y su integridad personal, frente a las amenazas de las cuales ha sido  víctima.                 Además,        ORDENAR, al Director del  Establecimiento  Penitenciario  y  Carcelario  de  Alta  y  Mediana Seguridad de  Valledupar  que  adopte las medidas adecuadas y necesarias para que dentro de 24  horas  se  valore  el  estado de salud, físico y mental, de Ana Maribel Barrios  Torres.  El  Director  del Establecimiento deberá remitir copia de los informes  acerca  de la salud de la interna al Juez de instancia, al Defensor del Pueblo y  al  Director  General  del  INPEC,  que  deberá  remitir  copia del mismo a los  funcionarios  del  sistema  de  salud  que  tendrán que encargarse de atender y  proteger  a  Ana  Maribel Barrios Torres, una vez se efectúe el traslado que se  ordenará y tales funcionarios de la salud sean designados.   

Tercero.-     ORDENAR    al  Director  General  del  INPEC  que  en  el término de 48 horas,  contadas  a  partir  de  la  notificación  de la presente sentencia, adopte las  medidas  adecuadas y necesarias para trasladar a Ana Maribel Barrios Torres a un  establecimiento  penitenciario  y  carcelario  de  Bogotá,  o  en su defecto, a  Villavicencio.  En  cualquier  caso, el traslado tendrá que efectuarse antes de  20  días  calendario.  Cuando  el traslado sea efectuado, deberá ser informado  por  escrito  y  de  manera  detallada,  dentro  de  las 24 horas siguientes, al  Juzgado  de  instancia,  con copia al Defensor del Pueblo y a la Sala Segunda de  Revisión de la Corte Constitucional.   

Cuarto.- ORDENAR al  Director  General  del  INPEC que una vez traslade a Ana Maribel Barrios Torres,  en  el  término  máximo  de  5  días, valore íntegramente su salud física y  mental,  a  través  (1) del sistema de salud que presta sus servicios a la  entidad  y  (2)  de  otra entidad de salud que haga parte del Sistema General de  Salud  y  sea de amplio reconocimiento público, especialmente designada para el  asunto.  El  informe  de  salud  del cual se habla en el segundo numeral de esta  parte  resolutiva,  acerca  de  la  primera  valoración  médica que se ordena,  deberá  ser remitido por el  Director  del  INPEC  a  los  funcionarios  de la salud que sean designados para  realizar  esta  segunda valoración médica que se ordena. La prestación de los  servicios  de  salud  que  los  médicos  que  la valoren consideren necesarios,  deberá   ser   garantizada  por  el  Director  del  INPEC  y  el  Director  del  Establecimiento  Penitenciario  y  Carcelario  al que sea trasladada Ana Maribel  Barrios    Torres;   el   INPEC   deberá  remitir  copia  de  lo  que  sea  prescrito  por  las evaluaciones  médicas  al  Juzgado  15  de  Familia de Bogotá, al Defensor del Pueblo y a la  Sala Segunda de Revisión.   

Quinto.- En el caso  de   que   la  suspensión  de  la  medida  de  aislamiento  deba  temporalmente  continuarse,      por      ser      absolutamente  necesaria  para garantizar los derechos de Ana Maribel  Barrios  Torres  y,  por  tanto,  no  pueda  ser  suspendida  inmediatamente, el  Director  General  del  INPEC  y el Director del Establecimiento Penitenciario y  Carcelario   de   Alta   y   Mediana   Seguridad   de   Valledupar  deberán   (i)  avisar  al  juez  de  primera  instancia, a la Defensoría del Pueblo y a la Sala Segunda de Revisión  esta   decisión   de   forma   inmediata,   (ii)  garantizar,  por  lo  menos, tres horas diarias en un  patio,  en  el  que  tenga  la  posibilidad  efectiva  de  socializar  con otras  personas,  en  condiciones de seguridad, y (iii) el traslado deberá efectuarse,  perentoriamente, antes de 10 días calendario.   

Sexto.-   Remitir   copia   de  la  presente sentencia, por intermedio de la Secretaria General,  a  Ana  Maribel  Barrios Torres, al Defensor del Pueblo, al Director General del  INPEC  y  al  Director  del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y  Mediana Seguridad de Valledupar.   

Séptimo.-   El  Juzgado   15   de   Familia   de  Bogotá  notificará  esta  sentencia  dentro  del  término  de cinco días  después  de haber recibido la comunicación, de conformidad con el artículo 36  del Decreto 2591 de 1991.   

Octavo.-     Líbrese    por  Secretaría  General  la comunicación prevista en el artículo  36 del Decreto 2591 de 1991.   

Notifíquese,  comuníquese, publíquese en  la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.   

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA  

Magistrada  

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA  

Magistrado  

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO  

Magistrado  

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ  

Secretaria General  

    

1 Sobre  la  cuestión,  la  accionante sostuvo lo siguiente:  “Mis circunstancias  económicas  no  me permiten viajar a Valledupar para apoyar a mi hija, cosa que  también  me tiene muy mal a nivel anímico y me siento muy deprimida, mi estado  de  salud ha empeorado, tengo diabetes, la cual me están tratando con insulina;  próximamente  me  realizan  operación  de transplante en las rodillas debido a  una  artrosis  degenerativa  pro  lo  cual  los médicos me han advertido que el  procedimiento  es  bastante  riesgoso  y  que hay muchas posibilidades de quedar  inválida.”   

2  Expresamente  dice  la  accionante:  “La  Defensoría  del  Pueblo,  Seccional  Valledupar,   recomendó   al   INPEC   el   traslado   de  mi  hija  para  otro  establecimiento  carcelario,  debido  a  las difíciles condiciones de seguridad  que  presenta,  pero  a  la  fecha  dicha  Defensoría  no ha hecho cumplir este  concepto.” Expediente, cuaderno principal, folio 13.   

3  Expediente, cuaderno principal, folio 13.   

4  Expediente, cuaderno principal, folio 11.   

5  Expediente, cuaderno principal, folio 7.   

6  El  entonces Director General del INPEC, Eduardo Morales Beltrán.   

7 En la  comunicación  dirigida  al funcionario, la accionante le aclaraba lo siguiente:  “Por  diferentes  medios  de  comunicación  pude enterarme de su nombramiento  como  Director  del  INPEC  y pude ver sus planes con la institución y para con  los  internos,  donde  usted menciona en uno de sus puntos que es primordial que  los  mismos estén cerca de sus familias, por lo que confío en su generosidad y  sentido  humano  para  colaborarme con mi caso.  ||  No siendo otro el  motivo,  le  agradezco y dejo en sus manos el gran proceder para tener una nueva  oportunidad  para  ver a mi hija.” Carta de la Señora Mercedes Barrios Torres  al  Director  General  del  INPEC,  Evelio  Henao Ospina, el 26 de septiembre de  2008; expediente, cuaderno principal, folio 3.   

8 Carta  de  la  Señora  Mercedes  Barrios  Torres al Director General del INPEC, Evelio  Henao  Ospina,  el  26  de  septiembre  de 2008; expediente, cuaderno principal,  folio 3.   

9  La  respuesta  del Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y  Mediana  Seguridad de Valledupar, EPCAMSVAL, Teniente Coronel en retiro Hernando  Ríos  González,  del  9  de  julio  de  2008  a  la  cual  hace  referencia la  intervención  de  la  Defensoría  del  Pueblo  dijo  lo siguiente: “(…) me  permito  informar  en la situación a lo referente de la interna Maribel Barrios  TD  2743,  que  se  han  tomado medidas para garantizar su integridad física en  cuanto  a que la interna Tatiana Pinzón se encuentra en el área de aislamiento  como  medida  de  seguridad y que el traslado de la interna Barrios está siendo  tramitado.” Expediente, cuaderno principal, folio 23.   

10  Expresamente  dijo la respuesta del Director del Establecimiento Penitenciario y  Carcelario  lo siguiente: “(…) en la situación a lo referente de la interna  Maribel  Barrios  TD.  2743,  que  se  han  tomado  medidas  para  garantizar su  integridad  física  en  cuanto  a  que  las  internas de las cuales ella recibe  amenazas  se  encuentran en pasillo de seguridad. Además, es de anotar que a la  señora  Barrios  se le está tramitando por parte de la oficina de jurídica el  traslado   respectivo,   para   evitar  futuros  inconvenientes.”  Expediente,  cuaderno principal, folio 24.   

11 La  respuesta  del  Director  Regional  Norte, INPEC, Coronel en retiro Luis Alfonso  Carvajal  Lasso, a la cual hace referencia el Defensor del Pueblo Seccional dijo  lo  siguiente: “La interna actualmente no presenta ninguna afección de salud,  se  encuentra  en  un pasillo de seguridad, asilada de las demás internas desde  el  24  de  junio de 2008, porque presentó un brote de indisciplina junto con 3  internas  más,  ya  que  se  estaban  agrediendo  con  chuzos  de  fabricación  carcelaria,  por  esta  razón  y según Resolución N° 1153 del 24 de junio de  2008  se  dicta  la  medida  incontinenti  contra  las  4  internas, para evitar  próximos   altercados.    ||    La   interna   Tatiana  Pinzón,  que  presuntamente  es  la  que  está  amenazando  con  agredir a la interna Maribel  Barrios,  se  encuentra en el área de aislamiento hace aproximadamente 3 meses,  cumpliendo  sanciones  disciplinarias por cometer faltas contra el Reglamento de  Régimen  Interno,  además  tiene  investigaciones  en  proceso, que arrojarán  otras  sanciones.  ||  Sin embargo como medida preventiva y con el fin  de  preservar la integridad de la mencionada interna, se le puso en conocimiento  al  Director  del  Establecimiento  la situación con la interna Maribel y se le  ordenó  tomar  las  medidas de seguridad que sean necesarias y a su vez, de ser  necesario,  inicie  el  trámite  correspondiente para solicitar el traslado por  seguridad  a  la  Oficina  de  Asuntos Penitenciarios (Sede Central) quien es la  competente para ello.” Expediente, cuaderno principal, folio 30.   

12 Lo  que   respondió  el  4  de  septiembre  el  Director  (e)  del  Establecimiento  Penitenciario  y Carcelario en cuestión al Defensor del Pueblo Seccional fue lo  siguiente:  “(…)  me  permito  informar  que se verificaron los registros de  ubicación  en  el  SISIPEC-WEB y los libros de junta de asignación de patios y  celdas,  las  internas Maribel Barrios Torres TD 2743 se encuentra ubicada en la  celda  414  pasillo 3B de la torre N° 9 y las internas Tatiana Pinzón TD 2740,  Alexandra  María  Correa  Pérez  TD  2335  y  Yuri  Caterine  Peña TD 2927 se  encuentran  en  el pasillo de seguridad de la misma torre, celdas 517, 519 y 513  respectivamente  del  pasillo  4B.  ||  Teniendo en cuenta lo anterior  se  evidencia  que  ninguna  de  las internas enunciadas en el oficio N° DPSCES  6005-2626  están  ubicadas  en  el  mismo pasillo de la interna Maribel Barrios  Torres TD 2743.” Expediente, cuaderno principal, folio 32.   

13  Expediente, cuaderno principal, folio 19.   

14  Expediente, cuaderno principal, folio 37.   

15  Esta   expresión   en   el   contexto   de  las  relaciones  entre  autoridades  penitenciarias  y  personas  privadas  de la libertad, fue utilizada por primera  vez  en  la  jurisprudencia  de la Corte Constitucional en la sentencia T-596 de  1992  (MP  Ciro  Angarita  Barón).  Así mismo, entre los pronunciamientos más  importantes   al   respecto,   Cfr.   Sentencias   T-705  de  1996  y  T-153  de  1998.   

16 La  subordinación  tiene  su  fundamento  en  la obligación especial de la persona  recluida  consistente  en  el  deber  de “cumplir una medida de aseguramiento,  dada  su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable  de  la  comisión  de  un  hecho  punible”.  Cfr.  Sentencia  T-065 de 1995. O  también  es  vista como el resultado de la “inserción” del administrado en  la  organización  administrativa  penitenciaria por lo cual queda “sometido a  un régimen jurídico especial”. Así en Sentencia T-705 de 1996.   

17  Desde  los  primeros  pronunciamientos  sobre  el  tema, la Corte identificó la  existencia  de  un “régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos  los  internos”,  el  cual  incluye  la suspensión y la limitación de algunos  derechos   fundamentales,   en  este  sentido  Cfr.  Sentencia  T-422  de  1992.   

18 Que  se   concreta   por   ejemplo,  en  la  posibilidad  de  implantar  un  régimen  disciplinario   para   los   reclusos,   así   en    Sentencia   T-596  de  1992.   

19 Que  se  concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen especial de  visitas, así en sentencia T-065 de 1995.   

20  Sobre  los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos, según  la  posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras las  sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996.   

21 En  este  sentido véase la sentencia C-318 de 1995. La potestad administrativa para  limitar  o  restringir  derechos  fundamentales en el contexto de las relaciones  especiales  de  sujeción,  “debe  estar expresamente autorizada en la ley que  regule su ejercicio”, así en la sentencia T-705 de 1996.   

22  Sobre  la  finalidad  de  la  limitación  a  los  derechos  fundamentales en el  contexto  de  las  relaciones  especiales  de sujeción, véase especialmente la  sentencia  T-705  de  1996.  Sobre  su  relación  con la posibilidad real de la  resocialización véase la sentencia T-714 de 1996.   

23  Entre  los  especiales  derechos  de  los presos y su correlato, los deberes del  Estado,  como  consecuencia  del  establecimiento  de  una relación especial de  sujeción,  se  encuentran  “el  deber  de  trato humano y digno, del deber de  proporcionar  alimentación  suficiente,  agua potable, vestuario, utensilios de  higiene,  lugar  de  habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el  deber  de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros”,  citada de la sentencia T-596 de 1992.   

24  Sobre   los   deberes   especiales   del   Estado  ver  la  sentencia  T-966  de  2000.   

25  Para  la  Corte  esta  garantía  debe ser reforzada, ya que el recluso al estar  sometido  a  una  relación  especial  de sujeción, tiene limitado su derecho a  escoger  opciones  y  le  es  imposible  autoabastecerse, en este sentido ver la  sentencia   T-522   de   1992,   además  se  encuentra  en  un  estado  de  “vulnerabilidad”  por  lo  cual  la  actividad  del  Estado en procura de la  eficacia  de  los  derechos  fundamentales  debe ser activa y no solo pasiva, en  este  sentido ver la sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la sentencia  T-420  de  1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma  autónoma  los  beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia  digna,  así  en  la  sentencia  T-714  de  1995,  o  se  encuentra en estado de  indefensión frente a terceros, así en la sentencia T-435 de 1997.   

26  Sobre   el   contenido  de  este  deber  positivo  ver  la  sentencia  T-153  de  1998.   

27  Sobre  el  énfasis  en  el  deber  positivo  en  cabeza  del Estado, véase las  sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998.   

29 La  posibilidad  de  reinserción  social depende en buena medida de la eficacia del  derecho  de  los  reclusos  a  contar  con  centros  carcelarios adecuados, este  derecho  encuentra  el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en  el  principio  del  Estado  social  de  derecho,  así  en  sentencia  T-153  de  1998.   

30  Sobre  la  síntesis de la doctrina constitucional de las relaciones de especial  sujeción,    en   idénticos   términos   Cfr.,    Sentencia   T-881   de  2002.   

31  Corte  Constitucional,  sentencia T-687 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett);  en  este  caso  se  decidió  que  la  acción  de tutela es el medio de defensa  judicial  adecuado  para  que  una  persona  privada  de  la libertad reclame la  protección  de su derecho a la salud, independientemente de si la afectación a  este  derecho conlleva o no la afectación otros derechos conexos como la vida o  la  integridad personal. La doctrina constitucional sobre relaciones de especial  sujeción  en el caso de la personas privadas legalmente de la libertad, ha sido  reiterada  en  múltiples  ocasiones,  entre  ellas, en las sentencias T-1190 de  2003  (MP  Eduardo Montealegre Lynett), T-690 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis),  T-274  y  T-1275  de  2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-848 de 2005 (MP  Manuel   José   Cepeda   Espinosa),  T-566  de  2007  (MP  Clara  Inés  Vargas  Hernández).   

32  Así  se  consideró  en  la  sentencia  T-851  de  2004 (MP Manuel José Cepeda  Espinosa)  en  la  que se indicó: “Esta regla fundamental consta expresamente  en  el  artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  según   el  cual  ‘toda  persona     privada     de     libertad     será    tratada    huma­na­mente  y  con  el  respeto debido a la  dignidad   inherente   al  ser  humano’.   La  sentencia también hace referencia al artículo 5-2 de  la  Conven­ción Americana  sobre  Derechos  Humanos  (CADH,  1969)  [de  conformidad con el cual “…toda  persona  privada  de  libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad  inherente  al ser humano”] y al caso Knights y otros  contra   Jamaica   de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos. La Corte decidió en este caso  que  “(…)  no cabía duda sobre la vulneración de  los  derechos  constitucionales  fundamentales de las personas que se encuentran  privadas  de la libertad en el Departamento de Vaupés, tanto en el calabozo del  Comando  de Policía de Mitú, como en la Cárcel Municipal de Mitú  […]  En ambos casos, las autoridades  estatales  han  incumplido  en  forma  grave sus obligaciones constitucionales e  internacionales  en  la  materia:  mientras  que  las  personas  privadas  de la  libertad  en  el calabozo del Comando de Policía se ven expuestas a condiciones  deplorables   de  reclusión  que  vulneran  la  mayor  parte  de  los  derechos  constitucionales  de  los  cuales son titulares, quienes se encuentran recluidos  en  la  Cárcel  Municipal  de  Mitú ven negado, en lo esencial, su acceso a la  resocialización  por  medio del trabajo y el estudio.  […]”   

33 Las  normas  internacionales  de  derechos  humanos, tanto en el sistema universal de  protección,  como  el  sistema  interamericano  de  protección,  consagran  la  dignidad  de  toda  persona  privada  de la libertad como uno de los de Derechos  Humanos  (CADH,  1969)  ya citado, y el numeral 1° del artículo 10° del Pacto  Interna­cional de Derechos  Civiles  y  Políticos  (PDCP, 1966)  prescribe una regla similar, a saber,  que  ‘toda persona privada  de  libertad  será  tratada  humanamente  y con el respeto debido a la dignidad  inherente     al     ser     humano’.   

34  Recientemente,     la     jurisprudencia     constitucional     ha    delimitado  conceptual­mente   los  ámbitos    de    protección    de    la   dignidad  humana,  estableciendo tres campos diferentes que han  sido  desarrollados,  caso  por  caso,  a  saber:  “(…)   (i)  La  dignidad  humana  entendida como  autonomía  o  como  posibilidad  de  diseñar  un  plan vital y de determinarse  según   sus   características   (vivir   como   quiera).    (ii)  La  dignidad  humana entendida como  ciertas       condiciones      mate­ria­­les  concretas      de      existencia      (vivir     bien).     Y     (iii)      la     dignidad     humana  enten­dida co­mo  intangibilidad  de  los  bienes no  patrimoniales,    integridad    física    e   integridad   moral   (vivir   sin  humillaciones).”    Así    lo    señaló   la   Corte   Constitu­cional  en  la sentencia T-881 de 2002  (MP  Eduardo  Montealegre  Lynett),  caso  en  el  cual,  luego  de  analizar el  desarrollo   jurisprudencial   de   la  categoría  constitucional  ‘dignidad’,  se  consideró que la decisión de  la  entidad accionada de suspender el fluido eléctrico generó unas condiciones  existen­ciales   tales  [“(…)  Imposibilidad  de prestación del servicio  médico  y  de  correcto  funcionamiento  del  Hospital  del  Arenal  (falta  de  energía,  equipos  médicos dañados por deficiencias en el fluido eléctrico).  Imposibilidad  del  funcionamiento  del  acueducto única fuente de agua potable  del  municipio  (funciona  con  motobombas).  Ausencia  de  iluminación  en los  establecimientos  de  la  fuerza pública en las horas de la noche. (…)]  que  implicaron  ‘una  incuestionable  amenaza  a  sus  derechos  fundamentales  a la  dignidad  humana,  a  la  salud  por  conexidad  con  la  vida y a la integridad  física.’  Dentro  de la  segunda        línea        juris­pru­dencial  (la  dignidad  humana  y  las condiciones materiales de existencia, ‘vivir         bien’),  la  Corte se refiere a sentencias  como  la  T-296  de  1998  (MP Alejandro Martínez Caballero), caso en el que se  revisó  la acción de tutela presentada por una persona recluida en una cárcel  con  problemas  de  hacinamiento  y que tenía que dormir sobre un piso húmedo,  lugar  de  paso  de otros reclusos; aunque en este caso la Corte no concedió la  tutela  por  existir hecho superado (libertad del actor), se pronunció sobre la  relación   entre  el  hacinamiento  penitenciario  la  dignidad  humana  y  las  condiciones   materiales  de  existencia,  en  los  siguientes  términos:   “(…)     el     juez     de     tutela,     como    autori­dad    constitucional   ‘obligada      a     asumir     la  vocería  de  las minorías  olvidadas’,  debe ser riguroso en la protección de  la      dignidad      humana      de      los      internos     (…)”, no obstante reconoció  que  tal  deber  puede  implicar ordenar la inclusión  presupuestal  y  la  ejecución de una  obra  pública, siempre y cuando se trate de una orden  ‘restringida’  y  ‘excepcional’,  que  responda a un término  razonable,  proporcionado, acorde con las exigencias legales  y  constitucionales  de  disponibilidad  presupuestal  y  ordenación del gasto.”   

35  Para  la Corte Constitucional, del “(…) derecho a la dignidad y del concepto  de  Estado  social de derecho, se deduce el derecho de los reclusos a contar con  centros  carcelarios  que  les  garanticen  la posibilidad de reinsertarse en la  sociedad  (…)”,  razón  por  la  cual  “(…)  el  análisis  del sistema  penitenciario  debe  siempre girar en torno de la pregunta sobre si éste cumple  con  la  función resocializadora, a la cual se debe fundamentalmente. (…)”.  Corte  Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En  sentido  similar,  el  inciso  6  del  artículo 5° de la Convención Americana  sobre  Derechos Humanos, (CADH, 1969) establece que “[l]as penas privativas de  la  libertad  tendrán  como  finalidad  esencial  la reforma y la readaptación  social  de  los  condenados”,  y  el  numeral  3  del artículo 10° del Pacto  Interna­cional de Derechos  Civiles  y  Políticos  (PDCP,  1966) señala que “[e]l régimen penitenciario  consistirá  en  un  tratamiento  cuya  finalidad esencial será la reforma y la  readaptación social de los penados (…)”.   

36  Corte   Constitucional,   sentencia  T-848  de  2005  (MP  Manuel  José  Cepeda  Espinosa).   

37  Queja  N°  2008202078; ver  la sección 3 de los antecedentes de la sentencia.   

38  Queja  N°  2008201601; ver  la sección 3 de los antecedentes de la sentencia.   

39  Queja  N°  2008201637; ver  la sección 3 de los antecedentes de la sentencia.   

40  Antecedentes     de     la    presente    sentencia,    apartado    1.2.   

41  Corte  Constitucional,  sentencia  T-596  de  1992 (MP Ciro Angarita Barón); en  este  caso,  que  analizó  tres  acciones  de tutela presentadas por presos, la  Corte  fijó por primera vez la doctrina de relaciones  de  especial  sujeción  (aunque  en  ese  momento la  sentencia      en      realidad      uso      la     expresión     ‘relación       especial      de  sujeción’).   

42  Corte    Constitucional,   sentencia   T-596   de   1992   (MP   Ciro   Angarita  Barón).   

43  Previno   a  las  autoridades  del  establecimiento  carcelario  “que,  en  ningún  caso  someta nuevamente a pena de calabozo a los  prisioneros  del  establecimiento  penitenciario,  mientras  las  condiciones de  higiene  no  sean compatibles con el concepto de dignidad humana expresado en la  parte  motiva  de  esta  sentencia  y  mientras  la falta sancionada no tenga la  gravedad  que  amerite tal sanción, de tal manera que no se causen sufrimientos  innecesarios    a   los   internos.”   (T-596   de  1992).   

44 La  sentencia  expresamente  señaló:  “RESUELVE […] OCTAVO: En todos los casos  similares  al  presente  por  sus  hechos  o  circunstancias,  siempre  que  las  condiciones  sanitarias del encarcelamiento impliquen un tratamiento degradante,  inhumano  o  cruel  que atente contra el principio constitucional de la dignidad  humana  del  preso,  la  doctrina  constitucional  contenida en esta providencia  tendrá  CARÁCTER  OBLIGATORIO  en  los  términos del artículo 23 del decreto  2067  de  1991.”  No obstante, la sentencia C-131 de 1993 declaró inexequible  la          expresión         ‘obligatorio’  que  contemplaba  el  artículo  23 del Decreto 2067 de 1991. Sobre el carácter  vinculante,  no  obligatorio,  de  la  jurisprudencia  constitucional, ver entre  otras,    la    sentencia    T-292    de    2006   (MP   Manuel   José   Cepeda  Espinosa).   

45  Corte   Constitucional,   sentencia   T-065  de  1995  (MP  Alejandro  Martínez  Caballero).   

46  Corte   Constitucional,   sentencia   T-065  de  1995  (MP  Alejandro  Martínez  Caballero).  La  Corte  consideró  que:  “(…) el fin motivo de la medida es  legítimo  (orden  público  -art. 2 C.P.-, seguridad de los internos). Además,  es  un  fin  importante  para la conservación del Estado de derecho. Existe una  correspondencia  entre  el  fin  propuesto  (la  seguridad de los internos) y el  medio   utilizado  (la  prohibición  del  ingreso  de  visitantes  con  cabello  sintético).  En  efecto,  el  ingreso  de  visitantes con cabello sintético al  centro  carcelario  altera  las  circunstancias normales de reclusión y crea un  factor  potencial  de  alto  riesgo  en  la  seguridad  de  la  cárcel, pues la  experiencia  carcelaria  ha  comprobado  que  el  cabello  sintético  removible  introducido  por  los  visitantes  ha  sido  utilizado para cristalizar fugas de  internos,  tal  y como lo señalan las directivas del establecimiento carcelario  (folio  9).   ||   Finalmente,  la medida no es demasiado gravosa para  los  derechos  de los internos y de los visitantes al centro carcelario. En este  caso,  la  medida  afectaba  en  forma  directa  a la visitante, pues sobre ella  recaía  la  prohibición señalada. Según la juez de tutela, la cual verificó  personalmente  el  estado  y características del cabello sintético  […]  era  sencillo  remover  el  cabello  señalado  y, por tanto, no significaba una  carga excesiva en contra de los derechos de la visitante.”   

47  Así  lo  decidió,  por  ejemplo,  en  la  sentencia T-793 de 2008 (MP Humberto  Antonio Sierra Porto).   

48  Corte  Constitucional, sentencia T-705 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); en  este  caso  se  decidió que los motivos alegados por las autoridades carecen de  fundamento  objetivo  y  razonable  y,  por  ello,  se  tornan  ilegítimos. (1)  “la  exigencia  de  un  documento  que  acredite la  propiedad   de   la  máquina  de  escribir  por  parte  del  señor   […]  es  un  requisito  que  no  se  encuentra  establecido  en ninguna norma del régimen penitenciario y carcelario  y  que,  en  principio,  atenta  contra  el principio de la buena fe”;   (2) “resulta absurdo exigir  que  la  propiedad  de  un  bien mueble, como una máquina de escribir, deba ser  acreditada  mediante  un documento público (tarjeta de propiedad). […]”;     (3)   “no   parece  razonable  [aceptar que] el  interno    […]   nunca  solicitó  permiso para ingresar la máquina de escribir a las instalaciones del  centro  carcelario [y] nunca  negó  la posesión de la maquina. […]”;  (4)  “el  argumento  según  el  cual  la  máquina  de  escribir  constituía  un  elemento  peligroso  que  podría  ser  utilizado por  algunos  internos  para  agredirse  entre  sí, […]  carece de fundamento suficiente como para erigirse en  motivo  que  autorice  la  limitación  del derecho fundamental a la libertad de  expresión    del    actor    […]    se    hace    necesaria   una   motivación   razonable  a través de la cual se demuestre que,  en  razón  de  unas específicas circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que  en   principio   es   inofensivo   se   transforma   en   elemento  causante  de  peligro.”  El accionante, en el pasado, había sido  Director   del   Establecimiento   en  el  que  ahora  se  encontraba  recluido.   

49  Corte   Constitucional,   sentencia   T-879  de  2001  (MP  Clara  Inés  Vargas  Hernández);  en  este caso se consideró contrario a la dignidad humana esposar  a  una  persona  a  una  cama  de  Hospital,  a pesar de estar gravemente herido  –entre   otras,  cinco  impactos  de  bala–, como  medio  para  evitar  su  fuga,  pues  se  trataba de alguien peligroso; la Corte  resolvió  ordenar  que se le retiraran las esposas, si aún no se había hecho,  y  que  se  designara  un  agente  para  que  vigilara al accionante mientras se  encontraba   en   el  Hospital.  La  Sentencia  consideró  que  “En  el caso en estudio, se utilizaron las  esposas  para  atar  a  una  persona sindicada de un hecho punible dizque con el  ánimo  de evitar su eventual fuga, que se encontraba  postrada   en   la   cama   de   un   hospital,   sin  consideración  alguna  de  las difíciles condiciones  de   salud   y   el  grave  deterioro  de  su  integridad  física en  que se  hallaba,  los  que  por sí solos permitían   colegir   que   no  estaba  en  posibilidades  físicas    de    huir   y,   por   consiguiente,   era   innecesaria,  inútil y desproporcionada la medida adoptada para el  fin  perseguido,  y,  además,  en realidad     se     constituía  en  un  medio injusto utilizado por el agente del orden, avalado  en  últimas  por  su  superior a juzgar por la forma  como  se  pronunció frente al hecho, para suplir una  supuesta  carencia  de  personal  para cumplir con esa tarea específica      de      vigilancia    temporal,    cuya    consecuencia   mal   podía        soportar        el        administrado        […].”   

50  Así  se  decidió  en  la  sentencia  T-690  de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis),  decisión  que  fue  reiterada  por  la sentencia T-848 de 2005 (MP Manuel José  Cepeda  Espinosa)  en  los  siguientes  términos:  “(1)  El  Estado  tiene la  legítima   facultad   y   obligación   para  practicar  requisas  razonables      y      proporcionadas,        legalmente  consideradas.     ||     (2)   En   el   caso   de   los   visitantes,  específicamente,  toda persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de  él,  por cualquier motivo, deberá ser razonablemente  requisada  y sometida a los procedimientos de ingreso  y  egreso; por gozar los visitantes de la plenitud de sus derechos, sólo pueden  ser  razonables  las  limitaciones  que  sean  necesarias,  para  obtener el fin  buscado.   ||   (3) En cualquier caso, no es razonable una requisa que  se  realice  transgrediendo  el  derecho  a  la  dignidad  humana  de la persona  (reclusa  o  visitante) al manipular sus partes íntimas, cuando no es necesaria  por  existir  otros  mecanismos para garantizar la seguridad.  ||  (4)  No  es  razonable  constitucionalmente,  por  implicar una violación al derecho  fundamental  a  no  ser  sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, las  requisas  intrusivas que son practicadas por la guardia de un establecimiento de  reclusión,  tales  como  desnudar  al  recluso  o  al  visitante,  obligarlo  a  agacharse  o  a  hacer  flexiones  de piernas y mostrar sus partes íntimas a la  guardia;  más  aún  si  éstas  se  practican en condiciones insalubres.   ||   (5)  Las  intervenciones,  registros,  injerencias,  comprobaciones  o  extracciones    sobre    los    cuerpos,    tales    como    las    ‘requisas    intrusivas’,  pueden  llegar a darse por razones  fundadas  ‘(…) siempre  que  medie  el  consentimiento informado del afectado y el registro se practique  de  modo  que  el  pudor  y  el  decoro  personal  no  resulten ofendidos, ni la  integridad   física   y   jurídica  vulnerada,  condicionamientos  éstos  que  demandan    (i)  un  mandato  legal,   (ii)  la    supervisión    judicial,    (iii)   la   intervención   de   personal   experto   y  (iv) el uso de instrumental y condiciones  sanitarias  adecuadas, porque los tratos crueles, inhumanos y degradantes están  proscritos       y       su       prohibición      es      absoluta’.   [T-690   de  2004]”.   Al  respecto  ver  también  la  sentencia  T-1062  de  2006  (MP Clara Inés Vargas  Hernández);  en  este caso se tutelaron los derechos de una persona a la que no  se   le   permitía   ingresar   a  visitar  a  su  pareja,  porque  los  perros  antinarcóticos  parecían  detectar olor de estupefacientes en la ropa, a pesar  de  que la propia persona autorizaba requisas intrusivas para que verificaran si  portaba algo y a pesar de los baños que daba a su cuerpo.   

51 En  la  sentencia  T-848  de  2005  (MP Manuel José Cepeda Espinosa) se indicó que  “las  requisas  degradantes  y  la prohibición de ingreso el día de visita a  mujeres      en      período      de      menstruación      son     prácticas  inconstitucionales”.   

52  Esta   conducta,   entre   muchas  otras,  fue  considerada  constitucionalmente  irrazonable  por la Corte Constitucional en la sentencia T-439 de 2006 (MP Marco  Gerardo  Monroy Cabra), con ocasión de una acción de tutela interpuesta por la  Procuradora  Regional  de  Caldas  en  contra de la Cárcel Nacional de Mujeres,  Villa  Josefina, por varias  conductas     violatorias    de    los    derechos    fundamentales    de    las  internas.   

53  Corte   Constitucional,  sentencia  T-439  de  2006  (MP  Marco  Gerardo  Monroy  Cabra).   

54  Corte   Constitucional,  sentencia  T-1096  de  2004  (MP  Manuel  José  Cepeda  Espinosa);  en  este caso se decidió que “el INPEC desconoce de forma grave y  manifiesta  los  derechos  a  la dignidad, la vida, la integridad física y a la  libertad  sexual  de  una  persona  privada de la libertad, cuando no adopta las  medida  necesaria  para  evitar  que  otros  reclusos  abusen sexualmente de una  persona  recluida  en  un establecimiento carcelario y vulneren sus derechos, en  especial   si   se   trata   de  una  persona  que  pertenece  a  un  grupo  que  tradicionalmente ha sido discriminado.”   

55  Corte   Constitucional   Sentencia   T-598   de   1993   (MP  Eduardo  Cifuentes  Muñoz).   

56  Corte    Constitucional    Sentencia   T-596   de   1992   (MP   Ciro   Angarita  Barón).   

57  Corte   Constitucional,   Sentencia   T-566  de  2007  (MP  Clara  Inés  Vargas  Hernández);  en  este  caso se estudia la decisión del INPEC de no trasladar a  una  reclusa, a pesar del impacto que tal decisión tenía sobre la unidad de su  núcleo   familiar.   Más   adelante   se   hace  referencia  a  este  caso  en  extenso.   

58 En  la  sentencia  T-1739  de 2000 (MP Cristina Pardo Schlesinger) la Corte estudió  el  caso de un persona que por más de 6 meses había sido recluido en una celda  castigo   “bajo   tornillos   las   24  horas  del  día”;  antes  de  que  se  dictara  sentencia,  el  accionante fue trasladado a otro establecimiento carcelario.   

59  Corte  Constitucional,  sentencia  T-596  de  1992 (MP Ciro Angarita Barón); en  este  caso  la  Corte  consideró  que: “La falta de  servicios  higiénicos  adecuados contiguos al sitio de reposo nocturno, además  de  ser  un  atentado  contra  la  salud, constituye una situación degradante e  inhumana. La repulsión del  hombre  por  sus  propios excrementos es algo fuertemente arraigado en su propia  naturaleza  física  y síquica y, además, estrechamente ligado a la sensación  cultural    del    pudor    y    de   la   dignidad.  […]”.   

60  Esta  decisión  jurisprudencial  fue  presentada  en  tales  términos  por  la  sentencia T-851 de 2004, caso en el cual fue reiterada y aplicada.   

61 En  el  caso  concreto la Corte señaló “como las personas no deben permanecer en  esas  salas  de  retenidos  por  lapsos  mayores  al  mencionado  [36 horas], la  precaria  dotación  de  las  Estaciones  de  Policía  y  sedes  de  los  otros  organismos  de  seguridad,  no  representan  un  peligro grave para los derechos  fundamentales   de   quienes   son   llevados   allí  de  manera  eminentemente  transitoria;  pero  si  la  estadía  de  esas personas se prolonga por semanas,  meses  y  años,  el  Estado  que  debe  garantizarles  unas condiciones dignas,  necesariamente  faltará  a  tal  deber,  y  el juez de amparo que verifique tal  irregularidad  debe  otorgar  la  tutela  y  ordenar lo que proceda para ponerle  fin.”  Corte  Constitucional,  sentencia  T-847  de  2000  (MP  Carlos Gaviria  Díaz).   

62 En  la  sentencia  T-847  de  2000  se resolvió ordenar “Ordenar al Ministerio de  Justicia  y  del Derecho y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que,  si  aún  no  lo  han  hecho, en un término razonable que en ningún caso puede  superar  los  diez  (10)  días  contados  a  partir de la notificación de esta  providencia,  procedan a trasladar a las personas sindicadas y condenadas que se  encuentren  en  las salas de retenidos de las Estaciones de Policía de Santafé  de  Bogotá,  el DAS, la DIJIN, la SIJIN, y el CTI, a los centros carcelarios en  los  que,  de  acuerdo con la Constitución y la ley, deben permanecer hasta que  la  autoridad  judicial  competente  ordene  ponerlas  en libertad.”. De forma  similar,  en la sentencia T-851 de 2004 se resolvió, entre otras cosas, ordenar  “al  Alcalde  Municipal  de  Mitú  que,  en  ejercicio de su discrecionalidad  dentro  de  parámetros  de  razonabilidad,  adopte  las medidas necesarias para  lograr  la  protección  efectiva  de los derechos fundamentales de las personas  que  se  hallaren  recluidas a la fecha de notificación de esta sentencia en el  calabozo  del  Comando  de  Policía  de  Mitú,  en  forma  tal que éstos sean  recluidos  a  la  mayor  brevedad  en  un  lugar a la vez digno y seguro. Dichas  medidas,  en  caso  de  ser necesario, podrán comprender el traslado físico de  tales  personas  a  otro  centro  carcelario  del  país.  En caso de considerar  necesario  dicho  traslado,  el  Alcalde  Municipal  de Mitú coordinará con el  INPEC  las  gestiones  y diligencias necesarias, y solicitará el concurso de la  Fuerza  Pública  para  garantizar la seguridad de la operación. Igualmente, en  caso  de  considerar  necesario  dicho  traslado,  el Alcalde Municipal de Mitú  garantizará  que  a  las  familias de los reclusos se les informe con la debida  antelación  sobre  la  decisión  de  trasladar  a  los  presos y se permita un  contacto  personal.   ||   La adopción de las medidas necesarias para  garantizar  la  reclusión  de  estos  presos  en  un  lugar digno y seguro, sea  mediante  el  traslado  o  mediante  otro  tipo  de  gestiones, deberán haberse  efectuado  materialmente  a  más tardar dentro del término de una (1) semana a  partir de la notificación de este fallo. (…)”   

64  Corte   Constitucional,  sentencia  T-684  de  2005  (MP  Marco  Gerardo  Monroy  Cabra).   

65  Así  lo  consideró  la  Corte,  siguiendo los lineamientos de la Procuraduría  General  de  la  Nación, en la sentencia T-684 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy  Cabra).   

66  Corte   Constitucional,  sentencia  T-684  de  2005  (MP  Marco  Gerardo  Monroy  Cabra).   

67 Ver  apartado   6.3.  de  las  consideraciones.   

68  Antecedentes     de     la    presente    sentencia,    apartado    1.6.   

69 Al  respecto,  entre  muchas  otras, ver la sentencia T-611 de 2000 (MP Fabio Morón  Díaz);  en este caso, si bien se reconoció la facultad del INPEC, se ordenó a  la  entidad  tramitar y considerar debidamente, a la luz de la Constitución, la  solicitud de traslado que había sido presentada por el accionante.   

70  Corte   Constitucional,   sentencia   T-894  de  2007  (MP  Clara  Inés  Vargas  Hernández);  en  este  caso  se  consideró  que de acuerdo con las pruebas del  expediente,  no  era  posible concluir que la decisión de traslado ‘fuera      arbitraria’,    por   cuanto   “éste  se  produce  con el fin de solucionar el hacinamiento que se  ha  venido  presentando  al interior de los centros de reclusión de mujeres y a  la  situación  jurídica  y  a  la  calidad  del  delito, que hace necesaria la  adopción      de      medidas      de     seguridad     especiales.”   

71 En  la  sentencia  T-153  de  1998,  en  la  cual  se  declara  el  estado  de cosas  inconstitucional  en  las cárceles del país, se constató la violación de los  derechos  de  las  personas  privadas  de  la  libertad en Colombia, entre otras  causas,  porque  las  autoridades  penitenciarias  y  carcelarias no cuentan con  alternativas  que  les  permitan  atender las solicitudes que en tal sentido les  son  presentadas.  Corte  Constitucional,  sentencia  T-153  de 1998 (MP Eduardo  Cifuentes Muñoz).   

72  Corte   Constitucional,   sentencia  T-134  de  2005  (MP  Manuel  José  Cepeda  Espinosa);   en   este   caso   se   resolvió,   entre   otras  cosas,  ordenar  “al  Director  del Establecimiento Penitenciario de  Alta  y  Mediana Seguridad de La Dorada Caldas [que en  48  horas]   informe  oriente  y preste la ayuda  necesaria  al [accionante],  sobre  el  procedimiento  a  seguir,  con  el  fin de obtener el beneficio de la  visita  conyugal y así proteger su derecho fundamental a la intimidad, al libre  desarrollo   de   la   personalidad   y   a   la   protección  integral  de  la  familia.”  En  sentido  similar,  ver  la sentencia  T-515  de  2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández); en este caso se ratificó la  decisión  de  los jueces de instancia de considerar que no se habían vulnerado  los  derechos de la accionante, con la decisión de no trasladarla, sin llevar a  cabo el procedimiento establecido para el asunto.    

73 En  la  sentencia  T-894  de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández) se decidió que  el  establecimiento  penitenciario  y  carcelario  acusado no había violado los  derechos  invocados  por la accionante, entre otras razones, porque se constató  que  la  decisión  acusada  no  era  ‘arbitraria’.   

74  Corte  Constitucional, sentencia T-966 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); en  este  caso  se  resolvió  ordenar  al  Director Nacional del INPEC, al Director  Regional  Occidente  del  INPEC, al Comandante de Guardia y a la directora de la  Cárcel        Distrital        ‘Villahermosa’  de  la  ciudad  de  Cali,  que  realizaran  la  totalidad  de las  gestiones  encaminadas  a  efectuar  el  traslado  de los actores a la ciudad de  Pasto,  en  la  fecha  previamente  acordada  con  el  Juzgado  Cuarto Penal del  Circuito  de Pasto, para la realización de la audiencia pública de juzgamiento  dentro  de  la  causa N° 0057 contra los actores, por la presunta comisión del  delito de homicidio.   

75 La  Corte  consideró  en este caso que es constitucionalmente legítimo trasladar a  un  persona  entre  establecimientos  penitenciarios  y  carcelarios,  cuando la  decisión  es  razonable;  dijo  al respecto lo siguiente: “(…) si  bien el recluso tiene derecho, en principio, a permanecer en la  localidad  en  la  cual  está  siendo  juzgado, lo cierto es que pueden existir  suficientes  razones  para  justificar  el  traslado  a otra localidad. Así por  ejemplo,  nada obsta para que el propio interno prefiera estar en un lugar cerca  de  su  familia  o  de  sus  seres  queridos,  o en un establecimiento en el que  encuentre  mejores  condiciones de vida  – porque puede trabajar o estudiar  -,  o  mayores  condiciones  de seguridad para su integridad moral o física. En  estos  casos,  derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la familia o  al  trabajo  o, incluso, a la vida y a la integridad personal, pueden justificar  la  limitación  del  derecho al debido proceso, generada por el distanciamiento  del  interno  de  la  localidad  en  la cual está siendo procesado.    ||   Ahora  bien,  en  las  dramáticas  condiciones  de  hacinamiento, violencia e inseguridad que se viven  en    las    cárceles    del    país75,  no sólo la voluntad del recluso puede ser causa suficiente para  justificar  un  traslado.  En  efecto,  para  nadie es un secreto que, dadas las  condiciones   de   hacinamiento,   (…)”.   Corte  Constitucional,    sentencia    T-966    de    2000    (MP   Eduardo   Cifuentes  Muñoz).   

76  Aplicando  tal  consideración  al  caso concreto que estaba siendo resuelto, la  Sala  de  Revisión  concluyó lo siguiente: “Por tanto, […] es claro que el  traslado  de  la  interna a un lugar diferente a aquel en el que venía purgando  su  pena  y  que  progresivamente  la aleja no solo de su compañero sentimental  sino  de su hija, constituyen una vulneración de su derecho a mantener contacto  con  su grupo familiar, así como el desconocimiento de los derechos de la menor  a  contar  con  la  compañía de sus padres.” Corte Constitucional, sentencia  T-566 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández).   

77 En  esta  ocasión  la  Corte decidió que en el caso concreto, las posibilidades de  ejercicio  del  derecho  al trabajo “(…) se tornan en condiciones necesarias  para  el ejercicio de otro  derecho como es el de mantener un contacto más  cercano  con  los  miembros  de  su  familia.  Por  tanto, se impone como medida  necesaria  que las autoridades del penal reconsideren la solicitud del interno y  valoren  nuevamente su solicitud de trabajo, teniendo en cuenta el estado actual  del  proceso  de  resocialización  del  interno,  su  situación concreta y los  demás  factores  que  ordinariamente deben ser valorados en este tipo de casos,  sobre  todo  el  derecho  a  la igualdad respecto de la situación de los demás  internos.”   Corte  Constitucional,  sentencia  T-1190  de  2003  (MP  Eduardo  Montealegre Lynett).   

78 Por  ejemplo,  ver  la  sentencia  T-274  de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).   

79  Corte   Constitucional,   sentencia  T-1190  de  2003  (MP  Eduardo  Montealegre  Lynett).   

80  Corte   Constitucional,   sentencia   T-566  de  2007  (MP  Clara  Inés  Vargas  Hernández);   la   Sentencia   concluyó  al  respecto  en  el  caso  concreto:  “Por   tanto,   partiendo  de  las  circunstancias  individuales,  que  rodean  el  asunto  bajo  estudio,  y  en  pro  de evitar un  deterioro  mayor  en la estabilidad de la menor, la que debe ser atendida por su  familia,  la  sociedad  y  el  Estado,  con  todo  lo que envuelve su situación  personal,  y  de  esta  manera impedir que aumente la inestabilidad en que se ha  visto  inmersa, a raíz de la detención de sus dos progenitores, situación que  no  solamente  afecta  la  unidad  familiar  de  su  núcleo  sino su desarrollo  integral,  se tutelará el derecho a la unidad familiar del actor y el derecho a  tener   una  familia  y  no  ser  separado  de  ella  a  la  infante […].”   

81 Las  autoridades  del  Establecimiento  carcelario  del  caso (T-566 de 2007) habían  afirmado  que  la  razón  por la que trasladaron a la pareja del accionante era  ‘la   necesidad   de  descongestionar’, motivo  contemplado  por  la  ley  como  razón  válida  para  ejercer  la  facultad de  ‘disponer el traslado de  los  internos’  [numeral  5° del artículo 75 de la Ley 65 de 1993].   

82 En  la  sentencia  T-566 de 2007 la Corte resolvió ordenar al INPEC con relación a  los  derechos  de los accionantes:  (1) “que en el término de cuarenta y  ocho  (48)  horas,  siguientes a la notificación [del] fallo, proceda a iniciar  el  trámite  pertinente  para  llevar  a  cabo el traslado de la señora Lucero  Alarcón   Sotelo  al  Establecimiento  Penitenciario  y  Carcelario  de  Neiva,  atendiendo  a  las  respectivas  medidas  de  seguridad,  trámite que no podrá  exceder  de  diez  (10)  días”;  (2) “Restablecer  el  derecho a las visitas íntimas en la forma en que  venían  disfrutando,  el señor Diego Lisandro González Romero y su compañera  la  señora  Lucero Alarcón Sotelo”; y (3) “Ordenar al Instituto Colombiano  de  Bienestar  Familiar,  vigile  el  cumplimiento de esta decisión, en orden a  garantizar  de  manera  efectiva  los  derechos  aquí  protegidos, así como la  elaboración  del  estudio  respectivo,  referente  a la situación actual de la  menor (…).”   

83  Corte   Constitucional,   sentencia   T-566  de  2007  (MP  Clara  Inés  Vargas  Hernández).   

84  Corte  Constitucional,  sentencia  T-274  de  2005  (MP  Humberto Antonio Sierra  Porto);  en  este caso se consideró que las autoridades sí habían valorado la  unidad  familiar  del  accionante al tomar la decisión de trasladarlo, a la vez  que  habían  garantizado  efectivamente  el acceso a los servicios de salud que  requería.   

85  Código  Penitenciario  y  Carcelario, Ley 65 de 2003, artículo 73.­­–           ‘Traslado  de  internos. Corresponde a  la  Dirección  del  Instituto  Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del  traslado  de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión  propia,    motivada   o   por   solicitud   formulada   ante   ella.’   

86  Antecedentes     de     la    presente    sentencia,    apartado    1.1.   

87  Expediente, cuaderno principal, folio 23.   

88  Expediente, cuaderno principal, folio 24.   

89  Expediente, cuaderno principal, folio 30.   

90  Dijo  lo  siguiente:  “(…)  me  permito  informar  que  se  verificaron  los  registros  de  ubicación en el SISIPEC-WEB y los libros de junta de asignación  de  patios  y  celdas,  las internas Maribel Barrios Torres TD 2743 se encuentra  ubicada  en  la  celda  414  pasillo  3B de la torre N°9 y las internas Tatiana  Pinzón  TD  2740,  Alexandra María Correa Pérez TD 2335 y Yuri Caterine Peña  TD  2927 se encuentran en el pasillo de seguridad de la misma torre, celdas 517,  519  y  513 respectivamente del pasillo 4B.  ||  Teniendo en cuenta lo  anterior  se  evidencia  que ninguna de las internas enunciadas en el oficio N°  DPSCES  6005-2626  están  ubicadas  en  el  mismo pasillo de la interna Maribel  Barrios    Torres    TD   2743.”   Expediente,   cuaderno   principal,   folio  32.   

91 Ver  secciones 7 y 9 de las consideraciones.   

92 El  INPEC  sostuvo  al  respecto  en su participación ante el juez de instancia los  siguiente:   “El  INPEC  en  la  actualidad  tiene  gravísimas  limitaciones  presupuestales  y  de  cupos,  razón por la cual los  traslados  operan  con  fundamento  en  circunstancias  excepcionales, pues cada  desplazamiento   implica   una  enorme  erogación  en  tiquetes,  logística  y  seguridad,  tanto para el interno como para el personal de custodia y vigilancia  del INPEC.”   

93  Corte    Constitucional,   sentencia   T-596   de   1992   (MP   Ciro   Angarita  Barón).   

94  Corte   Constitucional,  sentencia  T-1096  de  2004  (MP  Manuel  José  Cepeda  Espinosa).  Ya en la sentencia T-847 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz) se había  señalado  que  dadas  “(…) las condiciones que se  constataron  en la inspección judicial practicada a varios centros carcelarios,  en  la sentencia T-153/98 antes citada [caso en el que  se  constató el estado de cosas inconstitucional en las prisiones de Colombia],  la  referencia a la obra de Dante se hizo inevitable;  sin  embargo, faltaba añadir a esa descripción, la vuelta de tuerca que aporta  el  presente  proceso:  más  allá de ese infierno, hay otro, no sólo posible,  sino  más estrecho y con más privaciones, el de las salas de retenidos. Y más  allá  de  la  desgracia  que  sufren quienes van a dar a la cárcel en Colombia  porque  se  les  detiene  preventivamente  o  se  les  condena,  hay también la  posibilidad  de  caer  súbitamente  en  una  sima  peor,  y  por 24 o 36 horas,  compartir  la  terrible  existencia  de  los  habitantes del sub-infierno de las  salas  de retenidos, sin siquiera la insuficiente justificación -y precarísimo  consuelo-  para semejante maltrato, de eventualmente llegar a ser un sindicado o  condenado.”