T-440-25

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Cuarta de Revisión-

 

SENTENCIA T-440 DE 2025

 

Referencia: Expediente T-10.983.026

 

Asunto: Acción de tutela interpuesta por el señor Federico en contra de El Colombiano S.A.S.

 

Magistrado ponente:

Vladimir Fernández Andrade

 

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:

 

SENTENCIA

 

I.                                     SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

 

1. Correspondió a la Sala Cuarta de Revisión estudiar la acción de tutela promovida por el señor Federico, a través de apoderada judicial, en contra del medio de comunicación El Colombiano S.A.S., por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia, a la intimidad personal y familiar, y a la imagen personal, como consecuencia de la nota periodística publicada el 31 de octubre de 2024 titulada: “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín, Audios: Caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín”.

 

2. Al encontrar acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela respecto de la discusión planteada, la Sala Cuarta de Revisión: (i) reiteró la jurisprudencia constitucional en relación con el contenido, alcances y límites de los derechos a la libertad de expresión, información y prensa; al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia y sus posibles tensiones con la libertad de expresión; el derecho a la propia imagen; (ii) analizó la perspectiva de género y las denuncias por acoso sexual como discursos constitucionalmente protegidos; (iii) insisitó en los argumentos sobre la aplicación de la perspectiva de género en las providencias judiciales, y (iv) finalmente, resolvió el caso concreto.

 

3. En primer lugar, la Sala Cuarta de Revisión examinó el contexto fáctico en el que fue difundida la nota periodística, y posteriormente evaluó su contenido a la luz de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional para determinar su alcance. Dicha valoración se realizó conforme a los postulados consolidados sobre el derecho a la libertad de expresión y siguiendo los parámetros de análisis comunicativo, esto es: quién comunica, sobre quién o qué se comunica, a quién se dirige la comunicación y cómo se realiza dicha comunicación.

 

4. En segundo lugar, la Sala aplicó las subreglas, principios y estándares constitucionales pertinentes al contenido de la nota periodística publicada por El Colombiano, así como a las expresiones cuestionadas por el accionante, contenidas en la denuncia formulada por las jóvenes víctimas de acoso sexual. Para ello, realizó una síntesis de la noticia, examinó sus elementos contextuales y valoró el relato expuesto.  En ese orden de ideas, determinó que el contenido de la publicación objeto de cuestionamiento fue construido a partir de los testimonios de personas directamente involucradas en los hechos, así como de otros actores con interés legítimo en el asunto.

 

5. En tercer lugar, reiteró que, cuando la información tiene como propósito la denuncia de hechos de violencia contra la mujer y se divulga en ejercicio legítimo de un periodismo responsable, conforme a los límites establecidos por el orden constitucional, el interés público prevalece frente a eventuales afectaciones particulares. Tal conclusión se inscribe en la línea jurisprudencial que reconoce el papel de la prensa como garante del debate democrático y como medio de visibilización de problemáticas estructurales de género. Como resultado, concluyó que el medio de comunicación accionado divulgó los hechos a través del género informativo de la noticia, en ejercicio legítimo del derecho al periodismo informativo. Dicha pieza se encuentra amparada por el derecho fundamental a la libertad de información, como manifestación legítima de la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política.

 

6. En cuarto lugar, la Sala recordó que, en un mundo en el que tantas voces han sido silenciadas por el miedo y la indiferencia, el periodismo comprometido con los derechos humanos emerge como un faro de esperanza. Los medios de comunicación, cuando actúan con ética y sensibilidad, no solo informan, sino que dignifican a las víctimas, transformando sus vivencias en formas de comunicación y de control social. Visibilizar la violencia basada en género es un acto de valentía colectiva, una forma de decir que no estamos dispuestos a seguir normalizando el maltrato. Cada historia contada con respeto, cada denuncia publicada con rigor, es un paso hacia una sociedad más justa, más consciente y más humana. Reconocer esta labor es también asumir, como ciudadanía, el deber de no mirar hacia otro lado, de acompañar, de exigir justicia y de construir un país en el que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias.

 

7. En quinto lugar, la Sala reiteró la importancia de las disposiciones jurisprudenciales relativas a la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, subrayando el valor del criterio hermenéutico que permite garantizar la imparcialidad de los operadores judiciales en casos que involucren relaciones de poder asimétricas, afectaciones diferenciadas o patrones estereotipados de género. En ese sentido, concluyó que los jueces de tutela omitieron incorporar dicho enfoque en sus providencias, lo que resultó en la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de acoso sexual en el entorno laboral. Esta omisión no solo limita su acceso efectivo a la justicia, sino que también contribuye a la reproducción de patrones de discriminación estructural por razón de género que se perpetúan en el tiempo.

 

8. En consecuencia, la Sala Cuarta de Revisión decidió revocar las sentencias de tutela de instancia y, en su lugar, negar la protección de los derechos a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia, a la intimidad personal y familiar, y a la imagen personal pretendida por el ciudadano Federico en contra del medio de comunicación El Colombiano S.A.S. Además, exhortó al Juez 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia para que, en adelante, incorporen en sus decisiones el enfoque de género, especialmente en aquellos casos en los que se debate el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

II.                               ANTECEDENTES

 

1.     Aclaración previa

 

9. En atención a que, el proceso de tutela que se encuentra en sede de revisión involucra una controversia suscitada por publicaciones realizadas en un medio de comunicación, los nombres de las partes y de las personas involucradas en los hechos serán modificados en la versión pública de esta providencia, con el fin de garantizar sus derechos a la intimidad personal y familiar. Por tanto, se registrarán dos versiones de esta sentencia, una con los nombres reales que la Secretaría General de la Corte remitirá a las partes y autoridades involucradas, y otra con nombres anonimizados que seguirá el canal previsto por esta corporación para la difusión de información pública. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1437 de 2011, el Reglamento de la Corte Constitucional[1] y la Circular Interna No. 10 de 2022.

 

2.     La demanda de tutela

 

10. El señor Federico, a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela en contra del medio de comunicación El Colombiano S.A.S., por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia, a la intimidad personal y familiar, y a la imagen personal, como consecuencia de la nota periodística publicada el 31 de octubre de 2024 titulada: “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín, Audios: Caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín”[2].

 

11. Como pretensiones principales, solicitó al juez constitucional[3] tutelar los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia: (i) ordenar al medio de comunicación El Colombiano que se realicen las rectificaciones que correspondan, en virtud a la pieza periodística publicada el día 31 de octubre de 2024 titulada “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín, Audios: Caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín”, y que sean publicadas en sus diversos medios de difusión; (ii) ordenar a El Colombiano, para que a través de su representante legal o quien haga sus veces, garantice que las rectificaciones anteriormente aludidas contengan: a) la eliminación de todas las afirmaciones inexactas y sesgadas sobre el señor Federico; b) la eliminación de las publicaciones proferidas el día 31 de octubre de 2024, en virtud de la nota periodística en cuestión; c) la eliminación de todas y cada una de la imágenes personales del accionante, que se encuentren acompañando las publicaciones proferidas el día 31 de octubre de 2024; d) una aclaración clara, precisa, congruente, explícita y de fondo, en la que se efectúe un pronunciamiento respecto a las acusaciones y señalamientos realizadas en contra del accionante; e) la publicación y difusión por parte de El Colombiano, de manera amplia y suficiente, de la respectiva aclaración y/o desmentido respecto a las acusaciones y señalamientos realizadas en contra del actor; f) una disculpa pública dirigida al señor Federico, tanto por la violación a sus derechos fundamentales, como por el daño causado a su imagen y reputación, la cual debe ser difundida ampliamente; y (iii) ordenar al medio de comunicación El Colombiano, para que, en lo sucesivo, cumpla con las cargas de veracidad e imparcialidad previstas por el artículo 20 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional cuando ejerza la libertad de información y de prensa.

 

3.     Hechos relevantes

 

12. Mencionó la apoderada judicial que el señor Federico se desempeña como médico especialista en ortopedia y traumatología, director médico y miembro de la junta directiva de la Clínica.

 

13. Expuso que, a inicios del mes de septiembre de 2024, el señor Federico fue notificado por parte del Comité Disciplinario de la Clínica, sobre la apertura de investigación disciplinaria en su contra, por lo que fue citado el 09 de septiembre del mismo año a diligencia de descargos. Esto, debido a las denuncias presentadas por dos mujeres que laboraban en dicha clínica, quienes lo acusaron por la comisión de presuntos actos de acoso sexual en el ámbito laboral[4].

 

14. Indicó que, el 31 de octubre de 2024, el medio de comunicación El Colombiano a través de sus diferentes medios de difusión, publicó una nota periodística titulada “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín, Audios: Caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín.”, publicación que fue ampliamente difundida a través de medio físico, portal web, Facebook, Instagram, X y el canal público de WhatsApp[5].

 

15. Informó que, en la referida nota periodística, el medio de comunicación hizo uso de una fotografía personal del señor Federico sin su consentimiento, lo que percibe como una flagrante violación al derecho fundamental a la imagen propia, en tanto que el uso no autorizado de un retrato personal implica una intromisión ilegítima a la esfera privada de un individuo[6].

 

16. Manifestó que en el reportaje aludido, se acusó al accionante de acoso sexual dentro del ámbito laboral y se señaló a la Clínica, de no haber tramitado adecuadamente las denuncias presentadas por las presuntas víctimas, esto sin garantizar los derechos fundamentales de todas las personas involucradas, tales como lo son la dignidad humana, el derecho a la honra y al buen nombre, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la imagen personal[7].

 

17. Señaló que la nota periodística se fundamentó en los testimonios otorgados por dos mujeres que trabajan en dicha clínica, presuntas víctimas del acoso denunciado, en virtud de los hechos aparentemente acaecidos en la Clínica, una captura de pantalla respecto de una conversación de WhatsApp sostenida entre una de las presuntas víctimas y su prohijado, y unos audios que contienen conversaciones entre las presuntas víctimas y el personal de la clínica al momento en que se expuso la situación[8].

 

18. Refirió que su representado fue contactado mediante una llamada telefónica realizada por el periodista Ernesto, autor de la nota periodística, en la que se le preguntó respecto a los hechos puntuales aducidos en el reportaje. Sin embargo, aseguró que esa llamada no garantiza el derecho a la defensa y contradicción.

 

19. Afirmó que el 06 de noviembre de 2024, presentó al medio de comunicación una “Solicitud de retractación de información”, agotando así el requisito de procedibilidad para interponer la acción de tutela[9].

 

20. Finalmente, agregó que, su solicitud de retractación fue resuelta desfavorablemente, el 27 de noviembre de 2024, argumentando que, se trata de hechos de interés público. Asimismo, reseñó que el medio de comunicación sostuvo que la pieza periodística se enmarca en un discurso especialmente protegido y necesario para abordar la problemática de la discriminación contra la mujer y la violencia basada en género, con connotaciones políticas y de reivindicación de los derechos humanos de un grupo históricamente marginado, por lo que consideró vulnerados los derechos a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia, a la intimidad personal y familiar, y a la imagen personal de su representado[10].

 

4.     Admisión y trámite de la demanda de tutela

 

21. En auto del 11 de diciembre de 2024[11], el Juzgado 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín admitió la acción de tutela y notificó al medio de comunicación El Colombiano S.A.S.[12].

 

5.      Respuesta del medio de comunicación accionado

5.1.                       El Colombiano S.A.S.[13]

 

22. En escrito del 13 de diciembre de 2024, el medio de comunicación accionado solicitó que se niegue la acción constitucional, oponiéndose a todas las pretensiones impetradas por el accionante en contra de El Colombiano.

 

23. Inició su intervención realizando una breve introducción respecto del derecho a la libertad de expresión, subrayando que, según la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, el derecho a la libertad de expresión trae consigo dos principios: el de veracidad y el de imparcialidad.

 

24. Respecto al caso concreto, indicó que la nota reseña un caso de denuncia interpuesta por parte de dos mujeres que padecieron actos de acoso sexual por parte del accionante, mientras trabajaban en la Clínica. Destacó que el artículo contiene información veraz y legítima, puesto que se obtuvo directamente de las denunciantes. Asimismo, informó que se contactó con el accionante, con el fin de corroborar la versión obtenida de las presuntas víctimas, quien indicó que: “se trató de una percepción errada” y que no hubo una situación de superioridad jerárquica entre él y las jóvenes.

 

25. Mencionó que una de las víctimas, le informó que mientras se encontraba en su lugar de trabajo y dentro del horario laboral, el actor la llamó a su oficina, lugar en el que luego de indagar sobre asuntos laborales, le cuestionó sobre cosas más íntimas; le preguntó si tenía alguna clase de vínculo amoroso, forzándola después a besarlo, constituyéndose un acto, no solo de abuso laboral, sino también de abuso contra la mujer, el cual se encuentra tipificado en la Ley, situación que denunció al interior de la empresa, pero le dijeron “…que no era la primera vez que eso pasaba, pero que el doctor es así”[14], dejando en evidencia que ese tipo de conductas y abusos contra las mujeres eran hechos conocidos e ignorados por parte de la administración de la Clínica.

 

26. Señaló que, en su riguroso y legítimo actuar como medio de comunicación, buscó a la otra víctima, quien confirmó la veracidad de los hechos. Informó también que, el tutelante estuvo ejerciendo actos de violencia sexual en contra de ella desde finales de 2022, quien indicó que, no denunció la situación porque “quien estaba abusando de mí es un doctor importante en la clínica y pensé que no me iban a creer”[15]. Al respecto, el medio de comunicación indicó que en el cuerpo de la nota periodística, colocó un fragmento de la conversación entre una de las víctimas y el accionante.

 

27. Adujo que, en ejercicio del derecho a la información del cual son titulares los medios de comunicación, es posible publicar hechos que puedan ser percibidos como una violación de los derechos fundamentales de los terceros afectados por la nota periodística, eventos en los que no podría hablarse de un daño ilícito, dado que, en materia de libertad de expresión, es posible que en algunos casos el titular del derecho deba de soportar dicha afectación, ya que el mismo puede ser un funcionario público o un particular que ha adquirido cierta relevancia mediática en razón al interés general de la sociedad sobre el hecho que lo vincula. Respecto al caso en cuestión, destacó que los señalamientos realizados en contra del tutelante, se encuentran respaldados por múltiples pruebas que soportan los hechos denunciados por las víctimas.

 

28. Mencionó que la Corte Constitucional dispuso que en asuntos de marcada relevancia pública, en los cuales se encuentren involucradas personas como el accionante, el derecho a la libertad de expresión e información adquieren una mayor amplitud y resistencia, ya que cuando una persona en consecuencia de sus actos o de sus allegados más próximos se convierte en un personaje de interés público, tiene el deber de soportar mayores críticas y cuestionamientos que una persona del común, que no es “relevante” mediática y públicamente. Advirtió que, de acuerdo con lo anteriormente mencionado, corresponde al tutelante soportar las consecuencias del artículo publicado, en razón de la relevancia mediática que representa.

 

29. Refirió que, pese a que la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha reiterado la importancia de la carga de la prueba, el accionante en ningún momento aportó elementos para acreditar la falsedad de lo publicado. Por ende, al actor tiene la carga de relatar de manera clara los hechos generadores de la vulneración de los derechos fundamentales y aportar las pruebas que estén a su disposición para establecer que la información consignada en la nota periodística se trate de información falsa o inexacta.

 

30. Para concluir, respecto de las pretensiones, afirmó que las mismas constituyen una inminente censura, en tanto buscan limitar y restringir el libre acceso a la información, particualrmente en relación con los llamados de atención y de ayuda que hicieron las víctimas de un presunto caso de violencia basada en género.

6.           Decisiones judiciales objeto de revisión

 

6.1.          Sentencia de primera instancia

 

31. En sentencia del 16 de enero de 2025[16], el Juzgado 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, concedió parcialmente el amparo invocado. A juicio del fallador, el medio de comunicación accionado vulneró los derechos fundamentales del accionante, en tanto emitió una noticia periodistica sin una base real, esto en la medida en que, en primer lugar, emitió juicios de valor que no le corresponden y, en segundo lugar, éstos se fundamentaron exclusivamente en las afirmaciones de quienes denunciaron y en unos chats de conversaciones, cuyos emisores se desconocen.

 

32. En ese sentido, determinó que el medio de comunicación accionado, con la publicación de la nota periodística, cercenó el derecho de defensa que le asiste al tutelante, extralimitándose en el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión, al sustentar el artículo publicado en las afirmaciones de las supuestas víctimas, y con base a una conversación de WhatsApp, de la que no se puede determinar con certeza que interviniera el accionante. Así, advirtió que estas supuestas pruebas no pueden ser consideradas como un indicio para condenar o emitir juicios de valor, como lo hizo el periodista en su momento al emitir la noticia.

 

33. Resaltó que la situación, en sí misma, es preocupante, ya que en la nota periodística ni siquiera se incluyeron palabras como “supuesto, aparente o presumible hecho”, sino que se le atribuyó la calidad de directo responsable de la conducta de acoso sexual, imputándole un cargo que no se encuentra demostrado. Aunque se advierte la existencia de la investigación disciplinaria en curso, se le imputa el hecho como si lo hubiese cometido y ya se hubiese decidido la responsabilidad de éste.

 

34. En ese orden de ideas, destacó que el medio de comunicación debió realizar, al menos, una investigación más rigurosa con pruebas reales y más concretas para publicar esas afirmaciones o esperar a que existiera una decisión en firme que declarara que efectivamente el tutelante habría incurrido en las conductas que se le acusan, cuando en el presente caso, no se está cuestionando la honra y el buen nombre de un personaje de interés público sino de una persona común, que no está obligada a soportar mayores críticas y cuestionamientos.

 

35. Finalmente, reseñó que la Corte Constitucional, en sentencia T-007 de 2020 reiteró su postura respecto al principio de responsabilidad social de los medios de comunicación, por lo cual El Colombiano no debió publicar, ni el nombre del accionante, ni su imagen sin su consentimiento, ni siquiera si existiera una decisión condenatoria en firme en su contra, pues con ello se está desconociendo el derecho a la imagen, promoviendo así juicios de valor errados entre la opinión pública.

 

6.2.          Impugnación

 

36. El medio de comunicación accionado impugnó el fallo de primera instancia[17]. Solicitó la revocatoria de dicha decisión, replicó lo expuesto en la contestación de la tutela, advirtió que el contenido periodístico versó sobre información de interés público y, además indicó que el accionante no agregó el suficiente material probatorio en la acción de tutela para desestimar la veracidad de la publicación.

 

37. Igualmente, hizo alusión al derecho de las mujeres víctimas. Al respecto, señaló que en la sentencia T-452 de 2022 se instó a los jueces de la República a aplicar la perspectiva de género en sus decisiones, destacando que las denuncias reservadas y anónimas sobre violencia sexual hacen parte de un “discurso constitucionalmente protegido”[18].

 

38. Refirió que la decisión de ordenar la eliminación y posterior rectificación del contenido periodístico, implicó una afectación directa a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al debido proceso, en la medida en que constituye un acto de censura.  Esto, al no haberse valorado de forma integral el conjunto probatorio recaudado, el cual permite inferir, con razonable certeza, la veracidad de los hechos denunciados por las víctimas.

 

39. Finalmente, respecto al derecho de retractación, El Colombiano indicó que, “La Constitución Política de Colombia si bien establece el derecho a la rectificación de información falsa e inexacta, en este caso no es posible que se decante en la orden de eliminar contenido y de emitir nuevo con censura previa, ya que en el caso en cuestión el accionante jamás cumplió con sus obligaciones constitucionales de demostrar que lo publicado por el presente medio de comunicación se tratara de información falsa o parcializada, ya que dentro de su acción constitucional, el mismo, no aportó elemento material probatorio que pudiera ser valorado por la Juez Constitucional y desvirtuar la información publicada en el artículo periodístico. Es de recordar que dentro del artículo periodístico se enuncia expresamente que EL COLOMBIANO acudió directamente a las fuentes del caso, ya que cuenta con la versión de las mujeres que fueron víctimas de acoso sexual, del Gerente de la Clínica, donde este a raíz de las denuncias hizo reuniones internas, y por último del doctor, presunto agresor en este caso.”[19]

 

6.3.          Sentencia de segunda instancia

 

40. En sentencia del 13 de febrero de 2025[20], el Tribunal Administrativo de Antioquia, confirmó la decisión de primera instancia. Indicó que (i) los medios de comunicación no son la autoridad competente para “sancionar” un ciudadano, por cuanto no hacen parte del Comité de Convivencia y Disciplina de la entidad a la que se encuentra adscrito el señor Federico y tampoco hacen parte de la Rama Judicial del Poder Público para emitir un fallo en derecho y establecer una orden específica en el caso particular; (ii) al no ostentar la calidad anteriormente descrita, tampoco cuentan con la autoridad para determinar si un medio de prueba es pertinente, conducente y útil y en consecuencia valorarlo dentro de un proceso, sea este disciplinario o judicial, además porque con los medios de prueba que pretendió respaldar la nota periodística, prima facie, no se logra demostrar que su procedencia sea verídica; y (iii) respecto de la carga de las pruebas, corresponde al medio de comunicación poseer las pruebas necesarias y fehacientes que le den plena validez, vigor y respaldo a las noticias que difunda de manera masiva, aún más cuando en ellas se incluya de manera irresponsable la información e imagen personal de un tercero sin su autorización.

 

41. El ad quem también reprochó que no hay evidencia de que exista un proceso judicial en curso o sentencia ejecutoriada que permita, sin asomo de duda, establecer una responsabilidad penal sobre el accionante, tampoco una decisión y/o sanción disciplinaria que permita hacer la inferencia de manera razonable; por el contrario, la nota periodística, con ausencia de evidencia objetiva que corrobore la veracidad de los hechos, carece de sustento legal y probatorio. Aunado a ello, señaló que el campo de la acción constitucional no es el llamado a declarar una responsabilidad de tal magnitud, pues si bien, se está en favor del respeto de los derechos de las mujeres y el cese de la violencia de género, lo cierto es que, en el caso concreto, la libertad de expresión de la que se vale el medio de comunicación transgrede de manera tajante el derecho al buen nombre e imagen personal del tutelante.

7.               Actuaciones adelantadas ante la Corte Constitucional y pruebas recaudadas en sede de revisión

 

42. Mediante auto de 12 de junio de 2025, el magistrado sustanciador, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 63 del reglamento de esta Corporación, dispuso la práctica y decreto de múltiples pruebas a fin de recaudar los elementos de juicio necesarios. En consecuencia, requirió a la doctora Hilda Astrid Carvajal Quintero, apoderada judicial del señor Federico y al medio de comunicación El Colombiano S.A.S., para que ampliaran la información allegada dentro de la acción de tutela o, en su defecto, aportaran elementos de juicio nuevos al debate.

 

43. Vencido el término otorgado para dar respuesta, el 26 de junio de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó al despacho del magistrado sustanciador que el auto de pruebas del 12 de junio de 2025 se comunicó mediante oficio OPTB-229 del 16 de junio de 2025 y que, durante el tiempo previsto, no se recibió respuesta alguna[21].

 

44. En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 63 y 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, el magistrado sustanciador, mediante auto de 3 de julio de 2025, requirió nuevamente, para que las partes oficiadas aportaran lo solicitado. Asimismo, se le solicitó al medio de comunicación El Colombiano S.A.S. ampliar la información que previamente se requirió en sede de revisión. Lo anterior, considerando la relevancia de dicha información para el presente expediente.

 

45. Vencido el término otorgado para dar respuesta, se recibió por parte de la Secretaría General de esta Corporación la información que se relaciona en la siguiente tabla[22]:

 

Respuesta Auto de 3 de julio de 2025
Información solicitada a la abogada Hilda Astrid Carvajal Quintero, apoderada judicial del accionante
Pruebas solicitadas	Respuesta allegada
a)         Solicitud de retractación presentada ante El Colombiano S.A.S. y su respectiva respuesta.	Ninguna.
Información allegada por el medio de comunicación El Colombiano S.A.S.[23]
Pruebas solicitadas	Respuesta allegada
a) Artículo completo de la nota periodística publicada el 31 de octubre de 2024 titulada “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín, Audios: Caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín”, incluyendo nota de edición u opinión del editor, si la hay.	La representante legal remitió el artículo solicitado en versión impresa[24].   Adicionalmente, anexó link en donde consta la eliminación del contenido conforme fallo del juez de tutela: https://www.elcolombiano.com/colombia/precision-sobre-nota-publicada-medico-federico-ED26612273
b)         Solicitud de retractación presentada por la parte accionante ante El Colombiano S.A.S. y su respectiva respuesta.	Se remitió la solicitud presentada por la parte accionante y la respuesta emitida por parte de El Colombiano[25].
c)         En sus protocolos de información, ¿cuentan con algún tipo de política o procedimiento relacionado con el uso de imágenes en las publicaciones que se realizan a través de sus medios de difusión? En caso afirmativo, remita la documentación que soporte sus afirmaciones.	“En EL COLOMBIANO, nuestra política editorial no es un manual estático, sino una cultura dinámica que reside en el criterio y la competencia de nuestro equipo. Confiamos en que hemos contratado a profesionales éticos y capaces, cuyo profundo conocimiento de los marcos legales es la base de su labor diaria.   Nuestro modelo periodístico se fundamenta en una cultura de deliberación activa y constante. La decisión de publicar material no se basa en la interpretación literal de un reglamento, sino en un consenso profesional alcanzado tras un debate riguroso.   Ante un tema complejo, las preguntas que guían a nuestro equipo son:   • ¿Aporta un valor informativo indispensable? • ¿El beneficio público de su publicación supera el posible daño individual? • ¿Hemos sopesado todas sus consecuencias?   Este enfoque se nutre de un acervo de conocimiento práctico, acumulado tras cubrir innumerables casos a lo largo de los años. Los nuevos miembros del equipo asimilan esta cultura de manera orgánica: aprenden participando en las discusiones editoriales diarias junto a colegas experimentados y asesores legales.   En resumen, nuestra política es la suma del criterio profesional, la experiencia acumulada y una responsabilidad ética innegociable. No es un texto inerte, sino un compromiso que se debate, se defiende y se reafirma cada día en nuestra mesa de redacción.”[26]
d)         Durante el desarrollo del trabajo periodístico, ¿se solicitó al señor Federico una versión de los hechos? Explique lo pertinente y remita documentación que soporte las afirmaciones.	“Es importante aclarar que la versión tanto del señor Federico como el Gerente de la Clínica Daniel fue publicada en la publicación cuestionada por este.”[27] (se remite el texto completo de la comunicación a la que se hace referencia).
e)         Informe al despacho si se cumplió con la decisión proferida por el Juzgado 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín. Remita la documentación que soporte lo informado.	“Efectivamente se cumplió el fallo, ver remisión al juzgado 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín”[28] (se adjunta pantallazo)   “Se anexa memorial con constancia de cumplimiento.   Adicionalmente se anexa link en donde consta la eliminación del contenido conforme fallo:   https://www.elcolombiano.com/colombia/precision-sobre-nota-publicada-medico-federico-ED26612273”[29]
f) Respecto a la nota periodística en cuestión ¿se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas? Explique su respuesta.	Ninguna.
Intervención presentada por la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP
Mediante oficio enviado por correo electrónico el 1° de agosto de 2025, las señoras Sofía Jaramillo Otoya, Natalia López López y Ariana Magdalena Gutiérrez Eraso, en calidad de directora ejecutiva, subdirectora legal y de protección, y abogada, de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, respectivamente, presentaron una intervención en la que manifestaron que las decisiones de primera y segunda instancia en un proceso de tutela vulneraron de manera desproporcionada la libertad de expresión. Lo anterior, al ordenar la eliminación de un contenido periodístico que, por tratarse de un asunto de interés público, goza de una protección reforzada. En ese sentido, efectuaron pronunciamiento en los siguientes términos[30]:   –       Advirtieron que la orden judicial de eliminar dicha publicación constituye una restricción desproporcionada a la libertad de prensa y expresión, contraria a los estándares internacionales y nacionales en la materia, y al deber del Estado de prevenir la violencia contra las mujeres. En su análisis, desarrollaron el concepto de protección reforzada de la libertad de expresión, conforme a instrumentos internacionales y jurisprudencia constitucional, destacando que los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución deben interpretarse a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, según lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Carta Política. Esto implica aplicar presunciones a favor de la expresión para prevenir cualquier tipo de limitación injustificada.   –       Para superar dichas presunciones, señalaron que las restricciones deben cumplir con el test tripartito, que exige que: (i) estén establecidas de forma clara y precisa en la ley, (ii) persigan fines imperativos legítimos conforme al artículo 13.2 de la CADH, y (iii) sean estrictamente necesarias y proporcionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las limitaciones a la libertad de expresión deben responder a las necesidades legítimas de sociedades democráticas. Además, la FLIP resaltó la relevancia constitucional de los discursos que denuncian la discriminación contra poblaciones históricamente marginadas, como las mujeres víctimas de violencia de género, por su contribución al debate público y su papel en la transformación social.   –       Finalmente, se manifestaron sobre el uso abusivo del sistema judicial como mecanismo de censura ilegítima y arbitraria contra periodistas, lo cual afecta el derecho de la sociedad a informarse sobre hechos de interés general. En el caso concreto, concluyeron que se trató de una censura injustificada que silenció un debate legítimo en el espacio público. Por tanto, en contextos como este, corresponde a la Corte Constitucional realizar un análisis estricto frente a las restricciones impuestas sobre discursos de interés general, y evaluar si la acción judicial responde a una práctica temeraria. Concluyeron que utilizar el sistema judicial para silenciar contenidos informativos sin respaldo probatorio, especialmente cuando existe evidencia sobre la veracidad de los hechos publicados, representa una grave amenaza para la democracia y el derecho al acceso a la información.

 

III.                        CONSIDERACIONES

 

1. Competencia

 

46. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86.2 y 241.9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto del 29 de abril de 2025[31] expedido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro, que dispuso el estudio del Expediente T-10.983.026.

2.     Delimitación del asunto de tutela

 

47. La Sala observa que, de los hechos relatados y las pretensiones de la solicitud de tutela, el asunto constitucional objeto de pronunciamiento reclama la presunta violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia, a la intimidad personal y familiar, y a la imagen personal, como consecuencia de la nota periodística publicada el 31 de octubre de 2024 titulada: “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín, Audios: Caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín”. En ese orden de ideas, la Sala Cuarta de Revisión, se pronunciará sobre la procedencia de la acción de tutela, a partir de la verificación del cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 86 de la Constitución Política, en el Decreto Ley 2591 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional.

 

48. Superado dicho análisis preliminar, se abordará el estudio de fondo con el propósito de establecer si la nota periodística publicada por el medio de comunicación accionado vulneró los derechos fundamentales alegados por la parte accionante.

 

49. Para ello, se reiterará el precedente constitucional relevante en torno (i) a los contenidos, alcances y límites de los derechos a la libertad de expresión, información y prensa; (ii) los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia y sus posibles tensiones con el ejercicio de la libertad de expresión; (iii) el derecho a la propia imagen; y (iv) finalmente, se incluirá un enfoque desde la perspectiva de género, considerando las denuncias por acoso sexual como expresiones protegidas por el orden constitucional.

 

3. Procedencia de la acción de tutela

 

50. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, para el ejercicio de la acción de tutela se deben acreditar unos requisitos que permitan establecer su procedencia para resolver el problema jurídico puesto en conocimiento del juez constitucional. Así las cosas, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte procederá a realizar un análisis sobre (i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la inmediatez y, por último, (iii) la subsidiariedad.

3.1.                       Legitimación en la causa por activa

 

51. El artículo 86 de la Constitución establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela directamente o a través de un representante que actúe en su nombre^[32].

 

52. En este sentido, si bien el titular de los derechos fundamentales es quien, en principio, tiene la carga de interponer el amparo, lo cierto es que es posible que un tercero acuda, en su representación, ante el juez constitucional. En efecto, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991, en lo referente al ejercicio de la acción de tutela por parte de una tercera persona, establece que la demanda de amparo puede ser interpuesta por (i) el representante legal de la persona que ha visto vulneradas sus prerrogativas; (ii) por la persona que agencie oficiosamente sus derechos; o (iii) por quien sea reconocido como apoderado mediante el otorgamiento de un poder especial; o (iv) por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales^[33].

 

53. Al respecto, la Sala concluye que se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa, toda vez que la acción constitucional es promovida por el señor Federico, quien considera vulnerados los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela, a través de su apoderada judicial[34].

3.2.                       Legitimación en la causa por pasiva

 

54. El artículo 5 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental^[35]. También resulta procedente contra acciones u omisiones de particulares, conforme a lo dispuesto en el Capítulo III del citado Decreto. Particular relevancia tienen las hipótesis previstas en el artículo 42, destacándose el numeral 7^[36], que habilita la interposición de la acción contra medios de comunicación, así como el numeral 9[37], que contempla la posibilidad de iniciar el trámite ante escenarios de subordinación  o indefensión entre las partes involucradas[38].

 

55. Esta Corporación ha señalado que el estado de indefensión[39] se puede presentar en la relación que existe entre el medio de comunicación y la persona involucrada en la noticia que este divulga, “en razón a que la actividad informativa que desempeñan este tipo de organizaciones, además de tener un gran alcance, en tanto llevan su mensaje a diversos sectores de la sociedad, también tiene el poder de impacto social, comoquiera que puede influir o generar determinada opinión en el conglomerado”[40]. Respecto a esa situación de indefensión, es necesario considerar si el sujeto afectado se encuentra en una posición de desventaja fáctica derivada de la autoridad del emisor, la naturaleza del espacio en el que se difunde la información o el alcance social del mensaje, de manera que se vea comprometida su credibilidad y moralidad ante la opinión pública.

 

56. En el presente caso, El Colombiano es un medio de comunicación de amplia circulación nacional, cuyo producto principal es el diario impreso, y que cuenta, además, con una marcada presencia en internet y plataformas digitales. Es precisamente este medio el que difundió la nota periodística que se controvierte, y ante el cual se solicitó su rectificación. No obstante, su rol va más allá de ser el receptor de dicha solicitud: se le atribuye directamente la divulgación del contenido que presuntamente vulneró los derechos fundamentales del accionante. Esta circunstancia refuerza la legitimidad de su inclusión como sujeto pasivo de la acción ejercida.

 

57. Por otra parte, se advierte que el accionante no ejerce ningún tipo de control sobre el contenido que este medio decide divulgar, lo cual lo sitúa en una condición de indefensión frente a la parte accionada, como consecuencia al poder de divulgación que recae sobre ese medio, lo que eventualmente podría afectar la percepción pública sobre la credibilidad y moralidad del actor. Por esta razón, la Sala considera que se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa por pasiva.

3.3.                       Inmediatez

 

58. Este tribunal ha expuesto que el propósito de la acción de tutela es asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales, como se infiere de lo previsto en el artículo 86 del texto superior. Esto significa que el amparo, por voluntad del Constituyente, corresponde a un medio de defensa judicial previsto para dar una respuesta oportuna, en aras de garantizar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza, lo que se traduce en la obligación de procurar su ejercicio dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario no se estaría ante el presupuesto material para considerarlo afectado^[41].

 

59. Si bien la Constitución y la ley no establecen un término de caducidad, en la medida en que lo pretendido con el amparo es la protección concreta y actual de los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha señalado que le corresponde al juez de tutela –en cada caso en concreto– verificar si el plazo fue razonable, es decir, si teniendo en cuenta las circunstancias personales del actor, su diligencia y sus posibilidades reales de defensa, la acción de tutela se interpuso oportunamente^[42]. Este cálculo se realiza entre el momento en que se genera la actuación que causa la vulneración o amenaza del derecho y aquél en la que el presunto afectado acude al amparo para solicitar su protección.

 

60. En el caso bajo examen, se tiene que la solicitud de retractación fue presentada el 6 de noviembre de 2024[43] y el medio de comunicación El colombiano emitió respuesta el 27 de noviembre de 2024[44]. La acción de tutela fue interpuesta el día 9 de diciembre de 2024[45], por lo que, entre uno y otro momento, tan sólo transcurrieron 12 días, término que esta Sala de Revisión encuentra compatible con el presupuesto de inmediatez.

3.4.                       Subsidiariedad

 

61. La jurisprudencia constitucional ha considerado que las tensiones entre la libertad de expresión y la honra, el buen nombre u otros derechos puedan activar distintos mecanismos judiciales por parte de quien se considera afectado por la publicación de un mensaje. A grandes rasgos, en el ámbito del derecho penal, se prevén los delitos de injuria y calumnia[46], que conducen a sanciones por la lesión del bien jurídico del honor; en el derecho civil, la responsabilidad extracontractual persigue la reparación del daño causado, en especial, en el plano económico[47]. No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que cuando se presenten casos relacionados con información difundida a través de los medios de comunicación y la posible afectación de los derechos a la honra y el buen nombre, las vías penal y civil pueden resultar ineficaces para la protección de los derechos fundamentales, pues “tal protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y comprensiva, y pese a su carácter subsidiario, no se ve desplazada por otros medios de defensa judicial”[48]. Por tanto, la acción de tutela se constituye en el mecanismo idóneo y eficaz para ejercer la defensa de esas prerrogativas.

 

62. Ahora bien, es pertinente resaltar que la solicitud de rectificación es una condición especial de procedencia de la tutela en casos de tensiones o conflictos entre la libertad de expresión y prensa y los derechos a la honra y el buen nombre. Este requerimiento permite a la persona que se considera afectada por una publicación solicitar que se corrija información falsa e imprecisa, y al medio realizar los ajustes, rectificación o retractación correspondientes sin necesidad de activar el aparato judicial[49]. Al respecto, el numeral 7° del artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares, entre otros eventos, cuando se solicite la rectificación de informaciones inexactas o erróneas, caso en el cual se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación[50].

 

63. Al abordar el caso en concreto, la Sala concluye que se satisface el requisito de subsidiariedad exigido para la procedencia de la acción de tutela, toda vez que el accionante agotó previamente el mecanismo idóneo previsto en la jurisprudencia para ejercer la defensa material en estos casos, esto es la solicitud de rectificación que se presentó ante el medio de comunicación El Colombiano, respecto de la nota periodística objeto de controversia. Dicha solicitud, que obra en el expediente[51], fue resuelta por la parte accionada mediante comunicación fechada el 27 de noviembre de 2024[52], en la que se negó la existencia de la vulneración a los derechos fundamentales invocados, argumentando que el contenido cuestionado se refería a hechos de interés público. En consecuencia, ante la ausencia de una respuesta que satisfaga la pretensión del accionante y dada la negativa expresa del medio de comunicación de corregir la información publicada, queda evidenciado que no existe otro mecanismo eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, lo que legitima el uso de la tutela como mecanismo directo de defensa.

 

64. En cuanto al escrito, si bien el accionante empleó el término “retractación”[53] en lugar de “rectificación”[54], se sobreentiende que la intención subyacente era la corrección de una información errónea que afecta los derechos fundamentales del actor.

 

65. En conclusión, esta Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad como criterio de procedencia de la acción de tutela.

 

4.  Planteamiento del problema jurídico, método y estructura de la decisión

 

De acuerdo con los fundamentos fácticos expuestos en esta providencia, le corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

 

66. ¿El medio de comunicación El Colombiano S.A.S. vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia, a la intimidad personal y familiar, y a la imagen personal, del señor Federico, como consecuencia de la publicación de la nota periodística publicada el 31 de octubre de 2024 titulada: “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín, Audios: Caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín”?

 

67. Con el objetivo de resolver el problema jurídico planteado en el caso concreto, la Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia constitucional en relación con: (i) el contenido, alcances y límites de los derechos a la libertad de expresión, información y prensa; (ii) los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia y sus posibles tensiones con la libertad de expresión; (iii) el derecho a la imagen; (iv) las denuncias de violencia basada en género como discursos constitucionalmente protegidos; (v) la aplicación de la perspectiva de género en las providencias judiciales, (vi) resolverá el caso concreto; y (vii) de ser el caso, ordenará los remedios constitucionales pertinentes.

 

4.1. El contenido, alcances y límites de los derechos a la libertad de expresión, información y prensa. Reiteración de jurisprudencia

 

68. El artículo 20 de la Constitución Política reconoce la garantía de toda persona para expresar y difundir libremente su pensamiento y opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, los cuales son libres y tienen responsabilidad social. Dicha norma proscribe la censura y garantiza además el derecho a la rectificación en condiciones de equidad[55].

 

69. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el contenido del citado artículo constitucional, siguiendo los fines que éste persigue, y los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre la materia, concluyendo que éste se compone por: (i) la libertad de expresión stricto sensu, la cual consiste en la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier medio de expresión -sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser molestado por ellas; (ii) la libertad de información, con sus componentes de libertad de búsqueda y acceso a la información, libertad de informar y la libertad y derecho de recibir información veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole a través de cualquier medio de expresión; (iii) la libertad de prensa, que comprende la libertad de fundar medios masivos de comunicación y de administrarlos sin injerencias, y la libertad de funcionamiento de los mismos, con la consiguiente responsabilidad social; (iv) el derecho a la rectificación en condiciones de equidad; y (v) las prohibiciones de censura, con ciertas excepciones, como lo son los discursos prohibidos: pornografía infantil, instigación pública y directa al genocidio, propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia y el delito[56].

 

70. En ese sentido, los derechos a la libertad de expresión, información y prensa se encuentran estrechamente relacionados y conforman un sistema piramidal de libertades. Al respecto, esta Corporación ha dispuesto que, “en la base, se encuentra la libertad de expresión en su faceta más amplia, seguida de la misma libertad en sentido estricto. Luego, está la libertad de información, como manifestación de la expresión, que comprende el punto de conjunción entre la libertad de expresión y la libertad de prensa, por involucrar el derecho a emitir información y a recibirla, y que establece parámetros de responsabilidad de quien la transmite. Por último, se encuentra la libertad de prensa (artículos 73 y 74 Constitución), en la que converge la libertad de fundar medios masivos de comunicación y emitir información, bajo criterios de responsabilidad social”[57].

 

71. Por tanto, es importante destacar que lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política se configura como un eje estructural para el ejercicio del periodismo en un Estado democrático, al garantizar el acceso a documentos públicos como condición necesaria para la verificación de fuentes, la contrastación de información y, en consecuencia, el cumplimiento de los estándares de veracidad e imparcialidad exigidos por la jurisprudencia constitucional. Este derecho no solo fortalece la transparencia institucional, sino que habilita a los medios de comunicación para ejercer una labor crítica y responsable frente a los asuntos de interés público.

 

4.1.1. Sobre la libertad de expresión

 

72. El derecho a la libertad de expresión, se encuentra previsto en el artículo 20 de la Constitución en los siguientes términos: “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”[58]. Por su parte, diversos tratados que integran el bloque de constitucionalidad[59], como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en adelante PIDCP, en su artículo 19 y la Convención Americana de Derechos Humanos, en adelante CADH, en su artículo 13 también establecen el marco de protección del derecho a la libertad de expresión.

 

73. Al respecto, el artículo 13 de la CADH constituye un estándar normativo robusto que permite fortalecer las decisiones judiciales y administrativas en materia de libertad de expresión, especialmente cuando se trata del ejercicio periodístico. Su aplicación se proyecta en varios frentes: (i) reforzamiento de la protección general del discurso periodístico[60], (ii) afianzamiento de la prohibición de la censura previa[61], (iii) parámetro riguroso para la ponderación de derechos en conflicto[62], y (iv) profundización del concepto de “necesidades legítimas de una sociedad democrática”[63]. Este enfoque, no solo articula el contenido del artículo 13 de la CADH con la doctrina constitucional colombiana, sino que también resalta el papel del periodismo como garante de la transparencia, la pluralidad y la deliberación democrática.

 

74. Asimismo, el artículo 19 del PIDCP consagra el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la facultad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier medio. Este principio ha sido reiteradamente reconocido por la Corte Constitucional colombiana como piedra angular del ejercicio periodístico, al considerar que la prensa cumple una función esencial en una sociedad democrática. En Sentencias como la T-391 de 2007 y la T-260 de 2012, la Corte ha subrayado que el periodismo no solo goza de protección reforzada por su rol en la formación de la opinión pública, sino que también debe ejercerse con responsabilidad, respetando los derechos de terceros.

 

75. De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que “[L]a protección de la libertad de expresión encuentra sustento en el respeto por la dignidad humana, la autonomía de la persona y el carácter instrumental que dicha libertad[64] tiene para el ejercicio otros derechos (…)”[65].  En ese sentido, la libertad de expresión al abarcar un conjunto de manifestaciones particularmente amplio, que refleja el pensamiento de su emisor, sin que necesariamente sus ideas hagan referencia a aspectos del mundo determinados, no supone ni objetividad, ni imparcialidad[66].

 

76. Para analizar conflictos relacionados con este derecho, la Corte parte de una premisa esencial: la libertad de expresión es un pilar fundamental en un estado democrático, por lo que todas las manifestaciones del pensamiento están amparadas por este derecho[67]. Esto se basa, por un lado, en la “relación entre la libertad de expresión y la construcción de la democracia”[68]; y, por otra parte, en la riqueza del pensamiento y del lenguaje, que hace imposible predecir todo lo que puede ser pensado y expresado.

 

77. La libertad de expresión prevalece “prima facie” frente a otros derechos y contiene cuatro presunciones a su favor que requieren intensas cargas argumentativas, para quien pretenda restringirla[69]:

 

(i)          Presunción de cobertura de toda expresión: Toda expresión está cubierta por el ámbito de protección del artículo 20 de la Constitución. Por ende, esta presunción sólo podría desvirtuarse si, en el caso concreto, se demuestra con suficiencia la justificación constitucional que exige su restricción[70].

 

(ii)        Sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones y control constitucional estricto: Cualquier medida legislativa, judicial, policiva, militar, administrativa o de otro tipo que imponga una restricción debe ser sometida a un control estricto de proporcionalidad, especialmente cuando el discurso emitido es un discurso con protección constitucional reforzada[71]. Este control implica, por lo menos, que la medida debe tener un fundamento constitucional, ser necesaria para alcanzar un fin imperioso, y proporcional, es decir, que no suponga una restricción excesivamente intensa para la libertad de expresión[72].

 

(iii)     Presunción de primacía frente a otros principios constitucionales: Cuando en el ejercicio de la libertad de expresión, esta se encuentre en conflicto con otros derechos, valores o principios constitucionales, se debe dar primacía, en principio, a la libertad de expresión en ejercicios de ponderación[73].

 

(iv)      Presunción definitiva de incompatibilidad de la censura: La Constitución Política de 1991 y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos establecen una presunción de pleno derecho de inconstitucionalidad de la censura previa[74]. En ese sentido, esta corporación ha sostenido que “la censura constituye la forma más grave de violación al derecho fundamental a la libertad de expresión y, en virtud de su relevancia para la democracia, representa una afectación intensa al régimen constitucional”[75].

 

78. Asimismo, existen discursos que, por su naturaleza y finalidad encuentran una especial protección, razón por la cual sus restricciones son particularmente sospechosas, como: los que constituyen acoso, persecución y hostigamiento[76]; el discurso que incita al terrorismo[77]; el discurso político y sobre asuntos de interés público[78]; el discurso sobre funcionarios públicos o candidatos a cargos públicos[79]; el discurso religioso[80]; las reivindicaciones de la identidad y orientación sexual diversa[81]; la defensa de la equidad de género y erradicación de la violencia basada en género[82]; y elementos fundantes de la identidad de las personas[83].

 

4.1.2. Sobre la libertad de información y la libertad de opinión

 

79. La jurisprudencia constitucional ha considerado, en diversas oportunidades que la libertad de información es un derecho que salvaguarda “la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo”[84]. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha concebido el derecho a la libertad de información como una garantía de doble vía, que ampara tanto la facultad de informar como el derecho a ser informado, la cual se enmarca dentro de la especial protección otorgada al receptor de la información, dada la relevancia que tiene su libre difusión en el fortalecimiento del sistema democrático[85].

 

80. En cuanto a la libertad de opinión, se tiene que ésta recae en la posibilidad que tiene cualquier persona de divulgar por cualquier medio sus opiniones y a no ser importunado a causa de estas. Este tribunal lo ha definido como “la posibilidad de comunicar a otros el propio pensamiento, por lo cual puede decirse que este derecho coincide en cuanto a su objeto con la libertad de expresión”[86]. Bajo esa premisa, la Corte ha señalado que esta garantía “busca proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del emisor, es decir, sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas”, reconociendo que dichas manifestaciones hacen parte integral del núcleo esencial de la libertad de expresión en un Estado democrático[87].

 

81. Respecto a los límites de estas prerrogativas, la Corte ha establecido que la libertad de información implica la difusión de hechos veraces e imparciales, lo que impone al emisor la obligación de verificar y contrastar sus fuentes antes de comunicar cualquier dato. Por tanto, este derecho se restringe cuando se vulneran otros derechos fundamentales, como la intimidad, el buen nombre y la honra de las personas[88]. A manera de ejemplo, en la sentencia T-243 de 2018, esta Corporación indicó que no puede sacrificarse impunemente la honra de los ciudadanos ni sustituirse el rol de los jueces mediante afirmaciones públicas que imputen delitos sin la existencia de una sentencia judicial.

 

82. En igual sentido, la libertad de opinión también está sujeta a límites. En la sentencia T-1198 de 2004, se estableció que, si bien las opiniones no deben cumplir con los requisitos de veracidad e imparcialidad, los hechos que las sustentan sí deben ser ciertos. Además, el ejercicio de este derecho debe ser responsable: no se pueden deformar, magnificar o tergiversar hechos para que la opinión parezca verdad[89]. De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha identificado cinco discursos prohibidos, debido a su intensa capacidad lesiva frente a los derechos humanos, a saber: la incitación a cometer genocidio, los discursos de odio, la propaganda a favor de la guerra, la apología al delito y la pornografía infantil[90]. Así, la Corte ha promovido un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de otros derechos fundamentales, garantizando un debate público plural, basado en el marco del respeto.

 

4.1.3. Sobre la libertad de prensa

 

83. La libertad de prensa, además de encontrarse estrechamente relacionada con las dos libertades reseñadas anteriormente, se “(…) constituye [como] una importante garantía dentro del Estado Social de Derecho en virtud de su rol educador, su contribución al diálogo social pacífico y la guarda de la democracia. (…) También incluye la protección de todos los sujetos que intervienen en el ejercicio periodístico, tanto los medios de comunicación como persona jurídica y los periodistas o comunicadores que difunden y transmiten la información, como sus receptores y terceros a quienes pueda llegar a afectar el contenido difundido. Ante la complejidad de las garantías y los múltiples sujetos que intervienen o resultan afectados por el ejercicio de la libertad de prensa, este es un derecho especialmente regulado y con específicas limitaciones en aras del respeto por otras garantías fundamentales”[91]. 

 

84. En efecto, dada la complejidad de las garantías involucradas y la multiplicidad de sujetos que intervienen o pueden verse afectados por el ejercicio de este derecho, la libertad de prensa está sujeta a una regulación especial, con limitaciones específicas orientadas a salvaguardar el respeto por otros derechos fundamentales. El artículo 20 de la Constitución Política establece que los medios de comunicación están investidos de una “responsabilidad social”, la cual exige una convivencia armónica entre los derechos de informar, recibir información y la protección de la intimidad, el buen nombre, la honra y la dignidad de las personas sobre quienes se difunde información[92].

 

85. Por otro lado, un aspecto a destacar en el desarrollo de la libertad de prensa, es la prohibición de censura, pues esta garantía cobra especial relevancia alrededor de la labor periodística. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que “los medios de prensa suponen también la responsabilidad de no afectar los derechos fundamentales de terceras personas, como lo son, por ejemplo, el buen nombre, la honra, la intimidad y la propia imagen”[93]. No obstante, es importante advertir que, dada la especial protección que ostenta la libertad de expresión en el orden constitucional, existe una presunción a su favor. En consecuencia, cuando el ejercicio de este derecho entre en conflicto con otros derechos, valores o principios constitucionales, debe otorgarse, en principio, un tratamiento preferente a la libertad de expresión[94].

 

86. Por el importante rol que ejercen en la sociedad, la labor periodística y la libertad de prensa deben ser ejercidas con “responsabilidad social”, esto porque estas no son indiferentes a los excesos que su ejercicio pueda acarrear, lo cual se traduce en que, pese a la libertad y autonomía con la que cuentan para expresar información, no pueden sin embargo pretender estar sustraídos al control del ordenamiento jurídico[95].  Lo anterior, implica la observancia de tres parámetros: (i) las cargas de veracidad e imparcialidad; (ii) la distinción entre opiniones e informaciones; y (iii) la garantía del derecho de rectificación[96].

 

87. La Corte ha explicado que el requisito de veracidad “supone que los enunciados fácticos puedan ser verificados razonablemente”[97], es decir, es necesario constatar un deber de diligencia razonable del emisor, sin que por ello se exija que la información publicada sea irrefutablemente cierta[98]. Por ello, al juez le compete revisar la información cuestionada y verificar si “(i) se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) se actuó sin un ánimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin la intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de otras personas”[99]. De otro lado, la imparcialidad requiere que la información sea divulgada de “manera completa, impidiendo que se registren y divulguen datos parciales, incompletos o fraccionados”[100].

 

88. Estos criterios de veracidad e imparcialidad deben ser analizados de conformidad con el tipo de emisión realizada, opinión o información[101]. En el marco de la libertad de expresión, la Corte ha señalado que es esencial distinguir entre los contenidos informativos y los de opinión, pues cada uno tiene un tratamiento jurídico diferenciado. La información se refiere a la divulgación de hechos verificables y objetivos, que deben cumplir con los principios de veracidad e imparcialidad, dado que su divulgación puede incidir directamente en derechos fundamentales como la honra, el buen nombre y la intimidad de las personas involucradas. Por su parte, la opinión se configura como una manifestación subjetiva del pensamiento, que abarca juicios personales, valoraciones y emociones del emisor frente a hechos, conductas o personas. En este sentido, la sentencia T-391 de 2007 enfatiza que la expresión de opiniones goza de una protección reforzada, incluso cuando estas resultan incómodas o críticas, siempre que no vulneren injustificadamente derechos ajenos. Esta protección se fundamenta en el rol fundamental que cumple la opinión en la deliberación pública, la pluralidad democrática y la autonomía individual[102].

 

89. Finalmente, la solicitud de rectificación permite a la persona que se considera afectada por una publicación solicitar que se corrija información falsa e imprecisa, y al medio realizar los ajustes, rectificación o retractación correspondientes sin necesidad de activar el aparato judicial[103]. Al respecto, la Corte ha señalado que, conforme al artículo 20 de la Constitución, la rectificación debe realizarse en condiciones de equidad, lo que implica que sea emitida por quien difundió la información, dirigida al mismo público receptor, con igual despliegue y relevancia que la publicación original, y que refleje el reconocimiento del error, tergiversación o falsedad por parte del emisor[104].

 

90. Sin embargo, la Corte también ha enfatizado en que dicha solicitud involucra una carga de prueba para quien la solicita, sin que baste su propia afirmación de que la información solicitada no es veraz o es inexacta, y que por tanto, no corresponde a la realidad. Lo anterior, por cuanto existe una presunción de imparcialidad y buena fe del medio de comunicación que divulga una información, de acuerdo al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 constitucional. Este criterio ha sido expuesto de la siguiente manera:

“La libertad de información, como se dijo antes, no es absoluta, porque ella apareja responsabilidades y deberes sociales; la información y la noticia deben ser veraces e imparciales, es decir, guardar conformidad con los hechos o acontecimientos relatados; en tal virtud, cuando ello no suceda el afectado podrá solicitar la rectificación de la información inexacta o falsa. No obstante, al presunto afectado con la información es a quien le corresponde aportar las pruebas de que las publicaciones realizadas no son veraces, no son exactas y por lo tanto, no corresponden a la realidad o distorsionan los hechos. No es al medio informativo responsable de la información a quien le corresponde probar que está diciendo la verdad, pues de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política se parte de la base de que ésta es imparcial y de buena fe. De ahí, que esta norma consagre el principio de la responsabilidad social de los medios de comunicación y prohiba la censura”.[105]

91. En este sentido, es imperativo resaltar que la solicitud de rectificación a un medio de comunicación exige, adicionalmente, la presentación de un material probatorio a través del cual éste último pueda confrontar con sus propias fuentes y si es del caso, efectúe la corrección de la información divulgada. De lo contrario, la solicitud de rectificación no tiene prima facie la fuerza para restringir el ejercicio de la libertad de información o expresión[106].

 

4.2. Los derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y al buen nombre y la presunción de inocencia y sus posibles tensiones con la libertad de expresión. Reiteración de jurisprudencia

 

92. Los derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y el buen nombre gozan de amplia protección constitucional. En este sentido, el artículo 15 de la Constitución Política reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar, y establece expresamente el derecho de todas las personas a su buen nombre y el deber del Estado de respetar y hacer respetar esos derechos[107]. Por su parte, el artículo 21 garantiza el derecho a la honra y el inciso segundo del artículo 2 incluye, entre los deberes de las autoridades, el de proteger en su honra a todas las personas residentes en Colombia[108]. Sobre esos derechos, la Corte ha indicado que se trata de derechos personalísimos cuyo fundamento último es la dignidad humana, ya que a partir de estos es que se construye por el individuo y, por los otros asociados, su imagen y concepto[109].

 

93. El derecho a la intimidad protege la esfera de privacidad de la vida personal y familiar de la intervención de terceros, incluyendo injerencias arbitrarias del Estado. En ese orden de ideas, protege la divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad[110] y en los cuales la sociedad, de manera general, solo tiene un interés secundario[111], lo que permite exigir que lo íntimo no sea divulgado o publicado y así sustraerse de cualquier tipo de opinión pública al respecto[112].

 

94. Igualmente, del marco de protección del derecho a la intimidad se advierte que se tratata de una prerogativa flexible, puesto que no es posible determinar en abstracto qué hace parte de la vida privada de un individuo, por lo que la Corte ha identificado criterios orientadores para delimitar el alcance de la protección a la intimidad y el nivel de resistencia de este derecho a las interferencias del Estado y de terceros. Dentro de estos, se destacan: (i) la voluntad del titular del derecho, (ii) las esferas de privacidad, (iii) los espacios físicos y (iv) la naturaleza y tipos de información[113].

 

95. En conclusión, el artículo 15 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental a la intimidad como una prerrogativa que impone al Estado el deber de abstenerse de interferir en la vida privada y la obligación positiva de adoptar las medidas normativas, judiciales y administrativas para asegurar el respeto de las diferentes dimensiones del derecho. La jurisprudencia fijó criterios que permiten orientar la delimitación del alcance de la protección a la intimidad y el nivel de resistencia de este derecho a las interferencias del Estado y de terceros.

 

96. El derecho a la honra previsto en los artículos 2 y 21 de la Constitución se refiere al valor intrínseco del individuo frente a sí mismo y ante la sociedad, el cual debe ser protegido para lograr una correcta apreciación de este dentro de la colectividad[114]. Por ende, la honra está referida a “la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan”[115].

 

97. Por consiguiente, es un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la sociedad[116]. Este derecho también se encuentra ligado de manera estrecha con la intimidad, como límite jurídico que la Constitución impone a la injerencia de terceras personas y el Estado en determinadas esferas vitales que se encuentran por fuera del dominio público[117].

 

98. El derecho al buen nombre dispuesto en el artículo 15 de la Carta Política hace referencia a “la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas”[118]. En ese sentido, constituye “uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social, y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”[119].

 

99. La Corte ha sostenido que “se atenta contra este derecho, cuando sin justificación ni causa  cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan  entre el público -bien sea de forma directa o personal, o a través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el prestigio o la confianza de los que disfruta del entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general  para desdibujar su imagen”[120].

 

100. Entonces, aunque el derecho a la honra guarda una relación dependencia con el derecho al buen nombre, se diferencian en que, mientras el primero responde a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados a ella, el segundo se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos relacionales ligados a la conducta que observa en su desempeño dentro de la sociedad[121].

 

4.2.1. Sobre la presunción de inocencia

 

101. La Constitución establece que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable[122]. En ese sentido, la jurisprudencia de esta corporación ha explicado que la presunción de inocencia comprende tres garantías básicas: (i) una persona solo puede considerarse penalmente responsable luego de que se haya demostrado su responsabilidad en un proceso judicial; (ii) la carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre el titular de la acusación; y (iii) mientras no se desvirtúe la presunción de inocencia, habrá de entenderse que la persona procesada no es responsable por el hecho ilícito que se le imputa[123].

 

102. En el marco de la libertad de información y de prensa, la jurisprudencia constitucional ha explicado que los periodistas deben respetar la presunción de inocencia, evitando hacer señalamientos en los que se indique la responsabilidad penal de una persona cuando no existe sentencia judicial que así lo haya declarado[124]. Lo anterior, porque la publicación y divulgación de ese tipo de información puede generar afectaciones significativas e irreparables a los derechos fundamentales de las personas que son acusadas públicamente[125].  Por ende, la Corte ha previsto cinco criterios que contribuyen a armonizar la materialización de la presunción de inocencia, la intimidad, la honra y el buen nombre con las libertades de información y de prensa[126], a saber:

 

(i)  La información debe ser tratada con cuidado y diligencia adicionales, especialmente en términos de veracidad e imparcialidad.  El informador solo debe transmitir como hechos lo que han sido objeto de contraste con datos objetivos, según los cánones de la actividad informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras malas intenciones[127]. El cumplimiento de las cargas de veracidad e imparcialidad no requiere de “prueba irrefutable” de que las denuncias son ciertas. El emisor solo debe demostrar que “obró con la suficiente diligencia al realizar un esfuerzo serio para constatar las fuentes consultadas”[128].

 

(ii)  Sin embargo, el nivel de diligencia exigido a los medios de comunicación no implica una obligación de usar lenguaje técnico ni de asumir un manejo particular del lenguaje coloquial, salvo que no hacerlo implique mala intención y ánimo de dañar. Los periodistas deben ser especialmente sensatos y diligentes con el lenguaje que utilizan en la información emitida, pues no pueden inducir al receptor a la culpabilidad de la persona nombrada como un hecho cierto[129]. Por ende, toda la información relativa a personas no sancionadas judicialmente debe adoptar formas lingüísticas condicionales o dubitativas, que denoten la falta de seguridad sobre la culpabilidad[130].

 

(iii) El medio de comunicación debe abstenerse de hacer análisis infundados. Al respecto, los medios de comunicación deben limitarse a hacer la exposición objetiva y escueta de lo acaecido, absteniéndose de hacer análisis infundados y de inclinar, sin evidencias, las opiniones de quienes reciben la información[131]. Aunado a ello, la Corte ha precisado que la obligación de diferenciar la noticia de cualquier otro contenido, “no significa que los medios deban presentar las noticias como relatos puros sobre los hechos acaecidos, pues la libertad de opinión de los periodistas y la defensa del pluralismo autorizan que los medios valoren de determinada manera lo sucedido. El deber constitucional que se les impone, en desarrollo del principio de veracidad, consiste en que tales valoraciones no deformen la divulgación de las informaciones sobre los sucesos, ni induzcan a error al receptor de la noticia”[132].

 

(iv) Al informar sobre situaciones que involucren procesos de naturaleza penal, el medio de comunicación debe abstenerse de afirmar la responsabilidad de los sujetos involucrados, hasta tanto exista una sentencia condenatoria ejecutoriada[133]. La Corte ha sido enfática al referir que los medios masivos de comunicación tienen el derecho y el deber de denunciar públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan conocimiento, en virtud de su función y en razón del interés general que entrañan esos asuntos, por lo que no están obligados a esperar a que se produzca un fallo para informar de la ocurrencia de un presunto hecho delictivo[134]. Lo anterior, por cuanto nadie, ni siquiera los poderes públicos, se puede atribuir el dominio exclusivo sobre la verdad[135]. Ello, sin sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia y en la determinación de responsabilidades, de manera tal que los emisores no pueden, por ejemplo, afirmar que una persona es penalmente responsable si ella no ha sido condenada por una sentencia judicial en firme[136].

 

(v) Están prohibidas las conductas que constituyan persecución, hostigamiento o cyberacoso[137]. Estas conductas se configuran cuando los particulares, periodistas o los medios de comunicación publican de forma repetitiva y sistemática denuncias que no están razonablemente basadas en fuentes confiables porque esto tiene el potencial de generar que la sociedad califique y juzgue a los involucrados “de manera previa al juicio respectivo por el solo hecho de haber sido señalados como posibles responsables por uno o varios particulares”[138].

 

4.2.2. Parámetros constitucionales para ponderar las tensiones entre la libertad de expresión o información y los derechos fundamentales al buen nombre, la honra o la intimidad. Reiteración de jurisprudencia

 

103. Como se reseñó en literales anteriores, las libertades de expresión e información pueden entrar en conflicto con otros derechos fundamentales como el buen nombre, la honra o la intimidad, por lo que la jurisprudencia constitucional ha considero la necesidad de acudir a un juicio de ponderación que contribuya a solucionar el conflicto de intereses. En la sentencia T-155 de 2019[139] la Corte sistematizó las sobreglas sobre el derecho a la libertad de expresión y, a partir de esta, expuso algunos parámetros que orientan la labor del juez, demarcan el contexto en el que se da el acto de comunicación y, de esta manera, permiten determinar el equilibrio entre los derechos en tensión y cuál es la manera adecuada de garantizarlos. Dichos parámetros son:

 

104. Quién comunica: en el examen de las manifestaciones públicas, resulta esencial considerar el perfil del emisor. Este elemento influye en la valoración jurídica de la expresión, especialmente cuando se evalúa la afectación de derechos fundamentales o el alcance de la libertad de expresión. En este sentido, es necesario apreciar si quien emite el mensaje es un particular, un funcionario público, una persona jurídica, un periodista, o si pertenece a un grupo históricamente discriminado, marginado o situado en una condición de especial vulnerabilidad. Cada uno de estos perfiles implica niveles diferenciados de protección, deberes comunicativos y repercusiones sociales[140].

 

105. En los casos como el presente, en los que quien comunica es un periodista, se ha reconocido que frente a estas personas el Estado tiene unos deberes especiales de protección que pretenden salvaguardar no sólo sus derechos a la vida o a la integridad personal, sino también a la libertad de expresión o de información en una sociedad democrática. Así mismo, es necesario que en estos casos el juez distinga si lo que expresa es una opinión o una información, pues de esto depende que en el análisis del caso se tengan en cuenta las exigencias de veracidad e imparcialidad. De otra parte, se ha indicado que “los mensajes publicados por un medio de comunicación, o por un periodista, tienen un mayor grado de credibilidad. Esto implica que las publicaciones hechas por estos sujetos pueden generan una mayor afectación a los derechos a la honra y al buen nombre de los afectados”[141].

 

106. Sobre qué y de quién se comunica: la jurisprudencia constitucional ha señalado que la comunicación sobre ciertos temas o personas tiene una protección constitucional reforzada. En particular: (i) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (ii) el discurso sobre funcionarios o personajes públicos; (iii) el discurso que expresa elementos esenciales de la identidad o dignidad personal[142]; y (iv) el discurso que tiene por objeto denunciar la violencia sexual o de género, como el escrache usado para denunciar ese tipo de violencia[143]. En ese sentido, el juez debe interpretar y valorar tanto el contenido de lo que se comunica como el perfil del emisor. En particular, debe determinar si se trata de una información objetiva o de una opinión subjetiva, con el fin de establecer si se han respetado los límites constitucionales del derecho a la libertad de expresión o de información. Asimismo, cuando corresponda, debe considerar el modo en que fue obtenida la información publicada. En este análisis, es indispensable tener en cuenta si el discurso ha perdido la presunción de cobertura constitucional —por afectar derechos fundamentales sin justificación suficiente— o si, por el contrario, constituye un discurso especialmente protegido, dada su relevancia social, política o democrática[144].

 

107. A quién se comunica: en el ejercicio de ponderación que debe realizar el juez para resolver el conflicto entre la libertad de expresión y los derechos de terceras personas, resulta esencial identificar al destinatario del mensaje. En este análisis, deben considerarse las cualidades y características del receptor, como si se trata de una audiencia indeterminada o de un grupo específico. Asimismo, debe valorarse el número de personas a las que efectivamente llega el mensaje o aquellas que pueden potencialmente recibirlo, pues a mayor amplitud en la difusión, mayor será el impacto que la expresión pueda generar sobre los derechos de los terceros involucrados[145].

 

108. Cómo se comunica: la forma en que se transmite un mensaje también se encuentra amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión. Este amparo incluye todas las modalidades expresivas, tales como el lenguaje oral y escrito, la lengua de señas, símbolos, manifestaciones no verbales como imágenes, obras artísticas, o cualquier conducta que posea contenido o implicaciones expresivas. En cada caso, debe evaluarse el grado de comunicabilidad del mensaje, es decir, su capacidad para transmitir de manera clara, directa y efectiva aquello que se pretende expresar[146].

 

109. Por qué medio se comunica: la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que el derecho fundamental a la libertad de expresión no se limita únicamente al contenido del mensaje, sino que también ampara el medio utilizado para su transmisión. En consecuencia, tanto las opiniones como las informaciones pueden difundirse a través de una amplia variedad de canales, tales como libros, periódicos, revistas, videos, audios, películas, representaciones teatrales, obras pictóricas, fotografías, programas de televisión, emisiones radiales, sitios web, redes sociales, cartas, manifestaciones públicas y el uso de prendas con mensajes simbólicos, entre muchos otros. Cada uno de estos medios constituye una vía legítima de ejercicio del derecho, cuyo análisis requiere considerar sus particularidades comunicativas y el impacto que puedan generar en la esfera pública o en los derechos de terceros[147].

 

110. En consecuencia, a partir del análisis en conjunto de los anteriores parámetros, el juez debe hallar un delicado y complejo balance entre la amplia protección que se debe brindar a la libertad de expresión y el respeto de derechos como el buen nombre, la honra o la intimidad, apuntando siempre a buscar la medida menos lesiva para libertad de expresión[148], pero asegurando al mismo tiempo que el ejercicio de esta no sea usado como una herramienta de difamación y desinformación[149].

 

4.3. El derecho a la imagen. Reiteración de jurisprudencia

 

111. Aunque la Constitución Política no consagró de forma expresa el derecho a la imagen, la Corte Constitucional reconoció su existencia “como derecho fundamental innominado y autónomo bajo el entendido de que la imagen personal es una expresión directa de la individualidad e identidad de la persona y, por tanto, su protección constitucional se deriva de la relación estrecha que ésta tiene con el derecho a la intimidad (art 15 de la CP), el libre desarrollo de la personalidad y la personalidad jurídica (art. 16 de la CP). Este Tribunal ha definido el derecho a la imagen como el derecho personalísimo que otorga a las personas la facultad de ‘decidir en qué eventos y bajo qué condiciones otras personas tienen la posibilidad de captar, publicar, reproducir o comercializar su imagen’”[150].

 

112. Para establecer el alcance de este derecho, resulta imprescindible considerar el grado de exposición pública de su titular. En esa medida, aquellas personas que desarrollan actividades en escenarios públicos cuentan con una protección más limitada, dado que su imagen se encuentra expuesta de manera más intensa como consecuencia de su rol social o profesional[151]. Desde esa perspectiva, los individuos que no ostentan una presencia pública particular gozan de una protección reforzada de este derecho, aunque no absoluta. En estos casos, el análisis debe realizarse conforme a las circunstancias particulares de cada situación y a las formas ordinarias en que la imagen personal se proyecta en el marco del relacionamiento social general.

 

113. En ese orden, la jurisprudencia constitucional ha referido que son tres los ámbitos de protección del derecho a la propia imagen[152]:

 

(i) el primero, se refiere a la autonomía de la persona para determinar su propia imagen, lo que se traduce en la posibilidad de definir cómo quiere verse y cómo quiere ser percibido;

 

(ii) el segundo, protege la disposición de la propia imagen, que a su turno tiene una dimensión positiva y una dimensión negativa. La positiva se refiere a la facultad del individuo de “decidir las partes de su imagen que pueden ser difundidas de manera onerosa o gratuita” y la negativa “implica la posibilidad de prohibir la obtención, utilización o reproducción no autorizada de la imagen de una persona”[153]; y

 

(iii) la tercera faceta es la imagen social, que busca proteger la imagen que una persona logra de sí misma en la sociedad.

 

114. En esos términos, este Tribunal ha referido que se vulnera el derecho a la propia imagen cuando un particular o el Estado, (i) interfieren de forma indebida en la decisión de una persona “de definir qué podrá ser conocido por los otros y qué estará proscrito de su disposición” (ii) incurren en un falseamiento o en una “apropiación, explotación, exposición, reproducción y/o comercialización no autorizada de la imagen de una persona” y (iii) intervienen sin autorización o de forma arbitraria “en la consolidación de la imagen” de un individuo[154].

 

115. No obstante, en algunos eventos, la Corte[155] ha estimado constitucionalmente legítimo que, en ejercicio de la libertad de información, terceros publiquen fotografías del titular sin su autorización, cuando se hace con el objeto de (i) divulgar hechos noticiosos derivados de la actuación pública de una persona; (ii) llevar a cabo una expresión artística en la que las fotografías no revelan la identidad de los transeúntes, (iii) exponer imágenes o fotografías que simplemente resaltan espacios de camaradería social sin que se pretenda reflejar una característica o cualidad especial de una persona[156].

 

116. Adicionalmente, se han identificado otros escenarios distintos que evidencian situaciones de vulneración: (i) cuando se transmite un mensaje que no corresponde con la realidad, es decir, un falseamiento; (ii) cuando se presenta una apropiación, explotación, exposición, reproducción y/o comercialización de una imagen no autorizada por su titular; o (iii) cuando un tercero interviene en la consolidación de la imagen de otra persona, sin contar con su consentimiento[157].

 

117. Ahora bien, sobre el uso de la imagen por parte de los medios de comunicación, la Corte  ha desarrollado unas reglas jurisprudenciales, equilibrando el derecho a la imagen con la libertad de expresión y el derecho a la información, a saber:

 

1. a)No mediación de consentimiento expreso: La actividad periodística, protegida por el artículo 73 de la Constitución, puede justificar la utilización de imágenes sin autorización cuando estas forman parte esencial del contenido informativo y responden a un interés público. No obstante, esta excepción debe aplicarse con criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, asegurando que la afectación a los derechos del titular de la imagen se mantenga dentro de límites constitucionalmente válidos y que el contenido se inscriba en un discurso protegido por la libertad de expresión[158].

 

Al respecto, es pertinente precisar que, aunque el régimen de protección de datos personales establecido en la Ley 1581 de 2012[159] no aplica a las bases de datos y archivos de información periodística, según su artículo 2 literal d), el parágrafo de dicha norma establece que los principios de protección de datos sí deben observarse en todas las bases, incluso en las exceptuadas. Esto sugiere que, en principio, la publicación de imágenes personales requiere el consentimiento previo del titular. No obstante, la Corte ha reconocido que la actividad periodística goza de especial protección constitucional conforme al artículo 73 de la Constitución, dado que garantiza tanto el derecho a informar como el derecho a recibir información. Por tanto, exigir autorización para el uso de imágenes podría afectar el ejercicio periodístico, especialmente considerando la reserva de las fuentes como elemento esencial de la libertad de información y como derecho propio de quienes ejercen esta labor[160].

 

1. b)Protección de la intimidad: La publicación de imágenes que afecten la intimidad de una persona puede ser objeto de tutela, especialmente si se difunden sin su consentimiento y generan un daño significativo[161].

 

1. c)Rectificación y defensa: Si una imagen es utilizada de manera que afecte el buen nombre o la honra de una persona, esta puede solicitar su rectificación y, en algunos casos, acudir a la acción de tutela[162].
2. d)Interés público: Cuando la imagen se relaciona con hechos de relevancia pública, los medios pueden difundirla sin autorización, siempre que se respete la dignidad y los derechos fundamentales de la persona[163].

 

118. Así, a partir de las reglas y estimaciones previamente reseñadas, la jurisprudencia constitucional[164] ha dispuesto que en algunos eventos es posible que los medios de comunicación publiquen información o imágenes privadas o semiprivadas sin la autorización del titular, siempre que pretendan cumplir con un fin constitucional superior, como lo son el interés público, la garantía del derecho a la información o la protección de otros derechos fundamentales.

 

4.4. Las denuncias de violencia basada en género son discursos constitucionalmente protegidos. Reiteración de jurisprudencia.

 

119. Existen discursos que, por su naturaleza y finalidad encuentran una especial protección, razón por la cual sus restricciones son particularmente sospechosas, como: el discurso político y sobre asuntos de interés público[165]; el discurso sobre funcionarios públicos o candidatos a cargos públicos[166]; el discurso religioso[167]; las reivindicaciones de la identidad y orientación sexual diversa[168]; la defensa de la equidad de género y erradicación de la violencia basada en género[169]; y elementos fundantes de la identidad de las personas[170].

 

120. Precisamente, entre estos discursos especialmente protegidos[171], se encuentra el que tiene por objeto denunciar la violencia en contra de la mujer en razón del género. Esto “en atención a su interés público, connotación política e instrumentalidad para la reivindicación de los derechos de un grupo tradicional y estructuralmente discriminado y la consecuente erradicación de toda forma de violencia contra el mismo”[172]. Sobre el tema, en la sentencia T-239 de 2018[173], la Sala Sexta de Revisión explicó que los discursos que se refieren a la protección de los derechos de las mujeres, en especial, aquellos que denuncian la violencia, el abuso y el acoso sexual, son manifestaciones de la libertad de expresión de interés público y, por ello, tienen una especial protección que se funda en el deber de diligencia en la prevención, la investigación, la sanción y la erradicación de la violencia basada en género[174].

 

121. En la sentencia T-452 de 2022 de la Corte reafirmó que las denuncias de violencia basada en género constituyen discursos especialmente protegidos por el derecho fundamental a la libertad de expresión. En ese fallo, se analizó el caso de un reportaje publicado por periodistas feministas que recogía testimonios de mujeres sobre presuntos hechos de acoso y abuso sexual. La Sala concluyó que este tipo de denuncias, aun cuando no se tramiten por vía judicial, cumplen una función social relevante al visibilizar situaciones de violencia estructural y permitir que las víctimas encuentren canales legítimos para expresar sus experiencias[175].

 

122. Asimismo, este tribunal destacó que estos discursos no solo están amparados por la libertad de expresión en su dimensión individual, sino también por su valor colectivo, al fomentar el debate público sobre problemáticas históricamente silenciadas. En particular, reconoció el papel del periodismo feminista como una herramienta ética y política que contribuye a la construcción de una sociedad más igualitaria. Igualmente, indicó que los medios de comunicación deben cumplir con las cargas de veracidad e imparcialidad, al cubrir denuncias de violencia de género, pero de manera diferenciada a otro tipo de información. Por tanto, este tipo de ejercicio comunicativo no puede ser censurado ni limitado mediante acciones judiciales que busquen silenciar o intimidar a quienes denuncian[176].

 

123. Además, la Corte advirtió sobre el riesgo del acoso judicial como forma de abuso del derecho, cuando se utilizan mecanismos legales para restringir el ejercicio legítimo de la libertad de prensa y expresión. En este contexto, las denuncias de violencia de género adquieren una protección reforzada, ya que su silenciamiento no solo afecta a las víctimas, sino que impide la circulación de discursos necesarios para el fortalecimiento democrático. Por ello, el fallo subraya que los jueces deben aplicar una perspectiva de género al evaluar este tipo de casos, garantizando que las voces de las mujeres no sean acalladas por intereses particulares o desequilibrios de poder[177].

 

124. Ahora bien, respecto a las denuncias por parte de quien aduce ser víctima de una determinada conducta delictiva (en especial cuando se trata de delitos que pueden llegar a constituir violencias basadas en género), la Corte ha señalado que cualquier restricción impuesta a las denuncias formuladas por quien se declara víctima parte de una premisa problemática: asumir que la información comunicada es falsa. Este enfoque implica desconocer, de manera anticipada y sin base probatoria concreta, la condición de víctima de la persona que denuncia, lo cual vulnera sus derechos y obstaculiza la visibilización de situaciones de violencia que requieren atención estatal y social[178].

 

125. En ese sentido, en la sentencia T-289 de 2021, la Corte revisó una denuncia pública realizada por una mujer en redes sociales, en la que afirmaba haber sido víctima de abuso sexual. La Corte sostuvo que (i) cuando la víctima directa comunica su experiencia, los principios de veracidad e imparcialidad deben flexibilizarse, ya que se trata de una vivencia personal expresada desde la buena fe; (ii) imponerle a la víctima el cumplimiento estricto de estos principios puede constituir una forma de revictimización y censura injustificada; y (iii) la denuncia adquiere el carácter de discurso especialmente protegido, por su relevancia social y política en la lucha contra la violencia de género.

 

126. Este razonamiento fue aplicado en la sentencia T-452 de 2022, en la cual este tribunal analizó un caso en el que un medio periodístico publicó la denuncia anónima de ocho mujeres que afirmaban haber sido acosadas sexualmente por la misma persona, precisando que “los relatos de las víctimas no están sujetos a los principios de veracidad e imparcialidad”[179]. En esa oportunidad, la Corporación analizó un reportaje publicado por el medio feminista Volcánicas, que recogía denuncias anónimas de ocho mujeres sobre presuntos hechos de acoso y abuso sexual y concluyó que: (i) los relatos de las víctimas no están sujetos a los principios de veracidad e imparcialidad en el mismo grado que las publicaciones informativas de terceros; (ii) se trata de discursos especialmente protegidos, dado que visibilizan formas de violencia estructural y permiten a las víctimas expresarse en contextos donde el sistema judicial puede resultar inaccesible o revictimizante; y (iii) el medio cumplió con los estándares periodísticos exigibles, como la reserva de la fuente, la investigación previa y la distinción entre información y opinión.

 

127. En conclusión, es claro que el discurso que tiene por objeto la denuncia de la violencia basada en género contra la mujer cuenta con una protección reforzada, en la medida en que pretende la reivindicación de los derechos de un grupo que ha sido históricamente discriminado[180].

 

4.5. Aplicación de la perspectiva de género en las providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia

 

128. En Colombia, el enfoque de género no es una recomendación ni un gesto interpretativo voluntario: es una exigencia constitucional que encuentra fundamento en principios como la dignidad humana, la igualdad material y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. En ese sentido, la Corte ha sido clara y reiterativa al señalar que los operadores jurídicos están obligados a incorporar esta perspectiva en sus decisiones, especialmente en procesos de tutela donde se ventilan vulneraciones de derechos fundamentales de las mujeres[181].

 

129. A pesar de ello, persiste un déficit en la aplicación efectiva de este enfoque. Diversas decisiones judiciales de tutela han demostrado una preocupante falta de sensibilidad frente a los patrones estructurales de discriminación y violencia de género. En ocasiones, los jueces ignoran el contexto de subordinación en el que ocurre la violencia, exigen pruebas desproporcionadas o juzgan los hechos desde estereotipos patriarcales, desdibujando el rol de la mujer en la sociedad, por el simple hecho de ser mujer. Tal desconocimiento no es solo un error técnico; implica una revictimización institucional que obstaculiza el acceso real a la justicia.

 

130. Al omitir el enfoque de género, se vulnera el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y se desconoce el deber estatal de eliminar todas las formas de discriminación. Esta omisión perpetúa desigualdades estructurales y contraviene estándares internacionales como los de la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, ambos vinculantes para el orden jurídico colombiano[182].

 

131. Sumado a esto, es importante destacar que el enfoque de género constituye un criterio hermenéutico que garantiza la imparcialidad de los operadores judiciales en casos que involucren relaciones asimétricas, afectaciones diferenciadas o patrones estereotipados de género. Esta perspectiva tiene como propósito: (i) valorar de manera adecuada a los sujetos y su contexto, (ii) identificar las circunstancias en las que se favorecen o discriminan a las mujeres, incluyendo las interseccionalidades que las rodean, (iii) comprender las variadas formas de discriminación de las que son víctimas, y (iv) aplicar los mejores remedios para solventar las diferencias a las que están sometidas. En este sentido, una decisión que no aplique el enfoque de género no tiene una vocación de asegurar la imparcialidad del operador que la expidió, máxime considerando que, para las mujeres, existe una presunción de discriminación.

 

132. De esa manera, la aplicación del enfoque de género en los procesos de tutela comporta garantías procesales y sustanciales que tienen como finalidad garantizar la igualdad sustantiva respecto a actos constitutivos de violencia en contra de la mujer. Específicamente, las garantías procesales tienen que ver con la conducción de las instancias del proceso de tal manera que asegure una igualdad de armas entre las partes. Este tribunal ha contemplado las siguientes: (i) la no confrontación con el agresor en el artículo 5 de la Ley 1257 de 2008 y el artículo 7 de la Convención Belem do Pará. Asimismo, esta jurisprudencia ha resaltado, (ii) la participación activa de la presunta víctima en el proceso, (iii) el acceso a la información sobre el estado del proceso, (iv) la flexibilización de la carga probatoria en casos de violencia o discriminación y otorgar prevalencia a indicios, en caso de que las pruebas directas resulten insuficientes, y (v) adoptar las medidas de protección de forma oportuna[183].

 

133. De otro lado, las garantías sustanciales constituyen parámetros para el análisis del fondo de los procesos judiciales. Dentro de las mismas, esta corporación ha incluido, entre otras, (i) el análisis de los hechos, pruebas y normas con base en interpretaciones de la realidad, reconociendo la discriminación sistemática de la mujer y las interseccionalidades de las personas trans, (ii) efectuar un análisis rígido de las actuaciones del presunto agresor, (iii) no reproducir estereotipos de género y (iv) no desestimar los alegatos de violencia con fundamento en agresiones recíprocas, considerando si las mismas podían corresponder a una defensa[184].

 

134. Por tanto, resulta imperativo que las decisiones de tutela se alineen con los estándares constitucionales y jurisprudenciales. Así, la incorporación transversal del enfoque de género no solo garantiza sentencias más justas, sino que contribuye activamente a la transformación cultural y jurídica del país hacia una sociedad más equitativa y libre de violencia.

5.  Solución al caso concreto

 

135. Para la Sala es relevante señalar que, si bien en términos procesales las dos mujeres que compartieron sus experiencias al medio de comunicación El Colombiano no son parte de este proceso judicial, sí tienen un lugar esencial en esta providencia, en cuanto a la comprensión del conflicto que le corresponde resolver a esta Sala.

 

5.1. El Colombiano no vulneró los derechos del señor Federico porque su nota periodística se ajusta a los estándares constitucionales del periodismo

 

136. En línea con lo expuesto, la Sala determina que el medio de comunicación accionado no vulneró los derechos fundamentales del accionante, al haber publicado la nota periodística – incluyendo un retrato personal del actor -titulada: “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín, Audios: Caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín”.

 

137. Para la adecuada compresión de esta conclusión, se seguirá la metodología utilizada en reiteradas oportunidades por la Corte para analizar las controversias relacionadas con la libertad de expresión[185]. Por ello, en primer lugar, examinará el contexto fáctico en el que se difundió la nota periodística y, en segundo lugar, revisará ésta a la luz de los criterios definidos por la jurisprudencia para comprender su alcance.

 

138. Primero: contexto fáctico. La jurisprudencia constitucional, en concordancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos[186], ha señalado la importancia de analizar la expresión como tal en su contexto, esto para delimitar la controversia e identificar los aspectos relevantes de cara a una posible violación de la libertad de expresión[187].  En ese sentido, se identifican los siguientes elementos:

 

1. a) Los participantes en el conflicto

 

139. Federico – el accionante – es médico, especialista en ortopedia y traumatología, director médico y miembro de la junta directiva de la Clínica[188].

 

140. El Colombiano – accionado – es un medio de comunicación masivo que “se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas multimediales informativas, de tendencias y de otros recursos destinados a mejorar la calidad de vida del individuo”[189].

 

1. b) Las mujeres que compartieron su testimonio a El Colombiano

 

141. La pieza periodística publicada el 31 de octubre de 2024 titulada: “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín, Audios: Caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín”, tuvo como origen el testimonio de dos mujeres, cuya identidad está protegida por el anonimato, pero cuya existencia no será puesta en duda por esta Corporación, premisa esencial de este análisis constitucional.

 

142. En tal sentido, independientemente del estudio que compete al análisis de las tensiones entre la libertad de prensa y los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la presunción de inocencia del peticionario, la Sala advierte que el contenido de la nota periodística refleja una problemática estructural que afecta particularmente a las mujeres en Colombia y en otros contextos globales. Estas mujeres, tras haber enfrentado presuntamente hechos que vulneran su integridad física y emocional, optaron por acudir al periodismo como medio legítimo para visibilizar sus denuncias, y exigir justicia, plenamente conscientes de las consecuencias que dicha exposición puede acarrear para su dignidad, seguridad personal y proyecto de vida.

 

1. c) El origen del conflicto constitucional

 

143. Como se indicó, el 31 de octubre de 2024 el medio de comunicación El Colombiano publicó la noticia objeto de debate, la cual se divulgó a través del diario impreso, que circula en el nivel nacional, y las distintas plataformas digitales y redes sociales, incluyendo una fotografía del accionante. En consecuencia, el actor consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia, a la intimidad personal y familiar, y a la imagen personal.

 

144. Segundo: criterios para comprender el alcance de la expresión cuestionada. Como se indicó, la libertad de expresión ampara la forma, contenido y medio a través del que se transmite la expresión. Para determinar el alcance de la expresión, el equilibrio entre los derechos en tensión y la manera adecuada de garantizarlos, la Corte ha empleado los criterios de quién comunica, sobre quién o qué comunica, a quién comunica y cómo comunica. A partir del contexto fáctico expuesto en el caso concreto, la Sala responderá a estas preguntas:

 

145. (i) Quién comunica: un periodista, a través del diario impreso, que circula en el nivel nacional, y las distintas plataformas digitales y redes sociales de El Colombiano. Este medio de comunicación masivo se caracteriza por su enfoque en la “investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas multimediales informativas, de tendencias y de otros recursos destinados a mejorar la calidad de vida del individuo”[190].

 

146. (ii) Sobre qué y sobre quién comunica: en el caso concreto, se comunica una denuncia relacionada con hechos de un presunto acoso sexual sufridos por dos mujeres en su entorno laboral. El contenido informativo aborda las experiencias de las víctimas, quienes brindaron sus testimonios al diario El Colombiano bajo la garantía de la reserva de la fuente, solicitando conservar el anonimato debido al impacto personal y profesional que suelen generar este tipo de denuncias. Asimismo, se comunica sobre el médico ortopedista Federico, señalado por ambas mujeres como presunto agresor, en el marco de los hechos denunciados.

 

147. (iii) A quién comunica: El portal de El Colombiano constituye un medio de comunicación de acceso abierto al público en general. En esa medida, cualquier persona puede consultar sus publicaciones sin necesidad de realizar una suscripción o efectuar algún tipo de pago. Además del formato impreso, su contenido también está disponible en línea a través de la página web https://www.elcolombiano.com, lo cual permite que la información divulgada tenga alcance frente a una audiencia indeterminada, sin restricciones de acceso. Eventualmente, su información encuentra un auditorio nutrido en personas interesadas en discusiones de género.

 

148. (iv) Cómo comunica: El Colombiano – para los fines del caso concreto – comunicó los hechos mediante el género periodístico de la noticia[191], en ejercicio del periodismo informativo. La difusión se realizó a través de sus diversas plataformas digitales y redes sociales oficiales. Es importante señalar que el artículo objeto de análisis incluyó la reproducción de los testimonios de las mujeres denunciantes, así como los comentarios y glosas elaboradas por las periodistas encargadas de la investigación. Asimismo, se destinó un espacio para transcribir las versiones del señor Federico, identificado por las denunciantes como presunto agresor, y del gerente de la Clínica, Daniel.

 

149. A continuación, la Sala aplicará las subreglas, principios y estándares mencionados en la nota periodística publicada por El Colombiano el 31 de octubre de 2024 titulada: “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín, Audios: Caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín” y a las expresiones que el accionante cuestiona de la denuncia presentada por dos mujeres por hechos constitutivos de acoso sexual. La Sala no repetirá integralmente el relato, sino que recordará brevemente su contenido (lugar, modo, tiempo), considerando que los relatos de las víctimas no están sujetos a los principios de veracidad e imparcialidad, de manera que, en criterio de la Corte, su reproducción, por sí sola (i) está protegida por la reserva de la fuente y (ii) no desconoce los derechos del accionante.

 

150. a) Síntesis de la noticia: dos jóvenes, de menos de 25 años, denunciaron el acoso sexual del cual presuntamente fueron víctimas en su lugar de trabajo, desde finales del año 2022 hasta agosto del 2024, por parte de uno de los médicos ascritos a la Clínica, quien también era socio de la misma. Sin embargo, pese a las diversas quejas presentadas ante el área de Gestión Humana de la clínica —dependencia que las remitió al Comité de Convivencia Laboral — no obtuvieron una respuesta adecuada para darles a las víctimas suficientes garantías de no repetición.

 

151. b) Elementos adicionales de la noticia: el relato es acompañado del testimonio de las dos mujeres víctimas de acoso sexual. También se presentan imágenes de una conversación sostenida, en Whatsapp,  entre una de ellas y Federico, además de las versiones del presunto agresor, y del gerente de la Clínica. El medio accionado, además, tiene una fotografía en la que una de las víctimas comparte una lesión causada por el accionante[192]. Asimismo, la nota periodística reseñó que una de las denunciantes va a terapia psicológica por esos hechos y la otra está por iniciar un proceso psiquiátrico por “ideación suicida sin intento”[193]. De igual manera, la abogada Yamile Roncancio, socia de MMD Abogadas Asociadas y experta en violencias contra mujeres y niñas, dialogó con ese diario, manifestando que la empresa no protegió el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las denunciantes, lo que podría poner en riesgo la integridad física de las víctimas.

 

152. c) Análisis de la Corte: para comenzar, destaca la Sala que la transcripción del testimonio de quienes denuncian violencia basada en género como la descripción que el periodista hace de los hechos, se ubica en el ámbito de la información y frente a ellas son predicables, respecto del periodista, el deber de satisfacer los estándares de veracidad e imparcialidad.

 

153. En ese orden de odeas, se advierte que la noticia inició con una breve reseña del caso, en la que se afirma lo siguiente:

 

“Dos jóvenes, de menos de 25 años, en medio de un difícil escenario laboral, encontraron en la solidaridad entre ellas la manera de enfrentar el acoso sexual del que fueron víctimas por parte de un hombre que no solo era socio de la clínica en la que trabajaban, sino que ejercía allí como médico ortopedista. La clínica, por su parte, a juzgar por los hechos, no parece haber respondido de la manera adecuada para darles a las víctimas suficientes garantías de no repetición”[194]

 

154. Esta aseveración del periodista, contrario a lo sostenido por las autoridades judiciales que fungieron como jueces constitucionales de primera y de segunda instancia, no determina la culpabilidad del accionante en relación con las conductas que se le endilgan, sino que se limita a contextualizar los hechos a partir del relato de quienes serían las víctimas directas. En ese orden de ideas, la única opinión que realiza el periodista respecto de la situación que está informando se encuentra en la última frase en la que sostiene que “[L]a clínica, por su parte, a juzgar por los hechos, no parece haber respondido de la manera adecuada para darles a las víctimas suficientes garantías de no repetición”[195], la cual en todo caso no compromete el estándar de imparcialidad, en la medida en la que se plantea en términos de una duda razonable.

 

155. Posteriormente, continuó el relato con una síntesis de los hechos del presunto acoso sexual del que fueron víctimas “Laura” y “Tatiana”[196]. Relató la pieza periodística que cuando las jóvenes informaron verbalmente la situación a la administración de la Clínica, una persona del área de Gestión Humana les dijo que redactaran la queja por escrito y agregó que no era la primera vez que conocían de algo así en esa institución prestadora de servicios de salud (IPS).

 

156. Luego, el periodista reseñó el relato de Laura, así:

 

“Laura relata que, a mediados de agosto, el ortopedista la llamó en horario  laboral a su oficina. Allí, le preguntó sobre cosas del trabajo, pero luego le preguntó si era casada o soltera y después, le pidió un beso. Ella entró en pánico y su reacción fue intentar huir de ese lugar para ponerse a salvo. Pero el médico, que tenía un alto cargo en la clínica, se le atravesó para impedírselo, la cogió con fuerza del brazo y la coaccionó para que accediera a su acto abusivo. “Estaba parado al lado de la puerta y agarrándome me dijo ‘yo no la estoy obligando a nada, aquí no va a pasar nada que los dos no queramos’, así que le di un pico así como de lado y a la carrera. Me soltó y salí casi corriendo”, recuerda.

Una vez salió, llegó a su puesto consternada, con lágrimas y temblando. Una compañera le preguntó si había pasado algo con el doctor. Laura ni siquiera pudo hablar y, de la  impresión que le causó el suceso, lo único que pudo hacer su compañera fue ayudarla a ir al baño. A los días siguientes, dice, no pudo trabajar bien por pensar que tendría que verlo de nuevo.”[197]

157. Posteriormente, expuso lo narrado por Tatiana:

 

“Tatiana, entre tanto, decidió apoyar a Laura no solo por solidaridad, sino porque le constaba que era cierto. Según narra, Federico estuvo ejerciendo violencia sexual contra ella desde finales de 2022. Sufrió esa situación en silencio porque “quien estaba abusando de mí es un doctor importante en la clínica y pensé que no me iban a creer”.

 

(…)

Después de acompañar a Laura a Gestión Humana, decidió enviarles una carta anónima contándoles su caso. Pero señala que se sintió “acorralada por la clínica”, pues en un comité de convivencia “el gerente (de la clínica) leyó la carta y por descarte supieron que era yo”[198].

158. En respuesta a la denuncia de las víctimas, el medio de comunicación contactó telefónicamente al accionante[199], quien insistió en que la versión de las mujeres “carece de contexto”, indicando lo siguiente: “nunca tuve una posición de poder ante ellas, no tengo ninguna injerencia en sus contrataciones o vinculaciones y lo de ser accionista solo me da derecho a hacer parte de una asamblea de socios y de una administración”[200]. Además, mencionó que está a la espera de que el proceso disciplinario promovido por la clínica termine.

 

159. En cuanto a la situación laboral y emocional de las jóvenes, el diario informó:

 

“Actualmente, Laura está desempleada y yendo a terapia psicológica por estos hechos; por su parte, Tatiana sigue laborando en la IPS (en teletrabajo, pues la clínica aceptó esa petición de la abogada Roncancio) mientras espera iniciar un proceso psiquiátrico luego de un diagnóstico que señaló “ideación suicida sin intento” y de un cuadro de trastorno de estrés postraumático. Estas atenciones de Tatiana las ha pagado MMD Abogadas Asociadas y las de Laura, de su bolsillo.”[201]

 

160. Para concluir, el periodista plasmó lo siguiente:

 

“Queda más por contar de estos hechos, que involucran contradicciones y posiciones “bastante escuetas” de la institución, así como la duda de si los casos de Laura y Tatiana fueron casos aislados o aún hay relatos que están esperando ser escuchados.”[202]

 

161. La labor desplegada por el medio de comunicación El Colombiano para la elaboración de la nota periodística titulada “Exclusivo: caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín, Audios: Caso de acoso sexual a dos mujeres tiene contra la pared a clínica de Medellín”, se desarrolló dentro del marco de los principios de veracidad e imparcialidad exigidos constitucional y jurisprudencialmente. El contenido fue construido sobre la base de los testimonios obtenidos de las personas involucradas en los hechos, así como de otros actores con interés en el asunto, además del respaldo objetivo derivado del trámite disciplinario promovido por la clínica[203]. Particularmente, el periodista centró su enfoque en las manifestaciones de las jóvenes víctimas, sin emitir apreciaciones personales ni alterar el sentido de lo expresado por los entrevistados, lo que demuestra un ejercicio legítimo y responsable de la actividad informativa.

 

162. En relación con la solicitud de retractación presentada por la parte accionante ante el medio de comunicación accionado, esta Sala advierte que, conforme a la jurisprudencia constitucional, dicha petición comporta una carga probatoria específica que recae en quien la formula[204]. No resulta suficiente con alegar que la información publicada es imprecisa o contraria a la realidad, pues ello exige la acreditación de circunstancias que desvirtúen la presunción de veracidad, imparcialidad y buena fe que ampara al medio en el ejercicio legítimo de la actividad informativa. Esta presunción encuentra respaldo en el artículo 20 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a la libertad de expresión y de información, siempre que se ejerza dentro de los límites constitucionales y con observancia del respeto a los derechos de los demás.

 

163. En ese sentido, se advierte que el accionante no logró desmentir los hechos relatados en la publicación, ni allegó pruebas que desvirtuaran las denuncias formuladas por las víctimas. Su intervención se limitó a expresar inconformidad frente a las versiones de las jóvenes mujeres y a manifestar su desacuerdo con la inclusión de su imagen en el relato, lo cual no resulta suficiente para acreditar la afectación al derecho fundamental alegado. Además, la Sala precisa que la respuesta a la solicitud de retractación por parte del medio de comunicación accionado fue adecuada y conforme con la jurisprudencia constitucional[205].

 

164. Por otro lado, resulta pertinente señalar que la nota periodística se limitó a reproducir las declaraciones de las jóvenes que denunciaron los hechos constitutivos de acoso sexual, incorporando en su contenido lo manifestado por ellas. En ningún momento el periodista identificó al accionante como responsable de los hechos denunciados, ni le atribuyó responsabilidad penal alguna por los mismos.

 

165. Al respecto, este tribunal ha señalado que el derecho a la libertad de información comprende tanto la facultad de investigar y difundir hechos de interés público como la obligación de garantizar veracidad e imparcialidad en el contenido difundido. Así, cuando los medios de comunicación se limitan a reproducir declaraciones de terceros sin emitir juicios de valor sobre la responsabilidad de los involucrados, se entienden amparados por la libertad de información[206].

 

166. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el periodista no incurre en responsabilidad cuando cumple con los deberes de diligencia informativa, especialmente en contextos de denuncias públicas sobre hechos sensibles como el acoso sexual, los cuales deben ser abordados con especial cuidado para no generar afectaciones indebidas a derechos como el buen nombre y la presunción de inocencia[207].

 

167. Ahora bien, en lo que respecta a la protección del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, resulta imperioso destacar que el tema abordado en la nota periodística reviste una especial relevancia constitucional, al tratarse de un discurso orientado a visibilizar conductas de afectación a derechos fundamentales. Por ello, dicho contenido ostenta la calidad de discurso constitucionalmente protegido, en la medida en que busca generar conciencia pública, prevenir la repetición de hechos similares y promover la garantía efectiva de derechos.

 

168. En cuanto al derecho a la imagen que el accionante invoca como vulnerado por parte del medio de comunicación accionado, es pertinente precisar lo siguiente:

 

169. En el escrito de tutela y en la contestación remitida por la parte accionada se evidencia que, en la nota periodística que se publicó en la página web del medio de comunicación, se incluyó el retrato del señor Federico. En contraste, en la versión impresa remitida, en sede de revisión por El Colombiano, no se observa la imagen personal del accionante:

 

 

Fuente: El Colombiano – versión impresa

 

170. Por tanto, con base a las pruebas allegadas por las partes, se tiene que la versión en línea de la nota periodística sí contenía el retrato del acccionante[208]. No obstante, ese simple hecho no determina que dicha publicación haya vulnerado el derecho a la imagen del actor.

 

171. En relación con el uso de la imagen por parte de los medios de comunicación, este tribunal ha desarrollado una serie de reglas jurisprudenciales orientadas a resolver las tensiones que pueden surgir entre el derecho a la imagen y los derechos a la libertad de expresión y de información. En ese sentido, y teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto, dichas disposiciones se aplican conforme a los siguientes lineamientos:

 

172. a) No mediación de consentimiento expreso: Desde una perspectiva de género, este análisis exige reconocer que imponer el consentimiento previo al presunto agresor puede restringir la posibilidad de denunciar públicamente dinámicas sistemáticas de abuso de poder que históricamente han sido invisibilizadas. En el caso concreto, el uso de la imagen del accionante por parte del medio de comunicación accionado se justifica constitucionalmente por el interés público de la información divulgada[209], ya que el derecho del periodista cobija, además de las fuentes propiamente dichas, todo el material documental que hace parte del ejercicio periodístico en cuestión, en aras de proteger la independencia e integridad de la labor del comunicador[210]. Desde esta perspectiva, la Sala advierte que los derechos a la intimidad y a la propia imagen del actor deben ceder ante la libertad de información del periodista, en el marco de su labor profesional. Esta limitación se justifica para preservar la independencia periodística, y además es restringida, ya que se refiere exclusivamente al contenido del artículo, protegido por la libertad de expresión. Las imágenes utilizadas forman parte integral del material informativo, no son accesorias, puesto que contribuyen directamente al desarrollo de la nota periodística publicada por el medio de comunicación accionado.

 

173. La ponderación entre el derecho a la imagen y el interés público cobra especial relevancia en este caso, en tanto que el contenido informativo difundido no solo responde a una necesidad de denunciar unos hechos, sino que contribuye a eliminar patrones de impunidad asociados a la violencia de género. La Corte ha sostenido que el ejercicio de la libertad de información puede incluir expresiones gráficas como la imagen personal, siempre que exista un interés legítimo y socialmente relevante que lo justifique[211]. Por tanto, la utilización del retrato del presunto agresor, bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y veracidad, no constituye una vulneración injustificada de su derecho fundamental, sino una herramienta legítima para fortalecer la conciencia pública frente a conductas que afectan gravemente el tejido social y los derechos de las mujeres.

 

174. b) Protección de la intimidad: Se advierte que la imagen del accionante que se divulgó en la versión virtual del artículo por parte de El Colombiano tiene una relación de conexidad con la finalidad pretendida con la noticia, pues la intención del medio de comunicación era, precisamente, informar un hecho de relevancia social, relacionado con la denuncia de un caso de violencia basada en género.

 

175. A partir de este análisis, es esencial reconocer que la protección de la intimidad no debe convertirse en un obstáculo para la visibilización de conductas que afectan gravemente los derechos humanos, en particular los de las mujeres. La jurisprudencia constitucional[212] ha reiterado que el derecho a la intimidad puede ceder frente a intereses superiores, como la defensa de la verdad, la protección de víctimas y la garantía de acceso a la información. En este sentido, cuando la imagen divulgada guarda una relación directa con el contenido de la denuncia y permite ilustrar o contextualizar un hecho de relevancia social, su publicación puede considerarse como legítima.

 

176. c) Rectificación y defensa:  En el caso objeto de estudio, se evidencia que la parte accionante ejerció dicho mecanismo de defensa ante el medio de comunicación accionado, sin perjuicio de que la respuesta obtenida no haya satisfecho plenamente sus pretensiones. Esta circunstancia no desvirtúa, por sí sola, la legitimidad de la denuncia ni el interés público del contenido difundido.

 

177. En este escenario, la Corte ha advertido que el ejercicio del derecho de rectificación debe armonizarse con el principio de buena fe y el respeto por los derechos de las víctimas. En la sentencia T-043 de 2015, se afirmó que la acción de tutela no puede ser utilizada como mecanismo de censura frente a contenidos de interés público, especialmente cuando estos contribuyen al debate democrático y a la denuncia de conductas reprochables. Del mismo modo, en la sentencia T-277 de 2019, el tribunal reiteró que las autoridades judiciales deben ser garantes de que el uso de herramientas legales no se desvíe para hostigar o silenciar voces que buscan justicia, reconociendo el fenómeno del acoso judicial como una forma de re victimización institucional. Por lo tanto, si bien la acción de tutela es un mecanismo legítimo de defensa, su activación no debe impedir el escrutinio público ni debilitar la función social de los medios de comunicación cuando estos actúan bajo criterios de veracidad, responsabilidad y respeto por los derechos fundamentales.

 

178. d) Interés público:  Al respecto, se advierte que la actuación desplegada por El Colombiano se enmarca en el ejercicio legítimo de la actividad periodística, orientada por el principio de interés general. La divulgación de los hechos, incluyendo la imagen del presunto agresor, respondió a un propósito informativo vinculado a una problemática social de alta sensibilidad, sin que ello implique una transgresión a los límites constitucionales de la libertad de expresión. Como sustento, la Corte[213] ha sostenido que el principio de interés público constituye un eje fundamental para la protección de la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de hechos que afectan a colectivos vulnerables.

 

179. En consecuencia, la Sala concluye que el uso de la imagen por parte de los medios de comunicación resulta legítimo cuando se realiza con el propósito de informar sobre hechos de interés público y relevancia social. Esta protección se refuerza especialmente en casos relacionados con violencia basada en género, en los que la divulgación cumple una función social de visibilización, prevención y denuncia[214]. En el caso objeto de análisis, la publicación de la imagen se enmarca dentro del ejercicio legítimo de la libertad de prensa, sin que se advierta una afectación desproporcionada a los derechos fundamentales del accionante.

 

180. En ese contexto, la tensión que se presenta entre el derecho a la imagen —en cuanto manifestación de la intimidad y del reconocimiento personal— y el derecho a la libertad de información —como expresión de la libertad de prensa y de opinión— debe resolverse mediante un juicio de ponderación, atendiendo a la finalidad, veracidad y relevancia social del contenido divulgado. Así, cuando la información está orientada a denunciar hechos de violencia contra la mujer, en ejercicio legítimo de un periodismo responsable y respetuoso de los límites constitucionales, prevalece el interés público sobre las afectaciones particulares, salvo que se demuestre un exceso o desviación que vulnere derechos fundamentales.

 

181.  Sin embargo, la Sala estima necesario recordar la relevancia del uso de un lenguaje prudente y dubitativo por parte de los medios de comunicación, especialmente en aquellos casos en los que no se ha establecido judicialmente la responsabilidad de los involucrados. Esta precaución no solo responde al deber de informar con veracidad y equilibrio, sino que también contribuye a la protección de los derechos fundamentales de las personas, como la presunción de inocencia, el buen nombre y la honra, ya que evita juicios anticipados que puedan generar afectaciones irreparables[215].

 

182. Así, en una sociedad que busca erradicar la violencia basada en género, los medios de comunicación se convierten en aliados fundamentales para la construcción de una conciencia colectiva. Su labor no se limita únicamente a informar, sino que se transforma en un canal para que las mujeres pueden denunciar los hechos de violencia de los cuales son víctimas. Al visibilizar casos que, de otro modo, permanecerían en la sombra, los medios contribuyen a desnormalizar el maltrato y a empoderar a las víctimas, brindando un espacio para que sus historias se escuchen, se comprendan y se transformen en motores de cambio. Este papel activo en la prevención no debe minimizarse, sino reconocerse como una función social que exige compromiso ético y responsabilidad.

 

183. Es urgente reivindicar el periodismo con enfoque de derechos, aquel que articula la libertad de prensa con el respeto a la dignidad humana y la promoción de una sociedad más justa. Cuando los medios asumen con seriedad su misión de informar sobre violencias estructurales, abren caminos hacia la reparación simbólica, fortalecen el tejido social y promueven la construcción de políticas públicas sensibles al género. En este sentido, cada reportaje, cada imagen y cada titular que denuncia agresiones contra mujeres se convierte en una herramienta de resistencia y transformación. Aplaudir esta labor es también una forma de comprometerse como ciudadanía con la erradicación de todo tipo de violencia.

 

184. Con base en lo analizado, la Sala concluye que la nota periodística publicada por El Colombiano se encuentra resguardada por el derecho a la libertad de información, como expresión legítima de la libertad de expresión consagrada constitucionalmente. Tal garantía ampara tanto la emisión como la recepción de contenidos informativos, siempre que se cumplan los deberes correlativos de veracidad, imparcialidad y responsabilidad en cabeza del emisor.

 

5.2. Ausencia de perspectiva de género en las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.

 

185. La aplicación del enfoque de género en las providencias judiciales constituye una obligación constitucional para los operadores judiciales, derivada del mandato de igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. La Corte ha reiterado, en múltiples pronunciamientos[216], que los jueces deben incorporar esta perspectiva como herramienta hermenéutica para identificar y corregir situaciones de discriminación estructural que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.

 

186. En ese orden de ideas, es evidente que las decisiones proferidas por el Juzgado 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia omitieron la aplicación de un enfoque de género que permitiera (i) valorar de manera adecuada a los sujetos y su contexto, (ii) identificar las circunstancias en las que se favorecen o discriminan a las mujeres, incluyendo las interseccionalidades que las rodean, (iii) comprender las variadas formas de discriminación de las que son víctimas, y (iv) aplicar los mejores remedios para solventar las diferencias a las que las que están sometidas.

 

187. Así las cosas, se tiene que los jueces constitucionales de primera y de segunda instancia, para efectos de adoptar sus decisiones, en las que se concluyó que el medio de comunicación accionado vulneró los derechos fundamentales de Federico, consideraron (i) que el artículo se basó en pruebas  inciertas y en las “meras afirmaciones”[217] de las denunciantes; y (ii) que el periodista actuó como un juez porque se refirió al accionante como un sujeto culpable de las conductas que le fueron endilgadas.

 

188. Al respecto, se advierte que ambas autoridades judiciales omitieron que la noticia se fundamentó en el relato de las mujeres que presuntamente fueron víctimas de violencia basada en género. En ese sentido, omitieron (i) considerar el contexto de éstas últimas, es decir, el hecho de que se trata de dos mujeres trabajadoras y, por ende, dependientes tanto del accionante como de la clínica; (ii) verificar el contexto de discriminación y de violencia que históricamente ha rodeado a las mujeres en el país, situación que esta Sala considera esencial, porque como se indicó en los fundamentos teóricos de esta providencia, el discurso que pretende denunciar la violencia basada en género está constitucionalmente protegido y, en ese sentido, la labor de los periodistas se constituye en una herramienta esencial; y (iii) aplicar los mejores remedios posibles, situación que sin duda implicaba valorar de manera diferencial la fuente de la información que sirvió de fundamento para la noticia.

 

189. Sobre este punto, vale la pena resaltar que los testimonios de las mujeres víctimas de acoso sexual fueron relegados por parte de los jueces constitucionales, sin que se realizara una valoración adecuada que permitiera comprender el contexto en el que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados. Esta omisión, no solo obstaculiza su acceso efectivo a la justicia, sino que contribuye a la perpetuación de patrones de discriminación estructural por razón de género. Al no reconocer las condiciones particulares que rodean a las víctimas —incluyendo sus vulnerabilidades y las dinámicas de poder que enfrentan — se les niega la posibilidad de una reivindicación justa, profundizando así el dolor y la invisibilización que históricamente han padecido.

 

190. La omisión de las reglas jurisprudenciales por parte del juez de tutela implica una lectura sesgada del conflicto, que invisibiliza las dinámicas de poder y los contextos de vulnerabilidad que rodean a las mujeres denunciantes. En consecuencia, no solo se desvirtúa el principio de imparcialidad judicial, sino que se perpetúan patrones de discriminación institucional contrarios al mandato constitucional de igualdad sustantiva y al deber de adoptar medidas reforzadas para proteger los derechos de quienes históricamente han sido marginadas.

 

5.3. Remedios constitucionales

 

191. Sobre la base de los fundamentos expuestos, la Sala revocará la decisión proferida, en segunda instancia, el 13 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó la decisión del Juez 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en el sentido de conceder parcialmente el amparo de los derechos fundamentales de Federico, y en su lugar, se negará la acción constitucional.

 

192. La Sala tomará esta decisión debido a que no comparte las razones por las cuales los jueces de tutela de ambas instancias accedieron parcialmente a la solicitud de amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra, al buen nombre, a la presunción de inocencia, a la intimidad personal y familiar, y a la imagen personal, además de que no estima acertado el remedio constitucional adoptado en el fallo de primera instancia, el cual ordenó al medio de comunicación accionado a eliminar la nota periodística publicada el 31 de octubre de 2024, además de publicar y difundir una nota de rectificación.

 

193. Ahora bien, con el ánimo de promover un ejercicio responsable de la labor informativa, la Sala considera oportuno recordar al medio de comunicación El Colombiano que, el uso de un lenguaje prudente y de carácter dubitativo no sólo materializa el deber de informar con veracidad y equilibrio, sino que también contribuye a la protección de la presunción de inocencia, el buen nombre y la honra de las personas involucradas, ya que evita juicios anticipados que puedan generar afectaciones irreparables.

 

194. En el marco del principio de igualdad sustancial y la obligación del Estado de erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, la Sala advierte que cualquier decisión judicial debe ponderar no sólo los derechos del accionante, sino también el impacto estructural que pueden tener los fallos en la protección efectiva de los derechos de las víctimas. La nota periodística controvertida se enmarca en el ejercicio legítimo de la libertad de prensa, especialmente cuando tiene como finalidad denunciar hechos de violencia basada en género. Su eliminación, sin evidencia de falsedad o intención dolosa, significaría una regresión en los avances normativos y jurisprudenciales que reconocen el papel del periodismo como herramienta de transformación social y prevención de violencias.

 

195. Adicionalmente, es imperativo reafirmar que la protección del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres implica un compromiso transversal en todos los ámbitos institucionales, incluyendo el judicial. En tal sentido, las decisiones que pretendan censurar la divulgación de hechos de violencia deben examinarse con especial rigor, asegurando que no se neutralice el derecho de las mujeres a denunciar, ni se limite la labor de quienes visibilizan estas problemáticas. La Sala, al revocar las decisiones de los jueces de instancia, reafirma que, en contextos de violencia de género, el interés público y los deberes constitucionales de prevención y erradicación de dicha violencia prevalecen sobre afectaciones reputacionales cuando estas no se traducen en vulneraciones graves o injustificadas.

 

196. Finalmente, la Sala reitera que la jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido que la aplicación de la perspectiva de género en las providencias judiciales no es simplemente una opción interpretativa, sino una exigencia derivada de los principios de igualdad y no discriminación. Por tanto, la Corte ha establecido que los operadores judiciales deben identificar y desmontar estereotipos que perpetúan desigualdades estructurales, especialmente cuando se trata de mujeres, quienes viven condiciones de vulnerabilidad por razones de su género.

 

197. Aplicar la perspectiva de género en las sentencias judiciales tiene profundas implicaciones prácticas que transforman, tanto la forma de analizar los casos como los efectos de las decisiones. Para comenzar, exige que los jueces y juezas reconozcan las desigualdades estructurales que enfrentan las personas según su género, evitando la reproducción de estereotipos y prejuicios que históricamente han limitado el acceso efectivo a la justicia. Por ejemplo, en casos de violencia de género, esta perspectiva permite evaluar el contexto y los patrones de dominación o control, en lugar de juzgar los hechos desde una neutralidad formal que puede invisibilizar la agresión.

 

198. De esta manera, al analizar el caso específico, se evidenció que los jueces de tutela omitieron pronunciarse y adoptar decisiones con enfoque de género, esto pese a que, el artículo noticioso que desencadenó la acción de tutela que, actualmente se encuentra en sede de revisión, informó acerca de hechos que podrían llegar a ser constitutivos de violencia basada en género. Por lo anterior, las decisiones de tutela, debieron advertir que el discurso que promueve la denuncia de este tipo de violencias, está constitucionalmente protegido.

 

199. En esa medida, esta Sala exhortará al Juez 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia para que, en adelante, apliquen el enfoque de género en la  valoración de los asuntos en los que se cuestione la denuncia de los hechos de violencia basada en género, esto en concordancia con la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional.

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO.– REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 13 de febrero de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que confirmó la decisión del Juez 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en el sentido de conceder parcialmente el amparo de los derechos fundamentales de Federico. En su lugar, NEGAR la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

 

SEGUNDO.– EXHORTAR al Juez 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia para que, en lo sucesivo, apliquen en sus decisiones el enfoque de género, especialmente en aquellos casos en el que se discute el derecho a la mujer a una vida libe de violencia, en atención a lo contemplado en la normativa vigente y en concordancia con la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional.

 

TERCERO.– Por la Secretaría General de la Corte, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.

 

Notifíquese, comuníquese, cúmplase.

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

Aclaración de voto

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

[1] Acuerdo 01 de 2025. El Reglamento de la Corte Constitucional establece que, en la publicación de las providencias, las salas de la Corte o el magistrado sustanciador, en su caso, podrán disponer que se omitan nombres o circunstancias que identifiquen a las partes. Asimismo, el artículo 1° de la Circular Interna No. 10 de 2022 dispone que se deben omitir de las providencias que se publican en la página Web de la Corte Constitucional, los nombres reales de las personas cuando, entre otros eventos, “(i) se haga referencia a su historia clínica u otra información relativa a la salud física o psíquica; (ii) se trate de niñas, niños o adolescentes, salvo aquellos datos de naturaleza pública; o (iii) se pueda poner en riesgo el derecho a la vida e integridad personal o el derecho a la intimidad personal y familiar.” Énfasis por fuera del texto original.

[2] Expediente digital. Archivo “002EscritoTutela.pdf”. Folios 1-26.

[3] Expediente digital. Archivo “0002EscritoTutela.pdf”. Folios 20-23.

[4] Expediente digital. Archivo “0002EscritoTutela.pdf”. Folio 2.

[5] Expediente digital. Archivo “0002EscritoTutela.pdf”. Folios 2-3.

[6] Expediente digital. Archivo “0002EscritoTutela.pdf”. Folio 3.

[7] Expediente digital. Archivo “0002EscritoTutela.pdf”. Folio 5.

[8] Ibidem.

[9] Expediente digital. Archivo “0002EscritoTutela.pdf”. Folio 6.

[10] Expediente digital. Archivo “0002EscritoTutela.pdf”. Folio 7.

[11] Expediente. Archivo “010AutoAdmiteTutela.pdf”. Folio único.

[12] Expediente. Archivo “005AutoRemiteTutelaPorCompetencia.pdf”. Folios 1-2. Previo a la admisión de la acción de tutela, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en auto de fecha 9 de diciembre de 2024, declaró la no competencia para conocer el asunto, ordenando el envío del amparo constitucional a los Jueces del Circuito de Medellín para reparto.

[13] Expediente. Archivo “012ContestacionElColombiano.pdf”. Folios 2-45.

[14] Ibidem.

[15] Ibidem.

[16] Expediente digital. Archivo “013SentenciaTutela.pdf”. Sentencia de tutela de primera instancia. Folios 1-11.

[17] Expediente digital. Archivo “018.1Impugnacion.pdf”. Folios 1-46.

[18] Ibidem.

[19] Ibidem.

[20] Expediente digital. Archivo “031SentenciaTutelaSegundaInstancia.pdf”. Sentencia de tutela de segunda instancia. Folios 1-23.

[21] Expediente digital. Archivo “Informe de pruebas 12-06-25.pdf.pdf”. Folio único.

[22] Expediente digital. Archivo “Informe de pruebas 07-julio-25.pdf”. Folio único.

[23] La parte accionada remitió escrito de respuesta en fecha 9 de julio de 2025, efectuando pronunciamiento respecto al auto de pruebas del 12 de junio de 2025.

[24] Expediente digital. Archivo “Respuesta El Colombiano.pdf”. Folios 1-4.

[25] Expediente digital. Archivo “Solicitud de retractación periódico El Colombiano.pdf”. Folios 1-15 – Archivo “Respuesta a retractación.pdf”. Folios 1-3.

[26] Expediente digital. Archivo “Respuesta El Colombiano.pdf”. Folios 1-4.

[27] Ibidem.

[28] Ibidem.

[29] Ibidem.

[30] Expediente digital. Archivo “Intervención FLIP.pdf”. Folios 1-12.

[31] Auto notificado el 13 de mayo de 2025.

[32] La norma en cita establece que: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (…)”. Énfasis no original.

[33] “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

[34] Expediente digital. Archivo “0002EscritoTutela.pdf””. Folios 66-68. En la sentencia SU-388 de 2022, la Corte señaló que, para acreditar el requisito de legitimación en la causa por activa, cuando se actúa a través de apoderado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 exige que el poder, como acto jurídico formal, (i) conste escrito; (ii) sea especial, o si se quiere específico y particular para promover la acción de tutela; (iii) se otorgue para la defensa de los intereses en un determinado proceso y no para instaurar procesos diferentes; y (iv) el acto de apoderamiento, por regla general, se debe llevar a cabo con un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional.

[35] De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. CP, art 86; D, 2591 de 1991, art 1º.

[36] Decreto 2591 de 1991. “Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…) 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.”

[37] Decreto 2591 de 1991. “Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…) 9. Cuando la solicitud sea para tutelar a quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción.”

[38] Corte Constitucional, sentencias T-200 de 2018, T-007 de 2020 y T-452 de 2022.

[39] Sobre la indefensión, la Corte ha dicho que “(…) se manifiesta cuando la persona afectada en sus derechos por la acción u omisión del particular carece de medios físicos o jurídicos de defensa, o los medios y elementos con que cuenta resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental, razón por la cual se encuentra inerme o desamparada” (ver sentencias T-117 de 2018 y T-404 de 2021,entre otras).

[40] Corte Constitucional, sentencias T-200 de 2018 y T-007 de 2020.

^[41] Corte Constitucional, sentencia T-444 de 2013.

^[42] Corte Constitucional, sentencias SU-961 de 1999, T-282 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-018 de 2008 y T-491 de 2009.

[43] Expediente digital. Archivo “002EscritoTutela.pdf”. Folios 27-43.

[44] Expediente digital. Archivo “012ContestacionElColombiano.pdf”. Folios 87-89.

[45] Expediente digital. Archivo “004ActaReparto.pdf”. Folio único.

[46] Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal.“TÍTULO V. DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL. CAPÍTULO ÚNICO. DE LA INJURIA Y LA CALUMNIA: ARTÍCULO 220. INJURIA. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. // ARTÍCULO 221. CALUMNIA. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

[47] Al respecto, la Corte ha señalado que cuando se presenten casos relacionados con información difundida a través de los medios de comunicación y la posible afectación de los derechos a la honra y el buen nombre, las vías penal y civil pueden resultar ineficaces para la protección que se demande, por lo que se puede actuar directamente a través de la acción de tutela con base en la Constitución (sentencia T-357 de 2015). De igual manera, la Corte ha advertido que si bien no existe una prohibición expresa, diversos organismos de derechos humanos han señalado la necesidad de no adoptar medidas penales, en tanto es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades (sentencia T-543 de 2017). Reiterado en sentencia T-452 de 2022.

[48] Corte Constitucional, sentencias C-489 de 2002, T- 088 de 2013 y T-357 de 2015.

[49] Corte Constitucional, sentencia T-452 de 2022.

[50] Corte Constitucional, sentencia SU-274 de 2019.

[51] Expediente digital. Archivo “0002EscritoTutela.pdf”. Folios 32-43.

[52] Expediente digital. Archivo “0002EscritoTutela.pdf”. Folios 46-48.

[53] Según la RAE, el término “retractar” hace alusión a : revocar expresamente lo que se ha dicho. Consultado en: https://www.rae.es/drae2001/retractar

[54] Según la RAE, el término “rectificar” hace alusión a : corregir algo erróneo o inexacto. Consultado en: https://www.rae.es/diccionario-estudiante/rectificar

[55] Constitución Política de Colombia de 1991. “Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”

[56] Corte Constitucional, sentencias T-391 de 2007, T-219 de 2009, C-592 de 2012, T-110 de 2015 y T-028 de 2022.

[57] Corte Constitucional, sentencias C-135 de 2021 y T-028 de 2022.

[58] Constitución Política de 1991, artículo 20.

[59] Constitución Política de 1991, artículo 93.

[60] La Corte Constitucional ha reconocido que el periodismo cumple una función esencial en la democracia, al facilitar el control ciudadano sobre el poder y promover el debate público. En la Sentencia T-230 de 2025, la Corte reafirmó que “la libertad de prensa y de información son garantías del periodismo que autorizan su ejercicio libre para toda persona”, sin que se requiera acreditación profesional. Esta protección se extiende incluso al llamado “periodismo ciudadano”, reconociendo que cualquier persona que difunda información de interés público merece protección reforzada.

[61] El artículo 13 prohíbe expresamente la censura previa, principio que ha sido reiterado por la Corte Constitucional en múltiples fallos. A manera de ejemplo, en la Sentencia T-230 de 2025, se declaró inconstitucional la prohibición de difundir grabaciones de sesiones públicas del Concejo, al considerar que se trataba de una forma ilegítima de censura. La Corte enfatizó que “la censura previa está prohibida por la Constitución Política y por los tratados internacionales de derechos humanos”, y que cualquier restricción debe ser posterior, proporcional y justificada.

[62] La jurisprudencia constitucional ha establecido que la libertad de expresión no es absoluta, pero su restricción exige una ponderación estricta. En la Sentencia T-155 de 2019, la Corte señaló que el juez constitucional debe aplicar un test de proporcionalidad cuando se enfrenten derechos como el honor o la intimidad frente a la libertad de expresión, privilegiando siempre el remedio menos lesivo para esta última. El artículo 13 de la CADH refuerza este estándar, al exigir que toda limitación sea legal, persiga una finalidad legítima y sea necesaria en una sociedad democrática.

[63] Este concepto, presente en el artículo 13, ha sido interpretado por la Corte como un filtro que impide restricciones arbitrarias. En la Sentencia T-230 de 2025, se destacó que “la libertad de expresión es un mecanismo para controlar el ejercicio del poder y hacer posible la deliberación ciudadana sobre asuntos de interés general”. Por tanto, cualquier limitación debe estar orientada a proteger valores democráticos, nunca a silenciar voces críticas o incómodas. El periodismo, en este marco, se erige como una herramienta de fiscalización, participación y construcción de ciudadanía.

[64] Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2019.

[65] Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2021.

[66] Corte Constitucional, sentencias T-693 de 2016 y T-452 de 2022.

[67] Corte Constitucional, sentencias C-650 de 2003 y SU-274 de 2019.

[68] Corte Constitucional, sentencias C-650 de 2003 y SU-274 de 2019.

[69] Corte Constitucional, sentencia T-203 de 2022.

[70] Corte Constitucional, sentencias T-391 de 2007, C-592 de 2012, T-543 de 2017, SU-396 de 2017, T-155 de 2019, C-135 de 2021 y T-452 de 2022, entre otras.

[71] Corte Constitucional, sentencias SU-355 de 2019, C-091 de 2017 y T-452 de 2022.

[72] Corte Constitucional, sentencias SU-420 de 2019 y C-345 de 2019.

[73] Corte Constitucional, sentencia SU-396 de 2017, SU-355 de 2019, C-135 de 2021 y T-452 de 2022.

[74] Corte Constitucional, sentencia T-452 de 2022.

[75] Corte Constitucional, sentencias T-145 de 2019 y T-452 de 2022.

[76] Corte Constitucional, sentencia T-421 de 2022.

[77] Corte Constitucional, sentencia T-561 de 2023.

[78] Corte Constitucional, sentencia T-529 de 2024.

[79] Ibidem.

[80] Corte Constitucional, sentencias T-391 de 2007 y T-529 de 2024.

[81] Corte Constitucional, sentencia T-452 de 2022.

[82] Corte Constitucional, sentencias T-239 de 2018, T-361 de 2019, T-289 de 2021, T-061 de 2022, T-452 de 2022.

[83] Corte Constitucional, sentencia T-203 de 2022.

[84] Corte Constitucional, sentencias T-391 de 2007 y T-454 de 2022.

[85] Corte Constitucional, sentencias C-135 de 2021, T-028 de 2022 y T-454 de 2022.

[86] Corte Constitucional, sentencias C-616 de 1997 y T-454 de 2022.

[87] Corte Constitucional, Sentencia SU-274 de 2019 y T-454 de 2022.

[88] Corte Constitucional, sentencias T-040 de 2013, T-243 de 2018 y T-007 de 2020.

[89] Corte Constitucional, sentencia T-1198 de 2004.

[90] Corte Constitucional, sentencias T-391 de 2007, T-203 de 2022 y T-063 de 2024.

[91] Corte Constitucional, sentencias T-454 de 2022 y T-007 de 2025

[92] Corte Constitucional, sentencias T-696 de 1996 y T-454 de 2022.

[93] Corte Constitucional, sentencias T-339 de 2020 y T-454 de 2022.

[94] Corte Constitucional, sentencias T-155 de 2019 y T-454 de 2022.

[95] Corte Constitucional, sentencia SU-274 de 2019.

[96] Un análisis detallado del principio de responsabilidad social de la libertad de prensa se encuentra en los fundamentos jurídicos 58 a 67.

[97] Corte Constitucional, sentencias T-022 de 2017, SU-355 de 2019 y T-452 de 2022.

[98] Corte Constitucional, sentencias SU-355 de 2019 y T-452 de 2022.

[99] Corte Constitucional, sentencias T-260 de 2010, T-312 de 2015, T-022 de 2017 y T-452 de 2022.

[100] Corte Constitucional, sentencias T-293 de 2018 y T-452 de 2022.

[101] Corte Constitucional, sentencia T-452 de 2022.

[102] Al respecto, ver las sentencias SU-1723 de 2000, T-391 de 2007, C-442 de 2011 y T-260 de 2012.

[103] Corte Constitucional, sentencia T-452 de 2022.

[104] Corte Constitucional, sentencia T-561 de 2023.

[105] Corte Constitucional, sentencia SU-056 de 1995.

[106] Tribunal Superior de Medellín. M.P. Juan Carlos Sosa Londoño. Radicado 05001 34 03 004 2024 00005 01. Asunto: tutela contra medio de comunicación – El Colombiano. Pág. 17.

[107] Corte Constitucional, sentencias T-015 de 2015, T-050 de 2016 y T-452 de 2022.

[108] Corte Constitucional, sentencias T-914 de 2014, T-203 de 2022 y T-452 de 2022.

[109] En cuanto a la relación de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre con la dignidad humana, se ha señalado que tratándose de la honra, la relación con la dignidad humana es estrecha, en la medida en que involucra tanto la consideración de la persona (en su valor propio), como la valoración de las conductas más íntimas (no cubiertas por la intimidad personal y familiar). El buen nombre, por su parte, también tiene una cercana relación con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la reputación, protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección de la persona en el ámbito público o colectivo. En el entorno social, la garantía del derecho la honra y al buen nombre es un prerrequisito para disfrutar de muchos otros derechos. Así, por ejemplo, tratos oprobiosos o desobligantes que ofendan el buen crédito de una persona o minen el respeto por su imagen, tienen la potencialidad de disminuir sus oportunidades laborales. Corte Constitucional, sentencias C-442 de 2011, T-277 de 2015, T-007 de 2020 y T-452 de 2022.

[110] Corte Constitucional, sentencias SU-1723 de 2000, C-489 de 2002, C-276 de 2019, C-094 de 2020, T-061 de 2022 y T-452 de 2022.

[111] Corte Constitucional, sentencias T-914 de 2014 y T-452 de 2022.

[112] Corte Constitucional, sentencias T-787 de 2004, T-392A de 2014, T-914 de 2014 y T-452 de 2022.

[113] Corte Constitucional, sentencias T-275 de 2021 y T-289 de 2023.

[114] Corte Constitucional, sentencias T-050 de 2016 y T-546 de 2016.

[115] Corte Constitucional, sentencias T-634 de 2013, T-015 de 2015, T-050 de 2016 y T-546 de 2016.

[116] Corte Constitucional, sentencias T-015 de 2015, T-110 de 2015, T-007 de 2020, T-203 de 2022 y T-452 de 2022.

[117] Corte Constitucional, sentencias T-277 de 2015 y T-452 de 2022.

[118] Corte Constitucional, sentencias C-489 de 2002, T-022 de 2017 y SU-274 de 2019.

[119] Corte Constitucional, sentencias T-977 de 1999, T-022 de 2017 y SU-274 de 2019.

[120] Corte Constitucional, sentencias T-471 de 1994 y SU-274 de 2019.

[121] Corte Constitucional, sentencias C-452 de 2016, T-022 de 2017 y SU-274 de 2019.

[122] Constitución Política, artículo 29.

[123] Corte Constitucional, sentencias SU-274 de 2019, T-275 de 2021 y T-452 de 2022.

[124] Corte Constitucional, sentencias T-275 de 2021, T-040 de 2013, T-145 de 2016, SU-274 de 2019 y T-452 de 2022.

[125] Corte Constitucional, sentencias T-275 de 2021 y T-452 de 2022.

[126] Corte Constitucional, sentencias T-332 de 1993, T-369 de 1993, T-074 de 1995, T-1225 de 2003, T-626 de 2007, T-439 de 2009, T-260 de 2010, T-219 de 2012, T-040 de 2013, T-135 de 2014, T-277 de 2015 y y T-452 de 2022.

[127] Corte Constitucional, sentencias T-040 de 2013 y T-452 de 2022.

[128] “En la esfera penal, el emisor de imputaciones presuntamente calumniosas o injuriosas debe probar que la información es ‘indudablemente verdadera’ para liberarse de responsabilidad. En cambio, en el trámite de tutela el emisor sólo debe demostrar que ‘desplegó un esfuerzo diligente por verificar, constatar y contrastar razonablemente las fuentes, así como también, exploró los diversos puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser observado’. Corte Constitucional, sentencias T-695 de 2017, T-117 de 2018, T-293 de 2018, T-275 de 2021, T-293 de 2018 y T-452 de 2022.

[129] Corte Constitucional, sentencias T-040 de 2013 y T-452 de 2022.

[130] La primera providencia que se refirió a ese manejo del lenguaje fue la sentencia T-525 de 1992, sobre la manera en que los organismos de inteligencia deben adelantar sus investigaciones y consignar la información, de manera tal que no vulneren derechos fundamentales, “tales como la intimidad, el buen nombre y la honra de las personas” y la presunción de inocencia. Ver, entre otras, las sentencias T-066 de 1998, SU-274 de 2019, T-275 de 2021 y T-452 de 2022.

[131] Corte Constitucional, sentencias T-626 de 2007, T-040 de 2013, T-277 de 2015 y T-452 de 2022.

[132] Corte Constitucional, sentencias T-626 de 2007, T-040 de 2013, T-135 de 2014 y T-452 de 2022.

[133] En el mismo sentido, la Sala Plena ha determinado que “los medios de comunicación pueden difundir información relacionada con procesos penales, en particular, con la vinculación de la persona al proceso, el contenido de órdenes de captura y la posterior condena. Sin embargo, el derecho a la libertad de información está limitado por los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra, que imponen una responsabilidad social a los periodistas. Esa limitación se materializa en los principios de veracidad e imparcialidad, los cuales conllevan la obligación a cargo del medio de comunicación de presentar información cierta, completa, clara y actualizada sobre la situación del investigado o condenado y las particularidades del proceso penal.” Ver sentencias C-276 de 2019, T-040 de 2013 y  T-452 de 2022.

[134] Corte Constitucional, sentencias T-040 de 2013, SU-274 de 2019, T-275 de 2021 y T-452 de 2022.

[135] Corte Constitucional, sentencias T-275 de 2021 y T-452 de 2022.

[136] Corte Constitucional, sentencias T-040 de 2013, T-275 de 2021 y T-452 de 2022.

[137] Criterio fijado en la sentencia T-275 de 2021, reiterado en T-452 de 2022.

[138] Corte Constitucional, sentencias T-275 de 2021 y T-452 de 2022

[139] Reiterada en las sentencias SU-274 de 2019, SU-355 de 2019, SU-420 de 2019, T-275 de 2021, T-028 de 2022, T-452 de 2022 y T-063 de 2024, entre otras.

[140] Corte Constitucional, sentencias T-155 de 2019 y T-452 de 2022, entre otras.

[141] Corte Constitucional, sentencias  T-275 de 2021 y T-028 de 2022.

[142] Corte Constitucional, sentencias T-281 de 2021 y T-061 de 2022.

[143] Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2025.

[144] Corte Constitucional, sentencias T-155 de 2019 y T-452 de 2022, entre otras.

[145] Corte Constitucional, sentencias T-155 de 2019 y T-452 de 2022, entre otras.

[146] Ibidem.

[147] Corte Constitucional, sentencia T-155 de 2019.

[148] Si bien es cierto el grado de restricción a las libertades de expresión y de información depende de las circunstancias de cada caso, algunas medidas pueden considerarse altamente lesivas para el ejercicio de estos derechos, como aquellas que imponen sanciones penales. Otras acciones contienen restricciones importantes pero menos gravosas, como las órdenes de rectificación (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-243 de 2018), y algunas otras tienen un grado de lesividad menor para el ejercicio de estos derechos, como aquellas que exigen actualizar cierta información (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-725 de 2016). Reiterada en sentencia T-028 de 2022.

[149] Corte Constitucional, sentencia T-028 de 2022.

[150] Corte Constitucional, sentencias T-546 de 2016, T-102 de 2019, T-275 de 2021 y T-289 de 2023.

[151] Corte Constitucional, sentencias  T- 628 de 2017 y T-241 de 2023.

[152] Corte Constitucional, sentencias T-289 de 2023 y T-063 de 2024.

[153] Corte Constitucional, sentencias T-628 de 2017 y T-289 de 2023.

[154] Corte Constitucional, sentencias T-275 de 2021 y T-289 de 2023.

[155] Estos criterios fueron recogidos en la sentencia T-546 de 2016.

[156] Corte Constitucional, sentencias T-066 de 1998, T-379 de 2013, T-546 de 2016, T-275 de 2021 y T-063 de 2024.

[157] Corte Constitucional, sentencias T-379 de 2013 y T-561 de 2023.

[158] Corte Constitucional, sentencia T-561 de 2023.

[159] “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.

[160] Corte Constitucional, sentencia T-561 de 2023.

[161] Corte Constitucional, sentencia T-339 de 2022.

[162] Corte Constitucional, sentencias T-512 de 1992, T-611 de 1992, T-040 de 2013 y T-277 de 2015

[163] Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2022.

[164] Corte Constitucional, sentencias C-692 de 2003, T-379 de 2013, C-094 de 2020 y T-063 de 2024.

[165] Corte Constitucional, sentencia T-529 de 2024.

[166] Ibidem.

[167] Corte Constitucional, sentencias T-391 de 2007 y T-529 de 2024.

[168] Corte Constitucional, sentencia T-452 de 2022.

[169] Corte Constitucional, sentencias T-239 de 2018, T-361 de 2019, T-289 de 2021, T-061 de 2022, T-452 de 2022.

[170] Corte Constitucional, sentencia T-203 de 2022.

[171] En la sentencia C-222 de 2022, se reitera que las denuncias de violencia basada en género constituyen discursos especialmente protegidos.

[172] Corte Constitucional, sentencia T-452 de 2022.

[173] La sentencia T-239 de 2018 analizó una acción de tutela interpuesta en contra de una institución de educación superior de naturaleza privada, en la que se hizo referencia a la autonomía universitaria, el derecho a la libertad de expresión, los discursos que defienden los derechos fundamentales de las mujeres, el derecho a la no discriminación y los límites al despido sin justa causa de docentes universitarios cuando la desvinculación tiene un fundamento discriminatorio.

[174] Esta subregla fue reiterada en las sentencias T-361 de 2019, T-289 de 2021, T-061 de 2022 y T-452 de 2022.

[175] Corte Constitucional, sentencia T-452 de 2022.

[176] Ibidem.

[177] Ibidem.

[178] Corte Constitucional, sentencias T-289 de 2021 y T-241 de 2023.

[179] Corte Constitucional, sentencias T-452 de 2022 y T-241 de 2023.

[180] Corte Constitucional, sentencias T-140 de 2021 y T-452 de 2022.

[181] La Corte Constitucional de Colombia ha emitido múltiples sentencias que consolidan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, reconociéndolo como un mandato constitucional y un eje fundamental de los derechos humanos. A manera de ejemplo, se reseñan las siguientes sentencias: (i) C-776 de 2010: define la violencia contra la mujer en sus distintas modalidades. Reafirma  la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos actos; (ii) C-335 de 2013: declara exequibles las “sanciones sociales” contra la violencia de género y refuerza el papel de control social informal para prevenir y denunciar prácticas discriminatorias; (iii) T-027 de 2017: reconoce la violencia institucional y familiar como formas de violencia de género. Además, exige que las autoridades judiciales consideren el contexto estructural de discriminación; (iv) T-344 de 2020: define la violencia de género y exige que los jueces la reconozcan en sus decisiones; (v) SU-167 de 2024: establece que el enfoque de género no es opcional, sino una exigencia constitucional. Por tanto, ordena a los jueces a: decretar pruebas de oficio si hay indicios de violencia de género, evitar estereotipos discriminatorios y escuchar activamente la voz de las mujeres.

[182] La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW (1979) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belem Do Pará (1994) disponen la obligación del Estado de erradicar o eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Por vía del bloque de constitucionalidad, la Corte ha aplicado este parámetro para avanzar en la protección del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Ver sentencias SU-201 de 2021, T-012 de 2016, C-539 de 2016, T-093 de 2019, SU-080 de 2020 y T-206 de 2024.

[183] Corte Constitucional, sentencias T-735 de 2017, T-462 de 2018, T-410 de 2021, T-016 de 2022, SU-349 de 2022 T-172 de 2023, T-210 de 2023 y T-219 de 2023 y T-130 de 2024.

[184] Corte Constitucional, sentencias T-326 de 2023 y T-130 de 2024.

[185] La Sala seguirá la metodología empleada en las sentencias T-203 de 2022, T-452 de 2022 y T-206 de 2024. para resolver conflictos asociados a la libertad de expresión. Lo anterior, sin perjuicio de que, cuando sea necesario, se hagan reflexiones específicas sobre las otras garantías constitucionales en juego.

[186] Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein v. Perú. Citada en las sentencias T-280 de 2022, T-087 de 2023 y T-206 de 2024.

[187] Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2024.

[188] Expediente digital. Archivo “002EscritoTutela.pdf”. Folio 2.

[189] Información consultada en: https://www.elcolombiano.com/nosotros#goog_rewarded

[190] Información consultada en: https://www.elcolombiano.com/nosotros#goog_rewarded

[191] En el ámbito jurídico colombiano, la noticia ha sido reconocida como una manifestación legítima del ejercicio de la libertad de expresión y prensa, protegida por el artículo 20 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a informar y recibir información veraz e imparcial. En ese sentido, la Corte ha respaldado dicha disposición en reiteradas oportunidades: (i) sentencia T-391 de 2007: la Corte definió la noticia como un contenido informativo que debe ser veraz, imparcial y oportuno, y que cumple una función social al permitir el control ciudadano sobre asuntos de interés público; (ii) sentencia T-260 de 2012: se reafirma que la noticia debe respetar los derechos fundamentales de los involucrados, especialmente cuando se trata de temas sensibles como denuncias penales o hechos que afectan la honra y el buen nombre; y (iii) sentencia T-634 de 2013: la Corte señala que el periodista, al comunicar una noticia, debe observar los principios de veracidad, responsabilidad social y proporcionalidad, especialmente cuando se involucra a personas identificables en hechos controvertidos.

[192] En la nota periodística se reseñó lo siguiente: “EL COLOMBIANO tiene en su poder una conversación por

WhatsApp, del 19 de julio de 2024, en la que el hombre le escribió a ella para hacerle una petición de tipo sexual con dos emojis sugestivos, a lo que ella se negó. También tiene una fotografía en la que se le ve una lesión en el antebrazo a Tatiana, la cual envió a una amiga con el mensaje “me mordió”, en referencia al ortopedista.” Expediente digital. Archivo “Anexo Respuesta El Colombiano.pdf”. Folio único.

[193] Expediente digital. Archivo “012ContestacionElColombiano.pdf”. Folio 67.

[194] Expediente digital. Archivo “Anexo Respuesta El Colombiano.pdf”. Folio único.

[195] Ibidem.

[196] Según la nota periodística, los nombres fueron cambiados por petición de la fuente.

[197] Expediente digital. Archivo “Anexo Respuesta El Colombiano.pdf”. Folio único.

[198] Ibidem.

[199] Ibidem.

[200] El medio de comunicación accionado informó lo siguiente: “se contactó directamente al Dr. Federico, mismo que a través de llamada telefónica indicó que “…se trató de una percepción errada” y que no hubo una situación de superioridad jerárquica entre él y las jóvenes”. Expediente digital. Archivo “012ContestacionElColombiano.pdf”. Folio 15.

[201] Expediente digital. Archivo “Anexo Respuesta El Colombiano.pdf”. Folio único.

[202] Ibidem.

[203] Expediente digital. Archivo “012ContestacionElColombiano.pdf”. Folio 89. Como evidencia del proceso administrativo, se extrae de la comunicación emitida por la Clínica lo siguiente: “El médico investigado fue escuchado en diligencia de descargos. Sus declaraciones se mantienen en reserva porque corresponden a un proceso disciplinario adelantado al interior de una entidad privada y no a un proceso judicial o administrativo de carácter público”.

[204] Corte Constitucional, sentencia SU-056 de 1995.

[205] En comunicación de fecha 27 de noviembre de 2024, El Colombiano emitió respuesta a la solicitud de retractación de información, brindando una respuesta de fondo ante lo solicitado. Según lo dispuesto en la sentencia T-561 de 2023, “se ha destacado que la carga de rectificar se cumple cuando se emite una respuesta de fondo que exponga las razones por las cuales se mantiene en lo publicado o, en su lugar, se rectifica o corrige el contenido inexacto o imparcial”, tal y como sucedió en el presente caso.

[206] Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2017.

[207] Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2013.

[208] Dicho fundamento tiene sustento en que no es posible acceder a la nota periodística en línea, dado que El Colombiano eliminó dicha publicación de sus plataformas digitales y redes sociales, en cumplimiento a la orden impartida en sede de tutela por el Juzgado 28 Administrativo Oral del Circuito de Medellín. En ese orden, se tienen como prueba los escritos allegados por las partes al expediente digital.

[209] Al respecto, en la sentencia T-339 de 2020 la Corte indicó: “También esta Corte ha expresado que una de las funciones de los medios de comunicación necesariamente involucra uno de los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión, como son las cuestiones que tienen relevancia pública, por lo que “la sociedad tiene derecho a recibirlas”. En concreto, la relevancia pública ha sido definida como “la necesidad de una información que se desenvuelva en el marco del interés general del asunto a tratar”.

[210] Corte Constitucional, sentencia T-594 de 2017.

[211] Corte Constitucional, sentencias T-634 de 2013 y T-344 de 2020.

[212] Corte Constitucional, sentencias T-634 de 2013 y T-289 de 2023.

[213] Corte Constitucional, sentencias T-780 de 2010 y T-361 de 2019.

[214] Corte Constitucional, sentencia T-063 de 2024. Con relación al derecho a la imagen, el tribunal determinó que “cuando se trata de “actuaciones públicas o de personajes con relevancia o notoriedad cuyas imágenes son difundidas precisamente a propósito del rol que desempeñan en la sociedad no se vulnera el derecho”.

 

[215] Al respecto, en la nota de rectificación de fecha 14 de febrero de 2025, El Colombiano expuso lo siguiente: “Si bien el médico Federico no ha sido condenado ante la Justicia por las conductas mencionadas en la publicación inicial, el 24 de enero de este año, Tatiana, una de las mujeres que habló con este medio sobre el caso, lo denunció penalmente por los delitos de acceso carnal violento agravado (por la posición que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza) y acoso sexual. La noticia criminal y la investigación del caso están a cargo de la fiscal 156 de la seccional Medellín de la Fiscalía General de la Nación.” Consultado en: https://www.elcolombiano.com/colombia/precision-sobre-nota-publicada-medico-federico-ED26612273

 

[216] Corte Constitucional, sentencias T-979 de 2014 y T-327 de 2022.

[217] Expediente digital. Archivo “013SentenciaTutela.pdf”. Sentencia de tutela de primera instancia. Folio 8.