T-462-09

    Sentencia T-462-09  

(Bogotá, julio 13)  

ACCION   DE   TUTELA   CONTRA  DIRECTOR  DE  ESTABLECIMIENTO   CARCELARIO-Caso   de  requisas  con  perros   

DERECHOS     DEL    INTERNO    Y    SUS  VISITANTES   

Sobre el Estado recae la obligación legal de  velar  para  que los derechos fundamentales de los reclusos no sean vulnerados y  se  les  de un tratamiento acorde con la dignidad humana. De otra parte, si bien  la  administración  penitenciaria  puede  establecer  ciertas  reglas  para  el  ejercicio  de determinados derechos y puede disponer la realización de requisas  tanto  para  los  internos como para sus visitantes, ello no puede ir más allá  de  los límites que los derechos fundamentales y la dignidad humana imponen. El  incumplimiento  de  los  deberes de la administración, relativos al respeto por  la  dignidad  humana  de  los  reclusos  y  sus  visitantes  puede  dar  lugar a  responsabilidades  de  orden disciplinario o penal. Lo anterior no significa que  se  desconozca  la  facultad  del  Estado  para  imponer legítimas y razonables  restricciones  en  los  establecimientos de reclusión. Solo que existen ciertos  derechos   fundamentales  de  los  reclusos  que  “no  pueden  ser  objeto  de  restricción  alguna  como, por ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad  personal,  a  la  libertad  de  conciencia,  a  la  salud  y a no ser sometido a  torturas   ni   a  tratos  o  penas  inhumanas  o  degradantes.  Esta  posición  jurisprudencial  se  funda  en la Constitución y en los sistemas de protección  de  derechos  humanos  universal e interamericano. Dentro del mismo contexto del  respeto  a  la  dignidad humana de los reclusos está el respeto de esa dignidad  en  relación con sus visitantes. Como lo ha puntualizado la Corte, las personas  que  acuden  a  visitarlos,  periódicamente,  o  esporádicamente, también son  merecedoras  de  un  trato digno, especialmente considerando que estas no tienen  restringidos  sus  derechos, por lo cual los servidores públicos que laboran en  los  establecimientos  de reclusión deben actuar en forma tal que garanticen la  efectividad  de  esos derechos como lo ordena el artículo 2º superior. Si bien  los  visitantes  pueden  ser  objeto  de  requisas  necesarias para preservar el  orden,  la seguridad y la función resocializadora de la pena, éstas encuentran  su  límite  en  la  dignidad  de  las  personas  y  los  principios  y  valores  constitucionales.   

REQUISA   CON   PERROS  EN  ESTABLECIMIENTO  CARCELARIO   Y   DERECHO   FUNDAMENTAL   A  LA  INTEGRIDAD  PERSONAL-Representa  amenaza  a este derecho y esa práctica puede ocasionar  la  vulneración  efectiva  de  la  integridad  de  quienes  son  objeto  de  la  misma   

La  Sala  considera  que  la  realización de  requisas  utilizando  ejemplares  caninos,  si  bien  no  resulta  en  si  misma  contraria  a  la  Carta,  si puede llegar a serlo por el hecho de que los perros  establezcan  contacto  directo  con  las partes íntimas de las personas, lo que  puede  considerarse como una intrusión invasiva en el cuerpo humano contraria a  la  dignidad  que  le  es  inherente  a  la persona y que constituye además una  amenaza  contra  la  integridad personal. En consecuencia, la decisión de dejar  libres  los  perros  sin  que  el  guía ejerza dominio sobre ellos con traílla  controlada  o  sujetados  con la correa, para controlarlos efectivamente durante  la  requisa,  permite  que mediante ese método no solo los perros puedan entrar  en  contacto  directo  con  los  genitales  de  las  personas, sino que se pueda  eventualmente  intimidar,  atemorizar  y  avergonzar a las mismas y se presenten  posibles  abusos  que amenacen los derechos fundamentales. Considera entonces la  Sala  que  es  importante  reiterar  a  las autoridades que los visitantes y los  internos  tienen  derecho  a que se respeten su intimidad, dignidad e integridad  personal  y  esos  derechos solo pueden afectarse mediante prácticas intrusivas  en  el  cuerpo  humano,  en  circunstancias  muy específicas y, en ese caso, se  requerirá  la  orden de una autoridad judicial como lo ha reiterado esta Corte,  para  garantizar así que el procedimiento esté conforme con el respeto por los  derechos  fundamentales  de  los  reclusos y de quienes los visitan. teniendo en  cuenta  que  la  requisa  con  perros  a  que  se ha hecho referencia representa  amenaza  al derecho fundamental de integridad personal que se invoca, y que esta  práctica  puede ocasionar la vulneración efectiva de la integridad personal de  quienes  son  objeto  de  la  misma,  se  tutelará  el  derecho  invocado  y se  prevendrá  a  la  entidad  accionada  para que (i) establezca un reglamento que  disponga  que  durante  las  requisas tanto a los internos como a sus visitantes  los  perros  deben  mantenerse sujetos mediante la traílla y el correspondiente  bozal  cuando  sea  el  caso,  e  (ii) imponga los controles necesarios a fin de  evitar  que  se  presenten  tratos  poco  respetuosos  contra los reclusos o sus  visitantes,  como  los que mencionan los demandantes. Este mandato se extenderá  a    todos    los    establecimientos    carcelarios    y   penitenciarios   del  país.   

REQUISA  EN  ESTABLECIMIENTO  CARCELARIO  Y  DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO Y DE LOS VISITANTES   

Aunque  el  Estado está en el deber de hacer  requisas  razonables, la Corte está obligada a recordar, que en la realización  de  las  mismas  deben  respetarse  los derechos fundamentales tanto de internos  como  de  visitantes  y  que  está  prohibida toda actuación que constituya un  maltrato,  al  conllevar  un trato vejatorio o descalificador, que atente contra  la  integridad  no  solo  física  sino  psíquica de las personas y con ello la  dignidad  humana.  Conductas  como  amenazar,  ridiculizar  o  inducir por otros  medios   en   las  personas  sentimientos  negativos  como  miedo,  inseguridad,  impotencia,  vergüenza  etc.,  cuando  esas  conductas  implican  un  ejercicio  abusivo  del  poder,  están  absolutamente  proscritas en un Estado de Derecho,  máxime   considerando  que  en  esos  casos  la  víctima  es  quien  está  en  inferioridad  de  condiciones, debido a la sujeción a que está sometida y a la  autoridad que tiene quien realiza tales comportamientos.   

Referencia:  expedientes acumulados T- 2.196.864 y T-2.196.867   

Accionantes:  Guillermo  Sáenz,  José  Héctor  Morales  Moreno, Edier Jaramillo Castañeda,  Rodrigo  Montoya  Rogeles,  Héctor  William  Chirva Parra (T-2.196.864) y Jorge  Alberto Escobar Rodríguez (T-2.196.867).   

Accionado:   el  Director  del  Penal  de  Acacías-Meta  y  en  subsidio contra el Comandante de  Guardia y Dragoneantes del mismo establecimiento penitenciario.   

Fallos  objeto  de  revisión:  sentencia  del  Juzgado Penal del Circuito de Acacías-Meta del 5 de  diciembre      de     2008     en     el     proceso     50006310400120080013900  (T-2.196.864)1,  sentencia  del Juzgado Penal del Circuito de Acacías-Meta del 11  de   diciembre   de   2008  en  el  proceso  500063104001200800148002     (T-  2.196.867).   

Magistrados   de   la   Sala   Quinta   de  Revisión:  Mauricio  González  Cuervo, Jorge Ignacio  Pretelt Chaljub y Nilson Pinilla Pinilla.   

I. ANTECEDENTES.  

1.   Demanda  y  pretensión.  Fundamentación  común de las acciones de  tutela:      expedientes      T-      2.196.8643  y  T-  2.196.8674.   

1.1.  Los  derechos  que  se  invocan  como  vulnerados  son:  el  derecho  a  la vida (art. 11 C.P.), a la igualdad (art. 13  C.P.),  la  intimidad  personal  y  familiar  (art. 15 de la C.P.) a la dignidad  humana  y  no  ser  sometidos  a tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12  C.P.).   

1.2.   La  vulneración  alegada  se  funda  básicamente  en  el  manejo  inapropiado de los perros guardianes y la falta de  entrenamiento  de  éstos  respecto  a  la conducta que deben tener frente a los  visitantes  y  los  internos.  Reprochan  también  el mal trato que reciben las  personas que visitan a los reclusos por parte de los dragoneantes.   

1.3. Las peticiones comunes en ambas acciones  buscan  que  se  amparen  los derechos fundamentales invocados y se ordene a los  accionados:  (i)  disponer  de  otros métodos que no atenten contra la dignidad  humana  o se cambien los perros por unos animales amaestrados que no ataquen las  visitas  ni  a los internos; (ii) se ordene al Director del penal se capacite al  cuerpo  de  custodia  en derechos humanos y en la forma como deben manejar estos  animales  para  que no agredan a las personas en las requisas ni cuando ingresen  a  los  patios; (iii) se le ordene al Director del penal se le dé aplicación a  las  reglas  trazadas  en las requisas respecto de la distancia a que debe estar  el  canino  de  la  persona  que va a olfatear; (iv) se ordene o recomiende a la  Procuraduría  Regional Meta en conjunto de Defensoría del Pueblo Regional Meta  y  Personero  de  Acacías  que se hagan las respectivas investigaciones; (v) se  conmine  a  los  accionados  para que no tengan represalias ni tratos humanos ni  degradantes  en  contra de los accionantes por haber interpuesto esta acción de  tutela.   

1.4.  Ambos  apoyan  sus  pretensiones  en la  sentencia  T-1096  de  2004  y  sus desarrollos sobre el respeto por la dignidad  humana   que   el   Estado   debe   a  quienes  se  encuentran  privados  de  la  libertad.   

2. Respuesta del accionado.  

El Director del Establecimiento Penitenciario  y  Carcelario  de  Acacías, respondió al juez constitucional en los siguientes  términos:   

–   En  la  demanda  se  describen  hechos  accidentales  respecto  de  una visitante, sin establecer fecha de los mismos ni  nombre  de la agredida o víctima, a fin de poder precisar de manera específica  si  existió  la  falla  en el servicio o los móviles que pudieron ocasionar el  hecho.   

–   La   Corte   Constitucional  asume  la  utilización  de  estos animales como medios lícitos que no afectan la dignidad  humana  de  los  reclusos  o  los  visitantes  y  por  tanto el Alto Tribunal no  declaró  inexequible su utilización, siempre que estén entrenados para actuar  con  el  debido  respeto y cuidado con las personas.5   

-Existe  el fundamento legal de utilización  de  estos  caninos,  los  cuales  han aprobado el adiestramiento otorgado por la  Escuela  Penitenciaria  Nacional  Enrique  Low  Murtra,  que cuenta con personal  idóneo  (funcionarios  de  la  institución)  y  los  guías entrenados son los  únicos  que  se  encargan  del  manejo  de  estos  animales  en  los diferentes  procedimientos de detección y de seguridad.   

-Los animales que se están utilizando en los  diferentes  procedimientos  no  son  bravos ni peligrosos. Y no es cierto que se  utilicen  indebidamente  los  animales  y menos aún que se suelten los perros o  caninos,  pues  ello  jamás  ocurre.  Los  perros  conforman  un binomio con su guía canino el cual responde  por  cada  actuación  del  animal  y  en 8 años que lleva funcionando el grupo  ninguna  autoridad ha encontrado violación de los derechos fundamentales de las  personas por el uso de estos medios.   

-Es de resorte de la autoridad disciplinaria  la  competencia  para  investigar  si  la  actuación  se  enmarca dentro de una  conducta  que  sea  disciplinable a la luz de la ley 734 de 2002, Decreto 407 de  1994,  acuerdo  0011  de  1995,  reglamento interno del establecimiento y demás  normas concordantes.   

-Referente  a  la  requisa que aduce que los  internos  se  dejan  en ropa interior, informa que en el INPEC existen 3 niveles  procedimientos  de  requisa  de  acuerdo a la calidad de quien será requisado y  uno  de esos niveles, indica que el interno deberá quedar en pantaloneta o ropa  interior  ejerciéndose  sobre  él una inspección visual, sin ningún contacto  físico,  procedimiento este sustentado en los fallos de tutela revisados por la  Honorable  Corte  Constitucional  la cual prohibió desnudar al personal recluso  para las requisas.   

-La  agresión  producida  al  interno Edier  Jaramillo  Castañeda,  obedeció  a  que  en  el momento de actuar el cuerpo de  custodia  ante una situación grave de disturbio del pabellón No. 3, el interno  en  cuestión  desafortunadamente se encontraba sentado contra la pared después  de  la  reja  por donde ingresaba el grupo de reacción, donde era visible, y al  pasar  el  ejemplar este lo percibió y lo golpeó; hecho que constituye un caso  fortuito,  pues  en  ningún  momento  hubo  intención  de  agredir  al interno  Jaramillo.   

2.2. Caso T- 2.196.867  

El Director del Establecimiento Penitenciario  y  Carcelario  de  Acacías,  manifestó lo siguiente, además de lo dicho en el  caso T- 2.196.864:   

-En el presente caso, la visitante se ubicó  en  una  silla  de su elección, se procedió a la requisa por parte del binomio  canino,  el  animal  caminó  en  círculo  alrededor de la persona sin realizar  acciones  agresivas  en  contra  de  ella o de otro visitante y por el contrario  simplemente  inspeccionó  de  acuerdo a su adiestramiento. Finalmente el animal  optó  por  sentarse lo cual se interpreta normalmente como señal activa de que  el  individuo  señalado  puede  tener un elemento ilícito, o pudo haber tenido  contacto  con  el  elemento, o haber tenido trato con otra persona que manipuló  la   sustancia   al   momento   de   saludarla  e  impregnarla  con  los  olores  característicos  que  los  animales  reconocen  como  positivos  y a los cuales  reaccionan  con  señales  particulares  de acuerdo con su entrenamiento. Cuando  tal  situación  ocurre se interroga a la persona sobre si sabe el motivo por el  cual  el  animal  la  señala,  se  le  informan  las  razones por los cuales se  emplearán  nuevos  medios de requisa, los cuales han sido avalados y si existen  mayores  indicios  sobre  la  posibilidad de tenencia de elementos ilícitos, se  procede  informando  de  ello a la persona y solicitando a la autoridad judicial  que autorice el procedimiento que corresponda.   

-No  es  cierto  que  los  perros toquen las  partes  intimas  de  las visitantes. Y niega las supuestas burlas que informa el  demandante.   

–  El  interno  Escobar  Rodríguez no tiene  legitimidad  para  accionar  a favor de su compañera permanente como quiera que  la  señora  es  mayor de edad y tiene plena capacidad para ejercer directamente  la protección de sus derechos fundamentales.   

-La   Defensoría   y  Procuraduría,  han  instruido  a  los  funcionarios sobre las normas para el trato de los reclusos y  los  derechos  humanos,  de  lo cual anexa actas debidamente firmadas, sobre las  respectivas sesiones y sus asistentes.   

3.-   Hechos   relevantes   y   medios   de  prueba.   

3.1. Caso T- 2.196.864  

3.1.1. Copia de la Resolución No 2674 del 31  de  julio  de  2000  “Por la cual se crea el Grupo de  Apoyo  Canino  del  Cuerpo  de  Custodia  y  Vigilancia en el Instituto Nacional  Penitenciario   y   Carcelario   INPEC”6.   

3.1.2. Copia de la Resolución No 3779 del 15  de  octubre  de  2003  Por la cual se modifica y adiciona la Resolución No 2674  del  31  de  julio  de  2000  que crea el “Grupo de Apoyo Canino del Cuerpo de  Custodia  y  Vigilancia  en  el  Instituto  Nacional  Penitenciario y Carcelario  INPEC”   y   se   dictan   otras   disposiciones7.   

         

3.1.4.  Copia  del  folio  de vida del canino  “Memo”9,  raza  “Rottweiler”  donde  consta la apertura del curso en la  especialidad  de  seguridad,  control  de  masas  y escolta, las razones para la  selección   del   ejemplar,   las  etapas  de  adiestramiento  y  clausura  del  mismo.   

3.1.5.  Copia de los apartes relacionados con  el  objetivo  y  la  base  legal,  del  procedimiento  de  ingreso,  selección,  entrenamiento   y  manutención  de  los  caninos  en  el  INPEC,  PO  78-022-06  V0110.   

3.1.6.  Copia  de  apartes  del procedimiento  realizado  con  caninos  para  la  detección  e  identificación  de sustancias  narcóticas  y  explosivas  a  visitantes  e  internos;  al  igual  que  para la  revisión  de  paquetes,  vehículos  e instalaciones en los establecimientos de  reclusión  de  orden  nacional  PO  78-019-06  V0211.   

3.1.7. Copia del memorando mediante el cual el  guía  canino,  dragoneante  César Ramírez Rodríguez, informa sobre el ataque  que  hiciera  el perro llamado “Memo” al recluso Edier Jaramillo Castañeda,  hiriendo  al  interno  en  la  cara  con  el  bozal12.   

3.1.8.  Copia  del  documento que contiene la  evolución   médica   del   interno   Edier   Jaramillo  Castañeda                    13.   

3.2. Caso T- 2.196.867  

3.2.1. Copia de la Resolución No 3779 del 15  de  octubre  de  2003  Por la cual se modifica y adiciona la Resolución No 2674  del  31  de  julio  de  2000  que crea el “Grupo de Apoyo Canino del Cuerpo de  Custodia  y  Vigilancia  en  el  Instituto  Nacional  Penitenciario y Carcelario  INPEC”   y   se   dictan   otras   disposiciones14.   

3.2.2. Copia de las Actas No 009, 24, 18, 21,  23,  27  sobre  capacitación impartida al personal de custodia y vigilancia del  Establecimiento  Penitenciario  y  Carcelario  de  Acacías  Meta  en materia de  Derechos  Humanos  para  el  personal  penitenciario15.   

4.  Decisiones  de  tutela objeto de revisión.   

4.1. Caso T- 2.196.864  

4.1.1.  Sentencia  del  Juzgado  Penal  del  Circuito   de   Acacías-Meta   del  5  de  diciembre  de  2008  en  el  proceso  5000631040012008001390016.             (Sin  impugnación)   

El  Juez de instancia decidió no tutelar los  derechos  fundamentales  a  la  vida,  dignidad  humana,  intimidad  personal  y  familiar  reclamados  por  los  internos Guillermo Sáenz, José Héctor Morales  Moreno,  Edier  Jaramillo  Castañeda,  Rodrigo Montoya Rogeles, Héctor William  Chirva  Parra,  reclusos  del  Establecimiento  Penitenciario  y  Carcelario  de  Acacías,  con  base en los  siguientes argumentos:   

El  Director  del  establecimiento carcelario  aportó  prueba  documental  que  demuestra  que  el uso de los caninos para las  requisas  tanto de los visitantes como de los internos, se encuentra debidamente  reglamentado  y  se  realiza conforme las instrucciones recibidas en el curso de  adiestramiento    de    caninos   respetando   la   dignidad   humana   de   las  personas.   

Los   accionantes  refieren  que  han  sido  vulnerados  en  su  dignidad  humana e intimidad con el procedimiento de requisa  con  acompañamiento  de  ejemplares caninos, pero no informan más aspectos del  caso   que   permitan   establecer   qué   funcionario  o  funcionarios  están  involucrados  en  los  supuestos  procedimientos  irregulares, ni la fecha y las  circunstancias  precisas  en  que  se  presentó la supuesta vulneración de los  derechos  invocados,  para  que  de esta manera el Director pudiese adelantar la  correspondiente        investigación       disciplinaria,       “atendiendo  que  resulta probable que se presenten estos casos en el  desarrollo  de  un  procedimiento  de  requisa,  pero  seguramente  serán casos  aislados  que también deben ser manejados y corregidos aisladamente”.   

4.2. Caso T- 2.196.867  

4.2.1.  Sentencia  del Juzgado Penal del  Circuito   de   Acacías-Meta  del  11  de  diciembre  de  2008  en  el  proceso  5000631040012008001480017.             (Sin  impugnación).   

El Juez de instancia decidió no tutelar los  derechos  fundamentales  a  la  vida,  dignidad  humana,  intimidad  personal  y  familiar  reclamados  por  el  interno  Jorge  Alberto  Escobar  Rodríguez, por  ilegitimidad  para  adelantar  la  acción de tutela, en tanto consideró que el  interno  no  podía  interponerla en nombre de su esposa, a menos que demostrara  que  ella  no  está  en  condiciones de promover su propia defensa, tal como lo  señala el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.   

5. Actuación en sede de Revisión.  

5.1. Mediante Auto del 10 de marzo de 2009, la  Sala  de  Selección  Número  Tres resolvió acumular  los  expedientes  Nos.  T-2.196.864 (Guillermo Sáenz,  José  Héctor  Morales  Moreno,  Edier  Jaramillo  Castañeda,  Rodrigo Montoya  Rogeles,  Héctor  William  Chirva  Parra) y T- 2.196.867 (Jorge Alberto Escobar  Rodríguez)  todas contra el  Director  del  Penal  de  Acacías  Meta  y  en subsidio contra el Comandante de  Guardia  y  Dragoneantes  del  mismo  establecimiento penitenciario,  para ser fallados en una misma sentencia, por presentar unidad de  materia e identidad en el sujeto pasivo de la acción.   

5.2.  Mediante  Auto del 5 de mayo de 2009 el  Magistrado  Sustanciador  vinculó al Ministerio del Interior y de Justicia y al  INPEC,  al  tiempo que solicitó al Director del Establecimiento Penitenciario y  Carcelario  de  Acacías Meta, al Comandante de Guardia y Dragoneantes del mismo  establecimiento   penitenciario   y  al  Director  del  INPEC,  la  información  requerida para mejor proveer.   

5.3. En respuesta a la anterior comunicación,  se recibieron los siguientes documentos:   

5.3.1.  Oficio  OF109-14184-DCP-0360  del  Ministerio    del    Interior    y   de   Justicia18,  donde  manifiesta  que  el  INPEC  es un establecimiento público de orden nacional, cuya misión es dirigir  el  sistema  penitenciario y carcelario por lo cual sería la entidad competente  para                    responder19.   

5.3.2.   Copia   de   la  comunicación  No  7130-OJU-3287-TUT20  a  la  que se adjunta copia  del  memorando  por  el  cual  el  Coordinador  de  Grupos Especiales del INPEC,  Capitán  ®  Silcerio  Armanddo  Torres  Rodríguez,  responde  a las preguntas  hechas por la Corte así:   

5.3.2.1.  Los binomios caninos (hombre-perro)  pertenecientes  al  INPEC  reciben  juntos  un  entrenamiento  y  adiestramiento  durante  3 meses con una intensidad de 700 horas, en el centro de instrucción y  adiestramiento  canino  de  la  Colonia  Agrícola de Acacías- Meta, que es una  extensión  de  la  Escuela  Penitenciaria  Nacional Enrique Low Murtra donde se  desarrollan  11  asignaturas  con amplios contenidos temáticos, relacionado con  entrenamiento,   comportamiento  canino,  legislación,  técnicas  modernas  de  entrenamiento, y derechos humanos entre otros.   

5.3.2.2.   Los   perros  especializados  en  detección  de  sustancias  narcóticas  y  explosivos no atacan a las personas,  porque  desde  el  proceso  de selección del canino detector se tiene en cuenta  una  variable  importantísimo que es el “CARÁCTER ESTABLE Y SOCIABILIDAD CON  LAS PERSONAS Y DEMÁS SERES VIVOS”.   

5.3.2.3.  Cada año se realizan seminarios de  reentrenamiento  durante  15  días  y  se  lleva  a  cabo una “evaluación de  desempeño  del  guía y del perro con el fin de evidenciar las fallas, nivel de  entrenamiento  y  sociabilidad  del  canino  y  luego  se  procede  a establecer  estrategias  y  técnicas  modernas de adiestramiento para corregir y mejorar al  binomio canino (hombre-perro)”.   

5.3.2.4. El instituto puede asegurar que el  programa  de  adiestramiento  canino  del  INPEC,  que lleva más de 6 años, se  creó  con  la  finalidad de evitar la violación de los derechos humanos en las  requisas  a  internos  y  visitantes realizadas con el propósito de controlar o  hallar  elementos  ilícitos  y de prohibida tenencia en los establecimientos de  reclusión.   

5.3.2.5. Los ejemplares caninos especializados  en     sustancias     narcóticas     y     explosivas    pueden    ‘‘trabajar   en   dos   formas:   a)  búsqueda  con  traílla  controlada  o  mejor  sujetado con la correa, donde el  guía  canino tiene mayor control sobre el canino, b) enviar al (sic.) buscar el  canino  suelto  únicamente  con  el  collar  de  trabajo o fijo”.  En  todo  caso  el guía no debe perder de vista al canino, porque  debe  estar  atento  a  las señales, alertas y comportamiento del perro, en los  eventos  que  éste  detecta  un  elemento  o  sustancia  ilícita  o prohibida.   

5.3.2.6. Si un ejemplar canino da muestras de  comportamientos  agresivos  se  retira  del  servicio.  Se hace claridad además  sobre  la  posibilidad  de que el canino pueda actuar instintivamente cuando sea  atacado o agredido físicamente.   

5.3.2.7.  El caso del interno agredido por el  perro  denominado  “Memo”  fue  un  episodio  fortuito  como  aparece  en el  respectivo  informe  del  guía  y  de  acuerdo  a  las versiones de testigos en  ningún  momento  se le quitó al perro el bozal, ni la pechera, como tampoco se  le  soltó  de  la  correa  (traílla)  para  que  pudiera  agredir a la persona  intencionalmente.   

5.3.2.8.  Las  medidas  adoptadas  para  el  cumplimiento  de  las  normas  para requisas con perros están bajo el control y  supervisión  de:  (i) Cuadro de mando responsable de dirigir el operativo; (ii)  Oficial  de  Servicio  del establecimiento; (iii) Comandante de Vigilancia; (iv)  Director del Establecimiento de Reclusión.   

5.3.3.  Copia del memorando del 11 de mayo de  2009  donde  la  Coordinadora  del Grupo Atención al Ciudadano reseña 3 quejas  recibidas  del  penal  de  Acacías,  dos  de  las  cuales se relacionan con las  requisas            a           visitantes21.   

5.3.4.  Copia  de la Directiva Permanente Nº  00157  del  7 de abril de 2009 con instrucciones para el desarrollo del curso de  guías  caninos  del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, en detección de  sustancias  narcóticas  o  explosivas  con  perro,  con el fin de fortalecer la  seguridad  y  la protección integral de las personas en los Establecimientos de  Reclusión,  mediante la aplicación de técnicas modernas de adiestramiento con  el  fin  de controlar e incautar sustancias y elementos ilícitos y de prohibida  tenencia22.   

5.3.5.  Copia de la Directiva Transitoria Nº  032  del  23  de agosto de 2007, mediante la cual se imparten instrucciones para  el  desarrollo  del  curso  de capacitación en perros de Seguridad Territorial,  Defensa  y  Conducción  de  Internos  al  personal  del  cuerpo  de  custodia y  vigilancia  pertenecientes  al servicio de guías caninos del INPEC, mediante la  aplicación  de  técnicas  modernas  de  adiestramiento  canino,  con el fin de  fortalecer   la   seguridad   de   los   establecimientos   de   reclusión  del  INPEC23.   

5.3.6.  Copia de la Directiva Transitoria del  16  de  abril  de  2008  en  el  mismo  sentido  que  las anteriores24.   

5.3.7.  Copia  del  procedimiento de ingreso,  selección,  entrenamiento  y  manutención  de  los  caninos  en  el  INPEC, PO  78-022-06  V0125.   

5.3.8.  Copia  del  procedimiento con caninos  para  detección  e  identificación  de  sustancias  narcóticas y explosivas a  visitantes  e  internos;  al  igual  que  para requisa de paquetes, vehículos e  instalaciones  en  los  establecimientos  de  reclusión  de  orden  nacional PO  78-019-06  V0226.   

5.3.9. Copia del memorando del 4 de febrero de  2008,  del  Asesor  de  Seguridad  y Coordinador Nacional del Servicio de Guías  Caninos,  donde  informa  sobre los logros alcanzados por las Unidades de Guías  Caninos  en  los  Establecimientos  de  Reclusión  en materia de: detección de  sustancias   narcóticas,   celulares,   dinero,  armas  de  fuego,  explosivos,  munición,    armas    cortopunzantes    y    bebidas   alcohólicas27.   

5.3.10. Copia del memorando del 30 de abril de  2009,  del  Asesor  de  Seguridad  y Coordinador Nacional del Servicio de Guías  Caninos,  donde  informa sobre los logros alcanzados durante el primer trimestre  de  2009,  por  las  Unidades  de  Guías  Caninos  en  los  Establecimientos de  Reclusión  en  materia  de:  detección  de  sustancias narcóticas, celulares,  dinero,  armas de fuego, explosivos, munición, armas de fabricación carcelaria  y           bebidas           alcohólicas28.   

5.3.11.  Copia  del  folio de vida del canino  “Tayson”29,  raza  “Rottweiler”  donde  consta la apertura del curso en la  especialidad  de  seguridad,  control  de  masas  y escolta, las razones para la  selección   del   ejemplar,   las  etapas  de  adiestramiento  y  clausura  del  mismo.   

5.3.12. Comunicación Nº 148 EPMSCACS-DIR del  Director  del  Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacías-Meta donde  responde  las  preguntas de la Corte en igual sentido que el INPEC (Supra 5.2.2.) añadiendo que:   

5.3.12.1.  El  tipo  de  raza  de  ejemplares  caninos  que  se  utiliza  para  el  registro  y  requisa  tanto del personal de  internos  como  de  visitantes,  son  LABRADORES  RETREIVER,  especializados  en  detección de sustancias narcóticas y explosivas.   

5.3.12.2. La ley Nº 746 de 2002 establece la  tenencia  y  registro de perros potencialmente peligrosos, cuyo objeto principal  es  regular  la  tenencia  de  ejemplares  caninos,  con  el  fin de proteger la  integridad  de  las  personas,  la salubridad pública y el bienestar del propio  ejemplar  canino.  En  su  artículo  108-F  describe  la  raza de perros que se  consideran potencialmente peligrosos para las personas y son:   

“-   American   Staffordshire   Terrier,  Bullmastiff,  Dóberman,  Dogo  Argentino,  Dogo  de  Burdeos,  Fila Brasileiro,  Mastín  Napolitano,  Pit  Bull  Terrier,  American  pit  bulI terrier, De presa  canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés”.   

Las anteriores razas caninas no están siendo  utilizadas  para  el  procedimiento  de  requisa  a internos y visitantes en ese  Establecimiento   Penitenciario,   “por  tanto  los  caninos  de  raza LABRADOR utilizados para este fin, no representan peligro para  las personas”.   

5.3.13.3.  Referente  a las medidas adoptadas  respecto  del  interno  EDIER JARAMILLO CASTAÑO, el cual actualmente goza de su  libertad,  golpeado por un perro llamado “MEMO”, manifiesta que “el  interno fue llevado al área de sanidad para ser valorado por  el  médico  de turno quien determinó que el paciente presentaba laceración en  el  pómulo  y pabellón auricular, heridas en fase de cicatrización sin signos  de  infección,  siendo  medicado con cefalexina y diclofenaco, es de anotar que  en el expediente hay pruebas escritas de lo acontecido”.   

5.3.13.4.  Respecto de los casos en que está  permitido  soltar los caninos señala que “para poder  desarrollar  la  labor de requisa y registro tanto al personal visitante como de  internos  e  instalaciones  se  debe  a  todo  momento  mantener  sueltos  a los  semovientes,  ya  que  son ellos con el adiestramiento y olfateo quienes dan las  señales  activas y positivas en caso de detectar alguna sustancias alucinógena  o explosiva”.   

II. CONSIDERACIONES.  

1. Competencia.  

Esta  Sala  es  competente  para revisar las  providencias  de  tutela  antes reseñadas, con base en  la  Constitución  Política,  artículos 86 y 241 numeral 9; en el Decreto 2591  de  1991,  artículos 33 a 36; y en el Auto del diez de marzo de 2009 de la Sala  de Selección de Tutela Número Tres de la Corte Constitucional.   

    

1. Planteamiento del caso y problema jurídico.     

De esta manera, la Corte habrá de determinar  si  se  vulneraron los derechos a la vida (art. 11 C.P.), a la igualdad (art. 13  C.P.),  a  la  intimidad  personal y familiar (art. 15 de la C.P.) a la dignidad  humana  y  no  ser  sometidos  a tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12  C.P.),  de  los  demandantes  por el manejo, a su juicio indebido, de los perros  encargados de hacer las requisas.   

Para estudiar el anterior  problema  jurídico,  la Sala procederá a analizar: (i) la procedibilidad de la  acción  de  tutela,  (ii)  la legitimación en la causa por activa, y (iii) los  derechos   de  los  reclusos  y  sus  visitantes  en  las  normas  nacionales  e  internacionales  y  en  la  jurisprudencia  de  la  Corte.  Finalmente  (iv)  se  resolverá el caso en concreto.   

3. Consideraciones generales.  

3.1.   Procedibilidad  de  la  acción de tutela.   

Como   cuestión   previa,  debe  la  Sala  establecer  si  se cumplen los presupuestos para la procedibilidad de la acción  de tutela.    

Tales presupuestos exigen que la acción haya  sido  interpuesta  en  defensa  de  un  derecho  fundamental,  que se observe la  legitimación  en  la  causa  por  activa  y  por pasiva, la inmediatez entre la  solicitud  de amparo y el hecho vulnerador y la inexistencia de otros mecanismos  de   defensa  judicial,  salvo  cuando  la  tutela  se  interpone  como  recurso  transitorio  para  evitar  un  perjuicio  irremediable; o, según lo ha dicho la  jurisprudencia  de  esta  Corte, cuando de existir el otro medio de defensa este  no   resulta   eficaz   para   amparar   el   derecho   fundamental  de  que  se  trate.32   

En  el  caso  los  actores (i) expusieron los  derechos   fundamentales  que  consideran  violados;  (ii)  señalan  que  tales  derechos  les  fueron vulnerados por la acción de una autoridad pública; (iii)  identifican   la   autoridad  y  los  hechos  que  afectan  sus  derechos;  (iv)  interpusieron  la  acción  en un lapso prudencial entre la ocurrencia del hecho  vulnerante y el momento de presentar la demanda.   

En cuanto a la existencia de otros mecanismos  de   defensa,  considera  la  Sala  que  los  internos  pudieron  acudir  a  los  procedimientos  disciplinarios.  Sin embargo, la Sala encuentra que en razón de  la  dilación de esos procesos, no pueden considerarse como un mecanismo idóneo  para  la  defensa  de  los  derechos fundamentales que se invocan como violados,  especialmente  si  se considera la situación de especial sujeción al Estado en  que   se   encuentran  los  reclusos  y  el  impacto  que  sobre  los  fines  de  resocialización  de  la  pena puede tener el hecho de someterlos a tratamientos  contrarios a su dignidad.   

3.2. La legitimación en la causa por activa.  

Frente  a  la  legitimación en la causa, la  Corte    ha    considerado   que   la   acción   de   tutela   procede   contra  cualquier33  autoridad  pública  que  con  su  acción  u  omisión amenace o  vulnere  alguno  de  los derechos contemplados dentro del objeto de protección.   

Por otro lado se ha establecido la acción de  tutela  puede  ser  ejercida  por  toda  persona  natural o jurídica titular de  algún derecho fundamental, directamente o por medio de un tercero.   

En  el  caso,  los demandantes exigen de las  autoridades  el  respeto  por sus propios derechos a la  vida  (art.  11  C.P.),  a la igualdad (art. 13 C.P.), a la intimidad personal y  familiar  (art.  15  de  la  C.P.)  a  la dignidad humana y a no ser sometidos a  tratos  crueles  inhumanos o degradantes (art. 12 C.P.), sin que el hecho de que  asociados  con ellos se encuentren los maltratos infligidos a sus visitantes les  reste legitimidad para actuar.   

3.3.    Los    derechos    de   los   reclusos   y   sus  visitantes.   

3.3.1. La condición de detenido o condenado  bajo  la  organización  administrativa  penitenciaria  o  carcelaria implica la  existencia  de  una  situación  de  especial  sujeción  del  interno  hacia el  Estado34,  que  lo pone en una condición de indefensión y privación de la  libertad  y  otorga  a  la  administración una serie de facultades que permiten  restringir   algunos   derechos   de  los  internos35. Para esta Corporación, las  relaciones    de    especial    sujeción   implican:   

“(i)   la   subordinación36  de  una  parte  (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se concreta  en  el  sometimiento  del  interno  a un régimen jurídico especial37 (controles  disciplinarios38y  administrativos39 especiales y posibilidad de  limitar40  el  ejercicio  de  derechos,  incluso  fundamentales). (iii) Este  régimen  en  cuanto  al  ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la  limitación  de  los  derechos  fundamentales  debe estar autorizado41  por  la  Constitución   y   la   ley.   (iv)  La  finalidad42   del   ejercicio   de  la  potestad  disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la  de  garantizar  los  medios  para  el  ejercicio  de  los demás derechos de los  internos  (mediante  medidas  dirigidas  a  garantizar  disciplina,  seguridad y  salubridad)  y  lograr  el  cometido principal de la pena (la resocialización).  (v)   Como   consecuencia   de   la   subordinación,  surgen  ciertos  derechos  especiales43  (relacionados  con  las  condiciones  materiales  de  existencia:  alimentación,  habitación, servicios públicos) en cabeza de los reclusos, los  cuales             deben             ser44  especialmente garantizados  por  el  Estado.  (vi)  Simultáneamente  el  Estado debe garantizar45  de manera  especial  el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos  (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).   

Como  lo  puede apreciar la Sala, entre las  consecuencias  jurídicas  más  importantes  de la existencia de las relaciones  especiales  de  sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de  algunos  derechos  fundamentales  de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo,  educación).  (ii)  La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos  fundamentales  (vida,  dignidad  humana,  libertad  de  cultos,  debido proceso,  habeas  data,  entre otros). (iii) El deber positivo46  en  cabeza  del  Estado de  asegurar  el  goce  efectivo  tanto de los derechos no fundamentales como de los  fundamentales,  en  la  parte  que  no sea objeto de limitación cuando la misma  procede,  y  en  su  integridad  frente  a  los  demás,  debido  a  la especial  situación  de  indefensión  o  de debilidad manifiesta en la que se encuentran  los    reclusos.    (iv)    El    deber   positivo47  en  cabeza  del  Estado de  asegurar    todas   las   condiciones   necesarias48  que  permitan  a  su  vez  condiciones    adecuadas    para    la   efectiva   resocialización49  de  los  reclusos.50    

No   obstante,  algunos  de  los  derechos  fundamentales  no  admiten restricción en el contexto de la sujeción al Estado  como  el  derecho  a  la  vida  (art.  11 C.P.) a la integridad personal, y a no  recibir  tratos  crueles  inhumanos o degradantes (art. 12 C.P.), cuya primacía  el  Estado  reconoce,  sin discriminación alguna, en el artículo 5º Superior.   

3.3.2.   Estos  derechos  están  también  consagrados  en tratados internacionales ratificados por Colombia así: el Pacto  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  (Ley  74 de 1968, art. 10), la Convención  Americana  de  Derechos  Humanos (Ley 74 de 1968, art. 5), la Declaración de la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  sobre  la Protección de todas las  Personas  contra  la  Tortura  y  otros  Tratos  o  Penas  Crueles,  Inhumanos o  Degradantes,  los  “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las  Personas  Privadas  de  Libertad en las Américas”51,  los “Principios básicos para el tratamiento de los  reclusos”52,  el  “Conjunto  de  Principios para la protección de todas las  personas  sometidas  a  cualquier  forma de detención o prisión”53,   entre  otros.   

3.3.3. Por su parte, la Ley 65 de 1993 dispone:  

“ARTICULO  5o.  RESPETO   A   LA   DIGNIDAD   HUMANA.  En  los  establecimientos  de  reclusión  prevalecerá  el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales  y  a  los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de  violencia síquica, física o moral.   

   

ARTICULO 6o. PENAS PROSCRITAS. PROHIBICIONES.  No  habrá  pena  de  muerte.  Se  prohíben  las  penas  de destierro, prisión  perpetua   y  confiscación.  Nadie  será  sometido  a  desaparición  forzada,  torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.   

(…)  

 ARTICULO 44. DEBERES DE LOS GUARDIANES. Los  miembros  del  Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen los  siguientes  deberes  especiales,  además  de los que señalen su estatuto y los  reglamentos general e interno:   

   

a)   Observar   una   conducta   seria   y  digna;   

         d)  Requisar   cuidadosamente   a   los   detenidos   o   condenados   conforme   al  reglamento;   

(…)   

g)  Mantener la disciplina con firmeza, pero  sin  más  restricciones  de  las  necesarias,  para  conservar  el  orden en el  establecimiento penitenciario o carcelario.   

ARTICULO 45. PROHIBICIONES. Los miembros del  Cuerpo     de     Custodia     y     Vigilancia     tienen     las    siguientes  prohibiciones:   

   

(…)  

d) Inflingir castigos a los internos, emplear  con ellos violencia o maltratamientos;   

(…)  

ARTICULO  112.  REGIMEN  DE  VISITAS.  Los  sindicados  tienen  derecho a recibir visitas, autorizadas por fiscales y jueces  competentes,  de  sus  familiares  y  amigos,  sometiéndose  a  las  normas  de  seguridad  y  disciplina  establecidas en el respectivo centro de reclusión. El  horario,  las  condiciones,  la  frecuencia y las modalidades en que se lleven a  cabo   las   visitas   serán   reguladas   por  el  régimen  interno  de  cada  establecimiento  de  reclusión,  según las distintas  categorías  de  dichos  centros  y  del mayor o menor grado de seguridad de los  mismos.   

   

Se  concederá  permiso  de  visita  a  todo  abogado  que  lo  solicite,  previa  exhibición  de su Tarjeta Profesional y si  mediare aceptación del interno.   

   

Los  condenados  podrán  igualmente recibir  visitas  de  los  abogados  autorizados  por  el  interno.  Las  visitas  de sus  familiares y amigos serán reguladas en el reglamento general.   

   

Los   visitantes  que  observen  conductas  indebidas  en  el interior del establecimiento o que contravengan las normas del  régimen  interno  serán  expulsados  del  establecimiento y se les prohibirán  nuevas  visitas,  de  acuerdo  con la gravedad de la falta teniendo en cuenta el  reglamento interno del centro carcelario.   

   

Al  visitante  sorprendido  o  que  se  le  demuestre  posesión,  circulación  o  tráfico  de  sustancias psicotrópicas,  estupefacientes,   armas   o   suma   considerable   de   dinero,   le  quedará  definitivamente  cancelado el permiso de visita a los centros de reclusión, sin  perjuicio de la acción penal correspondiente.   

   

En   casos   excepcionales  y  necesidades  urgentes,  el director del establecimiento podrá autorizar visita a un interno,  por  fuera del reglamento, dejando constancia escrita del hecho y de las razones  que  la  motivaron  y  concedido  por  el tiempo estrictamente necesario para su  cometido.   

   

La  visita  íntima  será  regulada  por el  reglamento    general,    según    principios    de    higiene,   seguridad   y  moral.”   

El Acuerdo 011 de 1995 expedido por el Consejo  Directivo   del   Instituto   Nacional   Penitenciario   y   Carcelario,   INPEC  establece:   

“ARTÍCULO     26.     Visitas.    Los   directores   de   los  establecimientos  determinarán,  en  el  reglamento  de  régimen  interno, los  horarios  en  que los internos puedan recibir visitas, así como las modalidades  y    formas    de    comunicación,    de   conformidad   con   los   siguientes  parámetros:   

1.  Los  días  sábados  se  recibirán las  visitas masculinas, y los domingos las femeninas.   

2. Cada interno tendrá derecho a recibir dos  grupos  de  visitas  a  la  semana;  un grupo el día sábado y un grupo el día  domingo,     sin     perjuicio     de    las    regulaciones    sobre    visitas  programadas.   

3. Cada interno podrá recibir un número de  personas no superior a tres (3) en cada uno de esos días.   

4.  La  visita  se  producirá en locutorios  acondicionados  para  tal  efecto. En los lugares donde no existan los mismos, y  mientras  se  acondicionan,  las visitas podrán recibirse en los pabellones. En  ningún  caso las visitas ingresarán a los lugares destinados al alojamiento de  los internos, salvo los casos de visita íntima.   

5.  En  el reglamento de régimen interno se  establecerá  un  horario  de visitas por pabellones, de manera que en las horas  de  la mañana se evacuen las visitas de la mitad de la población reclusa, y en  las  horas  de  la  tarde las de la otra mitad. La administración penitenciaria  informará  a  los  internos  y  a  los visitantes, el horario de visita de cada  pabellón.  A  la  entrada  del  establecimiento  se  controlará  el número de  visitantes por interno.”   

De la legislación antes transcrita se deriva  con  claridad  que, sobre el Estado recae la obligación legal de velar para que  los  derechos  fundamentales  de  los reclusos no sean vulnerados y se les de un  tratamiento   acorde  con  la  dignidad  humana.  De  otra  parte,  si  bien  la  administración  penitenciaria puede establecer ciertas reglas para el ejercicio  de  determinados  derechos  y  puede  disponer la realización de requisas tanto  para  los  internos como para sus visitantes, ello no puede ir más allá de los  límites  que  los  derechos  fundamentales  y  la  dignidad  humana imponen. El  incumplimiento  de  los  deberes de la administración, relativos al respeto por  la  dignidad  humana  de  los  reclusos  y  sus  visitantes  puede  dar  lugar a  responsabilidades de orden disciplinario o penal.    

3.3.4.  Lo  anterior  no  significa  que  se  desconozca   la  facultad  del  Estado  para  imponer  legítimas  y  razonables  restricciones  en  los  establecimientos de reclusión. Solo que existen ciertos  derechos  fundamentales  de  los  reclusos  que  “no  pueden  ser  objeto  de restricción alguna como, por ejemplo, los derechos a la  vida,    a   la   integridad   personal,  a  la  libertad  de  conciencia, a la salud y a no ser sometido a  torturas   ni   a   tratos   o   penas   inhumanas   o  degradantes.54    Esta  posición  jurisprudencial  se  funda  en  la Constitución y en los sistemas de  protección   de   derechos   humanos  universal  e  interamericano.55”56    (Negrilla   fuera   del  texto).   

3.3.5. Dentro del mismo contexto del respeto  a  la  dignidad  humana  de  los  reclusos  está  el respeto de esa dignidad en  relación  con  sus  visitantes.  Como lo ha puntualizado la Corte, las personas  que  acuden  a  visitarlos,  periódicamente,  o  esporádicamente, también son  merecedoras  de  un  trato digno, especialmente considerando que estas no tienen  restringidos  sus  derechos, por lo cual los servidores públicos que laboran en  los  establecimientos  de reclusión deben actuar en forma tal que garanticen la  efectividad    de    esos   derechos   como   lo   ordena   el   artículo   2º  superior57.  Si  bien los visitantes pueden ser objeto de requisas necesarias  para  preservar el orden, la seguridad y la función resocializadora de la pena,  éstas  encuentran  su límite en la dignidad de las personas y los principios y  valores  constitucionales.  Es  así  como el Código Penitenciario y Carcelario  (Ley 65 de 1993) contempla las requisas señalando al respecto:   

“ARTICULO  55.  REQUISA  Y PORTE DE ARMAS.  Toda  persona  que  ingrese  a  un  centro  de  reclusión  o  salga de él, por  cualquier  motivo,  deberá  ser  razonablemente  requisada  y  sometida  a  los  procedimientos  de  ingreso y egreso. Nadie sin excepción, en situación normal  podrá  entrar  armado  a  un  centro  de  reclusión.  Ningún vehículo podrá  ingresar  o  abandonar  el  establecimiento,  ni  paquete  o documento alguno ni  volumen  de  carga,  saldrá  de él, sin constatación y; requisa. Los internos  deben   ser   requisados   rigurosamente  después  de  cada  visita.   

En  el  mismo  sentido el Acuerdo 011 de 1995  estipula:   

“ARTÍCULO  22.  Requisas.  De  conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 65 de  1993,  toda  persona  que  ingrese  o salga del establecimiento será sometida a  controles de requisa.   

No  se  permitirá  el  ingreso  de elemento  alguno  por  parte de visitantes. Dicho ingreso se efectuará de conformidad con  lo       establecido       en       el      artículo      siguiente.”   

Como   se  observa,  la  razonabilidad  es  condición  para  que las requisas realizadas tanto a internos como a visitantes  se   puedan   considerar   ajustadas  a  la  ley,  de  manera  que  “No  es  razonable  una  requisa  que se realice transgrediendo el  derecho  a  la  dignidad  humana de la persona al manipular sus partes íntimas,  existiendo  otros  mecanismos  para garantizar la seguridad. Si bien por motivos  de  seguridad  se  justifica  la realización de requisas de quienes ingresan al  establecimiento  carcelario,  tales  revisiones  no  pueden  ignorar mandatos de  índole   constitucional   y   legal”  58   

.  No pueden entonces ni los internos ni los  visitantes  someterse  a  “procedimientos vejatorios, así fuere con el objeto  de  detectar  armas  o elementos prohibidos en el uso carcelario; porque si bien  los  reclusos  están  sujetos  a  la  restricción de sus derechos –‘a la intimidad personal y familiar,  reunión,  asociación,  libre  desarrollo  de  la  personalidad  y  libertad de  expresión’-,   pueden  exigir  el  pleno  respeto de su dignidad e integridad física y moral, al igual  que  el  reconocimiento  de  su personalidad jurídica y la preservación de sus  garantías      constitucionales     59”60.   

Para la Corte ello significa que:  

“las autoridades  no  pueden  ordenar intervenciones corporales masivas e indeterminadas, a fin de  confirmar  sospechas  o  amedrentar  a  posibles  implicados,  así fuere con el  propósito  de  mantener  el  orden  y  la seguridad, cualquiera fuere el lugar;  puesto  que  las medidas que restringen los derechos fundamentales se justifican  y  legitiman  en si mismas, atendiendo su utilidad y necesidad en aras de lograr  el  fin  propuesto, de manera que no resulta posible concluir sobre la idoneidad  de   procedimientos   generales  e  inciertos.”  61   

A  la luz de los anteriores planteamientos y  considerando  que  lo  que  aquí se cuestiona no es el hecho de las requisas en  sí,  sino que los caninos encargados de hacerlas entren en contacto directo con  los genitales de las personas, la Sala analizará el caso concreto.   

4. El caso concreto.  

4.1.  Encuentra la Sala que en el caso de los  hechos  alegados y las pruebas allegadas, se puede concluir lo siguiente: (i) la  creación  del  Grupo  de Apoyo Canino del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en el  Instituto  Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC62;   (ii)  la  existencia  de  normas  sobre  el objetivo, base legal, y glosario del procedimiento de ingreso,  selección,  entrenamiento  y  manutención  de  los  caninos  en  el  INPEC, PO  78-022-06  V0163-64;   (iii)   la  existencia  de  un  procedimiento  de  detección  e  identificación  de sustancias narcóticas y explosivas a visitantes e internos;  paquetes,  vehículos  e  instalaciones  con  caninos en los establecimientos de  reclusión  de  orden  nacional  PO  78-019-06  V0265-66;  (iv)  la  eficacia de esos  procedimientos  en  la  detección  e incautación de material prohibido tanto a  internos        como        a       visitantes67;   (v)   la   capacitación  impartida   al   personal   de   custodia   y   vigilancia  del  Establecimiento  Penitenciario  y Carcelario de Acacías Meta en materia de Derechos Humanos para  el          personal          penitenciario68-69;  (vi)  la capacitación que  se     imparte    a    los    binomios    caninos70;  (vii) el ataque de que fue  objeto  el  interno  Edier  Jaramillo  Castañeda  y  la  atención  médica que  recibió  así  como  la explicación de lo ocurrido71;  (viii)  el seguimiento que  se   ha   hecho   al   canino   “Memo”  que  atacó  al  recluso72; (ix) el no  uso  de  perros  peligrosos  para  el  procedimiento  de  requisa  a  internos y  visitantes     en     ese     Establecimiento     Penitenciario,    “por  tanto los caninos de raza LABRADOR utilizados para este fin,  no   representan   peligro   para  las  personas”73;         (x)  los mecanismos utilizados para las requisas mediante perros que  pueden  ‘‘trabajar en dos  formas:  a)  búsqueda  con  traílla controlada o mejor sujetado con la correa,  donde  el  guía canino tiene mayor control sobre el canino. b) enviar al buscar  el  canino  suelto  únicamente  con  el  collar  de  trabajo o fijo…”74.   

4. 2. La Comisión Interamericana de Derechos  Humanos  ha  señalado que no cuestiona la necesidad de requisas generales antes  de  permitir  el  ingreso  a una penitenciaría, pero subraya que el visitante o  miembro  de  la  familia  que visita a un recluso “no  debe  convertirse  automáticamente en sospechoso de un acto ilícito y no puede  considerarse,   en   principio,   que  represente  una  amenaza  grave  para  la  seguridad”75. Por su parte la Corte Interamericana ha  manifestado  que el ejercicio de la autoridad pública, tiene límites derivados  de  los  derechos  humanos  como atributos inherentes a la dignidad humana y, en  consecuencia,  esos  derechos  deben ser garantizados por el Estado en tanto son  superiores      al      poder      del     mismo76. Esa obligación de garantes  implica   el  deber  de  los  Estados  de  organizar  todas  las  estructuras  y  procedimientos  a  través  de  los  cuales se manifiesta el ejercicio del poder  público,  de  manera  tal que permitan asegurar a las personas el libre y pleno  ejercicio  de los derechos humanos, con las restricciones que, en el caso de los  reclusos  implica  el  hecho  de  estar  privados  de  la  libertad.77   

4.3. En el caso, es claro que en el expediente  existen  elementos  de  juicio  que  permiten  establecer  la efectividad de las  requisas78    y    comprueban    su   conveniencia   y   legalidad79.  Adicionalmente,   reconoce  la  Sala  el  esfuerzo  hecho  por  el  INPEC  y  el  Establecimiento   Penitenciario   y   Carcelario   de   Acacías   Meta,  en  la  capacitación  en  derechos  humanos de los integrantes del cuerpo de custodia y  vigilancia,  al  igual que en el adiestramiento de los perros del grupo de apoyo  y su periódico reentrenamiento.   

4.4. También destaca la sala que el INPEC ha  hecho  una  importante  labor,  y  así  lo  ha  demostrado en el proceso, en la  capacitación  de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en materia de  Derechos  Humanos,  como  lo  establecen  los artículos 38 y 42 de la Ley 65 de  1993.   

4.5.  No  obstante, pese a que los demandados  alegan  que  la  medida  de requisa con perros adiestrados no busca vulnerar los  derechos  de  los  internos  o sus visitantes, la manifestación de los actores,  aunque  desmentida por las respectivas autoridades, se comprueba con el dicho de  éstas  cuando  afirman  que  las  requisas con perros, pueden realizarse de dos  maneras:  “a)  búsqueda  con  traílla controlada o  mejor  sujetado  con  la correa, donde el guía canino tiene mayor control sobre  el  canino  y  b)  enviar a buscar el canino suelto únicamente con el collar de  trabajo  o  fijo”, y que en general, se realizan con  los ejemplares caninos sueltos. (Supra 5.3.2.6.)   

4.6.  Con  base  en  lo  anterior  la  Sala  considera  que  la  realización  de  requisas utilizando ejemplares caninos, si  bien  no  resulta  en si misma contraria a la Carta, si puede llegar a serlo por  el  hecho de que los perros establezcan contacto directo con las partes íntimas  de  las  personas,  lo que puede considerarse como una intrusión invasiva en el  cuerpo  humano  contraria  a  la dignidad que le es inherente a la persona y que  constituye  además  una amenaza contra la integridad personal. En consecuencia,  la  decisión  de  dejar libres los perros sin que el guía ejerza dominio sobre  ellos  con  traílla  controlada  o  sujetados  con la correa, para controlarlos  efectivamente  durante  la requisa, permite que mediante ese método no solo los  perros  puedan  entrar  en  contacto  directo con los genitales de las personas,  sino  que se pueda eventualmente intimidar, atemorizar y avergonzar a las mismas  y  se  presenten  posibles  abusos  que  amenacen  los  derechos  fundamentales.   

4.7.  Considera  entonces  la  Sala  que  es  importante  reiterar  a las autoridades que los visitantes y los internos tienen  derecho  a  que  se respeten su intimidad, dignidad e integridad personal y esos  derechos  solo  pueden  afectarse  mediante  prácticas  intrusivas en el cuerpo  humano,  en  circunstancias  muy  específicas  y, en ese caso, se requerirá la  orden  de  una  autoridad  judicial  como lo ha reiterado esta Corte80,   para  garantizar  así  que  el  procedimiento  esté  conforme con el respeto por los  derechos fundamentales de los reclusos y de quienes los visitan.   

4.8.  Como  lo señaló la Corte “las  intervenciones,  registros,  injerencias,  comprobaciones  o  extracciones  sobre  los  cuerpos  de  las personas”,  entre  los  cuales  se  debe  incluir  el contacto directo de los perros con los  genitales  de  los internos y sus visitantes, no están permitidos, “salvo  por  razones fundadas, siempre que medie el consentimiento  informado  del  afectado  y  el  registro se practique de modo que el pudor y el  decoro  personal  no  resulten  ofendido,  ni  la integridad física y jurídica  vulnerada,   condicionamientos   éstos   que  demandan  un  mandato  legal,  la  supervisión  judicial,  la  intervención  de  personal  experto  y  el  uso de  instrumental  y  condiciones  sanitarias  adecuadas,  porque los tratos crueles,  inhumanos    y    degradantes   están   proscritos   y   su   prohibición   es  absoluta”81.   

4.9.  Aunque  el  Estado está en el deber de  hacer  requisas  razonables,  la  Corte  está  obligada  a  recordar, que en la  realización  de las mismas deben respetarse los derechos fundamentales tanto de  internos        como       de       visitantes82  y  que está prohibida toda  actuación  que  constituya  un  maltrato,  al  conllevar  un  trato vejatorio o  descalificador,  que  atente contra la integridad no solo física sino psíquica  de  las  personas  y  con  ello  la  dignidad  humana.  Conductas como amenazar,  ridiculizar  o  inducir  por otros medios en las personas sentimientos negativos  como  miedo,  inseguridad,  impotencia,  vergüenza  etc., cuando esas conductas  implican  un  ejercicio  abusivo  del  poder,  están  absolutamente  proscritas  en  un Estado de Derecho, máxime considerando que en  esos  casos  la víctima es quien está en inferioridad de condiciones, debido a  la  sujeción  a  que  está  sometida  y a la autoridad que tiene quien realiza  tales comportamientos.   

4.10. En tal sentido, reitera la Sala lo dicho  en      la      tutela     T.848     de     200583 sobre las condiciones de las  requisas:   

“(1) El Estado tiene la legítima facultad  y  obligación para practicar requisas ‘razonables               y               proporcionadas’,              legalmente  consideradas.84    

         (3)  En  cualquier caso, no es razonable una requisa que se realice  transgrediendo  el  derecho  a  la  dignidad  humana  de  la  persona (reclusa o  visitante)  al manipular sus partes íntimas, cuando no es necesaria por existir  otros  mecanismos  para  garantizar  la  seguridad.86   

(4) No es razonable constitucionalmente, por  implicar  una  violación  al  derecho  fundamental  a  no ser sometido a tratos  crueles,  inhumanos  o  degradantes, las requisas intrusivas que son practicadas  por  la  guardia  de  un  establecimiento  de reclusión, tales como desnudar al  recluso  o  al visitante, obligarlo a agacharse o a hacer flexiones de piernas y  mostrar  sus  partes  íntimas a la guardia; más aún si éstas se practican en  condiciones                insalubres.87   

(5)   Las   intervenciones,   registros,  injerencias,  comprobaciones  o  extracciones  sobre los cuerpos, tales como las  ‘requisas  intrusivas’,   pueden  llegar   a   darse   por   razones   fundadas  “(…)  siempre  que  medie  el  consentimiento  informado del afectado y el registro se practique de modo que el  pudor  y  el  decoro  personal no resulten ofendidos, ni la integridad física y  jurídica  vulnerada, condicionamientos éstos que demandan  (i) un mandato  legal,   (ii)  la supervisión judicial, (iii) la intervención de personal  experto  y  (iv)  el  uso  de  instrumental  y condiciones sanitarias adecuadas,  porque  los  tratos  crueles,  inhumanos  y  degradantes  están proscritos y su  prohibición          es         absoluta”88”.    

4.11. Por lo anterior, teniendo en cuenta que  la  requisa  con  perros  a  que  se  ha  hecho referencia representa amenaza al  derecho  fundamental  de integridad personal que se invoca, y que esta práctica  puede  ocasionar  la  vulneración efectiva de la integridad personal de quienes  son  objeto  de  la misma, se tutelará el derecho invocado y se prevendrá a la  entidad  accionada  para  que  (i)  establezca  un  reglamento  que disponga que  durante  las  requisas  tanto  a  los  internos como a sus visitantes los perros  deben  mantenerse sujetos mediante la traílla y el correspondiente bozal cuando  sea  el  caso,  e  (ii)  imponga los controles necesarios a fin de evitar que se  presenten  tratos  poco  respetuosos  contra los reclusos o sus visitantes, como  los  que  mencionan  los  demandantes.  Este  mandato  se extenderá a todos los  establecimientos carcelarios y penitenciarios del país.   

4.12.  Prevendrá  también  tanto  al  Director  del  INPEC  como  al Director del Establecimiento  Penitenciario  y  Carcelario  de  Acacías  Meta,  para  que  realicen   un  estricto  seguimiento  de  la actividad laboral de los integrantes del Cuerpo de  Custodia            y           Vigilancia89 en general, y en particular  sobre   los  integrantes  de  los  llamados  “binomios  caninos”90,   para  evitar  por  todos  los  medios  posibles  la eventual  vulneración  de  derechos  relacionados  con la integridad personal y por tanto  inherentes   a   la   dignidad  humana,  tanto  de  los  internos  como  de  sus  visitantes.   

4.13.  Respecto  del  ataque al interno Edier  Jaramillo  Castañeda  por el perro “rottweiler” denominado “Memo”, debe  recordarse  que  la  Ley  746  de  2002  considera potencialmente peligrosos los  ejemplares  caninos que “han tenido episodios de agresiones a personas u otros  perros”  o  “que han sido adiestrados para el ataque y la defensa”, por lo  cual  el  Director  del  establecimiento  Penitenciario y Carcelario de Acacías  Meta  deberá  adoptar las medidas que considere procedentes para evitar que una  situación  igual vuelva a presentarse,  que haya sido, como lo afirman los  demandados,  un  hecho  aislado, no lo justifica y en cambio si demanda un mayor  cuidado en el manejo de este tipo de caninos.   

4.14.  En cuanto a que la Procuraduría y la  Defensoría,   la   Sala   advierte  que  los  demandantes  reclaman  que  estas  autoridades  no  tienen contacto con los reclusos para que estos puedan poner en  su  conocimiento  las  actuaciones  que  consideran  irregulares, por lo cual la  Corte  dará  traslado de copia de estos expedientes a la Procuraduría Regional  Meta  en  conjunto  de  Defensoría  del  Pueblo  Regional  Meta  y Personero de  Acacías  para  que  realicen  las  investigaciones  pertinentes,  presten a los  internos  y sus visitantes el apoyo que requieran y velen por el cumplimiento de  las órdenes que se impartan en esta sentencia.   

III. DECISIÓN.  

En  mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de  Revisión  de  la  Corte  Constitucional,  administrando  justicia en nombre del  pueblo y por mandato de la Constitución Política.   

RESUELVE:  

Primero-.  REVOCAR  las  decisiones del  Juzgado  Penal  del  Circuito  de Acacías-Meta del 5 de diciembre de 2008 en el  proceso    50006310400120080013900   (T-2.196.864)91,  y  del  Juzgado  Penal del  Circuito   de   Acacías-Meta  del  11  de  diciembre  de  2008  en  el  proceso  5000631040012008001480092 (T- 2.196.867), en cuanto no  tutelan  el  derecho  a  la integridad personal de los demandantes, amenazado de  vulneración.   

Segundo-.  ORDENAR a  los  accionados  que  establezcan  un  reglamento  que  disponga que durante las  requisas  tanto a los internos como a sus visitantes los perros deben mantenerse  sujetos   mediante  la  traílla  y  el  correspondiente  bozal  cuando  sea  el  caso.    

Tercero-.  PREVENIR tanto al Director  del  INPEC  como  al  Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de  Acacías  Meta,  para que realicen  un estricto seguimiento de la actividad  laboral  de los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en general, y en  particular  sobre  los  integrantes de los llamados “binomios caninos”, para  evitar  por  todos los medios posibles la vulneración  de  derechos relacionados con la integridad personal y la dignidad humana, tanto  de  los  internos  como  de  sus  visitantes.  Y  PREVENIR,  en  general,  a los  demandados  para  que  impongan  los controles necesarios a fin de evitar que se  presenten  tratos  poco  respetuosos  contra los reclusos o sus visitantes, como  los  que  mencionan  los  demandantes,  mandato  que  se  extenderá a todos los  establecimientos carcelarios y penitenciarios del país.   

Cuarto-.  REMITIR  copia  de estos expedientes a la Procuraduría Regional Meta, la Defensoría del  Pueblo  Regional  Meta  y  el  Personero  de  Acacías,  para  que  realicen las  investigaciones  pertinentes,  y  prevenirles  para que presten a los internos y  sus  visitantes  el  apoyo  que  requieran  y  velen  por el cumplimiento de las  órdenes que se impartan en esta  sentencia.   

Quinto.    Por  Secretaría  General, líbrese la comunicación a que  se     refiere     el     artículo     36     del     Decreto 2591 de  1991.   

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la  Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.   

NILSÓN PINILLLA PINILLA  

Presidente  

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO  

Magistrado  

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB  

Magistrado  

MARTHA     VICTORIA     SÁCHICA     DE  MONCALEANO   

Secretaria General  

    

1 Folio  68 del cuaderno 1   

2 Folio  59 del cuaderno original.   

3  Manifiestan  los  demandantes  haber sido sometidos a tratos crueles inhumanos y  degradantes  proscritos  por  el  artículo  12  superior,  por el uso de perros  antinarcóticos:  (i)  en los casos de descontrol o amotinamiento en los patios,  eventos  en  los  cuales  la  guardia  suelta  los  perros y éstos atacan a los  internos,  mientras  los señores de la guardia se ríen al ver correr asustados  a  los  reclusos;  (ii)  los  sábados  y  domingos  de visita cuando llegan las  familias,  esposa  e hijos, pues los encargados de manejar los perros no ejercen  control  sobre  esos  animales y en un caso uno de los  canes  derribó  a  una  señora y (iii) al finalizar la visita, cuando llevan a  los  internos al patio para ser requisados, se les hace desnudarse quedando solo  en  ropa  interior  y  luego  de  revisar  la  ropa  y los zapatos y de pasar un  detector  de  metales se acerca un guardia con un perro que mete el hocico en la  parte  del recto y les golpea los testículos mientras el guardia se ríe al ver  los  gestos  que hacen los internos al recibir el maltrato del animal cuando les  golpea  las  partes  íntimas.  Mencionan  además  que estando el interno Edier  Jaramillo   Castañeda   trabajando,  se  lanzó  sobre  él  un  perro  llamado  “Memo”,  sin  que el recluso le estuviera haciendo nada, y con la careta que  tiene  en el hocico le causó heridas en la cara y en la oreja donde le hicieron  varias  suturas,  lo  que,  a  su  juicio  demuestra que esos animales no están  amaestrados   

4  Señala  el  demandante  que  el  2  de  noviembre  de  2008  llegó su esposa a  visitarlo  y  fue  retenida por los Dragoneantes López y Alfonso Urrea, quienes  le  soltaron  un  perro  que  siempre  mete  el  hocico entre las piernas de las  mujeres  tocando sus partes íntimas y los dragoneantes se ríen de las caras de  terror  de  ellas. Menciona que después los dragoneantes llevaron a su esposa a  la  esquina  en el cubículo donde hacen las requisas y empezaron a amenazarla y  atemorizarla  psicológicamente,  diciéndole que entregara la droga que llevaba  pues  la  iban a judicializar, y al responder su esposa que no llevaba nada, los  dragoneantes  comenzaron  a  filmarla  pidiéndole que firmara un papel, pues la  iban  a  pasar  por  rayos X porque estaba cargada de droga. La esposa del actor  dijo  que  podían  pasarla  por  los  rayos  X  porque  no  llevaba  nada  y  a  continuación  los  dragoneantes  la  dejaron entrar. Cuenta también el caso de  una  señora  a  quien los perros antinarcóticos arrojaron al suelo frente a lo  cual  los  guardias  se  pusieron  a  reír,  y  afirma  que  el  maltrato se ha  presentado  también  con  otras  esposas  de  reclusos  a  quienes los guardias  atemorizan  diciéndoles  que  vienen cargadas de drogas y las tratan como mulas  del  narcotráfico,  por lo cual a ellas y a los familiares les da miedo visitar  a  los  internos,  varios  de  los cuales han perdido su hogar por ese problema.  Afirma  que pocos reclusos se atreven a quejarse por miedo a las represalias que  en su contra puedan adoptar la administración del penal.   

5  Sentencia T-848/05 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

6  Folios 27 y 28 del cuaderno 1.   

7  Folios 29 a 31 del cuaderno 1.   

8  Folios 32 y 33 del cuaderno 1.   

9   Folios 34-39 del cuaderno 1.   

10  Folios 47 a 49 del cuaderno 1.   

11  Folios 50 a 63 del cuaderno 1.   

12  Folio 64 del cuaderno 1.   

13  Folio 65 del cuaderno 1.   

14  Folios 21-23 del cuaderno original.   

15  Folios 32-58 del cuaderno original.   

16  Folio 68 del cuaderno 1   

17  Folio 59 del cuaderno original.   

18  Folios 27-32 cuaderno de la Corte.   

19  Menciona el Decreto 2160 de 1992.   

20  Folios 34-39 del cuaderno de la Corte.   

21  Folio  40  del  cuaderno de la Corte. “QUEJA No. 041-2008 del 11 de Febrero de  2008,  interpuesta  por  la Señora CLAUDIA PATRICA PALACIOS GARZON, mediante la  cual   pone  en  conocimiento  supuestas  irregularidades  relacionadas  con  la  conducta  del Dragoneante OSORIO, adscrito a la Colonia Agrícola de Acacías, y  encargado   de   los  caninos,  en  un  momento,  donde  supuestamente  agredió  verbalmente  a  un  grupo  de  mujeres  en el momento de ingresar a la visita.//  QUEJA  No.71/2008  Quejosa ESPERANZA MARGARITA ZABAL, quien pone en conocimiento  presuntas  irregularidades  relacionada  con  la  conducta  del  funcionario del  Cuerpo  de  Custodia  y  Vigilancia adscrito a la Colonia Agrícola de Acacías,  donde  supuestamente  al  ingresar  a la visita fue cambiada tres veces de sitio  por  cuanto  al  parecer  los  tenis  resultaron  positivo  en  el momento de la  requisa”.   

23  Folios 55 a 62 del cuaderno de la Corte.   

24  Folios 63 a 69 del cuaderno de la Corte.   

25  Folios 38-62 del cuaderno de la Corte.   

26  Folios 63-75 del cuaderno de la Corte.   

27  Folios 76 y 77 del cuaderno de la Corte.   

28  Folios 78 y 79 del cuaderno de la Corte.   

29  Folios 81 y 82 del cuaderno de la Corte.   

30  Folio 68 del cuaderno 1   

31  Folio 59 del cuaderno original.   

32  Ver,  entre otras, las sentencias T-851 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil y   T-580 de 2008 M.P. Humberto Sierra Porto.   

33  En  importante jurisprudencia la Corte Constitucional  ha   dado  aplicación  rigurosa  al  universal  “cualquier”  utilizado  por  el  Constituyente  en el primer inciso del artículo 86 de la Constitución. En este  sentido  se  ha  considerado procedente la acción de tutela contra providencias  judiciales.  Entre  los primeros fallos se pueden contar las sentencias T-413 de  1992  ,  T-043  de  1993 , T-139 de 1994, T-577 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre  Lynett   

34  Sobre  el  estado  de   sujeción especial de los reclusos frente al Estado  ver,  entre  otras,  las  sentencias  T-596  de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón;  T-065  de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-318 de 1995, M.P. Alejandro  Martínez  Caballero;   T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-706  de  1996,  MP. Eduardo Cifuentes Muñoz,  T-714 de 1996, M. P. Eduardo  Cifuentes  Muñoz,  T-701 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-690/04 M.P.  Álvaro  Tafur  Galvis, T-622/05 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-848/05 M.P. Manuel  José   Cepeda   Espinosa,    T-1062   de  2006  M.P.  Clara  Inés  Vargas  Hernández   

35  Sentencia T-714/96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.   

36 La  subordinación  tiene  su  fundamento  en  la obligación especial de la persona  recluida  consistente  en  “cumplir  una  medida  de  aseguramiento,  dada  su  vinculación  a  un  proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la  comisión  de  un  hecho  punible”  citada  de  la  Sentencia T-065 de 1995. O  también  es  vista como el resultado de la “inserción” del administrado en  la  organización  administrativa  penitenciaria por lo cual queda “sometido a  un régimen jurídico especial”, así en Sentencia T-705 de 1996.   

37  Desde  los  primeros  pronunciamientos  sobre  el  tema, la Corte identificó la  existencia  de  un “régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos  los  internos”,  el  cual  incluye  la suspensión y la limitación de algunos  derechos   fundamentales,   en   este  sentido  ver  Sentencia  T-422  de  1992.   

38 Que  se  concreta  por  ejemplo,   en  la  posibilidad  de implantar un régimen  disciplinario   para   los   reclusos,  así  en   la  Sentencia  T-596  de  1992.   

39 Que  se  concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen especial de  visitas, así en la sentencia T-065 de 1995.   

40  Sobre  los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos, según  la  posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras las  sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996.   

41 En  este  sentido véase la sentencia C-318 de 1995. La potestad administrativa para  limitar  o  restringir  derechos  fundamentales en el contexto de las relaciones  especiales  de  sujeción,  “debe  estar expresamente autorizada en la ley que  regule su ejercicio”, así en la sentencia T-705 de 1996.   

42  Sobre  la  finalidad  de  la  limitación  a  los  derechos  fundamentales en el  contexto  de  las  relaciones  especiales  de sujeción, véase especialmente la  sentencia  T-705  de  1996.  Sobre  su relación con la posibililidad real de la  resocialización véase la sentencia T-714 de 1996.   

43  Entre  los  especiales  derechos  de  los presos y su correlato, los deberes del  Estado,  como  consecuencia  del  establecimiento  de  una relación especial de  sujeción,  se  encuentran  “el  deber  de  trato humano y digno, del deber de  proporcionar  alimentación  suficiente,  agua potable, vestuario, utensilios de  higiene,  lugar  de  habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el  deber  de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros”,  citada de la sentencia T-596 de 1992.   

44  Sobre   los   deberes   especiales   del   Estado  ver  la  sentencia  T-966  de  2000.   

45  Para  la  Corte  esta  garantía  debe ser reforzada, ya que el recluso al estar  sometido  a  una  relación  especial  de sujeción, tiene limitado su derecho a  escoger  opciones  y  le  es  imposible  autoabastecerse, en este sentido ver la  sentencia   T-522   de   1992,   además  se  encuentra  en  un  estado  de  “vulnerabilidad”  por  lo  cual  la  actividad  del  Estado en procura de la  eficacia  de  los  derechos  fundamentales  debe ser activa y no solo pasiva, en  este  sentido ver la sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la sentencia  T-420  de  1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma  autónoma  los  beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia  digna,  así  en  la  sentencia  T-714  de  1995,  o  se  encuentra en estado de  indefensión frente a terceros, así en la sentencia T-435 de 1997.   

46  Sobre   el   contenido  de  este  deber  positivo  ver  la  sentencia  T-153  de  1998.   

47  Sobre  el  énfasis  en  el  deber  positivo  en  cabeza  del Estado, véase las  sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998   

48  Responsabilidad  del  Estado  que  se concreta en la obligación de velar por la  seguridad  de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación   de  garantizar  condiciones  de  vida  adecuadas  a  los  reclusos,  así  en la  Sentencia T-522 de 1992.   

49 La  posibilidad  de  reinserción  social depende en buena medida de la eficacia del  derecho  de  los  reclusos  a  contar  con  centros  carcelarios adecuados, este  derecho  encuentra  el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en  el  principio  del  Estado  social  de  derecho,  así  en  sentencia  T-153  de  1998.   

50  Sentencia  T-881  de  2002  M.P.  Eduardo  Montealegre  Lynett, en igual sentido  T-1108 de 2002 M.P. Alvaro Tafur Galvis. .   

51  Documento  aprobado por la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones,  celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008   

52  Adoptados  y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14  de diciembre de 1990   

53  Adoptado  por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de  1988.   

54 En  la  sentencia T-966 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) se expone la cuestión  así:   “(…)  algunos  derechos,  como la libertad personal o la libre locomoción, se encuentran (…)  limitados  a  partir de la captura. No obstante, otro grupo de derechos, como el  derecho  a  la  intimidad  personal  y familiar y los de reunión y asociación,  pese  a  que  pueden  llegar  a  ser  fuertemente  limitados,  nunca podrán ser  completamente  suspendidos.  Por último, la persona, no importa su condición o  circunstancia,  está  protegida  por un catálogo de derechos que no pueden ser  objeto  de  restricción  jurídica  durante la reclusión. Se trata de derechos  como  el  derecho  a  la  vida,  a  la  integridad  personal  o a la libertad de  conciencia.”  En  este  caso,  al  cual se hará referencia posteriormente, la  Corte   decidió   que  las  circunstan­cias  planteadas por los hechos daban lugar a la declaración de un  estado   de   cosas   inconstitucional  en   la   Cárcel  del  Distrito  Judicial  de  Cali,  Villahermosa.   

55 En  la  sentencia  T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) se consideró que  “[e]l  hecho  de  que  ciertos  derechos  de  los reclusos no están sujetos a  limitaciones  legítimas, tales como la vida, la integridad personal y la salud,  también  ha  sido  resaltado  por  los  organismos  internacionales de derechos  humanos.  Así,  la  Comisión  Interame­ricana   de   Derechos   Humanos  ha  enfatizado  que  ‘es   uno  de  los  más  importantes  predicados     de     la     responsa­bilidad  internacional  de  los  Estados en relacón a los derechos  humanos  el  velar  por la vida y la integridad física y mental de las personas  bajo    su   custodia’  [  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso  Tames  contra  Brasil, 1999, párrafo 39.]; por su parte, el Comité de Derechos  Humanos    de    las    Naciones    Unidas   ha   explicado   que   ‘la   obligación  de  tratar  a  las  personas  con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano comprende,  entre  otras  cosas,  la  prestación de cuidados médicos adecuados’  [ Comité de Derechos Humanos, caso  Kelly   (Paul)   c.  Jamaica,  párrafo  5.7,  1991],  y  que  “incumbe  a  los  Estados  garantizar  el  derecho  a  la  vida  de  los  detenidos  y no a éstos  solicitar   protección.   (…)   Corresponde  al  Estado  parte,  mediante  la  organización  de sus centros de detención, tener un conocimiento razonable del  estado  de  salud  de  los  detenidos.  La  falta de medios financieros no puede  atenuar  esa  responsabilidad.” [Comité de Derechos  Humanos,   caso   Lantsova   c.   la   Federación   de   Rusia,  párrafo  9.2,  2002]”   

56  Sentencia T-848/05 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

57 Ver  Sentencia T-269/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.   

58 Ver  Sentencia T-269/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.   

59  Sentencia   T-702   de   2001  M.P.  Marco  Gerardo  Monroy  Cabra  –el    accionante    solicitó    la  protección   de   sus  derechos  fundamentales  porque  en  el  establecimiento  carcelario  en  el  que se encuentra recluido “se le  practica  una  requisa  rutinaria (..) totalmente desnudo, de espaldas, me hacen  agachar  varias  veces. Además me obligan a levantar mis testículos y bajar el  pene,  subirlo  y  que corra el prepucio. También sostiene que al ingresar a la  Cárcel  se  le  practicó  un  requisa  similar: “ la requisa, al ingreso, se  extralimita  al  desnudarme  completamente,  asumiendo  posiciones  vergonzosas:  parado  en  una  silla  y  agachándome varias veces mostrándole el recto a los  guardianes.”  En  igual  sentido T-269 de 2002, del  mismo    ponente   –el  accionante   denunció   “las  guardianas  realizan  a  las  mujeres  requisas  denigrantes  que  implican  bajarse  los  interiores,  desnudarse  y mostrar los  senos,  hacer  cuclillas  o  flexiones  de  rodillas,  introducir  la mano en la  región         pélvica        –aduciendo  que  lleva  algún elemento en la vagina- y retiro de la  prótesis dental”-.   

60  Sentencia T-690/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis.   

61  T-690 de 2004 M.P. Alvaro Tafur Galvis   

62  Supra 3.1.1   

63  Folios 47 a 49 del cuaderno 1.   

64  Supra 3.1.5.   

65  Folios 50 a 63 del cuaderno 1.   

66  Supra   3.1.6.   

67  Supra    5.3.9.    y  5.3.10.   

68  Folios 33-58 del cuaderno original.   

69  Supra 3.2.2.   

70  Supra    5.3.2.1.    a  5.3.2.3.   

71  Supra  3.1.7.,  3.1.8.  y  5.3.13.3.   

72  Supra 5.3.2.8.   

73  Supra    5.3.13.3.   y  5.3.12.1.   

74  5.3.2.6.   

76  Corte  Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, Sentencia  del 29 de julio de 1988, Serie C, No.4, párrafo 165   

En  su  opinión consultiva sobre el vocablo  “Leyes”,  la  Corte  afirma  además que: // “…la protección a los derechos  humanos,  en  especial  los  derechos  civiles  y  políticos  recogidos  en  la  Convención,  parte  de  la  afirmación  de  la existencia de ciertos atributos  inviolables  de  la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados  por  el  ejercicio del poder público.  Se trata de esferas individuales que el  Estado  no  puede  vulnerar  o  en las que sólo puede penetrar limitadamente.   Así,   en   la   protección  a  los  derechos  humanos,  está  necesariamente  comprendida  la  noción  de  la restricción al ejercicio del poder estatal.”  //   Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos, el vocablo “Leyes” en el  artículo  30  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos Humanos, Opinión  Consultiva  OC-6/86  del  9  de  mayo  de 1986. Serie A, No. 6, párrafo 21. Ver  además  Comisión  Interamericana  de  Derechos Humanos. Informe Nº 38/96 Caso  10.506 X y Y vs. Argentina.   

77  Corte  Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, Sentencia  del 29 de julio de 1988, Serie C, No.4, párrafo 166   

78  Resultados de las mismas en materia de incautaciones   

79 Ley  65 de 1993 y Acuerdo 011 de 1995.   

80 Ver  entre  otras  sentencias  T-690  de 2004M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-622/05 M.P.  Álvaro  Tafur  Galvis,  T-848/05  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1062/06  M.P. Clara Inés Vargas Hernández.   

81  Sentencia T-690/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis.   

82 Las  “Reglas  mínimas  para  el  tratamiento  de  los reclusos” Adoptadas por el  Primer   Congreso  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Prevención  del  Delito  y  Tratamiento  del  Delincuente,  celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el  onsejo  Económico  y  Social  en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de  1957  y  076  (LXII)  de  13  de  mayo  de  1977,  establecen  que  “79.  Se  velará  particularmente  por  el  mantenimiento  y  el  mejoramiento  de  las  relaciones  entre  el recluso y su familia, cuando éstas  sean convenientes para ambas partes”.   

83  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

84  Como    se   indicó,   son   razonables  “las  requisas  visuales  o  cacheos  superficiales,  sobre las  personas       recluidas       en      los      centros      peniten­ciarios  y  quienes  ingresan  a  los  mismos,  como  también  sobre los elementos que unas y otras poseen o pretenden  ingresar  a  los  reclusorios están permitidas, y pueden ser practicadas por el  personal      de      guardia,      atendiendo      los      requeri­mientos  de  orden  y  seguridad  del  penal”  [Corte  Constitucional,  sentencia  T-690  de  2004  (MP  Alvaro Tafur  Galvis)]    

85 Los  sindicados     tiene     derecho    ‘a    recibir    visitas    de   familiares   y   amigos’, los cuales deberán someterse a las  ‘normas  de  seguridad y  disciplina  establecidas  en  el  respectivo  centro  de  reclusión’.   

86  Como   se  indicó,  no  es  razonable  que  las  autoridades  ordenen  “(…)  intervenciones   corporales   masivas  e  indeterminadas,  a  fin  de  confirmar  sospechas  o  amedrentar  a posibles implicados, así fuere con el propósito de  mantener  el  orden  y  la  seguridad, cualquiera fuere el lugar (…)” [Corte  Constitucional, sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis)]   

87  Como  se  indicó,  la  Corte  ha  señalado  que “(…) las requi­sas que se practican en los centros de  reclusión  no  comportan registros corporales sobre los cuerpos desnudos de los  internos   y  de  sus  visitantes,  ni  sujeción  de  éstos  a  procedimientos  vejatorios,  así  fuere  con el objeto de detectar armas o elementos prohibidos  en  el  uso  carcelario”.  [Corte  Constitucional, sentencia T-690 de 2004 (MP  Alvaro Tafur Galvis)]   

88  Corte    Constitucional,    sentencia   T-690   de   2004   (MP   Alvaro   Tafur  Galvis)   

89 Las  “Reglas   mínimas   para   el   tratamiento   de   los   reclusos”  Adoptadas por el Primer Congreso de  las  Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,  celebrado  en  Ginebra en 1955, y aprobadas por el onsejo Económico y Social en  sus  resoluciones  663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 076 (LXII) de 13 de mayo  de     1977,     establecen     que    “48.  Todos  los miembros del personal  deberán  conducirse  y  cumplir  sus funciones en toda circunstancia, de manera  que  su  ejemplo  inspire  respeto  y  ejerza  una influencia beneficiosa en los  reclusos”.   

90  Conformados por un funcionario y un perro debidamente  adiestrado   

91  Folio 68 del cuaderno 1   

92  Folio 59 del cuaderno original.