T-601-16

           T-601-16             

Sentencia T-601/16    

ACCION DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES DE   AUTORIDADES DE POLICIA EN EL CURSO DE UN PROCESO POLICIVO-Requisitos generales y especiales de   procedencia    

ACCION DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES DE   AUTORIDADES DE POLICIA EN EL CURSO DE UN PROCESO POLICIVO-Procedencia por vulneración de derechos   fundamentales en orden de desalojo    

PROCESOS AGRARIOS DE CLARIFICACION DE LA   PROPIEDAD-Acción de   nulidad y restablecimiento del derecho no es el medio de defensa eficaz ni   idóneo cuando se trata de proteger derechos fundamentales, vulnerados por la   omisión en la culminación de procesos administrativos    

PROCESOS AGRARIOS DE CLARIFICACION DE LA   PROPIEDAD-Procedencia de   la acción de tutela cuando se vulneran derechos   fundamentales debido a la omisión de autoridades administrativas de dar inicio e   impulso a un proceso de clarificación de la propiedad     

El medio de defensa judicial de nulidad y   restablecimiento del derecho no es eficaz ni idóneo cuando se trata proteger   derechos fundamentales, vulnerados por la omisión en la culminación de procesos   administrativos.    

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS,   AFRODESCENDIENTES, RAIZALES, PALENQUERAS, PUEBLOS ROM Y DEMAS GRUPOS ETNICOS-Protección constitucional     

DERECHO A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Vulneración   a comunidad afrodescendiente debido a la discriminación estructural e histórica   que han padecido afectando directamente a sus individuos    

DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LAS   COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES-Fundamental    

DERECHO A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Orden   a autoridades realizar proceso de clarificación respetando los derechos de las   comunidades étnicas afrodescendientes    

Referencia: Expediente   T-4588870    

Procedencia: Corte   Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral    

Asunto: Debido proceso.   Conservación de la identidad y protección de la vida de comunidades   afrocolombianas.    

Magistrada sustanciadora:    

GLORIA STELLA ORTIZ   DELGADO    

Bogotá, D. C., dos (2) de   noviembre dos mil dieciséis (2016).    

La Sala Quinta de Revisión de la Corte   Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y   Aquiles Arrieta Gómez, y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la   preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha   proferido la siguiente    

SENTENCIA    

En el proceso de revisión de la   sentencia de tutela proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de   Justicia el 17 de septiembre de 2014, mediante la cual se confirmó la   providencia dictada el 1º de julio de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal   Superior del Distrito Judicial de Cartagena.    

El asunto fue recibido el 20 de   octubre de 2014 por la Corte Constitucional debido a la remisión que realizó la   Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según lo ordenado por el artículo   32 del Decreto 2591 de 1991. El 10 de noviembre de 2014, la Sala de Selección   Número Once de Tutelas de esta Corporación lo seleccionó para revisión.    

Estando en curso la revisión de este   asunto, el 12 de noviembre de 2015, la Sala de Selección Número Once de Tutelas   acumuló el expediente T-5152026, a este proceso por considerar que presentaban   unidad de materia, para que fueran fallados en una sola sentencia.    

Sin embargo, después de realizar el   estudio pormenorizado de ambos expedientes, la Sala Quinta de Revisión de   Tutelas, en ejercicio de las facultades legales y constitucionales, decidió   desacumularlos mediante Auto del 10 de octubre de 2016. Lo anterior, al   comprobar que si bien comparten un contexto común (controversias sobre tierras   en la Hacienda Arroyo Grande), los problemas jurídicos a tratar son diferentes.   En efecto, el expediente acumulado T-5152026 propone una acción de tutela contra   providencia judicial por vulneración de los derechos al debido proceso, acceso a   la administración de justicia y de defensa de los accionantes, mientras que el   expediente T-4588875 conlleva al estudio de una eventual vulneración de derechos   sistemática por parte de diversas entidades estatales y particulares de una   Comunidad de afrocolombianos propietarios y/o poseedores de terrenos de los   cuales, al parecer, están siendo despojados.         

I. ANTECEDENTES    

El 20 de enero de 2014[1], la señora Edelmira Ortega de Marrugo, en   calidad de integrante de la Comunidad de Copropietarios de la Hacienda Arroyo   Grande[2],   presentó acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación, el   Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural   INCODER, la Inspección de Policía de Arroyo Grande, la Personería Distrital de   Cartagena y “demás autoridades que se determinen en el desarrollo de la   presente”.    

Lo anterior debido a que estas entidades incurrieron   en diversas y reiteradas acciones y omisiones que han conllevado a que se   adelanten procesos policivos en contra de la Comunidad de Arroyo Grande,   mediante los cuales se ha desplazado forzosamente a las familias que   históricamente han sido propietarias de los predios desalojados. En esa medida,   la accionante considera que   sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, de defensa, y   especialmente, aquellos consagrados en el Convenio 169 de la OIT en favor de los   grupos indígenas y tribales, fueron vulnerados con ocasión de los siguientes hechos:    

A.    Hechos y pretensiones    

1. Edelmira Ortega de Marrugo afirmó que en el siglo XIX,   la propiedad de la Hacienda Arroyo Grande fue transferida por un español, el   señor José del Carmen Ramírez, a una comunidad de 113 familias afrocolombianas.   El título traslaticio de dominio se elevó a la Escritura Pública Nº 161 de 1897   ante la Notaría Primera de Cartagena, y fue registrado en la Oficina de Registro   de Instrumentos Públicos de Cartagena con el folio de matrícula inmobiliaria Nº   060-34226[3],   abierto el 15 de diciembre de 1980. Según la actora esta propiedad es   comunitaria, colectiva y proindiviso, “por tal nadie es dueño de lugar alguno   y todos son dueños de todo”[4].    

2. Sostuvo que se trata del predio ubicado   en el corregimiento de Arroyo Grande, en el Distrito de Cartagena de Indias y   está conformado por los poblados de Arroyo de las Canoas, La Europa, Arroyo   Grande y Lomita Arena. Adicionalmente describió los siguientes linderos:    

“POR EL NORTE: Con el mar   Caribe y los terrenos de Boca de Amanzaguapos, por el sur, con la Hacienda del   Púa, de propiedad, para la época de Escrituración, del señor ANDRÉS J. JARAVA,   Por el Oriente con la misma Hacienda de Púa, y con terrenos de la, para   entonces, ALDEA DE CLEMENCIA y Caserío del COCO, por el occidente con el mar   Caribe”[5].    

3. Agregó que históricamente la   Comunidad ha vivido de la ganadería, la agricultura y la pesca. Explicó que los   descendientes de esas 113 familias han tenido una estrecha relación con el   territorio y el mar caribe, que dista de la concepción sobre la tierra que   puedan tener “los descendientes de criollos”. Es por ello que durante su   permanencia y dominio colectivo por más de 115 años en la Hacienda Arroyo   Grande, no hubo “un afán por identificar y limitar la propiedad que pudiera   resultar de cada miembro de la comunidad, sino que fue un sentimiento de   hermandad, una costumbre de aprovechamiento de los terrenos en la ganadería, la   agricultura para su supervivencia, incluyendo la pesca”, los elementos que   los han identificado como grupo afrodescendiente propietario de los terrenos que   les fueron despojados[6].       

4. Señaló que en los últimos años ha habido   diversas acciones y omisiones a partir de las cuales se han vulnerado los   derechos de la comunidad de copropietarios. En especial, narró la actuación de   las siguientes entidades estatales, así:    

4.1 Inspección de Policía de Arroyo Grande: La accionante afirmó que distintas personas presentaron títulos   falsos sobre fracciones del predio “Hacienda Arroyo Grande”, del cual la   Comunidad es propietaria. Señaló que mediante querellas policivas de   perturbación a la posesión contra indeterminados, esas personas han conseguido   que la Inspección de Policía de Arroyo Grande desplace a la Comunidad hacia el   casco urbano, tildándolos de poseedores irregulares.    

Agregó que pese a que la Comunidad informó   al Inspector de Policía sobre la irregularidad de los títulos de propiedad   presentados y las acciones penales iniciadas por estos hechos, el funcionario   siguió adelante con las querellas, ignorando su calidad de propietarios[7].    

Además, refirió que quienes presentaron los títulos espurios sobre la Hacienda   Arroyo Grande han recurrido a grupos armados al margen de la ley para desplazar   a la Comunidad de su territorio y restringirle el acceso al mar Caribe, lo cual   también es pasado por alto por el referido funcionario.    

De   otra parte, indicó que el Inspector no cumple los horarios de atención al   público y maneja irregularmente los términos procesales, todo lo cual trunca sus   intentos de defensa administrativa.       

4.2 Ministerio del Interior: La demandante afirmó que el 10 de mayo de 2013 la Comunidad   presentó una petición que fue radicada con el Nº EXTMI13-0016039 ante el   Ministerio del Interior[8],   con el fin de poner a tal autoridad al corriente de la situación y de solicitar   su intervención para que, bajo la apariencia de legalidad, no se siguieran   perpetrando actuaciones de despojo y desplazamiento de la Comunidad de Arroyo   Grande.    

Relató que al momento de la presentación de esta acción de tutela, el Ministerio   no había ofrecido ninguna respuesta.    

4.3 INCODER:   La actora y varios miembros de la Comunidad presentaron ante el INCODER   solicitudes de aclaración de la propiedad de los terrenos que comprenden la   Hacienda Arroyo Grande, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 161 de 1897. Tales   peticiones tienen los radicados Nº 20133128802 del 4 de julio de 2013 y Nº   20131118969 del 20 de junio de 2013[9].    

En   torno a esas solicitudes señaló que la entidad “realmente no ha dado ningún   trámite, a pesar que como lo disponen los convenios internacionales y nuestra   Carta Política, es una obligación Estatal, en procura de los derechos de los   grupos étnicos y tribales”[10].    

4.4 Procuraduría General de la   Nación: La   accionante precisó que el 21 de junio de 2013 la Procuraduría fue advertida   sobre las titulaciones paralelas del predio de propiedad de la Comunidad y sobre   las actuaciones irregulares de varios funcionarios, para que se hicieran las   investigaciones pertinentes contra las autoridades involucradas[11]. No obstante, a la fecha de   presentación de esta acción de tutela no se reportó ninguna acción por parte de   ese ente.    

Resaltó que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con   Funciones de Conocimiento de Cartagena, en fallo de tutela anterior solicitó el   acompañamiento y seguimiento de la Procuraduría General, a través de la   designación de un agente especial, en el marco de las actuaciones iniciadas por   la Inspección de Policía de Arroyo Grande. La notificación de dicha providencia   se dio el 29 de agosto de 2013, sin que la misma haya sido objeto de   pronunciamiento “por parte del Procurador”[12].    

En ese mismo fallo se compulsaron copias a la Fiscalía   General de la Nacional para que investigara la eventual comisión de una conducta   punible “en el aporte y uso de documentos falsos… además de un fraude   procesal”[13].        

4.5 Personería Distrital de   Cartagena: La   peticionaria presentó ante esta entidad recurso de nulidad en contra de uno de   los procesos policivos llevados a cabo por el Inspector de Policía de Arroyo   Grande[14].   Sin embargo ese recurso fue negado en tanto ella no había otorgado poder al   abogado que la representaba en esa ocasión[15]. A pesar de lo anterior, puso en   conocimiento del Personero, que el Inspector de Policía de Arroyo Grande no   cumple los horarios de atención al público ni los términos procesales, por lo   cual se vulnera su derecho al debido proceso.    

4.6 Fiscalía   General de la Nación: La   demandante afirmó que la Fiscalía inició varios procesos penales contra algunas   de las personas que han exhibido títulos de propiedad presuntamente falsos en el   corregimiento de Arroyo Grande[16].   Sin embargo, adujo que en ninguna de las investigaciones adelantadas por los   servidores de la Fiscalía se ha declarado la responsabilidad penal de los   implicados, y que, por el contrario, los fiscales han omitido las solicitudes de   vinculación como parte civil, remitidas por la Comunidad de copropietarios[17].    

5. Después de esas denuncias   particulares, la accionante manifestó que el despojo sobre los miembros de la Comunidad, a   través de titulaciones paralelas, son acciones de “aniquilamiento étnico y   cultural”, ya que se han recibido diversas amenazas de muerte por parte de   quienes pretenden apoderarse de sus territorios. Relató que desde 2008, personas   ajenas a la Comunidad “amparadas por autoridades locales y regional  (sic)” iniciaron la construcción de barreras y crearon “grupos de   justicia privada”. Todo lo cual fue puesto en conocimiento de la Fiscalía[18], de la   Procuraduría y de la Presidencia de la República. Sin embargo, la Comunidad no   ha tenido respuesta estatal alguna.      

6. Por todo lo antedicho, la accionante   consideró que con las acciones y omisiones antes indicadas, las autoridades   accionadas vulneran los derechos fundamentales de petición, a la identidad   cultural, a la igualdad, al debido proceso y a la vida de la Comunidad de   Copropietarios de la Hacienda Arroyo Grande. Y en esa medida solicitó su   protección por vía de tutela.      

En consecuencia, pidió al juez ordenar i) a la   Secretaría del Interior de Cartagena y a la Inspección de Policía de Arroyo   Grande, que se abstengan de adelantar procesos policivos en el corregimiento de   Arroyo Grande, hasta tanto las autoridades competentes deciden sobre la   propiedad de los terrenos del predio denominado “Hacienda Arroyo Grande”; ii)  que se ordene a las autoridades correspondientes, adoptar de manera inmediata   las medidas pertinentes para aclarar la propiedad y “efectuar la recuperación   de baldíos”; y iii) que se declare la nulidad de todas las decisiones   policivas, adoptadas en los procesos que se han adelantado contra indeterminados   y “que en realidad se adelantaron contra los miembros de la Comunidad de   Arroyo Grande”.    

Aclaración de la acción   de tutela    

7. El 31 de enero de 2014, la accionante   presentó una aclaración de la acción de tutela, en la cual relató que varios   comuneros, que abandonaron el territorio de la Comunidad gracias a sus estudios   y oportunidades, obtuvieron títulos de prescripción de algunos terrenos, debido   a que demandaron a personas indeterminadas, a pesar de tener conocimiento de que   los territorios pertenecen a todos sus miembros de manera común y pro   indiviso. Señaló que esos comuneros enajenaron a terceros esas tierras lo   que agrava el problema de desplazamiento y despojo. Adicionalmente, puso en   conocimiento al Juez de tutela de una acción popular tramitada ante el Juzgado   Tercero Administrativo de Cartagena, con Radicado 2009-00180, en la que se   discuten algunas circunstancias sobre parte del predio.    

De igual forma, denunció el   otorgamiento irregular de licencias para la explotación minera en Arroyo Grande,   que han afectado los derechos fundamentales de la Comunidad. En consecuencia,   solicitó la vinculación de la Agencia Nacional de Minería y de la Corporación   Autónoma Regional del Canal del Dique, para que remitan las licencias otorgadas   en el corregimiento de Arroyo Grande.    

Por último solicitó el otorgamiento de   medidas cautelares para evitar que continúen los procedimientos policivos en   contra de la Comunidad de Copropietarios de Arroyo Grande.    

B.     Coadyuvancias a esta   acción de tutela    

Ismael Henríquez Pineda[19]    

8. Ismael Henríquez Pineda,   en su calidad de hijo de la señora Ana Matilde Ortega de Pineda “titular de 7   acciones de la Comunidad de Copropietarios de Arroyo Grande, como consta en la   anotación No. 14 del folio de matrícula inmobiliaria No. 060-34226”, firma   como coadyuvante la acción de tutela y el escrito de aclaración de la misma[20].    

Fundación para el   Desarrollo de las Comunidades Negras e Indígenas Afrodescendientes   –FUNDACONEAFRO–[21]    

9. Orlando Enrique Echenique en calidad de   Director Administrativo de FUNDACONEAFRO coadyuvó a la presente acción de   tutela. Indicó que la Comunidad de Arroyo Grande fue constituida para que, de   manera comunitaria, recibiera propiedades de parte de los españoles en la época   de la Colonia y durante la primera etapa de la República, para efectos de ser   indemnizada por el sometimiento del que fueron objeto durante la época de   esclavitud. Por ello a la Comunidad Arroyo Grande le fue entregada, por parte de   los herederos del español “señor Ramírez”, la Hacienda Arroyo Grande, tal   y como consta en la ya citada Escritura Pública No. 161 de 1897.    

10. Afirmó que la Comunidad de propietarios   formada por 113 comuneros, ha desarrollado una vida acorde con la cultura   comunitaria. Sin embargo el Estado colombiano ha permitido el desplazamiento   forzado de esta Comunidad, a través de diferentes acciones y omisiones cometidas   por entidades públicas, como autoridades de registro, oficinas de catastro y   algunos despachos judiciales.     

Así por ejemplo,   resaltó que se adelantaron procesos policivos con el aval de la   Secretaría del Interior de Cartagena y de la Inspección de Policía   de Arroyo Grande, cuyo objetivo fue despojar a la Comunidad de sus   territorios. Adicionalmente relató que en los años 2005 y 2008, la Comunidad   inició protestas como una forma de contrarrestar las acciones de los grupos que   pretendían despojarlos de sus tierras, en las que sus miembros arriesgaron sus   vidas, pues fueron amenazados de muerte por parte de sujetos armados. Esa   situación fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional para   que brindara protección. Sin embargo no hubo ninguna reacción por parte de esa   autoridad.    

Igualmente señaló que la Alcaldía de   Cartagena “vendió” 500 hectáreas pertenecientes a las playas que   conforman los terrenos de la Hacienda Arroyo Grande, sin observar los trámites   exigidos por la ley. Estas ventas se realizaron con base en títulos que no se   desprendían del ya referido folio de matrícula inmobiliaria número 060-34226.   Por el contrario, se utilizaron títulos falsos para la enajenación de los   referidos bienes.    

Indicó que la Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento de procesos penales   referentes al desplazamiento relatado, sin que se hayan obtenido resultados de   esas investigaciones. Especialmente, puso de presente que la Fiscalía 14   Seccional de Cartagena ha incurrido en graves omisiones en los procesos   a su cargo.    

Señaló que el   Procurador General de la Nación no ha adelantado las acciones de   verificación y acompañamiento pertinentes para evitar que los derechos   fundamentales de la Comunidad afrocolombiana sigan siendo vulnerados.    

Aunado a lo anterior, el   Gobierno Nacional construyó la Vía al Mar que atravesó gran parte de la   Hacienda Arroyo Grande. No obstante, no tuvo en cuenta a la Comunidad   afrocolombiana como dueña de esos terrenos, y pagó por indemnizaciones a   terceras personas que no eran propietarias, perpetrando el despojo de tierras.    

También el coadyuvante precisó que   mediante comunicación con radicado EXT13-00040524, la Comunidad solicitó la   intervención de la Presidencia de la República para evitar la   violación a sus derechos fundamentales. Sin embargo, mediante una escueta   comunicación del 21 de mayo de 2013, esa entidad contestó que había remitido las   solicitudes a otra dependencia.    

11. Reseñadas las acciones y omisiones de   las entidades estatales, el coadyuvante reiteró algunos hechos de la demanda,   tales como: a) Que “falsos propietarios” iniciaron procesos   judiciales para reclamar el derecho de dominio sobre predios de la Hacienda   Arroyo Grande, sin notificar a los asociados o herederos, tal y como lo exige la   ley. b) Que la Comunidad ejerce la agricultura, la ganadería y la pesca   de subsistencia. c) Que con la aparición del negocio del narcotráfico,   las playas fueron usurpadas por actores armados, quienes construyeron cercas que   bloquearon el acceso de la Comunidad a las playas y la desplazaron hacia los   cascos urbanos de Arroyo de las Canoas, Arroyo Grande, La Europa y Lomita Arena.        

Adicionalmente, mencionó la existencia   de una acción popular con Radicado 2008-00180-00, que tiene relación con el   presente proceso de tutela. Explicó que desde el 2009 se han entregado predios   de las playas de Arroyo Grande de manera ilegal, lo cual vulnera los derechos   fundamentales de la Comunidad afrocolombiana.    

También afirmó que la Comunidad no   cuenta con recursos para contratar abogados que los representen para defender   sus derechos, debido a su situación crítica de pobreza. Sostuvo que el   desplazamiento ha generado niveles de miseria graves y ha desmejorado la vida de   la Comunidad que antes contaba con la tierra y el mar para satisfacer sus   necesidades básicas.    

12. Por todo lo anterior, solicitó la   protección de los derechos fundamentales de la Comunidad de Arroyo Grande, y   especialmente: i) Que se disponga la cesación de toda acción policiva   tendiente a privar a la Comunidad del uso de su territorio. ii) Que se   libere a la Comunidad de las restricciones de acceso al mar para que pueda   seguir ejerciendo la pesca, hasta que el INCODER finalice los procedimientos de   aclaración de la propiedad. iii) Que se ordene al Defensor del Pueblo la   adopción de los mecanismos necesarios para que el INCODER efectúe el   procedimiento de clarificación de la propiedad y adopte las decisiones   pertinentes para definir la propiedad comunal de la Comunidad. Y iv) Que   se ordene a la Fiscalía General de la Nación la comisión de Fiscales   especializados en restitución de tierras y derechos humanos, apoyados de un   grupo de policía judicial para que investiguen, de manera preferencial y   urgente, las graves conductas penales que se han desarrollado en contra de la   Comunidad.    

Comuneros Leorte Santiago   Padilla, Nelson Ramos Jiménez, Nadín Alberto Romero Santiago[22]    

13. Los comuneros coadyuvantes reiteraron   que la Comunidad de Copropietarios de la Hacienda Arroyo Grande subsiste de la   explotación de sus parcelas, pero que por presiones de grupos armados, del   narcotráfico y de las entidades públicas corruptas, han sido desplazados de sus   tierras y se les ha impedido el acceso al mar. Esta situación, a su juicio,   configura una vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital.    

Subrayaron que la Comunidad envió   numerosas solicitudes a la Presidencia de la República, al Ministerio del   Interior, al Procurador y al Fiscal General de la Nación, en las que les informó   sobre su crítica situación, sin recibir una respuesta clara al respecto.    

En particular, señalaron que la   Fiscalía 14 Seccional de Cartagena ha tenido bajo su cargo las investigaciones   con Radicados 202892 y 242080, por periodos aproximados de 8 y 4 años   respectivamente, sin que se haya realizado el trámite correcta y eficazmente.   Ponen de presente que en esos casos se presentaron graves violaciones a los   derechos humanos.    

14. Finalmente, solicitaron que se   ordene:  i) al INCODER adelantar un proceso agrario de clarificación de la   propiedad en el que tome las decisiones correspondientes sobre los títulos   sobrepuestos de prescripción y adjudicación; ii) al Ministerio de   Agricultura la disposición de los medios necesarios para la recuperación de sus   tierras; iii) a la Alcaldía de Cartagena la cesación de todos los   procedimientos policivos hasta que el INCODER concluya el proceso de   clarificación de la propiedad sobre los terrenos de Arroyo Grande, y hasta que   las autoridades determinen la protección de sus derechos fundamentales.    

Consejo Comunitario de la   vereda La Europa – Arroyo Grande[23]    

C.    Actuaciones procesales en   sede de tutela    

1.  Mediante auto del 22 de enero de 2014[25],   el Magistrado Carlos Francisco García de la Sala Laboral del Tribunal Superior   de Cartagena, a quien le correspondió el análisis del expediente, se declaró   impedido para conocer del proceso de tutela, por cuanto adquirió junto con su   cónyuge la posesión de una hectárea de tierra ubicada en el corregimiento de   Arroyo Grande. En este sentido, manifestó que podía tener interés directo o   indirecto en las resultas del proceso. El impedimento fue aceptado por el   Tribunal, mediante auto del 23 de enero de 2014.    

2. A través de auto del 23 de enero   de 2014[26],   la Sala   Laboral del Tribunal Superior de Cartagena inadmitió la acción de tutela. El   Tribunal señaló que Edelmira Ortega de Marrugo no aportó poder que demostrara la   representación legal de la Comunidad de Copropietarios y Descendientes de   Propietarios de la Hacienda Arroyo Grande, ni señaló que actuaba en calidad de   agente oficiosa.    

En consecuencia, concedió el término   de 3 días para que se aportara poder especial o prueba que permitiera establecer   la representación de quienes conforman la Comunidad de Copropietarios y   Descendientes de Propietarios de la Hacienda Arroyo Grande.    

3. Mediante auto del 30 de   enero de 2014[27],   la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena admitió la acción de tutela.   A pesar de que la accionante no aportó prueba que permitiera establecer que   actuaba en representación de las personas que conforman la Comunidad de   Copropietarios, el Tribunal señaló que “atendiendo al carácter de sujetos de   especial protección que se da por parte del Estado a las Comunidades   Afrodescendientes” el amparo debía conocerse.    

Asimismo, el Tribunal requirió a   varias entidades públicas y privadas el suministro de elementos de juicio, con   el fin de adoptar una decisión, así:    

·        Solicitó a la Procuraduría General de la Nación[28],   al Inspector de Policía de Arroyo Grande y a la Personería de Cartagena[29] que   informaran lo que estimaran pertinente sobre los hechos que originaron la acción   de tutela.    

·        Ofició a la Alcaldía Distrital de Cartagena[30]  para que enviara la información histórica sobre la Comunidad de Arroyo Grande y   sobre los hechos concernientes a la acción de tutela.    

·        Requirió a Noticias Uno para que enviara copia del material sobre el cual se   soportó la noticia titulada “De propietarios a esclavos” sobre la   Comunidad de Copropietarios y Descendientes Propietarios Afrocolombianos de la   Hacienda Arroyo Grande.    

·        Ofició a la Fiscalía General de la Nación –Seccional Bogotá– para que enviara   copia de las pruebas sobre las investigaciones de títulos de las que hubiera   tenido conocimiento, copias de los procesos y de las decisiones adoptadas en   cada una de las actuaciones y de aquellas que se adelantaran de oficio.   Particularmente, solicitó copia del expediente con Radicado   110016000050201320106 y anteriores “enviados por los señores Luis Alcázar   Aurela y Otros”.    

·        Ofició al INCODER[32]  para que enviara con destino al expediente, el trámite surtido en el   procedimiento de clarificación de la propiedad y recuperación de baldíos   relacionados con la Hacienda Arroyo Grande.    

4. Mediante auto del 7 de febrero de   2014[33],   el Tribunal aclaró que la acción de tutela fue presentada en contra de la   Procuraduría General de la Nación, el Inspector de Policía de Arroyo Grande, la   Personería de Cartagena, el Ministerio del Interior y el INCODER. En esa medida,   vinculó como partes accionadas al Ministerio del Interior y el INCODER, y corrió   traslado de la acción de tutela a las mencionadas autoridades para que se   pronunciaran sobre los hechos alegados.    

5. El trámite surtió el proceso regular   hasta que el 12 de febrero de 2014[34],   fecha en que el Tribunal profirió sentencia de primera instancia, que fue   impugnada por la accionante el 17 de febrero siguiente[35]. El   Tribunal concedió el recurso y envió el expediente a la Corte Suprema de   Justicia el 10 de marzo de 2014[36].   Sin embargo, mediante auto de 7 de mayo de 2014[37], la Sala de   Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de   todo lo actuado a partir del auto admisorio del 30 de enero de 2014,   inclusive.    

En el referido auto, la Corte Suprema   indicó que debido a las situaciones fácticas relatadas en la acción de tutela y   en las coadyuvancias presentadas, se hacía necesaria la vinculación de algunas   entidades que no lo estaban hasta ese momento, tales como las Fiscalías   Seccionales 12, 14, 17 y 40 de Cartagena, la Presidencia de la República, el   Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Defensa y la Defensoría del   Pueblo. Por tanto se incurrió en una causal de nulidad probada. En consecuencia   ordenó rehacer el trámite de la tutela con la inclusión de las entidades   referidas como partes en la presente acción.    

6. Debido a lo anterior, y después de   surtirse los trámites de envío del expediente, mediante auto del 13 de junio   de 2014[38]    el Tribunal Superior de Cartagena admitió nuevamente la acción de   tutela presentada por la señora Edelmira Ortega de Marrugo, contra la   Procuraduría General de la Nación y otros, por la presunta vulneración de los   derechos fundamentales al debido proceso y defensa de los pueblos   afrodescendientes y tribales.    

Asimismo, además de las entidades   previamente vinculadas en el trámite de tutela, se ordenó la vinculación de la   Fiscalía General de la Nación -Seccional Cartagena-, las Fiscalías Delegadas   Seccionales de Cartagena 12, 14, 17 y 40 de Cartagena, la Presidencia de la   República, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Defensa y la   Defensoría del Pueblo.    

D.    Respuestas a la presente   acción de tutela[39]       

Procuraduría Regional de   Bolívar[40]    

La Procuradora Regional de Bolívar   solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela debido a que esa   entidad no vulneró ningún derecho fundamental de la Comunidad de Arroyo Grande.    

Manifestó que esa Regional conoció la   queja disciplinaria presentada contra la   Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, la Directora del Instituto   Geográfico Agustín Codazzi de Bolívar, el Inspector de Policía de Arroyo Grande   del municipio de Cartagena y otros funcionarios[41], por el abogado   apoderado de la accionante[42]  en la que se denuncian presuntas irregularidades. En este trámite efectuó las   siguientes actuaciones:    

i)            Mediante oficio número PRB-2560 del 28 de junio de 2013 se informó al   peticionario que se daría trámite a la queja interpuesta[43];   y    

ii)        Mediante auto del 10 de   septiembre de 2013 ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra del   Registrador de Instrumentos Públicos de Bolívar y el Director del Instituto   Geográfico Agustín Codazzi de Bolívar[44].    

La Procuradora señaló que, contrario a   lo afirmado en la demanda, esa entidad sí acató la orden de brindar   acompañamiento a las actuaciones del Inspector de Policía de Arroyo Grande,   proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento   mediante fallo de tutela. En efecto, precisa que mediante auto de 6 de   septiembre de 2013, asignó un profesional universitario para que participara en   la diligencia de desalojo, y aún se mantiene dicho acompañamiento[45].    

Finalmente, manifestó que mediante   oficio de 29 de noviembre de 2013, el profesional universitario rindió un   informe sobre el acompañamiento de la diligencia. Allí, el representante de la   Procuraduría señaló que la diligencia de inspección ocular del 22 de noviembre   de 2013 se suspendió por cuanto el apoderado de los querellados renunció debido   a que fue amenazado de muerte. En consecuencia, se solicitó la designación de un   abogado por parte de la Defensoría del Pueblo de Cartagena[46].    

Alcaldía Mayor de   Cartagena de Indias[47]    

La Alcaldía de Cartagena indicó que la   presente acción de tutela es improcedente ya que existen otros medios de defensa   judicial idóneos para la impugnación de decisiones de carácter policivo. Señaló   que la Alcaldía no vulneró ningún derecho fundamental de la actora, por tanto,   carece de legitimación en la causa por pasiva.    

Con respecto al requerimiento del   Tribunal sobre remisión de la información histórica de la Comunidad   afrocolombiana de Arroyo Grande, la Alcaldía manifestó que dicha información se   encuentra en la Oficina de Archivo Central de la Alcaldía Mayor de Cartagena.   Por ello envió copia del requerimiento a la mencionada dependencia, el 4 de   febrero de 2014.    

Afirmó que la pretensión de la   accionante de suspender los procedimientos policivos no es procedente, debido a   que si la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena se   abstiene de seguir con esos procesos, faltaría a sus deberes constitucionales y   legales. Asimismo, se opuso a la pretensión de la actora de declarar la nulidad   de todo lo actuado en el marco de los procedimientos policivos, en tanto, ella   debió interponer la respectiva solicitud de nulidad ante el funcionario   competente y en el marco de los referidos procesos, y no utilizar la tutela como   un mecanismo adicional a los contemplados en la ley.      

Personería Distrital de   Cartagena de Indias[48]    

La Personería Distrital solicitó no   tutelar los derechos fundamentales de la accionante, “supuestamente   vulnerados por la Personería Distrital de Cartagena”. En su intervención no   se explicaron las razones concretas de esta petición, en su lugar, sólo se   efectuaron varios recuentos jurisprudenciales sobre i) los derechos   fundamentales de las comunidades negras e indígenas a la identidad étnica y   cultural, y la noción de propiedad colectiva de la tierra para estos grupos   étnicos; ii) el debido proceso administrativo; y iii) los   requisitos jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la acción de   tutela.    

Corporación Museo   Histórico de Cartagena de Indias[49]    

El Museo, en atención a la remisión   hecha por la Alcaldía Distrital, informó que el documento más antiguo que poseen   respecto de los protocolos notariales del corregimiento Arroyo Grande es la   Escritura Pública N° 161 de 1897 de la Notaría Primera. Así mismo precisó que,   según sus bases de datos, cuentan con 36 registros listos para analizar y   autorizar copias de los mismos.    

Fiscalía Seccional 40 de   Cartagena de Indias[50]    

La Fiscalía Seccional 40, sin hacer   mayores consideraciones sobre la acción de tutela, aportó copias sobre la   investigación con Radicado 241-287, por estar relacionada con la Hacienda Arroyo   Grande. Indicó que los hechos denunciados en tal investigación, pueden resumirse   así:    

b.     El denunciante también   señaló que el Alcalde de Cartagena para el año 2007, señor Nicolás Francisco   Curi Vergara, realizó una adjudicación en venta de predios presuntamente baldíos   en el corregimiento de Arroyo Grande a las empresas UNICONIC e INCIVIAL S.A. Sin   embargo, parte de dichos predios pertenecen al bien “Bendición de San Luis”,   y a juicio del denunciante, no son baldíos.    

c.      También advirtió   presuntas conductas irregulares de las Directoras de la Oficina de Registro e   Instrumentos Públicos, Emilia Fadul Rosa y Matilde Aguirre Espriella (q.e.p.d.)   por permitir a las sociedades UNICONIC e INCIVIAL, la adquisición de la   propiedad.    

Fiscalía Seccional 14 de   Cartagena de Indias[51]    

La Fiscalía Seccional 14 de Cartagena   señala existe una investigación, presuntamente relacionada con los hechos   constitutivos de la presente acción de tutela. Se trata del expediente con   Radicado Nº 2002892, en el cual se investiga la presunta comisión del delito de   fraude procesal, cuyos denunciados son Rodrigo de Jesús Rendón Cano, Rodrigo   Alejandro Rendón Ruiz y Antonio José Cardona Sierra; y denunciante Jorge Enrique   Berrío Trujillo[52].   Los hechos pueden resumirse así:    

a.     Se denunció la   falsificación de la Resolución 0059 del 18 de junio de 2003 expedida por la   Curaduría Nº 1 de Cartagena[53],   que concedió una licencia de urbanismo, necesaria para el registro de la venta   de una porción de tierra al parecer denominada “el Socorro”   (presuntamente ubicada en la Hacienda Arroyo Grande). A partir de ese acto se   expide la Escritura Pública Nº 1585 del 16 de octubre de 2004 de la Notaría   Quinta de Cartagena.    

b.     Según se narró, ese acto   impidió que el denunciante inscribiera en la Oficina de Registro otra Escritura   Pública, la Nº 3843 del 22 de octubre de 2003 de la Notaría 64 de Bogotá, que   contenía la compraventa del predio “el Socorro” previa a la expedición de   la licencia de urbanismo. El denunciante explicó que para poder registrar su   compraventa debía tramitar como requisito la licencia de urbanismo, pero que   sorpresivamente se la otorgaron a otras personas (los denunciados).    

c.      La Fiscal Seccional 14   inició la apertura de la investigación el 31 de agosto de 2006. Mediante   Resolución de 8 de abril de 2011 se definió la situación jurídica. Dentro del   desarrollo de la actividad judicial se recibieron testimonios que permitieron la   clausura parcial del ciclo investigativo. En esa medida el 12 de julio de 2013   quedó ejecutoriado el cierre de la investigación.    

Finalmente, la Fiscalía indicó que una   vez revisada la foliatura del proceso referido no se encontró ninguna referencia   a la señora Edelmira Ortega de Marrugo como parte de la investigación, esto es,   como denunciante, sindicada o tercero con interés.    

Fiscalía Seccional 17 de Cartagena de   Indias[54]    

La Fiscalía Seccional 17 de Cartagena   dijo que a cargo de esa dependencia está la investigación con Radicado N°   242327, iniciada por Rosario Bueno Buelvas, que presuntamente tiene relación con   los hechos señalados en la presente acción de tutela. Anexó copia de dos   cuadernos en los que consta la referida actuación, sin ofrecer mayores detalles   sobre el asunto[55].    

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –   INCODER[56]    

El INCODER solicitó que se deniegue el amparo, ya que   la acción de tutela “no resulta procedente” ante la ausencia de un   perjuicio irremediable demostrado. Añadió que actualmente cursa un   proceso de revisión ante el Consejo de Estado sobre el mismo caso.    

Para soportar su defensa, relató que en Arroyo Grande   existe un conflicto territorial generado por la intervención de distintos   actores y situaciones particulares que son de conocimiento de la Procuraduría   General de la Nación y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de   Cartagena, por la apropiación y discusión de derechos particulares sobre   distintas áreas que se discuten en los estrados judiciales.    

Con el fin de precisar la información, el INCODER   presentó un resumen de sus actuaciones frente a los predios de la Hacienda   Arroyo Grande que, sin embargo, son situaciones diferentes a las planteadas por   la accionante, así:    

a.     Por razón de las denuncias presentadas por   la Dirección General Marítima y Portuaria –DIMAR– sobre ocupación de terrenos de   uso público en el sector de Arroyo Grande, por parte de la Sociedad Consorcio   Nacional de Ingenieros Contratistas S.A. CONIC S.A., el INCODER inició un   proceso agrario de deslinde, concluido por la Resolución número 03690 de 3 de   noviembre de 1995.    

Como resultado de ese proceso, se   deslindaron y delimitaron: i) los terrenos de uso público   correspondientes a parte de las Playas Marítimas de Arroyo Grande y la antigua   Isla Cascajo; y ii)  los territorios baldíos adyacentes que forman parte de la zona de acreción   sedimentaria de Arroyo Grande.    

b.     El objetivo de ese proceso agrario de   clarificación fue delimitar las tierras de propiedad de la Nación y facilitar el   saneamiento de la propiedad privada en ese sector de Arroyo Grande. El estudio   concluyó, a través de pruebas técnicas, que hubo un área de acreción   sedimentaria en los bienes públicos y las playas colindantes, “y no de bienes   particulares que discutían sus derechos bajo títulos… antes de la Colonia y la   República o por virtud de sentencias judiciales de pertenencia u otros títulos”.   En esa medida, expidieron varios actos administrativos:    

·       Resolución Nº 00278 de 17 de marzo de 1993   del INCORA[57].    

·       Resolución Nº 03690 del 3 de noviembre de   1995 del INCORA[58].    

·       Resolución Nº  008 del 7 de febrero de   1997 del INCORA[59].    

·       Resolución No. 00261 de 25 de julio de   2000 del INCORA[60].    

·       Resolución No. 0281 de 20 de junio de 2002   del INCORA[61].    

·       Resolución No. 001459 de mayo de 2 de 2003   del INCORA[62].    

·       Resolución No. 017 del 7 de marzo de 2005   del INCODER[63].    

·       Resolución No. 002 del 24 de mayo de 2000   de la Junta Directiva del INCORA y aprobada por el Gobierno Nacional por   Resolución Ejecutiva No. 032 del 2 de agosto de 2000.    

c.      El INCODER denunció ante la Procuraduría   General de la Nación, la apropiación indebida de terrenos del sector Arroyo   Grande por parte de las sociedades UNICONIC e INCIVIAL. Así como las   adjudicaciones irregulares realizadas por la Alcaldía de Cartagena a través del   Acuerdo 030 de 2006 del Concejo Distrital de Cartagena y la Resolución No. 0361   de 27 de abril de 2007 de la Alcaldía.    

d.     El INCODER, como resultado de demandas   judiciales ante el Consejo de Estado, solicitó a la Oficina de Registro de   Instrumentos Públicos de Cartagena la revisión de los folios de matrícula   inmobiliaria correspondiente a la Escritura Pública No. 3653 de 30 de diciembre   de 1997 de la Notaría Cuarta de Cartagena, y los demás actos registrales   derivados del folio No. 060-11485.    

Mediante dicha escritura pública, UNICONIC   se declaró propietaria de un lote de 651 hectáreas, pese a que en el documento   de compraventa se indicaba que sólo tenía derecho a 70 hectáreas.    

Por lo descrito, la entidad señaló que su actuación no   ha sido inactiva, como lo pretende mostrar la parte accionante y los   coadyuvantes. Señaló que actualmente hay un sinnúmero de títulos exhibidos por   particulares como fuente de sus derechos en Arroyo Grande, y discusiones sobre   eventuales apropiaciones de terrenos. Así, no puede limitarse la situación a la   existencia de un trámite de clarificación de la propiedad o de recuperación de   baldíos por medio de la Escritura No. 161 de 1897.    

Manifestó que no es competente para ordenar la   restitución de tierras o predios, presuntamente ocupados de forma arbitraria, ni   siquiera si se trata de terrenos de una comunidad afrocolombiana cuando exista   un título de propiedad particular, como en este caso.    

Finalmente advirtió que existe una solicitud de   titulación colectiva por parte de un Consejo Comunitario denominado “Arroyo   Grande”, sobre 50.000 hectáreas para 300 familias. Dicha petición es   realizada por el señor Édgar Alfonso Ramírez Mendoza, en calidad de   representante legal de dicho Consejo Comunitario. Sin embargo, el nombre de la   señora “Edelmira Ortega Pineda” no se encuentra en la solicitud ni en el   censo aportado por el Consejo[64].    

Respuesta adicional del Instituto   Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER[65]    

En respuesta adicional, el INCODER   alegó que en el presente caso se configuró un hecho superado, en tanto el 5 de   julio de 2013 se respondió la petición presentada por el apoderado de la   accionante, informándosele que el proceso de clarificación sería adelantado por   la entidad.    

Indicó que la Ley 160 de 1994 y su   Decreto Reglamentario 2664 de 1994 establecen un procedimiento específico y   especial para tramitar esta clase de solicitudes, y allí no se indica un periodo   determinado para resolverlas. Precisó que el trámite correspondiente requiere de   un presupuesto para los desplazamientos que deben realizar los técnicos del   INCODER, con el fin de verificar el estado de los predios. Razón por la cual   primero se deben tramitar esos recursos. Señaló que para el presupuesto del año   2014 se dará prelación a las solicitudes de procesos de clarificación de predios   de años anteriores, como es el caso de la tutela.    

Adicionalmente, reiteró los argumentos   de la primera contestación en lo que respecta al conflicto territorial que se   presenta en Arroyo Grande, motivado por la exhibición de múltiples títulos de   propiedad por parte de particulares.    

Ministerio del Interior –   Dirección de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y   Palenqueras –DACNARP–[66]     

El Ministerio del Interior solicitó su   desvinculación de la presente acción de tutela, puesto que atendió las   solicitudes de la Comunidad de Arroyo Grande en lo que se refiere a su   competencia. Señala que sí respondió la petición interpuesta por la Comunidad,   la cual fue contestada mediante oficio con número de radicado   OFI14-000005133-DNC, enviado por correo certificado y al correo electrónico del   peticionario (apoderado de la accionante).    

Asimismo, enunció que mediante oficio   con número de radicado OFI14-000005145-DNC, se pidió información y compulsó   copia de la solicitud de la Comunidad Arroyo Grande, al Ministerio de Defensa,   la Superintendencia de Notariado y Registro Nacional y la Dirección para la   Atención y Reparación Integral de las Víctimas.    

El 9 de julio de 2014, remitió una   nueva contestación en la que indicó que de acuerdo con lo narrado, “se debe   adelantar el proceso de clarificación de la propiedad de la Hacienda Arroyo   Grande, la recuperación de baldíos como playones y la implementación de   procedimientos para que la comunidad, sin perder su identidad y sin desmembrar   sus territorios, no se les vea afectado sus derechos”. Sin embargo, el   INCODER es la entidad competente para titular colectivamente las tierras de las   comunidades negras, adquirir los predios necesarios, aclarar las delimitaciones   y garantizar su adecuado asentamiento y desarrollo.    

Presidencia de la   República de Colombia[67]    

La Presidencia de la República alegó   la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa entidad, ya que no tiene   responsabilidad alguna en el tema objeto de demanda, ni está directa o   indirectamente relacionada con la situación planteada, por ello, solicitó su   desvinculación del trámite de tutela. Indicó que la señora Edelmira Ortega de   Marrugo no ha presentado ninguna solicitud ante dicha entidad para la protección   de sus derechos.    

Ministerio de Defensa   Nacional – Policía Nacional – Policía Metropolitana de Cartagena[68]    

La Policía Metropolitana de Cartagena   señaló que no tuvo participación en el presente proceso y, por ende, no vulneró   ningún derecho fundamental ni por acción, ni por omisión. Precisó que los   procedimientos policivos no son de competencia de la Policía sino de las   Alcaldías, quienes tienen la oportunidad de llevar a cabo los referidos juicios.   Adicionó que su función está íntimamente ligada a la conservación del orden   interno y al cumplimiento de las tareas que le encargue la Rama Ejecutiva del   Poder Público.    

Ministerio de Minas y   Energía[69]    

El Ministerio señaló que debe ser   desvinculado de la presente acción debido a su falta de legitimación en la causa   por pasiva, toda vez que los hechos alegados no se encuentran relacionados con   las funciones constitucionales y legales del Ministerio. Señaló que no se   evidencia un perjuicio irremediable, puesto que el presunto desplazamiento de la   Comunidad de Arroyo Grande persiste en el tiempo, siendo esto de público   conocimiento.    

Indicó que no se cumple con el   requisito de subsidiariedad, en tanto el conflicto territorial que se desarrolla   en Arroyo Grande debe ser estudiado por la jurisdicción ordinaria. Asimismo,   manifestó que ante el INCODER pueden adelantarse las solicitudes de   reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, por lo que la acción de   tutela no es el mecanismo idóneo para este fin.    

Respuestas extemporáneas    

E.     Decisiones proferidas en   el trámite de la acción de tutela    

Sentencia de primera   instancia[72]    

Mediante sentencia proferida el 1º   de julio de 2014, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito   Judicial de Cartagena amparó el derecho de petición de los accionantes en   relación con la solicitud elevada ante el Ministerio del Interior y  denegó las demás pretensiones contenidas en el escrito de tutela. Como   fundamento indicó que el INCODER y la Procuraduría habían respondido las   peticiones elevadas por los accionantes, razón por la cual no violaron el   derecho de petición. Sin embargo, señaló que el derecho de petición con número   de radicado EXTMI13-0016039 enviado ante el Ministerio del Interior, no fue   respondido.    

Ahora bien, con respecto a la   solicitud de nulidad de todos los procesos policivos en el municipio de Arroyo   Grande, el Tribunal señaló que no se hace alusión a una actuación determinada o   específica desarrollada por la Inspección de Policía de Arroyo Grande sobre la   cual se predique una vía de hecho. De otro modo, frente a las coadyuvancias   presentadas precisó que refirieron nuevas pretensiones y solicitudes de pruebas,   lo que implicaría adicionales supuestos fácticos que deben ser estudiados en   otras acciones de tutela.    

Impugnación    

El 8 de julio de 2014, la   accionante se notificó del fallo e impugnó la decisión mediante manifestación   manuscrita, sin mayor sustentación[73].   Debido a lo anterior, el Tribunal Superior de Cartagena, mediante auto del 10   de julio de 2014[74],   concedió la impugnación y el expediente fue remitido a la Sala Laboral de la   Corte Suprema de Justicia el 28 de julio siguiente[75]. Con esta   remisión se enviaron también la sustentación y la ampliación de la impugnación   que, previo a la declaratoria de nulidad, había presentado el apoderado de la   accionante y cuya reseña se realiza a continuación.    

Sustentación de la   impugnación[76]    

El abogado de la apoderada presentó la   sustentación de la impugnación ante la Corte Suprema de Justicia, escrito en el   que reitera en gran parte los argumentos presentados con la acción de tutela.   Amplió los hechos relacionados con el Ministerio de Minas y Energías referentes   al otorgamiento de licencias de explotación minera en la Hacienda Arroyo Grande,   para indicar que los derechos de la Comunidad siguen siendo vulnerados. En esa   medida solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar,   se tutelen los derechos de la Comunidad al debido proceso, “a la protección y   aplicación de la normatividad teniendo en cuenta que se trata de una comunidad   de más de ciento quince años, de la cual sobreviven los descendientes de los   asentamientos que otrora fueran los esclavos de la zona”[77]. Así mismo   reiteró las pretensiones de la demanda de tutela que no fueron acogidas.    

Ampliación de la   impugnación[78]    

Posteriormente, el apoderado de la   accionante amplió la impugnación presentando los siguientes argumentos:    

En primer lugar, desestimó lo aducido   por la Fiscal 14 Seccional en la contestación de la tutela. En el memorial de   contestación, la Fiscal señaló que no tenía conocimiento de quién era la señora   Edelmira Ortega, que la accionante no era parte civil en el marco de la   investigación penal[79],   y que desconocía su interés en el resultado del proceso penal. Para refutar lo   manifestado por la Fiscal Seccional 14, el apoderado argumentó que en nombre de   la señora Edelmira Ortega, en calidad de parte civil, se habían presentado más   de 7 memoriales y un derecho de petición de fecha 18 de marzo de 2014,   solicitando dar trámite a las peticiones y a la demanda de parte civil, sin   obtener respuesta alguna por parte de esa funcionaria.    

En segundo lugar, señaló que la   Fiscalía delegada ante el Tribunal ordenó a la primera instancia, que se   adelantara de oficio la investigación de los demás títulos para determinar si   los mismos eran espurios. Sin embargo, dicha orden fue omitida por la Fiscalía   Seccional 14 de Cartagena, quien se abstuvo de realizar la mencionada   investigación. Indicó que debió llamarse a indagatoria al Notario Encargado de   la Notaría Quinta de Cartagena y a los calificadores de títulos de la Oficina de   Registro y del IGAC[80],   ya que es evidente que no se realizaron los controles documentales “que con   la mínima lectura mostraban su falsedad ideológica en documento público”[81].       

En tercer lugar, el apoderado solicitó   el cambio de radicado de ese proceso al Fiscal General de la Nación, por   considerar que en Cartagena no iba a tramitarse correctamente, debido a la falta   de diligencia demostrada por los funcionarios públicos en ese municipio. Sin   embargo, señaló que esta solicitud fue respondida negativamente por parte de la   Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior, entidad que adujo que la resolución   de cierre de investigación adoptada por la Fiscalía Seccional 14 era objeto de   los recursos de ley[82].    

Por último, presentó como prueba un   estudio de títulos en el que se analizaron los folios de matrícula inmobiliaria   número 060-178063, 060-213952, 060-213953 y 060-179251, y los derivados de éstos   (involucrados en el proceso penal llevado a cabo por la Fiscalía Seccional 14).   Posteriormente, los folios fueron cotejados con el folio de matrícula   inmobiliaria número 060-34226, el que demuestra la propiedad legítima de los   predios de Arroyo Grande a favor de la Comunidad de Copropietarios[83]. En el   estudio de títulos se concluye la existencia de múltiples irregularidades en los   negocios jurídicos celebrados sobre los predios de Arroyo Grande, entre éstas:    

i)                     Escrituras públicas que contienen ventas de inmuebles urbanos en distintas   ciudades, pero que describen inmuebles rurales ubicados en el corregimiento de   Arroyo Grande;    

ii)                   Firmas de vendedores que parecen espurias, y que no corresponden con el nombre   registrado en la escritura pública;    

iii)                Escrituras en las que se evidencia el incumplimiento de requisitos para la   subdivisión de predios;    

iv)                 Certificaciones de la Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena en las que se indica   que no se expidieron licencias de urbanismo sobre ciertos predios en Arroyo   Grande, las cuales han sido utilizadas para efectuar negocios jurídicos, y,   finalmente;    

v)                    La permanencia de folios de matrículas inmobiliarias pese a la orden de   cancelación de la Fiscalía Seccional 31 de Cartagena.    

En conclusión, reiteró la necesidad de   revocar el fallo de tutela de primera instancia y de proteger los derechos   fundamentales de la Comunidad, especialmente el “derecho a la preservación de   la conexión entre la Comunidad y sus tierras”.    

Sentencia de Segunda   instancia[84]    

Mediante sentencia del 17 de   septiembre de 2014, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia   confirmó el fallo de tutela de primera instancia. La Corte indicó que los   accionantes no habían agotado los mecanismos de defensa judicial a su alcance   para reclamar los derechos presuntamente vulnerados. Asimismo, puso de presente   que no se probó un perjuicio irremediable en el caso analizado.     

F.      Actuaciones de la Corte   Constitucional en sede de revisión    

AUTO DE PRUEBAS DEL 17 DE   MARZO DE 2015[85]    

Mediante  auto del 17 de marzo de 2015, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas   solicitó varias pruebas que estimó necesarias para aportar mayores elementos de   juicio que permitieran resolver el presente caso. Así, ofició al INCODER, al   Tribunal Administrativo de Bolívar, a la Alcaldía Distrital de Cartagena de   Indias, a la Policía Nacional, a la Procuraduría General de la Nación, a la   entonces Unidad de Restitución de Tierras, al Concejo Distrital de Cartagena de   Indias, a la Corporación Autónoma del Canal del Dique, a la Dirección de Asuntos   para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio   del Interior, en adelante DACNARP, y a la Sección Tercera del Consejo de Estado.   De igual forma suspendió los términos para fallar en el presente proceso.    

Los   días 10, 14 y 16 de abril, 11 y 19 de mayo de 2015, la Secretaría General   de esta Corporación remitió al despacho de la magistrada sustanciadora diversos   oficios de respuesta al mencionado auto del 17 de marzo de 2015. Los cuales son   resumidos a continuación:    

Policía Nacional[86]: La Corte solicitó informar sobre los   procesos policivos que cursaran en la Inspección de Policía de Arroyo Grande y   que se hubieren generado por hechos relacionados con los de la presente acción   de tutela. En consecuencia, la Policía sólo dio informe sobre una remisión de la   petición de la Corte al Inspector de Policía de Arroyo Grande[87].    

Procuraduría General de la Nación[88]: La Corte solicitó información sobre i)   la denuncia iniciada por el INCODER contra la Alcaldía de Cartagena por la   adjudicación de tierras a las empresas UNICOVIC SA UNICOVIC SA e INICIVAL SA; y   ii) procesos de restitución de tierras iniciados en Arroyo Grande. Esa entidad   indicó que no se encontró ningún registro de investigación disciplinaria por la   mencionada denuncia. Por tanto remitió la actuación a las Procuradurías   Regionales de Bolívar y de Cartagena[89].   Las Procuradurías Regionales manifestaron que no existe ninguna solicitud o   referencia a los hechos descritos[90].    

Unidad de Restitución de Tierras[91]: La Sala solicitó información acerca de   procesos de restitución de tierras y/o nulidad de escrituras públicas, llevados   a cabo en Arroyo Grande a partir de los cuales se haya afectado la propiedad   privada. Esa entidad explicó el fundamento legal y el procedimiento a seguir en   un proceso de restitución de tierras, definiendo particularmente las etapas de   macro y micro focalización[92].    

Frente a Arroyo Grande indicó que para ese momento NO existía un proceso de   macro focalización para esa área del territorio nacional, razón por la cual   tampoco se había iniciado allí ningún proceso de restitución de tierras. Señaló   además que encontró en sus bases de datos:    

a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dos solicitudes de   inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente   relacionadas con el predio cuyo folio de matrícula inmobiliaria es Nº 060-34226.        

b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Que el corregimiento   Arroyo Grande cuenta con la inscripción de un Consejo Comunitario reconocido por   el Ministerio del Interior, desde el 5 de agosto de 2013[93].     

También manifestó que no existen solicitudes de restitución colectiva de la   tierra, sólo peticiones individuales, lo cual impide la definición jurídica del   territorio de las comunidades negras.    

Concejo Distrital de Cartagena de Indias[94]: Se le solicitó el envío del Acuerdo 030   de 2006 y de los demás documentos mediante los cuales se declararon baldíos y se   adjudicaron predios ubicados en Arroyo Grande. Esa entidad sin mayor explicación   o desglose, envió los referidos documentos[95].      

Corporación Autónoma Regional del Canal   del Dique[96]: La Sala pidió a esta entidad información   sobre el otorgamiento o no de licencias de explotación minera en el área. Esa   entidad envío un listado de 11 proyectos con licencia ambiental a desarrollar en   el corregimiento de Arroyo Grande y precisó que al momento del licenciamiento de   tales planes no se evidenció, en los expedientes administrativos, la presencia   de comunidades étnicas en el área de influencia directa de los mismos[97].    

DACNARP – Ministerio del Interior[98]: La Corte solicitó certificación sobre la   inscripción o no de Consejos Comunitarios en la zona. La Dirección escuetamente   indicó que en el Registro Único Nacional de Organizaciones y Consejos   Comunitarios no se encontró ninguna coincidencia[99].    

La accionante y su apoderado: Si bien ni a la accionante, ni al   apoderado se les solicitó pruebas adicionales, los mismos anexaron al expediente   un escrito con varios elementos de prueba que piden incluir al mismo[100].   Así:    

·         Certificado de   libertad y tradición Nº 060-34226, impreso el 6 de abril de 2015.    

·         Cuadernillo de estudio   de títulos denominado “Usurpación de Tierras”.    

·         Copias de la   investigación criminal llevada a cabo por la Fiscalía 14 Seccional Cartagena y   un estudio de títulos realizado en ese proceso.    

·         Constancia de   peticiones elevadas a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General   de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior (28   de agosto de 2008 y 14 de abril de 2013).    

·         Fragmentos del   periódico El Universal de Cartagena, en donde se anuncia la construcción de un   Resort en Arroyo Grande (sin fecha visible).    

·         Intervenciones de las   empresas CONIC, INCIVIAL Y UNICONIC en un proceso de cancelación de registros de   Arroyo Grande y la Antigua Isla de Cascajo.    

·         Copias auténticas de   las Resoluciones 004 del 3 de mayo de 2004, 003 del 2 de abril de 2003 y 0059   del 18 de junio de 2003, emitidas por la Curaduría Urbana Nº 1 de Cartagena.    

·         Escritura pública Nº   2397 del 13 de diciembre de 2010 de la Notaría 4ª de Cartagena.    

·         Panfleto amenazante   contra la población: “A la comunidad de Arroyo Grande que reclama las Tierras   de la Playita le damos un plazo de 72 horas para que abandonen la Región si no   son declarados objetivo militar. Grupo Playa”.    

·         Documentos de la   Inspección de Policía de Arroyo Grande referente a varias querellas propuestas.     

·         Fragmentos del   periódico El Tiempo, en donde se anuncia que el Superintendente de Notariado y   Registro denuncia un carrusel de despojo de tierras en Cartagena (15 de abril de   2013).    

·         Plano topográfico   realizado por el Banco Popular sobre predios de Arroyo Grande.    

·         Videos sobre “el   caos” que viven los propietarios de Arroyo Grande.    

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas[101]: La Corte solicitó a esa entidad allegar   cualquier información sobre la eventual vulneración de los derechos al   territorio y a la propiedad colectiva de la Comunidad de Arroyo Grande. Esa   Unidad envió un cuadro en el que relaciona las personas incluidas en el Registro   Único de Víctimas, provenientes de Arroyo Grande. Explicó que ninguno de los   registrados se inscribió como perteneciente a un grupo étnico[102].    

Sección Tercera del Consejo de Estado[103]: Esta Sala le pidió información a esa   entidad sobre dos procesos de revisión agraria que se tramitan allí y que tienen   relación con los hechos que originaron esta acción de tutela. La Sección Tercera   informó que en esos procesos no se ha proferido ninguna medida cautelar que   suspendiera los efectos de los actos administrativos atacados, emitidos al   interior del procesos agrarios que fueron demandados[104].     

Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias[105]: A esta entidad se le solicitó   información sobre los procesos policivos iniciados en Arroyo Grande, la   adjudicación de tierras baldías en esa zona y el reconocimiento de Consejos   Comunitarios por parte de la Alcaldía. La Alcaldía aportó los Acuerdos, Decretos   y Resoluciones Distritales que adjudicaron tierras baldías y reconocieron juntas   directivas de varios Consejos Comunitarios en Arroyo Grande[106]. En   relación a lo demás guardó silencio.    

INCODER[107]: La Corte solicitó a esta entidad enviar   copia de unas Resoluciones referidas en el auto de prueba que tienen relación   con el presente proceso. En respuesta el Instituto remitió copia de las   Resoluciones Nº 3690 del 3 de noviembre de 1995, por la cual se deslindan los   terrenos de uso público correspondientes a las Playas Marítimas de Arroyo   Grande, entre otras. Frente al resto de la información solicitada, la entidad   precisó que no se encontró información adicional[108].    

Tribunal Administrativo de Bolívar[109]: La Sala requirió al Tribunal enviar   copias del proceso de acción popular   promovido por la señora Gloria Yaneth Acosta Valero contra el Distrito Turístico   de Cartagena, por relacionarse con la presente acción de tutela. Esa orden fue   debidamente cumplida por esa Corporación[110]. Dicha acción popular se presentó en   contra de las Resoluciones que habían adjudicado la concesión del uso de las   playas de Arroyo Grande a dos empresas, y sin que se tuviera en cuenta para nada   la Comunidad afrodescendiente que usufructuaba dichos bienes desde tiempo atrás.     

AUTO Nº 294 DEL 22 DE JULIO DE 2015[111]    

Una   vez revisados los elementos de prueba aportados, la Sala Quinta de Revisión de   Tutelas profirió el Auto Nº 294 del 22 de julio de 2015, mediante el   cual, entre otras acciones, adoptó medidas provisionales en el caso de la   referencia. La Corte consideró que de acuerdo con la evidencia aportada,   existían serios indicios que permitían dilucidar una posible amenaza o   afectación a los derechos de los accionantes, por varias razones:    

En   primer lugar, de los hechos narrados por la accionante y los coadyuvantes y   de las pruebas presentes en el expediente en ese momento, esta Sala pudo   establecer que existía una amenaza real y cierta de que el despojo de tierras en   Arroyo Grande continuara en el tiempo. Lo cual hizo necesario una intervención   urgente del juez constitucional, para evitar la ocurrencia de un perjuicio   irremediable mientras definía la situación jurídica del territorio en disputa.          

En   segundo lugar, el riesgo de despojo de la tierra se debía, principalmente, a   la existencia de una incertidumbre jurídica frente a la titularidad de los   predios ubicados en Arroyo Grande, que amenazaba los derechos fundamentales de   la accionante y la Comunidad. Esa incertidumbre estaba asentada en el tiempo   debido a que, a pesar de las solicitudes de clarificación de la propiedad   elevadas ante el INCODER, tal procedimiento no se había iniciado. Lo anterior   también incrementaba las dudas sobre la titularidad de los predios ubicados en   dicho corregimiento y la falta de claridad sobre la autenticidad de dichos   documentos. Todo lo cual generaba graves e irremediables perjuicios a los   accionantes debido al inicio de diversos procesos policivos cuyo fin era   desalojar a la Comunidad de copropietarios, en ocasiones violentamente.    

Como tercer punto, la   Corte vio la necesidad de dar aplicación al artículo 5º del Decreto 747 de 1992,   que establece que las autoridades de policía no podrán ordenar el desalojo de   campesinos ocupantes de predios rurales, sobre los cuales se hayan iniciado   procedimientos administrativos de extinción de dominio, clarificación de la   propiedad, recuperación de baldíos, deslinde de tierras pertenecientes al   Estado, o delimitación de playones y sabanas[112].    

En cuarto lugar, a   pesar de la inactividad del INCODER respecto de la iniciación de los procesos de   clarificación de la propiedad, las solicitudes ya estaban formuladas, por ello y   en virtud del referido artículo 5º, el Inspector de Policía no podía ordenar ni   llevar a cabo desalojos en los predios que ocupaba la Comunidad. Adicionalmente,   tal inacción terminaría siendo una condición que permitiría el despojo de   tierras.      

Por último, en   diversas notarías[113]  se inscribieron supuestos títulos espurios en folios de matrícula inmobiliaria,   y se presentaron licencias de urbanismo sobre éstos, de las cuales tampoco se   tenía, ni se tiene, certeza sobre su autenticidad.    

Por todo lo anterior, esta   Sala consideró necesario decretar medidas tendientes a evitar mayores   afectaciones a los posibles derechos derivados del título que, a juicio de la   Comunidad de Copropietarios, les pertenece de forma común y pro indiviso.   Así decretó órdenes dirigidas a la protección jurídica sobre los predios   ubicados en el corregimiento de Arroyo Grande:    

·        Medidas provisionales   adoptadas    

a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Se ordenó a la   Superintendencia de Notariado y Registro que se abstuviera de inscribir   cualquier título, acto o negocio jurídico sobre bienes ubicados en el   corregimiento de Arroyo Grande.    

b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Se ordenó la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a la Secretaría   del Interior de Cartagena de Indias y al Inspector de Policía del corregimiento   de Arroyo Grande, que se abstuvieran de ordenar, iniciar, adelantar o llevar a   cabo nuevos procedimientos administrativos o policivos, y en general, cualquier   actuación administrativa cuyo fin sea obtener el desalojo de presuntos ocupantes   de hecho en predios ubicados en el corregimiento de Arroyo Grande; y que   suspenda la realización de las actuaciones y procesos que actualmente se   encuentren en curso.    

Particularmente, las mencionadas autoridades públicas se abstendrán   de realizar cualquier tipo de trámite administrativo cuyo fin sea el desalojo de   los descendientes de las 113 familias que figuran como propietarias del predio   denominado “Hacienda Arroyo Grande”, de acuerdo con lo consagrado en la   Escritura Pública No. 161 de 1897 de la Notaría Primera de Cartagena, inscrita   bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-34226 de la Oficina de Registro   e Instrumentos Públicos de Cartagena.     

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Orden para la realización de un levantamiento topográfico    

En   esa misma providencia se ordenó al Gerente del INCODER y al Director del   Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, que a través de funcionarios y/o   contratistas especializados del nivel nacional, llevaran a cabo un proceso de   levantamiento topográfico con relleno para la obtención de las coordenadas   planas del inmueble descrito en la Escritura Pública No. 161 de 1897 de la   Notaría Primera de Cartagena, inscrita bajo el folio de matrícula inmobiliaria   No. 060-34226, de conformidad con las reglas aplicables a los procedimientos de   clarificación de la propiedad y de titulación colectiva de las tierras de las   comunidades afrodescendientes.    

Así mismo, debido a las denuncias   arriba reseñadas se advirtió que por ningún motivo tal prueba podría ser   practicada por funcionarios del nivel departamental o regional. Y se previó que   la Defensoría del Pueblo, los accionantes en la presente acción de tutela y los   representantes legales de los Consejos Comunitarios de Arroyo Grande,   acompañarán la diligencia.    

El   6 de agosto de 2015, la Secretaría General de esta Corporación remitió al   despacho de la magistrada sustanciadora oficio de respuesta al mencionado auto   del 22 de julio de 2015.    

Según el IGAC, sólo cuando terminen   los procesos de clarificación de la propiedad y de titulación colectiva, esa   entidad puede realizar la corrección de la información y actualización catastral   en la zona de Arroyo Grande. A pesar de lo anterior, el IGAC indicó que puso a   disposición del INCODER varios técnicos y profesionales para que se cumpla más   ágilmente la primera etapa de la prueba solicitada por la Corte.    

Solicitudes de Incidentes   de desacato del Auto Nº 294 de 2015    

1. Mediante escritos del 14 y 24   de agosto de 2015[115] la accionante solicitó la   apertura de un primer incidente de desacato en contra de Johana Pájaro Suárez   como Inspectora de Policía de Arroyo Grande, debido al incumplimiento de la   medida provisional adoptada en el Auto Nº 294 de 2015.    

En respuesta a lo anterior, esta Sala profirió un   auto el 28 de agosto de 2015[116], a partir del cual, entre   otras actuaciones, se conminó a la referida Inspectora de Policía a cumplir a   cabalidad con las medidas adoptadas.    

2. Mediante escrito del 7 de   octubre de 2015[117] la accionante propuso la   apertura de un nuevo incidente de desacato, esta vez contra los Directores   Nacionales del IGAC y INCODER, por cuanto, a su juicio, incumplieron las órdenes   contenidas en el Auto No. 294 de 2015 proferido por la Sala Quinta de Revisión   en el presente proceso de tutela. Según la accionante, las entidades públicas no   habían ejecutado las órdenes proferidas por la Corte Constitucional, pese a   haber transcurrido 2 meses después de la expedición del Auto No. 294 de 2015.    

Así mismo, señaló que dichas entidades no habían   destinado el personal suficiente para llevar a cabo el procedimiento de   levantamiento topográfico. En este sentido, indicó que sólo trabajaban en ello   seis personas, lo que implicaría que la realización de la labor podría   prolongarse por varios meses[118].    Finalmente,   denunció que el INCODER había decidido realizar el levantamiento topográfico   sólo al 32% del área total de la Hacienda Arroyo Grande[119] y con   apoyo de funcionarios del nivel local y regional.    

3. Mediante auto del 9 de octubre de   2015[120]    la Sala Quinta de Revisión de Tutelas, i) solicitó a la Fiscalía información de todos   los procesos e investigaciones adelantados por la presunta falsedad de títulos   de dominio en el municipio de Arroyo Grande y afines; ii)  dispuso vincular a la presente acción de tutela a la Dirección General Marítima   y Portuaria DIMAR y a la Contraloría General de la República; y iii) requirió al INCODER para   que se pronunciara sobre la orden de levantamiento topográfico emitida por esta   Corte.    

Las órdenes de esta providencia fueron   parcialmente atendidas, y en esa medida se recibieron escritos de la Secretaría   del Interior de la Alcaldía de Cartagena, de la DIMAR, de la Contraloría General   de la República, del IGAC y de la Fiscalía General de la Nación.    

Alcaldía de Cartagena   [121]: En   su escrito el Secretario del Interior de la Alcaldía  advirtió a la Corte que la   zona objeto de las medidas provisionales decretadas en el Auto 294 de 2015, es   de gran extensión y de considerable ocupación demográfica, lo cual genera   algunas preocupaciones para la Alcaldía. Particularmente expresó que la   aplicación del Auto puede convertirse en una “amenaza a la estabilidad   jurídica y al orden público de la zona”, pues en la práctica se ordenó la   paralización de las actividades administrativas encaminadas a preservar la   institucionalidad.    

Adicionalmente precisó al no establecerse un plazo para la realización   del levantamiento topográfico, “la incertidumbre, las vías de hecho y el caos   generado por ese Auto se incrementarían”. Por ello solicitó i)  establecer un plazo determinado para práctica de la prueba, ii) revocar   la medida provisional en lo que respecta a la Alcaldía de Cartagena y iii)  convocar a un espacio de socialización para analizar algunas situaciones que el   presente caso ha generado.    

DIMAR[122]: En su intervención esta   entidad solicitó su desvinculación del presente proceso, debido a que no ha   vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante ni de las comunidades   afrodescendientes. Después de reseñar y explicar el fundamento normativo que   regula su funcionamiento y competencia, se refirió a los hechos que generaron la   presente acción de tutela. Indicó que en Arroyo Grande se encuentran bienes   baldíos y de uso público, sobre éstos últimos, la DIMAR explicó que puede   entregar permisos y/o concesiones para el uso; sin embargo, al momento de   presentar este escrito, ninguna comunidad había radicado alguna solicitud en ese   sentido. Razón por la cual estimó que la acción de tutela no puede dirigirse en   su contra.    

Contraloría General de la   República[123]: La entidad destacó que   la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario adelantó una actuación   especial en el INCODER durante el segundo semestre de 2014. Explicó que revisó   aleatoriamente 32 expedientes de dotación de tierras de comunidades étnicas,   grupo dentro del cual estaba el expediente del Consejo Comunitario de Arroyo de   las Canoas. Allí se identificó que la apertura del expediente obedeció a una   denuncia realizada por ese Consejo Comunitario en diciembre de 2010, debido a la   presunta usurpación de predios de uso ancestral.    

Sin embargo, la Contraloría constató   que casi 3 años después de haberse denunciado el hecho, la investigación no   había avanzado en el INCODER. Razón por la cual se levantó un Hallazgo en   el que llamó la atención al INCODER por la “extrema demora… para responder al   cumplimiento de sus funciones en materia de dotación de tierras para las   comunidades étnicas”, con la cual, además vulnera los derechos fundamentales   de las comunidades.    

Frente a su responsabilidad por la   vulneración de derechos fundamentales respecto de la presente acción de tutela,   alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.    

IGAC[124]: Debido a la petición de   desacato, la entidad estimó conveniente efectuar algunas precisiones. Explicó   que la responsabilidad de llevar a cabo los procesos de clarificación de la   propiedad es del INCODER y que de acuerdo a diversos convenios de apoyo   interinstitucional, la realización del levantamiento también es responsabilidad   de esa entidad, mientras que el IGAC está obligado a realizar la revisión y   aprobación del trabajo presentado por el INCODER. Señaló que el INCODER procedió   a dar cumplimiento de la orden de la Corte desde el 9 de septiembre de 2015,   fecha a partir de la cual se iniciaron los trabajos de campo y de estudios   inmobiliarios.    

Explicó que debido al esfuerzo   institucional que implica el levantamiento topográfico ordenado por la Corte,   “es importante no generar reprocesos ni duplicidad de esfuerzos e inversiones de   recursos públicos de dos entidades diferentes”.    

Finalmente manifestó que, al indagar   sobre el folio de matrícula inmobiliaria Nº 060-34226 en la base de datos del   IGAC, no reposa información predial de su inscripción, que pueda ser útil para   la Corte.          

Fiscalía General de la   Nación[125]: Diversas dependencias   de la Fiscalía atendieron la orden de esta Corte y enunciaron los   procesos e investigaciones adelantados por   la presunta falsedad de títulos de dominio en el municipio de Arroyo Grande y   afines[126].       

4. Una vez reseñadas las respuestas,   para la Sala Quinta de Revisión de Tutelas, resultó evidente que el   INCODER no atendió al requerimiento efectuado en el auto del 9 de   octubre de 2015, razón por la cual  profirió el Auto Nº 530 del 17 de noviembre de 2015, en el cual da apertura y   trámite al incidente de desacato propuesto por la accionante.    

AUTO Nº 530 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015[127]    

Mediante Auto Nº 530 del 17 de noviembre de 2015 la   Corte Constitucional, entre otras actuaciones, inició el incidente de   desacato en contra de los Directores Generales del IGAC   y del INCODER, al advertir indicios que revelaban un   posible incumplimiento de la orden relacionada con el levantamiento topográfico.    

En consecuencia, se les solicitó información sobre   las actuaciones realizadas en el corregimiento de Arroyo Grande, para que   indicaran específicamente: i) Cuáles han sido   las actuaciones ejercidas para cumplir las órdenes proferidas en el Auto 294 de   2015. ii) Si han recibido algún tipo de colaboración, total o parcial, de   funcionarios o contratistas del INCODER y del IGAC del nivel local o regional.   iii) Sobre qué área se está realizando el levantamiento topográfico con   relleno. Y iv) cuál es el grado de cumplimiento de la mencionada labor.    

Así mismo se decretó la práctica de una   diligencia de inspección judicial en el en el corregimiento de Arroyo   Grande, particularmente, en el predio denominado “Hacienda Arroyo Grande”,   descrito en la Escritura Pública No. 161 de 1897, protocolizada en la Notaría   Primera de Cartagena y registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No.   060-034226.    

– Trámite de la diligencia de inspección judicial   realizada por funcionarios de la Corte Constitucional    

El 15 de enero de 2016, la Magistrada   sustanciadora y dos integrantes de su despacho efectuaron la inspección judicial   en el predio con folio de matrícula inmobiliaria No. 060-034226. En la referida diligencia se levantó un   acta[128] en la que constan las declaraciones dadas por los funcionarios del   IGAC  y del INCODER[129],   por la señora Edelmira Ortega de Marrugo, quien estuvo acompañada por su   apoderado[130],   por el señor Édgar Alfonso Ramírez Mendoza como representante del Consejo   Comunitario de Arroyo Grande, por la señora Magalis Coronado Solano como   representante del Consejo Comunitario de la vereda La Europa, y el señor Carmelo   Flórez como representante del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de   Amanzaguapos.    

De las declaraciones se pudieron determinar algunos   hechos y conclusiones relevantes que serán identificados a continuación:    

a. La información geográfica de lo que era   antiguamente el predio Hacienda Arroyo Grande no existe de manera precisa, pues   los linderos naturales descritos en la escritura pública Nº 161 de 1897,   sufrieron cambios en los últimos 100 años. Por ello, si bien los mismos eran   claros al momento de la escrituración, hoy en día presentan dificultades para su   identificación y sólo es posible acercarse a la dimensión del predio a través de   “identificaciones sociales” de los linderos, principalmente, entrevistando a   la gente del sector.    

b. El sector identificado inicialmente con la   información aportada por la comunidad y consignada en la escritura pública,   comprende 4 municipios: Clemencia, Luruaco, Cartagena y Santa Catalina. Tiene   forma triangular y está atravesado por la carretera Cartagena – Barranquilla.   Los linderos fácilmente identificables son el Mar Caribe y la Quebrada de   Amanzaguapos, mientras que aquellos que ofrecen más dificultad son los   relacionados con la Hacienda la Púa, propiedad del señor Andrés Jarava, y los   límites con Clemencia y el Caserío el Coco, en la parte continental del predio.   En toda esta zona hay asentamientos de varios grupos poblacionales como   afrodescendientes, mestizos y blancos, así como actividades de explotación   económica como ganadería, minería, invernaderos y un hotel.    

c. Después de la delimitación inicial realizada   a partir de la identificación social de los linderos del predio, se concluyó que   el área aproximada es de 16.000 – 18.000 hectáreas (en comparación es el 60% de   la ciudad de Bogotá), sobre las cuales el INCODER y el IGAC empezaron a realizar   trabajos de identificación por sectores, con apoyo de equipos GPS de precisión,   fotografía con Drones y algunos trabajos de cartografía y topografía   tradicional. También solicitaron la información catastral de la zona, lo que   arrojó un aproximado de 1.800 a 2.000 predios identificados en la zona.    

d. Para el momento de la diligencia de   inspección judicial, el levantamiento topográfico solicitado por la Corte   Constitucional se había adelantado en un 30%, aproximadamente sobre 5.000 a   6.000 hectáreas. Lo anterior, debido a la complejidad de la prueba solicitada y   a sobresaltos relacionados con la contratación de personal. Por tanto, ambas   entidades solicitaron la prórroga del término otorgado por la Corte.      

e. Los contratistas de las entidades tuvieron   algunos problemas en campo, relacionados con las comunidades del sector, pues   algunas personas se rehusaron a la medición de los predios, y porque algunas   carreteras se encontraban cercadas y cerradas, con leyendas de “propiedad   privada”.        

Hechos y conclusiones relevantes extraídas por esta   Sala a partir de las declaraciones de los representantes de los Consejos   Comunitarios presentes en Arroyo Grande:    

a. Después de la abolición de la esclavitud,   los herederos propietarios de la Hacienda Arroyo Grande, señores Justiniano y   Mariano Ramírez, decidieron pagar los años de trabajo a sus antiguos esclavos a   través de un sistema de acciones (ej. 40 años de trabajo equivalían a 40   acciones de derecho sobre la propiedad de la Hacienda Arroyo Grande). Así   entregaron la tierra a 113 libertos.      

Según consta en los documentos que se aportaron en esta   diligencia, la repartición de las acciones se dio de la siguiente forma: los   señores Justiniano y Mariano Ramírez conservaron un número de acciones para   ellos, 38 y 25 ½ respectivamente. Así mismo, le adjudicaron 18 acciones como   forma de pago a su apoderado el señor Carlos Vives. El resto de las acciones   fueron entregadas así:    

        

Nombre                    

# de acciones                    

Nombre                    

# de acciones   

  José Cortina                    

42                    

Seferino Aurela                    

14   

Custodio Romero                    

42                    

Carlos Ramos                    

10 1/2   

Lázaro Romero                    

42                    

Hermogenes Ramos                    

10 1/2   

Laureano Licona                    

42                    

Darío Medina                    

10 1/2   

Matías Medina                    

42                    

Claudio Matoso                    

10 1/2   

Lisandro Ramírez                    

42                    

Diógenes Medina                    

10 1/2   

Juan Guzmán                    

42                    

Silvestre de Ávila                    

10 1/2   

Carlos Cortina                    

42                    

Eleuterio Jiménez                    

Eugenio Camilo Romero                    

40                    

Urbano Romero                    

10 1/2   

Francisco Romero                    

40                    

Julián Jiménez                    

10 1/2   

Casiano Cisneros                    

40                    

Eugenio de Arco                    

10 1/2   

Luis Medina                    

40                    

Francisco Ramírez                    

10 1/2   

Pedro Medina                    

40                    

Luis Romero                    

10 1/2   

Victoreano Mendoza                    

40                    

Manuel Payares                    

10 1/2   

Narciso Jiménez                    

40                    

10 1/2   

Prisco Guzmán                    

40                    

Nicolás Romero Cortina                    

10 1/2   

Julián Guzmán Hijo                    

40                    

José Inés Alcázar                    

10 1/2   

Francisco Aurela                    

40                    

Gregorio Alcázar                    

10 1/2   

Ricardo Mendoza                    

40                    

Martín Banquices                    

10 1/2   

Gervasio Padilla                    

40                    

Juan Vélez                    

10 1/2   

José Eulogio Mendoza                    

40                    

Tiburcio Henríquez                    

10 1/2   

José García Guzmán                    

40                    

Fernando Medina                    

10 1/2   

Evaristo García                    

40                    

Antonio Ramírez                    

7   

Aurelio Mendoza                    

40                    

Pantaleón Ramos                    

7   

Nicolás Romero                    

40                    

Bartolomé Ortega[131]                    

7   

José Ángel Cisneros                     

40                    

Espiritusantos Berrio                    

7   

Andrés Vega                    

40                    

Regino Guzmán                    

7   

Vicente Banquices                    

Manuel Romero                    

7   

Victoreano Guzmán                    

40                    

Pedro Romero                    

7   

Fernando Mendoza                    

36                    

Vicente Cerpa                    

7   

Andrés Guzmán                    

36                    

Pascual Cisneros                    

7   

Pedro Guzmán                    

36                    

José Jiménez                    

7   

Juan Mendoza                    

36                    

José Isabel Ramírez                     

7   

Salomón Cortina                     

36                    

Antonio Aurela                    

7   

Alejandro Banquices                    

36                    

Eugenio Aurela                    

7   

Hermenegildo Medina                    

36                    

Escolástico Jiménez                    

7   

Buenaventura Mendoza                    

36                    

Catalino Banquices                    

7   

José María Romero                    

25                    

Isaías Ramírez                    

7   

Ramón Mendoza                    

25                    

Nepomuceno Caraballo                    

7   

Cecilio Romero                    

25                    

Catalino Ortega[132]                    

7   

Lorenzo Guzmán                    

25                    

7   

Miguel Valiente                    

22                    

José Ariza                    

3 1/2   

Luis Guzmán                    

22                    

Generoso Mendoza                    

3 1/2   

Ildefonso Jiménez                    

22                    

José Isabel Jiménez                    

3 1/2   

Valentín Ávila                    

22                    

Evaristo Jiménez                    

3 1/2   

Pedro Banquices                    

22                    

Manuel Banquices                    

3 1/2   

Simón Cortina                    

22                    

Pío Alcázar                    

3 1/2   

José Medina                    

18                    

José Martínez                    

3 1/2   

Alejandro Jiménez                    

18                    

Isodoro Medina                    

3 1/2   

Demetrio Ramos                    

18                    

José Padilla                    

3 1/2   

Santos de Ávila                    

18                    

Cayetano Jiménez                    

3 1/2   

José de la C. de Ávila                    

18                    

Norberto Medina                    

3 1/2   

Gregorio Ramírez                    

18                    

3 1/2   

Félix Cortina                    

18                    

Venesio Medina                    

3 1/2   

Pedro Cisneros                    

14                    

Octavio Medina                    

3 1/2   

Ismael Romero                    

14                    

Matías Banquices                    

3 1/2   

Román Romero                    

14                    

———————————–                    

—————–      

b. Dentro del territorio de la Hacienda Arroyo   Grande se encuentran varias veredas: La Europa, Arroyo de las Canoas, el   Palmario, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Loma Arena, Púa 2, Amanzaguapos, cada   una de ellas organizada a través de Consejos Veredales. Para los representantes   de los Consejos Comunitarios, si bien hoy en día sus miembros están dispersos en   distintos municipios toda la comunidad afrodescendiente de Arroyo Grande se   identifica a través de las mismas costumbres, tradiciones y usos. Así mismo a   través de la autorreferenciación derivada de los apellidos de los 113 esclavos   libertos.        

c. Las 113 familias se ubicaron en el   territorio ejerciendo la ganadería, la agricultura y la pesca. Esos territorios   en los cuales se asentaron las comunidades abarcaban extensos terrenos de playa,   playones y parcelas, en los cuales ellos soltaban sus animales, se bañaban,   cultivaban y pescaban. Sin embargo, hoy en día no tienen acceso a los terrenos   sobre las playas ni sobre algunas parcelas de cultivos, debido a que los   “invasores” han cercado los caminos usados tradicionalmente por la comunidad   y la han sacado de sus parcelas a través de personal armado[133].    

d. Los Consejos Comunitarios de La Europa,   Arroyo Grande y Amanzaguapos, ya han solicitado titulación colectiva de las   tierras ante el INCODER, pues con esa figura buscan proteger la tierra y evitar   que algunos de sus miembros sean engañados para vender o abandonar sus tierras.   Así mismo, para fortalecer los procesos organizativos de las comunidades   afrodescendientes de esa región. No obstante ninguna de esas solicitudes ha sido   resuelta de fondo por el INCODER.    

– Trámite del incidente de desacato contra   los Directores del IGAC y del INCODER    

Después de notificado el referido Auto 530 del 17 de   noviembre de 2015, la Secretaría General de esta Corte remitió al despacho las   siguientes contestaciones:    

IGAC[134]: El Instituto respondió a las preguntas   efectuadas por la Corte Constitucional mediante el Auto 530 de 2015. En efecto   describió todas las actuaciones realizadas por funcionarios de esa entidad   encaminadas al cumplimiento de la orden. Explicó que ha ofrecido todo el apoyo   institucional pertinente al INCODER para que pueda culminar la primera etapa del   levantamiento topográfico. Igualmente precisó que todo lo relacionado con la   presente acción de tutela, está siendo ejecutado y conocido por funcionarios del   nivel nacional.    

Finalmente, indicó que el último informe del trabajo,   presentado por el INCODER el 14 de diciembre de 2015, precisó que “para la   aclaración del predio Arroyo Grande se entrega un avance del 30% al 20 de   diciembre de 2015. Se realizó reunión con el representante de la comunidad   nativa de Arroyo Grande y se estableció que se procedía a solicitar la   ampliación del tiempo de ejecución y que dicha laboral debe continuar por parte   de la entidad que asuma las funciones que actualmente tiene la Subgerencia de   Tierras. Dicha solicitud es producto de las dificultades de orden público en la   zona y la magnitud del trabajo (18000 hectáreas)”.    

El IGAC presenta como pruebas los oficios que el   INCODER ha presentado en relación con los avances en el levantamiento   topográfico ordenado.    

INCODER[135]: Al   responder a los cuestionamientos realizados por la Corte, el Institutito señaló   que ha dado cumplimiento a la orden; sin embargo, se han presentado varias   situaciones que es necesario que la Corte tenga en cuenta[136].    

En primer lugar, manifestó respetuosamente que   los Consejos Comunitarios de Arroyo Grande y La Europa no han realizado el   acompañamiento a los contratistas asignados; por el contrario, la comunidad que   representa la señora Edelmira Ortega de Marrugo ha presentado resistencia en   contra las diligencias adelantadas por el INCODER, por lo que no se han podido   terminar los trabajos de topografía. En esa medida, el Instituto gestiona el   acompañamiento de la Policía de Bogotá para avanzar en las labores encomendadas.    

En segundo lugar, aclaró que los Consejos   Comunitarios de Arroyo Grande y La Europa no tienen en cuenta que la normativa   vigente sólo le permite al INCODER “realizar levantamientos topográficos   sobre predios que no sean de propiedad privada, en caso contrario puede generar   un detrimento patrimonial y un peculado a favor de terceros por invertir   recursos públicos en levantamientos topográficos sobre predios privados que no   estén dentro del marco de una compra directa de tierras, baldíos, deslinde,   clarificación, extinción, recuperación o Parques Nacionales”. Debido a lo   anterior, afirmó que el IGAC es quien tiene la competencia para aclarar la   propiedad privada.    

En tercer lugar, expuso que se han realizado   varios avances frente al levantamiento topográfico, tales como el Informe   Predial de Arroyo Grande y las consultas respectivas a los mapas y las bases de   datos oficiales. Sin embargo señaló que es necesario un plazo de 45 días hábiles   adicionales para la terminación del levantamiento topográfico, ya que factores   como la falta de cooperación de la comunidad, los problemas de seguridad física   del personal de campo debido a grupos armados de desconocidos, y la   magnitud del predio (18.457 hectáreas, equivalente al 60% del área urbana de   Bogotá), han impedido otorgar una respuesta oportuna.    

En el informe “predio: Hacienda Arroyo Grande”  del INCODER, se catalogaron factores como la localización geográfica del área,   la topografía de la zona, la condición jurídica del folio de matrícula evaluado,   el área y los linderos presuntos y las anotaciones consagradas en el certificado   de tradición y libertad correspondiente al bien estudiado.    

A partir de lo anterior, se presentó un diagnóstico   predial en el cual se reportaron: a) 789 predios sin información   jurídica; es decir, sin matrícula inmobiliaria, que conforman un total de   5054,50 hectáreas. b) 65 predios de propiedad del municipio de Santa Catalina   y 11 a nombre de la Nación, para un total de 306,52 hectáreas. c) 1081   predios con matrículas inmobiliarias, que ocupan un área de 13.093,112   hectáreas[137].     

Al final del referido informe se presentan algunas   observaciones referentes a la necesidad de buscar fuentes de información   adicional (sentencias inscritas en el certificado de libertad y tradición,   folios de matrícula anexos a este bien, el Plan de Ordenamiento Territorial de   Cartagena, Resoluciones del INCODER, entre otros), para avanzar en el   levantamiento topográfico solicitado por la Corte.    

El 18 de diciembre de 2015 la accionante   solicitó a la Magistrada sustanciadora una prórroga de 85 días para los   funcionarios del IGAC y del INCODER, a fin de logar la culminación de las tareas   que le fueron asignadas. La solicitante subrayó que el INCODER había reasignado   las labores a un nuevo contratista, el cual propuso el plazo anteriormente   citado para finalizar las labores relacionadas con el levantamiento topográfico[138].    

Mediante auto Nº 022 del 22 de enero de   2016[139],   la Sala concedió la prórroga de 85 días solicitada por la accionante, al INCODER   y al IGAC. Lo anterior, debido a la importancia de los resultados del   levantamiento topográfico con relleno para la adopción de una decisión sobre las   pretensiones de la acción de tutela, y tomando en consideración la complejidad y   extensión del área estudiada (entre 16.000 y 18.000 hectáreas). No obstante, la   Corte Constitucional reiteró que en caso de incumplimiento del nuevo plazo   concedido, los funcionarios públicos podrían quedar sometidos a las sanciones   por desacato al cumplimiento de decisiones judiciales previstas en el artículo   52 del Decreto 2591 de 1991. Con   posterioridad a este Auto Nº 530 de 2015, se recibió en este despacho el informe   de cumplimiento del IGAC.    

El informe de cumplimiento presentado por el IGAC, con   el siguiente mapa, muestra la ubicación del predio de Arroyo Grande,   identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 060-34226. Allí se indicó   que el predio está ubicado en la costa Caribe colombiana y comprende 17.994   hectáreas aproximadas, dentro de las cuales existen un estimado de 1.945 predios   catastrales.    

Mapa 1: La parte sombreada en café hace referencia a la   ubicación espacial del predio    

Según el informe, a través del recorrido realizado por   los funcionarios de IGAC, el 15 de enero de 2016, se pudo constatar que   “dentro del territorio denominado Arroyo Grande, hay a su vez otros predios   catastrales que comprenden zonas rurales y centro poblados, cuya destinación es   muy diversa, hay residencias, fincas, hoteles etc.”.    

El IGAC advierte, en cuanto a la extensión del predio,   que es evidente que el mismo es de gran dimensión. En efecto, al identificarlo   con un polígono de color naranja en el siguiente mapa, y realizar la comparación   con el área de Barranquilla, en color rojo, éste resulta incluso de mayor tamaño   que el centro urbano de esa ciudad.    

Mapa 2: comparación del área del predio de arroyo   Grande con la ciudad de Barranquilla        

Debido a lo anterior, el IGAC advierte a la Corte   Constitucional que después de levantar las coordenadas planas aproximadas del   terreno descrito en la escritura pública Nº 161 de 1897, el trabajo necesario   para cumplir con la orden de levantamiento topográfico con relleno es extenso y   complejo, debido a que implica la identificación de gran cantidad de aspectos   como los predios catastrales individuales (aprox. 1.945) con sus construcciones,   cultivos, mejoras, coberturas, entre otros.    

Siguiendo adelante con el informe, el IGAC realiza una   relación    

pormenorizada de las actuaciones administrativas que ha   realizado a efectos de lograr el cumplimiento de la orden dada por la Corte   Constitucional, de la manera más técnica y adecuada posible.    

Así mismo precisa que dentro del proceso integral de   clarificación de la propiedad y de titulación colectiva de tierras a comunidades   negras, el INCODER remitió información que ha sido revisada por el IGAC, la   cual, a la fecha del informe corresponde a un 53% del total del área del predio   Hacienda Arroyo Grande. Según expresa, lo anterior equivale i) a 116 predios   estudiados a través de topografía convencional, de los cuales sólo 16 cumplen   con las normas técnicas. Y ii) 27 predios estudiados a través de   foto-identificación sobre la imagen digital, de los cuales 16 tienen algunos   inconvenientes técnicos.     

En esa medida presenta el siguiente mapa, con las   siguientes convenciones:    

        

Verde                    

Las áreas cuyo levantamiento fue efectuado por el           INCODER y aprobado por el IGAC   

Amarillo                    

Las áreas cuyo levantamiento fue efectuado por el           INCODER y aprobado con algunas observaciones por el IGAC   

Rojo                    

Las áreas cuyo levantamiento fue efectuado por el           INCODER, pero no aprobadas por el IGAC.   

Azul claro                    

Las áreas producto de la foto-identificación sobre la           imagen digital de los predios pendiente de validación   

Naranja                    

Las áreas pendientes por levantamiento topográfico      

Mapa 3: acciones realizadas sobre el predio Arroyo   Grande        

Frente a las zonas del mapa que se muestran en rojo, el   IGAC advierte a la Corte, que el trabajo realizado no está perdido ni hay   necesidad de repetir las acciones. Expresa que lo que muestra esa información es   la necesidad de rectificación de algunos procesos de información, de   organización de datos, de corrección de deficiencias, entre otros aspectos, que   simplemente requieren algún tiempo para su constatación, que se realizará en   adelante con la nueva institución Agencia Nacional de Tierras.    

Por último, el IGAC presenta un análisis de los   impactos presupuestales, de recurso humano y de temporalidad de la intervención   técnica en Arroyo Grande. En efecto, se indica que según sus tablas técnicas   “el costo del levantar quinientas (500) hectáreas de terreno es de veinticinco   millones quinientos dieciséis mil ciento cuarenta y un pesos ($25.516.151). Así   entonces, tomando como base el costo por hectárea para calcular el costo de   levantar las casi dieciocho mil (18.000) que corresponde el predio Arroyo   Grande, se tiene que estos levantamientos tienen un costo mínimo de novecientos   dieciocho millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y seis   pesos ($918.518.436)”.    

Por último, el IGAC señala que debido a la complejidad   del asunto materia de la presenta acción de tutela solicitan una vez más la   celebración de una audiencia en la cual concurran la Agencia Nacional de   Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro y ese Instituto con el fin   de realizar un plan de trabajo coordinado, real y eficiente que se ajuste al   proceso y a las competencias de las entidades involucradas.    

Una vez reseñado el anterior informe de cumplimiento   presentado por el IGAC,  es importante referir que dentro del trámite de la   presente tutela, esta Sala ha emitido algunos autos adicionales de trámite que   han resuelto especialmente aclaraciones al Auto Nº 294 de 2015, solicitudes de   audiencias públicas y otros aspectos, que no son reseñados en estos antecedentes   debido a su bajo nivel de pertinencia[141].   De igual forma a través de autos del 15 de julio y del 10 de octubre de 2016,   esta Sala vinculó como partes a la Agencia Nacional de Tierras y a la   Superintendencia de Notariado y Registro, respectivamente.    

Finalmente también se advierte que durante todo el   trámite se recibieron solicitudes de terceros que pretenden hacerse parte en   esta acción de tutela; sin embargo, como se les informó tales peticiones serán   resueltas cuando se evalúe el caso concreto en esta providencia. Por tal motivo   dichas peticiones y las actuaciones realizadas por la Corte, se omitieron en el   relato de estos antecedentes y serán tratadas en un acápite posterior.    

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE   CONSTITUCIONAL    

COMPETENCIA    

1. Esta corporación es competente para   examinar, en Sala de Revisión, los asuntos que han llegado a su conocimiento, al   tenor de lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución y   31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.    

PRESENTACIÓN GENERAL DEL CASO    

2. Según lo relatado, la accionante y   algunos de los coadyuvantes hacen parte de una Comunidad de copropietarios de un   predio denominado “Hacienda Arroyo Grande”. Tal predio fue entregado como una   forma de compensación por parte de sus antiguos propietarios, los señores   Justiniano y Mariano Ramírez, a 113 afrodescendientes que entregaron su fuerza   de trabajo a la familia de éstos como esclavos. El anterior negocio jurídico   consta en la escritura pública Nº 161 de 1897, registrada ante el Notario   Primero de Cartagena y cuyo folio de matrícula es el Nº 060-34226 con fecha de   apertura de 15 de diciembre de 1980. En 1897, la extensión del predio se   identificaba como “8 caballerías de tierra” y sus linderos dan cuenta de   sitios y límites vigentes para ese momento.    

La Comunidad de copropietarios, es decir,   las 113 familias afrodescendientes, tomaron posesión de esos terrenos ejerciendo   en ellos la agricultura, la pesca y la ganadería. Sin embargo, narran que a   través tiempo se han presentado diversas maniobras jurídicas y judiciales a   través de las cuales se les ha despojado de tierras de las cuales son legítimos   propietarios. Así narran, por ejemplo, la adjudicación indebida de supuestos   baldíos que hacen parte del predio de mayor extensión Arroyo Grande; el adelanto   de procesos de pertenencia adquisitiva de la propiedad, bien sea por parte de   terceros o de miembros de su propia comunidad; y/o la compra forzada y   fraudulenta de terrenos a los copropietarios, ignorando la figura de propiedad   común y pro indiviso.    

Denuncian especialmente las acciones   violentas de las cuales han venido siendo objeto, especialmente, a partir del   año 2005 en adelante, cuando se incrementó la presencia de personal armado en la   zona reclamada y cuando se limitó definitivamente a la Comunidad el acceso al   mar Caribe. Así mismo, explican detalladamente las acciones que han ejercido   ante las diversas entidades estatales, que lejos de culminar con la protección   de sus derechos como Comunidad de propietarios, han perpetrado y legitimado el   despojo.    

La demandante y los coadyuvantes en la   presente acción de tutela señalan que las entidades estatales han ignorado por   completo su calidad de sujetos de especial protección constitucional, debido a   la diversidad étnica y cultural que los define como comunidades   afrodescendientes asentadas en la Costa Caribe. Aunado a lo anterior, resaltan   la situación de vulnerabilidad y pobreza que ha generado para ellos el despojo   de sus tierras.    

3. Por lo narrado, la accionante y los   coadyuvantes consideran que se vulneran sus derechos fundamentales al debido   proceso, de petición, de defensa y aquellos reconocidos a las comunidades   tribales. Por lo anterior, solicitan entre otras acciones, que i) se   ordene a la Inspección de Policía de Arroyo Grande se abstenga de adelantar   procesos policivos y diligencias de desalojo en el corregimiento de Arroyo   Grande, y se declare la nulidad de todos aquellos procedimientos llevados a cabo   con anterioridad a la presentación de esta acción.    

Así mismo que solicitaron ii) se   ordene a las entidades administrativas competentes adoptar de manera inmediata   las medidas tendientes a aclarar la propiedad en el predio Hacienda Arroyo   Grande, con el fin de recuperar los baldíos indebidamente adjudicados y   proseguir con las solicitudes de titulación individual y colectiva de tierras,   realizadas bien por miembros de la Comunidad de copropietarios o bien por los   Consejos Comunitarios que se han venido constituyendo en la zona.    

Y iii) se adopten medidas   provisionales para permitir a la Comunidad afrodescendiente de Arroyo Grande   acceder al Mar caribe, mientras se concluye el proceso de clarificación de la   propiedad en el corregimiento.    

4. La Procuraduría Regional de Bolívar y   la Alcaldía de Cartagena de Indias, entre otras entidades, solicitaron al juez   de instancia declarar improcedente la presente acción de tutela. Como argumentos   para tal petición, se indicó que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental   de la accionante ni de la Comunidad de Arroyo Grande. Por el contrario, se   explica que en la medida de sus competencias las entidades han cumplido con sus   labores constitucionales en el presente caso. De igual forma se alega que la   acción de tutela no es un mecanismo idóneo para pedir la suspensión de las   acciones policivas, pues para ello existen otros mecanismos de defensa judicial.    

El INCODER manifestó que las solicitudes   de aclaración de la propiedad y de titulación colectiva realizadas en este caso,   se están tramitando administrativamente, por ello la acción de tutela es   improcedente, más aún cuando no se acredita por parte de la accionante un   perjuicio irremediable. Resalta que ante el Consejo de Estado cursa un proceso   de revisión de las actuaciones del INCODER sobre algunos de los hechos   referenciados en este caso, con lo cual la presente acción de tutela incumple el   principio de subsidiariedad. Por último afirma que ha respondido todas las   peticiones que se han presentado por los hechos relacionados con este caso   concreto.    

En general las otras entidades que fueron   vinculadas alegaron su falta de legitimación en la causa por pasiva.    

5. Teniendo en cuenta las pretensiones de   la accionante, los argumentos de las entidades demandadas y de los terceros   intervinientes, es necesario inicialmente determinar si la presente acción de   tutela resulta procedente para solicitar la protección de los derechos   fundamentales invocados. Para ello la Corte debe establecer si se cumplen los   presupuestos de legitimación por activa y pasiva, así como los requisitos de   inmediatez y subsidiariedad.      

Una vez se determine la procedencia de la   acción de tutela, la Corte entrará a identificar los problemas jurídicos a   tratar en el presente proceso.     

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA    

Legitimación por activa e interés para   adelantar la acción de tutela    

6. Se desprende del artículo 86 de la   Constitución y de la jurisprudencia al respecto, que uno de los requisitos de   procedibilidad de la acción de tutela es que quien la solicite se encuentre   “legitimado en la causa” para buscar la protección de sus derechos   fundamentales. Es decir, este requisito exige que el o los derechos a resguardar   estén en cabeza del accionante y no, en principio, de otra   persona[142]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/t-697-06.htm –   _ftn20.    

La legitimación en la causa es, entonces, una calidad   subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en   el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o   atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces   simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo”[143].    

Así, el artículo 86 Superior señala que la tutela puede   ser ejercida por el titular de los derechos fundamentales amenazados o   vulnerados: i) en forma directa, ii) por medio de representante   legal (cuando se trata de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y/o   personas jurídicas), iii) a través de apoderado judicial, iv) por   intermedio de agente oficioso, siempre que el interesado esté imposibilitado   para promover su defensa; o v) por el Defensor del Pueblo y los   personeros municipales.    

7. En el presente caso, la   accionante Edelmira Ortega Pineda indica que hace parte de la Comunidad de   copropietarios de la Hacienda Arroyo Grande. Así, con el fin de verificar su   legitimación en la causa por activa, esta Sala examinó la escritura pública Nº   161 de 1897 y el folio de matrícula 060-34226.    

Una vez revisados tales documentos la Sala   encontró que en 1897 el señor Bartolomé Ortega fue adjudicatario de 7 acciones   de derecho sobre el predio Hacienda Arroyo Grande. A la par de lo anterior, en   el folio de matrícula estudiado consta, en la anotación número 13 realizada el 9   de julio de 2010, que las 7 acciones del señor Bartolomé Ortega fueron   trasferidas a la señora Edelmira Ortega Pineda, debido a una “adjudicación en   sucesión del causante”, ordenada, a su vez, por sentencia proferida por el   Juzgado 3º de Familia de Cartagena el 1º de septiembre de 2008[144]. Debido a   lo anterior, es claro que ella tiene un interés legítimo en la interposición de   la acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos al debido   proceso, de petición, de defensa, a la administración de justicia y a la   identidad étnica y cultural, presuntamente vulnerados por las autoridades   públicas demandadas.    

8. Ahora bien, es importante recordar que   la señora Edelmira Ortega Pineda instauró la acción de tutela “de la   Comunidad de copropietarios y descendientes (AFROCOLOMBIANOS) de la Hacienda   Arroyo Grande”[145].   De igual manera, presentó como hechos las actuaciones realizadas por toda la   Comunidad en búsqueda de la protección de sus derechos fundamentales, como las   peticiones elevadas ante los distintos Ministerios, la Defensoría del Pueblo y   el INCODER, entre otras. También es evidente que las pretensiones perseguidas   están encaminadas a la protección comunitaria y no sólo individual. Todo lo   anterior, permite deducir que, en este caso, la accionante busca defender los   derechos fundamentales de la Comunidad de Arroyo Grande, dentro de los cuales   incluye los propios.    

Debido a esta particularidad, es imperioso   definir también la legitimidad en la causa por activa de algunos comuneros que   presentaron escritos de “coadyuvancia” y de los Consejos Comunitarios que   intervinieron en la diligencia de inspección judicial realizada por el despacho   de la Magistrada sustanciadora, en tanto estas personas y asociaciones son   también titulares primarios de los derechos al debido proceso, de petición, de   defensa, a la administración de justicia y a la identidad étnica y cultural, que   se pretenden proteger a través de la presente solicitud.    

Lo anterior, pues la jurisprudencia   constitucional impone al juez de tutela el deber de utilizar sus facultades   oficiosas, y de efectuar un análisis material y no meramente formal de las   peticiones, con el fin de despejar cualquier incertidumbre al respecto de la   legitimación por activa[146].     

9. Sobre este punto, se advierte entonces   que el señor Ismael Henríquez Pineda, acreditó ser heredero y/o   descendiente de los 113 propietarios de la Hacienda Arroyo Grande. En efecto,   una vez revisados los documentos aportados por él, la Sala encontró que en 1897   el señor Catalino Ortega fue adjudicatario de 7 acciones de derecho sobre el   predio Hacienda Arroyo Grande. A la par, en el folio de matrícula estudiado,   consta la anotación número 14 realizada el 9 de julio de 2010, en la cual se   indica que las 7 acciones del señor Catalino Ortega fueron trasferidas a la   señora Ana Matilde Pineda Ortega, debido a una “adjudicación en sucesión del   causante”, ordenada, a su vez, por sentencia proferida por el Juzgado 3º de   Familia de Cartagena el 2º de septiembre de 2008. El señor Ismael Henríquez   Pineda es hijo de Ana Matilde Pineda Ortega; es decir, presenta la cadena de   sucesión que lo habilita para defender sus derechos como descendiente de uno de   los Copropietarios de la Hacienda Arroyo Grande identificados en la escritura   pública 161 de 1897.    

De igual forma, la señora Magaly Coronado   Solano, es la representante del Consejo Comunitario de la vereda La Europa,   ubicada en el predio Arroyo Grande. Dicha calidad la acreditó a partir de la   copia de la Resolución Nº 1694 del 3 de agosto de 2012, expedida por la   Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Mayor del   Distrito de Cartagena[147].    

Estos dos intervinientes, presentaron en   sus escritos sus respectivas argumentaciones y apoyaron las pretensiones de la   demanda, en especial las dirigidas a suspender las arremetidas de la inspección   de policía de Arroyo Grande contra miembros de la Comunidad, y aquella referente   a dar impulso y efectividad a las solicitudes de clarificación de la propiedad y   de titulación colectiva, elevadas en el predio en cuestión.    

10. Ahora, si bien formalmente estos   escritos fueron presentados como “coadyuvancia”, la Sala no puede omitir   que materialmente no lo son. En efecto, la figura de la coadyuvancia “como representación adhesiva ofrece una   disociación entre tener un interés alterno y ser el titular del mismo, es decir   entraña una legitimación secundaria, en vez de una legitimación principal”[148]. Un coadyuvante es aquel que refuerza y   apoya las pretensiones de una de las partes y actúa a favor de un interés ajeno,   que le resulta provechoso pero del cual no es titular.    

En esa medida, si bien este comunero y el   Consejo Comunitario de la Europa presentan, en apariencia, intervenciones   adhesivas cuya finalidad es proteger un derecho ajeno, lo cierto es que   materialmente se trata de intervenciones principales, ya que esas actuaciones   tienen por objeto la protección de los derechos fundamentales propios, como   miembros de la Comunidad de copropietarios y afrodescendientes que son. Esta   calidad los ubica como verdaderos actores, pues litigan por una causa propia, en   la que tienen un interés legítimo y que los afecta directamente; y no como   coadyuvantes, ya que su defensa no está encaminada a proteger derechos ajenos.    

En esos términos, esta Sala encuentra que   el señor Ismael Henríquez   Pineda como miembro/heredero de la Comunidad de copropietarios del predio   denominado Hacienda Arroyo Grande y el Consejo Comunitario de la Europa  son   también actores principales en la presente causa, al solicitar debidamente en   sus intervenciones la protección de los derechos de la Comunidad de la que son   parte. Por lo tanto su legitimación en la causa está acreditada.    

11. Ahora bien, respecto de las   intervenciones realizadas durante todo el trámite del proceso y, en especial, en   la diligencia de inspección judicial por parte de los representantes de los   Consejos Comunitarios de Arroyo Grande y Amanzaguapos, los señores Édgar   Alfonso Ramírez Mendoza y Carmelo Flórez, respectivamente, esta Sala puede   extraer que esas asociaciones de afrodescendientes también tienen un interés   legítimo y directo de protección de sus derechos fundamentales, pues como se   indicó, muchos de los hechos relacionados en el escrito de tutela fueron   protagonizados por los referidos Consejos Comunitarios (peticiones, denuncias,   estudios de títulos, entre otros).    

Lo anterior, aleja a estas asociaciones de   la figura de la coadyuvancia y, reafirma que las mismas son actores principales   en esta causa. En efecto, como lo indicaron en las referidas intervenciones,   muchos de los miembros de los Consejos Comunitarios son los herederos y/o   descendientes de los 113 propietarios del predio Arroyo Grande, quienes han   elegido unirse a los procesos de recuperación y fortalecimiento de las   tradiciones y costumbres que los identifican como grupo étnico afrodescendiente.   En este punto la Sala advierte que no todos los miembros de la Comunidad de   Copropietarios descrita en la escritura pública Nº 161 de 1897, son parte de los   Consejos Comunitarios y viceversa. Sin embargo, este asunto se tratará más   adelante.    

En todo caso, es claro que los referidos   Consejos Comunitarios reivindican las pretensiones de la demanda como propias,   pues son sus derechos al debido proceso, de petición, de defensa, a la   administración de justicia y a la identidad étnica y cultural, los que   presuntamente están siendo vulnerados[149],   situación que ratifica su legitimación en la causa por activa.    

12. De otro modo, se advierte que si bien   los señores Leorte Santiago Padilla, Nelson Ramos Jiménez y Nadín Alberto Romero   Santiago afirman que también son descendientes herederos de alguno de los   copropietarios de la Hacienda Arroyo Grande, no aportaron ningún documento que   acreditara, siquiera sumariamente, esa condición. Así las cosas, en esta acción   de tutela se tomará su escrito como una coadyuvancia, sin perjuicio de que ante   la entidad competente que lleve a cabo el proceso de clarificación de la   propiedad, puedan presentar solicitudes como herederos y afectados directos,   siempre y cuando acrediten esa calidad.    

13. Finalmente, la Fundación para el   Desarrollo de las Comunidades Negras e Indígenas Afrodescendientes   –FUNDACONEAFRO–, presentó un escrito de coadyuvancia que encaja perfectamente en   esa figura, en tanto es un tercero que pretende ayudar en la defensa y la   protección de derechos ajenos, en los cuales tienen un interés. Por tanto esta   Sala reconoce su intervención como tercero coadyuvante en el presente trámite.         

Legitimación por pasiva    

14. Superado el examen sobre legitimación   en la causa por activa, es necesario que esta Sala haga el estudio de la   contraparte en este proceso, esto es, la verificación de la legitimación en la   causa por pasiva. Según el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, la acción de   tutela procede contra toda acción u omisión de   las autoridades públicas, que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera   de los derechos fundamentales.     

15. En el presente caso, se alega la   vulneración de los derechos al debido proceso, de petición, de defensa, a la   administración de justicia y a la identidad étnica y cultural de la Comunidad de   Arroyo Grande, por parte de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio   del Interior –Dirección de asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,   Raizales y Palenqueras DACNARP–, el INCODER, la Inspección de Policía de Arroyo   Grande, la Personería Distrital de Cartagena “y las demás autoridades que se   determinen en el desarrollo de la presente”. Después del ejercicio   probatorio realizado por los jueces de instancia y por esta Sala de Revisión, se   pudo determinar que las “demás autoridades” involucradas con los hechos   descritos por los accionantes son las siguientes:    

a.     Procuraduría Regional de Bolívar    

b.    Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias    

c.     Las Fiscalías seccionales 40, 17, 14, 12   de Cartagena de Indias    

d.    La Presidencia de la República    

e.     El Ministerio de Defensa – Policía   Nacional    

f.      El Ministerio de Minas y Energías    

g.     La Defensoría del Pueblo    

h.    La Unidad de Restitución de Tierras    

i.       Concejo Distrital de Cartagena de Indias    

j.       Corporación Autónoma Regional del Canal   del Dique -CARDIQUE-        

k.    Unidad Administrativa Especial para la   Atención y Reparación de Víctimas    

l.       El Instituto Geográfico Agustín Codazzi   –IGAC–    

m.  La Dirección General Marítima y Portuaria –DIMAR–    

n.    La Contraloría General de la República    

o.    La Agencia Nacional de Tierras –ANT–    

p.    La Superintendencia de Notariado y   Registro –SNR–    

En esa medida, esta Sala advierte que   todas estas entidades son de carácter público, cuyas funciones y competencias se   relacionan con las acciones y omisiones denunciadas, por ende son susceptibles   de ejercer como extremo pasivo en una acción de tutela, según lo dispuesto el ya   referido artículo 5º del Decreto 2591 de 1991.    

Subsidiariedad     

16. El artículo 86 de la Constitución y   los artículos 5° y 6° del Decreto 2591 de 1991, establecen que la acción de   tutela procede para proteger los derechos fundamentales de las personas cuando   estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier   autoridad pública. A ello agrega que la acción sólo procede cuando el afectado   no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como   mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.    

De igual forma, se sostiene que este mecanismo de defensa judicial debe ser eficaz e idóneo   para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Así mismo se   ha dicho que la eficacia e idoneidad de los mecanismos de defensa judicial que   se presentan como principales deben ser analizadas en el caso concreto, como en   efecto hará esta Sala.    

Procedencia de la acción de tutela cuando   se cuestionan actuaciones dentro de procesos policivos y diligencias de   desalojo, por parte de sujetos de especial protección constitucional    

17. En reiteradas ocasiones[150], esta Corte ha analizado la   procedencia de la acción de tutela cuando sujetos de especial protección   constitucional, solicitan la salvaguarda de sus derechos frente a actuaciones   policivas. En este caso, una de las pretensiones principales de los accionantes   es que se suspendan las actuaciones policivas y las diligencias de desalojo en   el predio Hacienda Arroyo Grande, hasta tanto no se clarifique la propiedad. En   esa medida, es pertinente recordar que esta Corporación ha permitido la   procedencia de la acción de tutela en estos casos por varias razones.    

En primer lugar, es necesario   destacar que las decisiones que se adoptan en dichas actuaciones y procesos   (lanzamiento por ocupación de hecho, querellas, desalojos y otros), “a pesar   de ser proferidas por una autoridad administrativa, tienen el alcance de   actuaciones judiciales” [151], por ello, no son susceptibles de   control “ante la jurisdicción contenciosa administrativa[152]”[153]. Lo anterior, según lo dispuesto por   el artículo 105 de la Ley 1437 de 2011, cuando establece que la jurisdicción de   lo contencioso administrativo no conocerá de las actuaciones proferidas por   autoridades administrativas, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales[154].    

En segundo lugar, cabe resaltar   que como lo ha advertido esta Corporación, “tampoco resultan procedentes las   acciones civiles para controvertir los actos jurisdiccionales proferidos por   autoridades de policía, puesto que aquellas están previstas para resolver   disputas originadas en litigios referentes a los derechos de propiedad y/o de   posesión, mas no para debatir la posible violación de un derecho fundamental,   cuando supuestamente se adelanta un proceso policivo de manera irregular”[155].    

19. Ahora bien, aunado a lo anterior,   es claro que cuando en estos asuntos estén involucrados derechos de sujetos de   especial protección constitucional, la procedencia de la acción de tutela   resulta aún más viable. En efecto, las comunidades y los individuos   afrodescendientes son un grupo poblacional que a la luz de la Constitución de   1991, es merecedor de un trato preferente por parte de las   autoridades.   Así se desprende de los artículos 7, 13 y 55 transitorio, entre otros, y de la   jurisprudencia de esta Corte. En efecto la sentencia T-485 de 2015[158], reiteró que:    

“Las comunidades étnicas son   titulares de derechos fundamentales específicos, que deben ser especialmente   protegidos en razón de considerarse como sujetos de especial protección   constitucional. Esta comprobación ha llevado a la Corte a definir un grupo de   derechos de las comunidades diferenciadas, todos ellos relacionados con la   preservación de su diversidad étnica y cultural, así como los demás derechos   fundamentales que se adscriben a sus miembros.”    

20. Descendiendo al caso en estudio y en concordancia con las   razones expuestas, para esta Sala la presente acción de tutela resulta   plenamente procedente para buscar la protección de sus derechos fundamentales   presuntamente amenazados por la Inspección de Policía   de Arroyo Grande y otras entidades involucradas, como la Alcaldía de Cartagena y   la Personería Distrital de esa ciudad, entre otras.    

Procedencia de la acción de tutela cuando se vulneran derechos fundamentales   debido a la omisión de autoridades administrativas de dar inicio e impulso a un   proceso de clarificación de la propiedad     

21. Otra de las pretensiones principales   en el presente caso es que se dé impulso a los procedimientos administrativos de   clarificación de la propiedad y/o de titulación colectiva de tierras en el   predio denominado Hacienda Arroyo Grande, cuyos linderos están descritos en la   escritura pública Nº 161 de 1897 y que abarca 18.000 hectáreas aproximadamente.   Como se advierte en los antecedentes, desde 2010 se presentaron las primeras   solicitudes de titulación colectiva de tierras y desde 2013 aquellas referentes   a la clarificación de la propiedad al INCODER; sin embargo, las mismas presentan   serios atrasos, advertidos incluso por la Contraloría General de la Nación[159].    

Ahora bien, las funciones de adelantar los   procesos agrarios de clarificación de tierras y de titulación de la misma, son   competencia del INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, y las actuaciones de   esta agencia están sujetas al control judicial por parte de la jurisdicción de   lo contencioso administrativo. Por tanto, en principio, se podría pensar que   existe otro medio de defensa judicial, materializado en la acción de nulidad y   restablecimiento del derecho.    

Ese control judicial, sin embargo, sólo es   activable cuando se ha emitido algún pronunciamiento por parte de la entidad   competente. En el presente caso, el INCODER alegó que las solicitudes están   siendo tramitadas, pero no justificó ni su demora ni su ausencia de gestión,   evidenciada en que pasados alrededor de 3 a 6 años de la recepción de las   primeras solicitudes, no haya emitido ningún pronunciamiento de fondo. Según las   respuestas entregadas por esa entidad, la Ley 160 de 1994 y su reglamentación,   no le fija un periodo determinado para resolver esas peticiones.    

22. Así las cosas, el medio de defensa   judicial de nulidad y restablecimiento del derecho no es eficaz ni idóneo cuando   se trata proteger derechos fundamentales, vulnerados por la omisión en la   culminación de procesos administrativos. En este punto es pertinente recordar lo   expresado por esta Corte en la sentencia T-909 de 2009[160], cuando   estudió la procedencia de una acción de tutela instaurada por la Comunidad   Afrodescendiente de la Cuenca del Río Naya, por la cual buscaba la protección a   su   derecho al debido proceso administrativo, que fue quebrantado por la dilación   injustificada en decidir sobre la titulación colectiva de una propiedad   ancestral, cuya solicitud llevaba más de 10 años tramitándose:    

“La jurisprudencia constitucional ha hecho   hincapié en la necesidad de que la Administración actúe de manera diligente y   sin dilaciones injustificadas así como en lo imperioso que resulta que responda   de fondo las peticiones elevadas por los ciudadanos y por las ciudadanas. Ha   acentuado, de la misma manera, que cuando las entidades estatales se han   abstenido de dictar las medidas indispensables para obtener una protección   inmediata y eficaz de los derechos constitucionales fundamentales y han   mantenido en el tiempo la vulneración negándose a aplicar las normas legales y   reglamentarias pertinentes, procede el amparo en sede de tutela así todavía no   se hayan agotado los mecanismos ordinarios de protección.”    

Por lo anterior, y al alegarse una   dilación injustificada en el trámite de las solicitudes de clarificación de la   propiedad y de titulación colectiva realizadas por distintos actores de la   Comunidad de Arroyo Grande, para la Sala esta acción de tutela resulta   plenamente procedente.    

23. Ahora bien, el INCODER en sus   intervenciones describió hechos que si bien están relacionados tangencialmente   con el predio objeto de disputa en la presente acción de tutela, no se subsumen   directamente en la denuncia ni en las pretensiones de los accionantes.    

En efecto, el INCODER reseñó las   actuaciones administrativas y las Resoluciones emitidas por esa entidad y por el   antiguo INCORA, referentes a los procesos agrarios de deslinde que adelantó para   delimitar las Playas Marítimas de Arroyo Grande y la antigua Isla de Cascajo   (como bienes de uso público), y los presuntos territorios baldíos adyacentes que   forman parte de la zona de acreción sedimentaria de Arroyo Grande[161]. En contra   de algunas de esas Resoluciones y actuaciones existen procesos en curso. En   efecto una acción popular[162]  y una acción de nulidad y restablecimiento del derecho[163], que sin   embargo persiguen otro tipo de pretensiones como la revocatoria de las referidas   Resoluciones. A pesar de lo anterior, el INCODER alega que se incumple el   requisito de subsidiariedad en el presente asunto debido a esos procesos.    

24. Así las cosas, la Sala se pregunta si   ¿la existencia de tales procesos, hace que esta acción de tutela sea   improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad? La respuesta es   negativa, en tanto, son procesos que si bien se circunscriben a parte del predio   de mayor extensión de Arroyo Grande, no han tenido incidencia directa en las   solicitudes de clarificación de la propiedad ni de titulación colectiva   propuestas por los aquí accionantes.    

Para esta Sala, el INCODER exhibe tales   actuaciones, con el fin de demostrar que no ha permanecido inmóvil frente a la   existencia de un conflicto territorial en la zona, lo cual es parcialmente   cierto. Sin embargo, esos argumentos no son de recibo cuando se usan para   pretermitir su responsabilidad en el caso específico de las solicitudes de la   Comunidad, lo antedicho por varios motivos: i) el proceso agrario de deslinde   fue solicitado por dos empresas que no representan a la Comunidad; ii) al   interior de ese proceso se presentaron folios de matrícula diferentes al Nº   060-34226, y iii) ese proceso de deslinde agrario no abarcó la totalidad del   predio reclamado por los accionantes, sino sólo una parte de él.    

En esa medida, es claro que los procesos   en curso no tienen la virtualidad de proteger los derechos fundamentales de   petición, a la identidad étnica y cultural, a la igualdad, al debido proceso, de   defensa, de acceso a la administración de justicia y a la vida, presuntamente   vulnerados por los hechos relatados en esta acción de tutela. Por consiguiente,   se cumple el requisito de subsidiariedad en este caso.     

Inmediatez    

25. El artículo 86 de la Constitución   Política define la acción de tutela como una acción preferente y sumaria, que   busca proteger los derechos fundamentales de las personas de manera inmediata.   Por su parte, el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, reitera esta definición y   agrega en el artículo 3º que la acción se rige por los principios de celeridad y   eficacia. Así mismo, la Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia   que lo allí dispuesto conlleva un deber correlativo de las personas de solicitar   la protección de sus derechos fundamentales dentro de un plazo razonable.    

De conformidad con este principio, no   resultaría aceptable constitucionalmente permitir que las personas acudan a esta   acción para solicitar la protección inmediata de sus derechos, cuando no han   gestionado dicha salvaguarda en un término razonable. En virtud de este deber,   cuando la acción de tutela sea iniciada por fuera de un plazo razonable, el juez   debe denegarla por improcedente. Esto es lo que la Corte Constitucional ha   denominado el requisito de inmediatez.    

La inmediatez ha sido establecida en la   jurisprudencia constitucional como un principio, y no una subregla   constitucional. Esto significa que no existe un término prestablecido para   interponer la acción de tutela que sea aplicable a todos los casos, al margen de   la situación particular en que se encuentren los demandantes. La razonabilidad   del plazo debe, entonces, ser evaluada por el juez a partir de las   características de cada caso, y en particular, a partir de las circunstancias   específicas en las que se encuentren los demandantes.    

26. En el presente caso la acción de   tutela va dirigida en contra de diversas entidades públicas debido a una serie   de acciones y omisiones que han generado vulneración actual y continúa de los   derechos fundamentales de los accionantes. Tal y como se desprende de los   antecedentes, la Comunidad y sus diferentes actores han sido activos y han   tocado todas las puertas posibles en busca de la protección de sus derechos. Por   tanto, si bien algunos de los hechos vulneradores datan de varios años atrás,   ello no impide la procedencia de esta acción de tutela.    

En efecto, se demuestra que los   accionantes han acudido, de forma prioritaria a los entes gubernamentales para   requerir soluciones a sus problemas, sin embargo, muchos de estos no han   respondido materialmente a sus solicitudes. De igual manera, se evidencia una   mora injustificada, en el trámite de las solicitudes de clarificación de la   propiedad y de titulación colectiva. Con lo cual se concluye que la Comunidad de   Arroyo Grande no ha mostrado desidia ni inacción; por el contrario, existe   amplia evidencia de pro-actividad en el objetivo de defensa de sus derechos.    

27. Así, la acción de tutela se presentó   el 20 de enero de 2014, poco tiempo después de las acciones policivas que   denuncian como vulneradoras de sus derechos fundamentales. También se determina   la inmediatez a partir de las diversas solicitudes que realizó la Comunidad ante   el INCODER (4 de julio de 2013 y 20 de junio de 2013), ante la Procuraduría   General de la Nación (21 de junio de 2013), y ante el Ministerio del Interior   (10 de mayo de 2013). Para la Sala todos estos términos son perfectamente   razonables, particularmente teniendo en cuenta las acciones y movilizaciones que   ha tenido que llevar a cabo la Comunidad de Arroyo Grande para acceder de manera   efectiva a la administración de justicia en el presente caso. Por lo tanto, la   acción de tutela resulta procedente desde el punto de vista del principio de   inmediatez.    

PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Y   LA METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN    

28. Determinada la   procedencia de la presente acción de tutela, se hace necesario ahora que esta   Sala precise los problemas jurídicos que debe analizar, de conformidad con el   planteamiento del caso propuesto en páginas anteriores.    

Así, frente a las   denuncias presentadas en la acción de tutela se hace necesario determinar si ¿se   vulnera el derecho fundamental a la identidad étnica y cultural de las   comunidades afrocolombianas, cuando a partir de actuaciones y omisiones de   diversas entidades estatales se produce el despojo del territorio que habitan, y   en el cual desarrollan y fortalecen sus prácticas, costumbres y tradiciones?    

De igual manera, en relación a la ausencia de respuesta   estatal frente a las denuncias elevadas por diversos miembros de la comunidad,   es necesario determinar si ¿se vulneran los derechos fundamentales al debido   proceso administrativo y de petición de los accionantes, debido a las   actuaciones y omisiones de las entidades demandadas involucradas en los procesos   policivos, administrativos y judiciales llevados a cabo en contra de la   Comunidad de Arroyo Grande, mediante los cuales se la ha despojado de las   tierras donde cultivaba para su subsistencia y se le ha restringido el acceso al   mar, del cual también se proveían su sustento?    

En concordancia con lo anterior, debe esta Sala   verificar concretamente si ¿se vulneran los derechos fundamentales al debido   proceso y a la identidad étnica y cultural de las Comunidades Afrocolombianas de   Arroyo Grande, por parte del INCODER y de otras estatales, debido a la   irresolución de las diferentes solicitudes de clarificación de la propiedad y de   titulación colectiva, presentadas por éstas?    

29. Para dar solución a los problemas jurídicos, esta   Sala estima pertinente desarrollar un acápite en el cual se identifiquen   los derechos de los grupos étnicos   afrodescendientes consagrados en la Constitución de 1991. Una vez identificados   tales derechos, se hace necesario que esta Sala entre a estudiar el caso   concreto, dentro del cual deberá hacer algunas referencias a i) las dificultades   en el sistema de registro colombiano, y su incidencia en el predio denominado   Hacienda Arroyo Grande; y ii) los procesos de clarificación de la propiedad en   Colombia, en especial, cuando de éstos depende el reconocimiento de otros   derechos, en este caso, en cabeza de sujetos de especial protección   constitucional.    

DERECHOS DE LOS GRUPOS   ÉTNICOS AFRODESCENDIENTES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991    

30. En múltiples   ocasiones esta Corporación ha abordado asuntos en los cuales están involucrados   derechos de los grupos étnicos que habitan nuestro territorio. En este caso   particular se hace necesario el estudio del tratamiento constitucional dado a   los grupos afrodescendientes en Colombia. Para ello, inicialmente, es importante   poner de presente que el reconocimiento de los derechos colectivos y culturales   de los grupos étnicos afrodescendientes se dio, de forma directa, a partir de   1991. Así con la expedición de la Constitución Política de ese año, se   estableció un cambio de paradigma en la nación colombiana, dirigido abiertamente   a proteger y promover la multiculturalidad y el pluralismo.    

En efecto, a partir de la   Constitución de 1991, el Estado colombiano “reconoce y protege la diversidad   étnica y cultural de la nación”[164].   Manifestación que parte del entendimiento de que la pérdida de la historia y la   identidad multicultural, si bien afecta mayoritariamente a los grupos étnicos,   implica a su vez la pérdida de identidad para todos los colombianos como tal.    

Este cambio de paradigma   en lo jurídico, puede ser rastreado fácilmente cuando se revisa el tratamiento   constitucional y legal que se dio con anterioridad a los grupos de   afrodescendientes en Colombia, y debido a que, el presente caso enclava sus   antecedentes en hechos ocurridos durante ese periodo anterior, esta Sala   considera pertinente revisar brevemente ese ítem.    

Breve reseña sobre los   antecedentes del reconocimiento de derechos étnicos y culturales a las   comunidades negras en Colombia    

31. En lo legal, la   variación en el tratamiento jurídico dado a los grupos étnicos, no sólo obedeció   a la voluntad del constituyente de reconocer derechos a tales minorías -a fin de   incrementar la legitimidad del Estado y fortalecer los principios democráticos-,   sino también, en gran medida, a las luchas y movimientos sociales que desde años   atrás denunciaban la discriminación racial y cultural que se ejercía, de forma   tolerada, en nuestro país.    

Según se reseñó en una   aclaración de voto a la sentencia C-931 de 2009[165], “en 1989, antes de que se   expidiera la Constitución de 1991, el escritor Manuel Zapata Olivella,   denunciaba que las situaciones discriminatorias y los prejuicios de la sociedad   colombiana se enraízan en una injusticia histórica, ‘[…] pues hasta el presente   nada se ha hecho para retribuir a los descendientes de esclavos, ningún derecho   de propiedad sobre el patrimonio nacional que contribuyeron a forjar en forma   decisiva, en más de cuatro siglos y medio…’[166]”.    

32. En efecto, es un hecho notorio que   después de la llegada de Cristóbal Colón a América, de la época de la   “conquista”  y de la eventual instauración de las colonias, en nuestro caso españolas, se   produjo un proceso de encuentro y choque cultural diverso, que cambió   radicalmente la conformación étnica y cultural de estos territorios. Así quien efectúe, incluso, un breve   acercamiento a esa historia encontrará que uno de los sustratos culturales más   importantes y amplios del mestizaje americano, fue el aportado por los miles de   africanos que fueron raptados y traídos en galeones esclavistas a América, para   ser vendidos. En efecto:    

“Desde finales del siglo XVI y   principios del siglo XVII la escasez de mano indígena para el trabajo a causa de   guerras, explotaciones o rebeldía, llevó a la Corona española a incentivar el   comercio de personas negras esclavizadas en sus colonias. Aunque la esclavitud   era una vieja institución,[167] legitimada incluso en la iglesia   católica desde sus comienzos,[168] trajo a América aparejada consigo, la   lucha por la libertad, puesto que las reglas que la regían y trataban de   humanizar, construidas a lo largo de los años, se desconocían plenamente en el   comercio de personas esclavizadas desde el África. La esclavitud en estos casos   no era producto de las tradicionales razones aceptadas, sino de la captura y   secuestro brutal de millones de personas.”[169]    

33. Así, desde   diversas disciplinas se ha demostrado que la esclavitud en América significó   para los afrodescendientes su invizibilización, su segregación y un tratamiento   desigual, inhumano y oprobioso, entre otras nefastas consecuencias. Así mismo   implicó para los individuos la anulación de su libertad, en razón a su color de   piel. Una persona esclavizada en esa época, no era “dueña de sí”, pues   carecía de derechos y, en especial, de la libertad de decisión sobre sí misma e   incluso sobre su descendencia.    

No es un   secreto que en aquella época y en los territorios que hoy son Colombia, se   instauró un sistema de identificación de personas por motivo de su raza y del   grado de mezcla de su sangre, verbi gratia, blancos, criollos, mestizos,   mulatos, zambos, indígenas, negros, entre otros. Esa odiosa clasificación, que   tomaba como elemento diferenciador la “raza”, era la que disponía la posición   social y económica de las personas, dependiendo de su color de su piel[170].    

Debido a lo anterior, una   de las primeras y más sufridas reivindicaciones que buscaron los grupos   afrodescendientes estaba relacionada con la búsqueda y conquista de su propia   libertad, para muchos tanto física como espiritual. Entre esas luchas y   movimientos se pueden encontrar diversas formas, algunas perseguían objetivos   grupales, otras se buscaban a través de colectividades y otras tantas a partir   de esfuerzos individuales[171].   De todas ellas, sólo se resaltarán algunas en esta sentencia.    

34. Así, uno de los   ejemplos más visibilizados en la actualidad, referentes a la búsqueda de la   libertad por parte de algunas colectividades negras en la época colonial, son   las organizaciones de esclavos libertos o cimarrones que se asentaban en   determinados territorios llamados palenques, rochelas o quilombos[172]. Estas   primeras organizaciones cimarronas, reivindicaban una profunda unión entre   territorio, individuo y colectividad. Lo anterior debido a que si el   individuo no estaba en ese territorio protegido por los suyos, podía ser   “recapturado”  y llevado nuevamente al comercio de esclavos.    

Esa situación hace que   desde esa época las colectividades afrodescendientes vieran como parte vital de   su subsistencia la estancia en un territorio determinado, pues ello generaba   seguridad y libertad para ellos[173].    

A pesar de que en esa   época hubo una resistencia fuerte del movimiento cimarrón y/o palenquero, nunca   se logró un reconocimiento legal de esas organizaciones por parte de la Corona   Española.     

35. Otra de las formas a   partir de las cuales las comunidades afrodescendientes buscaron su libertad, al   final de la Colonia y comienzos de la República, fue su incorporación a la lucha   independentista. Lo anterior, debido a las promesas de libertad que se ofrecían   bajo las repúblicas que se instaurarían, si el ejército español era expulsado de   América.    

Ahora, a pesar de la   constitución de las nuevas repúblicas, en nuestro caso la Nueva Granada, las   promesas de libertad no fueron de inmediato cumplimiento en la nación colombiana[174]. En   efecto, la abolición de la esclavitud fue tardía, en comparación con los años en   que la población descendiente de africanos fue víctima de lo que en la   actualidad se conoce como tratos crueles e inhumanos. Así sólo fue hasta el 21   de mayo de 1851, casi 40 años después del primer grito independentista (1810),   que “El Senado y la Cámara de representantes de la Nueva Granada, reunidos en   Congreso” decretaron la Ley “sobre libertad de esclavos”[175].    

36. Esa ley, si bien   puede decirse que marcó un punto histórico en el largo e inacabado proceso de   reconocimiento de las comunidades afrodescendientes, negras, palenqueras y   raizales, como parte integrante de la diversidad cultural de la nación   colombiana, estaba encaminada sólo a: i) entregar libertad física a las personas   esclavizadas hasta ese momento y ii) regular las formas de indemnización para   los antiguos “propietarios”.    

Es decir, este   antecedente legislativo estaba lejos de solucionar el problema general de   discriminación racial y cultural, generado por el estigma de la esclavitud   perpetrada durante la Colonia y las primeras Repúblicas. En ese momento, no se   proporcionaron ni brindaron elementos de reparación a este grupo poblacional, ni   se pensó en el reconocimiento de derechos a éstos como grupo social   históricamente discriminado.    

Así, para esa época, sólo   hubo un reconocimiento individual a la libertad de los sujetos particularmente   considerados, debido i) al auge de los principios e ideas liberales que   inspiraron la lucha independentista, ii) la preocupación de los legisladores de   ese período por subsanar la incoherencia que el régimen esclavista presuponía,   frente a las ideas de la modernidad (“todos los hombres son libres e iguales   ante la Ley”), y iii) el declive del negocio esclavista. En efecto:    

“La tensión de los procesos   revolucionarios americanos, tanto en el norte como en el centro y el sur del   continente, siempre enfrentó la contradicción de estar defendiendo la libertad   de las personas con pretender mantener la institución de la esclavitud, la cual   ya había sido ampliamente cuestionada por inmoral, inhumana e indigna. A finales   del siglo XVIII y principios del siglo XIX, era claro que existía un consenso   sobre la necesidad de abolir, tarde o temprano, la institución. Pero, como se   dijo, la persistencia y la resistencia de la institución a desaparecer se debía,   ante todo, a la dependencia económica que tenían las colonias al modelo de   producción esclavista, en especial en el Caribe.”[176]    

37. Es evidente que para   ese tiempo, no estaba en el panorama político nacional el otorgamiento de   derechos colectivos basados en la promoción de una identidad étnica y cultural   afrodescendiente. Sin embargo, esa situación (abolición de la esclavitud)   hizo evidente el hecho de que la mayoría de comunidades o de colectividades   afrodescendientes, concebían el derecho individual a la libertad como algo   estrechamente ligado a la posibilidad de tener un territorio en donde ejercerlo   según sus usos y costumbres.    

Citando a Manuel Zapata   Olivella, era evidente que la emancipación, en los términos de la referida Ley,  “fue una nueva carga que se echaba sobre las espaldas de los negros.   Desnudos, carentes de herramientas de trabajo, sin tierra y expulsados de las   ciudades, muchos debieron resignarse a seguir en las haciendas de los amos   recibiendo una paga que ni siquiera les permitía asegurar su alimentación”[177].    

38. A partir de lo   anterior, se puede establecer que durante la época posterior a la abolición y   antes de la Constitución de 1991, las consecuencias negativas de la   discriminación racial y cultural ahondaron raíces en el imaginario nacional.   Así, según la Corte Constitucional, “la historia   colombiana se ha fraguado tristemente a partir de la violenta sustracción de   tierras a los indígenas y de la expatriación obligada de los negros del África   que fueron arrancados de su suelo para laborar en tierras ajenas”[178].    

Es claro que las   condiciones de marginación y exclusión y la ausencia de reconocimiento de sus   derechos étnicos y culturales, de las que han sido víctimas las comunidades   negras, no sólo surgen de la institución esclavista sino que también de las   políticas desarrolladas con posterioridad[179].  “Ejemplo de esta situación fue la Constitución de 1886, que no reconocía un   estatuto especial para las minorías étnicas de la nación colombiana, tampoco se   constituyó como un marco óptimo para una legislación de tierras tendientes a   satisfacer las necesidades de territorio de estas comunidades, ni siquiera en el   campo de la protección especial de las formas colectivas de la propiedad de la   tierra”[180].    

39. Para concluir este   acápite, puede decirse que antes de la Constitución de 1991 no hubo un   reconocimiento directo de los derechos de los afrodescendientes tanto como   individuos como colectividades portadoras de una herencia cultural y étnica   susceptible de ser reconocida, valorada y protegida por el Estado, y que tal   logro sólo se materializó en el nuevo pacto político, como se estudiará en el   siguiente acápite. Sin embargo, antes de finalizar con esta consideración, es   importante resaltar que a pesar de este reconocimiento jurídico y político, las   comunidades afrocolombianas continúan en un proceso de fortalecimiento cultural,   que muchas veces afronta barreras y discriminaciones institucionales y   estructurales[181],   cuyas manifestaciones están especialmente presentes en el Caribe colombiano.    

Reconocimiento de los   derechos de los grupos étnicos afrodescendientes en Colombia a partir de la   Constitución de 1991.    

40. Sea lo primero   resaltar que para esta Corte es claro que la instauración de un régimen jurídico   y legal de protección de la cultura e identidad de las comunidades negras,   afrodescendientes, palenqueras y/o raizales, es tan sólo un reconocimiento desde   el derecho, al proceso social desarrollado desde tiempo atrás. Así, mediante la   sentencia C-169 de 2001[182]  en la cual se estudió la definición legal de comunidades afrodescendientes   consignada en el artículo 2° de la Ley 70 de 1993, esta Corte indicó:    

“Esta definición, así como el   establecimiento de un régimen especial de protección de la cultura e identidad   de tales comunidades, constituyen tan sólo el reconocimiento jurídico de un   proceso social que ha cobrado fuerza en años recientes, y que es ampliamente   observable en varias regiones del país, a saber, la  consolidación de un   grupo poblacional que se autodenomina “negro”, a partir de distintos tipos de   organizaciones locales que, partiendo de la base de unas condiciones compartidas   de existencia y de una creciente identidad colectiva, han resuelto darse a la   tarea de promover mancomunadamente la defensa de sus intereses, históricamente   desconocidos, cuando no vulnerados frontalmente, por la sociedad mayoritaria.    

Se trata, así, de un actor social   emergente, no en el sentido de ser un fenómeno exclusivo de esta época -puesto   que las comunidades negras se comenzaron a configurar desde los primeros tiempos   de la esclavitud en nuestro país, cuando se establecieron los “palenques”,   pueblos de esclavos fugitivos o “cimarrones”, y se sentaron las bases para lo   que hoy aparece como una cultura propia-, sino en cuanto se trata de un grupo   que sólo en las últimas décadas ha podido asumir la tarea de organizarse más   allá del ámbito local o regional.”    

41. Efectuada la anterior   explicación, es claro entonces que la especial protección constitucional a la   diversidad étnica y cultural de la nación colombiana es una obligación   establecida por la actual Constitución Política. Como se indicó este   reconocimiento fue una forma de compensación y reivindicación, frente a la   situación de discriminación estructural previa a 1991, debido a la cual muchos   ciudadanos, si bien disfrutaban nominalmente de los derechos atribuidos por el   marco legal, no se encontraban en condiciones para que dicha igualdad fuera real   y efectiva.    

En efecto, dicha   obligación se deriva de las expresiones consagradas en el preámbulo   constitucional[183]  y en los artículos 7[184],   10[185],   13[186],   68[187],   72[188]  y 176[189],   todos los cuales son aplicables a la comunidad afrodescendiente. De manera   expresa la Constitución consagró el artículo 55 transitorio, en el cual previó   la obligación de reconocer a las negritudes, a través de una ley, el derecho a   la propiedad colectiva de las tierras ancestralmente ocupadas por ellas. Mandato   que fue cumplido a través de la Ley 70 de 1993.    

De igual forma, el   compromiso de proteger, promover y garantizar la diversidad étnica y cultural,   se deriva del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT,   sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado en Ginebra en 1989, y cuya   ratificación e incorporación al derecho interno ocurrió mediante la Ley 21 de   1991, siendo éste parte integrante del bloque de constitucionalidad.    

42. Así mismo, el derecho   a la identidad étnica y cultural de los pueblos en Colombia ha sido objeto de   diversos pronunciamientos emitidos por esta Corte, tanto de constitucionalidad   como de tutela[190].   Lo anterior, puede evidenciarse desde variedad de perspectivas.    

Así, se han presentado   situaciones en las cuales diversos proyectos relacionados por la sociedad   mayoritaria con el desarrollo y progreso de las regiones[191], chocan   con la comprensión antropológica y sociológica que de ese mismo concepto tienen   las comunidades étnicas, más relacionado con las nociones de bienestar, buen   vivir y/o interés general[192].   Lo anterior pues éstas son susceptibles de protección, en especial, cuando tales   proyectos tienen la potencialidad de cambiar usos, costumbres, tradiciones,   formas de vida o de relación de las comunidades con sus territorios. En estos   casos, el derecho a la identidad étnica y cultural tiene una expresión más   concreta de protección en los derechos a la subsistencia de las comunidades,   derechos territoriales y de consulta previa.      

Los pronunciamientos en   favor de la protección del derecho a la identidad étnica y cultural de los   pueblos también se han emitido en casos en los cuales se protege el derecho a la   participación política[193]  y a la necesidad de implementar acciones afirmativas en favor de las comunidades   como tal o de sus miembros[194],   entre otros aspectos.    

43. Así, a partir de la   materialización de ese deber genérico de salvaguarda de la diversidad étnica y   cultural de la nación colombiana, se han reconocido ámbitos de protección   concretos, tanto para los individuos pertenecientes a los grupos   étnicos, como para las colectividades como tal. Sin embargo, existe un   tratamiento diferenciado entre esos dos niveles de protección  (individuos y   colectividades), así los derechos étnicos y culturales son, en principio,   fundamentales para los grupos como tal[195],   sin perjuicio de la protección de los derechos individuales.      

Respecto de lo anterior,   esta Sala estima pertinente recordar que según la jurisprudencia constitucional, son titulares de los derechos consagrados tanto en la Constitución y las leyes,   como en el Convenio 169 de la OIT, todas aquellas comunidades en las cuales se   puedan identificar, al menos dos elementos. El “objetivo”, que hace   referencia la presencia de rasgos culturares y sociales compartidos por los   miembros de un grupo, que los diferencia de los demás sectores sociales;   y el “subjetivo”, referente a la existencia de una identidad grupal que   lleve a los individuos a asumirse como miembros de la colectividad como tal.    

Así, para este Tribunal ha sido claro que “las   comunidades negras de Colombia cumplen a cabalidad tales condiciones, según   resulta tanto de la observación histórica y sociológica que de ellas puede   hacerse, como de los desarrollos legislativos de los años recientes,   especialmente de la ya referida Ley 70 de 1993…”[196].    

44. Ahora bien, volviendo   sobre esos ámbitos de protección concretos de las colectividades   como tal, derivados de ese deber genérico de salvaguarda de la identidad   cultural, puede decirse que algunos de estos son:    

·        El   derecho a la protección de las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos[197].    

·        El   derecho de consulta previa frente a diversas situaciones (explotación de   recursos naturales en territorios colectivos, medidas legislativas o   administrativas que los afecten directamente, entre muchas otras)[198].    

·        El   derecho a la autonomía de las formas de gobierno, planeación y organización   social, también conocido como libre autodeterminación[199].    

·        El   derecho al establecimiento de los medios de control para el desarrollo de las   instituciones e iniciativas de estos pueblos[200]    

·        El   derecho a la participación política nacional y regional[201].    

·        El   derecho a la garantía de un proceso educativo autónomo, de acuerdo a las   aspiraciones etnoculturales de la comunidad[202].    

·        El   derecho a la subsistencia, tanto física como cultural y con respeto a sus usos y   costumbres[203].    

·        El   derecho a la protección y respeto de la cultura y valores espirituales de estos   pueblos en relación con su territorio. Que abarca la imprescriptibilidad,   inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios colectivos de las   comunidades étnicas; y el reconocimiento y protección efectiva del derecho de   propiedad y de posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado[204].    

Al ser pertinente para la   solución del presente asunto, es necesaria una mención más amplia a este último   reconocimiento.    

Los derechos   territoriales reconocidos a la población afrodescendiente en la Constitución de   1991    

45. Puede afirmarse que   los derechos territoriales de los pueblos afrodescendientes, negros, palenqueros   o raizales, se derivan concretamente del artículo 55 transitorio de la   Constitución y de sus posteriores desarrollos legislativos y reglamentarios, a   través de los cuales, como ya se indicó, se previó la obligación de reconocer a   las negritudes, el derecho fundamental a la propiedad colectiva de las   tierras ancestralmente ocupadas por ellas. Mandato que fue cumplido a través   de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, principalmente.    

Dicha obligación está en   directa conexión con la necesidad de proteger la subsistencia, tanto física como   cultural y espiritual de estos pueblos. Como se indicó en las consideraciones   precedentes, es claro que para las comunidades negras el territorio significó   libertad, subsistencia, colectividad y arraigo, entre otros. Es por ello que   esta Corte ha reconocido que hay una circunstancia propia de los pueblos   afrodescendientes que los une a sus territorios. En efecto:    

“Se trata de la gran   importancia que todos ellos atribuyen a los territorios en los que se encuentran   asentados y a su permanencia en los mismos, la cual supera ampliamente el normal   apego que la generalidad de los seres humanos siente en relación con los lugares   en los que ha crecido y pasado los más importantes momentos y experiencias de   sus vidas, o en aquellos en los cuales habitaron sus ancestros”[205].    

46. Esa circunstancia   propia, no sólo fue advertida por el constituyente colombiano, sino que tuvo   expresa mención en el Convenio 169 de la OIT, cuando indicó que “… los   gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y   valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las   tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupen o utilicen de   alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”[206].    

Siguiendo con lo estipulado en el   Convenio, su artículo 14 establece directamente que “deberá reconocerse a los   pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras   que tradicionalmente ocupan”, luego de lo cual agrega que “además, en   los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de   los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas   por ellos, pero a las que hayan tenido  tradicionalmente acceso para   sus actividades tradicionales y de subsistencia”.    

Otra disposición de este Convenio   asegura a los pueblos indígenas y tribales, entre otros, el derecho a no ser   desalojados o trasladados de las tierras que ocupan (artículo 16[207]).    

47. A la par de lo   anterior, se encuentran los artículos 329 y 330 sobre resguardos y territorios   indígenas y el antes referido artículo 55 transitorio, que explícitamente trata   sobre el derecho a la propiedad colectiva de la tierra por parte de las   comunidades negras.    

48. Paralelamente, el   derecho fundamental a la propiedad colectiva de la tierra en cabeza de los   grupos étnicos ha tenido reconocimiento y desarrollo en la jurisprudencia de   este Tribunal[208]:     

48.1. En la sentencia   T-955 de 2003[209],   la Corte precisó que el derecho a la propiedad colectiva de los territorios de   las comunidades negras implica para éstas el derecho a gozar y disponer de los   recursos naturales renovables presentes en aquellos territorios, respetando la   sostenibilidad de los mismos y en concordancia con la legislación ambiental.    

Tal precisión fue   efectuada en el marco de una acción de tutela interpuesta por el Consejo   Comunitario Mayor Cuenca Río Cacarica contra el Ministerio del Medio Ambiente y   otros, debido a un conflicto surgido en relación con explotaciones madereras que   se estaban dando en la zona, sin ningún tipo de intervención por parte de la   autoridad ambiental, y sin la realización de la debida consulta previa a la   comunidad, en tanto las explotaciones se hacían en el territorio colectivo del   cual tenían la propiedad[210].    

Así mismo precisó:   “Del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural depende la subsistencia de   los pueblos indígenas y tribales, y que son éstos quienes pueden conservar y   proyectar en los diferentes ámbitos el carácter pluriétnico y multicultural de   la nación colombiana, sustrato del Estado social de derecho acogido en la   Carta. Este carácter, reconocido alude a los pueblos indígenas y tribales, entre   éstos a las comunidades negras”.    

48.2. A través del fallo  C-180 de 2005[211],   se estudiaron algunas disposiciones de la Ley 160 de 1994[212],   referentes a la adjudicación de baldíos a agricultores campesinos y/o a miembros   de comunidades étnicas. Allí se reiteró que el derecho a la propiedad colectiva   tiene carácter fundamental para las comunidades étnicas en razón de su estrecha   relación con el territorio. Lo que no ocurre con los trabajadores agrarios y   campesinos. En efecto:    

“Esta Corporación en   reiteradas ocasiones ha reconocido el derecho fundamental de los grupos étnicos   a la propiedad colectiva, como elemento indispensable para garantizar su   supervivencia, dada la estrecha relación existente entre la comunidad y su   territorio, lo que no ha sucedido en el caso de los trabajadores agrícolas   ni siquiera en los casos en que se trata de sujetos que gozan de especial   protección constitucional. La diferencia antes esbozada puede apreciarse desde   una perspectiva diferente: mientras en el caso de las comunidades indígenas se   trata de la adquisición de tierras de propiedad colectiva para la constitución,   reestructuración, ampliación o saneamiento de los resguardos, y por lo tanto   está en juego un derecho fundamental, en el caso de los trabajadores agrícolas,   cualquiera que sea su condición, se trata de mecanismos para acceder al derecho   de propiedad privada, el cual sólo excepcionalmente tiene el carácter de   fundamental de acuerdo a la jurisprudencia constitucional.”    

48.3. Más adelante, la   sentencia T-909 de 2009[213]  resolvió una petición presentada por el   Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya, contra el    Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el INCODER y otros. Este Consejo   Comunitario llevaba más de 10 años tramitando una solicitud de titulación   colectiva de los territorios que ancestralmente habían ocupado, sin que las   autoridades hubieren resuelto de fondo el asunto.    

En este caso este   Tribunal encontró quebrantados los derechos al debido proceso administrativo y a   la identidad étnica y cultural de la comunidad negra, debido a la dilación   injustificada. Así indicó:    

“La dilación   injustificada que ha impedido adoptar una decisión de fondo en el trámite   administrativo de titulación colectiva del territorio ancestral de la Comunidad   Afrodescendiente de la Cuenca del Río Naya aparejó el desconocimiento de su   derecho constitucional fundamental al reconocimiento y protección de la   diversidad étnica y cultural e implicó la vulneración de los derechos   constitucionales fundamentales a la vida, a la dignidad y a la igualdad de sus   integrantes.”    

48.4. Una situación   similar a la anterior, fue la padecida por el Consejo Comunitario de las   Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de Isla del Rosario –   Casería Orika, esta vez en la Costa Caribe Colombiana. Lo anterior pues en 1968   el antiguo INCORA había iniciado un proceso de clarificaron de la propiedad, que   culminó en 1984, con una resolución que declaraba que el archipiélago “Islas   del Rosario” nunca había salido del patrimonio nacional.    

Una vez entró en vigencia   la Constitución de 1991 e invocando el derecho al debido proceso administrativo,   la Comunidad solicitó la titulación colectiva del globo de terreno ocupado   ancestralmente por la comunidad negra de Islas del Rosario. Pasados casi dos   años de la referida solicitud, el INCODER no había iniciado ningún trámite al   respecto; sin embargo, sí llevó a cabo desalojos en contra de la comunidad, para   entregar los terrenos a “poseedores” que habían celebrado contratos de   usufructo con el Estado.    

Esta situación fue   analizada en la sentencia T-480 de 2012[214], que   tuteló los derechos de petición, debido proceso administrativo, y a la propiedad   colectiva de la Comunidad que ocupaba ancestralmente las Islas del Rosario. En   consecuencia ordenó al INCODER resolver de fondo la solicitud de titulación   colectiva realizada, entre otras acciones.    

De ese fallo se puede   resaltar que el entendimiento de la protección a la diversidad étnica y   cultural: “‘supone la aceptación de   la alteridad ligada a la aceptación de multiplicidad de formas de vida y   sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental’, lo que implica que la   Constitución protege plenamente esos usos, costumbres y formas de vida distintas   a las predominantes (las que allí se engloban bajo la alusión a la denominada   cultura occidental), y garantiza las condiciones necesarias para que ello sea   posible. Agregó que la supervivencia de una comunidad de estas características   está normalmente ligada a la preservación del territorio en el cual se asienta,   y consecuentemente a la prevención de los daños ambientales que pudieran   derivarse de hechos como los antes relatados.”.    

49. Para finalizar este   acápite, es importante destacar en esta sentencia que a pesar de que en el   artículo 55 transitorio de la Carta Política y en la Ley 70 de 1993, se haga   referencia expresa a las comunidades negras de la Cuenca del Pacífico, todo el   desarrollo legislativo y jurisprudencial se extiende a los movimientos y   organizaciones afrodescendientes de todo el territorio nacional.    

Esa mención expresa de las comunidades de la Cuenca del Pacífico   obedeció a la existencia de un movimiento social de la afrocolombianidad que se   gestó y tomó mayor fuerza allí, desde varios años atrás de la expedición de la   Carta Política[215]. Lo anterior no implica   que en otras latitudes no existan negritudes susceptibles de ser protegidas,   como las presentes en la Costa Caribe de Colombia.    

Al respecto, es necesario   aclarar que los procesos de auto reconocimiento e identificación de las   comunidades de la Costa Caribe han sido tardíos si se compara con lo ocurrido en   el Pacífico. En efecto, en la Costa Caribe el impacto de la discriminación   racial y cultural y/o los llamados fenómenos de “blanqueamiento”, han   generado discontinuidad en dichos procesos organizativos y una invisibilidad por   las causas negras como tal. Esta es una situación que no ha sido ajena para esta   Corte, y que mucho menos puede desconocerse en este caso como causa de la   problemática propuesta.    

Sobre el asunto, es   pertinente recordar lo que expresamente señaló la sentencia T-969 de 2014[216]:    

“17. En el caso de la costa Caribe colombiana, el   proceso de concientización de los derechos por parte de las comunidades negras   ha sido, en términos generales, mucho más lento que en las comunidades del   Pacífico. Muestra de ello es que tanto el artículo 55 transitorio de la   Constitución Política, como la Ley 70 de 1993 que lo desarrolla, se refieren   explícitamente a su aplicabilidad en las distintas regiones y cuencas del   Pacífico, pero sólo genéricamente a las comunidades en el resto del país. Así,   el artículo 55 se refiere a comunidades negras de “otras zonas del país que presenten similares condiciones”. Entre   tanto, el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 70 de 1993, dispone que “De acuerdo con lo   previsto en el Parágrafo 1º del artículo transitorio 55 de la Constitución   Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas   que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas   tradicionales de producción en otras   zonas del país y cumplan con los   requisitos establecidos en esta ley.” Esta invisibilización de las comunidades negras del caribe   retrasó también el reconocimiento de los derechos colectivos de dichas   comunidades.    

Así lo reconoció esta   Corporación en la Sentencia T-680 de   2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla),   al proteger el derecho al debido proceso del Consejo Comunitario de Orika en las   Islas del Rosario frente a las demoras en el proceso de titulación colectiva por   parte de INCODER. Por tal razón, mientras los procesos de organización en   consejos comunitarios y de titulación colectiva en el Pacífico colombiano se   vienen llevando a cabo desde hace prácticamente veinte años, en el caribe las   primeras tierras fueron tituladas colectivamente a las comunidades negras en   2012. Más aun, en el Caribe existen sólo tres títulos colectivos: el del   Palenque San Basilio, el de La Boquilla, y más recientemente, el de Orika en   Islas del Rosario.”    

Tomando en consideración   todo lo hasta aquí expuesto, pasa esta Sala a definir el caso concreto.    

CASO CONCRETO    

La situación de   discriminación estructural e histórica vivida por las comunidades presentes en   Arroyo Grande condujo a la vulneración del derecho fundamental a la identidad   étnica y cultural de toda la comunidad afrodescendiente de Arroyo Grande    

50. Descendiendo al caso   concreto, esta Sala encuentra necesario primero establecer que en este asunto se   presentaron varias actuaciones y/u omisiones de las entidades estatales que se   rigieron bajo parámetros de una discriminación estructural que afecta   directamente a los individuos y colectividades afrodescendientes presentes en   Arroyo Grande.    

Según lo ha explicado   esta Corte, cuando se trata de efectuar el análisis de una situación estructural   de discriminación los test de igualdad propuestos para verificar si una medida   concreta es o no sospechosa de discriminación, resultan insuficientes, debido a   las dificultades probatorias que conllevan este tipo de casos[217].   En efecto:    

A pesar de esa dificultad   probatoria, o más bien debido a ésta, la Corte Constitucional ha establecido   también que es innegable que en nuestro país existe un fenómeno más grave y   profundo de discriminación, que trasciende los actos o comportamientos   puntuales, y que se materializa en patrones arraigados en el funcionamiento de   las instituciones[219].    

51. En mayo de 2009, tal   situación fue develada por el Relator sobre los Derechos de los   Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Sir Clare K. Roberts,   después de visita al país. Del informe presentado se puede extraer que existen 3   amenazas principales que deben   enfrentar las Comunidades Afrodescendientes en Colombia:    

·        El problema de la pobreza, de la   marginalidad y de la exclusión.    

·        Los efectos que produce el conflicto   armado interno sobre la población afrodescendiente, no sólo por el impacto que   tiene la violencia ejercida contra los integrantes de esta Comunidad, sino por   virtud de las repercusiones que sobre ella trae el desplazamiento forzado.    

·        La ausencia de esclarecimiento de los   crímenes cometidos contra los afrodescendientes y los obstáculos que existen   en relación con el goce efectivo de la propiedad colectiva de la tierra.    

El informe indicó expresamente que   “las disparidades entre las   condiciones sociales y económicas de los afrodescendientes y el resto de la   población en Colombia están estrechamente vinculadas a la exclusión social   padecida históricamente por este segmento de la población… A pesar de la   vigencia de legislación y políticas públicas destinadas a promover el desarrollo   de la población afrocolombianas, el goce igualitario de derechos y la superación   de la discriminación estructural continúan presentándose como un gran   desafío para esta población, que permanece invisibilizada”.    

Destacó el Relator que la ausencia de una política extensiva de   promoción de la igualdad racial y de la inclusión social de las Comunidades   Afrodescendientes y la falta de reconocimiento oficial respecto de “la   situación de discriminación estructural que aqueja a los afrocolombianos”.   En muchos casos –resaltó–, no se percibe o no existe la suficiente conciencia   en las entidades oficiales respecto “del impacto de la discriminación en el   goce equitativo de los derechos de los afrocolombianos y su acceso a servicios   básicos”.    

En el informe se insistió en la necesidad de “reconocer y   analizar el vínculo existente entre el racismo en la sociedad colombiana, la   discriminación racial en las esferas pública y privada por parte de entidades   estatales y no estatales y las condiciones imperantes de pobreza y exclusión   social de los afrocolombianos. Específicamente, es necesario diseñar e   implementar políticas y programas públicos multidisciplinarios para mejorar la   situación de los afrocolombianos, dados los múltiples factores sociales que   inciden en su deficiente situación de derechos humanos”.    

52. Estas reflexiones   realizadas por el Relator, aplican plenamente en el caso concreto, en el cual se   pueden identificar esos patrones discriminatorios a través de diversas ópticas,   así:    

·         Es   claro que desde la Colonia y durante la época republicana anterior a 1991, las   comunidades y los individuos afrodescendientes o negros no gozaban de los mismos   derechos que el resto de la población. En efecto, el estudio breve sobre la   legislación anterior a 1991 al respecto, da un panorama de lo que implica el   estigma de la discriminación racial en el imaginario nacional, cuyos efectos aún   subsisten.      

·         El   régimen de protección de la propiedad de la tierra, que si bien generaba cargas   para toda la sociedad, fue totalmente ineficaz en el presente caso, posiblemente   porque los propietarios eran afrodescendientes, situación que hacía que esas   cargas para ellos resultaran, cuando no desconocidas, desproporcionadas[220].    

Recuérdese que, tal y   como la accionante afirma en este caso, la visión sobre la propiedad y el   territorio que tienen dichas comunidades “dista de la concepción sobre la   tierra que puedan tener los descendientes de criollos”. Esta expresión   ratifica que existieron parámetros de discriminación arraigados a las   instituciones legislativas que excluyeron a las negritudes y sus cosmovisiones.    

·         Como   se indicó, después de 1991, hubo un cambio de paradigma legal que optó por el   reconocimiento a la identidad étnica y cultural de las negritudes en Colombia,   por lo cual se amplió el panorama legal. Ahora bien, gran parte de esa   legislación posterior está dirigida a legalizar la posesión de tierras baldías   habitadas por las colectividades afrodescendientes. Este hecho evidencia dos   parámetros discriminatorios estructurales arraigados en el imaginario colectivo.    

El primero, que ratifica   lo antedicho, es aquel que demuestra que antes de la Constitución de 1991, la   propiedad era un derecho generalmente vetado para los afrodescendientes. Sólo   los colonos con un estatus económico y social relativamente alto, eran   quienes podían acceder y gozar de la propiedad de amplias extensiones de tierra.   ¿Era posible la constitución de un latifundio, cuyo propietario o propietarios   fueran negros?, evidentemente en esa época no.    

El segundo, que es uno de   los puntos álgidos en este caso, se refiere a que el derecho de propiedad que   los afrodescendientes pudieran tener antes de 1991, podía ser desconocido, tanto   por el Estado como por particulares, sin que esto genere mayores consecuencias.           

Se presentó una vulneración de los   derechos de petición y al debido proceso administrativo debido a la dilación   injustificada en el trámite de las solicitudes de clarificación de la propiedad   y de titulación colectiva efectuadas por miembros de la comunidad de   copropietarios y/o por los Consejos Comunitarios de La Europa, Arroyo Grande y   Amanzaguapos.    

53. Situándonos en los   hechos más recientes padecidos por la comunidad de Arroyo Grande también se   pueden develar los referidos parámetros estructurales de discriminación, así:    

·         La   Inspección de Policía de Arroyo Grande, la Alcaldía de Cartagena, la Policía   Metropolitana de Cartagena, las Fiscalías seccionales involucradas en procesos   referentes a los hechos denunciados, ignoraron por completo la existencia del   folio de matrícula N° 060-34226 y la escritura pública N° 161 de 1897, y dieron   mayor valor probatorio a otros folios de matrícula y escrituras públicas   presentadas por terceros, los cuales, según se denuncia, son personas   pertenecientes a la sociedad mayoritaria, con poder económico y político fuerte   (colonos cartageneros, paisas y de otras latitudes del territorio nacional).    

En estas actuaciones   también se muestran los parámetros de discriminación estructural, debido a que   ante la existencia de un conflicto territorial, en el cual las partes exhibían   títulos con el mismo valor probatorio, las autoridades eligieron dar menor peso   a las afirmaciones de los individuos y las colectividades negras, sin mayor   sustento.      

         

·         De la   misma manera, la inoperancia de los órganos de control y de protección de los   derechos de la población salta a la vista. Omisiones como las de la   Procuraduría, la Policía, la Fiscalía General y sus dependencias respectivas, y   la Presidencia de la República, reseñadas en los antecedentes, también permiten   establecer la discriminación estructural en el presente caso, pues con todas   ellas se evidencia la negación de los servicios institucionales para estas   comunidades.    

Así mismo, tales   omisiones desestimulan los procesos de organización comunitaria, a través de los   cuales se pretende el fortalecimiento cultural, social, económico y político de   las asociaciones de afrodescendientes.    

·         Tampoco puede obviar esta Sala, la existencia de un patrón discriminatorio   estructural en las diversas entidades que se han encargado de llevar a cabo los   procesos de titulación colectiva de la tierra para las comunidades negras,   palenqueras y/o raizales. En este caso específico es notoria la inacción del   INCODER cuando se trata de solicitudes presentadas por miembros de la comunidad,   que contrasta con la proactividad en la resolución de aquellos procesos en los   cuales estaban en juego intereses de grandes grupos empresariales.    

En efecto, como ya se   indicó, el juez constitucional generalmente tiene que intervenir en procesos de   titulación colectiva de la tierra para los grupos étnicos, ya que las   autoridades dilatan injustificadamente estos procesos. Según lo explicó el   INCODER en las respuestas ofrecidas, esos trámites están regulados por   procedimientos que no tienen términos de resolución. Las solicitudes presentadas   en el presente proceso llevan entre 3 y 6 años tramitándose, sin que hasta el   momento se haya proferido pronunciamiento de fondo.     

Sin embargo, como se   presentó en este caso, frente a procesos agrarios de clarificación de la   propiedad, deslinde de bienes de uso público y adjudicación de baldíos a grandes   grupos empresariales se emitieron al menos 8 resoluciones y actos, en un periodo   de 7 años, desde 1993 a 2000[221].    

54. Todo lo cual pone de   presente el trato desigual en el acceso a los servicios y bienes estatales que   padecen los individuos y las comunidades afrodescendientes, en este caso   específico, de Arroyo Grande.      

En efecto, el despojo y   desalojo de tierras tradicionalmente habitadas y poseídas por la comunidad, pero   además sobre las cuales se exhibe un título de propiedad, trae como consecuencia   la puesta en riesgo del derecho a la subsistencia, tanto de las colectividades   afrodescendientes, como de los individuos particularmente identificados.    

Lo anterior, pues de las   parcelas cultivadas la comunidad percibe sus alimentos y sus cosechas para   vender. Así mismo, el bloqueo de la salida al mar Caribe por los caminos   tradicionalmente recorridos por miembros de la comunidad, repercute en un   desincentivo a la práctica de la pesca tradicional de subsistencia, y en el   cambio de los usos y costumbres en el ámbito económico, nutricional, social y   cultural. Todo lo anterior con la complicidad estatal, generada por desórdenes   administrativos o prácticas indebidas, que en todo caso, no pueden repercutir   negativamente en la comunidad, como en efecto lo están haciendo.    

55. Por tales razones,   esta Sala encuentra que en el presente caso en la actualidad se vulneran los   derechos a la identidad étnica y cultural, a la subsistencia, al territorio, al   debido proceso y de petición de los grupos étnicos negros, palenques y/o   raizales presentes en Arroyo Grande, debido, entre otras causas, a la   discriminación estructural e histórica que han padecido.    

En consecuencia, se hace   necesario revocar parcialmente la sentencia proferida por la Sala Laboral   de la Corte Suprema de Justicia el 17 de septiembre de 2014, que en su momento,   confirmó la dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito   Judicial de Cartagena el 1º de julio de 2014, que amparó el derecho de petición   y denegó las demás pretensiones de la demanda.    

En su lugar, se dispone   además del derecho de petición, tutelar los derechos a la identidad   étnica y cultural, a la subsistencia, al territorio, al debido proceso y de   petición de los individuos y las colectividades afrodescendientes, negras,   palenqueras o raizales de Arroyo Grande.    

56. Ahora bien, una vez   establecida la vulneración de los derechos de los individuos y las comunidades   afrocolombianas presentes en Arroyo Grande, se hace necesario que esta Sala   realice algunas precisiones con el objetivo de establecer las líneas de acción   que esta sentencia pretende marcar a partir de las órdenes que se emitirán.    

a.    Sobre las diferencias   existentes entre los miembros de la Copropiedad derivada de la escritura pública   N° 161 de 1897 y los demás individuos y colectividades negras,   afrodescendientes, palenqueras y raizales, como los Consejos Comunitarios, entre   otras.    

57. Debido a la   existencia de varios ámbitos de protección de derechos de los individuos y   colectividades negras, referida ut supra, se hace necesario que esta Sala   aclare algunos aspectos particulares y relevantes de este caso.     

Se desprende de los   antecedentes y del análisis hasta aquí efectuado que no todas las personas   afrodescendientes que habitan el territorio de Arroyo Grande son miembros   descendientes de los esclavos libertos a quienes se entregó la copropiedad de la   Hacienda Arroyo Grande.    

En efecto, en casi 120   años después de la conformación de esa copropiedad, los cambios demográficos en   la zona son más que evidentes. Como la misma accionante lo revela, muchos de   esos descendientes directos migraron a otras partes del país debido a   oportunidades laborales, económicas y/o de educación. De la misma manera, se   puede evidenciar que esas 113 familias no eran las únicas que habitaban las casi   18.000 hectáreas que componen el predio, ni en el momento de la escrituración ni   posteriormente.    

Así, de algunas de las   declaraciones ofrecidas por los accionantes en la inspección judicial[222] se extrae   por ejemplo, el relato de la conformación de la Hacienda la Europa, que data   según lo afirmado, de hace 90 años aproximadamente y en la cual habitan 428   familias afrodescendientes aproximadamente. Otro factor que se extrajo de las   referidas declaraciones y que modificó la conformación demográfica de la zona   está relacionado con los traslados que generan nuevas familias y uniones desde y   hacia Arroyo Grande.    

Todo lo anterior,   referente sólo a los grupos afrodescendientes. Sin embargo, también es evidente   que en la zona se presentaron migraciones desde otros lugares del país, en   especial, Cartagena y Medellín, entre otras. Sin embargo, es claro que esos   grupos sociales están identificados con la sociedad mayoritaria, por lo cual no   es procedente la protección del derecho a la identidad étnica y cultural, de   estas personas en esta acción de tutela.       

58. Por todo lo   precedente, es necesario identificar a aquellas personas que son descendientes   de los miembros de la copropiedad descrita en la escritura púbica N° 161 de 1897   y en el folio de matrícula 060-34226, que en la actualidad habitan de forma   permanente en Arroyo Grande y que en el proceso de clarificación de la   propiedad, quieran reclamar sus derechos como copropietarios. Lo anterior con el   fin de que ellos puedan decir si se unen o no a los procesos de organización de   recuperación cultural y social llevados a cabo a través de los Consejos   Comunitarios y/u otras asociaciones.    

Según lo expresado,   muchos de los miembros de la copropiedad son parte de los Consejos Comunitarios   y/o asociaciones presentes en Arroyo Grande. Empero, como no todos se unieron,   debe respetarse el derecho de asociación en su dimensión negativa de aquellos   que no están inmersos en dichas asociaciones, a decir sobre su unión o no sin   ningún tipo de presión o injerencia. Recuérdese que uno de los elementos   esenciales para la conformación de un grupo étnico es el subjetivo,  que radica en la existencia de una identidad grupal que lleve a los   individuos a asumirse como miembros de la colectividad.      

59. Aclarada esa   cuestión, esta Sala se refiere ahora a aquellas personas que no son herederos de   los copropietarios, pero que han habitado tradicionalmente la zona y son parte   de alguno de los Consejos Comunitarios allí presentes. Así, para esta Sala todas   estas personas están incluidas en las órdenes de protección que esta Corte da en   favor de sus respectivas organizaciones.    

Lo anterior, pues como ya   se indicó, los Consejos Comunitarios son titulares de derechos como   colectividades y son merecedores de especial de protección constitucional,   debido a su importante papel en la recuperación y fortalecimiento cultural de la   identidad afrocolombiana, y en este caso específico, con un valor notable como   quiera que este tipo de procesos organizativos en el Caribe colombiano han   sufrido demoras y retrasos generados por la ya referida discriminación   estructural.    

60. De lo antedicho se   desprende entonces la necesidad de que esta Corte ordene a la Agencia   Nacional de Tierras que dentro del marco del proceso de clarificación de la   propiedad y en coordinación con la Dirección de asuntos para las Comunidades   Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio de Interior   –DACNARP–, realice un censo poblacional en la zona objeto de  clarificación, en   el cual identifique:    

–          Los   miembros descendientes de los copropietarios descritos en la escritura pública   N° 161 de 1897 y el folio de matrícula 060-34226, que acrediten esa calidad, en   virtud de las líneas sucesorales.    

–          Los   miembros de los Consejos Comunitarios presentes en la zona.     

–          El   porcentaje de la población afrodescendiente en la zona.    

61. Así mismo se ordenará   a la Dirección de asuntos   para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del   Ministerio de Interior –DACNARP–, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría   General de la Nación, para que en el marco de sus competencia y en ejercicio de sus   funciones asesore y acompañe a la Comunidad Afrodescendiente de Arroyo Grande y   a sus organizaciones sociales en los procesos que se llevan a cabo y que buscan   fortalecer y consolidar los rasgos culturales y tradicionales que los han   identificado como grupo étnico.    

b.    Sobre las dificultades en   el sistema de registro colombiano que inciden en la identificación del predio   “Hacienda Arroyo Grande”    

62. Establecida la vulneración al derecho   a la identidad étnica y cultural de las comunidades afrodescendientes de Arroyo   Grande, es necesario ahora que esta Sala analice las dificultades en la   identificación y conservación de la propiedad del predio Hacienda Arroyo Grande,   con el fin de verificar la situación jurídica del mismo y los derechos de los   involucrados.    

Este análisis se hace necesario debido al   complejo panorama catastral y registral que se vive en la actualidad en el   corregimiento de Arroyo Grande y sus alrededores. En efecto, de la lectura de   los antecedentes de este proceso se puede extraer que al interior del predio han   existido diversas formas de tenencia de la tierra. Dentro de los documentos   aportados se exhiben folios de matrícula paralelos, licencias de construcción   cuya veracidad se cuestiona, escrituras públicas cuya autenticidad debe   comprobarse debido a que aparecen otorgadas por personas que habían fallecido al   momento de suscribirse o que no son titulares de los derechos transferidos,   entre muchas otras irregularidades susceptibles de clarificación.    

Para lo anterior, lo primero que analiza   esta Sala de Revisión es que la escritura pública N°161 del año 1897, fue   protocolizada ante la Notaría 1ª de Cartagena de Indias. Para ese momento el   sistema de Registro vigente en Colombia era el consagrado en el Código Civil de   1887, que acogía el sistema “de la transcripción”, en el cual el   Registrador se limitaba a copiar integra y textualmente las disposiciones   consignadas en el documento llevado a registro.    

63. Así en el Libro IV, título XLIII, del   Código Civil se consagró el sistema “del registro de instrumentos públicos”  (artículos 2637 a 2682). En ese título se indicó que el objeto del registro era   servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros   derechos reales. Así mismo, dar publicidad a los actos y contratos, y ofrecer   mayores garantías de autenticidad y seguridad a los títulos (art. 2637).      

En el artículo 2641 del estatuto civil[223], se   estableció que el Registrador llevaría al menos 3 libros, uno para la   inscripción de los títulos que trasladen, modifiquen, graven o limiten el   dominio de los bienes; otro para la inscripción de títulos actos y contratos que   deban registrarse y que no estén contemplados en el libro anterior, y un libro   de anotación de hipotecas. A partir de diversas modificaciones legislativas, el   número de libros que debía llevar el registrador aumentó a tal punto que “la   cantidad de libros que debían consultarse hacía dispendioso conocer la situación   real de un inmueble y la expedición de certificados. El sistema de libros   múltiples o sistema personal imperó hasta 1970” [224].    

64. En el Código Civil se indicaba también   la forma de realizar el registro, así el interesado debía presentar copia   auténtica del título o documento, del cual se extractaba la información   principal. Posteriormente el registrador dejaba constancia de la anotación en el   mismo título, con indicación de la fecha del registro, el folio y el libro en   que el mismo se había efectuado.    

Ha de aclararse que para ese momento, no   existía aún coordinación entre los sistemas de registro y de catastro. Así, si   bien desde esa época la función principal del registro era dar publicidad y   oponibilidad a los negocios jurídicos sobre bienes inmuebles, en la práctica era   muy difícil cumplir con esa misión por la multiplicidad de libros y la ausencia   de coordinación con catastro.    

63. En 1932 se expidió la Ley 40,   “sobre reformas civiles”, que pretendió modificar el sistema de registro y   consolidar la figura de la matrícula inmobiliaria para la propiedad en Colombia,   con el fin de sistematizar la información inmobiliaria tanto rural como urbana.   Sin embargo, esa ley no derogó la regulación vigente hasta ese momento, por lo   cual el sistema de libros múltiples se siguió utilizando. Ese fue un hecho que   retrasó la consolidación de un sistema regido por una única matrícula   inmobiliaria. En efecto:    

64. De lo anterior, se extrae que las   dificultades en la consolidación de un registro unificado podrían generar casos   de titulaciones y negocios paralelos sobre un bien de mayor extensión, como el   objeto de estudio en esta tutela, o sobre alguna parte de éste.    

Esto permite entender la dificultad actual   que se puede presentar con el proceso de clarificación de la propiedad, por lo   cual, ese proceso deberá tener algunas especificidades que permitan solventar   las falencias informativas, tal y como se establecerá más adelante.      

65. Ahora bien, esas dificultades   disminuyeron con la expedición del Decreto Ley 1250 de 1970, ya que se   estableció el sistema de registro del folio real, compuesto por la matrícula   inmobiliaria. Así mismo, se dispuso la obligación de contrastar la información   presente en las oficinas de registro y catastro.    

En efecto, el artículo 79 de ese estatuto   indicó que “la descripción del elemento jurídico en el catastro consistirá en   la indicación de los derechos reales constituidos sobre los inmuebles, su   situación y atestación, según los datos de la matrícula en el registro”. Así   mismo se instituyó la obligatoriedad de compartir información entre estas dos   dependencias, “dentro de los primeros 10 días de cada mes”.      

66. Justamente, la apertura del folio de   matrícula N° 060-34226, referente al predio “Hacienda Arroyo Grande”, se   hace después de la entrada en vigencia el referido estatuto, el 15 de diciembre   de 1980, según se extrae de ese mismo documento que fue aportado como prueba.   Así que sólo 100 años después del otorgamiento de la escritura y de su registro   en el antiguo sistema de libros, es que el predio en disputa adquiere un folio   de matrícula inmobiliaria.    

Ahora bien, de ese mismo documento se   extrae que en ese periodo sólo se abrieron 2 folios de matrícula derivados del   original. Así se desprende del certificado de libertad y tradición, aportado con   la demanda[226].   En efecto, las anotaciones 8 y 11 del certificado, muestran que del predio de   mayor extensión se extrajeron: i) un lote en el corregimiento Arroyo Grande de   440 hectáreas aproximadamente con folio Nº 060-223729 y ii) otro lote cuya   magnitud no fue especificada con folio Nº 060-249547.    

67. Sin embargo, lo que ha podido   constatar esta Sala, a partir de los informes entregados por el INCODER y el   IGAC, es que dentro de los linderos descritos en el folio de matrícula 060-34226   existe un aproximado de 1945 predios, de los cuales 1081 tienen matrículas   inmobiliarias, que no se derivan de ese folio inicial. Es decir son predios   traslapados, cuya identificación y creación de matrícula fue paralela al folio   060-34226. De igual manera se describen otros predios de propiedad de la Nación   y de los municipios involucrados (76) y otros sin información jurídica (789).    

El recuento anterior hace evidente que en   esos 100 años el sistema de registro tenía graves dificultades que aportaron   indudablemente a la generación del conflicto territorial que se presenta en la   actualidad en Arroyo Grande. A lo que se suman varios tipos de situaciones, que   ha sido difícil identificar, pero cuya verificación es responsabilidad de la   Agencia Nacional de Tierras, tales como:    

a. La adquisición de   terrenos a partir de procesos de compraventa, en los cuales se tiene que   verificar estrictamente la cadena traslaticia de dominio, así como comprobar el   traslape con el predio de mayor extensión.    

b. La adquisición de   terrenos derivada de procesos de pertenencia adelantados por diferentes   personas:    

·      Comuneros que   demandaron a personas indeterminadas (ilegal)    

·      Comuneros que   demandaron a personas determinadas e indeterminadas (legal)    

·      Terceros que   demandaron a personas indeterminadas.    

c. La adquisición de   terrenos derivados de formas ilegales, fraudulentas, a partir del despojo de   asentamientos y cultivos de miembros afrodescendientes.       

68. Por lo anterior, esta Sala no puede   desconocer como un hecho actual que el predio haya sufrido un sin número de   modificaciones que hacen necesaria la realización de un proceso de clarificación   de la propiedad que actualice y sanee todas las formas de tenencia de la tierra   que se dieron en Arroyo Grande durante estos últimos 120 años. Lo anterior,   siempre teniendo en cuenta que la discontinuidad de los procesos de las   comunidades afrocolombianas involucradas es producto de una discriminación   estructural que no puede ser desconocida por las autoridades estatales, en este   caso, en especial por la Agencia Nacional de Tierras.      

c.       Sobre el proceso de clarificación de la   propiedad que debe llevarse a cabo en Arroyo Grande    

69. Así queda establecido que es necesaria   y urgente la intervención estatal en Arroyo Grande, a fin de realizar el proceso   de clarificación de la propiedad, sanear las diversas formas de tenencia de la   tierra que se han dado en estos años, y verificar la validez y legalidad de los   distintos títulos de propiedad que se exhiben al interior del predio de mayor   extensión.    

Ahora bien, para esta Sala es imperioso   establecer que el tipo de conflicto territorial presentado en Arroyo Grande   trasciende los ámbitos meramente agrarios y   civiles, y requiere no sólo las trascendentales visiones de esas dos ramas del   derecho, sino además una visión constitucional que sea transversal. Lo anterior, debido a la ya referida   situación de discriminación estructural y de despojo que han soportado las   comunidades afrodescendientes. De este modo, es importante conocer ¿Cuáles son   las pautas provistas en el ordenamiento constitucional colombiano e   internacional de los derechos humanos, para resolver conflictos por la propiedad   de la tierra entre una comunidad afrodescendiente y terceros? Y ¿Cuáles son las   pautas para ponderar los eventuales derechos confrontados en este caso?    

Las mismas ya fueron reseñadas en los   fundamentos 40 a 49 de esta sentencia y son de obligatorio seguimiento y respeto   para la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de clarificación de la   propiedad que llevará a cabo en Arroyo Grande, y para todas las demás entidades   involucradas. Se reitera que la concepción de tierra y territorio de las   comunidades afrodescendientes, es diferente de la visión de la sociedad   mayoritaria y que tal particularidad merece especial salvaguarda, en virtud de   los principios de pluralismo y multiculturalidad que rigen nuestra República.      

Ahora, para esta Sala es claro que la   clarificación de la propiedad en un terreno como Arroyo Grande, escapa a la   competencia y a la capacidad técnica y material de esta Corte Constitucional,   por ello es imperioso que el ente encargado de tan crucial labor siga las pautas   constitucionales de respeto por los derechos de las comunidades   afrodescendientes, en especial aquellas relacionadas con el territorio.   Adicionalmente ha de tenerse en cuenta las particularidades de este caso   concreto, en donde algunos miembros de la comunidad afrodescendiente tienen un   título de propiedad de los terrenos, que pudo ser desconocido por terceros e   incluso por el Estado.    

70. Por tal motivo, esta Corte ordenará al   Director de la Agencia Nacional de Tierras, en coordinación con el   Superintendente de Notariado y Registro y el Gerente del Instituto Geográfico   Agustín Codazzi, realizar el proceso de clarificación de la propiedad del predio   Arroyo Grande descrito en la escritura pública N°161 de 1897. Proceso dentro del   cual deben primar los derechos de las comunidades étnicas afrodescendientes, en   virtud de la especial protección constitucional de la que gozan que, como se   indicó, redunda en el enriquecimiento cultural de toda la nación colombiana,   obviamente también respetando los derechos reales y en general los derechos   adquiridos de buena fe.    

Este proceso, si bien se debe regir por el   procedimiento general establecido en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto 1465 de   2013[227]  (compilado en el Decreto único reglamentario N° 1071 de 2015), deberá respetar y   proteger los derechos de las personas afectadas y, en especial, de la comunidad   afrodescendiente presente en Arroyo Grande, teniendo en cuenta que la misma ha   ocupado ancestralmente esos territorios. Así mismo, la culminación del   procedimiento deberá darse en los próximos dos (2) años contados a partir de la   notificación de la presente providencia.    

d.      Sobre las solicitudes de titulación   colectiva    

71. Según lo indicado en la parte motiva   de esta providencia, el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades   afrodescendientes es de carácter fundamental. Ahora bien, debido a las ya   referidas complejidades sobre el territorio objeto de estudio en el presente   proceso, es claro que para hacer efectiva la titulación de la propiedad, el paso   previo es la clarificación de los terrenos y el saneamiento de la propiedad.    

Por ello, esta Sala estima necesario   ordenar a la Agencia Nacional de Tierras que, una vez se haya culminado el   proceso agrario, tramite las solicitudes de titulación colectiva elevadas por   los Consejos Comunitarios de la Europa, Arroyo Grande y Amanzaguapos, de manera   pronta, efectiva y sin dilaciones injustificadas. Este trámite no podrá exceder   del término de un (1) año a partir de la expedición de los actos administrativos   que culminen el proceso de clarificación de la propiedad.    

e.     Traslado de documentos y pruebas del expediente de   tutela T-4588870 a la Agencia Nacional de Tierras    

–          Del levantamiento topográfico    

72. Según se desprende de la normatividad, en la etapa   previa, la entidad competente debe ordenar “mediante auto, contra el que no   procede recurso alguno, la conformación de un expediente con la información   necesaria para identificar la situación física, jurídica, cartográfica,   catastral, de ocupación y explotación del inmueble objeto de la actuación”  (artículo 5°)    

En este punto es imperioso advertir, que a partir de la   prueba decretada por esta Sala de Revisión referente al levantamiento   topográfico con relleno, dentro del expediente de tutela hay una información de   sumo valor para la identificación del predio en cuestión. Tal información ha   sido aportada por las entidades competentes, esto es el INCODER y el IGAC, y   debe ser trasladada a la Agencia Nacional de Tierras, en desarrollo de los   principios de economía procesal y eficacia en la administración de justicia,   entre otros.    

De la misma manera, en el expediente se aportan   diversos folios de matrícula inmobiliaria, escrituras públicas, estudios de   títulos, que deben ser tenidos en cuenta en el proceso de clarificación.    

73. Debido a que muchos de estos documentos son   originales y están en formatos especializados (por ejemplo los mapas aportados   por el IGAC y el INCODER), no serán remitidos en copia, sino que el expediente   de tutela original deberá ser trasladado en su integridad a la Agencia Nacional   de Tierras, entidad que quedará con la custodia y responsabilidad del mismo, por   el tiempo que estime necesario. Una vez estudiado el expediente por esa entidad,   el mismo deberá ser remitido al Juez de primera instancia para su archivo, según   lo dispone el Decreto 2591 de 1991.    

–          De las solicitudes de terceros que alegan ser   parte en este proceso debido a que tienen propiedades en el Corregimiento de   Arroyo Grande    

74. De otra parte, el mismo artículo 5° dispone que, la   Agencia Nacional de Tierras “podrá requerir a los propietarios, poseedores,   presuntos propietarios, ocupantes o tenedores del fundo o a los ocupantes o   titulares de derechos de los predios colindantes en caso de ser requerido por el   Instituto, para que suministren, aclaren o complementen la información que se   tenga sobre el inmueble”.    

Este llamamiento en esta etapa previa, debe servir a la   Agencia Nacional de Tierras para conformar un censo de los interesados a fin de   proteger sus derechos de defensa y debido proceso, y además para tener certeza   de los reclamantes en este único momento. En este punto es importante recordar   lo establecido páginas atrás sobre el censo que debe realizarse a aquellos que   acrediten ser parte de la línea sucesoral de los 113 titulares de la Copropiedad   descrita en la escritura pública N° 161 de 1897 y todos aquellos   afrodescendientes que reclamen otro tipo de derecho real sobre parte del predio.    

Todo lo anterior, con el fin de consolidar una base de   datos que sistematice la información de todas las partes interesadas y prevenga   eventuales nulidades en ese proceso agrario de clarificación.     

75. Ahora bien, en el presente caso, en   especial, a raíz de la expedición del Auto 294 del 22 de julio de 2015, se   presentó una avalancha de solicitudes de terceros en las cuales pedían su   vinculación como parte en el presente proceso. Sin embargo, durante el trámite   constitucional llevado a cabo, no se podía establecer la idoneidad de las   peticiones de vinculación, pues precisamente es la Agencia Nacional de Tierras,   al interior del proceso de clarificación de la propiedad, la que tiene la   virtualidad de establecer tal pertinencia[228].    

Por consiguiente, tales solicitudes serán   remitidas a la Agencia Nacional de Tierras, para que en virtud del referido   artículo 5°, requiera a los solicitantes y los incluya también en el censo a   realizar, si es del caso.    

f.       Sobre   las medidas provisionales adoptadas en este caso a través del Auto 294 del 22 de   julio de 2015.    

76. Ahora, corresponde a esta Sala definir   la situación de las órdenes y las medidas provisionales adoptadas a través del   Auto 294 del 22 de julio de 2015.    

Así, en primer lugar, en lo que   respecta a la orden para la realización del levantamiento topográfico con   relleno esta Sala reitera la necesidad de culminar esta prueba. También   recuerda que hubo varios plazos adicionales concedidos, bajo el supuesto de que   la prueba técnica iba ser entregada en su totalidad. Dichos plazos perecieron y   esta Sala recibió un último informe que daba cuenta sólo del 53% del predio   analizado, con múltiples observaciones. Razón por la cual se requerirá al   Gerente del IGAC y al Director de la Agencia Nacional de Tierras, para que en un   plazo no mayor a 6 meses terminen en su totalidad el levantamiento topográfico   con relleno, a fin de que sea parte del acervo probatorio dentro del expediente   de clarificación de la propiedad que se llevará a cabo.    

En   segundo punto, sobre la orden que se dio a la Alcaldía Mayor de   Cartagena de Indias, a la Secretaría del Interior de Cartagena de Indias y al   Inspector de Policía del corregimiento de Arroyo Grande, que se abstuvieran de   ordenar, iniciar, adelantar o llevar a cabo nuevos procedimientos   administrativos o policivos, y en general, cualquier actuación administrativa   cuyo fin sea obtener el desalojo de presuntos ocupantes de hecho en predios   ubicados en el corregimiento de Arroyo Grande; y que suspenda la realización de   las actuaciones y procesos que actualmente se encuentren en curso, la misma se   mantiene en iguales condiciones, en tanto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1465 de 2013, una vez iniciado el proceso de   clarificación de la propiedad, “en ningún caso procederá el lanzamiento por ocupación   de hecho, ni ninguna otra acción policiva o judicial que interrumpa o desconozca   la posesión u ocupación de colonos sobre un predio respecto del cual se   encuentre en curso cualquiera de los procedimientos administrativos agrarios   regulados en el presente decreto”.   Esta orden de protección normativa opera especialmente para evitar cualquier   perturbación a los terrenos ocupados por miembros afrodescendientes en Arroyo   Grande.    

En tercer lugar, sobre la orden   dada a la Superintendencia de Notariado y Registro para que se abstuviera de   inscribir cualquier título, acto, negocio jurídico sobre bienes ubicados en el   corregimiento de Arroyo Grande, esta Sala estima necesario levantar la medida y   en su lugar, decretar otra relacionada con la inscripción del proceso de   clarificación en los folios de matrícula identificados por el IGAC, por las   siguientes razones:    

i)      Si bien la incertidumbre jurídica frente a   la titularidad de los predios ubicados dentro de la Hacienda Arroyo Grande   continúa, es evidente que la información aportada por el INCODER y el IGAC   permitió establecer que los linderos descritos en la escritura pública Nº161 de   1897, corresponde a un perímetro incluso más amplio que el corregimiento como   tal. Ver mapa 2 ut supra.    

ii)    Lo anterior, ha permitido a esta Sala al   menos llegar a conocer un perímetro estimado del predio. Al ser este terreno   mayor al afectado por la medida, hoy la misma, resulta inconducente.    

iii) La información aportada por el IGAC y el INCODER acerca   del censo inmobiliario al interior del predio susceptible de clarificación, hace   también posible que la medida se modifique en los términos del artículo 8 del   Decreto 1465 de 2013[229], sobre la inscripción de la apertura   del proceso de clarificación en todos aquellos folios de matrícula identificados   (1081 aproximadamente), que se encuentran en conflicto con el folio inicial   060-34226 y todos aquellos por identificar.      

iv) Lo anterior, con el fin de advertir que si bien los   predios no se sacan del comercio mientras se lleva a cabo el proceso de   clarificación, los mismos sí son susceptibles ser afectados al interior de este   proceso.    

v)    De otra parte, frente a todos aquellos   predios que hasta el momento no tienen información jurídica, esto es folio de   matrícula inmobiliaria, y que están dentro del perímetro del predio denominado   Hacienda Arroyo Grande, es necesario que la Superintendencia de Notariado y   Registro y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos se abstenga de   crear nuevos folios de matrícula. Ello sólo será posible como resultado del   proceso de clarificación de la propiedad que llevará a cabo la Agencia Nacional   de Tierras.        

En conclusión y debido a lo establecido en   el ya referido artículo 22 Decreto 1465 de   2013, (i) se mantendrá la medida provisional adoptada en el numeral segundo   del Auto 294 del 22 de julio de 2015, hasta tanto no culmine el proceso de   clarificación de la propiedad.    

(ii) Se requerirá al Gerente del IGAC y al Director de la   Agencia Nacional de Tierras, para que en un plazo no mayor a 6 meses terminen en   su totalidad el levantamiento topográfico con relleno, a fin de que sea parte   del acervo probatorio dentro del expediente de clarificación de la propiedad que   se llevará a cabo.    

(iii) Se levantará la medida provisional adoptada en el   numeral primero del Auto 294 del 22 de julio de 2015. Y se ordenará la adopción   de la medida descrita en el artículo 8 del Decreto 1465 de 2013, referente a la   inscripción de la apertura del proceso de clarificación en todos aquellos folios   de matrícula identificados hasta el momento por el IGAC (1081 aproximadamente),   que se encuentran en conflicto con el folio inicial Nº 060-34226, y en todos   aquellos que identifique con posterioridad.    

Para efectos del cumplimiento de dicha   orden se tendrán en cuenta las siguientes reglas:    

b.    La inscripción y anotación en los folios   de matrícula aplicará para todos los predios identificados dentro del perímetro   de Arroyo Grande; es decir, los 1081 ya identificados y los pendientes de   identificación.    

c.     Para fines de cumplimiento de esta medida,   la Superintendencia de Notariado y Registro y las oficinas de registro deberán   actuar en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y el IGAC. Entidades   que estarán obligadas a actualizar la información cada mes, hasta que se culmine   el 100% del levantamiento topográfico con relleno en la zona.    

d.    La Superintendencia de Notariado y   Registro y las oficinas de registro se abstendrán de crear cualquier folio de   matrícula nuevo, hasta tanto no culmine el proceso de clarificación de la   propiedad.    

III. DECISIÓN    

Con base en las   consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte   Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la   Constitución.    

RESUELVE    

Primero.- LEVANTAR   los términos de suspensión decretados en este proceso.    

Segundo.- REVOCAR PARCIALMENTE   la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 17   de septiembre de 2014, que en su momento, confirmó la dictada por la Sala   Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 1º de julio   de 2014, que amparó el derecho de petición y denegó las demás pretensiones de la   demanda.    

En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos   fundamentales a la identidad étnica y cultural, al debido proceso administrativo   y de petición de los accionantes, bien pertenecientes a la Comunidad de   copropietarios del predio Hacienda Arroyo Grande, bien pertenecientes a los   Consejos Comunitarios de La Europa, Arroyo Grande y Amanzaguapos.    

Tercero.- ORDENAR al Director de la Agencia Nacional de   Tierras, en coordinación con el Superintendente de Notariado y Registro y el   Gerente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, realizar el proceso de   clarificación de la propiedad del predio Arroyo Grande descrito en la escritura   pública N°161 de 1897. Proceso dentro del cual deben primar los derechos de las   comunidades étnicas afrodescendientes, en virtud de la especial protección   constitucional de la que gozan que, como se indicó, redunda en el   enriquecimiento cultural de toda la nación colombiana, obviamente también   respetando los derechos reales y en general los derechos adquiridos de buena fe.    

Este proceso, si bien se debe regir por el   procedimiento general establecido en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto 1465 de   2013[230]  (compilado en el Decreto único reglamentario N° 1071 de 2015), deberá respetar y   proteger los derechos de las personas afectadas y, en especial, de la comunidad   afrodescendiente presente en Arroyo Grande, teniendo en cuenta que la misma ha   ocupado ancestralmente esos territorios. Así mismo, la culminación del   procedimiento deberá darse en los próximos dos (2) años contados a partir de la   notificación de la presente providencia.    

Cuarto.- ORDENAR a Director de la Agencia Nacional de   Tierras que, una vez se haya culminado el proceso agrario, tramite las   solicitudes de titulación colectiva elevadas por los Consejos Comunitarios de la   Europa, Arroyo Grande y Amanzaguapos, de manera pronta, efectiva y sin   dilaciones injustificadas. Este trámite no podrá exceder del término de un (1)   año a partir de la expedición de los actos administrativos que culminen el   proceso de clarificación de la propiedad.    

Quinto.- ORDENAR al Director de la Agencia   Nacional de Tierras que dentro del marco del proceso de clarificación de la   propiedad y en coordinación con la Dirección de asuntos para las Comunidades   Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio de Interior   –DACNARP–, realice un censo poblacional en la zona objeto de    clarificación, en el cual identifique:    

–          Los   miembros descendientes de los copropietarios descritos en la escritura pública   N° 161 de 1897 y el folio de matrícula 060-34226, que acrediten esa calidad, en   virtud de las líneas sucesorales.    

–          Los   miembros de los Consejos Comunitarios presentes en la zona.     

–          El   porcentaje de la población afrodescendiente en la zona.    

Séptimo.- MANTENER la medida provisional adoptada en el   numeral segundo del Auto 294 del 22 de julio de 2015, hasta tanto dentro del   proceso de clarificación de la propiedad se dé plena aplicación al artículo 22   del Decreto 1463 de 2013.    

Octavo.- LEVANTAR la medida provisional adoptada en el   numeral primero del Auto 294 del 22 de julio de 2015.    

Noveno.- ORDENAR a la Superintendencia de Notariado y   Registro la adopción de la medida descrita en el artículo 8 del Decreto 1465 de   2013, referente a la inscripción de la apertura del proceso de clarificación en   todos aquellos folios de matrícula identificados hasta el momento por el IGAC   (1081 aproximadamente), que se encuentran en conflicto con el folio inicial Nº   060-34226, y en todos aquellos que identifique con posterioridad.    

Para efectos del cumplimiento de dicha   orden se tendrán en cuenta las siguientes reglas:    

a.     El levantamiento de la medida inicial   (núm. 1º A-294/15), deberá haberse sólo una vez se haya emitido la resolución de   apertura del proceso de clarificación de la propiedad en Arroyo Grande.    

b.    La inscripción y anotación en los folios   de matrícula aplicará para todos los predios identificados dentro del perímetro   de Arroyo Grande; es decir, los 1081 ya identificados y los pendientes de   identificación.    

c.     Para fines de cumplimiento de esta medida,   la Superintendencia de Notariado y Registro y las oficinas de registro deberán   actuar en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras y el IGAC. Entidades   que estarán obligadas a actualizar la información cada mes, hasta que se culmine   el 100% del levantamiento topográfico con relleno en la zona.    

d.    La Superintendencia de Notariado y   Registro y las oficinas de registro se abstendrán de crear cualquier folio de   matrícula nuevo, hasta tanto no culmine el proceso de clarificación de la   propiedad.    

Décimo.- ORDENAR a la Dirección de asuntos   para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del   Ministerio de Interior –DACNARP– a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría   General de la Nación,  para que en el marco de sus competencias y en ejercicio de sus funciones asesore   y acompañe a la Comunidad Afrodescendiente de Arroyo Grande y a sus   organizaciones sociales en los procesos que se llevan a cabo y que buscan   fortalecer y consolidar los rasgos culturales y tradicionales que los han   identificado como grupo étnico.    

Décimo   primero.- ORDENAR a la   Procuraduría General de la Nación, que en cumplimiento de sus funciones   constitucionales y en el marco de sus competencias, ejerza el control y   seguimiento al cumplimiento de las órdenes emitidas en esta sentencia, velando   en especial por la protección de los derechos de las comunidades   afrodescendientes presentes en Arroyo Grande. Entre tanto se enviará una copia   del expediente al juez de primera instancia.    

Décimo segundo.-   Por Secretaría General, REMITIR en su integridad a la   Agencia Nacional de Tierras, el expediente de tutela T-4588870. El Director de   esa entidad quedará con la custodia y responsabilidad del expediente, por el   tiempo que estime necesario. Una vez estudiado el expediente por esa entidad, el   mismo deberá ser remitido al Juez de primera instancia para su archivo, según lo   dispone el Decreto 2591 de 1991.    

Décimo tercero.-   Por Secretaría General, REMITIR a la Agencia Nacional de Tierras, todas   las solicitantes de terceros realizadas en este proceso, para que proceda según   lo expuesto en este fallo.    

Décimo cuarto.-   Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación prevista en el artículo 36   del Decreto Ley 2591 de 1991.    

Cópiese, notifíquese,   comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.    

GLORIA   STELLA ORTIZ DELGADO    

Magistrada    

JORGE   IVÁN PALACIO PALACIO    

Magistrado    

Magistrado    

Con   salvación de voto    

MARTHA   VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ    

Secretaria General    

[1] Cuaderno 1, folios 3 a 24.     

[2] Con   la coadyuvancia de Ismael Henríquez Pineda, quien firma la acción de tutela en   esa calidad.    

[3] Cuaderno 1, folios 264 a 272. Certificado   de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos   Públicos de Cartagena, en el que consta que Justiniano Ramírez y Martiniano   Ramírez adquirieron por adjudicación que se hizo en la sucesión de José del C.   Ramírez según sentencia del 11 de julio de 1896 liquidada ante el Juzgado 1°   Civil del Circuito de Cartagena.     

[4] Cuaderno 1, folio 5.    

[5] Cuaderno 1, folio 4.    

[6] Cuaderno 1, folio 6.    

[7] Cuaderno 1, folios 23-50; 91, 93-96. Al respecto, allegan copia de la   sentencia de tutela del Juzgado 14 Penal   Municipal de Cartagena de Indias, presentada por la accionante y otros comuneros   en contra de la Inspección de Policía de Arroyo Grande. Los accionantes   presentan una acción de tutela para evitar la diligencia de desalojo programada   para el 5 de abril de 2013 por parte del accionado. El juez desestima las   pretensiones, al advertir un hecho superado, pues los procesos policivos   iniciados por terceros para amparar su presunto derecho a la posesión, fueron   desistidos (Cuaderno 1, Folio 48). Sin embargo, advierte que el asunto puesto a   consideración del juez refiere a un litigio de títulos prediales que debe ser   dirimido ante el juez natural y no a través de la acción de tutela.    

[8] Cuaderno 1, folios 191 a 200. Copia del   poder otorgado al abogado Danilo Alfonso   Rodríguez Velásquez, por parte de la accionante y otros; y copia de   la solicitud presentada por este ante el   Ministerio del Interior.    

[9] Cuaderno 1, folio 210. Solicitud de   clarificación de propiedad ante el INCODER, presentada por el apoderado de la   Comunidad Arroyo Grande, sobre el bien con matrícula inmobiliaria 060-34266 de   tres mil cuatrocientas (3400) hectáreas, de fecha 10 de diciembre de 2009.    

[10] Cuaderno 1, folio 5 y 211. En este último folio se emite una respuesta escueta   en donde se informa que se abrió un expediente con la solicitud de la Comunidad   de Arroyo Grande.    

[11] Escrito con radicación Nº 203828 del 21 de junio de 2013.    

[12] Cuaderno 1, Folios 204 y 212. Notificación de la sentencia proferida por el   Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Cartagena, a   la Procuraduría General de la Nación. En la providencia se solicita el   acompañamiento de la Procuraduría en las actuaciones relacionadas con los   procedimientos iniciados por la Inspección de Policía de Arroyo Grande en contra   de la Comunidad Afrocolombiana de Arroyo Grande.    

[13] Cuaderno 1, folio 205. Notificación de la sentencia proferida por el Juzgado   Cuarto Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Cartagena, a la   Fiscalía General de la Nación.    

[14] Cuaderno 1, folios 274 a 301. Solicitud presentada el 4 de septiembre de 2013 y   anexos.    

[15] Abogado Danilo Rodríguez Velásquez.    

[16] Como ejemplo de ello, ponen de presente   las investigaciones adelantadas ante las Fiscalías 31, 14, 12 y 17 Seccional de   Cartagena, en las que se investigó la comisión de los delitos de estafa, fraude   procesal, falsedad en documento público, al advertirse la falsificación de   escrituras públicas, de licencias de urbanismo, de folios de matrícula   inmobiliaria, de resoluciones proferidas por el INCODER, entre otros.    

[17] Sobre el particular, indican que, por   ejemplo, la Fiscalía 31 Seccional de Cartagena ordenó la cancelación de la   anotación No. 13 del folio de matrícula inmobiliaria No. 060-176073, y la   cancelación de todos los actos registrables derivados de dicha anotación, por   cuanto se originó en una escritura pública que remitía a una licencia falsa de   la curaduría urbana No. 1 de Cartagena. Sin embargo, pese a la decisión adoptada   por la mencionada fiscalía, aún esta medida no se ha hecho efectiva, y se siguen   negociando los predios de la comunidad con base en títulos falsos.    

[18] Cuaderno 1, folio 201. Ampliación de noticia criminal presentada ante la   Fiscalía 37 seccional Cartagena el 3 de septiembre de 2013, por el apoderado de   la accionante, señor Danilo Alfonso Rodríguez Velásquez.     

[19] Cuaderno 1, folio 24 y cuaderno 2, folio 100.    

[20] En   algunos documentos se menciona al coadyuvante como Ismael Henríquez Pineda  y en otros como Ismael Henríquez Ortega, por lo cual la Sala estima   pertinente hacer la presente aclaración.    

[21] Cuaderno 2, folios 17 a 33, presentada el 27 de enero de 2014.    

[22] Cuaderno 2, folios 90 a 96, presentada el   30 de enero de 2014. Advierte esta Sala que en el escrito se hace mención a   Candelaria Alcázar, a Thomas Padilla, a Eugenia Padilla Alcázar, sin embargo,   ninguno de estos firmó el escrito. Por tanto, sólo aquellos que signaron el   documento, serán tenidos como coadyuvantes en este proceso.    

[23] Cuaderno 2, folios 143 a 147, presentada el 6 de febrero de 2014.    

[24] La   señora Magaly Coronado Sepúlveda aportó copia de la Resolución No. 1694 de 3 de   agosto de 2012, mediante la cual la Secretaría del Interior y Convivencia   Ciudadana de la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena de Indias reconoció e   inscribió la Junta Directiva del Consejo Comunitario de la Comunidad negra de la   Vereda La Europa – Arroyo Grande,  reconociéndose a ésta como representante   legal del Consejo Comunitario. Cuaderno 2, Folios 143 a 147.    

[25] Cuaderno 2, Folios 7 a 8. Auto en el que consta el impedimento del Magistrado   Carlos Francisco García y la aceptación del mismo por parte de la   Sala Primera Laboral del Tribunal Superior   del Distrito Judicial de Cartagena.    

[26] Cuaderno 2, Folios 9 a 14.    

[27] Cuaderno 2, folios 35 a 37.    

[28] Cuaderno 2, folio 38 y 39. Se aporta   confirmación de envío del fax.    

[29] Cuaderno 2, folio 45. Auto notificado el   3 de febrero de 2014.    

[30] Cuaderno 2, folio 47. Auto notificado el   3 de febrero de 2014.    

[31] Cuaderno 2, folio 46. Auto notificado el   3 de febrero de 2014.     

[32] Cuaderno 2, folios 49 y 50. Auto enviado   por correo certificado el 4 de febrero de 2014.     

[33] Cuaderno 2, folios 148 y 149. Auto de 7   de febrero de 2014, mediante el cual se corrige el auto de 30 de enero de 2014.    

[35] Cuaderno 2, reverso del folio 263.    

[36] Cuaderno 2, folios 276 y 285.    

[37] Cuaderno 7, folios 6 a 10. Auto de   nulidad de 7 de mayo de 2014.    

[38] Cuaderno 2, folios 290 a 291.    

[39] Algunas de las respuestas reseñadas tienen varias referencias debido a que se   repiten los argumentos de las defensas presentadas antes de la declaratoria de   nulidad del presente proceso, sin embargo, esta Sala reseñará las respuestas   conjuntamente para evitar repeticiones innecesarias.    

[40] Cuaderno 2, folios 324 a 328. Presentada el 24 de junio de 2014 por Alfonso   Nazaret Puello Alvear, Asesor de la Procuraduría Regional de Bolívar.Ver también: Cuaderno 2, folios 51 a 82. Presentada el 4 de febrero   de 2014, por Aura Esperanza Torres Palacio, Procuradora Regional de Bolívar.    

[41] Cuaderno 2, folios 53 a 56.   La Procuraduría aporta copia de la queja   disciplinaria presentada por el abogado Danilo Alfonso Rodríguez Velásquez en   contra de la Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, la Directora   del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Inspector de Arroyo Grande del   municipio de Cartagena, y demás funcionarios involucrados en las presuntas   falsas titulaciones de los predios de Arroyo Grande y en los procedimientos   policivos iniciados en contra de la Comunidad de Copropietarios de la Hacienda   Arroyo Grande. En esta petición se solicita a la Procuraduría vigilar las   actuaciones penales relacionadas con falsedades ideológicas en documentos   públicos como resultado de las falsas titulaciones, en particular, de la   investigación con número de radicado 202892 de la Fiscalía 31 Seccional de   Cartagena, que luego fue remitida por competencia a la Fiscalía 14 Seccional de   Cartagena.    

[42] Abogado Danilo Alfonso Rodríguez Velásquez.    

[43] Cuaderno 2, folios 57 y 58. Oficio mediante el cual se da respuesta al derecho   de petición, y se señala que se realizará el correspondiente trámite de la queja   disciplinaria interpuesta.    

[44] Cuaderno 2, Folios 59 a 60. La Procuraduría aportó copia del auto de apertura de   investigación preliminar de fecha 10 de septiembre de 2013 contra el Registrador   de Instrumentos Públicos de Bolívar y el Director del Instituto Geográfico   Agustín Codazzi, con número de radicado UIC-D-2013-33-621070. En el auto, la   Procuraduría ordenó: i) Practicar visita especial al Instituto Geográfico   Agustín Codazzi Seccional Cartagena, para verificar la intervención de la   entidad sobre la inscripción y/o estudios sobre la Hacienda Arroyo Grande, cuyos   linderos constan en la Escritura Pública No. 161 de 1897 de la Notaría Primera   de Cartagena, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria número   060-0034226; ii) solicitar a la Fiscalía Tercera Seccional de Cartagena, para   que informe sobre el estado del proceso penal número 247081, iii) oficiar a las   oficinas de recursos humanos de las entidades señaladas, a fin de que remitan   actos de nombramiento, posesión, hoja de vida, constancia de tiempo de servicios   y sueldo devengado de la Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena y de   la Directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi Seccional Cartagena.    

[45] Cuaderno 2, folio 70. La Procuraduría aportó auto de 6 de septiembre de 2013,   mediante el cual se designa a un profesional universitario para el   acompañamiento en los procedimientos relacionados con Arroyo Grande.    

[46] Cuaderno 2, folios 72 a 81.  Acta de   22 de noviembre de 2013 y presunto dictamen pericial de 19 de noviembre de 2013   dirigido al Inspector de Policía.    

[47] Cuaderno 2, folios 343 a 347. Presentada el 24 de junio de 2014, por Susana del   Carmen de la Vega Chamorro, en calidad de Asesora de la Oficina Jurídica de la   Alcaldía Mayor de Cartagena. Ver también: Cuaderno 2, folios 115 a 123.   Presentada el 5 de febrero de 2014.      

[48] Cuaderno 2, folios 126 a 142. Presentada el 6 de febrero de 2014, por Álvaro   Palomino Geles, en calidad de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la   Personería de Cartagena.    

[49] Cuaderno 2, folios 158 a 176. Presentada el 7 de febrero de 2014, por Moisés   Álvarez Marín en calidad de Director de la Corporación Museo de Cartagena de   Indias.     

[50] Cuaderno 2, folios 178 a 221. Presentada el 4 de febrero de 2014, por Dora   Patricia Cáceres Puentes, Fiscal Seccional 40 de Cartagena, y remitida al   Tribunal el 7 de febrero de 2014 por Iveth Cecilia Hernández Sampayo, Directora   Seccional de Fiscalías de Cartagena.     

[51] Cuaderno 2, folios 315 a 317. Presentada   mediante Oficio Nº 135 del 19 de junio de 2014, por Olga Lucía Araujo Oñate, Fiscal Seccional 14 de Cartagena. También ver:   Cuaderno 3, folios 1 a 336. Presentada mediante Oficio Nº 026 de 5 de febrero de   2014. Se anexan copias del expediente de la Fiscalía, ver en Anexo Nº 2 de la   Corte que consta de 2 cuadernos de 402 y 153 folios respectivamente.    

[52] Presentada el 14 de agosto de 2006.    

[53] Cuaderno 3, folio 269.    

[54] Cuaderno 2, folio 235. Presentada el 7 de febrero de 2014, por Ludy Balaguera   Carrillo, Fiscal Seccional 17 de Cartagena.    

[55] Anexo N° 3 de la Corte que consta de 2 cuadernos de 18 y 189 folios   respectivamente.    

[56] Cuaderno 2, folios 223 a 230. Presentado   el 10 de febrero de 2014 por Jesús Horacio Parraga Aponte en calidad de   Coordinado de Representación Judicial del INCODER.    

[57] Mediante la cual las diligencias   administrativas para deslindar los bienes de uso público correspondientes a   puntos de las playas marítimas de Arroyo Grande, ubicadas en el corregimiento de   Arroyo Grande.    

[58] Mediante la cual procede a deslindar y   delimitar los terrenos de uso público de las playas marítimas de Arroyo Grande,   la Isla de Cascajo y los terrenos baldíos adyacentes que conforman la zona de   acreción sedimentaria.    

[60] Mediante la cual se ordena iniciar las   diligencias para recuperar los bienes baldíos indebidamente ocupados.    

[61] Mediante la cual se resuelve un recurso   de reposición en contra de la Resolución No. 0261 de 25 de julio de 2000.    

[62] Mediante se ordena recuperar y restituir   los terrenos baldíos indebidamente ocupados por las sociedades Ingeniería Civil   Vías y Alcantarillados – INCIVIAL S.A., GOLDEN BEACHE INCIVIAL JOINT VENTURE y   UNICONIC, correspondientes a la parte de la zona de acreción sedimentaria y a la   antigua Isla Cascajo de Arroyo Grande.    

[63] Mediante la cual se resuelve el recurso   de reposición contra la Resolución No. 001459 del 2 de mayo de 2003.    

[64] Cuaderno 2, folios 229 y 230. Escrito del   5 de febrero de 2014 del INCODER, remitido por la Subgerencia de Promoción,   seguimiento de asuntos étnicos, a la Oficina Asesora Jurídica del INCODER.    

[65] Cuaderno 2, 382 a 387. Presentado el 1º   de julio de 2014 por Rose Mary Luque Garzón en calidad de Coordinadora de   Representación Judicial del INCODER.    

[66] Cuaderno 4, folios 447 a 455 y Cuaderno 2, folios 238 a 242. Presentada vía e-mail el   12 de febrero de 2016, por Liliana Mera Abadía.    

[67] Cuaderno 2, folios 329 a 341 y 371 a 381. Presentada el 24 de junio de 2014, por   Martha Alicia Corssy Martínez, en calidad de apoderada del señor Presidente de   la República y de la Nación.    

[68] Cuaderno 2, folios 350 a 352. Presentada   el 26 de junio de 2014, por la Subteniente Mónica Espinosa Peralta, en calidad   de Asesora Jurídica de la Policía Metropolitana de Cartagena.        

[69] Cuaderno 2, folios 354 a 365. Presentada   el 1º de julio de 2014, por Esther Rocío Cortes Gordillo, actuando en   representación del referido Ministerio.    

[70] Cuaderno 4, folios 25 a 37. Presentada el 2 de julio de 2014 por Irina Alejandra   Junieles Acosta, en calidad de Defensora del Pueblo Regional del Bolívar. Informó que la accionante no ha   presentado ninguna solicitud ante la Defensoría y que no le constan los hechos   planteados en la acción de tutela. Indica que en la Escritura Pública No. 161 de   1897 de la Notaría Primera de Cartagena no se encuentran descritos los linderos   de los bienes allí incluidos, y que resulta difícil su lectura por ser un   manuscrito. Así, manifiesta que es necesaria la clarificación de linderos antes   de que se profiera algún fallo. Transcribe algunos apartes de la contestación de   la Personería frente a los derechos de las comunidades negras, y la procedencia   de la acción de tutela para proteger el debido proceso en el marco de los   procedimientos policivos. Solicita que se adopte una decisión de acuerdo con lo   probado en el proceso, teniéndose en cuenta que la Defensoría no ha participado   en éste ni por acción ni por omisión.       

[71] Cuaderno 4, folios 85 a 86. Noticias Uno remitió copia en medio magnético del   documental denominado “De propietarios a esclavos”, el cual fue elaborado por   los periodistas del noticiero. En éste se denuncia que los territorios de la   comunidad de copropietarios de la Hacienda Arroyo Grande han sido presuntamente   usurpados por parte de personas ajenas a la comunidad, quienes, con títulos de   propiedad presuntamente espurios, han iniciado procedimientos policivos para   despojarla de sus predios. Igualmente, envían registro en video de la presencia   de civiles armados junto con personas de la Policía en los terrenos de Arroyo   Grande, y de la oposición presentada por la comunidad de copropietarios de la   Hacienda Arroyo Grande en el marco de un procedimiento de desalojo adelantado   contra los miembros de ésta.    

[72]   Cuaderno 2, folios 388 a 409.    

[73] Cuaderno 2, reverso del folio 409.    

[74] Cuaderno 4, folio 92.    

[75] Cuaderno 4, folios 116.    

[76] Cuaderno 5, folios 1 a 1019. Presentada el 7 de abril de 2014 ante la Corte   Suprema de Justicia por el abogado Danilo Alfonso Rodríguez Velásquez. Anexa   varias pruebas documentales como peticiones realizadas a la Presidencia de la   República, a la Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana,   la Secretaría General de la Policía Nacional, los Ministerios de Defensa, de   Agricultura, de Minas y Energía, de Interior, la Superintendencia de Notariado y   Registro, la Dirección Nacional de Fiscalías, la Agencia Nacional Minera. Así   mismo como copias auténticas de varios procesos policivos llevados a cabo ante   la Inspección de Policía de Arroyo Grande y otros penales bajo la   responsabilidad de la Fiscalía 12 Seccional de Cartagena.    

[77] Cuaderno 5, folio 16.    

[78] Cuaderno 6, folios 1 a 400. Presentada el 30 de abril de 2014 por el abogado   Daniel Alfonso Rodríguez Velásquez. Se anexa la solicitud de estudio de títulos   y una investigación al respecto realizada por el mismo apoderado.      

[79] En la investigación penal con radicado   2002892 que se adelantaba ante la Fiscalía 14 Seccional  se investigaba la   presunta comisión del delito de fraude procesal, siendo denunciados Rodrigo de   Jesús Rendón Cano, Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz y Antonio José Cardona Sierra.    

[80] Presuntos títulos espurios: Folio de   matrícula 060-213322, escritura pública No. 2132 y 1365 de la Notaría Quinta de   Cartagena.    

[81] Cuaderno 6, folio 2.    

[82] Cuaderno 6, folios 7 y 8. Respuesta   negativa por parte de la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior, que aduce   que la solicitud se soporta en el cierre de la investigación, y sobre esa   decisión pueden interponerse los recursos de ley.    

[83] Cuaderno 6, folios 79-400.    

[84] Cuaderno 4, Folios 28 a 41.    

[85] Cuaderno de la Corte 1, folios 14 a 17.    

[86] Auto del 17 de marzo de 2015: CUARTO. Por intermedio de la Secretaría   General de la Corte Constitucional, OFICIAR a la Policía Nacional, para   que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la   notificación de la presente providencia, INFORME qué procesos policivos   ha adelantado la Inspección de Policía de Arroyo Grande desde el mes de enero de   2014, hasta la fecha de notificación de este auto, y especifique: (i) los actos   que les dieron origen, (ii) las partes, y (iii) si como consecuencia de tales   procesos se desalojaron familias pertenecientes a la comunidad afrodescendiente   de Arroyo Grande.    

[87] Cuaderno de la Corte 1, folios 48 a 50. Presentada el 23 de marzo de 2015 por el   Coronel Carlos Ernesto Rodríguez Cortes.    

[88] Auto del 17 de marzo de 2015:   QUINTO. Por intermedio de la Secretaría General   de la Corte Constitucional, OFICIAR a la Procuraduría General de la   Nación, para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a   partir de la notificación de la presente providencia, INFORME:    

(i)              En qué estado se encuentra la investigación originada en la denuncia presentada   por el INCODER, contra la Alcaldía de Cartagena de Indias, por la   adjudicación de los predios ubicados en el corregimiento de Arroyo Grande a las   sociedades UNICONIC  S.A. e INCIVAL S.A.    

(ii)             Si tiene conocimiento de la existencia de algún proceso de restitución de   tierras que verse sobre predios ubicados en el corregimiento de Arroyo Grande,   Cartagena.    

[89] Cuaderno de la Corte 1, folio 51. Presentada el 27 de marzo de 2015 por Gloria   Molina, funcionaria de la División de Registro y Control de la Procuraduría   General.    

[90] Cuaderno 4, folios 27 y 29. Una,   presentada el 16 de abril de 2015 por Aura Esperanza Torres Pardo en calidad de   Procuradora Regional de Bolívar; y la otra el 4 de mayo de 2015 por Claudia   Patricia Mantilla Mejía en calidad de Procuradora Provincial de Cartagena.     

[91] Auto del 17 de marzo de 2015: SEXTO. Por   intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR  a la Unidad de Restitución de Tierras, para que dentro de los tres (3) días   hábiles siguientes, contados a partir de la notificación de la presente   providencia, INFORME a esta Corporación (i) si se ha llevado a cabo algún   proceso de restitución de tierras en el corregimiento de Arroyo Grande,   Cartagena y, en caso de ser afirmativa la respuesta, establezca si éste coincide   con el predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 060-34226   de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena; y (ii) si   conoce de algún proceso penal en el que se haya declarado la nulidad de alguna   Escritura Pública, mediante la cual se hubiera afectado la propiedad sobre el   predio mencionado, o una fracción del mismo.    

[92] Cuaderno de la Corte 1, folios 52 a 54. Presentada el 6 de abril de 2015 por   Rubén Daría Revelo Jiménez, Director Jurídico de Restitución.    

[93] Cuaderno de la Corte 1, reverso del folio   53. Consejo Comunitario de Comunidades   Negras de la Unidad Comunera del Gobierno Rural de la Boquilla, Consejos   Comunitarios de Arroyo de Piedra, Arroyo de las Canoas, Arroyo Grande y Las   Europas.    

[94] Auto del 17 de marzo de 2015: OCTAVO. Por   intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR  al Concejo Distrital de Cartagena de Indias, para que dentro de los tres (3)   días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación de la presente   providencia, REMITA a esta Corporación, copia del el Acuerdo 030 de 2006   y de todos los documentos mediante los cuales se haya declarado baldío y/o   adjudicado algún predio ubicado en el corregimiento de Arroyo Grande, que   corresponda, bien sea a la totalidad del terreno al que aluden los accionantes,   o a una fracción del mismo.    

[95] Cuaderno de la Corte 1, folios 55 a 116. Presentada el 8 de abril de 2015 por   Felipe Santos Díaz, jefe de la Oficina Jurídica de la entidad.    

[96] Auto del 17 de marzo de 2015: NOVENO. Por   intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR  a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, para que dentro de los   tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación de la   presente providencia, INFORME a esta Corporación, si ha expedido   licencias de explotación minera en el corregimiento de Arroyo Grande y, en caso   de ser afirmativa la respuesta, especifique (i) a quién se le dio la licencia,   (ii) con qué fundamento, (iii) si se consideró en el proceso la posible   presencia de comunidades étnicas en el área.    

[97] Cuaderno de la Corte 1, folios 117 a 119. Presentada el 9 de abril de 2015 por   Olaff Puello Castillo, Director General de la entidad.    

[98] DÉCIMO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte   Constitucional, OFICIAR a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras   Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, para que   dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la   notificación de la presente providencia, INFORME a esta Corporación: (i)   si se ha llevado a cabo la inscripción de consejos comunitarios de las   comunidades negras del corregimiento de Arroyo Grande en el Registro Único de la   Dirección de Asuntos para Comunidades Negras del Ministerio del Interior y, en   caso de ser afirmativa la respuesta, REMITA a esta Corporación, la copia   de su registro; y (ii) si en la actualidad se tramitan solicitudes para   inscribir consejos comunitarios de las comunidades negras del corregimiento de   Arroyo Grande.    

[99] Cuaderno de la Corte 1, folios 120 a 121. Presentada el 26 de marzo de 2015, por   Maritza del Carmen Mosquera Palacios, Directora de Asuntos para Comunidades   Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.      

[100] Cuaderno de la Corte 1, folios 125 a 229, Cuadernillo anexo denominado:   “Usurpación de Tierras” de 50 folios y Cuaderno de la Corte 2, folios 230 a   441. Presentada el 10 de abril de 2015.     

Posteriormente, el 19 de mayo de 2015, el apoderado de   la accionante presentó una nueva adición de pruebas que consta en el Cuaderno de   la Corte 3, folios 1 a 170     

[101] SÉPTIMO.  Por intermedio de la Secretaría   General de la Corte Constitucional, OFICIAR a la Unidad para la Atención   y Reparación Integral a las Víctimas, para que dentro de los tres (3) días   hábiles siguientes, contados a partir de la notificación de la presente   providencia, INFORME a esta Corporación si tiene conocimiento de la   presunta vulneración de los derechos al territorio y a la propiedad colectiva,   de la comunidad afrodescendiente de Arroyo Grande, la cual alega ser víctima de   un proceso de desplazamiento forzado al interior del corregimiento, en el que,   según los accionantes, hay presencia de grupos armados al margen de la ley.    

[102] Cuaderno de la Corte 4, folios 2 y 3. Presentada el 13 de abril de 2015, por   Luis Alberto Donoso Rincón, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.    

[103] DECIMOPRIMERO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte   Constitucional, OFICIAR a la Sección Tercera del Consejo de Estado, para   que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la   notificación de la presente providencia, INFORME a esta Corporación: (i)   si los actos administrativos demandados en los procesos identificados con los   números de radicado 11001032600020050005301 y 11001032600020050007400,   actualmente producen efectos o han sido objeto de alguna medida de suspensión, u   otra que afecte su ejecutoriedad; y (ii) si en los procesos de la referencia,   las comunidades afrodescendientes del corregimiento de Arroyo Grande han tenido   algún tipo de participación. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior   sea afirmativa, REMITIR a esta Corporación copia de tales actuaciones.    

[105] TERCERO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte   Constitucional, OFICIAR a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias,   para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la   notificación de la presente providencia: (i) INFORME específicamente qué   procesos policivos ha iniciado en el corregimiento de Arroyo Grande, desde el 1º   de enero de 2013 hasta la fecha de notificación de la presente providencia, y   ENVÍE los títulos que los soportan; (ii) REMITA a esta Corporación el   Acuerdo 030 de 2006 del Concejo Distrital de Cartagena de Indias y la Resolución   No. 0361 del 27 de abril de 2007, emitida por la Alcaldía Distrital de Cartagena   de Indias, y (iii) REMITA los actos administrativos mediante los cuales   haya reconocido a los Consejos Comunitarios de las comunidades negras asentadas   en el corregimiento de Arroyo Grande.    

[106] Cuaderno de la Corte 4, folios 6 a 25. Presentada el 15 de abril de 2015, por   Roberto Horacio Barrios Martínez, Secretario del interior y Convivencia   Ciudadana de la Alcaldía de Cartagena.    

[107] PRIMERO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte   Constitucional, OFICIAR al INCODER[107],   para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la   notificación de la presente providencia, realice las siguientes actuaciones:  REMITA a esta Corporación, copia de las resoluciones enlistadas a   continuación: a) Resolución No.   00278 del 17 de marzo de 1993 (con el fin iniciar las áreas marítimas de Arroyo   Grande). b) Resolución No. 03690 del 3 de noviembre de 1995, por la cual se   deslindan y delimitan los terrenos de uso público correspondientes a parte de   las playas marítimas de Arroyo Grande, la antigua isla de Cascajo, y los baldíos   adyacentes que conforman parte de la Zona de Agregación Sedimentaria, ubicados   en el corregimiento de arroyo grande.  c) Resolución No. 008 del 7 de   febrero de 1997 del INCORA, mediante el cual se resuelve el recurso de   reposición interpuesto por Langostinos San Luis Ltda. e Inversiones La Lujosa   Ltda. d) Resolución No. 002 del 24 de mayo de 2000, INCORA. e) Resolución No.   00261 del 25 de julio de 2000, mediante la cual el INCORA ordena iniciar   diligencias administrativas, tendientes a recuperar terrenos baldíos   indebidamente ocupados en la parte de acreción sedimentaria y la Isla del   Cascajo, ubicados en el corregimiento de Arroyo Grande. f) Resolución No. 0281   del 20 de junio de 2002 por la cual el INCORA resuelve el recurso de reposición   presentado contra la anterior resolución. g) Resolución No. 001459 del 2 de mayo   de 2003, mediante la cual el INCORA ordena recuperar y restituir los terrenos   baldíos indebidamente ocupados por las sociedades Ingeniería Civil Vías y   Alcantarillados – INCIVAL S.A., GOLDEN BEACH INCIVAL JOINT VENTURE y UNICONIC,   correspondientes a la zona de acreción sedimentaria y a la antigua isla Cascajo   del corregimiento de Arroyo Grande. h) Resolución No. 017 del 7 de marzo de 2005   por la cual el INCODER resuelve el recurso de reposición presentado contra la   anterior decisión. i) Cualquier otra decisión que decida sobre la titularidad   del predio al que hacen alusión los accionantes (es decir, del que trata el Folio de   Matrícula Inmobiliaria No. 060-34226 de la Oficina de Registro de Instrumentos   Públicos de Cartagena).    

INFORME qué   procesos se adelantan en contra de los actos administrativos antes enunciados, y   especifique: a) cuáles son las entidades demandadas, b) quiénes son los   demandantes, c) cuáles son los números de radicación de los procesos, d) quiénes   son las autoridades judiciales que conocen de los casos, y d) cuál es el estado   de cada proceso.    

[108] Cuaderno de la Corte 4, folios 31 a 58. Presentada el 8 de mayo de 2015 por   Jesús Horacio Párraga Aponte, coordinador de Representación Jurídica del   Instituto. Ver también: Cuaderno de la Corte 4, folios 175 a 290. Presentada el   22 de mayo de 2015 por Luis Eduardo Mercado Rodríguez, Director Territorial de   Bolívar.    

[109] SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte   Constitucional, OFICIAR al Tribunal Administrativo de Bolívar[109],   para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la   notificación de la presente providencia, REMITA copia de las siguientes   actuaciones, en el proceso de acción popular que se identifica con el Número de   Radicado 13001333100320080018001, promovido por la señora Gloria Yaneth Acosta   Valero, contra el Distrito Turístico de Cartagena: (i) la demanda de acción   popular; (ii) las contestaciones de las autoridades demandadas; y (iii) la   decisión de primera instancia, proferida por el Juzgado 3º Administrativo de   Cartagena; e INFORME sobre el estado del proceso antes mencionado, en ese   Tribunal.    

[110] Cuaderno de la Corte 4, folios 60 a 173. Presentada el 19 de mayo de 2015, por   Leandro Bustillo Sierra como Oficial Mayor del Tribunal.    

[111] Cuaderno de la Corte 4, folios 304 a 307.    

[112]   Así, señala la norma: “Artículo 5. En ningún caso las autoridades de policía   ordenarán desalojo  de campesinos ocupantes de predios agrarios en los   cuales se hayan iniciado por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,   antes de la querella, procedimiento administrativo sobre extinción del derecho   de dominio, clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos indebidamente    ocupados,  deslinde  de  tierras pertenecientes al Estado o   delimitación de playones y sabanas comunales”.    

[113]   Entre éstas la Notaría Quinta de Cartagena.    

[114] Cuaderno de la Corte 4, folios 324 a 329. Presentada el 4 de agosto de 2016 por   Fernando León Revira, Subdirector de Geografía y Cartografía.    

[115] Cuaderno de la Corte 4, folios 332 a 357.    

[116] Cuaderno de la Corte 4, folios 389 a 391.    

[117] Cuaderno de la Corte 5. folios 1 a 7.    

[118] Al respecto, mencionó la accionante: “Por la cantidad de terreno que   engloba la Hacienda Arroyo Grande, el procedimiento exige que para darle   cumplimiento dentro de los términos legales deben habilitarse una cantidad de   personal suficiente, en estos momentos solo hay seis (6) personas con uno que se   integró hoy, quiere decir lo anterior que con ese personal y poca tecnología   este proceso se llevará muchos meses porque ni siquiera los topógrafos dan la   respuesta, solo dicen que hacen seiscientas hectáreas en ocho días y que se haga   la regla de tres”.    

[119]   Para demostrar esta afirmación, aportó un mapa en el que consta, presuntamente,   el área sobre la cual se estaban adelantando las labores.    

[120] Cuaderno de la Corte 5, folios 8 a 10.    

[121] Cuaderno de la Corte 5, folios 51 a 65. Presentado el 30 de octubre de 2015 por   Roberto Horacio Barrios Martínez, en calidad de Secretario del interior y   convivencia Ciudadana. Anexó un mapa en donde se delimitan los predios del   corregimiento de Arroyo Grande según la Alcaldía. Cuaderno de la Corte 5, folio   56.    

[122] Cuaderno de la Corte 5, folios 69 a 79. Presentado el 26 de octubre de 2015 por   José Alejandro García Quintero, como Coordinador del Grupo Legal Marítimo de esa   entidad.    

[123] Cuaderno de la Corte 5, folios 80 a 81. Presentado el 23 de octubre de 2015 por   Andrés Bernal Morales, Contralor Delegado para el Sector Agropecuario.    

[124] Cuaderno de la Corte 5, folios 82 a 100.   Presentada el 9 de noviembre de 2015, por Fernando León Rivera, Subdirector de   Geografía y Cartografía.    

[125] Cuaderno de la Corte 5, folios 101 a 167. En esta foliatura se presentan   diversas respuestas de varias dependencias de la Fiscalía General de la Nación   en las cuales cursan procesos que tienen relación con el caso bajo estudio.    

[126]        

Dependencia                    

Número de procesos e investigaciones   

Fiscalía Seccional 42 de Cartagena                    

3 (acumulados)   

Fiscalía Seccional 37 de Cartagena                    

1   

Fiscalía Seccional 20 de Cartagena                    

2   

Fiscalía Seccional 2 de Cartagena                    

1   

Fiscalía Seccional 17 de Cartagena                    

2   

Total                    

9      

[127] Cuaderno de la Corte 5, folios 168 a 173.    

[128] Cuaderno de la Corte 6, folios 290 a 294. Y Cuaderno de la Corte 8, más CD con   la grabación de la diligencia.    

[129]   en la cual se reiteró la solicitud de una prórroga para la realización del   levantamiento topográfico debido a la extensión y la complejidad del área   analizada    

[130] Cuaderno de la Corte 6, folios 285 a 289. El apoderado acompañante fue el señor   Milton José Luna Dueñas.    

[131] Abuelo de la accionante.    

[132] Abuelo de quien firma como coadyuvante.    

[133] Especialmente refieren a un señor llamado Darío Castro que, según afirman, llegó   hace 3 años a la zona con personal armado.    

[134] Cuaderno de la Corte 5, folios 191 a 272. Presentada el 15 de diciembre de 2015   por Marcela Abella Palacios como Jefe de la Asesora Jurídica de la entidad.     

[135] Cuaderno de la Corte 6, folios 295 a 440. Presentado el 15 de enero de 2016 por   Carlos Ignacio Carmona Moreno, Subgerente de Tierras Rurales.    

[136] Con el informe, el INCODER aportó:     

– El referido Informe pericial de Arroyo   Grande.    

– Un mapa catastral del Predio Arroyo   Grande (con área y linderos presuntos).    

– Un mapa de los predios que se encuentran   en el área presunta de Arroyo Grande en el cual se identifican aquellos con   matrícula inmobiliaria y aquellos que no la tienen.    

– Reporte de la consulta de Registro # 1 y   2 de los predios que se encuentran dentro del área presunta de Arroyo Grande.    

[137] Cuaderno de la Corte 6, folio 342 y reverso.    

[138] Cuaderno de la Corte 6, folios 276 a 282.    

[139] Cuaderno de la Corte 6, folios 477 a 480.    

[140] Cuaderno de la Corte 7, folios 625 a 733. Presentado el 7 de junio de 2016 por   Juan Antonio Nieto Escalante, Director General del IGAC.     

[141] Cuaderno de la Corte 6, folio 448 a 451.  Auto Nº 003 del 13 de enero de 2016, que   aclaró una de las órdenes dadas en el Auto Nº 294 de 2015.    

Cuaderno de la Corte 7, folios 529 a 532. Auto Nº 023   del 22 de enero de 2016, que rechazó una solicitud de aclaración del Auto Nº 294   de 2015    

[142] T-697 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda   Espinosa    

[143] T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas   Silva; T-416 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández.    

[144] Aunado a lo anterior, la accionante aporta su Registro Civil de Nacimiento y la   Partida de Bautismo de su padre, con lo cual acredita su parentesco con el señor   Bartolomé Ortega. Cuaderno 2 folios 112 y 113.     

[145] Cuaderno 1, folio 3.    

[146] T-301 de 2003, M. P. Jaime Córdoba   Triviño; T-312 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; y SU-173 de 2015, M. P.   Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.    

[147] Cuaderno 2, folios 143 a 147.    

[148] SU-173 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo   Mendoza Martelo.    

[149] Ver sentencia T-559 de 2006, M. P. Jaime   Araújo Rentería: “Tal como lo ha aceptado esta corporación en diversas sentencias de   tutela, las asociaciones constituidas con el objeto de luchar contra la   discriminación racial en el país pueden canalizar jurídicamente las acciones de   derecho constitucional que resulten procedentes para la defensa efectiva de los   derechos fundamentales de sus miembros. Es así, por cuanto los actos de   discriminación racial negativa lesionan, no sólo los derechos singulares de las   personas sobre las que recaen, sino también los de la comunidad o etnia a la   cual éstas pertenecen. Por consiguiente, no cabe duda en relación con que las   comunidades negras reconocidas y protegidas especialmente por el propio   Constituyente en el artículo 176 de la Constitución Nacional, lo mismo que en la   ley 70 de 1993, expedida en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 55   transitorio de la Carta Política, son titulares calificadas de una serie de   derechos fundamentales, derivados directamente de la obligación estatal de   respetar y garantizar la diversidad étnica y cultural de la Nación.”    

[150] Ver entre otras las sentencias: T-267 de 2011 M. P. Mauricio González   Cuervo; T-053 de 2012 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-454 de 2012 M. P. Luis   Ernesto Vargas Silva; T-763 de 2012 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-138 de 2013 M. P. Alexei Julio Estrada; T-689 de   2013 M. P. Jorge Ignacio   Pretelt Chaljub; T-721 de 2013 M.   P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.    

En particular: T-689 de 2013: Según lo establecido en el artículo 105 del Código de Procedimiento   Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las decisiones proferidas en   juicios de policía no son objeto de estudio por parte de la jurisdicción de lo   contencioso administrativo. Tampoco proceden las acciones civiles para atacar   los actos emitidos por una autoridad administrativa en ejercicio de una función   jurisdiccional, puesto que a través de éstas lo que se pretende es resolver   debates en torno al derecho de propiedad y/o posesión, no constatar si dentro de   un proceso policivo, presuntamente adelantando con irregularidades, se   desconocieron los derechos fundamentales de la parte querellada. En   consecuencia, la acción de tutela se constituye como el mecanismo jurídico   idóneo y eficaz para solicitar la protección de los derechos fundamentales   transgredidos durante el desarrollo de la actuación policiva, ante la   inexistencia de otras acciones judiciales para obtener el amparo pretendido.   Bajo esta perspectiva, la intervención del juez constitucional sólo será   procedente en aquéllos eventos en los cuales se evidencie la vulneración de un   derecho fundamental durante el desarrollo del trámite del proceso policivo que   deslegitime la actuación surtida al interior de éste.    

[151]  La posibilidad de atribuir funciones   judiciales a autoridades administrativas, a través de la ley, está prevista en   el artículo 116 de la Constitución Política, en el cual señala que “(…)   excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias   precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será   permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos”.    

[152] La Corte Constitucional ha establecido   que la finalidad de que no exista recurso, ante la jurisdicción de lo   contencioso administrativo, contra las decisiones de policía, es que las mismas   tengan un efecto inmediato para evitar la perturbación del orden público y   mantener así el statu quo. En este sentido, en diversos pronunciamientos ha   establecido que las decisiones adoptadas en un proceso de policía son de   carácter jurisdiccional y están sustraídas de control ante la jurisdicción de lo   contencioso administrativo. Al respecto, ver las sentencias C- 241 de 2010 (M.P.   Juan Carlos Henao Pérez) y T-267 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo).    

[153]   T-721 de 2013, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.    

[154] ARTÍCULO 105. EXCEPCIONES. La   Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes   asuntos:    

1. Las controversias relativas a la   responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades   públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras,   intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la   Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los   negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos.    

2. Las decisiones proferidas por   autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, sin   perjuicio de las competencias en materia de recursos contra dichas decisiones   atribuidas a esta jurisdicción. Las decisiones que una autoridad administrativa   adopte en ejercicio de la función jurisdiccional estarán identificadas con la   expresión que corresponde hacer a los jueces precediendo la parte resolutiva de   sus sentencias y deberán ser adoptadas en un proveído independiente que no podrá   mezclarse con decisiones que correspondan al ejercicio de función   administrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo asunto, deberán   constar en acto administrativo separado.    

3. Las decisiones proferidas en juicios de   policía regulados especialmente por la ley.    

4. Los conflictos de carácter laboral   surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales    

[155]   T-850 de 2012, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.    

[156] T-267 de 2011 M. P. Mauricio González   Cuervo: “Ha concluido la jurisprudencia que “alrededor de los procesos   policivos no existe un medio de defensa judicial idóneo para lograr la efectiva   e inmediata protección de los derechos fundamentales cuando éstos sean   amenazados o vulnerados por la actuación de las autoridades públicas, quedando   tan sólo la acción de tutela como mecanismo eficaz para garantizar el amparo de   tales derechos”.    

[157]   T-061 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil.    

[158] M.   P. Myriam Ávila Roldán.    

[159] Como se indicó en la respuesta que ofreció esta institución y que fue reseñada   en los antecedentes de esta sentencia.    

[160] M.   P. Mauricio González Cuervo.    

[161]   Ver página 18 y siguientes de esta providencia. Ha de advertirse en este punto   que esas solicitudes de clarificación de la propiedad y de deslinde y   amojonamiento de bienes de uso público, fueron realizadas por las empresas   UNICONIC SA e INCIVIAL SA, y los actos administrativos expedidos por el INCODER   en dichos procesos, son los que fueron demandados en varias instancias   judiciales.     

[162] Instaurada por Gloria Yaneth Acosta   Valero y otros contra el Distrito de Cartagena y otros. Mediante la cual se   pretende revocar i) los actos administrativos que concedieron a las sociedades   comerciales UNICONIC SA y INCIVAL SA, el uso y explotación de la zona costera de   Arroyo Grande, ii) los actos administrativos mediante los cuales se efectuó la   acción de aclaración y complementación de los linderos de los predios entregados   y iii) los actos administrativos que declararon baldíos los terrenos entregados   a esas sociedades, entre otras pretensiones.     

[163]   Instaurada por UNICOVIC SA y otros contra el INCODER, en el cual no se ha   emitido ninguna medida cautelar.        

[164] Artículo 7 Superior.    

[165] Aclaración de voto de la Magistrada María Victoria Calle Correa.    

[166]  Zapata Olivella, Manuel (1989). Las claves mágicas de América.   Editorial Plaza & Janes. Bogotá, 2005. p. 175.    

[167] La esclavitud es una institución que   permitía tener propiedad sobre una persona, pudiendo venderla y comprarla.   Durante muchos siglos se justificó en múltiples razones; entre otras, las   siguientes: a cambio de la vida en los prisioneros de guerra, como castigo de   ciertos delitos, como pago de deudas o por pertenencia a otra nación con la que   se estaba en conflicto. Durante la edad media varias normas la justificaron, en   España, entre otras, la Partida IV de las Siete Partidas de Alfonso X, El Sabio.    

[168] Por ejemplo, durante la España visigoda,   el Concilio IV de Toledo, celebrado el año 633, estableció en el canon LXVIII   que un clérigo que no había aportado bienes a la Iglesia, tenía vedado manumitir   (liberar) esclavos. Decía el canon: “LXIX. De la diferencia entre los   manumitidos de la Iglesia.  El obispo que desea manumitir a un esclavo de   la iglesia sin reservar el patrimonio eclesiástico, deberá ofrecer a los   sacerdotes que suscriban por vía de permuta dos esclavos del mismo mérito.”    

[169] Aclaración de voto de la Magistrada María Victoria Calle Correa a la sentencia   C-931 de 2009.    

[170] En este punto es importante aclarar   que ni las acciones afirmativas, ni los reconocimientos jurídicos que se   otorgaron a las comunidades afrodescendientes a partir de la Constitución de   1991, tienen como fundamento el criterio “raza”. Así esta Corte precisó que  “el reconocimiento de derechos especiales a las comunidades negras no se hace   en función de su “raza”, puesto que ello implicaría  presuponer que, en un   país con un grado tan alto de mestizaje como lo es Colombia, existen aún “razas   puras”, lo cual es a todas luces inaceptable, y llevaría a efectuar futuras   distinciones (odiosas) entre quiénes se deben considerar de “raza negra” y   quiénes no, para efectos de acceder a los beneficios que otorga esta ley; con   ello, se retrotraería al Estado colombiano a la época de las grandes   clasificaciones coloniales basadas en los distintos grados de mezcla de sangres,   que sustentaban un verdadero sistema de castas excluyentes, algo frontalmente   incompatible con una democracia constitucional. Por ese motivo, debe quedar claro que los derechos   colectivos de las comunidades negras en Colombia son una función de su status en   tanto grupo étnico, portador de una identidad propia que es digna de ser   protegida y realzada, y no del color de la piel de sus integrante.” Sentencia C-169 de 2001, M. P. Carlos   Gaviria Díaz.    

[171]   Frente a las reivindicaciones individuales por la libertad, ha de recordarse la   institución de la manumisión, las libertades otorgadas pero sujetas a   condiciones, o incluso la fuga.    

[173] “… el Palenque de Matuna creció a tal punto que debió   darse una organización social y política formal: Biohó fue proclamado rey del   arcabuco y la gente eligió en cabildo a sus propias autoridades según mérito y   servicio. Estas formas de organización se copiaron en los palenques que fueron   surgiendo después […].” Fals Borda, Orlando. “La historia doble de la Costa”   Tomo 1, p 54ª, Bogotá, 1979.    

[174]   Para ver un recuento detallado sobre el desmonte de la esclavitud en Colombia,   ver la aclaración de voto de la Magistrada   María Victoria Calle Correa a la sentencia C-931 de 2009. Allí se destacan   antecedentes importantes como los debates que se dieron en Colombia sobre el   tema y las distintas propuestas de abolición gradual, entre las cuales se   destaca la Ley de libertad de vientres de 1821.      

[175] “ARTÍCULO 1. Desde el día 1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en   el territorio de la república. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de   los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las   leyes garantizan e imponen a los demás granadinos.”    

[176] Aclaración   de voto de la Magistrada María Victoria Calle Correa a la sentencia C-931 de   2009.    

[177]   Zapata Olivella, Manuel. “Las claves mágicas de América.” Bogotá, 1989,   p. 155.    

[178] Sentencia T-422 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.    

[179] Por   ejemplo, la Ley 114 de 1922, ‘sobre inmigración y colonias agrícolas’,   popularmente conocida como la ‘ley de blanqueamiento’, estableció   políticas racistas que excluían de la construcción de nación a parte de los   grupos étnicos colombianos.    

[180]   Coronado Delgado, Sergio Andrés. “el territorio: derecho fundamental de las   comunidades afrodescendientes en Colombia”. Biblioteca virtual del Consejo   Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO. Diciembre, 2006.    

[181] Sobre discriminación estructural de comunidades negras, afrodescendientes,   raizales y palenqueras, ver, entre otras la Sentencia T-969 de 2014, M. P.   Gloria Stella Ortiz Delgado.    

[182] M. P. Carlos Gaviria Díaz.    

[183] El pueblo de Colombia, “en   ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea   Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de   fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la   convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la   libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y   participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y   comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta,   sanciona y promulga la siguiente… Constitución Política de Colombia”.    

[184] Artículo 7. El   Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación   colombiana.    

[185] Artículo 10. El castellano es el   idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son   también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las   comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.    

[186] Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,   recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos   derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de   sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o   filosófica.    

El Estado promoverá las condiciones para que la   igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados   o marginados.    

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas   que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia   de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se   cometan    

[187] Artículo 68. … Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a   una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.    

[188] Artículo 72. El patrimonio   cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio   arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional,   pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La   ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos   de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los   grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.    

[189] Artículo 176. … La ley podrá establecer una circunscripción especial   para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos   étnicos y de las minorías políticas.    

[190] Dentro de esta línea de pronunciamientos   pueden destacarse, entre otras, las sentencias T-380 de 1993 y T-955 de 2003,   precitadas, sobre las explotaciones madereras en las selvas entre Antioquia y   Chocó; SU-039 de 1997 y T-880 de 2006 M. P. Álvaro Tafur Galvis, sobre   explotaciones petrolíferas en territorio de los pueblos U’wa y Motilón-Barí   respectivamente; T-652 de 1998 M. P. Carlos Gaviria Díaz sobre la construcción   del embalse de Urrá dentro del área de influencia del pueblo Emberá-Katío;   SU-383 de 2003 sobre la fumigación de cultivos ilícitos en los departamentos del   sur-oriente del país; T-769 de 2009 M. P. Nilson Pinilla Pinilla sobre   explotación de oro y otros metales dentro del territorio de algunos resguardos   indígenas ubicados entre los departamentos de Antioquia y Chocó; T-547 de 2010   M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo sobre el desarrollo de un puerto   multipropósito en territorios parcialmente habitados por los pueblos Kogi,   Arhuaco, Kankuamo y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, T-745 de 2010 M. P.   Humberto Antonio Sierra Porto sobre la construcción de una carretera en un área   rural cercana a Cartagena, mayoritariamente habitada por comunidades   afrodescendientes; T-1045A de 2010 M. P. Nilson Pinilla Pinilla, sobre el   otorgamiento de una concesión minera dentro de territorios habitados por una   comunidad negra, a un ciudadano no integrante de dicha comunidad, sin previa   consulta de ésta.    

[191] T-680 de 2012: “Adicionalmente, en el   caso de la realización de proyectos de exploración y explotación de recursos   naturales y/o de la construcción de obras públicas en áreas total o parcialmente   coincidentes con el territorio de comunidades indígenas (y/o afrodescendientes,   según lo ha precisado la jurisprudencia), el parágrafo del artículo 330 superior   prevé de manera específica la necesidad de proteger la integridad cultural de   aquéllas, razón por la cual este principio ha sido fundamento esencial de varias   de las más importantes decisiones en las que esta corporación ha tutelado los   derechos de estas colectividades frente a la amenaza resultante de ese tipo de   proyectos, ordenando en la mayoría de los casos la previa realización de   consultas con las comunidades afectadas.”    

[192] En la sentencia T-129 de 2011 M. P. Jorge   Iván Palacio Palacio, a propósito de reclamos planteados por los miembros de dos   resguardos de la etnia Emberá-Katío, frente a la incidencia de varios   importantes proyectos (una carretera, una interconexión eléctrica binacional y   una explotación minera) que se pretendía realizar en el área de su influencia   (localizada en el departamento de Chocó) y que la comunidad estimaba   potencialmente lesivos de su identidad étnica y cultural. En esta decisión,   frente a las explicaciones dadas por las autoridades y entidades interesadas en   tales proyectos, en el sentido de que ellos traerían progreso y desarrollo a la   región y resultaban de trascendencia para el interés público, la Corte planteó   una extensa y comprehensiva reflexión de carácter antropológico y sociológico, a   partir de la cual destacó las amplias diferencias que pueden existir entre el   concepto de desarrollo asumido por las sociedades occidentales de tipo   capitalista, con el cual podría identificarse la postura de esas entidades, y   las nociones de desarrollo, bienestar o interés general propias de las   comunidades étnicas, que por definición son minoritarias y distintas a las de   los grupos sociales actualmente predominantes.    

[193] Sentencias C-169 de 2001 y T-778 de 2005, entre otras.    

[195] Este principio se desarrolla por primera   vez en la sentencia T-380 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Posteriormente   reiterado, entre otros, en los fallos T-001 de 1994, M. P. José Gregorio   Hernández Galindo, T-254 de 1994 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, SU-039 de 1997   M. P. Antonio Barrera Carbonell, C-169 de 2001 M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-955   de 2003 M. P. Álvaro Tafur Galvis, C-180 de 2005 M. P. Humberto Antonio Sierra   Porto, T-778 de 2005 M. P. Manuel José Cepeda, T-979 de 2006 M. P. Nilson   Pinilla Pinilla, C-461 de 2008 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-680 de 2012   M. P. Nilson Pinilla Pinilla.    

[196] Sentencia T-680 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.     

[197] Artículo 10 de la Constitución.    

[198] Artículos 6, 15 y 16 del Convenio 169 de la OIT, artículo 329 de la   Constitución.    

[199] Artículos 176 y 330 de la Constitución.    

[200] Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.    

[201] Artículo 7 del Convenio de la OIT y artículo 176 de la Constitución.    

[202] Artículos 32 de la Ley 70 de 1993.    

[203] Artículo 7° de la Constitución. Ver también sentencias T-680 de 2012 y T-969 de   2014.    

[204] Artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT; 329 de la Constitución; y 4 y 6 de   la Ley 70 de 1993.     

[205] T-680 de 2012, precitada.    

[206] Numeral 1° del artículo 13 del Convenio 169 de la OIT, parte II, referente a   tierras.    

[207] Artículo 16:     

1. A reserva de lo dispuesto en los   párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser   trasladados de las tierras que ocupan.    

2. Cuando excepcionalmente el traslado y   la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse   con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando   no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá   tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la   legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que   los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente   representados.    

3. Siempre que sea posible, estos pueblos   deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen   de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.    

4. Cuando el retorno no sea posible, tal   como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de   procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos   posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos   iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan   subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos   interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá   concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.    

5. Deberá indemnizarse plenamente a las   personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido   como consecuencia de su desplazamiento.    

[208] De la referida línea jurisprudencial sólo   se resaltarán las sentencias que hayan decidido casos referentes a negritudes,   siendo la cadena de pronunciamientos mucho más amplia, que la aquí presentada    

[209] M.   P. Álvaro Tafur Galvis.    

[210] Allí la Corte señaló: Se   tutelará el derecho de los accionantes a la propiedad colectiva de sus suelos y   bosques, de manera que la entidades accionadas ordenarán que se suspenda la   extracción a que se hace mención, y dispondrán lo necesario para que tan pronto   como el Ministerio del Interior y la Justicia defina el asunto de la   representación legal de su Consejo Mayor, se consulte a las comunidades negras   de la Cuenca del Río Cacarica, de buena fe y con el objeto de llegar a un   acuerdo, la reglamentación sobre el aprovechamiento forestal de sus bosques   colectivos, teniendo presente que dichas comunidades son las propietarias del   recurso, y tendrán que ser las beneficiarias directas de la explotación, y ésta   deberá permitirles avanzar y consolidar su proceso cultural.    

[211] M.   P. Humberto Antonio Sierra Porto.    

[212] “Por la cual se crea el Sistema   Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un   subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de   la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”.    

[213] M.   P. Mauricio González Cuervo    

[214] M.   P. Nilson Pinilla Pinilla    

[215] Ese   movimiento tuvo, no sólo el componente de la autoreferenciación como grupo   étnico por parte de las comunidades negras en esta costa, sino que además fue   apoyado desde varios trabajos académicos, especialmente antropológicos, que   reforzaban la necesidad de generar una protección directa a los componentes   étnicos y culturales presentes en esas comunidades. Ver: Arocha, Jaime y   Friedemann, Nina S. De Sol a Sol: génesis, transformación y presencia de los   negros en Colombia. Editorial Planeta, Bogotá, 1986. Escobar, Arturo, Grueso   Libia y Rosero, Carlos. El proceso de organización de las Comunidades negras   en la región sureña de la costa pacífica de Colombia, en Política cultural y   cultura política: una mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos.   ICANH y Taurus, Bogotá, 2001. Álvarez Manuela y Pardo, Mauricio.   Estado y Movimiento negro en el Pacífico colombiano. Bogotá, 2001, entre   otros         

[216] M.   P. Gloria Stella Ortiz Delgado.    

[217] Ver   sentencias C-481 de 1998 M. P. Alejandro Martínez Caballero; T-098 de 1994 M. P.   Eduardo Cifuentes Muñoz; T-629 de 2010 M. P. Juan Carlos Henao Pérez; T-691 de   212 M. P. María Victoria Calle Correa; C-671 de 2014 M. P. Luis Guillermo   Guerrero Pérez, entre otras.      

[219]Sentencia C-671 de 2014 M. P. Luis   Guillermo Guerrero Pérez. “Ahora bien. Esta connotación estructural de la   discriminación tiene varias repercusiones…En primer lugar, ésta tiene no solo   una dimensión individual, sino también un origen institucional. En ocasiones,   incluso, la discriminación más nociva, o la que tiene un efecto más devastador   en el goce efectivo de los derechos, proviene fundamentalmente de la   organización y el funcionamiento de las instituciones privadas y públicas, más   que de actuaciones particulares de sujetos específicos: ‘El fenómeno de la   discriminación no puede circunscribirse al ámbito de lo meramente subjetivo pues   implica procesos institucionalizados tanto en la vida cotidiana (si por   institución entendemos ‘pautas recurrentes’, ‘regularidades’), como en la   inscripción de la discriminación en discursos mediáticos, políticos y   jurídicos’”.    

[220]“… pero los descendientes de africanos que ocupaban las   tierras… no asociaban la propiedad de la tierra a los títulos legales, o eran   demasiado pobres, o no estaban informados sobre la ley y sus alcances, para   legalizar ña tenencia de sus tierras ancestrales aprovechando la legislación   vigente”. VALENCIA VARGAS, Carolina. Comunidades   Afrocolombianas: Exclusión, propiedad y legislación de tierras (1819-1994)  en Por el Derecho a la tierra. Ediciones Antropos, Bogotá 2002. Pág. 297.       

[221] Ver   páginas 17 y siguientes de esta sentencia.    

[222] En   específico de Magaly Coronado representante legal del consejo comunitario de la   Europa.    

[223] ARTÍCULO 2641. El registrador llevará   separadamente los libros que siguen:    

1º) Uno titulado Libro de registro número 1º, para la   inscripción de los títulos que trasladen, modifiquen, graven o limiten el   dominio de los bienes inmuebles, o que varíen el derecho de administrarlos;    

2º) Otro intitulado Libro de registro número 2º, para   la inscripción de los títulos, actos o documentos que deban registrarse y que no   estén comprendidos en las clasificaciones del inciso que antecede y del que   sigue, y    

3º) Otro intitulado Libro de anotación de hipotecas,   para la inscripción de los títulos legalmente constitutivos de hipoteca.    

[224] CAICEDO ESCOBAR, Eduardo. Derecho Inmobiliario Registral. Editorial   Temis, Bogotá, 2001. Pág. 182.    

[225] CAICEDO ESCOBAR, Eduardo. El registro de la propiedad inmobiliaria en   Colombia, en Cien años del Código Civil de la nación. Bogotá,   Ministerio de Justicia, Superintendencia de Notariado y Registro, 1987, págs.   164 y ss.    

[226] Cuaderno 2, folio 111 reverso.    

[227] Por el cual se reglamentan los Capítulos   X, XI y XII de la Ley 160 de 1994, relacionados con los procedimientos   administrativos especiales agrarios de clarificación de la propiedad,   delimitación o deslinde de las tierras de la Nación, extinción del derecho de   dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, reversión   de baldíos adjudicados y se dictan otras disposiciones. El procedimiento a   seguir será el establecido en el referido Decreto 1645 de 2013, Capítulo III   sobre los “aspectos procedimentales comunes a los procedimientos agrarios”,   artículo 5° al 22.    

[228] Tales peticiones fueron contestadas a los   ciudadanos informándoseles que al momento de tomar la decisión de fondo, ellos   obtendrían un respuesta en el mismo sentido. Empero de los informes presentados   por el IGAC y el INCODER, se deduce que la prueba técnica de levantamiento   topográfico  devela una complejidad muy superior a la prevista cuando se   ordenó la misma. Lo anterior, precisamente porque no se había identificado el   predio Hacienda Arroyo Grande, y no se tenía conciencia de su magnitud.   Recuérdese que la única información aportada, estaba en términos de medición   colonial: “8 caballerías de tierra”.    

[229] ARTÍCULO 8o. PUBLICIDAD DE LA RESOLUCIÓN INICIAL. <Artículo   compilado en el artículo 2.14.19.2.4del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe   tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1del mismo Decreto 1071 de 2015> El acto administrativo que dé inicio a un   procedimiento agrario se notificará y comunicará, así:    

1. Mediante inscripción. Para fines de   publicidad, inmediatamente se profiera la resolución que disponga adelantar los   procedimientos de extinción del derecho de dominio, clarificación de la   propiedad, deslinde de tierras de la Nación o recuperación de baldíos   indebidamente ocupados esta se inscribirá en la Oficina de Registro de   Instrumentos Públicos correspondiente.    

[230] Por el cual se reglamentan los Capítulos   X, XI y XII de la Ley 160 de 1994, relacionados con los procedimientos   administrativos especiales agrarios de clarificación de la propiedad,   delimitación o deslinde de las tierras de la Nación, extinción del derecho de   dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, reversión   de baldíos adjudicados y se dictan otras disposiciones. El procedimiento a   seguir será el establecido en el referido Decreto 1645 de 2013, Capítulo III   sobre los “aspectos procedimentales comunes a los procedimientos agrarios”,   artículo 5° al 22.