T-730-14

           T-730-14             

Sentencia T-730/14    

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS   JUDICIALES-Requisitos   generales y especiales de procedibilidad    

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL E IN   DUBIO PRO OPERARIO-Criterios   de interpretación en el análisis de casos concretos que involucren la protección   del derecho a la seguridad social    

El principio de favorabilidad se   consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también   legal. Determina en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica   para el trabajador. El principio in dubio por operario (favorabilidad en   sentido amplio), “[I]mplica que una o varias disposiciones jurídicas aplicables   a un caso, permiten la adscripción de diversas interpretaciones razonables   dentro de su contenido normativo, generando duda en el operador jurídico sobre   cuál hermenéutica escoger. En esta hipótesis el intérprete debe elegir la   interpretación que mayor amparo otorgue al trabajador. Mientras el principio de   favorabilidad en sentido estricto recae sobre la selección de una determinada   disposición jurídica, el principio in dubio pro operario lo hace sobre el   ejercicio interpretativo efectuado por el juzgador al identificar el contenido   normativo de una disposición jurídica. Para la Corte Constitucional “la “duda”   que da lugar a la aplicación de los principios de favorabilidad e in dubio pro   operario “debe revestir un carácter de seriedad y objetividad, pues no sería   dable que ante una posición jurídicamente débil, deba ceder la más sólida bajo   el argumento que la primera es la más favorable al trabajador. En ese orden, la   seriedad y la objetividad de la duda dependen a su vez de la razonabilidad de   las interpretaciones.    

PRINCIPIO DE LA CONDICION   MAS BENEFICIOSA AL TRABAJADOR-Aplicación del principio de favorabilidad en materia   laboral    

 El operador judicial debe acudir al   criterio hermenéutico de la condición más beneficiosa en favor del afiliado o   beneficiario de la seguridad social, para analizar los asuntos sometidos a su   conocimiento. Tanto la Corte Constitucional, como la Sala de Casación   Laboral de la Corte Suprema de Justicia, han sostenido que el principio de la   condición más beneficiosa se encuentra plasmado en la Constitución, el bloque de   constitucionalidad y la legislación nacional.    

CARACTERIZACION DEL DEFECTO   MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA   CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Las decisiones no aplicaron al caso   concreto el principio de la condición más beneficiosa     

APLICACION DEL PRINCIPIO DE   LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Orden a Colpensiones   reconocer pensión de sobrevivientes y pagar mesadas adeudadas    

Referencia: expediente T- 4.318.396    

Acción de tutela instaurada por Mabel   María Jabib Flórez contra el Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del   Circuito de Montería y la Sala Civil –  Familia – Laboral – Sala Primera de   Decisión, del Tribunal Superior de Montería    

Magistrado Ponente:    

LUIS   GUILLERMO GUERRERO PÉREZ    

Bogotá, DC., veintiséis (26) de septiembre de dos mil   catorce (2014)    

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por   los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y   Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus   competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente    

SENTENCIA    

Dentro del trámite de revisión del fallo   dictado en primera instancia, el 13 de enero de 2014, por la Sala de Casación   Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en segunda instancia, el 26 de   febrero de 2014, por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación, en el   asunto de la referencia.    

I.    ANTECEDENTES    

De los hechos y la demanda    

1.1.          Convivió con su   fallecido esposo Álvaro León Pretelt Naranjo, desde el día de su matrimonio   hasta su deceso, el 23 de mayo de 2010.    

1.2. Durante la vida laboral del señor Pretelt   Naranjo, él como trabajador independiente y sus distintos empleadores   (Electrificadora Bolívar S.A., Electrocórdoba S.A. y Proaguas C.T.A.),   efectuaron las correspondientes cotizaciones a pensión ante el Instituto de   Seguros Sociales -en adelante ISS-, hoy Administradora Colombiana de Pensiones   -en adelante Colpensiones-.    

1.3. En su condición de cónyuge supérstite, el   primero de julio de 2010, le solicitó al referido Instituto el reconocimiento de   la pensión de sobrevivientes conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley 100 de   1993. Sin embargo, dicha prestación le fue negada mediante Resolución No. 017604   del 25 de noviembre de 2010, con el argumento de que el causante no había   cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de su fallecimiento,   en los términos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.    

1.4. Luego de haber presentado los recursos de   reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 017604 del 25 de   noviembre de 2010, expedida por el ISS, mediante apoderado judicial, presentó   demanda ordinaria laboral contra dicho Instituto, para obtener el reconocimiento   de la pensión de sobrevivientes en cuantía de un salario mínimo legal mensual   vigente a la fecha de su causación, así como el pago de las mesadas ordinarias,   adicionales, los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y   la indexación.    

1.5. Dicha demanda correspondió por reparto al   Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Montería, que   mediante providencia del 13 de diciembre de 2011, declaró próspera la excepción   de cobro de lo no debido propuesta por el ISS y condenó en costas a la actora.   El juzgado resolvió que no había lugar a aplicar en su favor el principio de la   condición más beneficiosa, porque el mismo se debe observar cuando hay   transición legislativa y, dado que el régimen de transición establecido por el   artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo cobija la pensión de vejez, dicho   principio “no es aplicable a la contingencia pretendida”.[1]  Sobre esto, expuso lo siguiente:    

“Queda pues de manifiesto que este régimen de transición no es aplicable a la   contingencia pretendida, puesto que la misma norma indica pensión de vejez,   razón por la cual no se puede tener en cuenta el principio de la condición más   beneficiosa en el presente caso”[2].    

De otro lado, si bien el Juzgado consideró que la accionante había convivido con   el causante los cinco últimos años de su vida, expuso que aquel no cotizó 50   semanas en los tres años anteriores a su fallecimiento, tal y como lo exige el   artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de   1993. Se extracta de la providencia en mención lo siguiente:    

“De las normas antes trascritas, tenemos   que se torna necesario, que para disfrutar la pensión de sobreviviente, en el   caso de los cónyuges, estos deben acreditar que estuvieron haciendo vida marital   con el causante hasta su muerte y haber convivido no menos de 5 años continuos   con anterioridad  a su muerte.    

Este requisito es cumplido por parte de la   accionante, según se desprende de la declaración de ALONSO PRETELT NARANJO   militante a folio 35 del expediente, y del documento militante a folio 21, razón   por la cual la legitimación por activa se encuentra demostrada.    

En cuanto al derecho sustancial   pretendido, tenemos que el finado PRETELT NARANJO debió cotizar 50 semanas   dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento, para que naciera el derecho   a la demandante.    

En el caso bajo estudio, solamente se   acreditó a folios 7, 113 y 14 del expediente que el finado en mención cotizó   solamente 36.98 semanas, las que no son suficientes para que nazca el derecho en   cabeza de la demandante”[3].    

      

1.6. El anterior fallo fue apelado por la   actora, bajo el siguiente argumento:    

“[A]l asunto, por virtud del principio de progresividad y favorabilidad de las   normas laborales establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional, se   le ha debido aplicar la normativa contenida en el artículo 6º del acuerdo 049 de   1990, el cual se (sic) establece requisitos de semanas de cotización, superados   con creces por el difunto Álvaro León Pretelt Naranjo”[4].    

1.7. La Sala Primera de Decisión del Tribunal   Superior de Montería, mediante sentencia del 10 de agosto de 2012, decidió   confirmar la sentencia de primera instancia. Dicha oficina judicial dispuso:    

“Ahora bien, alega la apelante que por virtud del principio de la condición más   beneficiosa, se debió aplicar el acuerdo 049 de 1990, con el cual lograría   acceder al derecho pensional pretendido. Es de recordar que tal principio se   aplica de manera exceptiva en los casos en que se presente tránsito legislativo   y ante la ausencia de un régimen de transición, se torne necesario proteger la   situación jurídica del destinatario, quien ha visto desmejorada su situación por   una nueva legislación, de lo contrario se debe continuar con la regla contenida   en el artículo 16 del CST[5].    

[…]    

De lo anterior se puede colegir, que el afiliado murió en vigencia de la Ley 797   de 2003, no es posible utilizar la condición más beneficiosa so capa de   favorecer a sus beneficiarios con legislaciones laborales más garantistas, en   tanto que para acoger tal principio, es necesario que la legislación a inaplicar   establezca requisitos más exigentes que los establecidos en la normatividad   anterior y este no es el caso, dado que la ley 797 de 2003 respeta el mandato de   progresividad de los derechos sociales, tornándose más garantista que la   anterior (ley 100 de 1993)[6]”.    

1.8. Relató que el señor Álvaro León Pretelt   Naranjo, falleció el 23 de mayo de 2010, fecha en la que ya se encontraba   vigente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 46 de   la Ley 100 de 1993, el cual exige como requisito para ser beneficiario de la   pensión de sobrevivientes, que el causante hubiera cotizado 50 semanas dentro de   los tres años anteriores a su fallecimiento.    

Así, con base en lo anterior, expone que debe aplicarse en su favor el principio   de la condición más beneficiosa para que se le otorgue la pensión de   sobrevivientes a la que tiene derecho, bien porque antes de la entrada en   vigencia de la Ley 100 de 1993 su cónyuge tenía 793.87 semanas cotizadas, que   superan las 300 cotizadas en cualquier tiempo que son exigidas por el Acuerdo   040 de 1990; o bien, porque para la fecha de su fallecimiento, su cónyuge   cumplía con los requerimientos exigidos por el artículo 46 original de la ley   100 de 1993, dado que era afiliado al sistema y tenía más de 26 semanas   cotizadas.     

1.11. Aclaró que no interpuso recurso de   casación contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal   accionado, dado que no tenía los recursos económicos para solventar los costos   de un abogado casacioncita. Si bien, reconoció devengar una pensión de   $1.500.000, expuso que de aquella solo recibe la suma mensual de $726.474, lo   cual le impide vivir dignamente a su edad, para atender sus gastos y los de su   hijo, a quien debe pagar sus estudios y manutención.    

1.12. Manifestó que en el presente asunto, se   cumplen los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de   amparo en contra de providencias judiciales. Respecto de la inmediatez, informó   que solo tuvo conocimiento de la aplicación del principio de la condición más   beneficiosa, una vez proferida la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la   Corte Suprema de Justicia, con radicado No. 405, del tres de julio de 2013, por   lo que, solo después de esto, acudió a la vía tutelar. Además, señaló que la   vulneración de sus derechos fundamentales se ha extendido de manera continuada   en el tiempo, lo que hace que la interposición de la acción de amparo sea   oportuna.    

II. Pretensiones    

Con base en los hechos antes narrados, la señora Mabel María Jabib Flórez,   solicita que en la sentencia que ponga fin al amparo, se profieran las   siguientes órdenes:    

2.1.  Tutelar sus derechos   fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la vida digna, a la equidad y a   la recta administración de justicia y, aplicar en su favor el principio   proteccionista de la condición más beneficiosa.    

2.2. Revocar las sentencias proferidas por las   autoridades judiciales demandadas.    

2.3. Ordenar a Colpensiones el reconocimiento   de su pensión de sobrevivientes, en calidad de beneficiaria de su cónyuge   fallecido, desde la fecha de su fallecimiento (23 de mayo de 2010), en el monto   establecido por la ley, aplicando la fórmula que le sea más favorable y con los   incrementos anuales. Igualmente, ordenar a Colpensiones su inclusión en la   nómina de pensionados y realizar los descuentos al Sistema de Seguridad Social   en Salud para Comfenalco Antioquia.    

2.4.  La accionante solicitó se   citara al trámite tutelar a Colpensiones, por conducto de su representante   legal.    

III. Actuaciones    

Mediante auto del cinco de diciembre de 2013[7],   la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, admitió la acción   de tutela de la referencia, ordenó vincular a Colpensiones y notificar a las   tuteladas por el medio más expedito.    

Dentro del término del traslado, solo el Juzgado Primero Laboral del Circuito de   Montería, manifestó atenerse a lo resuelto por el Tribunal Superior de la citada   ciudad.    

IV. Decisiones judiciales objeto de revisión    

4.1. Fallo de primera instancia    

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del   13 de enero de 2014, negó el amparo solicitado por la señora Mabel María Jabib   Flórez. En dicha providencia consideró lo siguiente:    

4.1.1.      El señor Álvaro León Pretelt Naranjo murió el 23 de   mayo de 2010, fecha en la que estaba vigente el artículo 12 de la Ley 797 de   2003, que exige que el causante haya cotizado 50 semanas dentro de los tres   últimos años anteriores a su muerte, para que sus beneficiarios puedan reclamar   satisfactoriamente la pensión de sobrevivientes.           

4.1.2.      Conforme con la historia laboral del causante expedida   por el ISS, se encuentra que desde el primero de enero de 1977 hasta el 24 de   septiembre de 1992, los pagos a pensiones fueron realizados por la   Electrificadora de Bolívar y Electrocórdoba S.A. y que, entre el 12 de noviembre   de 1992 y el 31 de marzo de 1996, los mismos fueron asumidos por el señor   Pretelt Naranjo como trabajador independiente. Luego de haber dejado de cotizar   casi por 10 años, el señor Pretelt Naranjo reanudó las cotizaciones como   trabajador independiente entre el primero de febrero de 2006 y el 28 de febrero   del mismo año. Finalmente, entre el primero de abril del 2008 y el 30 de abril   del citado año, la empresa Proaguas C.T.A. fue la que realizó las cotizaciones   en su favor.    

4.1.3.      Para aplicar el principio de la condición más   beneficiosa, habría de tenerse en cuenta el texto original del artículo 46 de la   Ley 100 de 1993[8],   sin embargo, se encuentra que la última cotización válida realizada por el señor   Pretelt Naranjo es del 30 de abril de 2008, lo que indica que no era cotizante   activo al momento de su fallecimiento ni tenía 26 semanas cotizadas en el año   inmediatamente anterior a la ocurrencia de tal hecho.    

4.1.4.      Si bien, al señor Pretelt Naranjo le aparecen otros   reportes efectuados por la empresa Proaguas C.T.A., éstos no serán tenidos en   cuenta, dado que en los mismos se aclara que no existió relación laboral en la   afiliación.    

4.1.5.      Como quiera que la acción de tutela de la referencia   fue presentada el 29 de noviembre de 2013, esto es, un año y tres meses después   de que fuera proferida la sentencia del Tribunal accionado confirmando la de   primera instancia, es evidente que no se cumple con el requisito de inmediatez,   lo que adicionalmente hace que las pretensiones de las actora no puedan ser   acogidas.    

4.1.6.      Además de lo anterior, es dable advertir que la actora   no agotó el recurso extraordinario de casación, lo que constituye otro elemento   que impediría acceder a la protección constitucional invocada.    

4.2. Impugnación    

La accionante impugnó la sentencia antes citada. Expuso que para denegar su   solicitud de amparo, se tuvieron en cuenta dos aspectos: el primero, que su   cónyuge no tenía la calidad de afiliado al sistema al momento del fallecimiento   y no tenía 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a éste; el   segundo, que la acción de tutela se promovió sin observarse el principio de la   inmediatez. Para oponerse a las consideraciones del fallo de primera instancia,   argumentó lo siguiente:    

4.2.1.      El reporte de semanas de cotización rendido por   Colpensiones, indica que la última cotización del señor Pretelt Naranjo fue en   el mes de mayo de 2010, por lo que a la fecha de su fallecimiento sí era   afiliado activo al sistema general de seguridad social en pensiones -SGSSP-, a   diferencia de lo que resolvió el a quo. Además, entre mayo de 2010 y   diciembre de 2009, el causante tenía cotizadas 33.21 semanas, es decir, más de   las 26 semanas de las que habla el fallo recurrido.    

Es inaceptable que no se hayan tenido en cuenta los últimos aportes realizados   por el fallecido, con el argumento de que en éstos se acompaña una anotación que   dice “no registra relación laboral en la afiliación”. Por lo anterior, se   aportan las planillas que acreditan que dichos pagos fueron efectivamente   realizados y recibidos por el ISS. Así las cosas, debe concederse la pretensión   solicitada, en tanto a la fecha del fallecimiento, el causante tenía cotizadas   924.71 y, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía cotizadas más de   las 300 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758   de 1990 (artículos sexto, 25 y 27).    

Finalmente, se debe aplicar la condición más beneficiosa en el caso concreto,   protección constitucional que se cimienta en jurisprudencias de la Sala de   Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[9]  y de la Corte Constitucional[10].       

4.2.2.      El principio de inmediatez no puede   exigirse de manera estricta, menos aun cuando se evidencia que la vulneración de   los derechos fundamentales es continuada en el tiempo. Además, sobre el   principio de la condición más beneficiosa, solo se tuvo conocimiento a   partir de la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de   Justicia, del tres de julio de 2013 y, después de esto, se interpuso la acción   de tutela, así, la actuación desplegada no es negligente. De otro lado, no se   puede penalizar el hecho de no haberse presentado el recurso extraordinario de   casación, dado que no se tenían los medios económicos para contratar a un   abogado casacionista.    

4.3. Fallo de segunda instancia    

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 26   de febrero de 2014, confirmó la providencia impugnada, con base en los   siguientes argumentos:    

4.3.2.      La acción de tutela es un mecanismo de   defensa de carácter residual y subsidiario. En el presente asunto, la pretensión   que se eleva en tutela ya fue atendida por la jurisdicción laboral, sin que se   hubiera interpuesto el recurso extraordinario de casación contra la sentencia de   segunda instancia, lo que hace que la acción de amparo sea improcedente, en los   términos del numeral primero, artículo sexto, del Decreto 2591 de 1991.    

4.3.3.      La ausencia de recursos no es una   disculpa para no agotar las instancias dispuestas por la ley, en tanto se puede   acudir al amparo de pobreza o solicitar el servicio de la defensoría pública en   materia laboral, al tenor de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 24 de   1992.    

                      

V. Pruebas relevantes aportadas al proceso    

5.1.  Sentencia del 13 de   diciembre de 2011, del Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral de Montería[11].    

5.2.    Sentencia del 10   de agosto de 2012, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal   Superior de Montería[12].    

5.3. Fotocopias de la cédula de ciudadanía de   la actora, del registro civil de matrimonio de ella y el causante y del registro   civil de defunción del señor Álvaro León Pretelt Naranjo[13].    

5.4. Reporte de semanas cotizadas por el señor   Álvaro León Pretelt Naranjo, expedido por el ISS[14].    

5.5. Reporte de semanas cotizadas por el señor   Álvaro León Pretelt Naranjo, expedido por Colpensiones[15].    

5.6. Resolución No. 013807 de 2009, por medio   de la cual el ISS le reconoce la pensión de vejez a la señora Mabel María Jabib   Flórez, por valor de $1.225.099[16].    

5.7.  Registro civil de   nacimiento del joven Juan David Pretelt Jabib, hijo de la actora y del señor   Álvaro León[17].    

5.8. Recibo de pago de estudios del joven Juan   David Pretelt Jabib[18].    

5.9. Certificado de estudios expedido por la   Universidad Cooperativa de Colombia, en el que se informa que el joven Juan   David Pretelt Jabib, se encuentra matriculado en el programa de contaduría   pública de dicha institución[19].    

5.11. Recibos de pago del crédito hipotecario   en Bancolombia, de servicios públicos y de la administración[21].    

5.12. Certificación en la que se acredita una   deuda contraída por la accionante ante el Banco Popular, por un valor de   $21.000.000[22].    

5.13. Certificación de deudas que ante   Colpatria tiene la actora, por la tarjeta de crédito Visa por $5.457.572.00,   préstamo de libre inversión por $9.841.541.72 y tarjeta de crédito Master por   $2.247.249.31[23].    

5.14. Certificación expedida por la Tesorería   Municipal de Montería, en donde se le informa a la accionante que está en mora   de pagar el impuesto predial de los años 2011 y 2012[24].    

5.15. Recibo del impuesto predial del año 2013[25].     

5.16. Planillas que acreditan los pagos al   SGSSP realizados por Proaguas C.T.A. y recibidos por el ISS, desde el mes de   octubre de 2009 hasta junio de 2010, a favor del señor Álvaro León Pretelt   Naranjo[26].    

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA   DECISIÓN    

6.1. Competencia.    

El expediente de la referencia, fue   seleccionado para revisión por medio de Auto del 11 de junio de 2014, proferido   por la Sala de Selección Número Seis. En consecuencia, esta Sala de Revisión de   la Corte Constitucional, es competente para proferir sentencia dentro de la   acción de tutela de la referencia, con fundamento en el inciso segundo del   artículo 86, y en el numeral noveno del artículo 241 de la Constitución   Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.    

6.2. Problema Jurídico    

Corresponde a la Corte determinar si los   derechos fundamentales de la señora Mabel María Jabib Flórez han sido vulnerados   por el Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Montería y   la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de la misma ciudad, al no acceder al reconocimiento de la   pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge supérstite del señor Álvaro   León Pretelt Naranjo, bajo el argumento de que el causante no cumplió con los   requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del   46 de la Ley 100 de 1993.    

Para efectos de dar solución a este asunto y   como quiera que la presente acción se dirige a cuestionar el contenido de dos   fallos judiciales, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia constitucional   relacionada con los requisitos   generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra   providencias judiciales y, (ii) los principios protectores de   favorabilidad, in dubio pro operario y condición más beneficiosa, como   criterios de interpretación en el análisis de casos concretos que involucren la   protección del derecho a la seguridad social. Una vez realizadas las anteriores   consideraciones, procederá a resolver el caso concreto.    

6.3. La   procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.   Reiteración de jurisprudencia    

De acuerdo con   el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo   preferente y sumario cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales   de las personas. En efecto, la norma en cuestión dispone lo siguiente:    

“Toda   persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces […] la protección   inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que   éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier   autoridad pública […]”.    

Bajo tal   premisa, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido reiteradamente que   la acción de tutela procede también frente a actuaciones  u omisiones de los jueces en las que se vulneren derechos fundamentales[27]. Sin embargo,   dicha procedencia, como también lo ha indicado la propia Corte, es excepcional,   de manera que no en todos los casos podrá acudirse al mecanismo de amparo   constitucional. Esta consideración encuentra fundamento, en primer lugar, en el   propio texto de la Constitución Política, en cuyo artículo 86 -atrás señalado-,   establece que a la acción de tutela solo podrá acudirse “cuando el afectado   no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que […] se utilice como   mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”. Lo   anterior tiene sentido, en tanto todos los procesos son, en sí mismos, medios de   defensa de los derechos de las personas y, por esa misma circunstancia, cuentan   con mecanismos para controvertir las actuaciones de la autoridad judicial;   además, porque se debe garantizar el respeto por los principios de la cosa   juzgada de las decisiones judiciales, la seguridad jurídica y la autonomía e   independencia de la que gozan dichas autoridades.    

A   este específico asunto se refirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-590   de 2005, así:    

“[…] [E]l panorama es claro ya que como regla general la acción de tutela no   procede contra decisiones judiciales y esto por varios motivos.  Entre   ellos, en primer lugar, el hecho que las sentencias judiciales constituyen   ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales   proferidos por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la   Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las   sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas ante   ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la   autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del   poder público inherente a un régimen democrático.”    

En este   escenario, es claro que el juez constitucional no puede terminar suplantando o   desplazando al juez ordinario en el estudio de los asuntos que por su naturaleza   le competen, ni tampoco, anulando decisiones que no comparte o, imponiendo su   personal interpretación de las normas aplicables en un caso concreto. En ese   sentido, esta Corporación ha indicado que:    

“[S]e trata   de una garantía excepcional, subsidiaria y autónoma para asegurar, cuando todos   los recursos anteriores han fallado, que a las personas sometidas a un proceso   judicial no les violen sus derechos constitucionales fundamentales. No se trata   entonces de garantizar la adecuada aplicación del resto de las normas que   integran el sistema jurídico o de los derechos que tienen origen en la ley”.[28]    

Con fundamento   en lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la   acción de tutela contra providencias judiciales procede si se cumplen ciertos y   rigurosos requisitos, unos de carácter general, que habilitan la viabilidad   procesal del amparo, y otros, de carácter específico, que determinan su   prosperidad.    

Así, en la   Sentencia C-590 de 2005 atrás citada, se determinaron como requisitos generales   de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, los   siguientes:    

“a. Que la cuestión que se discuta resulte   de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez   constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y   marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que   corresponde definir a otras jurisdicciones[29]. En consecuencia, el   juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la   cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia   constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.    

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-  de   defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar   la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[30].   De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales   ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.    De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de   protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las   distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción   constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un   desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.    

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se   hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho   que originó la vulneración[31].   De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o   aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de   cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales   se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos   institucionales legítimos de resolución de conflictos.    

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma   tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que   afecta los derechos fundamentales de la parte actora[32].   No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la   irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como   ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes   de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente   de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación   del juicio.    

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que   generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal   vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[33].   Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a   rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas   por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al   fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que   la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al   momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.    

f. Que no se trate de sentencias de tutela[34]. Esto por cuanto los   debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse   de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas   a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del   cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala   respectiva, se tornan definitivas.”     

Ahora bien, si   en el caso concreto se encuentran cumplidos los requisitos genéricos antes   mencionados, será necesario acreditar, además, que se haya configurado alguna de   las denominadas causales específicas de procedibilidad, que constituyen defectos   o vicios en los que puede incurrir la autoridad judicial al momento de proferir   sus decisiones. Ellos también fueron sintetizados por la sentencia de   constitucionalidad en cuestión, así:    

“… [A]hora, además de los requisitos   generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una   sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales   especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En   este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra   una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o   defectos que adelante se explican.    

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando   el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,   absolutamente, de competencia para ello.    

b. Defecto procedimental absoluto, que se   origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento   establecido.    

c.  Defecto fáctico, que surge cuando   el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal   en el que se sustenta la decisión.    

d. Defecto material o sustantivo, como son   los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[35]  o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la   decisión.    

e. Error inducido, que se presenta cuando el   juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo   condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.    

g.  Desconocimiento del precedente,   hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece   el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley   limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como   mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente   vinculante del derecho fundamental vulnerado[36].    

h.  Violación directa de la   Constitución.    

Estos eventos en que procede la acción de   tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía   de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en   los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata   de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”[37]    

En suma, la   acción de tutela contra providencias judiciales es procedente de manera   excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales para su    procedibilidad y se configure alguna de las causales específicas definidas por   esta Corporación.    

De otro lado,   y dado que en el presente asunto la señora Mabel María Jabib Flórez cuestiona   las decisiones proferidas por los jueces laborales, quienes  negaron el   reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y no aplicaron en su favor el   principio por ella invocado de la condición más beneficiosa, la Sala encuentra   necesario referirse a dicho principio para definirlo y diferenciarlo, y,   posteriormente delimitarlo en su particular situación de hecho.    

6.4. Los principios protectores de   favorabilidad, in dubio pro operario y condición más beneficiosa, como criterios de interpretación en el   análisis de casos concretos que involucren la protección del derecho a la   seguridad social    

El artículo 53 de la Constitución, contiene los   principios mínimos fundamentales del derecho laboral. Así, la citada disposición   Superior garantiza la protección de la “situación más favorable al   trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes   formales del derecho”[38],  a través de dos principios hermenéuticos: (i) favorabilidad en sentido   estricto e (ii) in dubio pro operario[39]. “A su   turno, derivado de la prohibición de menoscabo de los derechos de los   trabajadores (Art. 53 y 215 C.P.) se desprende (iii) la salvaguarda de las   expectativas legítimas mediante la aplicación del criterio de la condición más   beneficiosa al trabajador o beneficiario de la seguridad social”[40].    

Los anteriores postulados que orientan la   aplicación e interpretación de los derechos al trabajo y la seguridad social,   serán estudiados a continuación.    

6.4.1.        Los principios de favorabilidad e in dubio pro operario    

El principio de favorabilidad “se   consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal”[41].  Determina “en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para   el trabajador”[42].    

Sobre su aplicación, ha dicho este Tribunal   Constitucional lo siguiente:    

“[S]e aplica en aquellos casos en que surge   duda en el operador jurídico sobre cuál es la disposición jurídica aplicable al   momento de resolver un asunto sometido a su conocimiento, al encontrar que dos o   más textos legislativos vigentes al momento de causarse el derecho, gobiernan la   solución del caso concreto. En estos eventos los cánones protectores de los   derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la elección de la   disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador, o al afiliado o   beneficiario del sistema de seguridad social. El texto legal así escogido debe   emplearse respetando el principio de inescindibilidad o conglobamento, es decir,   aplicarse de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo   al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo   más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones   jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido.    

29. El legislador desarrolló el principio de   favorabilidad en armonía con el criterio de conglobamento en el artículo 21 del   Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes términos: “Normas más   favorables. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación   de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador.   La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad” (énfasis añadido).   En acuerdo con el anterior precepto, el artículo 20 del mismo cuerpo normativo   expresa: “Conflictos de leyes. En   caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras, prefieren   aquéllas”. Cabe precisar, sin embargo, que el criterio de inescindibilidad o   conglobamento no es absoluto y por ello admite diversas limitaciones atendiendo   a criterios de razonabilidad y proporcionalidad analizables en cada caso   concreto (Infra 59 y 60)”[43]. (Negrita original).    

6.4.2.      Sobre el   principio in dubio por operario[44]  (favorabilidad en sentido amplio), se dijo en la jurisprudencia ya citada que:    

“[I]mplica que una o varias disposiciones   jurídicas aplicables a un caso, permiten la adscripción de diversas   interpretaciones razonables dentro de su contenido normativo, generando duda en   el operador jurídico sobre cuál hermenéutica escoger[45]. En esta hipótesis el   intérprete debe elegir la interpretación que mayor amparo otorgue al trabajador[46].    

33. Mientras el principio de favorabilidad   en sentido estricto recae sobre la selección de una determinada disposición   jurídica, el principio in dubio pro operario lo hace sobre el ejercicio   interpretativo efectuado por el juzgador al identificar el contenido normativo   de una disposición jurídica. Para la Corte Constitucional “la “duda” que da   lugar a la aplicación de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario   “debe revestir un carácter de seriedad y objetividad, pues no sería dable que   ante una posición jurídicamente débil, deba ceder la más sólida bajo el   argumento que la primera es la más favorable al trabajador. En ese orden, la   seriedad y la objetividad de la duda dependen a su vez de la razonabilidad de   las interpretaciones. En efecto, la fundamentación y solidez jurídica de las   interpretaciones, es la que determina que la duda que se cierna sobre el   operador jurídico, sea como tal una duda seria y objetiva”.[47]  Igualmente, la Sala precisa que la duda que surge en este contexto es de   carácter normativo, por esa razón no es posible la utilización de estos   principios en caso de incertidumbre sobre la ocurrencia de un aspecto fáctico,   esto es, en el escenario de la prueba de los hechos[48]”[49].    

Es menester aclarar que la jurisprudencia   constitucional ha reconocido la distinción que se presenta entre los principios   de favorabilidad e in dubio pro operario[50]. Sin embargo,   “debido a la estrecha similitud de ambos conceptos y su confección en el   artículo 53 superior[51],   ha empleado una terminología única para explicar sus alcances”[52]. Así,   ha dispuesto que “[l]a favorabilidad opera no   sólo cuando existe conflicto entre dos [disposiciones jurídicas] de distinta   fuente formal, o entre dos [disposiciones jurídicas] de idéntica fuente, sino   también cuando existe una sola [disposición jurídica] que admite varias   interpretaciones dentro de los parámetros de razonabilidad y partiendo de la   jurisprudencia y doctrina pertinentes”[53].    

6.4.3.        El principio de la condición más beneficiosa    

El operador judicial debe acudir al criterio   hermenéutico de la condición más beneficiosa en favor del afiliado o   beneficiario de la seguridad social, para analizar los asuntos sometidos a su   conocimiento.    

Tanto la Corte Constitucional, como la Sala   de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, han sostenido que el   principio de la condición más beneficiosa se encuentra plasmado en la   Constitución, el bloque de constitucionalidad y la legislación nacional.    

La   Corte Constitucional, en la construcción de dicho principio, señaló en la   Sentencia C-168 de 1995 lo siguiente:      

“De otra parte, considera la Corte que la “condición   más beneficiosa” para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada   mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia   laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien   corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o   benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En   nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en   los siguientes términos: “situación más favorable al trabajador en caso de duda   en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”, precepto   que debe incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.    

De conformidad con este mandato, cuando una misma   situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho   (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien   ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más   beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo   cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos   normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite   varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su   integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más   ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.    

El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 21,   contempla el principio de favorabilidad, así: “En caso de conflicto o duda sobre   la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al   trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad”; se parte   entonces del presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales vigentes   que regulan una misma situación en forma diferente, evento en el cual habrá de   aplicarse la norma que resulte más benéfica para el trabajador. Dicho principio   difiere del “in dubio pro operario”, según el cual toda duda ha de resolverse en   favor del trabajador; porque en este caso tan sólo existe un precepto que   reglamenta la situación que va a evaluarse, y como admite distintas   interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más favorable al   trabajador”.    

La   anterior providencia hizo carrera y ha sido reiterada, entre otras   oportunidades, por este Tribunal, así:    

“[…] [E]l principio de la “condición más beneficiosa” se complementa con el de   favorabilidad, consagrado expresamente en los artículos 53 de la Carta Política   y 21 del Código Sustantivo del Trabajo[54], para ampliar el   espectro de protección de los derechos del trabajador. De acuerdo con el último   en mención, frente a la interpretación disonante de una o varias normas que   regulan de manera diferente el mismo supuesto de hecho, el operador jurídico   está obligado a acoger la más favorable a los intereses del trabajador. Así, a   juicio de la Corte, ‘la favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe   conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de   idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias   interpretaciones […]”[55].    

Por su parte, la Sala de Casación Laboral de   la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que el principio de la condición   más beneficiosa encuentra respaldo en el ordenamiento constitucional y en los   Convenios sobre derechos humanos laborales ratificados por Colombia, en   particular en el artículo 53 Superior y el artículo 19.8 de la Constitución de   la OIT, respectivamente. En ese sentido ha señalado lo siguiente:    

“Como lo ha puesto de   presente esta Corporación en otras ocasiones, el legislador tradicionalmente ha   protegido la <condición más  beneficiosa> aunque la misma no se halle expresa y   claramente instituida en una norma o precepto legal, ello mediante la  consagración de regímenes razonables de transición que procuran mantener   los aspectos favorables de la normatividad social modificada o abolida y   proteger los derechos adquiridos o las expectativas legítimas de los   trabajadores o afiliados a la seguridad social; al igual que al   establecer  categóricamente tanto el constituyente como el legislador, que la nueva ley no   puede “menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de   los trabajadores” (resalta la Sala) para el presente caso -afiliados y sus   beneficiarios-, conforme se desprende de lo expresado en el último inciso  del artículo 53 de la Carta Superior y del artículo 272 de la Ley 100 de   1993.||Es por lo dicho, que al interior de esta Sala de Casación se ha venido   aceptado la <condición más beneficiosa> como un principio legal y   constitucionalmente aplicable a asuntos de seguridad social, en especial en   materia pensional.    

Es más, remitiéndose esta Corporación a las   fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo,   incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la   ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los   términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a   integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de   la Organización Internacional del Trabajo OIT no se oponen a la aplicación de la   condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la   orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el   artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que “En ningún caso podrá   considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la   Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro,   menoscabará  cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los   trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el   convenio o en la recomendación” [56]. (Énfasis y subrayado, en el original).    

Del mismo modo, la Sala de Casación Laboral   de la Corte Suprema de Justicia, extractó los contenidos fundamentales de dicho   principio y explicó las diferencias y similitudes con los principios de   favorabilidad e indubio pro operario:    

“La condición más beneficiosa, tiene   adoctrinado la Sala, entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera   o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen   pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho   adquirido, se ubican en una posición intermedia habida cuenta que poseen una   situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su   integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley derogada. A   ellos, entonces, se les debe aplicar la disposición anterior, es decir, la   vigente para el momento en que las satisfizo. En ese horizonte, ha enseñado esta   Corporación que tratándose de derechos que no se consolidan por un solo acto   sino que suponen una situación que se integra mediante hechos sucesivos, hay   lugar al derecho eventual, que no es definitivo o adquirido mientras no se   cumpla la última condición, pero que sí implica una situación concreta protegida   por la ley, tanto en lo que atañe al acreedor como al deudor, por lo que supera   la mera o simple expectativa.||4º) Los principios de favorabilidad e indubio pro   operario difieren de la condición más beneficiosa.||El primero se presenta en   caso de duda sobre la aplicación de normas vigentes  de trabajo.||Las características primordiales son: (i) la duda surge sobre la   aplicación  de dos o más normas, entendidas éstas como “un enunciado hipotético al cual se   enlaza una determinada consecuencia jurídica”; (ii) las disposiciones deben ser   válidas y estar en vigor; (iii) deben regular la misma situación fáctica, y (iv)   al emplearse debe respetarse el principio de la inescindibilidad o   conglobamento, es decir, la norma escogida no solamente se utiliza íntegramente,   sino como un todo, como un cuerpo o conjunto normativo.||A contrario sensu, el   principio in dubio pro operario, se presenta cuando frente a una misma   norma laboral surgen varias interpretaciones  sensatas, la cual implica la escogencia del ejercicio hermenéutico que más le   favorezca al trabajador. Además, tiene como particularidades las siguientes: (i)   su aplicación se restringe para aquellos eventos en que nazca  en el juez   una duda en la interpretación, es decir, si para él no existe, así la norma   permita otras interpretaciones, no es obligatorio su empleo; (ii) los jueces no   están obligados en todos los casos a acoger como correctas las interpretaciones   que de las normas propongan las partes, tanto demandante como demandado, y (iii)    no se hace extensivo a los casos en que al juzgador pueda surgirle incertidumbre   respecto de la valoración de una prueba, esto es, la que resulta de defecto o   insuficiencia en la prueba de los hechos, dado que el artículo 61 del Código   Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social consagra la potestad de los jueces   de formar libremente su convencimiento y no los sujeta a una tarifa legal de   prueba.||Por último, la condición más beneficiosa, se distingue porque: (i)   opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen de   transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii) el   destinatario posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida, dado   que con la nueva ley se le desmejora.||Por lo brevemente expuesto se concluye   que, si bien todas las reglas en precedencia son manifestaciones palpables de   los postulados proteccionistas y tuitivos del derecho laboral y de la seguridad   social, difieren entre si, por que, se reitera,  la primera, se refiere al   conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes  de trabajo, la segunda  alude a duda en la interpretación de una   norma   y, la tercera, a la sucesión normativa, que implica la verificación entre   una norma derogada y una vigente”[57].  (Énfasis y subrayado en el   original).    

Con   base en lo anterior, se tiene que es amplia la línea jurisprudencial de esta   Corporación, desarrollada a partir de lo dispuesto en la Constitución Política,   los tratados internacionales y la ley, con base en la cual se le puede permitir   a los trabajadores acceder a las prestaciones establecidas en el sistema general   de seguridad social en pensiones, dando aplicación a los principios de   favorabilidad, in dubio pro operario y la condición más beneficiosa.    

VII. Caso   Concreto    

7.1. Antecedentes    

7.1.1.      Una vez fallecido   el señor Álvaro León Pretelt Naranjo el 23 de mayo de 2010, la señora Mabel   María Jabib Flórez, en su condición de cónyuge supérstite, el primero de julio   de 2010 le solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes   conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, dicha   prestación le fue negada mediante Resolución No. 017604 del 25 de noviembre de   2010, con el argumento de que su cónyuge fallecido no había cotizado 50 semanas   en los tres años anteriores a la fecha de su muerte, tal y como lo exige el   artículo 12 de la Ley 797 de 2003, vigente al momento de su deceso.    

7.1.2.      Contra la   Resolución del ISS No. 017604 del 25 de noviembre de 2010, la accionante   presentó los recursos de reposición y apelación, no obstante, la decisión   contenida en ella se mantuvo por el referido Instituto.    

7.1.3.      Por lo anterior,   mediante apoderado judicial la actora presentó demanda ordinaria laboral contra   el ISS, para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en   cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de su causación y   demás prestaciones adicionales.    

7.1.4.      Dicha demanda en   primera instancia correspondió al Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del   Circuito de Montería, autoridad judicial que resolvió que no había lugar a   aplicar en favor de la accionante el principio de la condición más beneficiosa,   porque el mismo se debe observar cuando hay transición legislativa y, dado que   el régimen de transición establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993   solo cobija a la pensión de vejez, dicho principio “no es aplicable a la   contingencia pretendida”[58].   Así, el a quo negó las pretensiones de la demanda, sobre la base de que   el causante no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a su fallecimiento,   tal y como lo exige el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.    

7.1.6.      Como consecuencia   de lo anterior, la señora Mabel María Jabib Flórez, interpuso acción de tutela   en contra de las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Tercero Adjunto   al Primero Laboral del Circuito de Montería y, por la Sala Primera de Decisión   del Tribunal Superior de la misma ciudad. Considera que dichas autoridades   judiciales, trasgredieron sus derechos fundamentales, al haberle negado el   reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho, en su   calidad de cónyuge supérstite del señor Álvaro León Pretelt Naranjo.    

7.1.7.      En el escrito de   tutela, expuso que trasgrede sus derechos fundamentales, el hecho de que no le   hayan reconocido la pensión de sobrevivientes. Por lo anterior, solicita que se   aplique en su favor el principio de la condición más beneficiosa, para que se le   otorgue la prestación a la que tiene derecho, bien porque antes de la entrada en   vigencia de la Ley 100 de 1993 su cónyuge cumplía con el número de semanas   exigidas por el Acuerdo 040 de 1990, o bien, porque para la fecha de su   fallecimiento, su cónyuge cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 46   original de la ley 100 de 1993. Así, solicita se inaplique en su caso concreto   el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por serle desfavorable.    

7.1.8.      Sin embargo, la   Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, juez de tutela de   primera instancia, no concedió el amparo solicitado. En primer lugar, reiteró   que el señor Álvaro León Pretelt Naranjo no cumplió con los requisitos exigidos   por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 46 de la Ley 100 de   1993, que exige que el afiliado debe haber cotizado 50 semanas dentro de los   tres últimos años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, para que sus   beneficiarios puedan reclamar la pensión de sobrevivientes. En segundo lugar,   expuso que de acuerdo con el criterio mayoritario de la Sala, para tener en   cuenta el principio de la condición más beneficiosa, habría de considerarse las   previsiones del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, sin embargo, como la   última cotización válida que reportaba el señor Pretelt Naranjo en su historia   laboral era del 30 de mayo de 2008, aquel para la fecha de su fallecimiento ni   era cotizante activo al sistema ni tenía 26 semanas cotizadas en el año   inmediatamente anterior a tal suceso. Finalmente, la Sala negó el amparo por   incumplir el requisito de inmediatez y porque la actora omitió interponer el   recurso de casación.    

7.1.9.      La accionante   impugnó el anterior fallo reiterando sus pretensiones de la acción de tutela y   rechazando el hecho de que el juez de tutela de primera instancia   solo hubiera tenido como última cotización válida realizada por el señor Pretelt   Naranjo, la del 30 de abril de 2008, para concluir que no era cotizante activo   al momento de su fallecimiento ni tenía 26 semanas cotizadas en el año   inmediatamente anterior a la ocurrencia de tal hecho, lo que impedía aplicar en   su favor la condición más beneficiosa, esto es, la normatividad dispuesta por el   artículo 46 original de la Ley 100 de 1993. La accionante alegó que   no pueden desconocerse los aportes efectuados por su cónyuge fallecido, con el   argumento de que en la historia laboral aparece una anotación que dice “no   registra la relación laboral en afiliación”, dado que los aportes   efectivamente se hicieron por parte de Proaguas C.T.A. -empleador del causante-   y fueron recibidos por el ISS.    

7.1.10.    Finalmente, la Sala de   Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite del recurso de   alzada, confirmó la providencia en su integridad.    

De esta forma,   y de acuerdo con lo que se indicó en el acápite de consideraciones de la   presente providencia, le compete ahora a la Sala determinar, en primer lugar, si   se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela   contra providencias judiciales, para luego, de ser el caso, verificar si en este   asunto se presentó alguno de los defectos sentados por la jurisprudencia.    

7.2. Análisis sobre el cumplimiento de los requisitos generales de   procedibilidad    

·         a. Relevancia   constitucional.    

Encuentra la Sala que en el caso bajo examen   la cuestión que se discute resulta de indudable relevancia constitucional. La   actora, clama por la protección eficiente de sus derechos fundamentales a la   seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana, que   considera trasgredidos por los jueces de conocimiento de su proceso laboral,   quienes no tuvieron en cuenta el principio de la condición más beneficiosa para   otorgar en su favor la pensión de sobrevivientes.    

Así, sobre la base de que la pretensión   principal de la accionante gira en torno al reconocimiento de un derecho de   contenido prestacional, el cual es la pensión de sobrevivientes, la Sala   considera necesario hacer referencia al derecho a la seguridad social, el que   puede ser el principalmente desconocido por las providencias judiciales   censuradas.    

Con tal propósito, se tiene que, según los   lineamientos establecidos en el artículo 48[59]  de la Constitución, la seguridad social es un servicio público y un derecho de   carácter irrenunciable, el cual debe ser prestado por el Estado con fundamento   en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad,   unidad y participación. De igual forma, el sistema general de seguridad social   integral está conformado por los regímenes generales para pensiones, salud,   riesgos laborales y los servicios sociales complementarios definidos en la Ley   100 de 1993[60].    

Por su parte, el SGSSP, establece una amplia   gama de prestaciones asistenciales y económicas que amparan los riesgos de   vejez, invalidez, o muerte, así como también, el derecho a la sustitución   pensional, a la pensión de sobrevivientes y a la indemnización sustitutiva,   entre otras.    

Descendiendo al asunto puesto en   consideración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de   1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la pensión de   sobrevivientes consiste en la garantía que le asiste al grupo familiar de una   persona que fallece siendo afiliada al SGSSP, para reclamar la prestación que se   causa precisamente con tal deceso.    

Así las cosas, la finalidad[61] de la pensión   de sobrevivientes, es que los familiares del afiliado fallecido puedan continuar   recibiendo los beneficios asistenciales y económicos que aquel les   proporcionaba, para que en su ausencia no se vean disminuidas sus condiciones de   vida, ya que “la pensión de sobrevivientes busca impedir que, ocurrida la   muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar   individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento”[62].  Justamente, el objetivo de dicha prestación es “evitar que las personas   allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral”[63]  queden, por el hecho de su muerte, desamparados o desprotegidos.    

Esta Corporación también ha considerado que   dicha prestación se fundamenta en varios principios constitucionales, entre los   cuales se encuentran:    

“[E]l de solidaridad que lleva a brindar   estabilidad económica y social a los allegados al causante; el de reciprocidad,   por cuanto de esta manera el legislador reconoce en favor de ciertas personas   una prestación derivada de la relación afectiva, personal y de apoyo que   mantuvieron con el causante; y el de universalidad del servicio público de la   seguridad social, toda vez que con la pensión de sobrevivientes se amplía la   órbita de protección a favor de quienes probablemente estarán en incapacidad de   mantener las condiciones de vida que llevaban antes del fallecimiento del   causante”[64].    

Asimismo, principios de “justicia retributiva y de   equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador   tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de   viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status laboral del   trabajador fallecido”[65].    

De otro lado, y en relación con la   naturaleza jurídica del derecho a la pensión de sobrevivientes, esta Corporación   ha expuesto que “puede llegar a constituirse en derecho fundamental”[66].  Ha precisado que a pesar de su contenido prestacional, en algunos casos el   desconocimiento de tal prerrogativa puede acarrear la afectación de derechos   constitucionales como la vida, la dignidad, el mínimo vital, la salud, la   igualdad y la seguridad social. De ahí que, la pensión de sobrevivientes puede   adquirir el carácter de fundamental si de su reconocimiento depende la   materialización de garantías de los beneficiarios que se encuentran en situación   de debilidad manifiesta, ya sea por razones de tipo económico, físico o mental.   En esos casos, se debe promover un trato diferencial positivo que asegure la   subsistencia de quien perdió a su ser querido, sin que se altere la situación   social y económica con que contaba en vida del asegurado[67].    

Conforme con lo expuesto, esta Corporación   ha sostenido que la negativa de las Administradoras de Fondos de Pensiones en   reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes a los familiares del   afiliado fallecido, puede constituir una afectación a sus derechos   fundamentales, si como en el caso bajo estudio, la principal beneficiaria es un   adulto mayor, quien no tiene los recursos económicos necesarios para solventar   los gastos que demanda su digna subsistencia y la de su hijo que aún es   estudiante y depende de ella de manera total.    

Así, el caso sub examine es de la   entidad constitucional suficiente para que la Sala pueda proceder a su estudio,   en tanto se trata de la vulneración de un derecho de contenido prestacional que   está en cabeza de un adulto mayor que se encuentra en condiciones debilidad[68],   lo que afecta su mínimo vital, pues su situación económica se hace más gravosa   con la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones en reconocer la   prestación solicitada.    

·         b. Que se hayan   agotado todos los mecanismos judiciales idóneos y adecuados, ordinarios y   extraordinarios antes de acudir a la acción de tutela.    

Una vez fallecido el señor Álvaro León   Pretelt Naranjo, su esposa Mabel María Jabib Flórez, le solicitó al ISS el   reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la que cree tener   derecho. Por su parte, dicha administradora de pensiones negó la prestación   solicitada, sobre la base de que el causante no cumplió con los requisitos que   la ley vigente al momento de muerte exigía para que sus beneficiarios pudieran   acceder a ella. Pese a que la actora interpuso los recursos de reposición y de   apelación en contra de dicha resolución, el ISS mantuvo la decisión adoptada   inicialmente.      

Inconforme con lo anterior, la señora Jabib   Flórez por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda laboral ordinaria   contra el ISS, que fue resuelta de manera desfavorable a sus pretensiones en   primera y en segunda instancia, por el Juzgado Tercero Adjunto al Primero   Laboral del Circuito de Montería y la Sala Primera de Decisión del Tribunal   Superior de la misma ciudad, respectivamente.    

Como puede observarse del anterior recuento,   la actitud de la accionante no ha sido negligente ni pasiva. No obstante, los   jueces de la instancia constitucional censuraron el hecho de que la señora Jabib   Flórez no hubiese interpuesto el recurso extraordinario de casación contra la   sentencia de segunda instancia.    

La explicación que a esta omisión dio la   actora, se basó en que no contaba con los recursos para sufragar los costos de   un abogado casacionista, cuyos honorarios en esa esa época ascendían a la suma   de $5.000.000. A juicio de la Sala, dicha afirmación encuentra justificación en   su situación particular, pues acudió tanto a la vía gubernativa para reclamar   sus derechos como a la jurisdicción ordinaria para hacerlos efectivos, así que   si su obstáculo no hubiese sido económico, probablemente hubiera agotado el   último de sus recursos.    

Efectivamente, vistas las pruebas arrimadas   al expediente, esto es la resolución por medio de la cual se le reconoció la   pensión de vejez a la actora por parte del ISS y el monto de la misma[69],   así como también los recibos de los servicios públicos que debe cancelar y las   certificaciones de cada uno de los pasivos por los que debe responder[70],   es razonable que la señora Jabib Flórez no haya tenido recursos económicos   suficientes para cancelar en esa época la elevada suma que le fue cobrada por   tramitar el recurso extraordinario ante la Sala de Casación Laboral de la Corte   Suprema de Justicia.    

Pero además de lo anterior, cabe advertir, a   partir de lo relatado, que la existencia formal de medios de defensa judicial no   necesariamente impide que la actora hubiese podido acudir al mecanismo tutelar,   examinadas las particulares circunstancias del caso. Así, lo que surge de las   pruebas del expediente de la referencia, es que la accionante en su momento no   tuvo medios económicos para sufragar el costo de los honorarios que le cobraron   y, hoy día, aparece claro que el juez constitucional no puede hacer prevalecer   un procedimiento cuyos términos ya vencieron, por encima de derechos   sustanciales de elevado rango constitucional[71]  que son imprescriptibles y cuya violación tiene un carácter permanente.    

Con   base en lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto la acción   también se encuentra procedente, pues no hay mecanismo judiciales ordinarios ni   extraordinarios a los que la actora pueda acudir a efectos de reclamar la   prestación requerida.    

·         c. Requisito de   inmediatez.    

La Corte ha considerado que la oportunidad en la presentación de la   acción de tutela tiene una relación directa con el objetivo que la Constitución   le atribuye de brindar “protección   actual, inmediata y efectiva[72]  a los derechos fundamentales.    

Ya esta Corporación ha tenido oportunidad de   explicar que establecer un término perentorio para el ejercicio de la acción de   tutela es inconstitucional[73],   pues las acciones para la defensa de los derechos fundamentales no caducan. Sin   embargo, también ha señalado que la acción debe interponerse dentro de un “plazo   razonable”[74]. Así, ha expuesto que “en algunos casos,   seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela   improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar   razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las   particularidades del caso[75]”[76].    

No obstante, ha señalado esta Corporación que el juez debe evaluar (i) si existe un motivo válido para la   inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad injustificada vulnera   el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y;   (iii) si existe un nexo causal   entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos   fundamentales del interesado, con el fin de establecer si el lapso transcurrido   entre la posible vulneración y la presentación del amparo resulta razonable[77].    

Igualmente, ha sostenido este Tribunal que   la inmediatez debe analizarse de manera menos rigurosa (i) cuando   se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo[78] y que, pese a   que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la   presentación de la tutela, la situación es continua y actual y, (ii)    cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus   derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga   de acudir al juez constitucional, por ejemplo, el estado de indefensión,   interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.[79]  Por ello, esta Corte ha señalado que, según las circunstancias de cada caso, es   el juez constitucional quien debe evaluar la razonabilidad del tiempo que ha   trascurrido entre la situación que produce la afectación de los derechos y la   presentación de la acción, a fin de determinar si se encuentra satisfecho el   requisito de la inmediatez[80].    

En el caso sub iudice, la señora   Jabib Flórez manifestó que presentó la acción de tutela una vez conoció de la   sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 3   de julio de 2013, en la que se dio aplicación al principio de la condición más   beneficiosa por ella reclamado. Además, señaló que como su pretensión es de tipo   pensional y dado que a la fecha continúa sin dicha prestación, la vulneración a   sus derechos permanece, por lo que la acción de amparo en su caso resulta   procedente.    

Así, como lo ha reconocido esta Corporación   en abundante jurisprudencia[81],   a la actora le asiste razón cuando expone que el derecho a reclamar la pensión   de sobrevivientes es imprescriptible y, por lo tanto, la amenaza o vulneración   del mismo se prolonga indefinidamente en el tiempo, pudiendo ser objeto de   reclamación judicial en cualquier momento[82].   Con base en lo anterior, contrario a lo expresado por los jueces de instancia,   en el caso presente la acción de amparo cumple con el requisito de inmediatez,   en tanto la accionante reclama el otorgamiento de un derecho de carácter   prestacional que aún no le ha sido concedido, de manera que, por tratarse de una   persona a quien la vulneración de sus garantías permanece en el tiempo ya que la   circunstancia que afecta su derecho a la seguridad social continúa, la   posibilidad que tiene de reclamar la pensión de sobrevivientes es   imprescriptible, pudiendo hacerlo en cualquier momento.    

·         d.  Si lo que se alega es   la existencia de una irregularidad procesal, debe ser evidente que la misma   tiene a) un efecto decisivo en la sentencia que se impugna y b) afecta los   derechos fundamentales del accionante, salvo cuando se trate de una prueba   ilícita obtenida con violación de esos derechos    

En el presente asunto no se alega una   irregularidad de tipo procesal, sino la nugatoria de un derecho de contenido   prestacional con base en una   norma que no resulta aplicable al caso concreto.    

·         e. Que la parte actora identifique de manera   razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos   vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre   que esto hubiere sido posible    

En el asunto bajo estudio, la señora Mabel María Jabib Flórez, identifica de   manera razonable los hechos que generan la vulneración y los derechos   fundamentales que le son trasgredidos. Lo anterior, de igual forma, fue alegado   en el proceso ordinario laboral que se surtió ante los despachos demandados.    

Así bien, la actora manifiesta que la nugatoria a su pretensión, que se   fundamentó en el hecho de que el causante no acreditó los requisitos exigidos   por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 46 de la Ley 100 de   1993, vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la   dignidad humana, a la equidad y a la recta aplicación de la administración de   justicia.    

En consecuencia, solicita en la instancia constitucional, tal y como lo solicitó   ante los jueces laborales, que con base en el principio de la condición más   beneficiosa, se le otorgue la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho,   bien porque antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, su cónyuge   tenía cotizadas el número de semanas exigidas por el Acuerdo 040 de 1990, o   bien, porque para la fecha de fallecimiento del causante, aquel cumplía con los   requisitos del artículo 46 original de la ley 100 de 1993. En conclusión, pide   que se inaplique en su caso concreto el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por   no serle favorable.     

De tal modo, se concluye, que el requisito   objeto de estudio también está acreditado.    

·         f. Que el fallo   controvertido no sea una sentencia de tutela.    

En el presente asunto se controvierten las   sentencias proferidas en primera y en segunda instancia por el Juzgado Tercero   Adjunto al Primero Laboral de Montería, el 13 de diciembre de 2011 y, por la   Sala Primera de Decisión del Tribunal de Montería, el 10 de agosto de 2012,   dentro del proceso ordinario laboral interpuesto por la señora María Jabib   Flórez contra el ISS.    

De manera que, los fallos controvertidos no   son sentencias de tutela, por lo que este requisito también se encuentra   satisfecho.     

7.3. Análisis de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de   tutela contra providencias judiciales. Defecto material o sustantivo    

Una vez acreditados los requisitos generales   de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala   asumirá el análisis de los requisitos específicos de procedibilidad exigidos por   la jurisprudencia constitucional.    

Si bien, en el escrito de tutela la   accionante solo mencionó que las autoridades judiciales trasgredieron sus   derechos fundamentales “por haber incurrido en una vía de hecho”[83],   no expuso con nombre propio el o los defectos en los que hubiesen incurrido las   providencias judiciales censuradas.    

Sin embargo, a la luz de las reglas que ha establecido la   jurisprudencia para el efecto,   cuando una autoridad judicial o administrativa niega una pensión con base en una   norma que no resulta aplicable al caso, la providencia judicial o el acto   administrativo respectivo, adolece de un defecto sustantivo[84].   De modo que, será dicho defecto el que se estudiará por esta Sala de Revisión.    

En relación con lo anterior, esta   Corporación ha reconocido que se configura un defecto sustantivo cuando se   decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al   caso concreto. También ha dispuesto este Tribunal, que la autonomía e   independencia de las autoridades judiciales no es absoluta, puesto que la tarea   de interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra limitada por el   respeto a los derechos fundamentales de las partes involucradas en el proceso[85].    

En este sentido, como ha sido perfilado por la jurisprudencia   constitucional, se está ante un defecto sustantivo siempre que: (i) la   decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso   concreto, por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso[86],   no se encuentra vigente por haber sido derogada[87],   o ha sido declarada inconstitucional[88]; (ii) a pesar del amplio   margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades   judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso   concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su   alcance[89];  (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras   disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una   interpretación sistemática[90]; (iv) cuando la norma   pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada[91];   o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuestión   está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual   se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los   expresamente señalados por el legislador[92].    

7.4. En el caso bajo estudio, la actora plantea,   básicamente, que las providencias del Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de   Montería y de la Sala Primera   de Decisión del Tribunal Superior de la misma ciudad, jueces que conocieron de   su proceso laboral en contra del ISS en primera y en segunda instancia,   incurrieron en una vía de hecho por no haber aplicado en su caso la ley   pensional teniendo en cuenta el principio de la condición más beneficiosa, lo   que “perjudicó sus legítimos intereses[93]”.    

Así, en primera instancia, el Juzgado Tercero Adjunto al Primero   Laboral del Circuito de Montería, resolvió que la accionante no podía ser   beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, sobre la base de que su cónyuge   fallecido no había cotizado 50 semanas en los tres últimos años inmediatamente   anteriores a la fecha de su deceso, por lo que no cumplía los requisitos   establecidos por la Ley 797 de 2003. De igual forma, expuso que no había lugar a   aplicar en su favor el principio de la condición más beneficiosa, porque el   mismo se debe observar cuando hay transición legislativa y, dado que el régimen   de transición establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo cobija a   la pensión de vejez, dicho principio “no es aplicable a la   contingencia pretendida”[94].    

Por su parte, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de Montería,   como juez de segunda instancia, confirmó íntegramente lo decidido por el a   quo. El Superior, adujo que el principio de la condición más beneficiosa es   aplicable cuando hay tránsito legislativo, de lo contrario debe acatarse lo   dispuesto por el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Concluyó que,   dado que el afiliado murió en vigencia de la Ley 797 de 2003, no es posible   utilizar la condición más beneficiosa para favorecer a sus beneficiarios con   legislaciones laborales más garantistas, en tanto que para acoger tal principio,   es necesario que la legislación a inaplicar establezca requisitos más exigentes   que los establecidos en la normatividad anterior y, ese no es el caso del   artículo 12 de la Ley 797 de 2003.    

7.5. Descendiendo al caso bajo estudio, vistas las pruebas   arrimadas al expediente, se tiene que la historia laboral del señor Álvaro León   Pretelt Naranjo, según el ISS y Colpensiones, es la siguiente:    

(i.i.) Historia laboral del señor Álvaro   León Pretelt Naranjo, según el ISS:    

(i.i.i.) Resumen de semanas   cotizadas por empleador    

        

[1]Identificación del empleador                    

[2]Nombre o           Razón Social                    

[3]Desde                    

[4]Hasta                    

[5]Último    

Salario                    

[6]Semanas                    

[7]Lic.                    

[8]Sim.                    

[9]Total   

18015100001                    

ELECTRIFICADORA           BOLIVAR S.A.                    

01/12/1977                    

21/02/1979                    

$9.480                    

64,0                    

0                    

0                    

64,00   

22015100001                    

ELECTROCORDOBA           S.A                    

01/01/1980                    

01/10/1980                    

$21.420                    

39,29                    

0                    

0                    

39,29   

22025100002                    

ELECTROCORDOBA           S.A                    

01/10/1980                    

$30.150                    

39,14                    

0    

                     

0                    

39,00   

22015100001                    

ELECTROCORDOBA           S.A                    

01/04/1981                    

24/09/1992                    

$399.150                    

599,29                    

0                    

13                    

586,15   

22019800990                    

PRETELT NARANJO           ALVARO LEON                    

12/11/1992                    

31/07/1993                    

$234.720                    

37,43                    

0                    

37,43   

22019800990                    

PRETELT NARANJO           ALVARO LEON                    

01/09/1993                    

31/12/1994                    

$234.720                    

69,57                    

0                    

0                    

69,57   

19088845                    

PRETELT NARANJO           ALVARO LEON                    

01/01/1995                    

28/02/1995                    

$234.720                    

4,86                    

0                    

0                    

4,86   

19088845                    

PRETELT NARANJO           ALVARO LEON                    

01/04/1995                    

31/07/1995                    

$234.720                    

17,14                    

0                    

0                    

17,14   

19088845                    

PRETELT NARANJO           ALVARO LEON                    

01/09/1995                    

31/10/1995                    

8,57                    

0                    

0                    

8,57   

19088845                    

PRETELT NARANJO           ALVARO LEON                    

01/12/1995                    

31/12/1995                    

$234.720                    

4,29                    

0                    

0                    

4,29   

19088845                    

PRETELT NARANJO           ALVARO LEON                    

01/01/1996                    

31/01/1996                    

$284.250                    

4,14                    

0                    

0                    

4,14   

19088845                    

PRETELT NARANJO           ALVARO LEON                    

01/02/1996                    

31/03/1996                    

$300.000                    

8,57                    

0                    

0                    

8,57   

19088845                    

PRETELT NARANJO           ALVARO LEON                    

01/02/2006                    

28/02/2006                    

$408.000                    

4,29                    

0                    

0                    

4,29   

19088845                    

PRETELT NARANJO           ALVARO LEON                    

01/04/2008                    

30/04/2008                    

$750.000                    

4,14                    

0                    

0                    

4,14   

805026991                    

PROAGUAS CTA                    

01/10/2009                    

31/12/2009                    

12,86                    

0                    

0                    

12,86   

805026991                    

PROAGUAS CTA                    

01/01/2010                    

31/01/2010                    

$515.000                    

4,29                    

0                    

0                    

4,29   

805026991                    

PROAGUAS CTA                    

01/02/2010                    

30/04/2010                    

$1.200.000                    

12,86                    

0                    

0                    

12,86   

805026991                    

PROAGUAS CTA                    

01/05/2010                    

31/05/2010                    

$920.000                    

3,29                    

0                    

0                    

3,20   

                     

TOTAL SEMANAS           COTIZADAS:    924,71    

i.i.ii. Detalle de pagos   efectuados a partir de 1995    

        

10]    

Identificación    

Empleador                    

[11]Nombre o Razón Social    

                     

[12]    

RA                    

[13]    

Periodo                    

[14]    

Fecha de    

Pago                    

[15]    

Ref. de    

Pago                    

[16]IBC    

Reportado                    

[17]    

[18]    

Cotización Mora sin intereses                    

[19]    

Nov                    

[20]    

Días Rep                    

[21]    

Días    

Cot                    

[22]Observación   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199501                    

09/02/1995                    

11270301000799                    

$234.720                    

$4.013                    

-$25.327                    

                     

30                    

4                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199502                    

09/02/1995                    

11270301000798                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199504                    

03/04/1995                    

11270301002824                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199505                    

04/05/1995                    

50066001002554                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199506                    

05/06/1995                    

50066001003328                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199507                    

05/07/1995                    

50066001004192                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199509                    

01/09/1995                    

50066001007198                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199510                    

03/10/1995                    

50066001007971                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199512                    

05/12/1995                    

50066001009293                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199601                    

25/01/1996                    

50066001010380                    

$284.250                    

$36.784                    

                     

30                    

29                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199602                    

14/02/1996                    

11270301022845                    

$300.000                    

$40.499                    

-$1                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199603                    

07/03/1996                    

50066001010738                    

$300.000                    

$40.500                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

200602                    

21/02/2006                    

52055003008249                    

$408.000                    

$63.240                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

NO                    

200804                    

30/04/2008                    

40270301040037                    

$117.163                    

-$2.837                    

                     

30                    

29                    

Pagó como           Trabajador Independiente   

805026991                    

PROAGUAS CTA                    

NO                    

200910                    

23/11/2009                    

88P20004790495                    

$497.000                    

$79.147                    

-$373                    

                     

30                    

0                    

Pago aplicado al           periodo declarado   

805026991                    

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NO                    

200911                    

21/12/2009                    

88P20004998166                    

$497.000                    

$79.202                    

-$318                    

                     

30                    

0                    

Pago aplicado al           periodo declarado   

805026991                    

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NO                    

200912                    

20/01/2010                    

88P20005779375                    

$497.000                    

$79.218                    

-$302                    

                     

30                    

0                    

Pago aplicado al           periodo declarado   

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NO                    

201001                    

16/02/2010                    

88P20006271839                    

$515.000                    

$82.091                    

-$309                    

                     

30                    

0                    

Pago aplicado al           periodo declarado   

805026991                    

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NO                    

201002                    

18/03/2010                    

88P20006683008                    

$1.200.000                    

$191.993                    

-$7                    

                     

30                    

0                    

Pago aplicado al           periodo declarado   

805026991                    

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NO                    

201003                    

21/04/2010                    

88P20007013395                    

$1.200.000                    

$191.999                    

                     

30                    

0                    

Pago aplicado al           periodo declarado   

805026991                    

PROAGUAS CTA                    

NO                    

201004                    

19/05/2010                    

84P28401044774                    

$1.200.000                    

$192.000                    

$0                    

                     

30                    

0                    

Pago aplicado al           periodo declarado   

805026991                    

PROAGUAS CTA                    

NO                    

201005                    

21/06/2010                    

88P20007534349                    

$920.000                    

$147.199                    

-$1                    

R                    

23                    

0                    

Pago aplicado al           periodo declarado      

(i.ii.) Historia laboral del señor Álvaro   León Pretelt Naranjo, según Colpensiones    

(i.ii.i) Resumen de semanas   cotizadas por empleador    

        

[1]Identificación del empleador                    

[3]Desde                    

[4]Hasta                    

[5]Último    

Salario                    

[6]Semanas                    

[7]Lic.                    

[8]Sim.                    

[9]Total   

18015100001                    

ELECTRIFICADORA           BOLI                    

01/12/1977                    

21/02/1979                    

$9.480                    

64,0                    

0,00                    

0                    

64,00   

22015100001                    

ELECTROCORDOBA           S.A                    

01/01/1980                    

01/10/1980                    

$21.420                    

39,29                    

0,00                    

0                    

39,29   

22025100002                    

ELECTROCORDOBA           S.A                    

01/10/1980                    

01/07/1981                    

$30.150                    

39,14                    

0,00                    

0,14                    

39,00   

22015100001                    

ELECTROCORDOBA           S.A                    

01/04/1981                    

24/09/1992                    

$399.150                    

599,29                    

0,00                    

13,14                    

586,15   

22019800990                    

PRETELT NARANJO           ALVA                    

12/11/1992                    

31/07/1993                    

$234.720                    

37,43                    

0,00                    

37,43   

22019800990                    

PRETELT NARANJO           ALVA                    

01/09/1993                    

31/12/1994                    

$234.720                    

69,57                    

0,00                    

0,00                    

69,57   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARAN                    

01/01/1995                    

28/02/1995                    

$234.720                    

4,86                    

0,00                    

0,00                    

4,86   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARAN                    

01/04/1995                    

31/07/1995                    

$234.720                    

17,14                    

0,00                    

0,00                    

17,14   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARAN                    

01/09/1995                    

$234.720                    

8,57                    

0,00                    

0,00                    

8,57   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARAN                    

01/12/1995                    

31/12/1995                    

$234.720                    

4,29                    

0,00                    

0,00                    

4,29   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARAN                    

01/01/1996                    

31/01/1996                    

$284.250                    

4,14                    

0,00                    

0,00                    

4,14   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARAN                    

01/02/1996                    

31/03/1996                    

$300.000                    

8,57                    

0,00                    

0,00                    

8,57   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARAN                    

01/02/2006                    

28/02/2006                    

$408.000                    

4,29                    

0,00                    

0,00                    

4,29   

19088845                    

01/04/2008                    

30/04/2008                    

$750.000                    

4,14                    

0,00                    

0,00                    

4,14   

805026991                    

PROAGUAS CTA                    

01/10/2009                    

31/12/2009                    

$497.000                    

0,00                    

0,00                    

0,00                    

0,00   

805026991                    

PROAGUAS CTA                    

01/01/2010                    

31/01/2010                    

$515.000                    

0,00                    

0,00                    

0,00                    

0,00   

805026991                    

PROAGUAS CTA                    

01/02/2010                    

30/04/2010                    

$1.200.000                    

0,00                    

0,00                    

0,00                    

0,00   

805026991                    

PROAGUAS CTA                    

01/05/2010                    

31/05/2010                    

$920.000                    

0,00                    

0,00                    

0,00                    

0,00   

                     

TOTAL SEMANAS           COTIZADAS:    891,43    

       

(i.ii.ii) Detalle de pagos efectuados a   partir de 1995    

        

[11]    

Identificación    

[12]Nombre o Razón Social    

                     

[13]    

RA                    

[14]    

Periodo                    

[15]    

Fecha de    

Pago                    

[16]    

Ref. de    

Pago                    

[17]IBC    

Reportado                    

[18]    

Cotización                    

[19]    

Cotización Mora sin intereses                    

[20]    

Nov                    

[21]    

Días Rep                    

[22]    

Días    

Cot                    

[23]Observación   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199501                    

09/02/1995                    

11270301000799                    

$234.720                    

$4.013                    

-$25.327                    

                     

30                    

4                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

09/02/1995                    

11270301000798                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199504                    

03/04/1995                    

11270301002824                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199505                    

04/05/1995                    

50066001002554                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199506                    

05/06/1995                    

50066001003328                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

30                    

30                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199507                    

05/07/1995                    

50066001004192                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199509                    

01/09/1995                    

50066001007198                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199510                    

03/10/1995                    

50066001007971                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

SI                    

199512                    

05/12/1995                    

50066001009293                    

$234.720                    

$29.340                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199601                    

25/01/1996                    

50066001010380                    

$284.250                    

$36.784                    

-$1.590                    

                     

30                    

29                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199602                    

14/02/1996                    

11270301022845                    

$300.000                    

$40.499                    

-$1                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

199603                    

50066001010738                    

$300.000                    

$40.500                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

SI                    

200602                    

21/02/2006                    

52055003008249                    

$408.000                    

$63.240                    

$0                    

                     

30                    

30                    

Pagó como           trabajador independiente   

19088845                    

ALVARO PRETELT           NARANJO                    

NO                    

200804                    

30/04/2008                    

40270301040037                    

$750.000                    

$117.163                    

-$2.837                    

                     

30                    

29                    

Pagó como           trabajador independiente   

805026991                    

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NO                    

200910                    

23/11/2009                    

88P20004790495                    

$79.147                    

-$373                    

                     

30                    

0                    

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805026991                    

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200911                    

21/12/2009                    

88P20004998166                    

$497.000                    

$79.202                    

-$318                    

                     

30                    

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805026991                    

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200912                    

20/01/2010                    

88P20005779375                    

$497.000                    

$79.218                    

-$302                    

30                    

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NO                    

201001                    

16/02/2010                    

88P20006271839                    

$515.000                    

$82.091                    

-$309                    

                     

30                    

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NO                    

201002                    

18/03/2010                    

88P20006683008                    

$1.200.000                    

$191.993                    

-$7                    

                     

30                    

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201003                    

21/04/2010                    

88P20007013395                    

$1.200.000                    

$191.999                    

-$1                    

                     

30                    

No registra           la relación laboral en la afiliación   

805026991                    

PROAGUAS           CTA                    

NO                    

201004                    

19/05/2010                    

84P28401044774                    

$1.200.000                    

$192.000                    

$0                    

                     

30                    

0                    

No registra           la relación laboral en la afiliación   

805026991                    

PROAGUAS           CTA                    

NO                    

201005                    

21/06/2010                    

88P20007534349                    

$920.000                    

$147.199                    

-$1                    

R                    

23                    

No registra           la relación laboral en la afiliación      

(Subrayado fuera del texto).    

7.6. Así bien, de la lectura de las historias laborales, se   evidencia que según el reporte expedido por el ISS, el señor Pretelt Naranjo   cotizó 924.71 semanas, sin embargo, según el reporte de Colpensiones, cotizó   891.43 semanas. En los tres años anteriores a su muerte, esto es, entre mayo de   2007 y mayo de 2010, según el reporte expedido por el primero de los institutos,   cotizó 37.35 semanas, no obstante, Colpensiones, invalida los aportes efectuados   en ese tiempo, por cuanto aparece una anotación que dice “[n]o registra la   relación laboral en la afiliación”, como se subrayó en el reporte   respectivo.    

De igual forma, con base en la información   que arrojan ambos reportes, entre diciembre de 1977 hasta septiembre de 1992,   las cotizaciones estuvieron a cargo de Electrocórdoba y, entre noviembre de 1992   y marzo 1996, el señor Pretelt Naranjo cotizó como independiente. Sin embargo,   el causante no cotizó entre abril de 1996 y enero de 2006. Así, las siguientes   cotizaciones que aparecen, estuvieron a cargo de Proaguas C.T.A. desde octubre   de 2009 hasta mayo de 2010. Por lo anterior, para el 23 de mayo de 2010, fecha   de su deceso, el señor Álvaro León Pretelt Naranjo era cotizante activo al   sistema general de seguridad social.    

7.7. Entonces, del estudio de las historias laborales que   reposan en el expediente, se concluye que el señor Pretelt Naranjo no tenía 50   semanas cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, tal y   como lo consideraron los jueces de la jurisdicción laboral.    

Como ya se señaló, el Juez Tercero Adjunto   al Primero Laboral del Circuito de Montería y la Sala Civil del Tribunal   Superior de la misma ciudad, resolvieron que la señora María Jabib Flórez no   tenía derecho a recibir la pensión de sobrevivientes, en tanto su cónyuge   fallecido no cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley   797 de 2003. De igual forma, los mismos operadores judiciales estimaron que   tampoco era procedente la aplicación en su favor del principio de la condición   más beneficiosa. Para justificar lo último, la primera de las autoridades   consideró que no había transición legislativa y que el régimen de transición   establecido por la Ley 100 de 1993 aplicaba solamente para la pensión de vejez.   Por su parte, el ad quem, consideró que no había tránsito legislativo.    

7.8. Tal y como se expuso en el numeral 6.4.3. de esta   providencia, el principio de la condición más beneficiosa, se distingue porque:  “(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen de   transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii) el   destinatario posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida, dado   que con la nueva ley se le desmejora”[95].    

En efecto, en el caso bajo estudio, sí hay   un tránsito legislativo pero no un régimen de transición, pues el régimen de   transición al que aludieron los jueces laborales fue el creado por la Ley 100 de   1993, mientras que en la modificación que a ésta se hizo por la ley 797 de 2003,   para la pensión de sobrevivientes, no hubo tal, por lo que se cumple el primero   de los requisitos contemplados para dar vía libre a la aplicación de dicho   principio.    

En segundo lugar, de lo que se trata en el   asunto de la referencia, es de cotejar el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 con   el vigente inmediatamente antes que éste, esto es, con el artículo 46 original   de la Ley 100 de 1993 y no, con el Acuerdo 040 de 1990, para ver si hay lugar a   proteger la situación jurídica concreta de la señora Jabib Flórez.    

No obstante lo anterior, de manera   desacertada los jueces accionados consideraron que por no haber un régimen de   transición, el principio de la condición beneficiosa no era aplicable, cuando   por el contrario, es justamente en el evento de un tránsito legislativo carente   de régimen de transición que el mismo tiene operancia.    

Entonces, si bien para la Sala es razonable   el análisis de los jueces de la jurisdicción laboral, según el cual el señor   Pretelt Naranjo no cotizó el número de semanas exigidas por el artículo 12 de la   Ley 797 de 2003 para que sus beneficiarios pudieran tener derecho a reclamar la   pensión de sobrevivientes, no lo es el hecho de que no hubiesen tenido en cuenta   los principios prescritos por el artículo 53 de la Carta Política, para que, a   la luz del principio de la condición más beneficiosa, la señora Mabel María   Jabib Flórez pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes solicitada.    

Lo anterior se justifica, por cuanto, a   pesar de la transición legislativa, no hubo un régimen de transición entre Ley   100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, y, porque, el artículo 46 original de la Ley   100 de 1993, anterior al 12 de la Ley 797 de 2003, le resulta más favorable a la   accionante vista la historia laboral de su cónyuge fallecido.    

Así las cosas, y a efectos de analizar si   hay lugar a conceder la prestación solicitada por la actora a la luz del   principio de la condición más beneficiosa, es menester -así como lo precisó el   juez de primera instancia de la acción de tutela, y lo ha expuesto la jurisprudencia de la Sala de   Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de este Tribunal-, acudir a   lo dispuesto por la norma que regía inmediatamente antes de que adquiriera plena   eficacia y validez el artículo 12 de la ley 797 de 2003, precepto aplicable   conforme con las reglas generales del derecho[96].    

En ese propósito, vistas las normas que han   regulado la materia, la ley vigente inmediatamente antes de que cobrara vigencia   el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, era el artículo 46 original de la Ley 100   de 1993, que disponía como requisitos para obtener la pensión de   sobrevivientes los siguientes:    

“Tendrán   derecho a la pensión de sobrevivientes:    

[…] 2.  Los miembros del grupo familiar del afiliado   que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes   requisitos:    

a)  Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y   hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y    

b)  Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere   efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año   inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.    

PARAGRAFO.-Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el   presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del   artículo 33 de la presente ley”.    

Según los requisitos exigidos por el ordinal a), numeral segundo, del   artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, los miembros del grupo familiar del   afiliado que fallezca, tendrán derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes   si aquel se encuentra cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos 26   semanas al momento de su muerte.    

Entonces, para esta Sala, una vez revisadas   las historias laborales aportadas al expediente y las planillas de pago de “Pago   Simple” que se allegaron al plenario en el escrito de impugnación de la acción   de tutela, es dable concluir que al momento del fallecimiento, el señor Álvaro   León Pretelt Naranjo era cotizante activo y había aportado más de 26 semanas al   sistema.    

A la primera conclusión se llega después de   analizar los reportes trascritos, ya que en ambos aparece como última cotización   del señor Álvaro León Pretelt Naranjo, la del mes de mayo de 2010, cuyo pago se   efectuó el 21 de junio del mismo año, con referencia de pago No. 88P20007534349,   con un IBC de $920.000, cuyo aporte correspondió a la suma de $147.199. Por lo   que se evidencia que para el 23 de mayo de 2010, fecha en la que falleció, era   cotizante activo.    

Del estudio del mismo material probatorio,   la Sala arribó a la segunda   conclusión, pues como se vio anteriormente, el señor Pretelt Naranjo según el   reporte expedido por el ISS cotizó 924,71 semanas, mientras que, según el   reporte expedido por Colpensiones, cotizó 891,43 semanas. Dicha cantidad de   semanas cotizadas, superan ampliamente el número de 26 exigido por el artículo   46 original de la Ley 100 de 1993.    

7.9. Dejando de un lado las decisiones tomadas en la   jurisdicción laboral y analizando los fallos de tutela, se tiene que los jueces   constitucionales abrigaron la posibilidad de aplicar en favor de la actora el   principio de la condición más beneficiosa, con el fin de que aquella pudiera   tener derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes solicitada, a partir de lo   dispuesto por el artículo 46 original de la Ley 100 de 1990, por ser la norma   vigente antes de que lo fuera el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. No obstante   lo anterior, concluyeron que la señora Jabib Flórez tampoco cumplía los   requisitos exigidos por dicha disposición normativa, porque a la fecha del   fallecimiento, el señor Pretelt Naranjo no era afiliado al sistema, ni tenía   cotizadas 26 semanas en el año inmediatamente anterior a su muerte, tal y como   lo exige el ordinal b), numeral   segundo, del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993.    

Para llegar a las anteriores conclusiones,   los jueces constitucionales tuvieron como inválidas las cotizaciones realizadas   por Proaguas C.T.A. en favor del causante, porque en el reporte de la historia laboral se dice que   “[n]o registra la relación laboral en la afiliación”. Dicha apreciación no   es compartida por esta Sala de Revisión, por cuanto en las historias laborales   expedidas por ambas administradoras de pensiones, aparecen las referencias de   pago de dichos meses, el IBC reportado para realizar los mismos, el monto de la   cotización realizada y el periodo que se cancelaba. Pero además, así dichos aportes se hubiesen   hecho estando o no acreditada una relación laboral entre el cotizante y el   beneficiario, o se hubiesen hecho por el fallecido señor Pretelt Naranjo como   independiente, no existe razón legal para desconocerlos, sin que se vulneren los   derechos fundamentales de sus beneficiarios    

7.10. Volviendo al estudio de los fallos censurados y con   base en los análisis expuestos en antecedencia, la Sala se permite reiterar la   conclusión según la cual el cónyuge de la actora, para la fecha de su deceso, sí   era cotizante activo al sistema y tenía 26 semanas cotizadas a lo largo de su vida laboral, por lo cual   la señora Mabel María Jabib Flórez cumple con los requisitos exigidos por el   ordinal a), numeral segundo, del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993,   para tener derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge   supérstite del señor Álvaro León Pretelt Naranjo.    

7.11. Vistas así las cosas, en el caso concreto, el artículo   12 de la Ley 797 de 2003, resulta más riguroso que el artículo 46 de la Ley 100   de 1993 que modificó. Así bien, satisfechos los requisitos y condiciones de la   derogada disposición, es plausible en el presente caso hacer valer en favor de   la actora el principio de la condición más beneficiosa previsto por el artículo 53 de la   Constitución Política, pues entendido el derecho a la seguridad social, dentro   de esa especial categoría de principios que lo inspiran, valga decir, la   eficiencia, la integralidad, la universalidad y la solidaridad, es indudable que   no podría truncársele el derecho a pensionarse, si ha cumplido aportaciones   suficientes para acceder a él bajo la norma aplicable inmediatamente antes del   régimen que le es exigible[97].    

7.12. Desde luego que con lo anterior, no se desconoce el   efecto general inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por   el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que ocurre es que en   eventos como el analizado, se debe tener en cuenta que para acceder a la pensión   de sobrevivientes, no resulta acorde con los principios establecidos por la   Norma de Normas, considerar como único parámetro para determinar si existe o no   el derecho a reclamar tal prestación, los requisitos que exige la norma vigente   al momento del fallecimiento del causante, pues no deben dejarse de lado,   aquellos establecidos en la legislación que regía cuando el causante realizó   aportes al SGSSP.    

7.13. Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y   dinámico además, si se negara el derecho pensional a los beneficiarios de quien   estuvo afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones   muy superior al exigido por la norma vigente al momento de su fallecimiento, por   el hecho de que cierto número de semanas no se hubiesen efectuado en el periodo   de tiempo señalado por dicha norma.    

7.15. De suerte que, no resulta acorde con la lógica, ni   conforme con el ordenamiento constitucional, que una modificación como la   introducida por la Ley 797 de 2003, desconozca las más de 900 semanas de   cotización que tiene el señor Álvaro León Pretelt Naranjo a lo largo de su   historia laboral, por el hecho de no haber cotizado 50 de ellas en los tres   últimos años anteriores a su deceso.    

7.16. Lo anterior, trasgrede en grado sumo los derechos   fundamentales de la señora Mabel María Jabib Flórez, pues la nugatoria a su   derecho prestacional le impide tanto a ella como a su hijo, procurarse una digna   subsistencia. Así, una interpretación acorde con la Constitución y con el   principio de la condición más beneficiosa, es permitir que la actora se pensione   conforme con los requisitos exigidos por el ordinal a), numeral segundo, del artículo 46 original de   la Ley 100 de 1993 -ley vigente inmediatamente antes de que lo fuera el artículo   12 de la Ley 797 de 2003-, que exige que los beneficiarios del causante   acrediten que aquel era cotizante activo al momento de su fallecimiento y que   cotizó 26 semanas a lo largo de su historia laboral.     

7.17. Los análisis precedentes permiten concluir que las   decisiones adoptadas por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de   Montería, el 10 de agosto de 2012, que a su vez confirmó la del Juzgado Tercero   Adjunto al Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad del 13 de diciembre   de 2011, adolecen del defecto material o sustantivo, en tanto no aplicaron al   caso concreto el principio de la condición más beneficiosa, desconociendo así la   norma pensional que resultaba más favorable a los intereses de la señora Mabel   María Jabib Flórez, para reclamar la pensión de sobrevivientes a la que tiene   derecho, en su condición de cónyuge supérstite del señor Álvaro León Pretelt   Naranjo.    

7.18. Con fundamento en lo anterior, los fallos de tutela   proferidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 26   de febrero de 2014, que a su vez confirmó el de la Sala de Casación Laboral de   la misma Corporación, del cinco de diciembre de 2013, deberán ser revocados.    

En su lugar, serán tutelados los referidos   derechos fundamentales de la señora Mabel María Jabib Flórez  y se   dispondrá que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de   la notificación de esta sentencia, Colpensiones por conducto de su representante   legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha efectuado, expida la resolución de   reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la actora y la incluya en la   nómina de pensionados.    

VIII.    DECISIÓN    

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de   Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del   pueblo, y por mandato de la Constitución Política,    

RESUELVE:    

Primero.- REVOCAR el fallo de tutela proferido por la Sala de   Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de febrero de 2014, que a   su vez confirmó el de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de   Justicia, del 13 de enero de 2014, para en su lugar, TUTELAR los derechos   fundamentales de la señora Mabel María Jabib Flórez y ORDENAR a   Colpensiones, por conducto de su representante legal y/o quien haga sus veces,   que si aún no lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas   contadas a partir de la notificación de esta sentencia, expida la resolución de   reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la actora y la   incluya en la nómina de pensionados, procediendo a pagar las mesadas dejadas de   percibir que en los términos de ley no hayan prescritos para su cobro.    

Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal   Superior de Montería, el 10 de agosto de 2012, que a su vez confirmó la del   Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, del   13 de diciembre de 2011, dentro   del proceso laboral ordinario promovido por la señora Mabel María Jabib Flórez   contra el ISS.    

Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación   a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.    

Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta   de la Corte Constitucional y Cúmplase.    

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ    

Magistrado    

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO    

Magistrado    

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO    

Magistrado    

ANDRÉS MUTIS VANEGAS    

Secretario General (e)    

[1]  Folio 19, cuaderno No. 1.    

[2]  Folio 19, cuaderno No. 1.    

[3]  Folio 22, cuaderno No. 1.    

[4]  Folio 26, cuaderno No. 1. Se resalta que esta cita corresponde   al extracto hecho por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de   Montería, en la sentencia del 10 de agosto de 2012, mediante la cual resolvió el   recurso de apelación a la sentencia del 13 de   diciembre de 2011, del Juzgado Tercero Adjunto al Primero Laboral del Circuito   de la misma ciudad.    

[5]  Folios 27 y 28, cuaderno No. 1.    

[6]  Folio 29, cuaderno No. 1.    

[7]  Folio 3, cuaderno No. 2.    

[8] “Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán   derecho a la pensión de sobrevivientes:    

1.  Los miembros del grupo   familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca.    

2.  Los miembros del grupo   familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de   los siguientes requisitos:    

a)  Que el afiliado se   encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26)   semanas al momento de la muerte, y    

b)  Que habiendo dejado de   cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis   (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la   muerte.    

PARAGRAFO.-Para efectos del cómputo   de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo   dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley”.    

[9]  Se citan las sentencias con radicados Nos. 44523 y 38674, del   tres de julio de 2013 y el 25 de julio de 2012, respectivamente, las dos con   ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve. Folio 29 del cuaderno   No. 2.    

[10] Se cita   la Sentencia T-584 de 2011.    

[11] Folios   15 al 23, cuaderno No. 1.    

[12] Folios   24 al 30, cuaderno No. 1.    

[13] Folios   31 al 33, cuaderno No. 1.    

[15] Folios   36 y 37, cuaderno No. 1.    

[16] Folio   39, cuaderno No. 1.    

[17] Folio   40, cuaderno No. 1.    

[18] Folios   42 y 43, cuaderno No. 1.    

[19] Folio   44, cuaderno No. 1.    

[20] Folio   45, cuaderno No. 1.    

[21] Folios   46 al 51, cuaderno No. 1.    

[22] Folios   52 al 55, cuaderno No. 1.    

[23] Folios   56 y 57, cuaderno No. 1.    

[24] Folio   58, cuaderno No. 1.    

[25] Folios   59 y 60, cuaderno No. 1.    

[26] Folios   36 y 37, cuaderno No. 2.    

[27] Sobre este particular   puede consultarse la Sentencia T-933 de 2012 de esta Sala de   Revisión.    

[28] Sentencia C-590 de 2005.    

[29]  Sentencia T-173 de 1993.    

[30] Sentencia T-504 de 2000.    

[31] Ver entre otras la   sentencia T-315 de 2005.    

[32] Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000.    

[33] Sentencia T-658 de 1998.    

[34] Sentencias T-088 de 1999   y SU-1219 de 2001.    

[35] Sentencia   T-522 de 2001.    

“[36] Cfr. Sentencias T-462 de   2003, SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001.”    

[37] Sentencia C-590 de 2005.    

[38] Artículo   53 de la Constitución Política.    

[39]   Sentencia T-832A de 2013.    

[40]   Sentencia T-832A de 2013.    

[41]   Sentencia T-688 de 2011.    

[42] Cfr. C-168 de abril 20 de 1995.    

[43] Sentencia T-832A de 2013. Continúa la misma providencia señalando lo   siguiente: “30. Brevemente y solo a modo de ilustración es pertinente indicar   que la Sala de Casación Laboral ha modulado el criterio de conglobamento o   inescindibilidad en diversas ocasiones, entre ellas en (i) Sentencia 39766 del 2   de agosto de 2011(M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza) en la que estimó procedente   tomar en consideración el cumplimiento del requisito de densidad de cotizaciones   de la pensión de vejez, para reconocer una pensión de invalidez a una persona   que no reunía los presupuestos de acceso de esta última prestación. Lo anterior   a pesar de que el asunto no envolvía un problema de conflicto entre   disposiciones aplicables, sino la posibilidad de dar efectividad a la   satisfacción del requisito de densidad de aportes de un sistema normativo más   exigente (pensión de vejez), frente a otro diverso y menos arduo en la   consolidación del presupuesto de cotización (pensión de invalidez) y; (ii)   en Sentencia 29470 del 20 de abril de 2007 (M.P.   Luis Javier Osorio) en la que el Tribunal de Casación estimó que en ausencia de   disposición infraconstitucional que consagrara expresamente la obligación de   actualizar el ingreso base de liquidación de la primera mesada de las pensiones   de origen legal distintas a las consagradas en el sistema normativo de la Ley   100 de 1993, se apreciaba necesario aplicar la fórmula de indexación prevista en   esta última legislación. (En esa dirección el Tribunal   señaló: “en los casos en los cuales   procede la aplicación de la indexación para el salario base de las pensiones   legales, distintas a las consagradas en la ley de seguridad social, o de   aquellas no sujetas a su artículo 36, causadas a partir de la vigencia de la   Constitución de 1991, deben tomarse como pautas las consagradas en la mencionada   Ley 100 de 1993; esto es, actualizando el IBL anualmente con el índice de   precios al consumidor”. En este punto es necesario precisar que la   jurisprudencia en vigor de la Sala de Casación Laboral se opone a la indexación   de la primera mesada pensional de prestaciones causadas con anterioridad a la   vigencia de la Constitución de 1991, mientras que la jurisprudencia de la Corte   Constitucional sí ordena dicho reconocimiento incluso en prestaciones   consolidadas en vigor de la Constitución de 1886. Al respecto puede ser   consultada la sentencia T-259 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas), entre muchas   otras)    

31. Asimismo,   el propio legislador ha matizado el principio de conglobamento o indivisibilidad   en distintas ocasiones. A manera de ejemplo se puede referir (i) el artículo 33   de la Ley 100 de 1993 que consagra los requisitos de acceso a la pensión de   vejez. En su parágrafo 1 señala los periodos que podrán acumularse para el   efecto, disponiendo la totalización de tiempos servidos y aportes efectuados en   diversos regímenes; (ii) el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003   que establece que los beneficiarios de un afiliado que fallece habiendo cotizado   el mínimo de semanas necesarias para el reconocimiento de una pensión de vejez,   tienen derecho a una pensión de sobrevivientes y; (iii) el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 860   de 2003 que al regular los requisitos de acceso a la pensión de invalidez  consagra que “Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las   semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se   requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años. (Énfasis   añadido)”.    

[44] Según lo ha dicho este Tribunal Constitucional, el principio de   in dubio pro operario, previsto no sólo en el artículo 53 constitucional   sino también en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, impone elegir,   en caso de duda, la interpretación que más favorezca al trabajador.    

[46] “La Sala de Casación   Laboral ha circunscrito esta posibilidad a la duda que surge al interpretar una   misma disposición jurídica. Sin embargo, en criterio de la Sala la posibilidad   de incertidumbre en el marco interpretativo también se presenta ante la   presencia de una pluralidad de disposiciones jurídicas, pues no en pocos casos   el intérprete se ve forzado a derivar una norma jurídica a partir de distintos   textos legales”.    

[47] “Cfr. Sentencia T-1268   de 2005”.    

[48] “Esta imposibilidad de aplicar los principios de favorabilidad e   in dubio pro operario en el escenario de la prueba de los hechos no se opone,   sin embargo, al uso de estándares flexibles en materia probatoria laboral y de   la seguridad social”.    

[49]   Sentencia T-832A de 2013.    

[50] “La Sentencia C-168 de 1995, indicó lo siguiente: “El Código   Sustantivo del Trabajo en su artículo 21, contempla el principio de   favorabilidad, así: “En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de   normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma   que se adopte debe aplicarse en su integridad”; se parte entonces del   presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales vigentes que regulan   una misma situación en forma diferente, evento en el cual habrá de aplicarse la   norma que resulte más benéfica para el trabajador. Dicho principio difiere   del “in dubio pro operario”, según el cual toda duda ha de resolverse en   favor del trabajador; porque en este caso tan sólo existe un precepto que   reglamenta la situación que va a evaluarse, y como admite distintas   interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más favorable al   trabajador”. (Negrita del texto).    

[51] El siguiente es el texto del artículo 53 de la Constitución   Política: “El Congreso expedirá el estatuto del   trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes   principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los   trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y   calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios   mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar   sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en   caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de   derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos   de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el   adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la   maternidad y al trabajador menor de edad.||El estado garantiza el derecho al   pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.||Los convenios   internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la   legislación interna.|| La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de   trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de   los trabajadores”.    

[52]   Sentencia T-832A de 2013.    

[53] Sentencia T-1268 de 2005.    

[54] “En caso de conflicto   o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más   favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su   integridad”.    

[55] Sentencia T-290 de 2005.   Dicho principio se ha reiterado en las Sentencias T-470 de 2002, T-594 de 2011, T-668 de 2011, T-298 de 2012,   T-595 de 2012, T-1042 de 2012 y T-1074 de 2012, entre muchas otras.    

[56] Sala de Casación Laboral,   Corte Suprema de Justicia, Sentencia 30581 del 9 de julio de 2008, M.P. Luis   Javier Osorio López.    

[57] Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 40662   del 15 de febrero de 2011, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.    

[58] Folio   19, cuaderno No. 1.    

[59] Artículo 48: “La Seguridad Social es un   servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,   coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,   universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.”    

[60] Ley 100 de 1993 “Por   la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras   disposiciones”.    

[61] “[…] [L]a   finalidad de la pensión de sobrevivientes, es suplir la ausencia repentina del   apoyo económico del pensionado o del afiliado a los allegados dependientes y,   por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las   condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha   prestación. Una decisión administrativa, que desconozca esa realidad, e implique   por consiguiente la reducción de las personas a un estado de miseria, abandono,   indigencia o desprotección, es contraria al ordenamiento jurídico por desconocer   la protección especial que la Constitución le otorgó al mínimo vital y a la   dignidad humana como derechos inalienables de la persona, y a los principios   constitucionales de solidaridad y protección de quienes se encuentran en   situación de debilidad manifiesta, como soportes esenciales del Estado Social de   Derecho”. Sentencia T-236 de 2007.    

[62] Sentencia C-080 de 1999    

[63] Sentencia T-190 de 1993.    

[64] Sentencia C-336 de 2008.    

[65] Sentencia T-190 de 1993.    

[66] Sentencia T-049 de 2002. Ver, entre otras,   las Sentencias T-072 de 2002, T-996 de 2005 y C-336 de 2008.    

[67] Sentencia   C-1176 de 2001.    

[68] “[…] [E]n estos casos la lesión a sus derechos fundamentales   tiene un efecto particularmente severo en la medida en que estos sujetos se   encuentran previamente en una especial condición de desamparo, la cual se hace   mucho más gravosa ante el no reconocimiento del derecho pensional.”  Sentencia T- 836 de 2006.    

[69] Folio   39, cuaderno No. 1. Según lo relatado por la actora, su mesada pensional no   alcanza a la suma de $1.500.000 y de los múltiples descuentos que le hacen,   recibe un total mensual de $726.474 (Folio 9, cuaderno No. 1).    

[70] Folios   42 al 60, cuaderno No. 1.    

[71] Sentencia T-688 de 2011.    

[72]   Sentencia T-900 de 2004, reiterada en sentencias  T- 541, T- 675 y T- 678   todas de 2006, entre otras.    

[74] “La   razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la   tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los   hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso   dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren   derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no   es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en   la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable,   impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte   los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción”. Sentencia   SU-961 de 1999.    

[75] Sentencia T-033 de 2010.    

[76] Cfr. Sentencia T-288 de   2011.    

[77] Sentencia SU-961 de 1999.    

[78] Consultar, entre otras,   las Sentencias T- 1110 de 2005 y T-425 de 2009.    

[79] Ver, entre otras,   sentencias T-158 de 2006 y T-792 de 2007.    

[80] Ver la   Sentencia T-1013 de 2006.    

[81] En el caso que concluyó   con la sentencia T-1028 de 2010, la Corte debía dirimir una   controversia similar a esta, sobre la inmediatez de la tutela promovida por una   persona contra una providencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte   Suprema de Justicia, en la cual se le había negado la pensión de sobrevivientes   reclamada. En tal ocasión, habían transcurrido dos años y ochos meses entre la   expedición del fallo de casación demandado y la presentación de la tutela. Sin   embargo, la Sala Octava de Revisión estimó que la tutela era procedente. Sobre   el particular consideró: “a   pesar del paso del tiempo, la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales   permanece, es decir, continúa y es actual”.    

[82] Sentencia C-198 de 1999:“El   Legislador puede entonces consagrar la prescripción extintiva de derechos   patrimoniales que surgen del ejercicio de un derecho constitucional, incluso si   éste es fundamental, siempre y cuando el término sea proporcionado y no afecte   el contenido esencial mismo del derecho constitucional. Aplicando estos   criterios, esta Corte concluyó que la ley no podía consagrar la prescripción del   derecho a la pensión como tal, aunque sí podía establecer un término temporal   para la reclamación de las distintas mesadas”. Ver igualmente, las   sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema   de Justicia, radicado No. 14.184, del 26 de septiembre de 2000, y, de la Corte   Constitucional, las Sentencias C-230 de 1998,  SU-430 de 1998, C-624 de 2003, T-274 de 2007 y T-932   de 2008, entre otras.    

[83] Folio 1,   cuaderno No. 1.    

[84] Ver, entre otras, las   Sentencias T-571 de 2002, T-019 de 2008, T-957 de 2010, T-1003 de 2010, T-430 de   2011 y T-1074 de 2012.    

[85]   Sentencia T-007 de 2014.    

[86] Sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005.    

[87] Sentencia T-205 de 2004.    

[88] Consultar las Sentencias T-804 de 1999 y T-522 de 2001.    

[89] Ver la Sentencias T-1244 de 2004 y T-462 de 2003.    

[90] Sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004.    

[91] Sentencia T-056 de 2005.    

[92] Sentencia SU-159 de 2002. Citada de la Sentencia T-781 de   2011.    

[93]  Sentencia T-462 de 2003.    

[94] Folio   19, cuaderno No. 1.    

[95]  Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 30581 del 9 de   Julio de 2008, M.P. Luis Javier López Osorio.    

[96] Ver la sentencia de la Sala de Casación   Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón.   Diciembre 9 de 2008. Radicación No.32642. En esta   providencia se conoce en casación una sentencia del Tribunal de Medellín, en la   cual, se concede una pensión de sobrevivientes, con base en el principio de la   condición más beneficiosa. El caso es de un señor que fallece el 20 de diciembre   de 2013, por lo cual, el régimen aplicable para reclamar la pensión de   sobrevivientes es el establecido en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Sin   embargo, en aras de aplicar la condición más beneficiosa, dice la Corte que ha   debido observarse el artículo 46 de la Ley 100, antes de que fuera reformado por   el 12 de la Ley 797, y no, el Acuerdo 049 de 1990, tal y como lo hizo el   Tribunal. Con base en tales argumentos casó la sentencia. Lo anterior se dijo en   los siguientes términos: “En otras palabras, no es   admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más   beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento   pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema   de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena   eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del   derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de aplicarse la Ley 797 de   2003, o la 860 del mismo año, si se considera más rigurosa ésta frente a la   norma reemplazada, es preciso establecer si se satisficieron los requisitos y   condiciones de la derogada disposición para, en caso afirmativo, hacer valer la   condición más beneficiosa. Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio   histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de   1993 que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que   viene al caso,  para darle un especie de efectos “plusultractivos”, que   resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la   Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos   decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de   febrero de 2008 (rad. 32642). Con base en esos antecedentes, para la Corte queda   claro que como el fallecimiento del afiliado al régimen de prima media con   prestación definida, Manlio César Acevedo   Meneses, ocurrió por muerte natural el 20 de diciembre de 2003, la norma llamada   a regular la situación debatida, en principio, es el artículo 12 de la Ley 797   del 29 de enero de 2003, que exige, primeramente, que quienes aspiren a la   prestación de sobrevivencia como causahabientes del afiliado fallecido en tales   circunstancias, acrediten que éste, en los 3 últimos años anteriores al deceso,   en este caso entre el 19 de diciembre de 2000 a la misma fecha del año 2003,   hubiere cotizado al menos 50 semanas. Además, que al menos 25% de las   contribuciones al sistema hubieren sido sufragadas después de los 20 años de   edad, si la muerte ocurre tras enfermedad, o de 20%, si se da por accidente. La   regla de 2003, sin lugar a dudas, hizo más rigurosos los requisitos y   condiciones que estaban vigentes hasta el 28 de enero de ese año, pues la   fidelidad al sistema, en el artículo 46 de Ley 100 de 1993 reemplazado por el   hoy vigente, contemplaba dos eventos: Uno, respecto de quien falleció siendo   afiliado activo y cotizante, caso en el cual suficiente resultaba haber pagado   26 semanas al momento de la muerte. La otra, con relación a quien estuvo   afiliado pero dejó de cotizar al sistema, eventualidad en la que era necesario   haber efectuado 26 semanas de aportes en el año inmediatamente anterior a la   defunción. Cualquiera de estas opciones dadas, que rigieron hasta enero de 2003,   eran mucho más flexibles que las de la Ley 797. Luego, sí es admisible que   frente al cambio introducido por ésta, si un afiliado falleció del 29 de enero   de 2003 en adelante, en el supuesto de hallarse en alguna de las dos situaciones   planteadas por la norma derogada, habilitaba a sus causahabientes para que se   les reconociera la pensión de sobrevivientes en los términos contemplados en el   artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, en virtud de la regla   no explícita de la condición más beneficiosa.  Lo que no cabía era acudir a una legislación anterior a la Ley 100 de 1993, pues   no está en discusión que el causante falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003,   razón por la cual el alcance dado por el Tribunal a la jurisprudencia que   estructuró la regla de la condición más beneficiosa, no es el que se acompasa   con el sentido y la hermenéutica de la misma Corte Suprema de Justicia, como ya   se explicó”. En la sentencia   de la Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de   Justicia, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Radicación   N.° 45869. Julio 2 de 2014, se casa la sentencia del Tribunal de Pereira,   en la cual se había otorgado la pensión de sobrevivientes, porque se aplicó como   condición beneficiosa el Acuerdo 040 de 1990, pero el causante falleció en   vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por lo que, la Corte reconoce   que la condición más beneficiosa para los beneficiarios del causante era el   artículo 46 original de la Ley 100 de 1993. Así lo dice la providencia:   “ii.-) En relación con el segundo aspecto reprochado, como quedó sentado el   fallecimiento del causante CARLOS ALBERTO GRISALES BASTIDAS fue el 27 de agosto   de 2004, lo que significa que la norma que en principio rige el caso es la Ley   797 de 2003. Ahora bien, si se pretendiera aplicar el principio de la condición   más beneficiosa, no es procedente adoptar el Acuerdo 049/90 para atender a sus   requisitos, ya que su aplicación no le permite al juzgador aplicar de manera   indiscriminada o en consideración a su conveniencia cualquier norma legal que   haya regulado el asunto en el pasado, sino la inmediatamente anterior en cuya   vigencia el afiliado vea afectado su derecho a acceder al beneficio prestacional   con ocasión de la nueva ley sobreviniente”.    

[97] Según la jurisprudencia   sobre el particular: “para poder aplicar el principio de la condición más   beneficiosa (…), es necesario que el afiliado cumpla con la densidad de semanas   de la norma inmediatamente precedente” (énfasis añadido). Sala de   Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 38674 del 25 de julio de   2012, M. P. Carlos Ernesto Molina Monsalve y Luis   Gabriel Miranda.    

[98]El   siguiente es el contenido del artículo 272 de la Ley 100 de 1993. “Aplicación   preferencial. El Sistema Integral de Seguridad Social establecido en la presente   Ley, no tendrá, en ningún caso, aplicación cuando menoscabe la libertad, la   dignidad humana o los derechos de los trabajadores.||En tal sentido, los   principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la   Constitución Política tendrán plena validez y eficacia”. Sin perjuicio de   estos principios, en el campo de los derechos a la seguridad social y al trabajo   también opera el principio de retrospectividad de la ley, el que sin embargo no   se abordará en esta oportunidad. Sobre el contenido de este precepto puede   consultarse la Sentencia T-110 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas)