T-945-09

    SENTENCIA T-945-09  

(Diciembre 16; Bogotá DC)  

CONCURSO  DE  MERITOS  PARA PROVEER CARGOS DE  DOCENTES  Y  DIRECTIVOS DOCENTES-Finalidad/  CONCURSO  DE  MERITOS PARA PROVEER CARGOS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS  DOCENTES-Marco normativo   

ACTO    ADMINISTRATIVO    DE    CARACTER  GENERAL-Definición/  ACTO  ADMINISTRATIVO           DE           CARACTER           PARTICULAR-Definición   

ACTO    ADMINISTRATIVO   DE   TRAMITE   O  PREPARATORIOS-Definición/ACTO              ADMINISTRATIVO             DEFINITIVO-Definición   

PUBLICACION  DE  RESULTADOS  DEL  CONCURSO DE  MERITOS-Constituyen  actos administrativos de trámite   

Dentro  de  las  etapas  del  concurso  de  docentes,  los  actos previos a la conformación de la lista de elegibles, entre  los  que  se  encuentra  la  publicación  de  los  resultados  obtenidos en las  pruebas,  son  verdaderos  actos  de  trámite  en  tanto  que le dan impulso al  proceso de selección, pero no definen la actuación.   

LISTA     DE     ELEGIBLES-Constituye actos administrativos definitivos   

En cuanto a los actos definitivos que adopta  la  administración  en los concursos de mérito, se tiene la lista de elegibles  que  se define como un instrumento que garantiza la transparencia del proceso de  selección,  provee  información  sobre quiénes tienen derecho a ser nombrados  en  los cargos para los cuales se hizo la convocatoria y sobre quiénes tendrán  en  el  futuro  un  derecho  preferencial a ser nombrados en vacantes que surjan  durante  los dos años de la vigencia de la lista. Solamente la conformación de  la  lista  de  elegibles que debe adoptarse mediante acto administrativo, define  la  situación  jurídica  de los participantes, puesto que adquieren un derecho  particular  y  concreto  que les da la certeza de poder acceder al cargo para el  cual concursaron.   

ACCION    DE    TUTELA    CONTRA    ACTO  ADMINISTRATIVO-Improcedencia general   

ACCION    DE    TUTELA    CONTRA    ACTO  ADMINISTRATIVO-Procedencia excepcional   

ACCION   DE   TUTELA   CONTRA   ACTO   DE  TRAMITE-Procedencia  por  cuanto  no es susceptible de  acción contencioso administrativa   

ACCION  DE  TUTELA  CONTRA  PUBLICACION  DE  RESULTADOS  DE  CONCURSO  DE  MERITOS-Procedencia  por  ineficacia de los otros medios de defensa judicial   

En los casos de la referencia en los que los  actores  cuestionan  el  acto  de  la  publicación de resultados de las pruebas  practicadas  con  ocasión  del  concurso  de  méritos de docentes y directivos  docentes  a nivel nacional, que constituyen actos de trámite contra los cuales,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el artículo 49 del Código Contencioso  Administrativo,  por  regla  general,  no  proceden  los  recursos  por  la vía  gubernativa,   ni   tampoco   las   acciones  contencioso  administrativas,  los  accionantes  carecen,  prima  facie,  de otros medios de defensa judicial y, por  tanto,  de  acciones  eficaces  para  la  protección  inmediata de los derechos  fundamentales  invocados  por  los  peticionarios en cada una de las acciones de  tutela.  Ahora bien, en gracia de discusión, si se admitiese que contra el acto  de  publicación  de resultados de las pruebas es admitida por esa jurisdicción  la  acción  de  nulidad  y  restablecimiento del derecho, difícilmente podría  alegarse  la  eficacia  del  medio  judicial  para  lograr la protección de los  derechos  fundamentales, puesto que la prolongada espera para la culminación de  un   proceso   contencioso  administrativo,  que  aún  cuando  no  siempre  tal  circunstancia  desvirtúa  un  medio de defensa judicial aplicable, en los casos  bajo  revisión  es relevante puesto que no les garantiza a los peticionarios el  acceso  inmediato  al  derecho  fundamental  de rango constitucional a acceder a  cargos  públicos  por vía de un concurso de mérito, dado que con probabilidad  a  su  terminación,  ya los derechos en disputa se hayan extinguido teniendo en  cuenta  que  parte  del debate de fondo sobre esos actos, radica precisamente en  la naturaleza de trámite o no de esos actos.   

ICFES-Publicación el  26  de  marzo de 2007 y en forma independiente de los resultados del concurso de  méritos  para corregir el error de los que se habían publicado el 7 de febrero  de 2007 en forma promediada   

Los  actores  interpusieron  las acciones de  tutela  para  solicitar  que  se ordene a las entidades demandadas dar validez a  los  resultados  publicados  el  7 de febrero de 2007 en los que se presentó un  solo  resultado  y  se  estableció  un  promedio  total,  correspondiente  a la  sumatoria  de  las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnica,  en  contraposición  de los resultados publicados el 26 de marzo de 2007, en los  que  separó  los  puntajes  obtenidos  en las pruebas de aptitud y competencias  básicas  del  obtenido  en  la  prueba  psicotécnica,  con  lo  cual no fueron  convocados  a  las  etapas  siguientes  del  concurso  y por tanto excluidos del  mismo.  Para  la  Corte  no resulta aceptable la primera de las formas en que se  presentaron  los  resultados,  dado que ni en la convocatoria ni en los Decretos  1278  de  2002  y  3982 de 2006 se encuentra contemplada disposición alguna que  permita  promediar los puntajes obtenidos. resulta irrazonado aceptar la validez  de  los  resultados aprobatorios publicados por el ICFES el 7 de febrero de 2007  como  lo  pretenden  los demandantes, pues es claro, desde la convocatoria y los  decretos  que  la  rigen,  que  al  no  superar el puntaje mínimo en una de las  pruebas,  los concursantes no alcanzaron los puntajes requeridos para ocupar las  vacantes  y  por  tanto,  no resultan ser la mejor opción para la provisión de  los  cargos,  toda  vez  que  han perdido el mérito para ello y por tanto no se  cumple la finalidad del concurso.   

DERECHO  DE  PETICION  EN CASO DE PRESENTARSE  MULTIPLES    SOLICITUDES-Es    posible   omitir   la  notificación    individual   y   es   válida   la   notificación   global   o  general   

En  relación con el procedimiento utilizado  por   las   entidades   para   responder   las  peticiones  individuales  y  las  reclamaciones  relacionadas  con  los resultados de las pruebas, para lo cual se  utilizó  un  escrito  general  que  se  dirigió  a  todos  los  peticionarios,  encuentra  la  Sala  de  Revisión  que  tal  proceder  no  sólo  responde a la  obligación  de  la  administración  de  adelantar  sus  tareas con eficiencia,  economía  y celeridad –de  acuerdo   con   lo   establecido   en  el  artículo  209  de  la  Constitución  Política–, sino también  es  posible  la  notificación  global  o  general,  por  cuanto  se  adecua  al  cumplimiento  de  los  requisitos  trazados por la jurisprudencia constitucional  tratándose  de  múltiples  solicitudes  sobre  el  mismo punto, formuladas con  idénticos  argumentos.  Es  así  como  en  sentencia T-466 de 20041,  la  Corte  encontró  que  siendo  la  notificación  de  la  respuesta  al  interesado una  exigencia  inherente  al  núcleo  esencial  del derecho de petición, cuando se  presentan  peticiones  masivas, es perfectamente posible omitir la notificación  individual  de  manera  excepcional y restringida, siempre y cuando se garantice  que  los  ciudadanos  afectados  tengan  amplias  posibilidades  de  conocer  la  respuesta a sus peticiones.   

PUBLICIDAD  DE  ACTOS  ADMINISTRATIVOS  QUE  ABARCAN      UNA      GRAN      CANTIDAD      DE      DESTINATARIOS-Notificación  se  efectúa  con  la publicación de una lista en un  lugar público o, por medios electrónicos   

Resulta    perfectamente   razonable   y  proporcionado  que  el  legislador,  en  uso  de  la  facultad de configuración  legislativa,  establezca  un  tipo  de  publicidad  diferente a la notificación  personal,   que   no  resulte  altamente  dispendiosa  para  la  administración  pública,  en especial, cuando se trata de actos administrativos que abarcan una  cantidad  amplia  de  destinatarios  o una multitud, perfectamente determinada e  individualizada,  para  lo cual opta por realizar una forma de notificación que  se  entienda  efectuada  con la publicación de una lista en un lugar público o  por   cualquier   otro   sistema  de  notificación  válido,  como  los  medios  electrónicos      destinados      al     suministro     u     obtención     de  información.   

PUBLICIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE CARACTER  PARTICULAR   Y  CONCRETO-Notificación  personal  como  principio  general/PUBLICIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE  CARACTER  PARTICULAR  Y CONCRETO-Notificación mediante  la  publicación  de  una lista en un lugar público es la excepción a la regla  de la notificación personal   

Referencia:   expedientes   T-1711686   y  acumulados.   

Accionante: José Nicolás Zapata Castrillón  y otros.   

Accionados:  Instituto  Colombiano  para  el  Fomento  de  la  Educación  Superior  (ICFES),  Comisión Nacional del Servicio  Civil (CNSC) y otros.   

Magistrados  de  la Sala Quinta de Revisión:  Mauricio  González Cuervo, Jorge Pretel Chaljub y Nilson Pinilla Pinilla.    

Magistrado   Ponente:   Mauricio  González  Cuervo.   

I. ANTECEDENTES.  

1.   Demandas.  

Bajo  el expediente T-1711686, mediante autos  de  fechas  4,  11  y 24 de octubre de 2007 proferidos por la Sala de Selección  No.102,  y  auto  de  marzo  7 de 2008 proferido por la Sala de Selección  No.33,  que  corresponde  a  la  última  acumulación,  162  expedientes  adicionales  fueron anexados al expediente de la referencia para ser fallados en  la    misma    sentencia   por   encontrar   que   ellos   guardan   unidad   de  materia.   

1.1. Elementos de la demanda.  

–  Derechos  vulnerados:  igualdad, trabajo y  debido proceso y el principio de confianza legítima.   

–  Hecho  que ocasiona la vulneración: haber  sido  excluidos  por  el ICFES y la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-  del  concurso  de mérito para docentes y directivos docentes, a nivel nacional.   

–  Pretensión:  se  ordene  a  las entidades  accionadas  dar  validez a los resultados favorables de las pruebas de aptitud y  competencias  básicas  que  aprobaron, y se les cite a entrevista y valoración  de antecedentes.   

1.2.   Fundamentos   fácticos   de   las  demandas4.   

Las   acciones   de   tutela  bajo  estudio  interpuestas  por los demandantes contra el Instituto Colombiano para el Fomento  de    la    Educación    Superior   –en     adelante    ICFES–,   y   la   Comisión  Nacional  del  Servicio  Civil  –en     adelante    CNSC–,  se  refieren  a  problemas  comunes  relacionados  principalmente  con  la  presunta  vulneración  de  sus  derechos  fundamentales   al   debido   proceso,  igualdad,  al  trabajo  y  al  principio  constitucional  de  la confianza legítima de los accionantes, por haberles sido  modificado  los  resultados  obtenidos en el concurso de mérito para docentes y  directivos  docentes, que fueron publicados inicialmente en la página web de la  Institución,  siendo  por  ese  hecho  además  excluidos  del concurso, cuando  según  el  ICFES la razón del cambio de resultados se sustentó en el deber de  ajustarlos a la normativa vigente.   

La  CNSC, mediante las convocatorias No.04 a  052  de  2006,  fijó  el  calendario  correspondiente  y convocó a concurso de  méritos  a  los docentes y directivos docentes a nivel nacional, de conformidad  con  lo previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002 (Art.9°) normativa reglamentada  por  el  Decreto  3982  de  2006, que en su artículo 5° estipuló que el ICFES  debía  diseñar, adoptar y aplicar las pruebas para llevar a cabo la selección  de docentes a nivel nacional.   

Los  accionantes se inscribieron al concurso  de  méritos  con  el  propósito  de  optar  por una plaza docente del servicio  educativo  estatal  en  las  entidades  territoriales  de  Antioquia,  Armenia,  Atlántico,  Barrancabermeja,  Bello,   Boyacá,   Bucaramanga,   Caldas,  Cali,  Caquetá,  Cartagena,  Cesar,  Córdoba,   Cundinamarca,   Dosquebradas,   Envigado,   Florencia,   Fusagasuga,  Girardot,  Girón, Guainía, Guaviare, Huila, Ibagué, Itagüí, Guajira Lorica,  Magangué,  Magdalena,  Maicao,  Manizales,  Medellín,  Meta, Montería, Neiva,  Palmira,  Pereira,  Putumayo,  Quindío,  Risaralda,  Soacha,  Sogamoso,  Sucre,  Turbo, Valle del Cauca, Valledupar, Vichada, Bolívar y Tulúa.   

A  partir  de los parámetros previstos en el  Decreto  3982  de  2006 (Art. 10), los accionantes presentaron el 14 de enero de  2007  de manera conjunta las pruebas de aptitud verbal, matemática, competencia  básicas y la psicotécnica.   

El  ICFES  realizó  la  publicación  de  la  primera  lista  de  elegibles  el  7  de febrero de 2007, en la que aparecen los  peticionarios   con   resultado  APROBADO  y  días  después  de  estudiar  las  reclamaciones efectuadas en  contra  del  mencionado acto administrativo, dictó la Resolución No.000069 del  1°  de marzo de 2007, en la que fijó el 20 de marzo del mismo año, como fecha  para  dar respuesta conjunta a las peticiones elevadas por los participantes del  concurso.   

Afirman los peticionarios que una vez el ICFES  constató  la  existencia  de  un  error  en  los  resultados  al haber sido mal  promediados,  profirió  la  Resolución No.089 de marzo 20 de 2007, por la cual  dio  por  terminada  la actuación administrativa especial, ordenó publicar los  nuevos  resultados  del  examen,  y  pidió  a la CNSC ajustar el cronograma del  concurso,  tarea  esta  última que fue realizada mediante Resolución N°088 de  marzo 23 del mismo año.   

Indican los demandantes que el 26 de marzo de  2007,  el  ICFES  publicó  la  nueva  lista  de  elegibles en la que separó el  promedio  de  los  resultados obtenidos en las pruebas de aptitud y competencias  de  los  obtenidos  en  la  prueba psicotécnica, desconociendo con ello, que lo  obtenido  en  estas pruebas se debía promediar conforme con lo estipulado en el  Decreto   Ley   1278   de   2002   y   en   el  Decreto  Reglamentario  3982  de  2006.   

Por  estas razones solicitan los actores que  se  ordene a las entidades demandadas dar validez a los resultados favorables de  las  pruebas  de aptitudes y de competencias básicas inicialmente presentados y  en  los  que  aprobaron  la primera etapa del concurso de acuerdo a los puntajes  debidamente  promediados  y  que  en  consecuencia  se  les  cite a entrevista y  valoración   de  antecedentes  y  se  suspenda,  provisionalmente,  las  etapas  siguientes  del concurso de méritos en las cuales participan mientras se fallan  las acciones de tutela.   

1.3. Razones de derecho  

La  mayoría  de  los actores sustentaron sus  demandas en las siguientes consideraciones jurídicas:   

Desconocimiento  del derecho fundamental a la  igualdad  por  la  modificación  del  procedimiento utilizado para procesar los  resultados  obtenidos  en las pruebas, con lo cual se dio un valor superior a la  prueba  psicotécnica  sobre  las  pruebas de aptitudes y competencias básicas,  respecto  de los anteriores concursos que se han venido realizando desde el año  2005,  en  donde  la  valoración  se realizaba promediando todas las pruebas de  aptitudes,  competencias  y  psicotécnica, ésta última tenida en cuenta sólo  hasta el momento de la entrevista.   

Rechazan además el interés de las entidades  accionadas  de  dar  supremacía normativa al Decreto Reglamentario 3982 de 2006  que  dispuso que los concursantes que hubieran obtenido resultados favorables en  las  pruebas  de  aptitud  y  competencias  y  las  psicotécnicas,  podían ser  convocados  a entrevista y valoración de antecedentes, frente a la metodología  fijada  por  el  Decreto  Ley 1278 de 2002 que en el Art. 9°, establece que una  vez  los  aspirantes aprueben la etapa de aptitudes y competencias básicas, con  un  puntaje  mínimo  de 60 puntos para aspirantes a cargos docentes y 70 puntos  para  aspirantes  a  directivos docentes, serían convocados posteriormente para  presentar  la  prueba  psicotécnica,  entrevista y valoración de antecedentes.  Con  ello estiman vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, buena  fe  y  al trabajo así como el principio de la confianza legítima, respeto a la  jerarquía  normativa,  a  la legalidad y a los límites existentes dentro de la  ley,  porque  consideran que al concederle supremacía al Decreto 3982 de 2006 y  desconocer  las  reglas  del  Decreto  Ley  1278  de  2002, se está avalando la  violación  del  debido proceso concursal de los participantes que estimaban que  las  valoraciones  y  puntajes  producto  de  las pruebas a realizar, (aptitud y  competencias  básicas  y  la  psicotécnica)  se  adelantarían  conforme  a lo  previsto  en  el  Decreto  Ley  y  no en una norma reglamentaria ilegítimamente  modificatoria de la primera.   

Consideran  también vulnerado su derecho al  trabajo,  puesto  que  al haber sido excluidos del concurso como consecuencia de  la  indebida  aplicación  del Decreto 3982 de 2006, no podrán ser promovidos o  nombrados  en  cargos  públicos  dentro  de  la  carrera  administrativa por el  sistema de méritos.   

Por   último,  afirman  que  la  conducta  desplegada  por  las entidades demandadas configura una vulneración del derecho  al  debido  proceso  por  cuanto:  (i)  no  obstante haber presentado peticiones  individuales  para  que se aclare la situación particular de cada uno de ellos,  éstas  han  sido  respondidas  de  manera  colectiva,  lacónica  y evasiva sin  resolver  el  fondo  de  las  cuestiones planteadas; (ii) en la convocatoria del  concurso  no  se  establece  la existencia de los recursos contra las decisiones  que  se tomen, los actos contra los cuales proceden, los efectos en que se deben  conceder,  ni  el procedimiento que debe seguirse para resolverlos; y (iii) a la  fecha  de  presentación  de la demanda de tutela no se les había notificado un  acto  administrativo  motivado  mediante  el  cual  se les informara que habían  reprobado el concurso.   

4.1.  Comisión Nacional del Servicio Civil –  CNSC   

Dentro  del  trámite  de  las  acciones  de  tutela,  la  CNSC  mediante  escritos de contenido similar, dio respuesta en los  siguientes términos:   

En primer lugar, afirma la Comisión que ella  no  ha  desconocido  derecho fundamental alguno de los peticionarios, puesto que  la  segunda publicación de resultados de las pruebas, se ajusta a las reglas de  juego  a  las  cuales  se  acogió  cada  concursante  al momento de efectuar la  inscripción,  y  las  cuales  fueron definidas en las convocatorias 04 a 052 de  2006, acorde con lo establecido en el Decreto 3982 de 2006.   

En  dichas convocatorias, específicamente se  señaló  en  el capítulo de la evaluación en concordancia con lo dispuesto en  el  artículo  13 del Decreto 3982 de 2006, que: “La  calificación  mínima  para  superar  las  pruebas  de aptitudes y Competencias  Básicas   y  Psicotécnica  y  por  ende  ser  admitido  a  la  valoración  de  antecedentes  y  entrevista,  es de sesenta puntos (60.00)  para docentes y  setenta   (70.00)   puntos  para  cargos  directivos  docentes”.  Adicionalmente,  se  indicó  que  el carácter de las pruebas es de  orden eliminatorio e individual.   

Sostiene  que  es  innegable  que existió un  error  inicial  por  parte  del  ICFES al haber presentado los resultados de las  pruebas  de  manera  unificada en la primera publicación de resultados a la que  aluden  los  accionantes,  pero  aduce que ello no puede ser un criterio válido  para  que  los participantes pretendan acogerse a formulas de cálculo ajenas al  concurso  e  insiste en el mantenimiento de un error puramente formal so pena de  la  legalidad  del  resultado.  Con  apoyo  en  la  jurisprudencia  de  la Corte  Constitucional,  asevera  que  las  autoridades  públicas están en el deber de  enmendar  este  tipo  de errores en el concurso de méritos, en el entendido que  no  puede reinar la ilegalidad sobre el marco normativo y legítimo del concurso  y los derechos objetivos de los demás participantes.   

La  segunda publicación de resultados, en su  criterio,  no  es  más  que una aclaración formal relacionada con la manera de  presentarlos,  pero  no implicó ninguna modificación de los puntajes obtenidos  en  cada  prueba. Por el contrario, el ajuste a las disposiciones pertinentes se  efectuó   para   evitar   la  vulneración  de  los  principios  de  mérito  y  transparencia  de  las  convocatorias  y  de  los  derechos fundamentales de los  demás  aspirantes  que  sí cumplieron con el puntaje requerido. Destaca que la  calidad  aprobatoria  o  no  de  las  pruebas  debe  ser  estimada  por el mismo  concursante  según  lo  dispuesto en la Convocatoria para los puntajes mínimos  aprobatorios.   

En  el  caso  concreto  de  los  demandantes,  quienes   obtuvieron   más  de  60.00  puntos  en  la  prueba  de  Aptitudes  y  Competencias  Básicas, pero menos de ese puntaje en la Prueba Psicotécnica, se  entiende   que  no  podrán  ser  admitidos  para  la  prueba  de  Análisis  de  Antecedentes  y  de  Entrevista,  según lo dispuesto en la Convocatoria y en el  Decreto.   

Aclara que de conformidad con lo dispuesto en  el  artículo  14  del  Decreto  3982  de  2006,  que estipula la obligación de  publicar  los  resultados  y  el  término  para  efectuar las reclamaciones, es  indiscutible  que  los  concursantes  gozan  de  medios de defensa eficaces para  atacar   o   controvertir   las   decisiones   tomadas   en   el  curso  de  las  convocatorias.   

Estima,  además, que la acción de tutela es  improcedente  por cuanto controvierte un acto de contenido general como lo es el  Decreto  3982  de  2006  que  se  encuentra  vigente,  su presunción no ha sido  desvirtuada,  es  de obligatorio cumplimiento y, por tanto, no es susceptible de  inaplicarse.   Igualmente,   la   vía   tutelar  no  es  el  medio  de  defensa  correspondiente,  por  cuanto  se  pretende mediante este mecanismo esquivar los  medios  judiciales  ordinarios,  suficientes y eficaces previstos en la ley para  atacar  el  acto  que  contiene  el resultado insatisfactorio, dentro de la cual  pueden   inclusive   solicitar   la   suspensión   provisional   de  los  actos  administrativos.  Tampoco se presenta la inminencia de un perjuicio irremediable  que  pudiera  evitarse  con  el  ejercicio  transitorio de la acción de tutela.   

Por  último, para fundamentar sus argumentos  cita  apartes de las sentencias proferidas en casos similares por los Tribunales  Superiores de Distrito Judicial de Cali y de Buga.   

Mediante  escritos  de  contenido similar, el  Jefe  de  la  Oficina Asesora Jurídica del ICFES dio respuesta a las diferentes  acciones  de tutela presentadas para oponerse a las pretensiones de los actores,  al   considerar  que  el  amparo  de  los  derechos  fundamentales  alegados  es  improcedente  por  cuanto  los peticionarios disponen de otros medios de defensa  judiciales  para  controvertir  la  legitimidad del concurso. Para sustentar sus  afirmaciones,  expone los siguientes argumentos y señala que el marco normativo  del  concurso  dispuesto  para  las  convocatorias  004  y  052  de  2006, está  compuesto  por  el  Decreto  Ley  1278  de  2002  y  el  Decreto 3982 de 2006, a  diferencia  de  las  que  fundamentaron el concurso docente del año 2005, en el  que  se  aplicaron  las  normas  vigentes para ese momento, que eran además del  Decreto  1278  de 2002, los Decretos 3238 y 4235 de 2004 y 3333 de 2005. De esta  forma, el ICFES efectuó las siguientes precisiones.   

En  primer lugar, señaló que la entidad que  representa  no ha vulnerado el derecho al trabajo de los demandantes, puesto que  cada  una de las actuaciones que se surten en las etapas del concurso, solamente  dan  impulso para adoptar la decisión final y no constituyen en sí misma actos  definitivos.  Así,  entonces, durante las etapas los participantes sólo tienen  una  expectativa  de  pasar  el  concurso y sólo adquieren un derecho cuando se  expide  el acto administrativo que define la situación jurídica de cada uno de  ellos.  Por eso, el hecho de adquirir la condición de participante no le otorga  a  los  accionantes  el derecho a acceder a un cargo público vacante, pues debe  superar  todas las etapas y las pruebas con los puntajes requeridos, para entrar  finalmente  a  conformar  la lista de elegibles que es la que permite acceder al  cargo respectivo.   

En segundo lugar, afirma la entidad, que no se  cambiaron  las  reglas  del concurso establecidas mediante Decreto 3982 de 2006,  que  señala dos tipos de pruebas cuya evaluación persigue objetivos diferentes  y  por  tanto  el resultado de cada una de ellas debe presentarse por separado y  no  como  un  solo resultado correspondiente al promedio total entre las pruebas  de  aptitud  numérica,  verbal,  competencias básicas y psicotécnicas. Por lo  tanto,  teniendo  en  cuenta  que  una  vez  publicados  los resultados el ICFES  estableció  que  la  forma  en  que  habían  sido  presentados se apartaba del  procedimiento  señalado  en  el  decreto  y  en  las convocatorias que rigen el  concurso,  decidió  a  partir  del  8  de  febrero  de  2007 dejar por fuera de  servicio  el  módulo  de  resultados en la página Web y el 26 de marzo de 2007  los  publicó  nuevamente,  observando  los criterios según los cuales se exige  presentar  separadamente los puntajes de las pruebas de aptitudes y competencias  básicas  y  psicotécnicas.  Por  esta razón, lo que se pretendió fue ajustar  las  reglas y los resultados al procedimiento reseñado y no desconocerlas en su  conjunto, como afirman los accionantes.   

Tampoco   se  desatendió  la  reclamación  formulada  por  los  demandantes  al  no  haber recibido notificación personal,  puesto  que el procedimiento utilizado por la entidad se ajusta a las exigencias  trazadas   por   la   jurisprudencia   de  la  Corte  Constitucional5, según  la cual, ante el alto número de reclamaciones, es aceptable  que   la   administración   responda   con  un  escrito  general  a  todos  los  peticionarios,  atendiendo  los  principios de eficiencia, economía y celeridad  estipulados en el artículo 209 del ordenamiento superior.   

Es  así como para atender el alto número de  reclamaciones  sobre  los  resultados  publicados  el  7 de febrero de 2007, por  medio  de  una actuación administrativa especial ordenada en la Resolución 069  del  1°  de  marzo  de 2007, se señaló el 20 de marzo de 2007 como fecha para  responderlas  de  manera  conjunta  y  definitiva.  En esa oportunidad, mediante  Resolución  00089  del  20  de  marzo  de  2007  el  ICFES dio por concluida la  actuación  que  incluyó  la  revisión  de  los  resultados,  no  sólo de los  peticionarios,  sino  de  la  totalidad  de  participantes;  dispuso  una  nueva  publicación  y  dejó  sin efectos la publicación efectuada el 7 de febrero de  2007.  Por  tal  razón, la CNSC, mediante la Resolución 088 del 23 de marzo de  2007,  modificó  el cronograma de las convocatorias y fijó para el 26 de marzo  de 2007 la publicación definitiva de los resultados.   

Efectuada  la  nueva  publicación,  el ICFES  recibió  las  reclamaciones  que  fueron  atendidas  el 16 de abril de 2007, al  finalizar   la   actuación   administrativa   especial   ordenada  mediante  la  Resolución 105 del 4 de abril del mismo año.   

En su parecer, las resoluciones 069 ,089 y 105  del  1°, 20 de marzo y 4 de abril de 2007 respectivamente, fueron actos de mero  trámite  expedidos  para  atender  de  manera  conjunta las reclamaciones, para  impulsar  la  realización de las etapas subsiguientes del concurso y garantizar  la  culminación  del mismo, mas no para modificar las reglas establecidas en la  convocatoria  y  la  ley,  y  que la entidad ha respetado. Por ello no es viable  suspender  las  siguientes  etapas  del  concurso, por cuanto no se demostró un  perjuicio  irremediable  y  éstas  deben  ser atendidas dentro de los términos  fijados por la CNSC en los cronogramas establecidos.   

En  tercer  lugar, manifiesta el ICFES que no  varió  los  puntajes  obtenidos  por  los  participantes,  sino  que ajustó la  presentación  de  los  resultados  a las exigencias de la Ley. Por tanto, no es  cierto  que  hubiese modificado el método de evaluación, toda vez que el mismo  se  ajustó  a lo señalado en el artículo 10 del Decreto 3892 de 2006. Explica  que  de conformidad con lo regulado por ese Decreto y en las convocatorias 004 a  052  de 2006, la ponderación de las pruebas se efectuó de la siguientes forma:  (i)  la  prueba de aptitudes y competencias básicas tiene por objeto establecer  niveles  de  dominio  sobre los saberes profesionales básicos como también las  concepciones  del  aspirante  frente  al conocimiento disciplinar y frente a sus  funciones;  es de carácter eliminatorio y requiere 60 puntos para docentes y 70  puntos  para  directivos  docentes  como  calificación  mínima para pasar a la  siguiente  prueba  y  adicionalmente tiene un valor del 50% dentro del concurso;  (ii)  la  prueba psicotécnica, por su parte, valora las aptitudes, habilidades,  motivaciones  e  intereses  profesionales  de  los aspirantes en la realización  directa  de  los  procesos  pedagógicos  o  de  gestión  institucional;  tiene  carácter  eliminatorio;  requiere  el  mismo  puntaje para pasar a la siguiente  etapa  y  tiene  un  valor  del  20%  dentro  del concurso; y (iii) la prueba de  análisis  de  antecedentes  y  la  entrevista tienen carácter clasificatorio y  tienen  un  valor  del  20%  y de 10% respectivamente dentro del concurso.    

El  ajuste  entre  una  y  otra  publicación  recayó  precisamente  en la presentación de los resultados, separando el de la  prueba  de  aptitudes  y  competencias  básicas,  del  resultado  de  la prueba  psicotécnica  y,  en  consecuencia,  la  aprobación  o  no  de  la prueba debe  deducirse del puntaje obtenido en cada una de ellas.   

En cuarto lugar, sostiene el ICFES que se dio  aplicación  a lo dispuesto en el Decreto 3982 de 2006 por tratarse de una norma  vigente,  especial,  que  goza  de  la  presunción  de  legalidad, de imperioso  cumplimiento,  y  que  no transgrede los lineamientos establecidos en el Decreto  Ley  1278 de 2002, cuyas variaciones introducidas con relación a las etapas del  concurso  y a la aplicación conjunta de las pruebas, se enmarcan en el contexto  de  las  facultades  reglamentarias. El Decreto no varió, suprimió o modificó  los  aspectos  a  evaluar;  simplemente  consideró que si debían aplicarse dos  pruebas   escritas,   resultaba   más   conveniente   aplicarlas  en  la  misma  oportunidad,  separando  los  puntajes  obtenidos  en  cada  una de ellas. Así,  entonces,  lo  que  se varió fue la forma de presentar los puntajes, actuación  ésta   que  no  constituye  una  trasgresión  del  ordenamiento  legal  ni  la  vulneración  de los derechos de los participantes, quienes aceptaron las reglas  de concurso.   

Por  último,  con  apoyo  en  algunos fallos  proferidos  por  diferentes  despachos  judiciales  en los que se debatieron los  mismos  aspectos  materia  de  esta  acción,  estima  el ICFES que el mecanismo  constitucional  que  aquí  se  presenta  resulta improcedente, por cuanto no es  competencia  del juez de tutela declarar la nulidad de los actos administrativos  o decretar la suspensión provisional de los mismos.   

5.    Hechos    y    medios   de   prueba  relevantes.   

No  obstante  que  se  trata  de  más de 200  docentes  involucrados  en  las  acciones  de  tutela  de la referencia, la Sala  resalta  los  siguientes medios de prueba relevantes presentados por las partes,  que resultan comunes a los casos objeto de revisión:   

– Convocatorias 004 a 052 a concurso público  de  mérito para el cual participaron los actores, en las que se señaló la Ley  115  de  1994,  el  Decreto  Ley 1278 de 2002 y el Decreto Reglamentario 3982 de  2006  como  normas  rectoras  del  concurso de méritos. También se fijaron las  bases  en  relación con los principios orientadores; la forma de divulgarla; el  valor  de  los  derechos  de  participación;  las etapas, fechas y lugares para  efectuar  la inscripción; las distintas pruebas que se aplicarían,  valor  en  el concurso, sitio de realización; las etapas de publicación de resultados  y  la  atención  de  reclamaciones; las etapas de valoración de antecedentes y  entrevista;  el  carácter  y  ponderación  de  las  pruebas;  la calificación  mínima  para  superar  las pruebas; publicación de resultados de las pruebas y  reclamaciones;  conformación  de  la lista de elegibles y lo relacionado con el  período de prueba.   

–  Informe  de  resultados  de  las  pruebas  publicados  el  7  de  enero  de  2008  de manera promediada, en la que aparecen  aprobados los actores para continuar en la siguiente etapa.   

–  Informe  de  resultados  de  las  pruebas  publicados  el  26  de  marzo  de  manera  separada,  en el que se distingue las  pruebas    de    aptitudes    y    competencias    básicas    de    la   prueba  psicotécnica.   

– Copia de la Resolución 069 del 1° de marzo  de  2007  proferida  por  el  Director  General del Instituto Colombiano para el  Fomento  de  la  Educación  Superior, mediante la cual se ordenó adelantar una  actuación  administrativa  especial  para  dar respuesta conjunta a las más de  4.000  peticiones  de  revisión de resultados, presentadas por los concursantes  una  vez efectuada la publicación de los resultados el 7 de febrero de 2007 por  parte  del  ICFES.  En el mismo acto administrativo, se señaló como fecha para  la respuesta el 20 de marzo de 2007.   

– Copia de la Resolución 089 del 20 de marzo  de  2007  proferida  por  el  Director  General del Instituto Colombiano para el  Fomento  de  la  Educación  Superior,  por  medio  de  la cual el ICFES dio por  terminada  la  actuación  administrativa  especial  ordenada  en  virtud  de la  Resolución  069  del 1° de marzo de 2007, solicitó a la CNSC el ajuste de los  cronogramas  del  concurso,  dejó  sin  efecto  la  publicación  de resultados  efectuada el 7 de febrero de 2007 y ordenó una nueva publicación.   

–  Copia  de  la Resolución No.088 del 23 de  marzo  de  2007,  proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, “Por  medio  de  la  cual  se  modifica el cronograma establecido en las convocatorias  No.04  a 052 para la provisión de empleos de docentes y directivos docentes”.  En  este acto administrativo, además de ordenar la modificación del cronograma  de  las  convocatorias,  fijó  para  el  26  de  marzo  de  2007,  la  etapa de  publicación  de  los  resultados  y del 27 de marzo al 2 de abril de 2007, para  llevar a cabo la etapa de atención de reclamaciones.   

–  Copia  de  la  Resolución No.105 del 4 de  abril  de  2007, proferida por el Director General del Instituto Colombiano para  el  Fomento  de  la  Educación Superior, “Por la cual se ordena adelantar una  actuación  administrativa especial para atender peticiones masivas relacionadas  con   la   publicación  de  resultados  realizada  el  26  de  marzo  de  2007,  correspondiente  a  los  resultados de las pruebas aplicadas por el ICFES, el 14  de  enero  de 2007, en desarrollo de las convocatorias 004 a 052 de la CNSC para  proveer  cargos  Docentes  y  Directivos  Docentes  estatales”.  En  este acto  administrativo,  se  señaló  para  el  16  de abril la fecha en que la entidad  daría  respuesta  conjunta  a  más  de 3.000 reclamaciones presentadas por los  participantes     con     ocasión     de    la    segunda    publicación    de  resultados.     

–   Comunicado  emitido  por  el  Instituto  Colombiano  para  el  Fomento  de la Educación Superior, publicado en el Diario  Oficial,  edición 46.604 del 19 de abril de 2007, para dar respuesta conjunta a  las  numerosas  reclamaciones, recursos, derechos de petición y escritos con el  mismo  contenido  interpuestas  con  ocasión  de  la publicación de resultados  efectuada  el  26  de  marzo  de  2007  en  desarrollo  del  concurso docentes y  directivos docentes.   

6. Fallos de tutela e impugnación  

6.1. Fallos de primera instancia:  

6.1.1.    A  continuación  se  resume  de manera general el sentido de las decisiones que se  revisan    en    los    procesos   de   tutela   que   son   propios   de   esta  sentencia.   

La  mayoría  de  los  jueces  de  instancia  concedieron  las  tutelas  presentadas,  ordenando  a las accionadas proferir el  acto  administrativo  correspondiente  que le dé validez al acto administrativo  mediante  el  cual  el  ICFES  le  comunicó  a  los  accionantes  el  resultado  aprobatorio  de  las  pruebas,  permitiéndoles  continuar  participando  en  el  concurso6.  También  se  dispuso la revocatoria de  los  actos  administrativos  de publicación de resultados, para que en su lugar  se  valide  la  prueba  de competencias, y se realice la prueba psicotécnica en  conjunto  con  la  entrevista, de acuerdo con su interpretación del Decreto Ley  1278  de  20027.  Las  razones  invocadas  para el efecto  fueron   las  siguientes:8   

– En estos casos se estimó la procedencia del  mecanismo  constitucional,  pues  a  pesar  de  existir  otros medios de defensa  judicial,  como son la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la  jurisdicción  contenciosa  administrativa  y  la  consecuente suspensión de la  ejecución  del acto, su efectividad a juicio de los falladores, está muy lejos  de  asegurar  la protección de los derechos fundamentales de los accionantes en  la misma forma que la acción de tutela.   

–  Destacaron  que  el  derecho  al  trabajo  invocado  por  los  actores,  no  podía  ser  objeto  de amparo porque no es un  derecho  fundamental,  menos  aún,  cuando  los  accionantes  sólo tenían una  expectativa frente al acceso a la carrera.   

–  Verificaron  además  la  vulneración del  derecho  al  debido  proceso  de los accionantes ya que las etapas del concurso,  delineadas  en  el  Decreto  Ley  1278  de  2002  no  podían  ser  alteradas  o  modificadas  por el Decreto Reglamentario, por ser la norma superior que rige el  proceso  del  concurso.  Señalaron  que  no hay lugar a duda en cuanto a que el  Decreto  Ley, establece las etapas del concurso y determina que las personas que  superen  la  prueba  de  aptitudes  y  competencias  básicas  harían parte del  listado  de  elegibles,  siendo  estas  pruebas  las únicas eliminatorias en el  procedimiento.  Por  ende,  el  Decreto Reglamentario 3982 de 2006, no debía ni  podía  modificar  la  estructura  del  proceso,  ya  que  no  era  posible  que  contrariara la norma que debía reglamentar.   

Así,  consideran  que  precisamente  lo  que  pretendió  hacer  el  Decreto enunciado fue modificar la estructura del proceso  de  selección,  ordenando  la  práctica de la prueba psicotécnica a todos los  aspirantes   cuando  ello  no  estaba  previsto.  Estiman  que  ese  Decreto  no  determinó  el  carácter  eliminatorio  de  esa  prueba, debiendo mantenerse la  interpretación  según la cual la única prueba eliminatoria del proceso debía  ser  la  de  aptitudes  y  competencias, de acuerdo con el num. 4 del Art. 9 del  Decreto-Ley 1278 de 2002.   

De  otro lado, se analizó el efecto del acto  administrativo  inicial  en  el  cual  se  le  informó  a  los  accionantes  su  clasificación,  determinando  que  la  entidad  accionada no podía remover del  mundo  jurídico  un  acto  administrativo  que  creaba  situaciones concretas y  subjetivas   por   su  simple  voluntad,  soslayando  cualquier  posibilidad  de  contradicción  y de recursos por parte del ciudadano afectado con la decisión.  Así,  es  claro  que  se  ha  violado  el derecho fundamental al debido proceso  administrativo,  de  modo  que el segundo acto administrativo que también se le  notifica  al ciudadano en el que las accionadas dan a conocer un nuevo resultado  carece de valor.   

Por tanto, se concluyó en estos casos que la  actuación   del   ICFES  fue  desacertada  porque  en  lugar  de  realizar  una  aplicación  armónica  tanto del Decreto 3982 de 2006 como del Decreto-Ley 1278  de   2002,  decidió  arbitrariamente,  determinar  que  eran  dos  las  pruebas  eliminatorias  dentro  del  concurso:  de un lado, las de aptitud y competencias  básicas  y, de otro, la psicotécnica, cuando las únicas pruebas eliminatorias  según  el  Decreto  Ley eran las de aptitudes y competencias básicas. Así, se  dijo,  los  accionantes  tienen derecho a ser incluidos en la lista de elegibles  pues   la   prueba  psicotécnica  tiene  un  carácter  calificatorio  más  no  eliminatorio.   

Finalmente,  concluyen que las accionadas no  contaron  desde  un  principio  con la infraestructura necesaria para atender de  fondo  cada  una  de las reclamaciones y para cumplir con el deber de garantizar  que  los  derechos  constitucionales  de  los  aspirantes  fueran  respetados  a  cabalidad.  Por  tanto,  señalaron  que  no  podía  darse validez al argumento  según  el  cual  las  entidades  se vieron superadas por las circunstancias del  caso,  pues éstas han debido prever la magnitud de la situación y no trasladar  la falta de previsión al ciudadano concursante.   

6.1.2. Ahora bien,  en  16  de  los  expedientes revisados por esta Sala9, los  jueces  de  instancia  negaron la acción de tutela por alguna de las siguientes  razones:   

–  El  accionante  cuenta  con  los  medios  ordinarios  judiciales  ante  la jurisdicción de lo contencioso administrativo,  para  demandar  las  normas  reguladoras del proceso de selección de docentes y  directivos  docentes  estatales;  normas  que  además  gozan  de presunción de  legalidad  y  respecto  de  las  cuales  puede  solicitar  la medida cautelar de  suspensión provisional.   

– No se está frente a un perjuicio inminente  ni    irremediable    que   sea   necesario   conjurar   con   la   acción   de  tutela.   

– En el caso concreto, se verificó que ni en  la  primera  ni  en  la  segunda publicación de los resultados, los accionantes  habían  obtenido  más  de 60 puntos de calificación. El puntaje alcanzado por  los  actores  era más bajo que el promedio exigido para hacer parte de la lista  de elegibles.   

–  Los  accionantes  cuentan  sólo  con  una  expectativa  de  obtener  uno  de  los  cargos  docentes vacantes que salieron a  concurso,  sin  que  se  les  hubiera  garantizado  el  acceso  a ninguno de los  ofertados,  por  lo  que no se les vulneraron ninguno de los derechos invocados.   

– La forma de interpretar las normas que rigen  el  concurso,  no se ubica dentro del concepto de debido proceso, sino dentro de  aspectos  de  ilegalidad  de  la  actuación  administrativa   por indebida  interpretación  de  la  norma,  lo  cual debe ser discutido  en un proceso  contencioso administrativo.   

–  Para  concluir, señalan los juzgadores de  instancia,  que  la  exclusión  de los actores del concurso por no haber pasado  las  pruebas  de  aptitudes y competencias básicas, no conlleva la vulneración  de  sus  derechos  fundamentales,  pues  no  cumplen  ni siquiera los requisitos  mínimos   exigibles   en   el   concurso   para   continuar   en   el  trámite  correspondiente.   

6.2. Impugnación  

Inconformes  con  las  decisiones  en que las  tutelas  fueron concedidas, en la mayoría de los casos el ICFES y en algunos de  ellos  la  CNSC,  impugnaron  los  fallos  de  primera instancia, reiterando los  argumentos  expuestos  en  las  respuestas  dadas  a  las  acciones  de  tutela.  Adicionalmente,   plantearon   la  nulidad  por  haber  desconocido  las  reglas  establecidas  para  la notificación y comunicación de las providencias, puesto  que   no   se  utilizaron  los  medios  más  expeditos  para  su  realización,  desconociendo  que  se  trataba  de  entidades  cuya única sede es la ciudad de  Bogotá D.C..   

Por  tal motivo, los términos para contestar  las  tutelas  empezaron  a  correr  a  partir  de la notificación de la primera  entidad  y  no del envío de las comunicaciones de ley a las entidades. En todos  los  casos  la  solicitud de nulidad fue rechazada y en la mayoría de los casos  las    impugnaciones   presentadas   fueron   rechazadas   por   extemporáneas.   

6.3. Fallos de segunda instancia.  

6.3.1.  En  varios  casos10  las  sentencias  de  primera  instancia  fueron  revocadas  por el  Consejo de Estado con sustento en alguna de las siguientes razones:   

–  Los  actores cuentan con otro mecanismo de  defensa  judicial  de  mayor  idoneidad para proteger los derechos supuestamente  vulnerados,   como   es   el   de   recurrir   a  la  jurisdicción  contenciosa  administrativa  e  interponer  una  acción  de  nulidad  y restablecimiento del  derecho,  solicitando  la medida cautelar de suspensión provisional, puesto que  el  juez  administrativo  es el juez natural del asunto y quien puede desvirtuar  la  legalidad  y constitucionalidad de los actos atacados, los que en todo caso,  no son objeto de reclamación por vía de tutela.   

– Con base en los nuevos resultados publicados  por  el  ICFES,  los  accionantes  involucrados  no  superaron  la calificación  mínima  establecida  en  las normas regulatorias del concurso y en consecuencia  no  podían  seguir  a  la  etapa  siguiente  del concurso, toda vez que en esta  oportunidad  las  accionadas  calificaron por separado la prueba psicotécnica y  la de aptitudes y competencias básicas, que son eliminatorias.   

–  No  se  advirtió vulneración del derecho  fundamental  al  debido  proceso  o del principio de confianza legítima, habida  cuenta  que el ICFES estaba obligado a corregir unas operaciones aritméticas no  autorizadas  en  los mencionados decretos, en cumplimiento del deber establecido  en  el  artículo  6°  de  la Constitución Política, según el cual todos los  servidores  públicos  son  responsables “por omision o extralimitación en el  ejercicio de sus funciones”.   

6.3.2.   En   el  expediente                T-1.722.58311   

,  el  Consejo  de  Estado  confirmó  las  sentencias  proferidas por el Tribunal Administrativo de  Antioquia  en  primera  instancia,  al  considerar  que las entidades vinculadas  vulneraron  el  derecho  al  debido  proceso  de  los  accionantes  por no haber  previsto  la  forma  de  atacar los actos administrativos proferidos al interior  del  concurso.  Por  tal  razón, modificó la forma de cumplimiento del amparo,  para  lo  cual  ordenó  al ICFES proferir de nuevo el acto administrativo en el  que  se  determine si la persona aprobó o reprobó el concurso, pero precisando  los  recursos  procedentes,  de  manera  que  sea  viable  para  los accionantes  atacarlos,  si así lo desean, a través de los mecanismos ordinarios propios de  la jurisdicción contencioso administrativa.   

6.3.3.   En  los  expedientes  T-1.716.252,  T-1.722.567, y T-1.734.130, la Sala de lo Contencioso  Administrativo,  Sección  Cuarta,  revocó  la decisión de primera instancia y  declaró  la cesación del procedimiento por carencia de objeto, toda vez que la  situación  que  generó  la  vulneración de los derechos había sido corregida  por  el  ICFES  al  haber expedido las resoluciones en las que se daba validez a  los resultados aprobatorios publicados el 7 de febrero de 2007.   

6.3.4.   En   el  expediente  T-1.828.345  la  Sala  Plena  de  lo  Contencioso Administrativo del  Consejo  de Estado, mediante Sentencia proferida el 11 de diciembre de 2007: (i)  revocó  las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia  y    negó    el    amparo   a   los   accionantes12         (ii)   confirmó   las   providencias  proferidas  por  el  Tribunal  Administrativo  de  Córdoba,  mediante  las cuales se les negó el amparo a los  accionantes13;   y   (iii)  confirmó  la  providencia  proferida  por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se le negó  el         amparo        al        accionante14.   

7.   Pruebas   solicitadas   en   sede   de  revisión.   

7.1.  Mediante auto  del  3  de  marzo  de  2008,  la  Sala Quinta de Revisión de Tutela de la Corte  Constitucional  ordenó  oficiar  a  la  Comisión  Nacional  del Servicio Civil  –   CNSC   –  para  que  allegara  al  proceso  de  tutela  de la referencia, copia de las convocatorias No.004 a 052 realizadas por  esa  entidad, en las que fijó el calendario académico y convocó a concurso de  méritos  de  docentes y directivos docentes. También solicitó a dicha entidad  que  informara:  (i)  la  manera  como  se efectuó la divulgación de los actos  administrativos  que  convocaron  a  concurso de méritos de personal docentes y  directivos  docentes; (ii) la norma jurídica aplicada, entre el Decreto 1278 de  2002  y el Decreto Reglamentario 3982 de 2006, para elaborar la convocatoria del  concurso  de  méritos  de  personal  docente  y directivos docentes; y (iii) el  estado  del  proceso  del  concurso docente y directivos docentes etnoeducadores  afrocolombianos,   particularmente,   la   investigación  relacionada  con  ese  concurso  en  el  departamento  de Sucre; y (iv) el criterio que predominó para  resolver,  en  caso  de  existir,  antinomias entre el Decreto 1278 de 2002 y el  Decreto   Reglamentario   3982   de  2006,  en  la  elaboración  de  los  actos  administrativos que efectuaron la convocatoria.   

7.2.  De  la   misma  forma  se  ordenó  oficiar al Instituto Colombiano para el Fomento de la  Educación        Superior       –ICFES–,  para  que  enviara  copia  de los actos administrativos: (i) del 7 de febrero de 2007,  mediante  el  cual  se  efectuó la primera publicación de los resultados de la  página   web,   de   las  pruebas  escritas  de  aptitud  verbal,  matemática,  competencias  básicas  y  psicotécnicas,  presentadas  por  los  aspirantes al  concurso  de  docentes  y  directivos  docentes, para proveer las vacantes en el  departamento  de  Antioquia;  (ii)  del  26 de marzo de 2007, por medio del cual  efectuó  la  segunda publicación de los nuevos resultados; y (iii) el acto por  medio  del cual dio respuesta a las peticiones y/o reclamaciones presentadas por  los  participantes al concurso de mérito de docentes y directivos docentes, con  ocasión  de  la  publicación  de  los  primeros resultados, el 7 de febrero de  2007.     Adicionalmente     le     solicitó     resolver     los    siguientes  interrogantes:   

    

1. ¿En  qué  etapa  se  encuentra actualmente el concurso de méritos  convocado mediante resoluciones No. 04 a 052 de 2007?   

2. De  los participantes inscritos para proveer las vacantes existentes  en  el  Departamento  de  Antioquia  y  que  han  instaurado  acciones de tutela  ¿Quiénes        se        encuentran        nombrados       en       propiedad  actualmente?          

7.3.  Durante  el  trámite  se  aportaron al  proceso los siguientes documentos:   

7.3.1.  Mediante  escrito  allegado  a  esta Corporación, el día 11 de marzo de 2008, la Asesora  Jurídica  de  la Comisión Nacional del Servicio Civil dio respuesta a cada uno  de  los  interrogantes  planteados por la Corte Constitucional. En primer lugar,  precisó  que  en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 3982  de  2006,  y  en  aplicación  del  principio  de  publicidad que rige los actos  administrativos  de  carácter  general,  las  convocatorias  004 a 052 de 2006,  fueron  divulgadas  a  través  del  diario  de amplia circulación nacional, El  Tiempo,  contratado  para  tal  efecto,  en  el que se publicó el domingo 26 de  noviembre  un  aviso  dirigido a los interesados, sobre la apertura del concurso  abierto   de   méritos   para   empleos  de  docentes  y  directivos  docentes.  Adicionalmente,  fueron remitidas copias de las convocatorias a las 49 entidades  territoriales  certificadas  en educación, participantes en el referido proceso  de  selección,  con el fin de que fueran publicadas en sus respectivas páginas  web.   

En   relación   con   el  segundo  de  los  interrogantes,  indicó  la Comisión que dado que las convocatorias consignaron  que  las  normas  que  las regirían serían la “Ley  115  de 1994, Decreto –Ley  1278  de  2002,  Decreto  3982  de  2006  y  demás  normas que las reglamenten,  modifiquen  o  sustituyan.”, se desprende claramente  que  en  la  elaboración y publicación de las convocatorias se aplicaron tanto  el  estatuto de profesionalización docente expedido mediante el Decreto 1278 de  2002,  como  el  Decreto  3982  de  2006,  reglamentario  del mismo, el cual fue  expedido  por  el Gobierno Nacional con base en las competencias asignadas en la  Ley  715  de  2001 y atendiendo el pronunciamiento de la Corte Constitucional en  la  sentencia  C-175  de  2006,  el  cual  señala  que corresponde a la CNSC la  administración  y  vigilancia  de  los  sistemas  de carrera especial de origen  legal que rige los docentes y directivos docentes.   

Respecto del tercer interrogante, sostuvo esa  entidad  que  el  concurso  de  méritos  para seleccionar docentes y directivos  docentes  etnoeducadores  afrocolombianos  y  raizales,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  el  Decreto  1278  de  2002,  el Decreto 804 de 1995 y el Decreto  reglamentario  3982  de  2006, se encuentra reglamentado en los Decretos 3323 de  2005 y 140 de 2006.   

Precisa que el proceso de selección iniciado  en  el  Departamento  de  Sucre  corresponde a un concurso de méritos convocado  directamente  por el ente territorial mediante Decreto Departamental No.0779 del  30  de  enero  de  2006,  antes  de  que  la  CNSC asumiera la competencia en la  función  de  administración  y vigilancia del sistema de carrera docente. Ante  las  múltiples  quejas  presentadas,  “en relación  con  la calificación de las pruebas y la expedición del resultado del conjunto  de   pruebas  practicadas  en  desarrollo  del  concurso,  sin  que  se  hubiese  conformado  lista  de  elegibles  ni  generado  acto  de  contenido particular y  concreto,  la  CNSC,  en  ejercicio  de su función de  vigilancia,  asumió  dicho  proceso  de  selección,  para  lo cual expidió la  Resolución  1436  del  8  de  octubre  de  2007, mediante la cual, se dejó sin  efecto  la  calificación de la “Prueba de Análisis  de  Antecedentes”,  la  calificación  de  la prueba  “Proyecto     Etnoeducativo”     y  se anuló la prueba de “Entrevista”  practicadas   dentro   del   proceso  de  selección,  ordenando  a la entidad territorial realizarlas nuevamente. Actualmente, la CNSC  estudia   para   su  aprobación  el  proyecto  de  Acuerdo  que  reglamenta  la  aplicación   de   dichas   pruebas   y   el   cronograma   de   ejecución  del  mismo.   

Sobre el último de los interrogantes, aclara  que  en  la  elaboración  de  las  convocatorias  004  a 052, no se encontraron  disposiciones  contrarias  entre  el  Decreto  Ley  1278  de  2002  y el Decreto  Reglamentario  3982 de 2006, por cuanto éste último reglamenta parcialmente el  Decreto  Ley  y  establece el procedimiento de selección mediante concurso para  la  carrera  docente  y se determinan criterios para su aplicación. La facultad  reglamentaria  se  encuentra  prevista en el artículo 9 del Decreto Ley 1278 de  2002  que  faculta  al  Gobierno  nacional  para  reglamentar el contenido y los  procedimientos  de  cada  una de las etapas del concurso, la elaboración de las  pruebas  de  selección  y  clasificación,  los  recursos  que  proceden  y  su  procedimiento.   

Junto  con el escrito, la representante de la  CNSC  adjuntó:  (i)  Copia de los avisos informativos sobre el concurso abierto  de  méritos  para  empleos  de  docentes y directivos docentes, publicado en el  periódico  El Tiempo el 26 de noviembre de 2006; (ii) orden de servicio No.0111  de  fecha  23  de  noviembre  celebrada  entre la CNSC y El Tiempo S.A., para la  publicación  del  aviso  sobre la convocatoria; (iii) Resolución No.1436 del 8  de  octubre  de 2007, proferida la CNSC “Por la cual  se  adoptan  unas  determinaciones en relación con el concurso de méritos para  la   selección   de   directivos   docentes   y   de   docentes  etnoeducadores  afrocolombianos  en  el  Departamento  de  Sucre.”; y  (iv)  convocatoria  05 correspondiente a la entidad territorial del municipio de  Armenia, Quibdó.    

7.3.2. El 11 de marzo  de  2008,  la  Jefe  de  la Oficina Asesora Jurídica del ICFES dio respuesta al  requerimiento  de  la  Corte Constitucional, mediante escrito en el que precisó  respecto   de  la  información  documental  solicitada,  lo  siguiente:  a)  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  del Decreto 3982 de 2006,  mediante  el  cual  se  fijó  la  estructura del concurso, la CNSC como entidad  convocante  definió  el cronograma para llevar a cabo las diferentes etapas del  concurso,  el  cual  fue  incluido en las convocatorias que fueron divulgadas en  las  páginas  Web  de  la  CNSC,  el  Ministerio  de  Educación y el ICFES. En  relación  con  la  publicación de resultados se señaló expresamente que esta  etapa  tendría  lugar  el 7 de febrero de 2007 en la dirección electrónica de  la  CNSC, y del 8 al 14 de febrero del mismo año, se destinaría para atención  por  parte  del  ICFES,  de  las  reclamaciones de los usuarios derivadas de los  resultados  de las pruebas; b) adjuntó copia de la Resolución No 088 del 23 de  marzo  de 2007, por medio de la cual la CNSC fijó la publicación de resultados  para  el 26 de marzo de 2007; y c) con ocasión de la publicación de resultados  llevada  a  cabo  el  7  de  febrero  de  2007,  el ICFES recibió cerca de 5000  reclamaciones,   razón  por  la  que  fueron  expedidas  los  siguientes  actos  administrativos, cuya copia adjuntó:   

–  Resolución  069 del 1° de marzo de 2007,  “Por  la  cual  se resolvió adelantar una actuación administrativa especial,  con  el  propósito  de  dar  respuesta  conjunta  a  los  derechos de petición  presentados  a  que  llegaren a presentarse con el mismo contenido ante el ICFES  y/o  la Comisión Nacional del Servicio Civil en relación con los resultados de  la   prueba  escrita  del  concurso  de  mérito  para  seleccionar  docentes  y  directivos docentes presentada el 14 de enero de 2007.”   

– Resolución No.089 del 20 de Marzo de 2007,  por  la cual se dio por terminada la actuación iniciada mediante la Resolución  No.069  del  1° de marzo de 2007, una vez efectuada la revisión de las pruebas  por  parte  del  ICFES  según  la  petición  generalizada  de los reclamantes.  Adicionalmente,  dispuso la publicación de los resultados obtenidos por quienes  participaron  en  la  prueba  realizada el 14 de enero de 2007 y especificó que  esa  nueva  publicación  se  efectuaría en la fecha que determinara la CNSC de  acuerdo  con  los ajustes que se hicieran al cronograma previamente definido por  la Comisión.   

– Resolución No.088 del 23 de marzo de 2007,  expedida  por  la  CNSC,  por  medio  de  la  cual  se  modificó  el cronograma  establecido  en  las  convocatorias  04  a  052  y  señaló  como fecha para la  publicación de los resultados el 26 de marzo de 2007.   

–  Resolución No.105 del 4 de abril de 2007,  expedida  por  el  ICFES,  “Por  la  cual  se  ordena adelantar una actuación  administrativa  especial  para  atender  peticiones  masivas relacionadas con la  publicación  de  resultados realizada el 26 de marzo de 2007, correspondiente a  los  resultados de las pruebas aplicadas por el ICFES el 14 de enero de 2007, en  desarrollo  de  las  convocatorias  004  a  052  de  la CNSC para proveer cargos  Docentes y Directivos docentes estatales”.   

–  Comunicado del 16 de abril de 2007, por el  cual  se  dio  respuesta  conjunta y definitiva a las peticiones y reclamaciones  recibidas  con  ocasión  de  la  publicación  de resultados efectuada el 26 de  marzo de 2007, en el concurso en mención.   

–  En  cuanto  a  los  interrogantes  que  le  formuló  la  Corte  Constitucional,  sostiene  que  la  entidad  que representa  desconoce  la  etapa  en  la  cual  se  encuentra  el  concurso, toda vez que su  competencia   se   circunscribió  exclusivamente  al  diseño,  elaboración  y  aplicación   de   las   pruebas   de   aptitudes,   competencias   básicas   y  psicotécnicas,  así  como  la  publicación  de  los resultados y atención de  reclamaciones,  correspondiéndole  a la CNSC, de acuerdo con el Decreto 3982 de  2006,  efectuar las convocatorias y definir los cronogramas para que se lleven a  cabo las etapas posteriores.   

De  la  misma  forma  indicó,  que desconoce  cuantas   vacantes   se  encuentran  provistas  con  concursantes  que  hubiesen  demandado  en  acción  de  tutela,  por cuanto la provisión de las vacantes se  realiza  por  parte de las respectivas Secretarías de Educación, con sujeción  a  la  lista  de  elegibles  que  suministre  la  CNSC,  conformadas por quienes  aprobaron   el   concurso,   etapas   éstas   en   las  que  no  interviene  el  ICFES.   

III.          CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS   

1.          Competencia   

Esta   Sala   de   Revisión  de  la  Corte  Constitucional  es competente para conocer de todas las acciones de tutela de la  referencia  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  86, inciso  tercero,  y  241,  numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia  con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.   

2.  Problemas Jurídicos   

La Sala considera que los problemas jurídicos  a resolver en esta oportunidad son los siguientes:   

1. ¿Se vulneraron los derechos fundamentales  al  debido  proceso  administrativo y al trabajo de los accionantes con ocasión  de  la  publicación  que  efectuó  el  ICFES  el  26  de  marzo de 2007 de los  resultados  de  las pruebas de aptitudes, competencias y psicotécnica, en forma  independiente,  corrigiendo  con  ese  hecho  los  resultados publicados el 7 de  febrero  de  2007 en los que se habían promediado las pruebas en mención a fin  de  atender,  según  dicha  entidad,  las  exigencias del Decreto 3982 de 2006?  ¿Existe  violación  del  principio  de la confianza legítima de los actos por  ese hecho?   

3. ¿Se vulneraron los derechos fundamentales  de  petición  y debido proceso de los accionantes, con ocasión de la respuesta  masiva  dada  por  el ICFES respecto de la publicación de los resultados de los  puntajes y la cual fue publicada en el Diario Oficial?   

Para efectos de entrar a resolver lo planteado  y  antes  de  analizar  el  caso  concreto,  la  Sala  abordará, a la luz de la  jurisprudencia  de  esta Corte, el estudio de: (i) Los concursos de mérito para  proveer  cargos  de  docentes y directivos docentes y la convocatoria como norma  reguladora;  (ii)  los  actos  de  la  administración,  los actos de trámite o  preparatorios  y  los  actos  definitivos en los concursos de méritos; (iii) la  publicación  de  resultados  y la lista de elegibles como etapas de concurso de  méritos.  (iv)  A  partir  del análisis de los temas antes enunciados, la Sala  revisará  la procedencia de la acción de tutela y, por último, (v) acometerá  el estudio de los casos concretos.   

3.  El  marco  normativo  en los concursos de  méritos  para proveer cargos de docentes y directivos docentes. La convocatoria  como norma reguladora   

3.1. Ha sostenido la  jurisprudencia    de   la   Corte   Constitucional15,  que  el  mecanismo de provisión de cargos vacantes en  cargos  públicos  por  medio  del  sistema  de  los  concursos  resulta  ser el  componente  idóneo  para  que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y  objetividad,  mida  el mérito, las capacidades, la preparación y las aptitudes  generales  y  específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de  escoger   entre   ellos  al  que  mejor  pueda  desempeñarlo,  apartándose  de  consideraciones   subjetivas,  de  preferencias  o  animadversiones  y  de  toda  influencia política, económica o de otra índole.   

Así, ha dicho la Corte que los concursos de  mérito  tienen  por  finalidad:  “que  la  vacante  existente   se  llene  con  la  mejor  opción,  es  decir,  con  aquel  de  los  concursantes  que  haya  obtenido  el  más  alto  puntaje.  A través de él se  evalúa   y   califica   el   mérito   del   aspirante   para   ser  elegido  o  nombrado”16.  Por tanto, el  mérito  es  la condición esencial para el ingreso, permanencia y la promoción  en  la  función  pública  bajo  el régimen jurídico que corresponde fijar al  Legislador,  quien  señala, además, el sistema de nombramiento, los requisitos  y  condiciones  para determinar los méritos y calidades de los aspirantes, así  como las causales de retiro del servicio oficial.   

La   jurisprudencia   de   esta   Corte  ha  determinado,  asimismo,  que la regulación relativa a la carrera en la función  pública  por  parte  del  Legislador  ordinario  o extraordinario, se encuentra  limitada  por  la  búsqueda  de  la  eficiencia  y  la  eficacia en el servicio  público,  la  garantía  de  igualdad  de oportunidades y la protección de los  derechos  subjetivos,  entre otros valores y principios de origen constitucional  que  restringen  la  libertad  de  configuración  en  esta  materia17.   

Dentro  del  régimen  de  la carrera existen  también  unas  carreras especiales de orden constitucional y de orden legal. En  relación  con  las primeras, esta Corte ha señalado y  reiterado     en     numerosa     jurisprudencia18         que   hacen   parte   de   las   carreras   especiales   de   origen  constitucional:  la  carrera  de  las  fuerzas militares (art. 217 CP); la de la  Policía  Nacional  (art.  218  inciso 3º CP); la de la Fiscalía General de la  Nación  (art. 253 CP); la de la Rama Judicial (numeral  1º  artículo  256 CP); la de la Registraduría Nacional del Estado Civil (art.  266    CP19);  la  de  la  Contraloría  General  de  la República (numeral 10  artículo  268  CP); la de la Procuraduría General de la Nación (artículo 279  CP);   así   como   el   régimen  de  las  Universidades  Estatales  (art.  69  CP)20.   

Por   su  parte,  dentro  de  las  carreras  especiales  de  origen  legal,  se  encuentran  la  del  personal que presta sus  servicios  en  el  Departamento  Administrativo  de  Seguridad,  en el Instituto  Nacional  Penitenciario  y  Carcelario,  en la Dirección de Impuestos y Aduanas  Nacionales,  la  Carrera  Diplomática  y  la  Carrera  de  Docentes21.   

En   este   sentido,   la   jurisprudencia  constitucional  ha  establecido  la  existencia  de  tres  tipos de carreras: la  administrativa  general,  regulada  por  la  ley 909 del 2004; las especiales de  origen  constitucional  y  las  especiales o específicas de creación legal. De  este  modo,  en relación con los regímenes especiales, ha destacado que éstos  tienen  origen  constitucional,  en  el sentido de que existe un mandato expreso  del  constituyente  para  que  ciertas  entidades  del Estado se organicen en un  sistema  de  carrera  distinto al general, y también tienen origen legal, en la  medida  que  es  el  legislador,  ordinario  o  extraordinario,  quien  toma  la  decisión  de  crearlos  por  medio  de  leyes  o  de  decretos  con  fuerza  de  ley22.   

Ahora  bien,  propiamente en lo tocante a las  carreras  especiales  ha  dicho  la  Corte  que estas carreras son especiales en  cuanto  responden  a  la  naturaleza  de  las  entidades a las cuales se aplica,  contienen  regulaciones  específicas  para  el  desarrollo  de  la carrera y se  encuentran  en disposiciones diferentes a las que regulan el régimen general de  carrera.  Por  lo  anterior,  ha dicho la Corte Constitucional que, “…de  acuerdo  con  los  artículos 125, 130 y 150 de la Carta,  existen  tres  categorías  de  sistema  de  carrera  administrativa, que son la  carrera  administrativa  general,  y  las carreras administrativas especiales de  origen  constitucional  y  las  carrera  administrativas especiales o regímenes  especiales  de origen legal, conocidas también como “sistemas específicos de  carrera               administrativa”23.   

3.2.  Dentro de las  carreras  especiales de origen legal, se encuentra el régimen de Carrera de los  Docentes  regido  por  el  Decreto  1278  de 2002, expedido en desarrollo de las  facultades  extraordinarias  concedidas  al  Presidente  de  la República en el  artículo   111.2   de   la   Ley   715   de   200124,   el   cual   contiene  el  Estatuto  de  Profesionalización  Docente  que  gobierna  el  ingreso, ascenso,  retiro  y,  de  manera  general,  la  totalidad  de  los supuestos que rodean la  permanencia  del  docente  dentro  del  régimen  especial  de carrera que ha de  aplicarse     a     la     comunidad    educativa25.   

Uno  de los fines esenciales que pretende ser  realizado  por  medio  de  la  aplicación de las disposiciones contenidas en el  Estatuto  consiste  en  garantizar: “que la docencia  sea  ejercida  por  educadores  idóneos,  partiendo  del  reconocimiento  de su  formación,   experiencia,   desempeño   y   competencias  como  los  atributos  esenciales  que  orientan  todo  lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y  retiro     del    servidor    docente”26.   

En   la   Sentencia  T-588  de  2008,  esta  Corporación  afirmó  que  las  disposiciones  del Estatuto Docente  “se encaminan a asegurar que los profesionales que ocupan tales  plazas  son,  de manera efectiva, las personas que han acreditado las más altas  calidades  para desempeñarse en tales cargos. Dicho objetivo, que se predica en  términos  generales  de  la  provisión  de  cargos de toda la Administración,  adquiere  especial importancia en el caso de la docencia, debido a su definitiva  influencia  en la formación de ciudadanos, razón suficiente para avanzar en el  propósito  cardinal  del  estatuto  consistente en la profesionalización de la  comunidad educativa.”   

Es así como el Estatuto prevé el sistema de  ingreso,  permanencia  y  ascenso  por  medio  de  la  valoración de aptitudes,  experiencia  y  competencias  básicas  de  los  docentes.  En  él se define el  concurso  para  ingreso  al  servicio  educativo  estatal,  como  un  proceso de  evaluación  de  aptitudes  que  termina  con  la  elaboración de un listado de  elegibles   dispuestos  ordenadamente  según  el  resultado  obtenido  por  los  candidatos  que  hayan  participado. Con la conformación de las listas se busca  garantizar   disponibilidad   permanente  para  la  provisión  de  vacantes  en  atención  a  la  demanda  del  servicio  educativo27.   

3.3. Por su parte, en  desarrollo  de  las facultades de reglamentación otorgadas al Gobierno Nacional  en         el         Estatuto        Docente28  fue  expedido  el  Decreto  Reglamentario  3982  de  2006,  que  estableció  el procedimiento de selección  mediante  concurso  para  la  carrera  docente.  Dicho  Decreto  determinó  los  criterios  para  su  aplicación  y  en el artículo 3° fijó la estructura del  concurso.   

La  norma reglamentaria dispone que todos los  cargos    vacantes    definitivos    de   docentes29       y      directivos  docentes30  de  la  planta  de  cargos  del  servicio educativo estatal que se  encuentra  administrado  por  las entidades territoriales certificadas, deberán  ser  convocados para provisión mediante concurso. La convocatoria está a cargo  de     la     Comisión     Nacional    del    Servicio    Civil    –CNSC– de acuerdo con el cronograma que fije  para  la  aplicación de las pruebas que diseñará y aplicará el ICFES (Art. 5  del  Decreto  3982  de  2006). La convocatoria debe ser divulgada por los medios  masivos  que  garanticen  su  amplia difusión y en ella se debe especificar los  requisitos  para  participar en el concurso; la forma de hacer la inscripción y  el  valor  de  los  derechos  de  la  participación31.   

Con  base  en tales previsiones, mediante las  convocatorias  04  a  052 del 30 de noviembre de 2006, regidas por la Ley 115 de  1994,  el  Decreto  Ley  1278  de 2002 y el Decreto Reglamentario 3982 de 2006 y  demás  normas  que las reglamenten, modifiquen o sustituyan, la CNSC convocó a  concurso  público  de  méritos  para  la  selección  de docentes y directivos  docentes    del    servicio    directivo   estatal   en   diferentes   entidades  territoriales32.   

Adicionalmente,   se   señalaron   en  los  capítulos  pertinentes  de  la convocatoria las bases del concurso en relación  con  los  principios  orientadores;  la  forma  de  divulgarla;  el valor de los  derechos  de  participación;  las  etapas,  fechas  y  lugares para efectuar la  inscripción;  las  distintas  pruebas  que  se  aplicarían, el puntaje mínimo  aprobatorio,  el  valor  en el concurso, el sitio de realización; las etapas de  publicación  de  resultados  y  la  atención  de  reclamaciones; las etapas de  valoración  de  antecedentes  y  entrevista; el carácter y ponderación de las  pruebas;  la  calificación mínima para superar las pruebas; la publicación de  resultados  de  las  pruebas  y  reclamaciones;  la conformación de la lista de  elegibles y lo relacionado con el periodo de prueba.   

3.4. La convocatoria  es  norma  reguladora  de  todo  concurso  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo    31    de   la   Ley   909   de   200433 sobre carrera administrativa  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  13  del Decreto 1227 de  200534  que  la  reglamenta, y a ella quedan obligados tanto la CNSC, como  la entidad que convoca el concurso y todos los participantes.   

En  lo  concerniente  a  las  bases  de  los  concursos  públicos y en especial de los concursos para el personal docente, la  sentencia         T-256        de        199535  de  la Corte Constitucional  precisó   claramente   la  necesidad  de  asegurar  su  garantía,  así:    

“… Al señalarse por la administración  las  bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias  tanto  para  los  participantes  como  para aquélla; es decir, que a través de  dichas  reglas  la  administración se autovincula y autocontrola, en el sentido  de  que  debe  respetarlas  y que su actividad, en cuanto a la selección de los  aspirantes  que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se  encuentra   previamente   regulada,  de  modo  que  no  puede  actuar  en  forma  discrecional   al   realizar  dicha  selección.  Por  consiguiente,  cuando  la  administración  se  aparta  o  desconoce  las  reglas  del  concurso o rompe la  imparcialidad  con  la cual debe actuar, o manipula los resultados del concurso,  falta  a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los principios que  rigen   la   actividad   administrativa   (igualdad,   moralidad,   eficacia   e  imparcialidad),  y  por  contera,  puede  violar  los  derechos fundamentales al  debido  proceso,  a  la  igualdad  y  al  trabajo  de quienes participaron en el  concurso  y  resultan  lesionados  en sus intereses por el proceder irregular de  aquélla”.   

De conformidad con la anterior jurisprudencia  que  ha sido reiterada en varias oportunidades por esta Corporación36,  definidas  las   reglas  del  concurso,  su  aplicación  debe  ser  rigurosa  “para   evitar   arbitrariedades   o  subjetivismos  que  alteren  la  igualdad  o  que  vayan  en  contravía  de los  procedimientos  que  de  manera  general se han fijado en orden a satisfacer los  objetivos  del  concurso.  De  este  modo,  el  concurso  se desenvuelve como un  trámite  estrictamente  reglado, que impone precisos límites a las autoridades  encargadas  de  su  administración y ciertas cargas a  los   participantes”37.   

3.5.  El  concurso  público  para  docentes  y  directivos docentes, debe ceñirse a un conjunto de  etapas  que  de  manera forzosa deben ser observadas en su trámite, tales como:  convocatoria,  inscripciones y presentación de la documentación, verificación  de  requisitos  y  publicación de los admitidos a las pruebas, entre otras. Las  etapas  que  conforman la estructura del concurso para los docentes a la luz del  artículo  9  del  Decreto  –  Ley  1278 de 2002 y del artículo 3° del Decreto  –  Reglamentario, son las  siguientes:    

Decreto   1278   de  2002   

(Art. 9°)            

Decreto   3982   de  2006   

(Art. 3°)  

a)  Convocatoria;   

b)   Inscripciones   y  presentación  de  la      documentación;   

c)   Verificación   de   requisitos   y  publicación de los admitidos a las pruebas;   

d) Selección mediante prueba de aptitudes y  competencias básicas.   

Tiene  por  objeto  la  escogencia  de  los  aspirantes  más  idóneos  que  harán  parte  del  correspondiente  listado de  elegibles;   

e) Publicación de resultados de selección  por prueba de aptitud y competencias básicas;   

g)   Clasificación.   Tiene  por  objeto  establecer  el  orden  en  el  listado  de  elegibles, según el mérito de cada  concursante  elegible,  asignando  a  cada  uno un lugar dentro del listado para  cada  clase  de  cargo,  nivel y área del conocimiento o de formación, para lo  cual  se  tendrán  en  cuenta  los  resultados  de  la  prueba  de  aptitudes y  competencias  básicas;  la prueba psicotécnica; la entrevista y la valoración  de  antecedentes.  Para los directivos se calificarán los títulos de postgrado  relacionados    con    las    funciones    del    cargo    y    la   experiencia  adicional;   

h) Publicación de resultados;  

i) Listado de elegibles por nivel educativo  y  área  de  conocimiento,  en  orden  descendente  de puntaje para cada uno de  ellos.             

a)  Convocatoria;   

b) Inscripción y publicación de admitidos  a las pruebas;   

c)  Aplicación  de  pruebas  de aptitudes,  competencias básicas y psicotécnicas;   

d) Publicación de resultados de las pruebas  de aptitudes, competencias básicas psicotécnicas;   

e)  Recepción de documentos, verificación  de requisitos y citación a entrevista;   

f)   Valoración   de   antecedentes   y  entrevista;   

g)   Publicación  de  resultados  de  la  valoración de antecedentes y entrevista;   

h) Conformación y publicación de lista de  elegibles;   

i)    Nombramiento   en   período   de  prueba;   

j) Período de prueba.”  

El artículo 9° del Decreto Ley 1278 de 2002,  diferenció  las  pruebas  de  aptitudes  y competencias básicas de las pruebas  psicotécnicas  y  estableció que una vez los aspirantes superen las pruebas de  aptitud  y de competencias básicas, serían convocados para presentar la prueba  psicotécnica,  entrevista y valoración de antecedentes, las cuales constituyen  una  etapa  posterior  a la primera. Lo anterior, significa que una vez superada  la  prueba  de aptitudes y de competencias básicas, pasan a la siguiente etapa,  consistente  en  la  aplicación  de  las pruebas psicotécnica, entrevista y la  valoración  de  antecedentes.  Para  formar  parte de la lista de elegibles, es  necesario superar la totalidad de las pruebas del concurso.   

Por  su  parte,  el artículo 3° del Decreto  Reglamentario   3982   de   2006,   reproduce  los  mismos  aspectos  a  evaluar  contemplados  en  el  Decreto  Ley,  pero  prevé  que  la prueba de aptitudes y  competencias  básicas  y  la  prueba  psicotécnica  conforman  una  etapa y la  valoración  de  antecedentes  y  entrevista,  configuran  otra etapa posterior.  Aunque  el  Decreto  Reglamentario  también diferencia, claramente –tal   como   lo   hace   el   Decreto  Ley–, las dos pruebas por  el  objeto  que  persigue,  por razones prácticas determinó que las pruebas de  aptitudes  y competencias básicas y la prueba psicotécnica se debían realizar  el mismo día, a la misma hora y lugar.   

En  efecto, el artículo 9° del Decreto 1278  de  2002,  dispone  que la prueba de aptitudes y competencias básicas tiene por  objeto  la  escogencia  de  los  aspirantes  más  idóneos que harán parte del  correspondiente  listado  de  elegibles. El artículo 10 del Decreto–Reglamentario, establece que la prueba  de      aptitudes      básicas      tiene      por     objeto:     “…establecer    niveles    de   dominio   sobre   los   saberes  profesionales  básicos,  como también las concepciones del aspirante frente al  conocimiento  disciplinar y frente a sus funciones de acuerdo con lo establecido  en  los  artículos 4°, 5° y 6° del Decreto-ley 1278 de 2002.”.  Por  su  parte, estipuló que la prueba psicotécnica “…valorará   las   actitudes,   habilidades,   motivaciones  e  intereses  profesionales  de  los  aspirantes  en la realización directa de los  procesos pedagógicos o de gestión institucional”.   

De otra parte, en el artículo 13 del Decreto  Reglamentario,  se  estipuló  que las pruebas son de carácter eliminatorio, lo  que  significa  que  se  requiere un puntaje mínimo aprobatorio, que sirve para  eliminar los participantes en un concurso.   

Es así como, de conformidad con lo dispuesto  en  la  mencionada disposición, “[l]a calificación  mínima  para  superar  cada  una  de  las  pruebas  de aptitudes y competencias  básicas  y  psicotécnicas  y  por  ende  ser  admitido  a  la  valoración  de  antecedentes  y  entrevista, es de 60 puntos para cargos docentes y de 70 puntos  para  cargos directivos docentes”. (Art. 13 D.R. 3982  de  2006).  De  esta  manera,  quien  no  obtenga un puntaje igual o superior al  mínimo  aprobatorio establecido en las reglas de la convocatoria, no podrá ser  admitido  a  la  siguiente  etapa de valoración de antecedentes y entrevista y,  por tanto, será excluido del concurso.   

Adicionalmente en las convocatorias 004 y 052  para  el  concurso  de  docentes y directivos docentes, además del carácter de  eliminatorias,  se consagró que la prueba de aptitudes y competencias básicas,  tendría  un  valor  en  el concurso del 50%, y para la prueba psicotécnica, se  asignó  un  valor  de  20%.  El resultado final del concurso correspondía a la  suma  ponderada  de las calificaciones obtenidas con valores que se determinaron  así:   

“a)  Prueba  de  aptitudes  y competencias  básicas             50%   

b)    Prueba   psicotécnica                                                                                           20%   

c)  Valoración  de antecedentes                                                        20%   

d)   Entrevista                                                                                             10%”   

Ahora bien, en relación con las demás etapas  del  concurso, tanto el Decreto Ley 1278 de 2002 y el Decreto Reglamentario 3982  de  2006, estipulan las etapas de publicación para dar a conocer los resultados  de  las  pruebas  practicadas  y  además  la conformación en estricto orden de  mérito  y  como  resultado  de  los  puntajes  obtenidos en las pruebas, de las  listas  de  elegibles  por  cada  entidad  territorial  certificada para la cual  convocó el concurso.   

Así, del análisis comparativo de las normas  citadas,  se  concluye  que  el  Decreto  Reglamentario reprodujo los aspectos a  evaluar  contenidos  en el Decreto Ley 1278 de 2002, las cuales deben realizarse  en  el  mismo  día,  hora  y  lugar.  No  obstante,  para conformar la lista de  elegibles  es  necesario superar la totalidad de las pruebas del concurso, tanto  en  virtud  del  Decreto Ley 1278 de 2002 como del Decreto Reglamentario 3982 de  2006.   

4.           Los  actos  de la administración. Actos de trámite o preparatorios  y actos definitivos en los concursos.   

4.1.   El   acto  administrativo,   ha   sido   definido   como   “La  declaración  de  voluntad,  de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por  la  administración  en  ejercicio de una potestad administrativa distinta de la  potestad               reglamentaria”38.   

Son variadas e innumerables las formas en que  la  doctrina y la jurisprudencia ha clasificado los actos de la administración,  bien  por  su contenido, por la autoridad que interviene en su elaboración, por  la  mayor  o  menor  discrecionalidad de quien lo expide o por la incidencia que  tengan  en  la  decisión  final,  entre otras. Dentro de éste catálogo, se ha  diferenciado  claramente los llamados actos administrativos de carácter general  y los actos administrativos de carácter particular.   

Así,  los llamados actos administrativos de  carácter  general,  son  aquellos  en los que los supuestos normativos aparecen  enunciados  de  manera  objetiva y abstracta, y no singular y concreta, y por lo  tanto  versados  a  una  pluralidad indeterminada de personas; es decir, a todas  aquellas  que  se encuentren comprendidas en tales parámetros. Puede existir un  acto   general   que  se  dirija  a  algunas  pocas  personas  o  a  ninguna  en  particular.   

Por  el  contrario,  los  actos de carácter  particular,  son  de  contenido  específico  y concreto; producen situaciones y  crean  efectos  individualmente  considerados. Dentro de esta clasificación, la  administración  pública  puede  expedir  un  acto  de contenido individual que  puede  estar  referido a muchas personas concretamente identificadas39.   

4.2. También se han  distinguido  los  actos  administrativos según el contenido de la decisión, en  actos  de trámite o preparatorios y actos definitivos. Los primeros no expresan  en  concreto  la  voluntad  de  la  administración,  simplemente constituyen el  conjunto  de  actuaciones  intermedias  que  preceden  a  la  formación  de  la  decisión  administrativa  que  se plasma en el acto definitivo y en la mayoría  de   los   casos   no   crean,   definen,   modifican  o  extinguen  situaciones  jurídicas.   

Según  el  inciso final del artículo 50 del  C.C.A.,  “son  actos definitivos que ponen fin a la  actuación  administrativa,  los  que  deciden directa o indirectamente el fondo  del  asunto;  los  actos  de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan  imposible  continuarla”. En tal virtud, según lo ha  entendido   la   doctrina   y   la   jurisprudencia40,  los  actos  de  trámite y  preparatorios,  como su nombre lo indica, dan impulso a la actuación preliminar  de  la  administración,  o  disponen u organizan los elementos de juicio que se  requieren  para  que  ésta  pueda  adoptar,  a  través  del  acto  principal o  definitivo,  la  decisión sobre el fondo del asunto. Es obvio, como lo advierte  el  aparte  final  de  la  norma  citada, que un acto de trámite puede tornarse  definitivo,  cuando  de  alguna  manera,  decida  sobre la cuestión de fondo, o  ponga  fin  a  la  actuación administrativa, de suerte que se haga imposible la  continuación  de  ésta.  Estos  actos  no producen efectos jurídicos para los  administrados,   ni   crean,  extinguen  o  modifican  sus  derechos  subjetivos  personales.   

Con  el  fin  de  garantizar  la eficiencia y  celeridad  de  las  funciones que le competen a la Administración, el artículo  49  del C.C.A.41,  ha  previsto  que tales actos preparatorios o de trámite no sean  susceptibles,  por  regla  general,  de  recursos  en  vía  gubernativa,  ni de  acciones  judiciales  autónomas,  de  forma que su control solamente sea viable  por  medio  de  la  discusión  del  acto  definitivo  que  concreta la voluntad  administrativa,  bien  sea  a  través  de los recursos procedentes contra él o  bien  como  causal  de  anulación  ante  la  jurisdicción  en  lo  contencioso  administrativo  (art. 84 C.C.A). No obstante, dado que el control de estos actos  debe  hacerse  a  partir de los actos definitivos y demostrando la relevancia de  la  irregularidad  previa  en  la ilegalidad de la decisión final, es necesario  esperar    a    la    decisión   final   para   plantear   la   invalidez   del  procedimiento.   

5. La publicación de resultados y su forma de  notificación   y   la   lista   de   elegibles  como  etapas  del  concurso  de  méritos    

5.1.  Vistas  las  anteriores   definiciones,  dentro  de  las  etapas  del  concurso  de  docentes  señalada  en  acápite  anterior,  los  actos  previos a la conformación de la  lista  de  elegibles,  entre  los  que  se  encuentra  la  publicación  de  los  resultados  obtenidos  en las pruebas, son verdaderos actos de trámite en tanto  que  le  dan impulso al proceso de selección, pero no definen la actuación. Ha  sostenido   el  Consejo  de  Estado,  en  relación  con  la  naturaleza  de  la  publicación de los resultados de un concurso de méritos que:   

“(…) las publicaciones de los resultados  del  concurso, son determinaciones que constituyen actos de trámite, los cuales  fueron   expedidos   dentro   de   la  actuación  propia  del  concurso  y  las  determinaciones  que en ellos se adoptan, se realizan justamente para impulsar y  dar  continuidad  al proceso propio de las convocatorias, en cumplimiento de los  deberes  legales  de  las entidades involucradas.”43   

Así como se indicó en el capítulo anterior,  por  disposición  del  artículo  49  del  Código  Contencioso Administrativo,  contra  el  acto  de la publicación de resultados de las pruebas en un concurso  de  mérito  no  proceden los recursos y por tanto, tales actos no requieren ser  notificados  personalmente,  puesto  que  de  conformidad con lo dispuesto en el  artículo  44  del mismo estatuto, solamente se notifican en forma personal, las  decisiones que pongan término a una actuación administrativa.   

No obstante lo anterior, para dar cumplimiento  al  principio  de  publicidad  de los actos administrativos, el artículo 14 del  Decreto  Reglamentario 3982 de 2006, estipuló que para dar a conocer a cada uno  de  los  participantes  los  resultados de las pruebas  “…la  convocatoria  señalará  los  medios  y  términos de publicación de  resultados  de  cada  una  de  las  pruebas,  así  como los medios y tiempos de  presentación  de  reclamaciones”.  En desarrollo de  tal  precepto, las Convocatorias 04 a 052, señalaron como una de las etapas del  concurso,  la publicación de los resultados, para lo cual dispuso que se haría  a  través  de  la  página  Web  de  la  CNSC,  el  día  7 de febrero de 2007.  Adicionalmente,  previó  una etapa para la atención por parte del ICFES de las  reclamaciones  por resultados de las pruebas, que se llevaría a cabo entre el 8  y el 14 de febrero de 2007, por la página Web del ICFES.   

5.2. Ahora bien, en  cuanto  a  los  actos definitivos que adopta la administración en los concursos  de  mérito,  se  tiene  la lista de elegibles que se define como un instrumento  que  garantiza  la  transparencia del proceso de selección, provee información  sobre  quiénes  tienen derecho a ser nombrados en los cargos para los cuales se  hizo  la  convocatoria  y  sobre  quiénes  tendrán  en  el  futuro  un derecho  preferencial  a ser nombrados en vacantes que surjan durante los dos años de la  vigencia de la lista.   

Solamente  la  conformación  de  la lista de  elegibles  que debe adoptarse mediante acto administrativo, define la situación  jurídica  de  los  participantes,  puesto que adquieren un derecho particular y  concreto  que  les  da  la  certeza  de  poder  acceder  al  cargo  para el cual  concursaron.  Durante  las  etapas del concurso, tan sólo tiene una expectativa  de pasarlo.   

En  relación con el surgimiento de derechos  dentro  del  desarrollo de concurso de méritos, la Corte en sentencia T-1241 de  200144, dijo lo siguiente:   

“(…)  la  conformación  de la lista de  elegibles  es  la formalización de un derecho subjetivo que surge de la certeza  de  los  resultados  del  concurso,  esto es, una vez se encuentran en firme las  calificaciones,  se  conoce  el puntaje definitivo obtenido por los aspirantes y  las  impugnaciones  a las calificaciones presentadas por los concursantes ya han  sido   resueltas.  La  lista  de  elegibles  organiza  la  información  de  los  resultados  del  concurso  y señala el orden en que han quedado los aspirantes.  Esta  lista  tiene como finalidad hacer públicos los nombres y lugares ocupados  por  los  distintos aspirantes, de tal forma que se facilite tanto el proceso de  nombramiento   en   el   cargo  para  el  cual  concursaron,  como  la  eventual  impugnación  de la inclusión, ubicación o puntaje de un aspirante en la lista  por  posible  fraude, incumplimiento de los requisitos de la convocatoria, o por  error numérico que altere el orden en la lista”.   

Para la carrera docente, la lista de elegibles  es  conformada  por la CNSC en estricto orden de mérito y como resultado de los  puntajes  obtenidos  en  las  pruebas  en  orden  descendente,  por cada entidad  territorial  certificada  para  la  cual  se convocó el concurso, en la cual se  incluirá  a  quienes  hayan  obtenido  como  mínimo  en el resultado final del  concurso  los  60.00  puntos  para cargos docentes y setenta (70.00) para cargos  directivos  docentes.  (Art.  15  Decreto  3982  de 2006). Dentro de los 3 días  siguientes  a  la  fecha  de  la  publicación  de  la  lista  de elegibles, los  interesados podrán presentar reclamaciones.   

6.  Procedencia  excepcional de la acción de  tutela frente a los actos administrativos de trámite.   

6.1. La acción de  tutela  en  los términos del artículo 86 de la Carta,  es  un  mecanismo  de  defensa  judicial  residual  y  subsidiario45,   que   permite   la   protección   inmediata   de  los  derechos  fundamentales  de  una persona vulnerados o amenazados por la acción u omisión  de  cualquier  autoridad  pública,  o  incluso  de  los  particulares,  en  los  términos      prescritos     por     la     ley46.    

Esta  acción  constitucional,  según  la  reiterada  jurisprudencia  de esta Corte, procede generalmente cuando la persona  no  dispone  de  otro  medio  de  defensa judicial, o cuando existiendo ese otro  medio  alternativo  de  protección,  éste  no  resulta  idóneo para el amparo  efectivo  de  los  derechos  vulnerados o amenazados47.   También,  procede  como  mecanismo  transitorio, en aquellas circunstancias en las que a pesar de existir  un  medio adecuado de protección, se requiere evitar un perjuicio irremediable,  por   lo   que   se  exige  una  perentoria  acción  constitucional48.   

6.2. Ahora bien, la  idoneidad  del  otro  medio  de  defensa alternativo supone en los términos del  artículo   6º   del   Decreto   2591   de   199149,   una   evaluación,   en  concreto,  de  ese mecanismo de defensa propuesto por el juez constitucional, lo  que  supone  valorar  los  elementos  de cada caso particular para determinar la  eficacia  o  no  del  medio  de defensa alternativo. Es por esto que el fallador  debe  confirmar  que  el  medio  de  defensa  judicial sugerido tiene la aptitud  necesaria   para   brindar  una  solución  “clara,  definitiva  y  precisa”50 al quebrantamiento o amenaza  del  derecho fundamental que se alega vulnerado. Por ende, en la sentencia T-384  de  1998  (M.P.  Alfredo  Beltrán Sierra) se consideró pertinente verificar en  concreto,  si  “el  otro  medio de defensa judicial  existente,  en términos cualitativos, ofre[ce] la misma protección que el juez  constitucional  podría  otorgar  a  través  del  mecanismo  excepcional  de la  tutela”51.   

En   tales   términos,   si  el  mecanismo  alternativo   propuesto   es  eficaz  –teniendo  en  cuenta  el  objetivo  de  protección  que abriga y su  resultado       previsible      y      oportuno52–,  la tutela resulta ser improcedente como mecanismo de protección,  a  menos  que  se pruebe la existencia de un perjuicio irremediable que autorice  la  protección  constitucional transitoria. De lo contrario, esto es, de ser el  mecanismo  alternativo  ineficaz,  la tutela deviene en el medio pertinente para  conjurar la violación o amenaza del derecho fundamental invocado.   

6.3. En situaciones  relacionadas  con  la  amenaza  o  vulneración  de  derechos  fundamentales con  ocasión  de  la  expedición de actos administrativos, normativamente la tutela  es  un mecanismo viable de protección en virtud del artículo 86 de la Carta, y  según   lo   previsto   en   los   artículos   653,        754     y  855    del    Decreto    2591   de   199156. No  obstante,  esta  Corporación  ha  considerado  en  general,  como regla, que la  tutela  es  improcedente  en  contra de actos administrativos teniendo en cuenta  que  existen  normalmente  otros  mecanismos  ordinarios de defensa judicial que  resultan    aptos    para    asegurar    la    protección   de   los   derechos  alegados57,  como  pueden  ser  las  acciones contencioso administrativas. Sin  embargo,  estas consideraciones no son óbice para que en ciertas situaciones la  Corte  Constitucional  haya  considerado  procedente  la  tutela  como mecanismo  transitorio     o     principal     –según      el     caso–,  ante  actuaciones  administrativas  que  hayan implicado para las  personas  afectadas un perjuicio irremediable. Ello ha ocurrido especialmente en  aquellas  ocasiones  en  las que la acción de tutela es el único medio del que  dispone   una   persona   para   evitar  un  perjuicio  irremediable58,   o   en  circunstancias  en las cuales la acción de tutela es el único medio idóneo de  protección      del      derecho      invocado59.   

La   figura   del  perjuicio  irremediable,  necesaria   para   la   procedencia  de  la  tutela,  demanda  que  se  acredite  concurrentemente,   (a)   que   el   perjuicio  que  se  alega  es  inminente,  es  decir  que,  “amenaza   o   está   por   suceder   prontamente”.60  (b)  Que  las  medidas  necesarias  para impedir el perjuicio, son  urgentes, a fin de que no se  de     “la     consumación    de    un    daño  irreparable”61;  y (c) que el perjuicio sea  grave, es decir, que afecte  bienes  jurídicos  que  son “de significación para  la         persona,         objetivamente”62.    

Es más, esta Corporación ha resaltado que de  configurarse  un perjuicio irremediable, “el juez de  tutela  pued[e]  suspender  la  aplicación del acto administrativo (artículo 7  del  Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del  Decreto  2591  de  1991)  mientras  se  surte  el  proceso  respectivo  ante  la  jurisdicción       de       lo      contencioso      administrativo”63.   

6.4. En los casos de  la  referencia  en  los que los actores cuestionan el acto de la publicación de  resultados  de  las pruebas practicadas con ocasión del concurso de méritos de  docentes   y   directivos   docentes   a   nivel   nacional,   que  –como  se  indicó  en  los  acápites  anteriores–,  constituyen  actos  de  trámite  contra  los  cuales,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo  49  del  Código  Contencioso  Administrativo,  por regla general, no  proceden  los  recursos  por  la  vía  gubernativa,  ni  tampoco  las  acciones  contencioso    administrativas,    los    accionantes    carecen,   prima   facie,  de  otros  medios de defensa judicial y, por tanto, de  acciones  eficaces  para  la protección inmediata de los derechos fundamentales  invocados   por   los   peticionarios   en   cada   una   de   las  acciones  de  tutela.   

Bajo ese supuesto, dado el carácter de actos  ejecutivos  y  no  de  fondo,  como lo sostiene el Consejo de Estado, la acción  contencioso  administrativa  que eventualmente propusieran los actores, desde el  inicio  puede  ser rechazada o finalmente puede respecto de ellos proferirse una  decisión  inhibitoria,  que  en últimas implicaría la desprotección judicial  del    derecho    al    debido   proceso   administrativo   invocado   por   los  demandantes.64   

En  efecto,  el  riesgo que se describe no es  hipotético.  Se  funda en la percepción que tiene la jurisdicción contencioso  administrativa  sobre  la  naturaleza  de los actos de trámite o de ejecución,  los  cuales,  se  ha  dicho,  no  son  susceptibles de acción jurisdiccional. A  título  de  ejemplo,  se  resalta lo mencionado en una reciente providencia del  máximo  Tribunal  de  lo contencioso administrativo, en la que se afirmó sobre  los actos de trámite que:   

“(…)  al  ser un acto que no define una  actuación  determinada,  se  tiene que el mismo no contiene una declaración de  la  administración  que  cree,  transforme  o  extinga una situación jurídica  determinada,  por lo que sería inane una declaración  judicial   sobre  un  acto  que  analizado  individualmente,  no  tiene  efectos  jurídicos claros y concretos.   

La  doctrina  se  ha referido al caso de la  impugnación judicial de actos de trámite, conceptuando que:   

“Dentro  de  los  actos  excluidos  de  la  jurisdicción  contenciosa,  en  principio,  se pueden  distinguir   los   actos  de  trámite  de  los  actos  definitivos.  El  acto  de  trámite  no incide en la decisión de la misma que  haya  de tomarse, tiene en cuenta aspectos de puro procedimiento.”65   (Las  subrayas fuera del original).   

En particular, sobre los actos de ejecución,  también  ha  dicho  el  máximo  Tribunal  de lo Contencioso Administrativo, lo  siguiente:   

“Al  respecto, la Sala encuentra que, por  regla  general,  los actos de ejecución que se dicten  para    el    cumplimiento    de   una   sentencia   judicial   no   son   actos  administrativos,  a  menos que la administración, al  dar  cumplimiento  al  fallo,  profiera decisiones que desconocen el mismo, como  cuando  reincorpora al servicio público a un servidor en condiciones diferentes  a  las consideradas en la decisión judicial (…). En  tales  eventos, el interesado tiene la posibilidad de cuestionar la decisión de  ejecución  contraria  a  la  orden judicial, pues, de lo contrario, no tendría  vía    para    demandar    tales    decisiones”66.   

También  la  justicia  constitucional  se ha  pronunciado  sobre  este  hecho.  En  la  sentencia SU-201 de 1994 (M.P. Antonio  Barrera  Carbonell),  esta Corte afirmó que era procedente la acción de tutela  contra  situaciones generadas por actos administrativos de trámite, dado que en  general éstos no son susceptibles de acción contenciosa, así:   

“Los  únicos  actos susceptibles de acción  contenciosa    administrativa    son   los   actos   definitivos,   no  los  de  trámite  o  preparatorios;  (…)   

“No obstante, a juicio de esta Corte, aunque  en  principio no procede la tutela contra los actos de trámite o preparatorios,  que   simplemente   se   limitan  a  ordenar  que  se  adelante  una  actuación  administrativa  dispuesta por la ley, de manera oficiosa por la administración,  en  ejercicio del derecho de petición de un particular o cuando éste actúa en  cumplimiento   de   un   deber   legal   (   art.   4o.   C.C.A.),  excepcionalmente,   algunos  actos  de  trámite  o  preparatorios,  pueden  conculcar  o amenazar los derechos fundamentales de una persona, en cuyo  caso,    sería    procedente    la    acción    de   tutela   como   mecanismo  definitivo”.   

“Adicionalmente, existen otras razones para  avalar   la   procedencia   de   la  tutela  contra  los  actos  de  trámite  o  preparatorios. Ellas son:   

–  Esta clase de  actos  no  son  susceptibles  de  acción  contenciosa  administrativa y, en tal  virtud,  no existe medio alternativo de defensa judicial que pueda ser utilizado  para   amparar   los   derechos   constitucionales  fundamentales  vulnerados  o  amenazados   de   manera   inmediata.(…)”.  (Las  subrayas no pertenecen al original).    

En este orden de ideas, si bien el Consejo de  Estado  ha  reconocido  que  es  posible  que  proceda  eventualmente la acción  contenciosa  sobre  actos  de ejecución o de trámite cuando la administración  se     aparta     del     alcance    del    fallo67  o  son actos de fondo, ello  no   implica  a  priori  la  procedibilidad   de   la   protección   contencioso   administrativa   en   las  circunstancias  de  la  referencia, pues la regla general es la improcedencia de  la  acción.  Ello significa una incertidumbre sobre la eventual protección que  ese   mecanismo   de  defensa  pueda  conferir  a  la  protección  del  derecho  constitucional   fundamental   a   la   garantía  del  debido  proceso  de  los  peticionarios.   

Ahora  bien,  en  gracia de discusión, si se  admitiese  que  contra  el  acto de publicación de resultados de las pruebas es  admitida  por  esa  jurisdicción  la  acción de nulidad y restablecimiento del  derecho,  difícilmente  podría  alegarse  la  eficacia del medio judicial para  lograr  la  protección  de los derechos fundamentales, puesto que la prolongada  espera  para  la culminación de un proceso contencioso administrativo, que aún  cuando  no  siempre  tal  circunstancia  desvirtúa un medio de defensa judicial  aplicable,  en los casos bajo revisión es relevante puesto que no les garantiza  a  los  peticionarios  el  acceso  inmediato  al  derecho  fundamental  de rango  constitucional  a acceder a cargos públicos por vía de un concurso de mérito,  dado  que  con  probabilidad  a  su  terminación, ya los derechos en disputa se  hayan  extinguido  teniendo  en  cuenta que parte del debate de fondo sobre esos  actos,  radica  precisamente  en  la  naturaleza de trámite o no de esos actos.   

Sobre  el particular la Corte Constitucional  se  pronunció  en  la Sentencia SU-133 de 1998, (M.P. José Gregorio Hernández  Galindo) en los siguientes términos:   

“La Corte estima que la satisfacción plena  de  los  aludidos derechos no puede diferirse indefinidamente, hasta que culmine  el  proceso  ordinario,  probablemente  cuando  ya  el  período en disputa haya  terminado.  Se  descarta  entonces  en este caso la alternativa de otro medio de  defensa  judicial  como mecanismo de preservación de los derechos en juego, que  son  de  rango  constitucional, de aplicación inmediata (art. 85 C.P.) y que no  pueden  depender  de  un  debate  dado  exclusivamente en el plano de la validez  legal  de  una  elección,  sin  relacionarlo  con los postulados y normas de la  Carta Política.”   

Así  la  cosas,  la  acción  de  tutela  es  procedente  en  los casos bajo revisión por cuanto los actores carecen de medio  de  defensa  judicial  o,  aún existiendo éste, no resulta ser idóneo para el  amparo efectivo de los derechos invocados como vulnerados.   

Adicionalmente,  de tenerse como válidos los  resultados   publicados   el   26  de  marzo  de  2007,  ello  supone  para  los  peticionarios     un     perjuicio     irremediable    que    es    cierto,  al verse excluidos de las demás  etapas  del  concurso,  después  de  tener  la  calidad de aprobados según los  resultados  promediados  publicados  con  anterioridad  el 7 de febrero de 2007;  grave,  porque no tienen la  posibilidad   de   acceder   a   los  cargos  públicos  dentro  de  la  carrera  administrativa     por     el    sistema    de    méritos;    e    inminente,   porque   las   actuaciones  administrativas   tienen   presunción  de  legalidad  y  suponen  su  inmediata  ejecución.   

7.  Estudios  de  los  casos  concretos    

7.1.  Los  actores  interpusieron  las  acciones  de  tutela  para  solicitar  que  se  ordene a las  entidades  demandadas dar validez a los resultados publicados el 7 de febrero de  2007  en  los  que  se  presentó un solo resultado y se estableció un promedio  total,   correspondiente   a   la  sumatoria  de  las  pruebas  de  aptitudes  y  competencias  básicas  y  psicotécnica,  en  contraposición de los resultados  publicados  el 26 de marzo de 2007, en los que separó los puntajes obtenidos en  las  pruebas  de  aptitud  y  competencias  básicas  del  obtenido en la prueba  psicotécnica,  con  lo  cual  no  fueron convocados a las etapas siguientes del  concurso y por tanto excluidos del mismo.   

Argumentan  los  actores,  que  las entidades  accionadas  vulneraron  sus  derechos fundamentales toda vez que la publicación  inicial  de los resultados en forma promediada constituye un acto administrativo  que  fue  revocado  unilateralmente  y  sin  su  consentimiento. Adicionalmente,  estiman  que al haber publicado posteriormente los resultados en forma separada,  se  dio  prioridad  a  las  disposiciones contenidas en el Decreto reglamentario  3982  de  2006,  siendo  lo  correcto  aplicar la metodología establecida en el  Decreto–Ley 1278 de 2002.  Tampoco  comparten  la respuesta colectiva a sus reclamaciones individuales, las  cuales  no  resuelven  el  fondo  del  asunto.  Por último, destacan que en las  convocatorias no se estableció la procedencia de los recursos.   

7.2. Tanto el ICFES  como  la  CNSC  consideran  que  no  ha  existido  vulneración  de los derechos  fundamentales  alegados,  puesto  que la segunda publicación de los resultados,  se  ajusta a las reglas establecidas por el Decreto Ley 1278 de 2002, el Decreto  Reglamentario  3982 de 2006 y las convocatorias del concurso y su objetivo no es  otro  que  corregir  el  error  de  carácter  meramente  formal cometido por la  administración  en  la publicación inicial de las pruebas de manera unificada,  lo  cual  no  puede  ser  criterio  válido para que los participantes pretendan  obtener provecho.   

7.3.  Los jueces de  primera  instancia, en la mayoría de los casos concedieron el amparo solicitado  argumentando  la  vulneración del derecho al debido proceso de los accionantes,  puesto  que  la actuación del ICFES fue desacertada porque en lugar de realizar  una  aplicación  armónica  tanto del Decreto 3982 de 2006 como del Decreto-Ley  1278  de  2002, decidió arbitrariamente y en contrario, determinar que eran dos  las  pruebas  eliminatorias,  de un lado, las de aptitud y competencias básicas  y,  de  otro,  la  psicotécnica,  cuando  no  cabe duda que las únicas pruebas  eliminatorias  serían  las  de  aptitudes  y  competencias  básicas. Así, los  accionantes  tienen  derecho  a  ser  incluidos en la lista de elegibles pues la  prueba  psicotécnica  tiene  un  carácter  calificatorio  mas no eliminatorio.  Adicionalmente,  estimó  que  el resultado aprobatorio que el ICFES notificó a  los  actores,  es  un  acto  administrativo  creador  de  derechos  de carácter  subjetivo,  particular  y  concreto,  que  las  entidades  accionadas  no podía  remover  del  mundo jurídico sin posibilidad de contradicción por medio de los  recursos  que  la  ley  otorga. Por tanto, el segundo acto administrativo, en el  que se da a conocer un nuevo resultado, carece de valor.   

7.4.  Planteado  el  entorno  fáctico  de  los  asuntos objeto de revisión, sea lo primero señalar  que  el  pronunciamiento  sobre  la  legalidad del Decreto Reglamentario 3982 de  2006  y sobre su indebida aplicación dentro de la convocatoria del concurso, no  será  objeto  de  estudio  por  parte  de esta Sala pues dicho asunto escapa la  competencia  de  las  tutelas  objeto  de  revisión  que  le  competen  a  esta  Corporación.    Adicionalmente,    no    observa   la   Sala   una   manifiesta  inconstitucionalidad   de   la  norma  por  la  cual  deba  ser  inaplicada  por  inconstitucionalidad.  No obstante lo anterior, la Corte lo tendrá en cuenta al  momento de fallar.   

7.5. Ahora bien, de  conformidad  con  los  hechos  reseñados  y a la luz de las normas que rigen el  concurso  de  docentes  y directivos docentes, se tiene que en desarrollo de las  etapas  señaladas  en  la  convocatoria  en relación con los resultados de las  pruebas,  el ICFES publicó en la página Web de la entidad el día 7 de febrero  de  2007  de  manera  promediada los resultados de los exámenes presentados por  los  demandantes  y, posteriormente, el 26 de marzo de 2007, nuevamente publicó  los  resultados  de  manera  separada  por  cada una de las pruebas presentadas.  Así,  en  la  primera  publicación  se realizó un promedio según el cual los  peticionarios  adquirieron  la  calidad  de aprobados y en la segunda se hizo en  forma  separada  por  cada  prueba,  razón  por  la  que  fueron  excluidos del  concurso.   

7.6. Para la segunda  publicación  de  los  resultados,  las  entidades  accionadas procedieron de la  siguiente forma:   

–  Teniendo  en cuenta que con ocasión de la  publicación  de  resultados  que  se  llevó a cabo el 7 de febrero de 2007, el  ICFES  recibió  más  de 4.000 peticiones de contenido similar orientadas en su  mayoría  a la revisión de los resultados, mediante la Resolución 069 del 1 de  marzo   ordenó  adelantar  una  actuación  administrativa  especial  para  dar  respuesta  conjunta  a  las  mencionadas  peticiones. En el mismo acto, dirigido  principalmente  a  establecer  la aplicación de los criterios de valoración de  la  prueba  previstos en el Decreto 3982 de 2006, se señaló como fecha para la  respuesta el 20 de marzo de 2007.   

–  Mediante  la Resolución No. 089 del 20 de  marzo  de  2007,  el  ICFES:  (i) dio por terminada la actuación administrativa  especial;  (ii)  ordenó  solicitarle  a  la  CNSC  el ajuste de los cronogramas  definidos   en  la  convocatoria  del  concurso  para  el  cumplimiento  de  las  diferentes  etapas;  y  además  (iii) dispuso ordenar una nueva publicación de  resultados  para  lo  cual  dejó  sin  efecto la publicación efectuada el 7 de  febrero de 2007.   

En   la   parte  motiva  de  la  mencionada  Resolución,  precisó  que para resolver de fondo las distintas solicitudes que  los  concursante  presentaron, adelantó una revisión general de los resultados  de  las  pruebas,  encontrando  que  la  presentación  que  se publicó el 7 de  febrero  de  2007, “se apartó de lo dispuesto en el  procedimiento  que  rige  el  concurso,  en  la  medida  en  que, las pruebas de  aptitudes  y  competencias  básicas  debían  conformar  un puntaje y la prueba  psicotécnica  otro,  en  tanto que en la publicación señalada se presentó un  solo  resultado  correspondiente  a  la sumatoria de las cuatro pruebas (aptitud  numérica,  verbal,  competencias  básicas y psicotécnica) y se estableció un  promedio total.”   

También  indicó  la  entidad  que,  por tal  razón,  una  vez  ajustó  los  resultados a las reglas definidas en el Decreto  3982  de  2006,  encontró  necesario  efectuar  una  nueva  publicación que no  conllevaría  modificación de los puntajes obtenidos por los concursantes, para  presentar  dos resultados: uno de pruebas de aptitudes y competencias básicas y  otro de prueba psicotécnica.   

–   Por  su  parte,  la  CNSC  expidió  la  Resolución  No.088  de  23 de marzo de 2007, en la que ordenó la modificación  del  cronograma  de  las  convocatorias  para  el concurso y fijó para el 26 de  marzo  de  2007  la  etapa  de publicación de los resultados y para la etapa de  atención de reclamaciones del 27 de marzo al 2 de abril de 2007.   

– Por último, en razón a que con ocasión de  la   segunda  publicación  de  resultados  el  ICFES  recibió  más  de  3.000  reclamaciones,  mediante  Resolución  105  del  4  de  abril  de  2007, ordenó  adelantar  una  actuación  administrativa especial y señaló el 16 de abril de  2007  para  dar respuesta conjunta a las peticiones, lo que en efecto sucedió a  través  de  un  comunicado  que  se  dio  a  conocer  el día señalado por los  diferentes medios.   

7.7. Para la Corte no  resulta   aceptable  la  primera  de  las  formas  en  que  se  presentaron  los  resultados,  dado  que  ni  en la convocatoria ni en los Decretos 1278 de 2002 y  3982  de 2006 se encuentra contemplada disposición alguna que permita promediar  los  puntajes  obtenidos.  Por  el  contrario,  esta  forma desdice el carácter  diferenciador  otorgado  a  cada una de las pruebas, bien por su objeto, o, bien  por  el valor, dentro del concurso o por el carácter de eliminatoria que se les  imprimió  a  las pruebas, como ya se explicó en la parte considerativa de esta  providencia.   

Así,  mientras  la  prueba  de  aptitudes  y  competencias  básicas  representa  el  50% del valor en el concurso y tiene por  objeto  establecer  el nivel de dominio que tiene el docente sobre la disciplina  y  las  funciones  que  desempeña,  la  prueba psicotécnica, representa el 20%  sobre  el  valor del concurso y tiene por objeto valorar la aptitud, habilidad y  motivación  del  concursante  en la realización del proceso pedagógico que le  compete en la institución educativa.   

De  la  misma  forma,  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  el artículo 13 del Decreto Reglamentario y en las Convocatorias  004  a  052  de  2006,  además  de tratarse de dos pruebas, cuyo objeto y valor  dentro  del  concurso  era  distinto, tenían un carácter eliminatorio para las  cuales  se  requería reunir un puntaje mínimo de 60 puntos para los docentes y  70  puntos  para  los  directivos docentes, lo que significa que de no aprobarse  alguna  de  las  pruebas, por no superar el puntaje requerido, no es posible ser  llamado a la siguiente etapa.   

Por  tanto,  resulta  irrazonado  aceptar  la  validez  de  los resultados aprobatorios publicados por el ICFES el 7 de febrero  de  2007 como lo pretenden los demandantes, pues es claro, desde la convocatoria  y  los decretos que la rigen, que al no superar el puntaje mínimo en una de las  pruebas,  los concursantes no alcanzaron los puntajes requeridos para ocupar las  vacantes  y  por  tanto,  no resultan ser la mejor opción para la provisión de  los  cargos,  toda  vez  que  han perdido el mérito para ello y por tanto no se  cumple la finalidad del concurso.   

Pero independientemente de la forma en que se  hubiesen  presentado los resultados en una y otra publicación, lo cierto es que  los  demandantes  no  aprobaron una de las pruebas programadas por no superar el  puntaje           mínimo           exigido68.  En  consecuencia,  dado el  carácter  eliminatorio  que le impuso la convocatoria como norma reguladora del  concurso,  los  concursantes  debían  ser  excluidos  del  concurso,  pues,  lo  contrario,  es  decir,  insistir  como  lo pretenden los accionantes en que sean  llamados  a  las  demás  etapas del concurso hasta la inclusión en la lista de  elegibles,  implica  el  otorgamiento  de un derecho por razones distintas a sus  méritos  y calidades, lo cual desvirtúa plenamente la finalidad del concurso y  contradice las reglas que previamente se fijaron.   

7.8. Tanto el ICFES  como   la   CNSC   obraron  amparadas  en  el  cumplimiento  de  los  principios  constitucionales  dentro  de  los que se desarrolla la función pública y a los  que  se  debe  sujetar  por  ende  todo  concurso  público como son igualdad de  oportunidades,  mérito,  publicidad, objetividad, imparcialidad, confiabilidad,  transparencia, validez, eficacia y eficiencia.   

Era   deber   de   la   entidad   ante  tal  equivocación,  so  pena  de incurrir en la modificación de los términos de la  convocatoria,  adoptar  los  correctivos  para  dar  estricto cumplimiento a las  normas  reguladoras.  Así  lo  ha previsto la Corte Constitucional en repetidas  oportunidades   y,  más  recientemente,  en  la  sentencia  T-766  de  2006  al  considerar  jurídicamente  viable  que  la  administración corrija los errores  cometidos en el trámite de un concurso de méritos:   

“La  situación  gira  en  torno  a sí al  demandante  se  le había admitido como inscrito y él eventualmente no cumplía  con  los  requisitos  previstos  en  la  ley,  pero  resulta  plausible  que  el  ordenamiento  jurídico  permita  a  la  autoridad corregir sus errores, pues de  otra  manera  los actos a pesar de su ilegalidad, tendrían que quedar intactos,  con  el  argumento  de  que  no  serían  modificables porque la administración  incurrió  en  un  error  al  expedirlos, cuando tanto el sentido lógico de las  cosas,  como  los principios de justicia y equidad, indican que es conveniente y  necesario  enmendar  las  equivocaciones,  más  aún  si  éstas pueden atentar  contra  los derechos de otras personas. En todo caso, no es la acción de tutela  el  instrumento  adecuado por el cual se pueda entrar a discutir si un candidato  cumplió  o  no con los requisitos mínimos para concursar, pues es la autoridad  administrativa  quien  de  manera  directa  o  indirecta  decidirá  sobre  este  punto.”   

Por  lo anterior, los peticionarios no pueden  alegar  un  derecho  adquirido  derivado  de  la  primera  publicación  de  los  resultados,  puesto  que ningún derecho surge a partir de un error cometido por  la   administración   y   menos  aún  si  se  tiene  en  cuenta  que  para  su  consolidación  se  requiere  el  mérito  y  las  capacidades  del concursante,  aspectos  que  no  se presentan en el caso particular pues, ni siquiera, como ya  se  dijo,  superaron  el  puntaje  mínimo exigido para la prueba psicotécnica.   

7.9. De otra parte,  el  hecho  de  que  la entidad haya dejado sin efectos la publicación llevada a  cabo  el  7 de febrero de 2007 para ajustarla a los términos de la convocatoria  y  a  la  norma  reguladora  del  concurso  no  significa,  como  lo afirman los  demandantes,  que  se  haya  incurrido  en  una  revocatoria  directa de un acto  administrativo  de  manera  unilateral  y  sin  el consentimiento expreso de los  interesados  o  se  haya  vulnerado  el derecho al debido proceso por no haberse  notificado  en forma personal tales determinaciones o por no prever contra tales  actos  los  medios  para  su  impugnación,  puesto  que  de  conformidad con lo  expuesto  en  la  parte  considerativa  de  la  presente providencia y según la  postura  del  Consejo de Estado en sentencia que fue citada en apartado anterior  de  esta  sentencia y que esta Sala comparte, la etapa de la publicación de los  resultados   de  las  pruebas  son  determinaciones  que  constituyen  actos  de  trámite,  cuyo  fin es el de darle impulso al proceso de las convocatorias pero  no  definir  el  tramite  mismo,  contra  los  cuales  por disposición legal no  proceden  los  recursos  y,  por  ende, tales actos no requieren ser notificados  personalmente,  toda  vez  que  se  trata  de  decisiones que no ponen fin a una  actuación administrativa.   

Sobre   este   aspecto   subraya   la  Sala  –como     ya     se  explicó–,  que la única  determinación  que se adopta mediante acto administrativo, susceptible de todos  los  recursos  de  la  vía  gubernativa,  es  la  conformación  de la lista de  elegibles,  en tanto que es el acto mediante el cual el participante adquiere un  derecho  particular  y  concreto,  pues  durante  las  etapas tiene solamente la  expectativa  de  pasarlo. En este acto administrativo se excluye implícitamente  a  los  no  clasificados,  siendo  el  mismo  demandable  ante  la jurisdicción  contenciosa administrativa.   

De  la misma forma se destaca que no obstante  la   naturaleza   preparatoria  o  de  trámite  del  acto  de  publicación  de  resultados,  tanto  el  Decreto  Reglamentario 3982 de 2006 y las convocatorias,  estipularon  como  medio  de publicidad de tales actos la publicación a través  de  la  página Web de las entidades accionadas y además contemplaron dentro de  sus  estipulaciones  una  etapa  para  la  atención  de  las reclamaciones, que  garantizó    el    derecho    de   defensa   de   los   participantes   en   el  concurso.   

7.10. Con base en lo  anterior,  en  relación  con  el procedimiento utilizado por las entidades para  responder  las  peticiones individuales y las reclamaciones relacionadas con los  resultados  de  las  pruebas, para lo cual se utilizó un escrito general que se  dirigió  a  todos  los  peticionarios,  encuentra  la Sala de Revisión que tal  proceder  no  sólo responde a la obligación de la administración de adelantar  sus    tareas    con    eficiencia,    economía    y   celeridad   –de  acuerdo  con  lo establecido en el  artículo      209      de      la      Constitución      Política–,   sino   también   es  posible  la  notificación  global  o  general,  por  cuanto se adecua al cumplimiento de los  requisitos   trazados   por  la  jurisprudencia  constitucional  tratándose  de  múltiples   solicitudes   sobre  el  mismo  punto,  formuladas  con  idénticos  argumentos.   

Es   así   como   en  sentencia  T-466  de  200469,  la Corte encontró que siendo la notificación de la respuesta al  interesado   una   exigencia  inherente  al  núcleo  esencial  del  derecho  de  petición,  cuando  se  presentan  peticiones  masivas, es perfectamente posible  omitir  la notificación individual de manera excepcional y restringida, siempre  y  cuando se garantice que los ciudadanos afectados tengan amplias posibilidades  de  conocer  la  respuesta  a sus peticiones, como sucedió en el presente caso.  Sobre el particular, afirmó la Corte en la sentencia mencionada:   

“Al respecto es necesario reiterar que la  jurisprudencia  de  la  Corte ha enfatizado que la notificación de la respuesta  al  interesado  forma  parte  del núcleo esencial del derecho de petición. Sin  embargo,  esta  Sala  considera  que  en  casos como el presente, siempre que se  cumplan  los  requisitos  que  luego  se  señalarán,  es  aceptable  desde  la  perspectiva  constitucional  que  la  administración  responda  con  un escrito  general  a  todos  los  peticionarios.  Este  proceder  se adecua, además, a la  obligación  de  la  administración de adelantar sus tareas en seguimiento  de  los  principios  de  eficiencia,  economía  y  celeridad, de acuerdo con lo  establecido en el artículo 209 de la Constitución.   

Ahora bien, para que este tipo de respuesta  sea  admisible  constitucionalmente, deben cumplirse varios requisitos, a saber:   

1) que exista un alto número de peticiones  elevadas  por  personas  distintas  acerca  del  mismo punto, y que ellas estén  formuladas  con  el  mismo formato y los mismos argumentos, de tal manera que se  pueda  presumir  que  hay  una  organización  formal  o informal que coordina e  impulsa  esas  solicitudes;                 

2)  que  se  dé  suficiente  publicidad al  escrito  de  respuesta,  de  tal  manera que se garantice efectivamente que  los  peticionarios  directos puedan tener  conocimiento de la contestación  brindada;70   

3)  que  se notifique de la respuesta a las  directivas  de  las  organizaciones   que  han  impulsado  y  coordinado la  presentación  de  miles  de solicitudes del mismo corte o, en el caso de que se  trate  de  organizaciones  informales,  a  los  líderes  de ellas que se puedan  identificar; y   

4)  que  el escrito de respuesta aporte los  elementos  necesarios  para  que cada uno de los peticionarios pueda conocer que  en  el  documento  se le está dando respuesta a su solicitud personal, bien sea  porque  en el escrito se mencionen los nombres de cada uno de los solicitantes o  bien  porque  la  respuesta se dirige hacia grupos u organizaciones que permitan  individualizar a los destinatarios de la contestación.”    

De  la  misma  forma,  esta  Corporación  ha  sostenido  en  múltiple  jurisprudencia,  que  en relación con el principio de  publicidad  de  los  actos  administrativos, existe en el ordenamiento jurídico  variados  tipos de notificación, que constituyen formas válidas y razonadas de  cumplir con el requerimiento de la notificación personal.   

En  efecto, resulta perfectamente razonable y  proporcionado  que  el  legislador,  en  uso  de  la  facultad de configuración  legislativa,  establezca  un  tipo  de  publicidad  diferente a la notificación  personal,   que   no  resulte  altamente  dispendiosa  para  la  administración  pública,  en especial, cuando se trata de actos administrativos que abarcan una  cantidad  amplia  de  destinatarios  o una multitud, perfectamente determinada e  individualizada,  para  lo cual opta por realizar una forma de notificación que  se  entienda  efectuada  con la publicación de una lista en un lugar público o  por   cualquier   otro   sistema  de  notificación  válido,  como  los  medios  electrónicos      destinados      al     suministro     u     obtención     de  información.   

Así lo dispuso la Corte Constitucional en la  sentencia         C-620        de        200471 al señalar:   

“Si bien es cierto, el principio general  en   materia  de  publicidad,  de  los  actos  administrativos   de  carácter particular y concreto es  la   notificación  personal;  existen  casos  en  los  cuales  el  ordenamiento  jurídico   ha  establecido  un tipo de notificación diferente para dichos  actos. Notificación esta  que es la excepción a la regla.   

(…)  

Así    las   cosas,   el   legislador  extraordinario  señaló  una  excepción  al principio general de notificación  personal  de  los  actos administrativos de carácter personal y concreto.   Dicha  excepción consiste en que la notificación de este acto particular   se  llevará  a  cabo  a  través  de  una notificación no personal sino que se  “entenderá  surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de  la lista respectiva.”   

Este tipo de notificación, obedece al tipo  de  acto  administrativo  particular y concreto que se emite.  Es decir, el  acto  de  nombramiento  de  jurados de votación puede implicar la selección de  una  multitud  de  personas  con el fin de que ejerzan ese deber constitucional.   

En otras palabras, este acto administrativo  particular  y  concreto,  puede  establecer  deberes constitucionales a miles de  personas  –el caso de las  grandes   ciudades   –  perfectamente  determinadas  e individualizadas. Lo que produce, que sea un acto  administrativo  particular y concreto, pero además sui generis, por la cantidad  de destinatarios que posee.   

En concordancia con aquello, el legislador  extraordinario,  estableció  un sistema que no fuera altamente dispendioso para  la    administración    pública    –   que  hubiera  consistido  en   realizar  una  notificación  personal     a     cada    jurado    seleccionado72         –   y   optó   por   realizar   una  notificación  que  se  entendería efectuada con la fijación o publicación de  la lista de jurados seleccionados, en un lugar público.   

En  conclusión,  debido a la especialidad  del  acto  administrativo  particular  y  concreto de nombramiento de jurados de  votación,  se  creó  una  excepción  a  la  regla general de notificación de  dichos actos.”   

Revisados los expedientes de los casos objeto  de  revisión,  la Sala encuentra que las peticiones y reclamaciones presentadas  con  ocasión  de  la  publicación  de los resultados del 7 de febrero de 2007,  fueron  resueltas  por  medio  de la Resolución No. 069 del 20 de marzo de 2007  proferida  por  el  ICFES  y  ampliamente  divulgadas el 26 de marzo de 2007 por  diferentes  medios  de  comunicación en los que se dio a conocer la corrección  de   los   resultados.  De  la  misma  forma,  las  reclamaciones  y  peticiones  presentadas  contra  la  segunda publicación también fueron resueltas mediante  la  Resolución  No.105 del 4 de abril de 2007 y ampliamente difundidas el 16 de  abril  de  2007  por  distintos  medios de comunicación, inclusive, mediante la  publicación en el Diario Oficial.   

7.11. De conformidad  con   lo   anteriormente  expuesto,  encuentra  la  Sala  de  Revisión  que  el  procedimiento   adelantado  por  las  entidades  accionadas  para  publicar  los  resultados,  no  vulnera  los  derechos fundamentales de los accionantes, puesto  que  se  ajustó  a  las  normas  que rigieron el concurso. Es así como, siendo  necesario  que  el  ICFES  y la CNSC corrigieran las irregularidades presentadas  para  dar estricto cumplimiento a las normas reguladoras del concurso, no le era  dable  entonces  a  los actores, alegar la existencia de un derecho a su favor a  partir  de  tal error, ni tampoco acceder a las vacantes puesto que no superaron  la  totalidad de las pruebas. De otra parte, se evidenció que los peticionarios  fueron   suficientemente   informados   a   través   de  diferentes  medios  de  comunicación  sobre  los  ajustes  que  se  efectuaron  y además gozaron de la  posibilidad   de   interponer   las   reclamaciones  frente  a  los  motivos  de  inconformidad,  con lo cual por estos aspectos tampoco encuentra la Corte que la  conducta  desplegada por las entidades sea vulneratoria de los derechos alegados  por los demandantes.   

Con fundamento en lo anterior, la Sala Quinta  de  Revisión  procederá  a impartir las siguientes órdenes, acogiendo las que  se  impartieron  por esta Corporación en Sentencia T-588 de 2008, M.P. Humberto  Antonio  Sierra  Porto,  en  la  que  se  resolvieron  casos similares a los que  originaron las presentes acciones de tutela:   

1.- Confirmará las sentencias proferidas por  el  Tribunal  Administrativo de Antioquia dentro de los expedientes T-1.721.668,  T-1.721.670,  T-1.721.671,  T-1.721.673, T-1.721.675, T- 1.732.024, T-1.732.025,  T-1.732.027  y  T-  1.735.298;  Tribunal  Administrativo  de Córdoba dentro del  expediente    T-1.722.160;   Tribunal   Administrativo   de   Sucre   expediente  T-1.734.274;   Tribunal   Superior   de  Antioquia  dentro  de  los  expedientes  T-1.711.686   y   T-1.724.249;   Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Guadalajara    –   Buga  expediente   T-1.732.011;  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa  Rosa  de  Vitervo  en  el  expediente  T-  1.734.228; y por el Juzgado Penal del  Circuito  de Roldanillo en el expediente T-1.720.915, mediante las cuales se les  negó el amparo a los accionantes.   

2.-  Revocará  las  sentencias proferidas en  única  instancia  por  el  Tribunal  Administrativo de Antioquia, dentro de los  siguientes  expedientes  mediante  las  cuales  se  concedió  el  amparo  a los  accionantes   y  en  su lugar negará por improcedentes las tutelas por las  razones   expuestas:   T-1.714.155,   T-1.714.156,   T-1.715.574,   T-1.715.575,  T-1.715.576,  T-1.715.577,  T-1.715.578,  T-1.715.579, T-1.715.580, T-1.715.581,  T-1.715.582,  T-1.715.583,  T-1.715.584,  T-1.718.141, T-1.718.142, T-1.719.389,  T-1.719.390,  T-1.719.391,  T-1.719.392,  T-1.719.393, T-1.719.394, T-1.719.395,  T-1.719.396,  T-1.719.397,  T-1.719.398,  T-1.719.401, T-1.720.571, T-1.720.572,  T-1.720.573,  T-1.720.574,  T-1.720.575,  T-1.720.576, T-1.720.577, T-1.720.578,  T-1.720.579,  T-1.720.580,  T-1.720.581,  T-1.720.582, T-1.720.583, T-1.720.584,  T-1.720.585,  T-1.720.586,  T-1.720.623,  T-1.720.624, T-1.720.625, T-1.721.114,  T-1.721.115,  T-1.721.116,  T-1.721.117,  T-1.721.666, T-1.721.667, T-1.721.669,  T-1.721.672,  T-1.721.674,  T-1.723.062,  T-1.724.243, T-1.724.244, T-1.724.245,  T-1.724.246,  T-1.724.247,  T-1.724.248,  T-1.724.250, T-1.724.251, T-1.724.266,  T-1.724.422,  T-1.724.423,  T-1.724.424,  T-1.724.425, T-1.724.426, T-1.724.427,  T-1.724.428,  T-1.724.429,  T-1.724.431,  T-1.724.432, T-1.724.433, T-1.724.435,  T-1.728.204,  T-1.728.205,  T-1.728.206,  T-1.728.207, T-1.728.208, T-1.728.209,  T-1.728.210,  T-1.728.211,  T-1.731.880,  T-1.731.886, T-1.732.026, T-1.734.041,  T-1.734.282,  T-1.734.283,  T-1.734.284,  T-1.734.285, T-1.734.286, T-1.734.287,  T-1.734.288,  T-1.734.289,  T-1.734.290,  T-1.734.291, T-1.734.292, T-1.734.293,  T-1.734.396,  T-1.734.397,  T-1.734.398,  T-1.734.400, T-1.734.401, T-1.734.402,  T-1.734.416,  T-1.734.555,  T-1.734.556,  T-1.734.557, T-1.734.558, T-1.734.559,  T-1.734.560,  T-1.734.561,  T-1.734.562,  T-1.734.563, T-1.734.564, T-1.734.565,  T-1.734.566,  T-1.734.567,  T-1.734.568,  T-1.734.569, T-1.735.297, T-1.735.299,  T-1.735.300 y T-1.735.302.   

3.- Confirmará las sentencias proferidas por  el  Consejo de Estado en los siguientes expedientes, mediante las cuales revocó  las  sentencias  de  primera instancia proferidas por el Tribunal Administrativo  de  Antioquia  y rechazó o negó por improcedente el amparo de los accionantes:  T-1.715.234,  T-1.715.236,  T-1.716.248,  T-1.716.251, T-1.722.519, T-1-722.524,  T-1-722.526,  T-1.722.566,  T-1.722.609,  T-1.722.610, T-1.722.611, T-1.723.830,  T-1.727.903 y T- 1.734.133.   

5.  Revocará  la  sentencia proferida por el  Consejo  de  Estado  en el expediente T-1.722.583 mediante la cual confirmó las  concedidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia.   

6. Revocará las sentencias proferidas por el  Consejo  de  Estado  en  los siguientes expedientes que revocaron las concedidas  por   Tribunal   Administrativo  de  Antioquia  y  declararon  la  cesación  de  procedimiento  por carencia de objeto: T-1.716.252, T-1.722.567, y T- 1.734.130.   

7.-Confirmará  la sentencia proferida por el  Consejo   de  Estado,  Sala  Plena  de  lo  Contencioso  Administrativo,  en  el  expediente  T-1.828.345  accionante  Keybis  Milena  Morales  Bracamonte y otros  mediante  la  cual:  (i)  revocó  las  providencias  proferidas por el Tribunal  Administrativo  de  Antioquia y negó el amparo a los accionantes (ii) confirmó  las   providencias  proferidas  por  el  Tribunal  Administrativo  de  Córdoba,  mediante  las cuales se les negó el amparo a los accionantes; y (iii) confirmó  la  providencia  proferida  por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la  cual se le negó el amparo al accionante.   

En  mérito de lo anterior, la Sala Quinta de  Revisión  de  la  Corte  Constitucional,  administrando  justicia en nombre del  pueblo y por mandato de la Constitución,   

RESUELVE  

Primero.- LEVANTAR  la  suspensión  del  término del trámite de revisión decretada mediante auto  del 3 de marzo de 2008.   

Segundo.-  CONFIRMAR  las  sentencias proferidas por: (i) el Tribunal Administrativo de Antioquia del:  6  de  agosto  de  2007,  Sala  Segunda  de  Decisión,  accionante  Irene  Mena  González       T-1.721.668;     2  de  agosto  de 2007, Sala Décima de Decisión, accionante Ofelia  Patricia               Álvarez               del               Río              T-1.721.670;  25  de  julio  de  2007,  Sala  Sexta de  Decisión,    accionante    María    Elcy    Echeverri    Suarez   T-1.721.671;  3  de  agosto  de 2007, Sala  Novena   de   Decisión,   accionante   Janeth   López  Atehortua  T-1.721.673;  9  de  agosto  de 2007, Sala  Novena  de Decisión, accionante Doralba de Jesús Jaramillo Tapias T-1.721.675;  3 de agosto de 2007, Sala de  Decisión,    accionante    Andrés   Felipe   Penagos   Betancur   T-1.732.024;  3 de agosto de 2007, Sala de  Decisión,     accionante     Luz     Enid    Tuberquia    Usuga    T-1.732.025;  24  de  julio  de 2007, Sala  Décima  de  Decisión,  accionante  Hamilton  Enrique  Cuesta Parra  T-1.732.027;  y del 23 de agosto de 2007,  Sala  Novena  de  Decisión, accionante Martha Doris Rivas Castaño T-1.735.298;     (ii)    el    Tribunal  Administrativo  de Córdoba del 15 de agosto de 2007, Sala Primera de Decisión,  accionante      Carmen     de     Jesús     Sánchez     Rojas     T-1.722.160;     (iii)    el    Tribunal  Administrativo  de  Sucre  del  22 de agosto de 2007, Sala Segunda de Decisión,  accionante  Luis Alfredo Rodríguez Muñoz T-1.734.274;  (iv)     el  Tribunal  Superior  de  Antioquia, del 15 de junio de 2007, Sala  Civil    –   Agraria,  accionante   José   Nicolás   Zapata   Castrillón   expediente   T-1.711.686  y  del  18  de julio de 2007,  Sala  Primera  de  Decisión,  accionante  Dora Nancy Mira Vásquez T-1.724.249;  (v) el Tribunal Superior del  Distrito  Judicial,  de  Santa  Rosa  de  Viterbo  del 28 de junio de 2007, Sala  Única  de  Decisión,  accionantes  Arturo  Barón  Manrique  y Ronaldo Albeiro  Martínez     Carreño     T-1.734.228;   (vi)    el   Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Guadalajara  – Buga del 2  de  agosto  de  2007,  accionante  Carlos Alberto Villafañe Gómez T-1.732.011;  (vii) el  Juzgado Penal  del  Circuito  de Roldadillo del 21 de agosto  de 2007, accionante Luz Mary  González  Muñoz  expediente  T-1.720.915;  mediante  las  cuales  se  les negó el amparo a los accionantes.   

Tercero.-  REVOCAR   las   sentencias  proferidas  por el Tribunal Administrativo de Antioquia  del: 6 de julio de  2007,   Sala   Tercera   de   Decisión,  accionante  Genith  Vásquez  Sandoval  T-1.714.155;  6  de julio de  2007,   Sala Tercera de Decisión, accionante Diana María Restrepo Tabares  T-1.714.156;  21 de junio de  2007,   Sala Octava de Decisión, accionante Yimy Giovany Bejarano Bejarano  T-1.715.574;  26 de junio de  2007,  Sala  de  Decisión,  accionante  Martha Cecilia Gil Palacio T-1.715.575;  26 de junio de 2007, Sala de  Decisión,    accionante    Francisco    José   Serna   Palacios   T-1.715.576;  26  de  junio de 2007,   Sala   de  Decisión,  accionante  Yoany  Alberto  Román  Villada  T-1.715.577;  19  de  junio de 2007,   Sala  Sexta  de  Decisión,  accionante Olga Lucia Flórez Londoño T-1.715.578;  21  de  junio de 2007,   Sala  Octava de Decisión, accionante Miriam Luz Dary Pérez Castro T-1.715.579;  21  de  junio de 2007,   Sala  Octava  de  Decisión,  accionante  Blanca Iris Ortiz Cardona T-1.715.580;  21  de  junio de 2007,   Sala  Octava  de  Decisión,  accionante Luis Ovidio Pérez Montoya T-1.715.581;   del   21   de   junio   de  2007,   Sala  Quinta  de  Decisión, accionante María Orfeli Higuita Rueda  T-1.715.582;  12 de junio de  2007,   Sala  Quinta  de  Decisión, accionante Carlos Alberto Toro Giraldo  T-1.715.583;  21 de junio de  2007,   Sala  Quinta  de Decisión, accionante Óscar Alonso Betancur Parra  T-1.715.584;  13 de julio de  2007,   Sala  Sexta  de  Decisión,  accionante Hugo Ferney Ramírez Montes  T-1.718.141;  03 de julio de  2007,   Sala  Octava  de  Decisión,  accionante Rosa Adela Muriel Álvarez  T-1.718.142;  26 de junio de  2007,  el  ,  Sala  Novena  de Decisión, accionante Diana Janeth Acosta Herrera  T-1.719.389;  26 de junio de  2007,     Sala   Novena   de   Decisión,   accionante   Mary   Luz   Lujan  Carvajal         T-1.719.390;  26  de  junio de 2007,   Sala   Novena   de  Decisión,  accionante  María  Doralba  Avendaño  Martinez  T-1.719.391;  25 de junio de  2007,   Sala  Quinta  de  Decisión,  accionante Jhonny Eleasar Ortiz Lemos  T-1.719.392;  26 de junio de  2007,   Sala  Novena  de  Decisión, accionante Martha Cecilia Parra Muñoz  T-1.719.393;  26 de junio de  2007,   Sala  Novena  de  Decisión, accionante Celina María Rojo Álvarez  T-1.719.394;  06 de junio de  2007,   Sala  Novena  de Decisión, accionante Sergio Herney Ríos Valencia  T-1.719.395;  26 de junio de  2007,   Sala de Decisión, accionante Uber Herson Marín Nieto T-1.719.396;  26  de  junio  de 2007, el ,  Sala   de   Decisión,   accionante   Rosa   Elena  Gómez  Builes  T-1.719.397;  28  de  junio de 2007,   Sala  Tercera  de Decisión, accionante Sol Marina Hurtado Mosquera T-1.719.398;  28  de  junio de 2007,   Sala   Primera   de   Decisión,   accionante  Carmen  Margoth  Hoyos  Severiche  T-1.719.401;  11 de julio de  2007,    Sala   Octava  de  Decisión,  accionante  Rubén  Darío  Tabares  Echavarría  T-1.720.571; 26  de  junio  de  2007,   Sala de Decisión, accionante María Oralia Sánchez  Sánchez  T-1.720.572; 11 de  julio  de  2007,   Sala  Octava  de  Decisión,  accionante Jaime de Jesús  Suarez  Escobar  T-1.720.573;  11  de  julio de 2007,  Sala Octava de Decisión, accionante Carlos Andrés  Bermúdez  Alzate T-1.720.574;  11  de  julio  de  2007,   Sala  Octava  de  Decisión,  accionante Mariluz  Ramírez  Pérez  T-1.720.575;  03  de julio de 2007,  Sala Octava de Decisión, accionante Nidia Elizabeth  Salinas  Vera  T-1.720.576; 11  de  julio  de  2007,   Sala  Octava de Decisión, accionante Mary Din Gulfo  T-1.720.577;  26 de junio de  2007,   Sala  de  Decisión,  accionante Yorlady Eugenia Betancur Hincapié  T-1.720.578;  26 de junio de  2007,   Sala  de  Decisión,  accionante Juliet Viviana Hernández Fonnegra  T-1.720.579;  26 de junio de  2007,   Sala  de  Decisión,  accionante  Noriel  Humberto  Zuleta  Agudelo  T-1.720.580;  26 de junio de  2007,    Sala   de   Decisión,   accionante  Luz  Marina  Vélez  Figueroa  T-1.720.581;  26 de junio de  2007,   Sala  de  Decisión,  accionante  Yenny  del  Carmen Rentería Mena  T-1.720.582;  11 de julio de  2007,   Sala Octava de Decisión, accionante Vladimir Antonio Cuesta Nagles  T-1.720.583;  11 de julio de  2007,   Sala  Octava  de Decisión, accionante Luis Eduardo Castaño Bedoya  T-1.720.584;  26 de junio de  2007,   Sala  de  Decisión,  accionante  José  Gregorio  Gómez  Argumedo  T-1.720.585;  11 de julio de  2007,   Sala  Octava de Decisión, accionante Manuel Fernando Gómez Alzate  T-1.720.586;  24  de mayo de  2007,   Sala  Octava  de  Decisión, accionante Carlos Dubier Taborda Serna  T-1.720.623;  24  de mayo de  2007,   Sala  Octava  de  Decisión,  accionante  Juan  Pablo  Mesa Palacio  T-1.720.624;  29  de mayo de  2007,   Sala  Octava  de Decisión, accionante Olga Lucia Sánchez Valencia  T-1.720.625;  27 de julio de  2007,    Sala  de  Decisión,  accionante  Jaime  Humberto  Vargas  Montoya  T-1.721.114;  27 de julio de  2007,    Sala   de   Decisión,  accionante  Rodrigo  Antonio  Mesa  Marín  T-1.721.115;  27 de julio de  2007,   Sala  de  Decisión,  accionante  Manuel  Pascual Palacios Palacios  T-1.721.116;  27 de julio de  2007,   Sala  de Decisión, accionante Zuli Yuana Henao Florez T-1.721.117;  06  de agosto de 2007,   Sala  Segunda  de  Decisión,  accionante  Luz  Merly  Ríos Copete T-1.721.666;  06  de agosto de 2007,   Sala  Segunda  de Decisión, accionante Carmen Julia Escobar Mejía T-1.721.667; 06 julio  de 2007,   Sala   de  Decisión,  accionante  Carlos  Mario  López  Ramírez  T-1.721.669;  26 julio de 2007,  Sala  Novena   de   Decisión,   accionante  Ana  Judith  Ortiz  García  T-1.721.672; 26 julio  de 2007,   Sala  Novena  de  Decisión,  accionante Luis Erley Moncada Montoya T-1.721.674; 06 julio  de 2007,   Sala  Sexta  de  Decisión,  accionante  Joe Andrei Salcedo Múnera T-1.723.062;  17  de  junio de 2007,   Sala  Quinta de Decisión, accionante Raúl Alexander Vélez Tamayo T-1.724.243;  18  de  julio de 2007,   Sala     Primera     de    Decisión,    accionante    Ana    Cristina    Zapata  Dederlé                          T-1.724.244;  18  de julio de 2007,  Sala Décima  de    Decisión,    accionante    Luz   Elena   Sánchez   Gómez   T-1.724.245;  18  de  julio de 2007,   Sala   Primera   de   Decisión,  accionante,  accionante  Denis  Torres  Rivera  T-1.724.246;  18 de julio de  2007,   Sala  Primera  de  Decisión,  accionante,  accionante  Nora Astrid  Giraldo  Duque T-1.724.247; 18  de  julio  de  2007,  Sala Primera de Decisión, accionante Ana Lena Pérez  Henao   T-1.724.248;  18  de  julio  de  2007,  Sala Primera de Decisión, accionante Diana Lucía Pérez  Correa  T-1.724.250;  18  de  julio  de  2007,   Sala  Primera  de  Decisión,  accionante  Martha Isabel  González      Giraldo      T-1.724.251;  26  de  junio de 2007,  Sala Cuarta de Decisión, accionante  María          Magdalena          Restrepo          Pérez         T-1.724.266;  10  de  julio de 2007,   Sala  Novena  de Decisión, accionante Cenide Yaneth Medina Balbín T-1.724.422;  10  de  julio de 2007,   Sala  Novena  de  Decisión,  accionante  Edwin Eliécer Cuesta Paz T-1.724.423;  10  de  julio de 2007,   Sala  Novena  de Decisión, accionante Hernando León Tamayo Bedoya T-1.724.424;  10  de  julio de 2007,   Sala  Novena de Decisión, accionante Edgar Arturo Echeverri Pérez T-1.724.425 ;  10 de julio de 2007,   Sala  Novena de Decisión, accionante Arelis del Carmen López Vega T-1.724.426;  10  de  julio de 2007,   Sala  Novena de Decisión, accionante Deicy Lorena Cortés Rincón T-1.724.427;  10  de  julio de 2007,   Sala   Novena   de   Decisión  accionante  Eliécer  de  Jesús  Mazo  Monsalve  T-1.724.428;  13 de julio de  2007,   Sala  Primera  de  Decisión,  accionante  Luz Mary Espinoza Cuesta  T-1.724.429;  13 de julio de  2007,    Sala   Primera  de  Decisión,  accionante  Juan  Felipe  Espinosa  Pereañez  T-1.724.431; 10 de  julio  de  2007,   Sala  Novena  de Decisión, accionante Lourdes de Jesús  Vergara  Suárez  T-1.724.432;  13  de  julio  de  2007,   Sala  de  Decisión,  accionante Ricardo Suárez  Monsalve  T-1.724.433; 24 de  julio  de 2007,  Sala Tercera de Decisión, accionante Hugo Alexander Ortiz  Uribe   T-1.724.435;  08  de  agosto  de  2007,   Sala  Novena  de  Decisión,  accionante Claudia Marina  Zuluaga  Zuluaga  T-1.728.204;  17  de  agosto  de 2007,Sala Novena de Decisión, accionante Cristina del Carmen  Cardona     Herrera     T-1.728.205;  17  de agosto de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante  Claudia          Patricia          Higuita          Garcés         T-1.728.206;  17  de agosto de 2007,   Sala  Novena de Decisión, accionante María Dionis Menoyos Gaviria T-1.728.207;  08  de agosto de 2007,   Sala  Novena  de  Decisión, accionante Jorge Aníbal Medina Pérez T-1.728.208;  08  de agosto de 2007,   Sala  Novena  de  Decisión, accionante Ana Julia Rovira Gutiérrez T-1.728.209;  17  de agosto de 2007,   Sala   Novena   de   Decisión,  accionante  Carlos  Federico  Mendoza  Fandiño  T-1.728.210; 17 de agosto de  2007,   Sala  Novena  de  Decisión, accionante Álvaro Valencia Hernández  T-1.728.211; 17 de agosto de  2007,   Sala  Novena  de  Decisión,  accionante  Zeila  Katherine Restrepo  Bolívar  T-1.731.880; 03 de  Septiembre  de  2007,   Sala  Cuarta de Decisión, accionante Gloria Eelena  Tamayo  Pérez T-1.731.886; 01  de  agosto  de  2007,   Sala Segunda de Decisión, accionante Leidy Yuranny  Arias  Cartagena  T-1.732.026;  01  de  agosto  de  2007,  Sala Tercera de Decisión, accionante Zulema del  Carmen  Espinosa  T-1.734.041;  28  de  junio de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Bibiana María  Tobón  Uribe  T-1.734.282; 28  de  junio  de  2007,   Sala  Novena  de  Decisión, accionante Wilson Arley  Gómez  Toro  T-1.734.283; 29  de  junio  de  2007,   Sala  Novena de Decisión, accionante Carlos Alberto  Pacheco  T-1.734.284;  28 de  junio  de 2007,  Sala Novena de Decisión, accionante Juliana María Vargas  Mora  T-1.734.285; 06 de julio  de  2007,   Sala  de  Decisión,  accionante  Diana  Lucia Castillo Patiño  T-1.734.286;03  de  julio de  2007,    Sala   de   Decisión,  accionante  Libia  Inés  Escobar  Aguirre  T-1.734.287;  03 de julio de  2007,    Sala   de  Decisión,  accionante  Francia  Zuleyma  Toral  Lozano  T-1.734.288;  03 de julio de  2007,    Sala   de   Decisión,   accionante   Clara  Inés  Flórez  Villa  T-  1.734.289; 06 de julio de  2007,   Sala  de  Decisión,  accionante  Gladys Osorio Orozco T-  1.734.290;  06 de julio de 2007,   Sala   de   Decisión,  accionante  Sergio  Orlando  Ríos  Ospina  T-  1.734.291;  06 de julio de 2007,   Sala  de  Decisión,  accionante  Fátima  del  Rosario Ortiz Gallo T-1.734.292;  03  de  julio de 2007,   Sala   de   Decisión,  accionante  Luis  Fernando  Ruiz  Coronado  T-  1.734.293;  23  de julio de 2007   Sala  Segunda  de  Decisión, accionante Gladis Emilia Prisco Villa T-1.734.396;  23  de  julio  de 2007   Sala  Segunda  de  Decisión,  accionante  Harney Palacios Bejarano T-1.734.397;  23  de  julio  de 2007   Sala  Segunda  de  Decisión,  accionante Sulma Yaceny Serna Rivera T-1.734.398;  18  de  julio  de 2007   Sala   Décima   de  Decisión,  accionante  Juana  Delida  Palacios  Rodríguez  T-1.734.400;  18 de julio de  2007   Sala  Tercera  de  Decisión,  accionante  Jhon  Jairo  Serna Moreno  T-1.734.401;  13 de julio de  2007   Sala  Primera de  Decisión,   accionante   María   Yolanda   Echavarría   Morales  T-1.734.402;  13  de  julio  de 2007   Sala   Primera   de   Decisión,   accionante  Olga  Elizabeth  Palacio  Roldán  T-1.734.416;  27 de julio de  2007   Sala  de  Decisión, accionante Mary Luz Vélez Montoya T-1.734.555;  25  de  julio  de 2007   Sala   Segunda   de  Decisión,  accionante  Beatriz  Cecilia  Cardona  Sánchez  T-1.734.556;  27 de julio de  2007    Sala   de   Decisión,   accionante  Lludi  Andrea  Buitrago  Arias  T-1.734.557;  26 de julio de  2007   Sala  Cuarta  de  Decisión,  accionante  Jhon  Jairo Solano Cabrera  T-1.734.558;  27 de julio de  2007   Sala  Octava  de Decisión, accionante María Teresa Yépes Zambrano  T-1.734.559;  27 de Julio de  2007    Sala   de  Decisión,  accionante  Josué  Elevi  Martínez  Pérez  T-1.734.560;  26 de julio de  2007   Sala  Cuarta de Decisión, accionante Yassfir Joaozinho Perea Lozano  T-1.734.561;  26 de julio de  2007   Sala  Cuarta  de Decisión, accionante Guillermo de Jesús Gil Amaya  T-1.734.562;  26 de julio de  2007   Sala  Cuarta  de  Decisión,  accionante Claudia Milena Mena Medrano  T-1.734.563;  10 de julio de  2007   Sala  Novena  de  Decisión,  accionante Edgar Vianey Rendón Loaiza  T-1.734.564;  10 de julio de  2007    Sala  Novena  de  Decisión,  accionante  Angélica  María  Molano  Cristancho  T-1.734.565; 10 de  julio  de 2007  Sala Novena de Decisión, accionante Virginia Mena Zúñiga  T-1.734.566;  10 de julio de  2007   Sala  Novena  de Decisión, accionante Karol Marcela Vargas Arboleda  T-1.734.567;  10 de julio de  2007   Sala  Novena de Decisión, accionante María Margarita Zapata Gómez  T-1.734.568;  10 de julio de  2007   Sala  Novena  de Decisión, accionante Álvaro de la Cruz Sepúlveda  Lezcano  T-1.734.569;  23 de  agosto  de  2007   Sala  Novena  de Decisión, accionante Tanela Rodríguez  Perea   T-1.735.297;  23  de  agosto  de  2007   Sala  Novena  de  Decisión, accionante Olga Nancy Arias  Vélez  T-1.735.299;  23  de  agosto  de  2007   Sala Novena de Decisión, accionante Jhon Edison Cataño  Correa  T-1.735.300; y del 23  de  agosto  de  2007   Sala Novena de Decisión, accionante Fabián Eulises  Posada  Múnera  T-1.735.302.  En   su   lugar   NEGAR  por  improcedentes las tutelas por las razones expuestas.   

Cuarto.-  CONFIRMAR  las  siguientes  sentencias  proferidas por el Consejo de Estado, mediante las cuales revocó las  sentencias  de  primera  instancia  proferidas por el Tribunal Administrativo de  Antioquia  y  rechazó  o negó por improcedente el amparo de los accionantes: 9  de  agosto  de  2007,  Sala  de  lo Contencioso Administrativo, sección segunda  –    subsección   B,  accionante      Jaime      de      Jesús      Berrío     Mora     T-1.715.234;  26 de julio de 2007, Sala de  lo     Contencioso     Administrativo,     sección     segunda     –  subsección  B,  accionante  Miriam  Elena    Sierra    García    T-1.715.236;  19  de  julio  de  2007,  Sala  de lo Contencioso Administrativo,  sección    segunda   –  subsección  B,  accionante  Doris  del  Socorro  Román  Quintero  T-1.716.248;  26 de julio de 2007, Sala de  lo     Contencioso     Administrativo,     sección     segunda     –  subsección  B,  accionante  Donaldo  Lemos  García  T-1.716.251; 9  de  agosto  de  2007,  Sala  de lo Contencioso Administrativo, sección segunda,  subsección   A,   accionante   Ledys   Adriana   Pérez  Castaño  T-1.722.519;    02    de    agosto    de  2007, Sala de lo Contencioso  Administrativo,  sección  segunda,  subsección  B, accionante Nydia del Carmen  Londoño  Munera  T-1.722.524;  9  de  agosto de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda –  subsección    B,    accionante    Yadira    Espitaleta    Torres   T-1.722.526;  9 de agosto de 2007, Sala de  lo  Contencioso  Administrativo,  sección  segunda  – subsección B, accionante  Jessie  Paola  Ramírez  Arias  T-1.722.566;  9  de  agosto  de  2007,  Sala  de lo Contencioso Administrativo,  sección    segunda   –  subsección     B,     accionante    Durley    Zuluaga    Bedoya    T-1.722.609;  9 de agosto de 2007, Sala de  lo  Contencioso  Administrativo,  sección  segunda,  subsección  B, accionante  Paula  Andrea  Arboleda  Urrego T-1.722.610;  2  de  agosto  de  2007,  Sala  de lo Contencioso Administrativo,  sección  segunda,  subsección  B,  accionante  Martha  Cecilia  Muriel  Urrego  T-1.722.611; 02 de agosto de  2007, Sala de lo Contencioso  Administrativo,   sección   segunda  –    subsección    B,    accionante    Jesús    Emilio    Pulgarín  Muñoz  T-1.723.830;  26  de  julio   de  2007,  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,  sección  segunda  –    subsección   B,  accionante       Alfredo       Manuel      Bogles      Cervera      T-1.727.903;  y  del 03 de agosto de 2007,  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,  sección  primera,  accionante Diego  Alejandro Guerrero Marín T-1.734.133.   

Quinto.-  REVOCAR la  sentencia  proferida  el 9 de agosto del 2007 por el Consejo de Estado, sección  segunda,     subsección     A,     dentro     del    expediente    T-1.722.583,   accionante   Judy  Arlensi  Cardona     Callejas     y     otros     y     en    su    lugar    NEGAR  por  improcedente la tutela por las  razones  expuestas  de  los  accionantes  Judy  Arlensi  Cardona  Callejas, Dora  Margoth  Villa  Londoño, Olga de Jesús Hoyos Salazar y Gustavo Tapia Beltrán.   

Sexto.-   REVOCAR   las   sentencias  proferidas  por  La  Sala  de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del  Consejo  de  Estado  en  los  siguientes  expedientes,  por  medio de las cuales  revocaron  las  concedidas por Tribunal Administrativo de Antioquia y declararon  la  cesación  de  procedimiento  por  carencia de objeto: 15 de agosto de 2007,  accionante        Rovidio       de       Jesús       Patiño       T-1.716.252;   15   de  agosto  de  2007,  accionante          Adriana         Idarraga         Gómez         T-1.722.567;  y  del 23 de agosto de 2007,  accionante       María       Teresa       Gómez       Arenas      T-1.734.130.   

Séptimo.-   CONFIRMAR la sentencia del 11  de  diciembre  de  2007,  del  Consejo  de  Estado, Sala Plena de lo Contencioso  Administrativo,   accionante   Keybis   Milena   Morales   Bracamonte   y  otros  T-1.828.345;  mediante  la  cual:   (i)   REVOCÓ  las  siguientes  providencias  proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia  y  DENEGÓ  el  amparo a los  siguientes  accionantes:  Sala  Segunda  de  Decisión,  5  de  junio  de  2007,  Accionante:  Sandra Elena Tobón Cartagena; Sala Sexta de Decisión, 3 de agosto  de  2007,  Accionante:  Nelsón  Arismendi  Marín;  Sala  Décima de Decisión,  25   de  julio de 2007, Accionante: María Eugenia Lora Higuita; Sala   Décima  de Decisión, 25 de julio de 2007, Accionante: Bladimir Vargas Montoya;  Sala  Sexta   de  Decisión,  3  de agosto de 2007, Accionante: Sandra  Patricia  Seguro; Sala Sexta de Decisión, 27 de julio de 2007, Accionante: Olga  María  Torrente  Usuaga;  Sala  Segunda  de  Decisión,  1  de  agosto de 2007,  Accionante:  Virgelina  Gómez Lara;  Sala de Decisión, 15  se agosto  de  2007,  Accionante: Sulbed Yepes Escobar; Sala Sexta de Decisión, 2  de  agosto  de  2007,  Accionante:  Consuelo María Acosta Monterrosa; Sala Sexta de  Decisión,  2   de  agosto  de  2007,  Accionante: Danis del Carmen Pereira  Rivero;  Sala  de  Decisión,  15   de  agosto  de 2007, Accionante: Carlos  Humberto  Lujan  Montaño;  Sala  Sexta  de  Decisión,  3  de  agosto  de 2007,  Accionante:  Jhonny  Ovideo  Sánchez  Cardona; Sala Segunda de Decisión, 13 de  agosto  de  2007,  Accionante:  Teobaldo Bejarano Romaña; Sala Tercera  de  Decisión,  16 de agosto de 2007, Accionante: José Ignacio Muñoz Montoya; Sala  Sexta  de Decisión, 13 de agosto de 2007, Accionante: Darley Maturín Córdoba;  Sala  Tercera   de  Decisión,  28 se agosto de 2007, Accionante: Wilson de  Jesús  Duque  Gil;  Sala  Sexta   de  Decisión,  23  de  agosto  de 2007,  Accionante:  Ana  Cecilia  Arroyave  Granda;  Sala  Tercera  de Decisión, 29 de  agosto  de  2007,  Accionante:  Sandra  María  Giraldo  Cuervo; Sala Segunda de  Decisión,  3  de  septiembre  de  2007,  Accionante:  Miguel  Francisco  Gómez  Martínez;  Sala  Sexta  de Decisión, 23 de agosto de 2007, Accionante: Eumaira  López  Londoño;  Sala  Sexta  de  Decisión, 23 de agosto de 2007, Accionante:  Rubén  Darío  Salazar  Estrada;  Sala Tercera de Decisión, 4 de septiembre de  2007,  Accionante: Francisco Rodrigo Echeverry Pérez; Sala Cuarta de Decisión,  31  de  agosto  de 2007, Accionante: Beatriz Elena Restrepo Zapata; Sala Tercera  de  Decisión,  4  de  septiembre  de  2007,  Accionante:  Luis  Reyes  Palacios  Córdoba;  Sala  Segunda  de  Decisión,  3  de  septiembre de 2007, Accionante:  Glenis  María Gómez Gómez; Sala del Sexta de Decisión, 23 de agosto de 2007,  Accionante:  Orlando  Adolfo  Álvarez  Celis;  Sala  Segunda de Decisión, 3 de  septiembre  de 2007, Accionante: Gustavo Ángel Quitían González; Sala Primera  de  Decisión,  30 de agosto de 2007, Accionante: Román Darío Arroyave Arango;  Sala  Cuarta  de  Decisión,  3 de septiembre de 2007, Accionante: Yesenia Ester  Trejo  Orozco;  Sala  Octava  de Decisión, 5 de septiembre de 2007, Accionante:  Flor  María  Pérez  Paniagua;  Sala  Primera de Decisión, 13 de Septiembre de  2007,  Accionante:  Toribio  Pauth  Bello;  Sala  Quinta  de  Decisión,  30  de  agosto   de 2007, Accionante: Dora Patricia Montoya Osorio; Sala Décima de  Decisión,  3  de  septiembre de 2007, Accionante: Sandra María Giraldo Cuervo;  Sala  Octava de Decisión, 13 de Septiembre de 2007, Accionante: Israel Valencia  Álvarez;  (ii)  CONFIRMÓ las  siguientes  providencias  proferidas por el Tribunal Administrativo de Córdoba,  mediante   las   cuales   se   les   NEGÓ  el  amparo a los siguientes accionantes: Sala Cuarta de Decisión,  13  de  julio de 2007, Accionante: Keybis Milena Morales Bracamonte; Sala Cuarta  de  Decisión,  13  de julio de 2007; Accionante: Kenia Luz Romero Ricardo; Sala  Cuarta  de  Decisión,  26  de  julio de 2007, Accionante: Blanca Amelia Rhenals  Vélez  Ricardo;  Sala  Primera  de  Decisión, 9 de Agosto de 2007, Accionante:  Álvaro  Luis  Carmona  Mejía;  Sala Primera de Decisión, 9 de Agosto de 2007,  Accionante:  Diana Patricia Carrasca Hernández; Sala Cuarta de Decisión, 13 de  julio  de  2007,  Accionante:  Elkin  Robert  Salas  Navarro;  Sala  Primera  de  Decisión,  13  de  Agosto  de  2007,  Accionante:  Yamileth Romaña Salas; Sala  Cuarta  de Decisión, 16 de agosto  de 2007, Accionante: Marly Isabel Petro  Fernández;  Sala  Primera  de  Decisión,  15  de  Agosto  de 2007, Accionante:  Asterio  Francisco  Pineda  Delgado;  Sala  Cuarta de Decisión, 21 de agosto de  2007,  Accionante:  Martín Eduardo Vargas Escobar, Sala Cuarta, 16 de agosto de  2007;  Accionante:  Ruth  Sofía Calderón Acevedo; Sala Cuarta de Decisión, 21  de  agosto de 2007, Accionante: Eugenio Miguel Villalba Fajardo; Sala Primera de  Decisión,  22  de Agosto de 2007, Accionante: Roger Andrés Ramos Galeano; Sala  Cuarta  de  Decisión,  21  de  agosto de 2007 Accionante: Marcos León Benítez  Peña;  Sala  Tercera  de Decisión, 24 de agosto de 2007, Accionante: Margarita  Elena  Castillo  Pacheco;  Sala  Segunda  de  Decisión,  29  de Agosto de 2007,  Accionante:  Margarita  Elena Castillo Pacheco; Sala Primera de Decisión, 22 de  Agosto  de 2007, Accionante: Filiberto Castro Navarro; Sala Cuarta de Decisión,  3  de  septiembre  de 2007, Accionante: Digna Rosa Peralta Zúñiga; Sala Cuarta  de  Decisión,  3  de  septiembre  de  2007,  Accionante:  Orlando José Flórez  Puertas;   Sala  Primera  de  Decisión,  28  de  Agosto  de  2007,  Accionante:  Emilson   Manuel Montiel Rodríguez; Sala Cuarta de Decisión, 16 de agosto  de  2007,  Accionante: Claudia Bertel Contreras; Sala Tercera de Decisión, 3 de  septiembre  de  2007,  Accionante: Luis Alfredo Díaz Contreras; Sala Tercera de  Decisión,  4  de septiembre de 2007, Accionante: Emérita Esther Reyes Vergara;  Sala  Tercera  de  Decisión,  4  de  septiembre  de 2007, Accionante: Edis  Edith  Herazo  Escudero;  Sala  Tercera  de  Decisión, 4 de septiembre  de  2007,  Accionante: Nira Adalgiza Petro Martelo; Sala Tercera de Decisión, 11 de  septiembre     de    2007,     Accionante:    Aída   Rebeca   Mendoza  Hernández;   Sala  Cuarta  de  Decisión, 13 de julio de 2007, Accionante:  Ana  Rosa  Espitía  Ortiz; Sala Primera de Decisión, 20 de septiembre  de  2007,  Accionante:  Carolina Andrea Soto Yeneris; Sala Cuarta de Decisión, 4 de  octubre  de  2007,  Accionante:  Eutimio  Escobar  Noguera; y (III) CONFIRMÓ  la providencia proferida por el  Tribunal  Administrativo  de Sucre, el 23 de agosto de 2007, mediante la cual se  le  NEGÓ  el amparo al  accionante Wilson de Jesús Canchila Contreras.   

Octavo.-   Por  Secretaría  General,  líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36  del Decreto 2591 de 1991.   

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la  Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.   

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO  

Magistrado Ponente  

JORGE IGNACIO PRETEL  CHALJUB                 Magistrado             

              NILSON      PINILLA  PINILLA   

             Magistrado  

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ  

Secretaria General  

    

1 M.P.  Manuel José Cepeda Espinosa.   

2  Mediante  auto  del  4  de  octubre  de  2007  fueron  acumulados  al expediente  T-1.711.686  (José  Nicolás  Zapata  Castrillón)  los siguientes: T-1.714.155  (Genith   Vásquez  Sandoval);  T-1.714.156  (Diana  María  Restrepo  Tabares);  T-1.715.234  (Jaime  de  Jesús  Berrío Mora); T-1.715.236 (Miriam Elena Sierra  García);  T-1.715.574  (Yimy  Giovany  Bejarano  Bejarano); T-1.715.575 (Martha  Cecilia  Gil Palacio); T-1.715.576 (Francisco José Serna Palacios); T-1.715.577  (Yoany  Alberto  Román  Villada);  T-1.715.578  (Olga  Lucia Flórez Londoño);  T-1.715.579  (Miriam  Luz  Dary  Pérez  Castro); T-1.715.580 (Blanca Iris Ortiz  Cardona);  T-1.715.581  (Luis Ovidio Pérez Montoya); T-1.715.582 (María Orfeli  Higuita  Rueda);  T-1.715.583 (Carlos Alberto Toro Giraldo); T-1.715.584 (Óscar  Alonso  Betancur  Parra);  T-1.716.248  (Doris  del  Socorro  Román  Quintero);  T-1.716.251  (Donaldo  Lemos  García);  T-1.716.252  (Rovidio de Jesús Patiño  );   T-1.718.141  (Hugo  Ferney  Ramírez  Montes); T-1.718.142 (Rosa Adela  Muriel  Álvarez);  T-1.719.389 (Diana Janeth Acosta Herrera); T-1.719.390 (Mary  Luz   Lujan   Carvajal);   T-1.719.391   (María  Doralba  Avendaño  Martinez);  T-1.719.392  (Jhonny  Eleasar  Ortiz  Lemos);  T-1.719.393 (Martha Cecilia Parra  Muñoz  ); T-1.719.394 (Celina María Rojo Álvarez); T-1.719.395 (Sergio Herney  Ríos  Valencia);  T-1.719.396  (Uber  Herson  Marín  Nieto); T-1.719.397 (Rosa  Elena  Gómez  Builes  ); T-1.719.398 (Sol Marina Hurtado Mosquera); T-1.719.401  (Carmen  Margoth  Hoyos  Severiche);  T-1.720.505 (Eduar Enrique Rivero Anaya ).  Este  expediente  fue  desacumulado  para ser fallado en sentencia distinta, por  cuanto  uno  de los entes demandados no es el mismo y las situaciones fácticas,  así  como la problemática jurídica son diferentes; T-1.720.571 (Rubén Darío  Tabares   Echavarría);   T-1.720.572   (María   Oralia   Sánchez   Sánchez);  T-1.720.573  (Jaime  de  Jesús  Suarez  Escobar);  T-1.720.574  (Carlos Andrés  Bermúdez  Alzate);  T-1.720.575  (Mariluz  Ramírez Pérez); T-1.720.576 (Nidia  Elizabeth  Salinas  Vera);  T-1.720.577  (Mary  Din Gulfo); T-1.720.578 (Yorlady  Eugenia  Betancur  Hincapié); T-1.720.579 (Juliet Viviana Hernández Fonnegra);  T-1.720.580  (Noriel  Humberto  Zuleta  Agudelo); T-1.720.581 (Luz Marina Vélez  Figueroa);  T-1.720.582 (Yenny del Carmen Rentería Mena); T-1.720.583 (Vladimir  Antonio  Cuesta Nagles); T-1.720.584 (Luis Eduardo Castaño Bedoya); T-1.720.585  (José  Gregorio  Gómez Argumedo); T-1.720.586 (Manuel Fernando Gómez Alzate);  T-1.720.623   (Carlos  Dubier  Taborda  Serna);  T-1.720.624  (Juan  Pablo  Mesa  Palacio);  T-1.720.625  (Olga  Lucia  Sánchez  Valencia); T-1.720.915 (Luz Mary  González  Muñoz);  T-1.721.114  (Jaime  Humberto  Vargas Montoya); T-1.721.115  (Rodrigo  Antonio  Mesa  Marín ); T-1.721.116 (Manuel Pascual Palacios Palacios  );  T-1.721.117 (Zuli Yuana Henao Florez); T-1.721.666 (Luz Merly Ríos Copete);  T-1.721.667  (Carmen Julia Escobar Mejía); T-1.721.668 (Irene Mena González );  T-1.721.669  (Carlos  Mario  López  Ramírez  );  T-1.721.670  (Ofelia Patricia  Álvarez  del  Río);  T-1.721.671  (María  Elcy Echeverri Suarez); T-1.721.672  (Ana  Judith  Ortiz García); T-1.721.673 (Janeth López Atehortua); T-1.721.674  (Luis  Erley Moncada Montoya); T-1.721.675 (Doralba de Jesús Jaramillo Tapias);  T-1.722.160  (Carmen  de  Jesús  Sánchez  Rojas);  T-1.722.519  (Ledys Adriana  Pérez  Castaño);  T-1.722.524  (Nydia del Carmen Londoño Munera); T-1.722.526  (Yadira   Espitaleta   Torres);   T-1.722.566  (Jessie  Paola  Ramírez  Arias);  T-1.722.567   (Adriana  Idarraga  Gómez);  T-1.722.583  (Judy  Arlensi  Cardona  Callejas  y  otros);  T-1.722.609  (Durley  Zuluaga  Bedoya); T-1.722.610 (Paula  Andrea   Arboleda   Urrego);   T-1.722.611   (Martha   Cecilia  Muriel  Urrego);  T-1.723.062 (Joe Andrei Salcedo Múnera).   

Mediante  auto  del  11 de octubre de 2007,  fueron   acumulados  los  siguientes  expedientes:  T-1.723.830  (Jesús  Emilio  Pulgarín  Muñoz);  T-1.724.243  (Raúl  Alexander Vélez Tamayo.); T-1.724.244  (Ana   Cristina  Zapata  Dederlé);  T-1.724.245  (Luz  Elena  Sánchez  Gómez)  T-1.724.246  (Denis  Torres  Rivera.);  T-1.724.247 (Nora Astrid Giraldo Duque);  T-1.724.248  (Ana  Lena Pérez Henao.); T-1.724.249 (Dora Nancy Mira Vásquez.);  T-1.724.250  (Diana  Lucía Pérez Correa); T-1.724.251 (Martha Isabel González  Giraldo);  T-1.724.266  (María Magdalena Restrepo Pérez.); T-1.724.422 (Cenide  Yaneth  Medina  Balbín);  T-1.724.423  (Edwin Eliécer Cuesta Paz.); -1.724.424  (Hernando  León  Tamayo  Bedoya);  T-1.724.425 (Edgar Arturo Echeverri Pérez.)  T-1.724.426  (Arelis  del Carmen López Vega); T-1.724.427 (Deicy Lorena Cortés  Rincón) ;  T-1.724.428  (Eliécer  de  Jesús Mazo Monsalve); T-1.724.429 (Luz  Mary   Espinoza   Cuesta):   T-1.724.431   (Juan  Felipe  Espinosa  Pereañez.);  T-1.724.432  (Lourdes  de Jesús Vergara Suárez.): T-1.724.433 (Ricardo Suárez  Monsalve.):  T-1.724.435  (Hugo  Alexander  Ortiz  Uribe.); T-1.727.903 (Alfredo  Manuel   Bogles   Cervera.);T-1.728.204   (Claudia   Marina  Zuluaga  Zuluaga.);  T-1.728.205   (Cristina  del  Carmen  Cardona  Herrera.);  T-1.728.206  (Claudia  Patricia   Higuita  Garcés.);  T-1.728.207  (María  Dionis  Menoyos  Gaviria);  T-1.728.208  (Jorge  Aníbal  Medina  Pérez.);  T-1.728.209  (Ana  Julia Rovira  Gutiérrez.);  T-1.728.210  (Carlos  Federico  Mendoza  Fandiño.);  T-1.728.211  (Álvaro Valencia Hernández.   

Mediante  auto  del  24  de  octubre de 2007  fueron  acumulados  los  siguientes  expedientes:  T- 1.731.880 (Zeila Katherine  Restrepo  Bolívar);  T-  1.731.886  (Gloria Eelena Tamayo Pérez); T- 1.732.011  (Carlos  Alberto  Villafañe  Gómez); T- 1.732.023 (Edwin Sepúlveda Lora) este  expediente  fue  desacumulado  y  devuelto por vicios  procedimentales  mediante auto de noviembre 16 de 2007. Ingresó nuevamente a la  Corte  Constitucional  con  el  No.T-1.933.649 y por auto de junio 26 de 2008 no  fue   seleccionado;  T-  1.732.024  (Andrés  Felipe  Penagos  Betancur); T- 1.732.025 (Luz Enid Tuberquia Usuga); T- 1.732.026 (Leidy  Yuranny  Arias  Cartagena);  T-  1.732.027  (Hamilton  Enrique Cuesta Parra); T-  1.734.041  (Zulema  del  Carmen  Espinosa);  T-  1.734.130 (María Teresa Gómez  Arenas  );  T- 1.734.133 (Diego Alejandro Guerrero Marín); T- 1.734.228 (Arturo  Barón  Manrique  y  Ronaldo  Albeiro  Martínez  Carreño);  T- 1.734.274 (Luis  Alfredo  Rodríguez  Muñoz);  T-  1.734.282  (Bibiana  María Tobón Uribe); T-  1.734.283  (Wilson Arley Gómez Toro); T- 1.734.284 (Carlos Alberto Pacheco); T-  1.734.285  (Juliana  María  Vargas  Mora);  T-  1.734.286 (Diana Lucia Castillo  Patiño);  T-  1.734.287  (Libia  Inés  Escobar Aguirre); T- 1.734.288 (Francia  Zuleyma  Toral  Lozano);  T- 1.734.289 (Clara Inés Flórez Villa); T- 1.734.290  (Gladys   Osorio  Orozco);  T-  1.734.291  (Sergio  Orlando  Ríos  Ospina);  T-  1.734.292  (Fátima  del  Rosario Ortiz Gallo); T- 1.734.293 (Luis Fernando Ruiz  Coronado  );  T-  1.734.396  (Gladis  Emilia Prisco Villa); T- 1.734.397 (Harney  Palacios  Bejarano);  T-  1.734.398  (Sulma  Yaceny  Serna Rivera); T- 1.734.400  (Juana  Delida  Palacios Rodríguez); T- 1.734.401 (Jhon Jairo Serna Moreno); T-  1.734.402  (María  Yolanda  Echavarría  Morales); T- 1.734.416 (Olga Elizabeth  Palacio  Roldán); T- 1.734.555 (Mary Luz Vélez Montoya); T- 1.734.556 (Beatriz  Cecilia  Cardona  Sánchez);  T-  1.734.557  (Lludi  Andrea  Buitrago Arias); T-  1.734.558  (Jhon  Jairo  Solano  Cabrera);  T-  1.734.559  (María Teresa Yépes  Zambrano);  T-  1.734.560 (Josué Elevi Martínez Pérez); T- 1.734.561 (Yassfir  Joaozinho  Perea  Lozano);  T-  1.734.562  (Guillermo  de  Jesús Gil Amaya); T-  1.734.563  (Claudia  Milena  Mena  Medrano;  T-  1.734.564 (Edgar Vianey Rendón  Loaiza);  T-  1.734.565  (Angélica  María  Molano  Cristancho);  T-  1.734.566  (Virginia  Mena  Zúñiga)  T-  1.734.567  (Karol  Marcela  Vargas Arboleda); T-  1.734.568  (María  Margarita  Zapata  Gómez); T- 1.734.569 (Álvaro de la Cruz  Sepúlveda  Lezcano);  T-  1.735.297  (Tanela  Rodríguez  Perea);  T- 1.735.298  (Martha  Doris  Rivas  Castaño);  T-  1.735.299  (Olga  Nancy Arias Vélez); T-  1.735.300  (Jhon  Edison  Cataño  Correa); T- 1.735.302 (Fabián Eulises Posada  Múnera).   

3  Expediente T-1828345 (Keybis Milena Morales Bracamonte y otros).   

4 Los  nombres  de  los  accionantes  en cada expediente y los detalles de cada caso se  encuentran en el Anexo 1 de esta sentencia.   

5 Ver  sentencia T-466 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

6  De  conformidad   con  la  información  que  reposa  en  los  expedientes,  en  los  siguientes  casos se pudo constatar las resoluciones expedidas por el ICFES para  dar  cumplimiento  a lo ordenado en los fallos, mediante las cuales da validez a  los  resultados aprobatorios obtenidos en las pruebas realizadas en el concurso:  T-1.715.236  (Resolución  No.173  de junio 7 de 2007); T-1.715.576 (Resolución  No.203  de  junio  25  de  2007); T-1.715.578 (Resolución No.203 de junio 25 de  2007);    T-1.715.579(Resolución   No.215   de  julio  3  de  2007);   T-1.715.583   (Resolución  No.206  de  junio  27  de  2007);   T-1.716.248  (Resolución  No.173  de junio 7 de 2007);  T-1.716.251 (Resolución No.169  de  junio  4  de  2007);   T-1.716.252  (Resolución  No206  de junio 27 de  2007);   T-1.719.395  (Resolución  No.173  de  junio 7 de 2007); 1.720.623  (Resolución  No.169  de  junio  4  de 2007); T-1.720.624 (Resolución No.169 de  junio  4  de  2007);    T-1.720.625  (Resolución No.173 de junio 7 de  2007);   T-  1.722.519  (Resolución  No.192  de  junio  19 de 2007);   T-1.722.524  (Resolución  No.173  de junio 7 de 2007); T-1.722.566 (Resolución  No.201  de  junio  21  de  2007);   T-1.723.830 (Resolución No.179 de  junio   12   de  2007),  y  T-1.722.567  (Resolución  No.209  de  junio  28  de  2007).    

7 Esta  orden  fue proferida por el Tribunal Administrativo de  Antioquia,  Sala  Cuarta  de  Decisión,  en  sentencia  del 29 de mayo de 2007,  expediente  T.1.722.583  acumulado,  en el caso de la  accionante Olga de Jesús Hoyos Salazar.   

8  La  información   detallada   sobre   las   sentencias   revisadas   por  la  Corte  Constitucional  en  la  presente acción de tutela se encuentra en el Anexo 1 de  esta sentencia.   

9  Expedientes  T-1.711.686,  T-1.720.915,  T-1.721.668,  T-1.721.670, T-1.721.671,  T-1.721.673,  T-1.721.675,  T-1.722.160, T- 1.724.249, T-1.732.011, T-1.732.024,  T-1.732.025,     T-1.732.027,     T-1.734.228,     T-1.734.274      y   T-735.298.   

10  Expedientes   T-1.715.234,  T-715.236,  T-1.716.248,  T-1.716.251,  T-1.722.519,  T-1.722.524,  T-1.722.526,  T-1.722.566,  T-1.722.609, T-1.722.610, T-1.722.611,  T-1.723.830, T-1.727.903, T-1.734.133.   

11 En  el  expediente  T-1.722.583  acumulado, los accionantes son Judy Arlensi Cardona  Callejas,  Dora  Margoth  Villa Londoño, Olga de Jesús Hoyos Salazar y Gustavo  Tapia Beltrán.   

12  Sandra  Elena  Tobón  Cartagena;  Nelsón Arismendi Marín; María Eugenia Lora  Higuita;  Bladimir  Vargas Montoya; Sandra Patricia Seguro; Olga María Torrente  Usuaga;  Virgelina  Gómez  Lara;  Sulbed  Yepes Escobar; Consuelo María Acosta  Monterrosa;  Danis  del  Carmen  Pereira Rivero; Carlos Humberto Lujan Montaño;  Jhonny  Ovideo Sánchez Cardona; Teobaldo Bejarano Romaña; José Ignacio Muñoz  Montoya;  Darley  Maturín  Córdoba;  Wilson  de  Jesús Duque Gil; Ana Cecilia  Arroyave   Granda;   Sandra  María  Giraldo  Cuervo;  Miguel  Francisco  Gómez  Martínez;  Eumaira  López  Londoño;  Rubén Darío Salazar Estrada; Francisco  Rodrigo  Echeverry  Pérez;  Beatriz  Elena Restrepo Zapata; Luis Reyes Palacios  Córdoba;  Glenis  María  Gómez Gómez; Orlando Adolfo Álvarez Celis; Gustavo  Ángel  Quitían  González;  Román Darío Arroyave Arango; Yesenia Ester Trejo  Orozco;  Flor María Pérez Paniagua; Toribio Pauth Bello; Dora Patricia Montoya  Osorio; Sandra María Giraldo Cuervo; y Israel Valencia Álvarez.   

13  Keybis  Milena  Morales  Bracamonte;  Kenia  Luz  Romero  Ricardo; Blanca Amelia  Rhenals  Vélez  Ricardo;  Álvaro  Luis Carmona Mejía; Diana Patricia Carrasca  Hernández;  Elkin  Robert  Salas  Navarro; Yamileth Romaña Salas; Marly Isabel  Petro  Fernández;  Asterio  Francisco  Pineda  Delgado;  Martín Eduardo Vargas  Escobar,  Ruth  Sofía Calderón Acevedo; Eugenio Miguel Villalba Fajardo; Roger  Andrés  Ramos  Galeano;  Marcos  León Benítez Peña; Margarita Elena Castillo  Pacheco;  Margarita Elena Castillo Pacheco; Filiberto Castro Navarro; Digna Rosa  Peralta  Zúñiga;  Orlando  José Flórez Puertas; Emilson  Manuel Montiel  Rodríguez;  Claudia  Bertel  Contreras;  Luis Alfredo Díaz Contreras; Emérita  Esther  Reyes  Vergara; Edis Edith Herazo Escudero; Nira Adalgiza Petro Martelo;  Aída  Rebeca  Mendoza Hernández; Ana Rosa Espitía Ortiz; Carolina Andrea Soto  Yeneris; Eutimio Escobar Noguera.   

14  Wilson de Jesús Canchila Contreras.   

15  Ver,  entre  otras,  la  Sentencia  T-588  de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra  Porto,  en  la  que esta Corporación estudio asuntos de similar naturaleza a la  de las presentes acciones de tutela.   

16  Sentencia SU-133 de 1998.   

17 Ver  entre    otras    la    sentencia    C-753    de   2008,   M.P.   Jaime   Araujo  Rentería.   

18  Sentencias  C-1230  de  2005, C-175 de 2006 y C-211 de  2007, entre otras.   

20 Ver  sentencia C-746 de 1999.   

21  Sentencias C-507/95, C-746/99, C-725/00, C-517/02 y C-313/03.   

22 Ver  sentencia C-1230 del 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.   

23  Sentencia C-753 de 2008, ya citada.   

24 La  disposición  mencionada  determina: “Artículo 111.  Facultades  extraordinarias:  Concédase  precisas facultades extraordinarias al  Presidente  de  la  República  por  el  término de seis (6) meses, para: (…)  111.2.  Se  conceden  facultades extraordinarias al Presidente de la República,  por  el  término  de  seis  (6)  meses  contados  a partir de la vigencia de la  presente  ley para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa  para  los  docentes,  directivos  docentes,  y  administrativos,  que ingresen a  partir  de  la  promulgación  de  la  presente ley, que sea acorde con la nueva  distribución  de  recursos  y  competencias  y  con  los  recursos. // El nuevo  régimen  de  carrera  docente  y  administrativa  se  denominará  Estatuto  de  Profesionalización  Docente  y  tomará  en  cuenta  entre otros los siguientes  criterios:  //  1.  Mejor  salario  de  ingreso  a  la  carrera  docente.  // 2.  Requisitos  de  ingreso.  //  3.  Escala  salarial  única  nacional y grados de  escalafón.  // 4. Incentivos a mejoramiento profesional, desempeño en el aula,  ubicación  en  zonas  rurales  apartadas,  áreas  de  especialización.  // 5.  Mecanismos  de evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de  la  carrera. // 6. Oportunidades de mejoramiento académico y profesional de los  docentes.  //  7.  Asimilación voluntaria de los actuales docentes y directivos  docentes  contemplado  en  el  Decreto-ley 2277 de 1979. // Para la preparación  del  proyecto  de  Estatuto  de  Profesionalización  Docente,  el Ministerio de  Educación   Nacional   conformará  un  grupo  de  trabajo  integrado  por  dos  representantes  del  Honorable  Congreso de la República, dos representantes de  la  Federación  Colombiana de Educadores, dos expertos designados por el señor  Presidente  de  la  República,  y  el  Ministro  de  Educación Nacional, quien  presidirá  el  grupo.  Elegido  un  nuevo  Presidente  de  la República, éste  designará   a   una   persona   para   que  integre  dicho  grupo  de  trabajo.  (…)”   

25 Ver  entre  otras,  las  sentencias  T-534  de  2007  y  T-588 de 2008, M.P. Humberto  Antonio Sierra Porto.   

26  Art. 1° del Decreto 1278 de 2002.   

27 En  sentencia  C-208 de 2007 la Sala Plena declaró la exequibilidad del Decreto Ley  1278  de  2002  “siempre y cuando se entienda que el  mismo  no  es  aplicable  a  las situaciones administrativas relacionadas con la  vinculación,   administración  y  formación  de  los  docentes  y  directivos  docentes  en  los  establecimientos educativos estatales ubicados en territorios  indígenas  que  atienden  población  indígena,  con  la  aclaración  de que,  mientras  el  legislador  procede  a  expedir un estatuto de profesionalización  docente  que  regule de manera especial la materia, las disposiciones aplicables  a  los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley General de Educación y  demás normas complementarias.”   

28  Estas  facultades  fueron  otorgadas  en  el  Parágrafo  del artículo 9º. del  Decreto    1278    de    2002,    de    la    siguiente    forma:   “PARÁGRAFO.  <Apartes  tachados  INEXEQUIBLES> El Gobierno  Nacional  reglamentará de manera general el contenido  y  los  procedimientos  de cada una de las etapas del  concurso,  la  elaboración  de  las  pruebas  de  selección  y  señalará los  puntajes  correspondientes  para  la  selección  y clasificación, determinando    cuáles    de   ellas   admiten   recursos   y   su  procedimiento.”   Los  apartes  tachados  fueron  declarados  inexequibles  por la Corte Constitucional  mediante Sentencia C-734 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.   

29  “Artículo   5°.   Docentes.   Las  personas  que  desarrollan  labores  académicas directa y personalmente con los alumnos de los  establecimientos  educativos  en  su proceso enseñanza aprendizaje se denominan  docentes.  Estos  también  son  responsables de las actividades curriculares no  lectivas  complementarias  de  la  función  docente  de  aula,  entendidas como  administración  del  proceso  educativo,  preparación  de su tarea académica,  investigación    de    asuntos    pedagógicos,   evaluación,   calificación,  planeación,  disciplina  y  formación de los alumnos, reuniones de profesores,  dirección  de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención  a  los  padres  de  familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil y  actividades  vinculadas  con  organismos  o instituciones del sector que incidan  directa o indirectamente en la educación.”   

30  “Artículo   6°.   Directivos  docentes.  Quienes  desempeñan   las   actividades   de   dirección,  planeación,  coordinación,  administración,  orientación  y  programación en las instituciones educativas  se  denominan  directivos  docentes, y son responsables del funcionamiento de la  organización  escolar.  //  Los cargos de directivos docentes estatales serán:  director  rural  de  preescolar  y  básica  primaria;  rector  de  institución  educativa  en  educación  preescolar y básica completa y/o educación media; y  coordinador.  //  El  rector  y  el  director rural tienen la responsabilidad de  dirigir   técnica,   pedagógica   y   administrativamente   la   labor  de  un  establecimiento  educativo.  Es una función de carácter profesional que, sobre  la  base  de una formación y experiencia específica, se ocupa de lo atinente a  la  planeación,  dirección,  orientación,  programación,  administración  y  supervisión  de la educación dentro de una institución, de sus relaciones con  el  entorno  y  los  padres  de  familia, y que conlleva responsabilidad directa  sobre  el  personal  docente,  directivo  docente  a  su cargo, administrativo y  respecto  de  los alumnos. // El coordinador auxilia y colabora con el rector en  las  labores propias de su cargo y en las funciones de disciplina de los alumnos  o en funciones académicas o curriculares no lectivas.”   

31 Ver  artículos 6, 7, 8 y 9 del Decreto 3982 de 2006.   

32 La  CNSC,  con  el  propósito  de  proveer  empleos docentes y directivos docentes,  ordenó     las     siguientes    convocatorias:    004    Antioquia32,  005  Armenia,  006  Atlántico, 007  Barrancabermeja,  008 Bello, 009 Boyacá, 010 Bucaramanga, 011 Caldas, 012 Cali,  013  Caquetá,  014  Cartagena,  015  Cesar, 016 Córdoba, 017 Cundinamarca, 018  Dosquebradas,  019  Envigado,  020  Florencia, 021 Fusagasuga, 022 Girardot, 023  Girón,  024  Guainía,  025 Guaviare, 026 Huila, 027 Ibagué, 028 Itagüí, 029  La  Guajira  030 Lorica, 031 Magangue, 032 Magdalena, 033 Maicao, 034 Manizales,  035  Medellín,  036  Meta,  037 Montería, 038 Neiva, 039 Palmira, 040 Pereira,  041  Putumayo, 042 Quindío, 043 Risaralda, 044 Soacha, 045 Sogamoso, 046 Sucre,  047  Turbo, 048 Valle del Cauca, 049 Valledupar, 050 Vichada, 051 Bolívar y 052  Tulúa.   

33 El  artículo  3°  de  la  Ley  909  de  2004  “Por la cual se expiden normas que  regulan  el  empleo  público, la carrera administrativa, gerencia pública y se  dictan  otras  disposiciones”,  determina  que las disposiciones contenidas en  esa  ley se aplicarán al personal docente, con carácter supletorio, en caso de  presentarse  vacíos  en  la  normatividad  que  regula este sistema especial de  carrera.       

34 El  decreto  1227  de  2005, reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto  –    Ley   1567   de  1998.   

35  M.P.  Antonio  Barrera  Carbonell.  En  el  mismo  sentido  se  pueden  ver  las  sentencias  T-  298  de  1995,  T-  325 de 1995, T- 433 de 1995, T- 344 de 2003.   

36 Ver  entre  otras  las  sentencias C-041 de 1995, T-136 de 2005, T-470 de 2007 y más  recientemente la sentencia T-588 de 2008, ya citada.   

37  Cfr. T-588 de 2008.   

38  García  de  Enterría,  Eduardo.  Curso  de  Derecho  Administrativo  I.  Civitas Ediciones. Madrid. España  2001.  pag.  540.  Ver  también  Sentencia  C-620  de  2004,  M.P. Jaime Araujo  Rentería.    

39  Sentencia   Consejo   de  Estado.   Exp.  N1570A   de  1997.  Sección  Quinta.   

40 Ver  entre  otras  las  sentencias,  SU-201  de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell,  T-088  de  2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T- 105 de 2007, M.P. Alvaro  Tafur Galvis.   

41 En  sentencia  C-339  de  1996,  M.P.  Julio César Ortiz Gutierrez, al pronunciarse  sobre   la   constitucionalidad   del   artículo  49  del  Código  Contencioso  Administrativo,  la  Corte  Constitucional  señaló  que  la  imposibilidad  de  presentar  recursos contra los actos de trámite no vulnera la Constitución, si  se  tiene  en  cuenta  que  los  mismos “no producen  efectos  jurídicos,  en  relación con los administrados, ni crean, extinguen o  modifican  sus  derechos subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan  sus   intereses  jurídicos”,  de  manera  que  los  fundamentos  o  supuestos  de  derecho  que  tuvo  en  cuenta el legislador para  establecer  la improcedencia de recursos de vía gubernativa contra los actos de  carácter  general,  de  trámite,  preparatorios  o  de ejecución “atienden  a  la  necesidad de evitar la parálisis o el retardo,  la  inoportunidad  y  la  demora en la actividad administrativa, que debe estar,  salvo  excepciones  señaladas  en la ley, en condiciones de decidir en la mayor  parte  de  los  asuntos  previamente  a  la  intervención  del  administrado  o  interesado.”   

42 Ver  entre  otras  las  sentencias T-123 de 2007, M.P. y T-574 de 2008, M.P. Humberto  Antonio Sierra Porto.   

43  Consejo  de  Estado,  Sentencia  del  11  de  octubre  de  2007,  C.P. Alejandro  Ordóñez    Maldonado,   al   pronunciarse   sobre   un   caso   de   similares  características  al  que hoy ocupa la atención de esta Sala de Revisión. Esta  posición  del  Consejo  de  Estado  fue retomada por la Corte Constitucional en  Sentencia  T-588 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, en la que decidió  un  asunto  de  similares  características  a las que hoy ocupa la atención de  esta Sala de Revisión.   

44  M.P.  Manuel José Cepeda Espinosa, reiterada por la sentencia T-588 de 2008, ya  citada.   

45 Ver  entre  otras las sentencia T-827 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-648  de  2005  M.P.  Manuel  José Cepeda Espinosa; T-1089 de 2005.M.P. Álvaro Tafur  Galvis;  T-691  de  2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-015  de 2006 M.P.  Manuel José Cepeda Espinosa.   

46 En  los   términos   que  señala  el  artículo  42  del  Decreto  2591  de  1991.   

47 Lo  que  permite  que  la  tutela  entre  a  proteger de manera directa los derechos  presuntamente vulnerados.   

48  Sobre  la  procedencia  de  la acción de tutela como mecanismo transitorio para  evitar  un  perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias C-1225 de  2004,  M.P.  Manuel  José Cepeda Espinosa; SU-1070 de 2003, M.P. Jaime Córdoba  Triviño;  SU–544 de 2001  M.P.  Eduardo  Montealegre  Lynett;  T–1670  de  2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz, y la T-225 de 1993 en las  cuales  se  sentaron  la  primeras  directrices  sobre  la materia, que han sido  desarrolladas  por  la  jurisprudencia  posterior. También puede consultarse la  sentencia  T-698  de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y la  sentencia T-827  de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.   

49 El  artículo   6º   del   Decreto   2591   de  1991  dispone  que  “La  existencia  de  dichos  medios  será apreciada en concreto, en  cuanto  a  su  eficacia,  atendiendo  las  circunstancias en que se encuentre el  solicitante”.   

50  Corte   Constitucional.   Sentencia   T-803   de   2002,   M.P.   Álvaro  Tafur  Galvis.   

51  Sentencia  T-384  de  1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, citada por la sentencia  T-206 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

52  Corte  Constitucional. Sentencia T-822 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esa  sentencia  se  cita  la  T-569  de  1992  M.P.  Jaime  Sanín Greiffenstein, que  señaló  lo siguiente: “De allí que tal acción no  sea    procedente    cuando    exista    un    medio    judicial    apto   para   la  defensa  del  derecho  transgredido  o  amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio  para evitar un perjuicio irremediable”   

53  Art.  6º  Decreto  2591  de  1991.  “La acción de  tutela  no  procederá:  1º  Cuando  existan otros recursos o medios de defensa  judiciales,   salvo  que  aquélla  se  utilice  como  mecanismo   transitorio   para   evitar  un  perjuicio  irremediable.  La  existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto,  en  cuanto  a  su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el  solicitante.”  (La  subraya  fuera  del  original).   

54  Dice   el   Artículo   7º   del   Decreto   2591   de   1991:  “Desde   la   presentación   de   la   solicitud,  cuando  el  juez  expresamente   lo   considere   necesario    y  urgente  para  proteger  el  derecho,    suspenderá    la    ejecución    del  acto  concreto  que  lo amenace o vulnere.” (Subraya fuera del original).   

55  Dice   el   artículo   8º   del   decreto   2591   de   1991:  “Cuando  se  utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño  irreparable,  la  acción  de  tutela  también  podrá  ejercerse  conjuntamente  con  la  acción de nulidad y las demás procedentes  ante    la    jurisdicción   de   lo   contencioso   administrativa.  En  estos  casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar  que  no  se  aplique  el  acto particular  respecto  de la situación jurídica concreta cuya protección se  solicita,  mientras dure el proceso.” (Subraya fuera  del original).   

56  Sentencia T-007 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

57  Sentencia T-007 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

58  Ello   se   ha  presentado,  por  ejemplo,  en  casos  en  que  se  produce  una  discriminación  en  concursos  públicos  y  en  el  acceso  a  cargos  de esta  naturaleza,  que  compromete  seriamente  la confianza de los particulares en el  Estado  (art. 83 C.P.);  el derecho de acceder en igualdad de condiciones a  los  cargos  públicos  (art. 13 y 40 CP), el debido proceso (art. 29 C.P.) y el  derecho  al  trabajo (art. 25 C.P.). La cuestión a resolver, en estos casos, es  constitucional.   De   otra  parte,  el  mecanismo  ordinario  que  podría  ser  utilizado,  no  es  plenamente  idóneo  para resarcir los eventuales daños. En  consecuencia,  la  tutela  se  concede  como  mecanismo principal para evitar la  lesión  de  los  derechos  fundamentales  involucrados.  Sobre  este particular  pueden  revisarse  las  sentencias   T-100  de  1994,  M.P.  Carlos Gaviria  Díaz;   T-256  de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-325 de 1995 M.P.  Alejandro  Martínez Caballero; T-389 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz; T-455 de  1996  y T-083 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU 133 de 1998, M.P. José  Gregorio Hernández Galindo.   

59  Sentencia T-007 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

60  Sentencia T-225 de 1993; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.   

61  Sentencia  T-1316  de  2001.  M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, citada en la sentencia  T-206 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

62  Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.   

63  Sentencia  T-435 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Por otra parte, en la  sentencia  SU-039  de  1997,  la  Corte constitucional afirmó: “…es posible  instaurar  simultáneamente la acción de tutela como mecanismo transitorio para  evitar  un  perjuicio irremediable, sin que interese que se haya solicitado o no  la  suspensión  provisional  del  acto  administrativo, pues en parte alguna la  norma  del  art.  8  (del  Decreto 2591 de 1991) impone como limitante que no se  haya  solicitado  al  instaurar  la  acción  contenciosa  administrativa  dicha  suspensión”.  Ver también las sentencias T-514 de 2003, T-596 de 2001, T-754  de  2001, T-873 de 2001, C-426 de 2002 y T-418 de 2003, entre otras, sobre estas  consideraciones.   

64  Sentencia T-373 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo.   

65Sentencia  del  Consejo  de  Estado,  Sección  Tercera,  del 19 de  agosto  de 2004, expediente 12279, con ponencia del H. Consejero Ramiro Saavedra  Becerra,  en la que esa Corporación se inhibió de fallar de fondo en un asunto  sometido  a  su consideración, pues la demanda pretendía la nulidad de un acto  considerado por la Sala como de trámite.   

66  Consejo  de  Estado.  Sala  de  lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.  Sentencia  del  20  de  septiembre  del  2002.  Consejera  Ponente:  Olga  Inés  Navarrete Barrero. Exp. 7764.   

67  Consejo  de  Estado.  Sección  Tercera.  Sentencia  del  9  de  agosto de 1991,  expediente 5934.   

68 Ver  anexo 2.   

69  M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   

70  En  la  sentencia  T-079  de  1998, M.P. Jorge Arango  Mejía,  ya  se  había  autorizado  que  la  respuesta   a  un  derecho de  petición  elevado  por  cientos  de  personas fuera notificada a través de los  medios  o  de  su  exposición en lugares públicos. La sentencia trata sobre un  derecho  de  petición  presentado  en  un municipio por múltiples personas. La  petición  no  contenía ninguna dirección y el alcalde decidió fijar copia de  la  respuesta  en  la  alcaldía  y  en  la  Oficina  de  Planeación.  La Corte  consideró  que con esta actividad no se había satisfecho la exigencia de dar a  conocer  la  respuesta  a  los  peticionarios.  Por eso, señaló que el alcalde  debía  actuar  en  forma  más  diligente  para  que  su  respuesta pudiera ser  conocida  por  los  peticionarios. Al respecto se expresó: “El Alcalde podrá  utilizar  medios  escritos,  como  carteles  puestos  en  lugares  especialmente  visibles,  en  los  municipios  de  Funza,  Madrid  y  Mosquera, y publicados en  periódicos   locales,   etc.;   medios   radiales,   por   ejemplo,   programas  institucionales  o  dirigidos  a la comunidad, sobre los que se tenga certeza de  que  son  ampliamente  escuchados. Es decir, el medio o los medios escogidos por  el  Alcalde,  deben  lograr que los peticionarios se enteren del contenido de la  Resolución de su solicitud.”   

71  M.P. Jaime Araujo Rentería.