T-947-09

    Sentencia T-947-09  

(Diciembre 16; Bogotá D.C.)  

ACCION   DE   TUTELA   CONTRA  PROVIDENCIAS  JUDICIALES-Procedencia     excepcional/ACCION   DE   TUTELA   CONTRA  PROVIDENCIAS  JUDICIALES-Evolución jurisprudencial   

ACCION   DE   TUTELA   CONTRA  PROVIDENCIAS  JUDICIALES-Requisitos   generales   y  especiales  de  procedibilidad   

ACCION   DE  TUTELA  TEMERARIA-Reiteración de jurisprudencia   

ACCION   DE  TUTELA  TEMERARIA-Improcedencia   para   el   caso   por   no  existir  duplicidad  de  acciones   

DERECHO  DE  ASOCIACION SINDICAL-Alcance y contenido   

FUERO  SINDICAL  Y  DERECHO  DE  ASOCIACION  SINDICAL-Protección   

FUERO       SINDICAL-Finalidad/FUERO    SINDICAL-Formas de protección del trabajador aforado   

PROCESO   DE   LEVANTAMIENTO   DE   FUERO  SINDICAL-Notificación  personal del auto admisorio de  la demanda debe hacerse al demandado y al sindicato   

NOTIFICACION  CUANDO  EL  TRABAJADOR  Y  EL  SINDICATO  SON  LA  MISMA PERSONA-Deben ser notificados  en forma independiente   

Qué pasa si el trabajador y el representante  del  sindicato son la misma persona? ¿Incurre el juez laboral en una violación  del  debido  proceso  por  no  notificar  al  mismo ciudadano, en sus diferentes  roles,  a  pesar  de  haberlo notificado debidamente en una primera oportunidad?  Procesal  y jurídicamente, la respuesta es afirmativa, ya que es deber del juez  notificar  tanto  al trabajador, como al sindicato, independientemente de que el  representante  legal  del  organismo  sindical y el trabajador demandado sean la  misma  persona.  El  rol  procesal  de  ambas  partes es distinto, y la forma de  comparecer  al  proceso  también lo es. Se trata de dos personas diversas, cuya  personería  para  actuar  procesalmente es independiente, por lo que  cada  una  de  ellas  debe  ser  vinculada  al  trámite  judicial en debida forma, en  respeto a sus derechos fundamentales de contradicción y defensa.   

NULIDADES     PROCESALES-Saneables e insaneables   

FALTA   DE   NOTIFICACION   EN  PROCESO  DE  LEVANTAMIENTO   DE   FUERO  SINDICAL-Se  notificó  al  trabajador pero no al sindicato   

El peticionario fue debidamente notificado por  el  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, una vez le correspondió el  reparto  del  proceso  de  levantamiento del fuero sindical, el 10 de febrero de  2005.  La  notificación oportuna al trabajador, fue confirmada por el apoderado  de  la organización sindical mencionada, en la solicitud de nulidad del proceso  en  su  conjunto,  presentada  el 12 de enero de 20071.    La   notificación,   no  obstante,  sólo  se  hizo en calidad de trabajador aforado, y no se vinculó al  sindicato   en   esa   oportunidad.   Así,  desde  el  inicio  del  proceso  de  levantamiento  de  fuero  sindical  en  el  2005, hasta el 28 de agosto de 2006,  SINTRAINDEGA  no había sido  vinculado  al  proceso.  Dada  la  aparente  confusión  frente  a  la identidad  procesal  del  demandado  y  su notificación, con todo, ello no libera al   juez  laboral de acuerdo con el artículo 48 CPT, de ser quien debe “asumir la  dirección  del  proceso”  y  asegurar  las  garantías  procesales dentro del  mismo,  a  fin  de propender por el respeto de los derechos fundamentales de las  partes  y  lograr el equilibrio entre ellas. Por lo tanto, el cumplimiento de lo  previsto  en el artículo 118B del C.P.T., de conformidad con la sentencia C-240  de  2005,  sobre  el  deber de notificación sindical, era necesario, so pena de  verse    expuesto    a    una   nulidad   por   falta   de   notificación   del  sindicato   

DEBIDO       PROCESO-Vulneración  por  cuanto  si  bien  posteriormente  se notificó al  sindicato,  el  juzgado  profirió  sentencia  sin esperar a que se cumpliera el  término del traslado para intervenir en el proceso   

El  Juez,  de  acuerdo a su competencia legal  para  “garantizar el respeto de los derechos fundamentales” (Art. 48 C.P.T.)  y  para  precaver  una  eventual nulidad absoluta del proceso, decidió realizar  una  notificación  directa  al  órgano  sindical  mencionado,  ya  avanzado el  trámite.  Ese  proceder, de acuerdo con las normas procesales generales, tenía  el  propósito  efectivo de sanear la nulidad, al permitir al sindicato esgrimir  su  derecho  de  defensa  y  de  contradicción en debida forma, y articular las  garantías  sustanciales  del  proceso.  Hasta  aquí,  el proceder hubiese sido  indiscutiblemente  probo  y  salvaguardado de cualquier disquisición jurídica.  No  obstante,  a  partir  de allí se generaron nuevas reglas procesales, que el  Juzgado  accionado  debía  respetar. La notificación del 28 de agosto de 2006,  al  Presidente de SINTRAINDEGA, daba a esa organización sindical la oportunidad  de  intervenir  en el proceso, contestando o no la demanda. El término previsto  para  ello,  era el establecido en el artículo 114 del C.P.T, según el cual la  audiencia  en  la  cual  se  contestará  la demanda “tendrá lugar dentro del  quinto  (5)  día  hábil  siguiente  a  la  notificación.”  Sin embargo, sin  esperar  que  se  cumpliera  el  término  del  traslado  indicado  y sin que el  sindicato  hubiese  sido  oído,  el  Juzgado  accionado  profirió sentencia en  audiencia  celebrada  el  1º de septiembre de 2006, cuando el quinto día habil  siguiente  a  la  notificación  era  el  4 de septiembre de 2006, por lo que la  organización  de  trabajadores alega, que se le vulneró el debido proceso y el  derecho   de  defensa  que  le  correspondía  como  parte  procesal  vinculada.   

PROCESO   DE   LEVANTAMIENTO   DE   FUERO  SINDICAL-Se vulnera el derecho de defensa cuando no se  respetan los términos para intervenir en un proceso   

Los  términos  procesales  y  las reglas que  establece   el   juez  laboral  como  director  del  procedimiento  judicial  en  consonancia  con  el  artículo  48 del Estatuto Procesal del Trabajo, deben ser  cumplidas  y  respetadas,  en  atención  a  la lealtad procesal y el respeto al  debido  proceso  que  es  una  garantía fundamental de las personas naturales y  jurídicas.  El  derecho  de  defensa,  en  consecuencia, puede verse claramente  comprometido,  cuando  el  término  para  intervenir  en  un  proceso, a fin de  presentar  excepciones  o  pruebas,  no  se  respeta.  Las nuevas circunstancias  procesales  generadas por el juzgado a partir de la nueva notificación personal  del  28  de  agosto  de  2006,  habilitaban ciertamente al sindicato a exigir la  garantía  de  cumplimiento  del  término  procesal   establecido  por  el  legislador  para promover sus recursos. La notificación al sindicato se hizo el  28  de  agosto  de  2006  y  la  sentencia  de primera instancia se profirió en  audiencia  pública  el  1º  de  septiembre  de  2006, por lo que sólo habían  transcurrido  4  días  desde  la notificación de la demanda, a pesar de que la  norma  ya  citada establece que la audiencia en la que se contestará la demanda  debe  citarse  dentro  del  quinto  día hábil siguiente a la notificación. El  sindicato,  contaba  todavía  con  un  día  para  que  se surtiera el término  completo  de  traslado y para  participar en el proceso, si era del caso, y  ese  término no le fue respetado. El desconocimiento de los términos en contra  del  sindicato demandante, significa  por parte del Juzgado, una violación  flagrante  del  debido  proceso  de  esa  organización,  ya  que  claramente se  cometió  una  irregularidad  que  tuvo  como  efecto  privar al sindicato de su  defensa  procesal.  La  irregularidad,  afectó  los  derechos fundamentales del  sindicato,  porque  impidió que éste fuera oído en el juicio e hizo inocua la  extemporánea  notificación  personal  que  intentó  el  juzgado,  dado que la  finalidad  prevista  con  la  solución procesal propuesta por el fallador no se  cumplió,  al impedir que la organización sindical finalmente participara en el  proceso.   

DEBIDO  PROCESO-La  nulidad  procesal  que  alega el sindicato es procedente por no haberse cumplido  en su totalidad el término del traslado   

La  nulidad  que  alega  el  sindicato,  es  predicable  de la sentencia de primera instancia, porque sin haberse cumplido en  su  totalidad  el  término  de  traslado  para  la  organización enunciada, no  existió  otra  oportunidad  procesal  para que ese organismo pudiese invocar la  nulidad  por  violación  del derecho de defensa. La sentencia, en consecuencia,  conculcó  la  oportunidad  del sindicato de presentar razones para su defensa y  de  ser  oído  en  el  juicio.  En  el mismo sentido, significó un tratamiento  desigual  frente  a  las  demás  partes, dado que en los procesos laborales, no  puede   celebrarse   ninguna   audiencia  de  trámite  o  juzgamiento,  si  con  anterioridad  no  se  ha señalado la fecha de su realización (Artículo 45 del  C.P.T.).   

Referencia:  Expediente T-1.925.349.   

Accionantes: Martín  Emilio         Muñoz         y         otros2.   

Accionados: La Sala  Laboral  del  Tribunal  Superior  del  Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado  Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad.   

Tema:  

Derechos    presuntamente   vulnerados:  debido   proceso,   defensa,   igualdad,  asociación  sindical y acceso a la justicia.   

Vulneración     invocada:  aparente vía  de  hecho por defecto fáctico, sustantivo y procedimental en las decisiones del  Tribunal  Superior  de Bogotá y del Juzgado Segundo Laboral de la misma ciudad,  dentro  del  proceso  especial de levantamiento de fuero sindical seguido contra  el  Presidente  y  Representante  Legal  del  Sindicato  Nacional de   Trabajadores   SINTRAINDEGA,  -Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez-,  por  parte  de  la  empresa  Panamco  Colombia  S.A.   

Pretensión:  que se dejen sin efectos las sentencias proferidas por  los  mencionados despachos judiciales; se rehaga el proceso judicial anterior de  modo  que se permita la intervención de la organización sindical SINTRAINDEGA,  y  se  ordene  a  la  empresa Panamco Colombia S.A. reintegrar al señor Martín  Emilio  Muñoz Jiménez al mismo cargo que desempeñaba antes del despido, junto  con  el  reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde  el momento del despido hasta que se haga efectivo el reintegro.   

Fallo   objeto  de  Revisión:  Sentencia  de  la  Sala  de Casación Civil de la Corte Suprema de  Justicia,  del  1  de  abril  de  2008, que confirmó la decisión de la Sala de  Casación  Laboral  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  del  4  de  marzo  de  2008.   

Magistrados   de   la   Sala   Quinta   de  Revisión:  Mauricio  González  Cuervo, Jorge Ignacio  Pretelt Chaljub y Nilson Pinilla Pinilla.   

Magistrado Ponente:  Mauricio González Cuervo.   

I. ANTECEDENTES.  

1.  Demanda y pretensión de los accionantes.   

El  señor  Martín  Emilio Muñoz Jiménez,  obrando  en  su  propio nombre y en el del Sindicato Nacional de Trabajadores de  la        Empresa        Panamco        Colombia        S.A.,       SINTRAINDEGA,    en   su   calidad   de  Presidente3,  actuando  además  junto con los otros 9 directivos sindicales de  esa                   agremiación4,    interpuso   acción   de  tutela5  en  contra  de  las  decisiones  de  la  Sala Laboral del Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de  Bogotá y del Juzgado Segundo Laboral del  Circuito   de   esa   misma  ciudad,  por  considerar  vulnerados  sus  derechos  fundamentales  al  debido  proceso, igualdad, asociación sindical y acceso a la  justicia,  en  el  proceso  de  levantamiento de fuero sindical que Panamco S.A.  adelantó  en  contra  del  Presidente  del  Sindicato,  Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez.  Asimismo,  aducen  el  desconocimiento  del derecho de defensa de esa  agremiación  dentro  del  proceso especial de levantamiento del fuero sindical,  por  no  habérsele  permitido  aparentemente a esa organización, presentar sus  opiniones y descargos dentro del proceso   

Consideran,  entonces, que existe un defecto  fáctico  y sustantivo en dichas providencias, toda vez que el Tribunal Superior  de  Bogotá  dio  por  probado,  sin  estarlo,  que el actor no laboró el 22 de  diciembre   de   2004,  autorizando  con  ello  su  despido.  A  juicio  de  los  demandantes,  la  ausencia  laboral que se predica no fue debidamente constatada  en  el  proceso  y en caso de haberse tenido por cierta, sólo le permitía a la  empresa  aplicar  una  sanción  de  tres  días  de  inasistencia  y no dar por  terminado  el  contrato laboral, en los términos de la convención colectiva de  trabajo.  Por  ende,  estiman  que se desconoció con ese hecho el procedimiento  establecido  en la convención, en cuanto a la existencia de justa causa para el  despido.  Igualmente,  sostienen  que  existe  un  defecto  procedimental en las  providencias  laborales  enunciadas,  puesto  que  se  afectó  el  derecho  del  sindicato  al  debido  proceso  y  su  derecho  de defensa con la actuación del  Juzgado  Segundo  Laboral  del  Circuito,  ya que se profirió la providencia de  primera  instancia,  dentro  del término que el sindicato tenía para contestar  la  demanda.  Afirman  que  con  ello  se desconoció la sentencia C-240 de 2005  (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).   

Esta queja se extiende al Tribunal, porque se  desestimó  indebidamente  su  solicitud  de  nulidad  por esta causa, cuando en  varios  procesos de fuero sindical adelantados en el mismo órgano colegiado, la  indebida  notificación  o la no notificación del sindicato, ha dado lugar a la  anulación  de  las  decisiones  de  primera  instancia.  Finalmente  invocan la  existencia   de  un  defecto  procedimental  en  las  providencias,  por  la  no  aplicación    del    artículo    118    B   del   Código   de   Procedimiento  Laboral.   

Indican que la Empresa Panamco Colombia S.A.,  el  8  de  febrero  de  2005,  inició demanda para levantar el fuero sindical a  Martín  Emilio Muñoz Jiménez, proceso que le correspondió al Juzgado Segundo  Laboral  del Circuito de Bogotá, el cual dictó sentencia el 1 de septiembre de  2006.  En  ella  se resolvió despachar desfavorablemente las pretensiones de la  demandante  y  desestimar  la justa causa para su despido. La empresa demandante  apeló  la  decisión, mientras que la Organización sindical propuso nulidad de  la  sentencia,  por  habérsele  pretermitido  la  oportunidad para contestar la  demanda;  solicitud  que  fue  negada  por  extemporánea por el Juzgado Segundo  Laboral  del  Circuito  de  Bogotá,  el  9  de  marzo de 2007, y posteriormente  confirmada  por  el  superior  funcional  el  15  de  agosto de 2007.   

Advierten  que  la Sala Laboral del Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial,  al resolver la apelación interpuesta por el  apoderado  de la Empresa Panamco Colombia S.A., decidió por su parte revocar la  providencia  de  primera  instancia,  y  en  su  lugar  autorizar  a  la Empresa  demandante  a  despedir  a  Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez.  Sostienen que el  tribunal  de  oficio  debía  haber decretado la nulidad con base en la falta de  notificación  de  la  organización  sindical  del proceso laboral, sumado a la  ausencia  de  valoración  probatoria  por  parte  de las autoridades judiciales  enunciadas.   

Para  concluir,  solicitan  que se dejen sin  efecto  por vía de tutela, las sentencias mencionadas y que se ordene a Panamco  reintegrar  al  actor.  Como petición especial, solicitan la medida provisional  de  reintegro  del señor Muñoz Jiménez a la labor en Panamco S.A., durante el  trámite         de         la        tutela.6   

2. Intervenciones  

2.1. Respuesta del Juzgado Segundo Laboral del  Circuito.   

El   juzgado   accionado  se  opuso  a  las  pretensiones  de  los  accionantes,  argumentando  que  al señor Martín Emilio  Muñoz  Jiménez  se  le  notificó  como  persona natural y como Presidente del  sindicato  y,  sin embargo, nunca interpuso recurso ni propuso incidente durante  el   trámite   del   proceso  de  fuero  sindical.7   

2.2.  Sociedad  Panamco  Colombia  S.A.  (Hoy  Industria Nacional de Gaseosas S.A.)   

La   Sociedad  Panamco  Colombia  S.A.  por  intermedio  de  su  apoderado especial se opuso a la acción de tutela, con base  en los siguientes argumentos:   

El  señor Martín Emilio Muñoz Jiménez fue  desvinculado  de  la  empresa,  en  virtud  de una justa causa, la cual, una vez  tramitada,  dio  lugar  a  obtener  la correspondiente autorización judicial de  levantamiento   de   fuero  sindical  que  culminó  con  una  autorización  de  desvinculación.   

Destaca  que  el señor Muñoz Jiménez   presentó    de   manera   individual   otra   acción   de   tutela8  en contra de  la   empresa9,  buscando impedir el cumplimiento de la decisión proferida por el  Tribunal  Superior  de  Bogotá,  que  concedía  el  permiso  para  su despido,  decisión  que  se  encontraba  debidamente  ejecutoriada  y  que  era imposible  revocar.  Indica  que  esta  acción  fue  conocida  en  primer instancia por el  Juzgado   72   Civil   Municipal   de   la   ciudad10,  quien accedió parcialmente  a  las  pretensiones,  “concretamente,  a  que se le  reconocieran  unos  salarios”,  decisión que al ser  impugnada  por  la  empresa  fue  revocada  en  su  integridad y denegada por el  superior   jerárquico  de  conocimiento,  que  fue  el  Juzgado  25  Civil  del  Circuito11.  Con base en lo anterior, afirma que se han instaurado dos tutelas  bajo las mismas pretensiones.    

Resalta con respecto a la nulidad solicitada,  que    esta    “no    es    la    vía    ni    el  momento”,  toda  vez  que  no  es  procedente buscar  atacar  por  este  medio  “decisiones  judiciales ya  terminadas  y  legalmente  ejecutoriadas”.  De igual  forma  señala  que  no  es  acertado  afirmar  que  la  entidad sindical no fue  notificada,  cuando  en  el  plenario  obra acto de notificación que hiciera el  juzgado,    al    igual    que    el   correo   enviado   a   la   organización  sindical.   

Agrega   el   apoderado   que  “de      aceptar     –en  gracia  de  discusión –  el  discurrir  de  la acción, no es clara la razón por la que la  organización  sindical  no  hizo  oposición ni adujo nulidad en la oportunidad  procesal  correspondiente, esto es, antes o en la audiencia de juzgamiento en la  primera  instancia  (1°  de  septiembre  de 2006) para, posteriormente aparecer  intentándolo  en  la segunda instancia”. No obstante  lo  anterior,  “el Tribunal Superior dispuso devolver  el  expediente  al Juzgado para que le diera trámite respectivo al incidente, y  una  vez  cumplido el ritual fue negado por improcedente. Resuelto el incidente,  el  sindicato  (el mismo señor Muñoz) tampoco promueve ninguna actuación para  reclamar  por  el  supuesto  derecho  vulnerado, todo lo cual, sin lugar a dudas  encierra   actuaciones  alejadas  de  toda  buena  fe,  al  contrario,  resultan  apartadas del orden jurídico”.   

Así  mismo  expone que los hechos que dieron  lugar  a  la solicitud de permiso para despedir al señor Muñoz Jiménez, tiene  que  ver  con que éste dejo de prestar sus servicios sin excusa alguna el 22 de  diciembre      de      2004.      Y     según     sostiene,     “simultáneamente  recurre a maniobras engañosas frente al empleador  intentando  justificar  su  inasistencia aduciendo que se encontraba en un lugar  distinto  cumpliendo  funciones  cuando,  al proceso quedó fielmente acreditado  que  no  fue  así,  que  se  encontraba  en  la  parte  exterior  de la empresa  realizando  actividades  contra  los intereses de su empleador, fijando material  visual  no  permitido” y faltando a la verdad cuando  rindió  los  descargos.  Por  lo  que  afirma  que  el actuar del accionante es  impropio.   

Para   concluir  resalta  que  “las  decisiones  que  ataca  el accionante, como el procedimiento  cumplido    dentro    del   proceso   de   fuero   sindical   se   ajustaron   a  derecho”,  motivo por el cual solicita desestimar la  acción       constitucional       interpuesta.12   

3.   Hechos   relevantes   y   medios   de  prueba.   

3.1. El señor Martín Emilio Muñoz Jiménez  se  vinculó  a  la  sociedad  Industrial de Gaseosas S.A., hoy Panamco Colombia  S.A.,  el  ocho  (8)  de  Marzo de 1993, mediante contrato de trabajo escrito, a  término  indefinido. El cargo a desempeñar por el señor Muñoz Jiménez desde  ese momento, fue el de Prevendedor, en la ciudad de Bogotá.   

3.2.          El Sindicato Nacional de Trabajadores de  Panamco  Indega  S.A.,  SINTRAINDEGA,  es  un  sindicato  de  primer  grado  y de empresa, constituido en  febrero              de             199613.  En  el 2001, el Ministerio  del  Trabajo y Seguridad Social ordenó la inscripción de la junta directiva de  ese  Sindicato14,  y  desde  esa  fecha  fue elegido como Presidente de SINTRAINDEGA,  el  señor  Martín Emilio  Muñoz                    Jiménez15.   

3.3.   Panamco  Colombia  S.A.  inició  un proceso especial de levantamiento del fuero sindical  en  contra  del  señor  Martín Emilio Muñoz en el 2005, por considerar que el  trabajador  incumplió  sus  obligaciones  laborales,  al  dejar de asistir a su  lugar  de  trabajo, el 22 de diciembre de 2004. En ese proceso, solicitó que se  ordenara  el  levantamiento  del  fuero  sindical  del  actor  y se autorizara a  Panamco Colombia S.A. a despedirlo.   

3.4. En efecto, el  22  de  diciembre  de  2004, el Inspector 5º de Trabajo acudió a la sede de la  empresa  en Bogotá, para constatar un mitin en sus instalaciones. En desarrollo  de  esa  visita,  el inspector levantó un “Acta de Constatación” en la que  se lee, entre otros aspectos,  lo siguiente:   

“Siendo las 7 a.m. del 22 de diciembre me  dirigí  a  la  portería  de  Oficinas  centrales  en  compañía del Dr. Cesar  Augusto   Gómez   Cardona,  Inspector  5º,  donde  pudimos  verificar  que  se  encontraban  sentados  los  señores  Martín  Emilio  Muñoz,  Raúl Martínez,  Manuel  Roberto  Martínez y Hernando Vanegas. La empresa solicitó la presencia  del  Ministerio  por un presunto cese de actividades del cual se constató que a  las  7  a.m.  se encontraban los cuatro trabajadores ya mencionados frente a las  instalaciones  de  la  empresa  con 11 pancartas alusivas a la empresa entre las  cuáles  se  pueden  destacar las siguientes leyendas: “Por la reubicación de  los   compañeros   de   Villavicencio   SINTRAINDEGA  presente”,  “Contra  la  persecución sindical en  Coca-      Cola      SINTRAINDEGA     presente”, (…) y otras leyendas”.   

3.5.  El  superior  jerárquico  del  señor  Martín E. Muñoz, Francisco Javier Zapata, certificó  que  el señor Muñoz no se presentó a laborar el 22 de diciembre de 2004   a  las  6  a.m.  que  era  su hora laboral usual. Para entonces, señaló, “no  tenía  autorización  para  no presentarse a trabajar” y que “con motivo de  su  ausencia  y  teniendo  en  cuenta  que  los  clientes que él debía atender  iniciando  la  mañana  estaban  desatendidos  en un día de ventas crítico, se  procedió  a  asignar  a  la  señorita  Johanna  Saquero  Supernumeraria  de la  Gerencia  C,  para que realizara las funciones del Señor Muñoz”.     

3.6.  El  24  de  diciembre  de  2004,  el señor Francisco Javier Zapata, superior del demandado,  informó  a la Jefatura de Recursos Humanos de la empresa que el 22 de diciembre  el  señor  Muñoz  no  se  presentó  a trabajar  durante todo el día sin  haber informado o justificado su ausencia.   

3.7.  Por  la falta  cometida,   el  señor  Martín  E.  Muñoz  fue  citado  a  descargos  mediante  comunicación  del  24  de diciembre del 2004, para el 27 de diciembre del mismo  año  a  la  10  de  la  mañana. La falta fue descrita así: “El día  22 de diciembre de 2004, usted no se presentó a laborar en su  sitio  habitual  de  trabajo a la hora de ingreso 6 am., en cambio se encontraba  desde  tempranas  horas   en  la Oficina Central adelantando una jornada de  protesta  con  amplio  material  gráfico y visual alusivo a la Empresa.  A  las  7:00  am., hora en la cual usted debería estar laborando, usted continuaba  adelantando  la  protesta mencionada  frente a las oficinas centrales de la  Empresa  (…)”.  El  27  de  Diciembre  de 2004, se  cumplió  efectivamente  la  diligencia  de descargos del señor Muñoz Jiménez  quien    manifestó   en   su   defensa   ser   objeto   de   una   persecución  empresarial.   

3.8.          El  proceso  especial  de fuero sindical  promovido  por  Panamco  Colombia  S.A. fue conocido en primera instancia por el  Juzgado  Segundo  Laboral  del Circuito de Bogotá, quien mediante sentencia del  primero    (01)    de    septiembre    de    200616,  absolvió  al demandado de  todas  y  cada  una de las pretensiones de la demanda y denegó el levantamiento  del    fuero    sindical   del   actor.   Así   mismo   declaró   “que  en  razón  de las resultas del proceso, se hace innecesario  el  estudio  de  las  excepciones  propuestas  por  el demandado”.   

Para  el  efecto, el juzgado laboral, en sus  consideraciones,  destacó  que:  (a)  Se  encontraba  probada la existencia del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de la Empresa Industrial de Gaseosas S.A.  Indega                 –SINTRAINDEGA-   y  la  designación  del  señor  Muñoz  Jiménez  como Presidente, de tal manera que era indiscutible la  calidad  de  aforado del demandado. (b) Que el problema jurídico se centraba en  determinar  si  existía o no justa causa para autorizar el despido. Al respecto  el  fallador  de  instancia,  a  partir  de  un análisis de los hechos y de las  pruebas  aportadas, consideró que no era claro que el señor Muñoz Jiménez se  hubiese  ausentado  totalmente  de  su  jornada de trabajo el 22 de diciembre de  2004,  y  que se hubiese dado el consiguiente incumplimiento de sus obligaciones  laborales.  Por  lo  que  al  existir  dudas  sobre  estos  hechos, debía darse  aplicación    al    principio    in    dubio    pro  operario.(c)   Que   si   bien   el   demandado  tuvo  participación  en la instalación de pancartas frente a las instalaciones de la  entidad  demandante,  no  se  demostró  que  se hubiera causado un perjuicio en  contra  de  la  empresa, ya que se constató por el Ministerio de la Protección  Social,  la  normalidad  de  sus actividades, resaltando que las actuaciones del  demandado,  se  realizaron  “en  desarrollo  de  sus  funciones   como   miembro   de   la   junta   directiva   de  la  organización  sindical” y en “ejercicio  de   las   garantías   del   derecho   de  asociación  sindical”.   (d)   Adicionalmente,   se   consideró   que  no  se  demostró  procesalmente   que   la   conducta  imputada  al  trabajador  deviniera  en  el  incumplimiento  total  de las obligaciones contractuales laborales, que pudieran  originar  el  retiro  del mismo y que, como no se había cumplido a cabalidad el  procedimiento  autorizado  por  la Convención Colectiva para aplicar sanciones,  era necesaria la desestimación de las pretensiones de la demanda.   

3.9.           Con  posterioridad  a  esta  decisión,  SINTRAINDEGA,   actuando  mediante  apoderado,  solicitó  la nulidad de la sentencia de primera instancia  ante  el  Tribunal  Superior  de  Bogotá,  el  12  de enero de 200717.  La razón  que  se  adujo,  fue el hecho de que el juzgado laboral notificó tardíamente a  la  organización  sindical del proceso de levantamiento de fuero sindical, como  quiera  que  mediante auto del 28 de febrero de 2005 admitió la demanda y sólo  hasta  el  28  de  agosto  de  2006  notificó a la organización sindical de la  misma.  En  igual  sentido,  indicó  que  el  juzgado  profirió sentencia, sin  haberse   cumplido   el   término   de   traslado  para  contestar  la  demanda  correspondiente,  ya  que  habían  transcurridos  solo  tres (3) días desde la  notificación,  vulnerándose  con  ello  el  debido  proceso  y  los  términos  concedidos  por el legislador a las organizaciones sindicales para intervenir en  los procesos.   

3.10.  El Tribunal  devolvió  al  Juzgado  Segundo  Laboral  del  Circuito  el  proceso,  para  que  resolviera     en     primera     instancia,    el    incidente    de    nulidad  correspondiente18. Mediante decisión del 9 de  marzo  de  2007, el juzgado laboral señaló que en virtud del artículo 142 del  C.P.C.,  el  incidente  de  nulidad  procede  sólo hasta antes de proferirse la  sentencia.   Como  el  sindicato  propuso  la  nulidad  luego  de  expedida  esa  providencia,   la   solicitud  resultaba  extemporánea  y  en  consecuencia  la  petición   de   nulidad   debía   ser   rechazada19.  El  Sindicato  apeló  esa  decisión,  ante  el  superior jerárquico, precisando que (a) estaba demostrado  que  el  Sindicato  tenía 5 días para contestar la demanda, término que no le  fue  respetado;  (b)  que  el  fallador  de  instancia  profirió  sentencia sin  garantizar  ni  el  debido  proceso,  ni el derecho de defensa del sindicato, al  proferir  sentencia  a  los  tres  días de notificarle el proceso, cuando no se  había  cumplido  aún,  el  término  para  hacer  efectivo  su derecho de  defensa.  Por último afirmó, (c) que en estos casos, es aplicable el artículo  140  numeral  6  del  C.P.C.  por  remisión  del  artículo 145 del C.P.T., que  señala  que  procede  la  nulidad, “cuando se omiten  los  términos  u  oportunidades  para pedir o practicar pruebas o para formular  alegatos  de conclusión”20.   

3.11.  El Tribunal  Superior  de  Bogotá,  Sala  Laboral,  el  15  de  agosto  de  200721,    en  decisión  proferida en audiencia pública, confirmó la providencia del juez de  primera  instancia   en  lo  concerniente al incidente de nulidad, alegando  que  en  la apelación, no se atacó por el Sindicato el tema de la decisión de  rechazo  por  extemporaneidad  de  la  nulidad invocada por el juez, sino que se  presentaron  argumentos  exclusivamente  dirigidos a argüir de fondo la nulidad  mencionada,  por lo que frente al tema de la extemporaneidad se debía confirmar  la  decisión del fallador de primera instancia. El Sindicato, por intermedio de  apoderado,  presentó  recurso  de  reposición contra la decisión del Tribunal  que  resolvió  el  incidente  de  nulidad, el 21 de agosto del 200722. El Tribunal  Superior  de  Bogotá, Sala Laboral, el 28 de septiembre de 2007, señaló sobre  esa  petición,  que  el  a  quo  “con arreglo a los  principios  de  autonomía  e  independencia tomó la decisión correspondiente,  impugnándose  por  la  parte  ahora  recurrente,  garantizándose su derecho de  defensa,  distinto  a  que  finalmente  la decisión no fuera exitosa, no siendo  viable  ahora, en gracia de discusión, revivir nuevamente los términos; lo que  desde  luego  conduce  a desatender la petición incoada a través de recurso de  reposición”.23     

3.12.   Panamco  Colombia  S.A.,  por  su parte, propuso en su oportunidad, recurso de apelación  en  contra  de la sentencia de primera instancia, que negó el levantamiento del  fuero  sindical  del actor, proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Bogotá.  Para  el  efecto,  invocó las siguientes razones: (a) que el fallador incurrió  en  grave  error  jurídico  al  considerar  que la terminación del contrato de  trabajo  es  una  sanción y que es la más grave, porque ello es contrario a la  jurisprudencia  laboral,  en la que no puede confundirse la solicitud de despido  con  la  imposición  de  un  procedimiento  disciplinario. (b) El procedimiento  convencional,  en  consecuencia,  se cumplió en su totalidad. Además, de todas  las  diligencias  adelantadas  por  la  empresa  y de las pruebas recaudadas, se  colige  que el actor cometió faltas que permiten la terminación de su contrato  de   trabajo24.   

3.13.  El Tribunal  Superior  de Bogotá, Sala Laboral, en audiencia celebrada el 16 de noviembre de  200725,  resolvió  la  apelación  de la sentencia en el proceso de fuero  sindical  adelantado  por  Panamco.  En  esa  decisión,  el Tribunal revocó la  providencia  del  Juzgado  Segundo  Laboral  del  Circuito de Bogotá del 1º de  septiembre  de 2006 y concedió permiso a la empresa enunciada, para despedir al  trabajador Martín Emilio Muñoz Jiménez.   

El Tribunal fundamentó la revocatoria de la  sentencia  de  primera  instancia,  en  los  siguientes argumentos: revisados el  literal  a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, el reglamento de trabajo  y  los  pactos  o convenciones vigentes, y analizado además el cumplimiento del  procedimiento  establecido  para  el  efecto  en  la  Convención  Colectiva  de  Trabajo,  artículo  15,  vigente para el año 2004, era necesario concluir que:  (a)  el  hecho de que el demandante y el sindicato se hayan abstenido de ir a la  reunión  convocada con el Gerente de Unidad Operativa de Bogotá Norte a la que  ambos   fueron   oportunamente   citados,   en  cumplimiento  de  los  preceptos  convencionales,  no  es  un incumplimiento empresarial de la norma convencional.  La  empresa  cumplió entonces, en su momento, con los procedimientos señalados  en        esa        norma        extralegal.26  (b)  El  Tribunal constató  que  no  existía para la ausencia del actor el 22 de diciembre de 2004, permiso  sindical;  que  ese  día  se  encontraba  adelantando  una  jornada de protesta  corroborada  por  el  Inspector 5° del Ministerio de la Protección Social; que  aunque  el  demandado alegó que su presencia obedeció al desplazamiento de las  unidades  operativas  de  Bogotá  Sur  y  Bogotá  Norte,  según  el  video de  seguridad  de  la  empresa,  él  se  encontraba  colocando  los  pendones de la  protesta  ese  día.  (c)  Para  el  Tribunal,  el  señor Martín Emilio Muñoz  Jiménez,  además,  no  demostró de forma alguna que hubiese trabajado el día  22  de  diciembre  de  2004,  ni que hubiese cubierto las rutas asignadas por la  empresa,  es  decir  que  cumpliera  las  labores  de Prevendedor en la zona del  Minuto  de  Dios. Tampoco demostró que los cargos en su contra significaran una  real  persecución  sindical por parte de la empresa. Por el contrario, a juicio  del  Tribunal,  Panamco  estaba  en  el  deber  de  solicitarle  explicación al  demandante  por  la  falta de cumplimiento de sus obligaciones como Prevendedor,  máxime  si  se  tiene  en  cuenta  que en diciembre se aumenta el volumen de la  venta de productos que comercializa la compañía.   

Con  base en los anteriores consideraciones,  concluyó  que el actor incurrió en la violación del numeral 6º del artículo  7º   del  aparte  a)  del  Decreto  2351  de  196527,  pues faltó al trabajo sin  justa  causa  y  sin  permiso del empleador  (Art. 58 del C.S.T.). Sólo en  los  casos de huelga, según afirmó esa instancia, podía abandonar el actor su  lugar  de  trabajo,  circunstancia  no  predicable  de  la situación del señor  Martín  E.  Muñoz  ya que no se constató cese de actividades por el Inspector  5º   de  Trabajo  que  acudió  ese  día  al  lugar. Por estas razones el  Tribunal  revocó  el  fallo  de  primera  instancia  y autorizó el despido del  trabajador aforado.   

Como  consecuencia de la decisión adoptada,  se  declararon no probadas las excepciones propuestas por el demandado inclusive  la   de   prescripción,  atendiendo  que  la  entidad  accionante  “tuvo  conocimiento  del hecho que constituye la justa causa el 22  de  diciembre  de  2004  y  la  demanda se presentó el 8 de febrero de 2005, es  decir,  dentro  de  los  2  meses  consagrados  en  el  Art.  118  A del C.P.T.,  adicionado  por el Art. 49 de la Ley 712/2001. Advirtiéndose así mismo, que en  todo  caso  la  empresa si cumplió con el trámite procedimental previsto en el  art.   15   de   la   Convención   Colectiva   (fl.   89),   vigente   para  la  época”28.    

3.14.  La  empresa  Panamco  Colombia  S.A.  procedió  en  consecuencia,  a  dar  por  terminado el  contrato  de  trabajo  del  señor  Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez,  el  1 de  diciembre  de  2007.  Decisión  que  le fue notificada el 5 de diciembre de ese  mismo   año29.   

3.15. Finalmente, el  actor  presentó ante el juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá, en el 2008, otra  acción             de             tutela30  con  el  fin  de  que se le  protegiera  su  derecho  al  mínimo  vital,  a  la  igualdad, al trabajo y a la  asociación   sindical,   alegando   que   la   empresa   había   incurrido  en  “la  prohibición  de mi ingreso a las instalaciones  de    la   compañía,   además   de   las   suspensiones   del   contrato   de  trabajo”,  desconociendo que al ser presidente de la  organización   sindical,   SINTRAINDEGA,  “no  he  sido  suspendido del cargo de  directivo  sindical,  por  tanto,  la accionada no puede prohibirme el ingreso a  las  instalaciones  para  que pueda ejercer libremente el derecho de asociación  sindical”.   Entre   otras  pretensiones  el  actor  solicitó  igualmente,  “que se me permita hacer las  funciones  propias de mi cargo con los elementos necesarios para desarrollar las  actividades  dentro  del  puesto que vengo desempeñando en la empresa Industria  Nacional  de  Gaseosas  y  que  se  les  ordene  pagarme los salarios dejados de  percibir”.  La Empresa invocó su derecho a proceder  conforme   a   las   decisiones   judiciales  impugnadas.  Además,  alegó  que  estatutariamente   sólo   pueden   ser   parte   del  sindicato,  quienes  sean  trabajadores  de esa empresa. El fallador de primera instancia concedió el pago  de  las  acreencias  laborales  adeudadas, pero el Juzgado Veinticinco Civil del  Circuito   de   Bogotá,  en  segunda  instancia,  revocó  esa  decisión,  por  considerar  que existía justa causa para la terminación del contrato del actor  y  que  las acreencias laborales debían solicitarse, entonces, a través de los  medios  ordinarios  de defensa judicial. Con base en lo anterior, Panamco alegó  en  el  trámite  tutelar,  que el demandante había instaurado dos tutelas  bajo las mismas pretensiones.    

4. Fallos objeto de revisión.  

4.1. Sentencia de la Sala de Casación Laboral  de   la   Corte   Suprema  de  Justicia,  del  4  de  marzo  de  2008.  (Primera  instancia)      31   

La  Sala de tutela de primera instancia negó  la   acción   por   improcedente,   con  base  en  los  siguientes  argumentos:   

Sostuvo la Sala que las simples discrepancias  entre  las  partes  con  respecto  a  una  decisión  judicial, no justifican la  acción  de  tutela, toda vez que esta acción constitucional tiene un carácter  excepcional,  y  sólo procede en casos concretos en los que por las actuaciones  u  omisiones de los jueces, se transgredan, en forma evidente, derechos de rango  superior.   

Así  las  cosas,  destacó que la acción de  tutela  no  puede  ser  considerada como un  medio ni como un pretexto para  abolir  la  independencia  del juez natural; y afirmó que no toda irregularidad  procesal  es  óbice  para  sustentar la vulneración de derechos fundamentales,  especialmente  cuando  la  propia parte es la que “no  propone  dentro  de la oportunidad legal prevista para el efecto la solicitud de  nulidad,  e  instaura el recurso constitucional para subsanar su inactividad, se  olvida  que  este  no es un dispositivo para revivir términos, ni replantear un  debate  que,  por  demás, como en el presente caso se afirma, se surtió en las  respectivas instancias”.     

Por  las  razones anteriormente expuestas, la  Sala  de  Casación  Laboral  de  la  Corte  Suprema de Justicia, desestimó las  pretensiones del demandante en la presente acción constitucional.   

4.2. Impugnación.  

Mediante  oficio  del  6 de marzo de 2008, la  Junta  Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de Panamco Colombia S.A.  –SINTRAINDEGA–,  impugnó  la decisión adoptada por  la  Sala  de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 4 de marzo de  2008.          (Primera          instancia)32.  El  recurso fue sustentado  el 25 de marzo de 2008, con base en los siguientes argumentos:   

Los accionantes manifiestan su desacuerdo con  la  decisión  de  la  Sala  que  negó  la  medida provisional solicitada en la  demanda,  toda vez que a su juicio reúnen los requisitos para que esta proceda.  Sostienen  en  cuanto  a  los  argumentos de fondo, que desde que se admitió la  demanda  se  omitió  la  notificación  del sindicato por parte del despacho de  primera  instancia,  “y el libelista de la demandante  tampoco    realizó   ninguna   diligencia   para   subsanar   la   protuberante  falencia”.  Por  lo  tanto  consideran   que se  vulneraron  los  derechos  de  esa  organización  sindical, ya que se encuentra  probado   en   el  expediente  que  a  la  organización  sindical  SINTRAINDEGA,  “se  le  notificó de la  demanda  el  día  28  de agosto de 2006,  y que la sentencia de primera instancia  es  de  fecha  1°  de septiembre de 2006…,  es  decir  [que]  solo  habían  transcurrido cuatro (4) días  [para  su  intervención].,  desconociendo lo plasmado en el artículo 118 B del  Código  Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, adicionado por la ley 712  de  2001, artículo 50. y el mismo Estatuto Procesal del Trabajo en su artículo  114,   modificado  por  la  Ley   712  de  2001,  artículo  45”. (Subrayas fuera del original)   

Reiteran  que  no  puede el juez de instancia  afirmar  que esta organización sindical fue indiferente frente a las decisiones  tomadas  en  su  contra, porque “adelantó la nulidad  de  la  sentencia  a  pesar  de  que lo favorecía, exigiéndole a los despachos  judiciales   su   intervención,   lo   cual   fue   infructuoso,   y   término  cercenándoseles   los   derechos   fundamentales  hoy  alegados”.   

Manifiestan  respecto a la falta endilgada al  señor  Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez,  que  la  penalidad  impuesta  por el  Tribunal  al  autorizar  su  despido  resulta ser exagerada, más aún cuando la  misma  empresa  para  este  tipo de faltas, tiene establecido en el artículo 68  del  Reglamento  Interno de Trabajo, que la “ausencia  total  al  trabajo  durante  un día o jornada, sin excusa suficiente, cuando no  cause  perjuicio de consideración a la  empresa, implica para el infractor  por  primera  vez,  suspensión  en  el  trabajo  hasta por tres (3) días y por  segunda  vez,  suspensión  en el trabajo hasta por dos (2) meses”33.   

Para  concluir,  afirman,  luego  de reseñar  otros  procesos  adelantados  frente  a  este  tribunal en los que se accedió a  decretar            la            nulidad34  de  segunda instancia   por  no haberse notificado al sindicato según el art. 118B del C.P.T, que   con   esa   decisión   se  desconoce  su  derecho  a  la  igualdad.35   

4.3.  Sentencia de la Sala de Casación Civil  de   la   Corte  Suprema  de  Justicia  del  1º  de  abril  de  2008.  (Segunda  instancia)36   

El   fallador  de  segunda  instancia,  confirmó  la sentencia proferida el 4 de marzo de 2008 por la Sala de Casación  Laboral  de  la  Corte Suprema de Justicia con base en los mismos argumentos del  a  quo. Destacó, en efecto,  que  no  se  vislumbra violación alguna a los derechos de los accionantes, toda  vez  que  “admitido  el  libelo  presentado  por  la  Sociedad  Panamco  Colombia S.A., el 28 de agosto de 2006 se le corrió traslado  de  manera  personal  al demandado, esto es, al Presidente y representante legal  de    “SINTRAINDEGA”   MARTÍN   EMILIO   MUÑOZ  JIMÉNEZ37,  quien  guardó  silencio  y  sólo  hasta  el 12 de junio de 2007  confirió  poder  a un abogado, profesional del derecho que manifestó contestar  “la  demanda  de  la  referencia y particularmente presentar nulidad contra la  sentencia   proferida   en   primera   instancia…38”.  Además,  el  hecho  de  que  el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá  haya  despachado desfavorablemente sus pretensiones no es razón suficiente para  señalar  esa actuación como arbitraria o injusta, que amerite la intervención  del   juez   de   tutela,  principalmente  si  se  tiene  en  cuenta  que  dicho  pronunciamiento  fue  avalado  por  su  superior  funcional  y  que  su  soporte  jurídico  estaba  dado por las previsiones establecidas en el artículo 142 del  C de P. C.   

Asimismo    señaló    el   ad  quem  que las decisiones adoptadas por  la  sala  accionada,  tanto  al  confirmar la decisión proferida por el Juzgado  Segundo  Laboral  del  Circuito  de  Bogotá  que  negó  por extemporaneidad la  nulidad,  como la de conceder el permiso a la empresa Panamco Colombia S.A. para  despedir  al  accionante, se encuentran debidamente sustentadas, como quiera que  esa  Sala  logró explicar de forma razonada, los motivos por los que las normas  aplicables la respaldaban.   

Para    concluir,   destaca   esa   Sala  que  “la  proyección  material  del  principio  de  autonomía  de  la función jurisdiccional imposibilita deslegitimar lo decidido  por  la  simple  circunstancia  de  no ser compartido por quien ahora formula el  reproche  y  para  que  en  sede  de  la acción de tutela se efectúe una nueva  valoración  sobre  el  asunto  reseñado,  como  si  dicho  mecanismo  fuera el  escenario  natural  para  intentar  imponer  su  criterio particular; menos aún  cuando  no existe razón para sostener la existencia de vías de hecho, tal como  ya se dijo”.39   

5.   Trámite   y   pruebas,   en  sede  de  Revisión.   

5.1. Mediante oficio  presentado  el  22  de  agosto de 2008, el señor Martín Emilio Muñoz Jiménez  solicitó  a  la  Corte  Constitucional la imposición de una medida provisional  mientras  la  Sala  Quinta  de  Revisión  resolvía  sobre la acción de tutela  interpuesta  contra  las  sentencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal  Superior   de   Bogotá   y   del   Juzgado  Segundo  Laboral  del  Circuito  de  Bogotá.    

En  su  petición,  le  requirió  a la Sala,  “suspender  en  todos  los  efectos,  las sentencias  proferidas  por  el  Juzgado  Segundo  Laboral  del Circuito de Bogotá y por el  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial, Sala laboral, dentro del proceso de  levantamiento  de  fuero  sindical  iniciado  por  Panamco  Colombia S.A. contra  Martín  Emilio  Muñoz Jiménez y ordenar provisionalmente, mientras se tramita  el  proceso  de  tutela, el reintegro del actor a la empresa Panamco en el mismo  cargo   que   desempeñaba   antes   del   despido”.   

Para sustentar su solicitud, el actor explicó  que  se encontraba despedido y desempleado, sin seguridad social, y que lo mismo  ocurría  con  su  núcleo familiar y en particular con sus menores hijos. Adujo  además,  la  imposibilidad  de cumplir con sus obligaciones personales y que el  sindicato  no  contaba  con  un  representante  legal que asegurara una gestión  efectiva  a  raíz  de  su devinculación. Por ende, solicitó a la Sala imponer  como  medida  provisional  para conjurar esa situación,  la suspensión de  las  dos  sentencias de instancia en el proceso de fuero sindical, impugnadas en  sede              de             tutela.40   

Mediante   Auto   del   31  de  octubre  de  200841,     la     Sala     Quinta    de    Revisión    de    la    Corte  Constitucional42 denegó la petición elevada  por  el  señor  Martín  Emilio  Muñoz Jiménez, tendiente a que se decretaran  medidas  provisionales  dentro  del proceso de la referencia. La Sala consideró  -en  principio-  que  como  la  inconformidad  del peticionario se fundaba en su  desacuerdo  con  la  desestimación  de  una  aparente  nulidad  procesal  y  la  discrepancia  interpretativa  en cuanto a la valoración probatoria dentro de un  proceso   especial   de   levantamiento  de  fuero  sindical,  tales   circunstancias  no  permitían  que  se  coligiera  a  priori,  un  perjuicio  que  no puede remediarse, ni un arbitrario  desconocimiento  de  la  Constitución y la Ley, que ameritara la aplicación de  las  medidas  provisionales  de  que  trata el artículo 7º del Decreto 2591 de  1991. Esas razones motivaron la desestimación de su solicitud.   

5.2. Adicionalmente  la   Sala   Quinta   de  Revisión  ordenó  la  práctica  de  una  inspección  judicial43,  el  día  6 de noviembre de 2008, al expediente 02 2005 00105 03,  en  el  proceso  de levantamiento de fuero sindical, que reposaba en el Tribunal  Superior  del  Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, promovido por Panamco  Colombia  S.A.  en  contra  de  Martín  Emilio  Muñoz Jiménez. Adelantada esa  diligencia44  se  constató  que  el  expediente  había sido enviado al Juzgado  Segundo  Laboral  del Circuito de Bogotá, motivo por el cual, mediante Auto del  11       de       noviembre       de       200845, la Sala Quinta de Revisión  ordenó  nuevamente la práctica de la diligencia, pero esta vez, en ese Juzgado  Laboral correspondiente.   

5.3.  El día 19 de  noviembre  de  2008, se realizó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de  Bogotá,  la  diligencia  en  mención, en la que se recabaron, entre otras, las  siguientes                  pruebas46:    

-Oficio  enviado  al  señor  Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, para informarle de  la  existencia  del proceso de fuero sindical -acción de despido- en su contra,  para  que en un término de 5 días hábiles compareciera ante este juzgado para  realizar   la   notificación  del  Auto  Admisorio  de  la  demanda47.   

-Telegrama  enviado  por  la  secretaría del  Juzgado      Segundo      Laboral      del      Circuito      a     SINTRAINDEGA,   informándole   de   la  existencia  del  Proceso de levantamiento de fuero sindical en contra del señor  Martín   Emilio   Muñoz   Jiménez  con  el  fin  de  que  hiciera  valer  las  pruebas    a   que   creyera   tener  derecho.48   

-Diligencia   de   Notificación   Personal  realizada  por  el Juzgado Segundo Laboral del Circuito al señor Martín Emilio  Muñoz   Jiménez   –en  calidad  de  demandado-, el 17 de marzo de 2005, con el fin de que contestara la  demanda      impuesta      en     su     contra.49.   

-Auto  de  la  Audiencia  Pública  Especial,  celebrada  el  15 de junio de 2006 en la que se reconoció Personería Jurídica  a  la  Dra.  Ana  Milena  López  Molano,  como  apoderada sustituta de la parte  demandada dentro del Proceso  Fuero Sindical.   

-Auto  de  la  Audiencia Pública Especial de  Continuación,  celebrada  el  18  de  julio  de  2006,  en  donde  se  resuelve  “no  dar  curso a la petición de la parte demandada  en  cuanto  a la queja” y señalar el 23 de agosto de  2006,  como  fecha  para  llevar a cabo la Audiencia de Juzgamiento.50   

-Auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral  del  Circuito,  el  23  de  agosto  de 2006, durante la Audiencia de Juzgamiento  llevada  a  cabo  dentro  del  Proceso  Especial  de  Fuero Sindical, Acción de  Levantamiento  y  Permiso  para  Despedir,  mediante  el  cual se suspendió esa  audiencia  por  considerar  que  “se evidencia en el  plenario,  que  no  se  ha  enterado  a  la organización sindical, SINDICATO  NACIONAL  DE  TRABAJADORES  DE  LA EMPRESA INDUSTRIAL DE  GASEOSAS  S.A.  “SINTRAINDEGA”, sobre la existencia  del  presente  proceso, de conformidad con lo ordenado por la Sentencia C-240 de  2000,  (sic)  así  como  lo  establecido  en  el  artículo 50 de la Ley 712 de  2001”,   motivo  por  el  cual,  se  ordenó  a  la  Secretaría  de ese despacho judicial notificar personalmente a la organización  sindical  de  la  existencia de ese proceso y se estableció que la Audiencia de  Juzgamiento,  se  continuaría  el  día  1°  de septiembre de 200651.   

-Diligencia   de   Notificación   Personal  realizada  por  el Juzgado Segundo Laboral del Circuito al señor Martín Emilio  Muñoz   Jiménez   –en  calidad  de  Presidente-,  el  28 de agosto de 2006, invocando la existencia del  proceso  de  fuero  sindical  instaurado  por  Panamco  Colombia S.A52.   

-Oficio  presentado  por  el  señor  Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez,  por  intermedio  de  su apoderada, el 13 de agosto de  2006,  ante  el  Juzgado  Segundo Laboral del Circuito, con el propósito de que  ese  despacho  judicial  tuviese  en cuenta dentro del Proceso Especial de Fuero  Sindical, las siguientes consideraciones:   

Manifiesta la procuradora judicial del señor  Muñoz  Jiménez  que  “[S]e  puede  catalogar  como  grave,  que  un trabajador se ausente de su sitio de trabajo por espacio máximo  de  tres  horas,  (entre las 6 a.m y las 9 a.m), estando como prueba con todos y  cada  uno  de  los testigos y el video que se encontraba en las instalaciones de  la  Empresa,  más  cuando  este  es  el  presidente  del Sindicato SINTRAINDEGA  y  se verifica expresamente  por  parte  de  la Empresa, que está cumpliendo con los derechos consagrados en  la  Constitución,  como  lo son la protesta justa, la libertad de asociación y  la  libre  expresión,  pues  sin  ellos  la  actividad sindical estaría siendo  nugatoria   y   los   derechos   de  los  trabajadores  quedaría  en  manos  de  incomprensibles  e intolerantes empleadores”. Agrega,  que  la  actividad que cumplía su defendido junto con sus compañeros, en horas  de  la mañana del día 22 de diciembre, “había sido  autorizada  por  la  Alcaldía  Zonal,  y  simplemente  estaban  colocando  unas  pancartas  y  por  razón  de  la  seguridad  de  las  mismas, unos trabajadores  afiliados    al    Sindicato   y   que   se   encontraban   de   descanso,   las  cuidaban”. Destaca que nunca “se había programado  un  cese  de  actividades  en la Empresa, y esto es tan cierto, que el Inspector  del  Ministerio  de  la  Protección Social que se desplazó a la misma, así lo  confirmó”.   

Respecto  a que el hecho de que su poderdante  no  se  presentara  a  su  sitio  de trabajo “ocasionó perjuicios graves a la  compañía”,  sostiene  la  apoderada  que  esto  no  es  cierto, toda vez que  asignada  a  la  misma  ruta  se encontraba la señora Johanna Patricia Baquero,  supernumeraria  que lo remplazó el día 22 de diciembre de 2004, adicionalmente  destaca  que  existen testimonios de compañeros de éste que señalan que se lo  encontraron  en  la ruta asignada, ese día a las 10 de mañana, testimonios que  asegura  el  demandado  no  fueron  desvirtuados  por  la demandante. Así mismo  resalta  que  la empresa demandante no cumplió a cabalidad con lo consagrado en  el  artículo  15  de  la  Convención  Colectiva  de trabajo vigente, que en el  parágrafo  1° establece: “En el evento de sanción,  o  despido  con justa causa y antes de procederse a una determinación, se dará  oportunidad  de  intervenir  ante  el  gerente  de la planta al Sindicato al que  pertenezca  el  trabajador”. Con base en lo anterior  considera se vulneró su debido proceso.   

Resaltó además, que la empresa demandante ha  registrado  antecedentes  de  persecución  sindical  contra  los  miembros  del  sindicato  y  en  especial  contra los trabajadores que forman parte de la Junta  Directiva,  precisando  que en enero de 1996, la demandanda dio por terminado el  contrato  de  trabajo,  sin  justa causa, a todos y cada uno de los trabajadores  fundadores   del  sindicato  SINTRAINDEGA,  entre  los  que se encontraba su representado junto con los otros  trabajadores   fundadores  del  sindicato;  siendo  el  señor  Muñoz  Jiménez  reintegrado aproximadamente en el año 2000.   

Para  concluir,  indica  que  durante el año  inmediatamente    anterior   a   esta   demanda,   al   accionado   “se  lo  llama  a  descargos prácticamente una vez por mes, [A]si  como  a  sus compañeros de Junta directiva”. En este  orden  de  ideas  solicita  al  Juzgado  de  conocimiento negar las pretensiones  demandadas.53   

-Oficio  mediante  el  cual el señor Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez,  por intermedio de su apoderada, da contestación a la  demanda    dentro    del    Proceso   Especial   de   Levantamiento   de   Fuero  Sindical54.   

-Informe sobre la realización de mitin frente  a  las  instalaciones  de  la  empresa  Panamco  Colombia S.A. presentado por el  Sindicato  de Trabajadores de la empresa Panamco a la Secretaría de Gobierno de  la      Alcaldía      Mayor     de     Bogotá.55 –   

-Acta de los cargos y descargos, rendidos por  el  señor  Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez, el 27 de diciembre de 2004,   ante    la    empresa    Panamco   Colombia   S.A.56   

-Oficio  enviado  a  SINTRAINDEGA  por  la  Jefe  de Recursos Humanos de la  empresa,  con  el  fin  de  invitarlos a intervenir toda vez que el demandado ya  había  rendido  descargos,  esto  en  cumplimiento  del  artículo 15 literal b  parágrafo    1    de   la   Convención   Colectiva   de   Trabajo.57   

II.      CONSIDERACIONES.   

1. Competencia.  

2. El Problema Jurídico.  

     

1. De acuerdo con los hechos relatados  por  el actor y SINTRAINDEGA,  de  un  lado,  y  la  respuesta  de  las  autoridades judiciales accionadas y de  Panamco  S.A.,  del  otro,  corresponde  a la Corte Constitucional establecer en  esta  oportunidad,  si  las  decisiones  judiciales  que  denegaron  la  nulidad  procesal  invocada  por  los  actores,  proferidas  tanto por el Juzgado Segundo  Laboral  del  Circuito  de  Bogotá  como  del  Tribunal  Superior  del Distrito  Judicial,  Sala  Laboral,  así  como  la  sentencia  de Segunda Instancia en el  proceso  especial  de  levantamiento  de  fuero  sindical,  acusadas  de defecto  fáctico,  sustantivo  y  procedimental,  vulneraron o no los derechos al debido  proceso,  defensa,  igualdad,  asociación  sindical y acceso a la justicia, del  Sindicato  SINTRAINDEGA y del  señor  Martín  Emilio  Muñoz,  quien  obra  como  su Presidente. Lo anterior,  teniendo  en cuenta que las autoridades judiciales accionadas y Panamco Colombia  S.A.  afirman  que  el  incidente  de nulidad propuesto por el sindicato para el  efecto  fue debidamente resuelto, ya que no existió una alegación oportuna del  sindicato.  Así  mismo,  estiman  que  se  dio  una valoración adecuada de las  pruebas  y  de  la  definición  de  la  justa  causa,  en ese trámite laboral.     

Para  resolver  el  interrogante  sobre  la  existencia  o  no  de  los  defectos  invocados,  la Corte deberá establecer en  primer  lugar, (i) si la acción que interpone el señor Martín Emilio Muñoz y  el  sindicato  contra  las  providencias  judiciales  enunciadas, cumple con las  exigencias  constitucionales  de procedibilidad conforme a la jurisprudencia. En  el   mismo   sentido,  (ii)  deberá  revisar  la  acusación  de  Panamco  S.A.  relacionada  con  la  existencia  de  una  sentencia  de tutela anterior por los  mismos  hechos,  a  fin de precaver si existe o no el fenómeno de la temeridad.  Abordadas  estas  consideraciones,  y  de ser procedente un estudio de fondo del  amparo  invocado,  la  Sala  examinará  si  se  incurrió o no por parte de las  autoridades   judiciales   señaladas,   en  la  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  del sindicato y del actor, con ocasión de los defectos que se le  endilgan    a    las    providencias    señaladas,   por   vicio   procedimental         – ante la no declaración de la nulidad  procesal  y  falta  de  notificación  y  defensa  del sindicato- y fáctico    y   sustantivo   –por la indebida valoración probatoria  y  desconocimiento  de  la gradación de las faltas en la convención colectiva-  dentro  del  proceso  especial  del  levantamiento del fuero sindical en segunda  instancia.   

Para  el  efecto,  la  Corte revisará entre  otros  asuntos,  el  de  la  procedibilidad  excepcional de la acción de tutela  contra  providencias  judiciales  y en especial, el tema de la tutela en materia  de  fuero  sindical.  Estudiados  estos aspectos, entrará la Sala en concreto a  resolver el asunto de la referencia.   

3.  Consideraciones previas.  

3.1. El carácter excepcional de la acción de  tutela contra providencias judiciales.   

3.1.1. La acción de  tutela  es  un mecanismo de protección constitucional de naturaleza subsidiaria  y  excepcional58,  que  sólo procede en situaciones en que no exista otro mecanismo  judicial   idóneo   para   salvaguardar  un  derecho  fundamental  vulnerado  o  amenazado,  o  cuando  existiendo ese otro medio de defensa judicial, la persona  afectada se encuentra ante un perjuicio irremediable.   

En  el  caso  específico  del  amparo contra  providencias  judiciales,  la seguridad jurídica y la autonomía judicial, como  valores   indispensables   en   la   consolidación   y  fortalecimiento  de  la  administración  de  justicia, están soportados en la existencia de actuaciones  judiciales  legítimas  que  permitan  la  solución  efectiva  de controversias  ciudadanas  en  los  términos  de  la  Constitución  y la ley. Es por esto que  decisiones  que  entren  en  contradicción  con  el  compromiso  constitucional  impuesto  a  todas  las  autoridades  de  propender  por  la realización de los  derechos  fundamentales  y de ajustarse al ordenamiento jurídico (Art. 2 C.P.),  son  susceptibles  en  los  términos  del  artículo 86 Superior, de acción de  tutela.  El  mandato  de  ese  artículo  constitucional,  de  hecho, asegura la  protección  de  los  derechos fundamentales de las personas que “resulten  vulnerados  o  amenazados  por la acción o la omisión de  cualquier   autoridad  pública”,  incluyendo  entre  ellas, a las autoridades judiciales.   

3.1.2. En la extensa  jurisprudencia  constitucional  en  la  materia, se ha recordado además, que si  bien  en  la sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) la  Corte  Constitucional estudió los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 y  declaró   inexequibles   las   disposiciones   acusadas   por   considerar  que  desvirtuaban  las  reglas de competencia fijadas por la Constitución Política,  lo  cierto  es  que  en  la ratio decidendi59 de esa misma  providencia   se   reconoció  la  eventual  procedencia  de  la  tutela  contra  actuaciones   judiciales,   cuando   ellas   fueran  producto  de  una  vía  de  hecho60,  es  decir,  de  una  actuación  judicial  ajena  al derecho, que  vulnerase en forma directa derechos fundamentales.   

Ese  precedente61 y los artículos 2º y 86 de  la  Carta  que  autorizan  la  tutela contra cualquier autoridad pública en los  términos  allí  descritos,  han  permitido   a  la  Corte  Constitucional  consolidar  una extensa línea jurisprudencial que hoy se mantiene en materia de  tutela     contra     providencias     judiciales62.   

Esa  figura  además, que se conoció bajo el  concepto  exclusivo  de  “vía  de hecho”63  judicial  en sus orígenes,  en    la    actualidad   recibe   el   nombre   genérico   de   “causales   de   procedibilidad   de  la  acción  de  tutela  contra  decisiones                judiciales”64,  a  fin  de  no  asociar  indebidamente al mero capricho y arbitrariedad judicial la  existencia   de   defectos  en  las  providencias  judiciales.    

3.1.3.  Actualmente  son   concebidas   como   causales  de  procedibilidad  de  la  tutela  contra  providencias judiciales en los  términos    de    la    jurisprudencia   constitucional   descrita,      aquellas     de     carácter  general orientadas a asegurar el  principio  de subsidiariedad de la acción de tutela y la seguridad jurídica; y  en    segundo    lugar,    aquellas    de   fondo   o  específicas,   relacionadas   en  concreto  con  los  defectos  en  los  que puede  incurrir  una  providencia  judicial.  Constatadas  las primeras y alguno de los  defectos  propios de las segundas en una decisión judicial, será pertinente el  amparo  constitucional  a los derechos invocados y la protección tutelar frente  a las providencias judiciales correspondientes.   

Así, los requisitos de procedibilidad general  de  la tutela en tales situaciones son, (1)  el  agotamiento  de  los  medios  de  defensa  disponibles  en  el  proceso65  y (2) el respeto  al  principio  de  inmediatez,  en  la invocación de la acción constitucional.   

En el primer caso, se recuerda que la acción  de  tutela  no  puede  ser  considerada  como  una instancia más en el trámite  jurisdiccional,  ni   como  un  camino  excepcional  para remediar yerros u  omisiones         de        las        partes66   o  para  corregir  etapas  vencidas  en  los  procesos.  En  efecto, dado que en el ámbito de los procesos  ordinarios  también  se  concreta la protección y garantía de los derechos de  los  ciudadanos, la tutela contra providencias judiciales no puede ser concebida  como  un  escenario  adicional  para  el estudio de una controversia ya desatada  bajo  la  égida  jurisdiccional,  o  como  una  tercera  instancia  en  materia  procesal.  Es  una acción a la que se debe acudir exclusivamente en situaciones  en  las  que efectivamente una determinación judicial implique una vulneración  o  amenaza  de  derechos fundamentales de las personas, y no en los casos en que  se  pretendan  solventar oportunidades procesales perdidas o discutir argumentos  que  nunca  fueron objeto del debate judicial en su sede natural. El agotamiento  de  los  medios de defensa disponibles como requisito previo, responde por ende,  al    principio   de   subsidiariedad   de  la  tutela,  que  impide  que  el  juez  constitucional  entre a  reemplazar   a   la   autoridad   competente   para   resolver  aquello  que  la  ley67  le  autoriza,  especialmente si los mecanismos para solucionar las  posibles  deficiencias  en los procesos no han sido utilizados por las partes de  acuerdo a las competencias que les asigna la ley.   

El  agotamiento  efectivo  de  los recursos y  mecanismos  ordinarios  de  defensa  judicial,  resulta ser por consiguiente, no  sólo  una  exigencia  mínima  y  justificable  de diligencia de los ciudadanos  frente      a      sus      propios      asuntos68,       sino   un   requisito   necesario   para   la  procedencia  de  la  acción  de tutela contra sentencias, salvo que por razones  extraordinarias  no imputables a quien alega la vulneración, la persona se haya  visto  privada  de  la  posibilidad  de  utilizar  los  mecanismos ordinarios de  defensa     dentro     del    proceso    judicial69,   circunstancia   que   no  obstante,    deberá    ser    debidamente   acreditada   en   la   acción   de  tutela70.   

Se  concluye  entonces respecto a este primer  asunto,  que  puede  ser  procedente  la tutela contra una providencia judicial,  cuando  ante  la  vulneración  de  derechos  fundamentales  medien  acciones  u  omisiones    de    los    operadores    jurídicos71,  no  exista  otro  medio de  defensa  judicial  idóneo  para proteger los derechos fundamentales invocados y  la  actuación  judicial  acusada  constituya  una  vía  de hecho; o, cuando se  emplee  como  mecanismo  transitorio  para  evitar  un perjuicio irremediable en  materia      de      derechos     fundamentales.72  En  este último caso, si a  la  fecha  de  presentación   de  la  tutela  aún  está pendiente alguna  diligencia  o instancia procesal, pero la protección constitucional provisional  se   requiere   de   manera  urgente  para  evitar  el  perjuicio  irremediable,  eventualmente  puede  ser  procedente  la  protección  constitucional de manera  transitoria73.    

3.1.4. Ahora bien, la  inmediatez,  como  segunda  exigencia   general   de   procedibilidad   de  la  tutela  contra  providencias  judiciales,   es  una  figura que se relaciona con el paso del tiempo entre  la   solicitud   de   tutela   y   el  hecho  judicial  vulnerador  de  derechos  fundamentales.  Como  su nombre lo indica, se exige que la tutela se presente en  un  lapso  de  tiempo  razonable  luego de la última decisión judicial, con el  propósito  de  que  se garantice la inminencia de la protección constitucional  que  se  invoca  y  la  seguridad  jurídica.  De  hecho, permitir que entre una  reclamación  constitucional y la supuesta afectación judicial medie un periodo  de  tiempo  desmedido,  no  sólo  desvirtúa  la  necesidad  de  la protección  judicial  inmediata  y  el  perjuicio  irremediable que  se alega, sino que  además  hace  irrazonable  y  desproporcionado  un control constitucional de la  actividad   judicial   por   la   vía   de  tutela74    frente   a   decisiones  judiciales  consolidadas.   

Por ende quien solicite la protección de sus  derechos  por esa vía, debe interponer la acción de tutela contra providencias  judiciales  tan  pronto  se  produce  la  vulneración o amenaza de los derechos  fundamentales,  o en un plazo prudencial justificado, porque de lo contrario, la  urgencia  y  necesidad de la protección por vía de tutela queda en entredicho.  La    inmediatez   resulta  ser  una exigencia ineludible  en  la  procedencia  de  la  tutela  contra  providencias judiciales75, que permite  promover    y    no   desvirtuar,   la   seguridad    jurídica    del  ordenamiento.    

3.1.5. Ahora bien,  recientemente  la jurisprudencia constitucional ha considerado que exigir que la  parte  actora  haya  alegado  la vulneración que ahora se invoca, en el proceso  judicial  que se controvierte, -siempre que esto hubiere sido posible-, también  es  un  requisito  pertinente  de  procedibilidad. La  razón  de  ser  de  esa  exigencia,  está  soportada en que la acción de tutela no debe ser contraria a  su  naturaleza,  por  lo  que  los asuntos por los que se ataca una providencia,  deben  haberse planteado al interior del proceso y no ser sorpresivamente nuevos  en      esta      instancia      constitucional76.   

3.1.6. En cuanto a  las   causales  específicas  y  de  fondo  de  la  tutela  contra  providencias  judiciales      relacionadas      con      los      eventuales      defectos  en  los  que pueden incurrir las  actuaciones   judiciales,   existen   conforme   a  la  jurisprudencia  de  esta  Corporación  los  siguientes  defectos:  (i)  sustantivo;  (ii) fáctico; (iii)  orgánico   y   (iv)   procedimental.   Tales   defectos  pueden  ser  descritos  genéricamente,  en los términos de la sentencia T-086 de 2007, de la siguiente  forma:   

–  Existe un defecto  sustantivo  en  una  decisión  judicial,  cuando  la  actuación    controvertida    se    funda    en    una    norma    indiscutiblemente  inaplicable77,  ya  sea  porque78  (a)  la  norma  perdió   vigencia   por   cualquiera   de   las   razones   de  ley79   o   (b) porque el contenido de la  disposición  utilizada  no  tiene  conexidad  material con los presupuestos del  caso80.   También   puede  darse  en  aquellas  circunstancias  en  las  que  a  pesar  del  amplio margen interpretativo que la  Constitución  le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (c)   un  grave  error         en         la        interpretación  de  la  norma81,  el  cual  puede  ocurrir  por  desconocimiento  de  sentencias  con  efectos  erga                omnes82   o cuando la decisión  judicial     se    apoya    en    una    interpretación    contraria    a    la  Constitución83.    

Es  igualmente un defecto sustantivo el hecho  de  que  la  providencia judicial tenga problemas determinantes relacionados con  (d)   una   insuficiente  sustentación, congruencia o  justificación       de      la      actuación84    que   afecte   derechos  fundamentales;  (e) cuando se  desconoce    el    precedente   judicial85 sin ofrecer  un  mínimo  razonable  de  argumentación,  que hubiese permitido una decisión  diferente   si   se   hubiese   acogido  la             jurisprudencia86;  o  (f)   cuando  el  juez  se  abstiene     de    aplicar    la    excepción    de  inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de  la  Constitución  siempre  que  se  solicite  su declaración por alguna de las  partes         en         el         proceso87.   

–  Por  otra  parte,  se  produce   un  defecto   fáctico  en  una  providencia,  cuando  en  la  actividad  probatoria  ejercida  por  el  juez, se  omitió88    la    “valoración    de   pruebas  determinantes     para     identificar    la    veracidad    de    los    hechos  analizados”89  o  cuando  “la  valoración de pruebas  igualmente    esenciales    no    se   puede   apreciar,   sin   desconocer   la  Constitución”90.         Este   último   evento   ocurre   cuando   el   juez   “aprecia  pruebas que no ha debido admitir ni valorar, porque, por  ejemplo,   fueron  indebidamente  recaudadas  (artículo  29  C.P.).    

Con  todo,  en  lo  concerniente  al defecto  fáctico,  sólo es posible decretar una vía de hecho en tales casos, cuando la  valoración  probatoria  hecha  por  el  juez  resulta  arbitraria de una manera  manifiesta.  Ello  sólo  ocurre  cuando  el error en el juicio valorativo de la  prueba      resulta  ser  “ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo  debe  tener  una  incidencia  directa en la decisión, pues el juez de tutela no  puede  convertirse  en  una  instancia  revisora  de la actividad de evaluación  probatoria  del  juez  que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas  generales           de          competencia91”92.   

– El llamado defecto  orgánico, tiene lugar, cuando el funcionario judicial  que   profirió   la   sentencia   que   se  controvierte,  carece  totalmente   de   competencia  para  ello  conforme a la ley.   

–   El   defecto  procedimental,  por su parte, ocurre, cuando el juez de  instancia    actúa    completamente    ajeno   al   procedimiento  establecido93,  es decir, se desvía de su  deber   de   cumplir  con  las  “formas  propias  de  cada                  juicio”94,         generando  con  ello  la   violación  o amenaza a los derechos  fundamentales  de  las partes.  En   estas   circunstancias,   el  error  procesal  debe  ser  manifiesto,  debe  extenderse   a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible  al afectado.    

Adicionalmente a las causales anteriores, la  jurisprudencia    constitucional    ha    reconocido    otras   más95.    La  vía    de    hecho   por   consecuencia   ocurre,   cuando   la   aparente   violación   de  los  derechos  fundamentales  que  se  alegan  con una providencia judicial, son producto de la  inducción  al  error  de  la  que  es  víctima el juez de la causa96   en   el  proceso.  En  tal situación, si bien el defecto no es atribuible al funcionario  judicial,  la  actuación  final  sí resulta errada97   por   lo  que  puede  ser  susceptible  de  acción  de  tutela para proteger los  derechos fundamentales lesionados.    

Finalmente,  -aunque  no menos importante-,  debe  recordarse  que  el  asunto  que se discuta como un posible defecto de una  providencia  ya  definida,  debe  tener  relevancia  constitucional. El juez, de  hecho,  no  puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada  importancia  a  nivel  superior, porque corre el riego, entonces, de inmiscuirse  indebidamente  en  competencias  que   corresponden a otras jurisdicciones.  Por  lo  tanto,  el  juez  de  tutela debe indicar con toda claridad por qué la  cuestión  que  entra  a  resolver  es  genuinamente una cuestión de relevancia  constitucional  que  pueda  llegar  a  afectar los derechos fundamentales de las  partes.   

3.1.6. Vistas las  características  básicas  de  las  causales de procedencia de la tutela contra  providencias  judiciales  y  los requisitos de procedibilidad para que pueda ser  posible  un  amparo  constitucional en tales casos, concluye la Sala que en esta  oportunidad,  se  cumplieron  los  requisitos  previos  de  procedibilidad de la  tutela  contra  sentencias  judiciales.  En  efecto, (i) lo actores agotaron los  medios  de  defensa  previstos  en  el  ordenamiento  jurídico  para dirimir la  eventual  afectación del derecho de defensa y debido proceso que ahora invocan,  como  ocurrió  con  el  incidente de nulidad propuesto. En el mismo sentido, de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Código  Procesal  del Trabajo, contra la  providencia  del  Tribunal Superior que resuelve el recurso de apelación dentro  de  un  proceso de fuero sindical, no cabe recurso alguno, razón por la cual en  esta  oportunidad  el  demandante y el sindicato carecen de otro medio ordinario  de   defensa,   estando  habilitados  entonces  para  acudir  a  la  acción  de  tutela98.  Ello  significa  a  la par, (ii) que los motivos de la acción de  tutela  que  hoy  se  discuten,  fueron  asuntos debatidos en el proceso laboral  especial  de  levantamiento  del fuero sindical correspondiente.  A su vez,  (iii)   para  la  Corte es claro que como los sindicatos pueden acudir a la  acción  de tutela para obtener la protección  de sus derechos99,  así como  lo  hace  el  ex  trabajador  aforado, el debate que se registra en este caso es  constitucional,  en  la  medida en que involucra la eventual vulneración de los  derechos  al  debido  proceso, defensa y libertad sindical dentro del proceso de  asociación  sindical,  tanto para la organización colectiva como para  el  actor,  por  lo  que es una reflexión posible en sede de tutela, ya que impacta  los  derechos constitucionales de esa organización sindical. Finalmente (iv) se  presentó  el  amparo  respetando  el  requisito  de  inmediatez,  dado  que  la  providencia  de  segunda  instancia  en  el  proceso  de  levantamiento de fuero  sindical  fue  proferida  el 16 de noviembre de 2007 y la tutela se presentó el  11  de  febrero de 2008, lo que es un plazo razonable para interponer la acción  constitucional,  ya  que fue inferior a 3 meses. De este modo se concluye que se  cumplen  los requisitos previos de procedibilidad para adelantar el análisis de  fondo de la presente acción constitucional.   

3.2. De la existencia de una tutela previa y  de   la   alegación  de  duplicidad  tutelar  de  Panamco  Colombia   S.A.   

3.2.1.   La  temeridad  es  una  actitud  contraria      a     los    artículos    83100,       95101  y 209 de  la    Constitución,    que    compromete    el    principio    de    buena   fe  constitucional102, la eficacia y la agilidad  del funcionamiento de la administración de justicia.   

Según  el artículo 38 del Decreto 2591 de  1991103,  la  temeridad  se  describe  como  la  interposición  de tutelas  idénticas,  sin  motivo expresamente justificado, y cuyo efecto es el rechazo o  la  negación  de  todas  las  solicitudes  que  se  presentan. El uso abusivo e  indebido  de  la  acción  de  tutela para obtener múltiples pronunciamientos a  partir  de  un  mismo  caso,  no  sólo  se  opone a la prevalencia del interés  general  y  la  moralidad  procesal,  sino  que genera un perjuicio para toda la  administración  de  justicia  al requerir un  innecesario estudio de casos  idénticos de manera paralela.   

Esta  situación  ha  llevado  a la Corte a  considerar  que  la  temeridad, revela “un propósito  desleal   de   obtener   la   satisfacción   del  interés  individual  a  toda  costa”  y  constituye “un  asalto    inescrupuloso    a   la   buena   fe   de   los   administradores   de  justicia”104.   

3.2.2.  De  este  modo,  para  determinar  si una tutela se ha interpuesto en contravención de la  prohibición  prevista  en  el  artículo  38  del Decreto 2591 de 1991, se debe  examinar  en principio, la identidad de los siguientes elementos en las acciones  puestas  en  conocimiento de los jueces: (i) las partes y demandados105;  (ii) la  identidad      de      la      causa     petendi106,   es   decir,   que  las  solicitudes  de  amparo  se  fundamenten  en  los  mismos  hechos  o en la misma  causa107.  (iii)  Que el  accionante  busque  a  través  de  las  acciones  de  tutela  interpuestas,  la  obtención  de  las  mismas pretensiones y la protección de los mismos derechos  fundamentales  y  (iv)  que  la  presentación  de  la  nueva acción carezca de  justificación   válida  y  suficiente  para  su  interposición,  que  permita  convalidar     la    duplicidad    de    acciones108.   

3.2.3. Ahora bien,  la  simple  presentación  de varias tutelas por los mismos hechos y derechos no  genera     automáticamente     la     configuración    de    una    actuación  temeraria109.  Sólo  en  el  caso  de  que  el  juez de tutela determine que la  interposición  de las múltiples acciones obedeció a una actuación dolosa por  parte  del  actor,  procede  la  declaratoria  de improcedencia de la acción de  tutela  y  la  aplicación  de  las  sanciones  previstas  para  dicha conducta.   

En  este  asunto  encuentra  la  Corte que el  señor  Martín  Emilio  Muñoz  presentó ante el juzgado 72 Civil Municipal de  Bogotá,  otra  acción  de tutela con el fin de que se le protegiera su derecho  al  mínimo  vital,  a  la  igualdad, al trabajo y a la asociación sindical, en  contra  de  Panamco S.A., alegando que la empresa le había prohibido el ingreso  a  las  instalaciones  de  la  Compañía,  -después  de  la  decisión laboral  especial-,  desconociendo  aparentemente  que  él  era aún el presidente de la  organización   sindical   SINTRAINDEGA.  También  alegó  el no pago de unas sumas salariales debidas, por  la  compañía  accionada.  Como  pretensiones  específicas,  el señor Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez  solicitó  el  amparo  de  los  derechos fundamentales  mencionados,  mientras  la  jurisdicción  laboral  decidía de fondo la acción  ordinaria.  Requirió que se le permitiera hacer las funciones propias del cargo  de  directivo  sindical  en la empresa y que se ordenara el pago de los salarios  dejados  de  percibir.  Además que la empresa se abstuviera de continuar con la  “estrategias  atentatorias  contra  el  derecho  de  asociación   sindical”110.      

Como es evidente, -independientemente de lo  alegado  por Panamco S.A.-, entre la  tutela previamente señalada y la que  ahora  ocupa  a la Sala, no hay identidad de partes demandadas, ni el accionante  buscaba  la obtención de pretensiones similares a las que ahora se invocan. Por  lo  tanto,  mal  podría  alegarse  la  existencia de duplicidad de acciones, ni  temeridad   alguna   que  impida  continuar  con  el  análisis  constitucional.   

Dado que esta acción cumple entonces con los  requisitos   de   procedimiento   previamente  expuestos  y  no  hay  objeciones  procesales  para  el  análisis  de fondo de la demanda, entra la Sala a evaluar  las  razones  que motivaron a SINTRAINDEGA   y   al   señor   Martín   Emilio   Muñoz   a  alegar  defectos  procedimentales  y  fácticos  frente a las providencias judiciales acusadas, en  el proceso de levantamiento de fuero sindical.   

4.    Consideraciones   de   fondo.   

4.1. El  derecho de asociación sindical  y la protección al fuero sindical.   

4.1.1. La libertad  de   asociación   en   materia   sindical,  dentro  del  marco  de  protección  constitucional  (Art.  39  y  53  C.P.), consiste básicamente en la facultad de  empleadores  y  trabajadores  de  constituir  organizaciones  sindicales para la  defensa  de sus intereses legítimos y de poner en marcha su estructura interna,  sin  distinción alguna o autorización previa, dentro del ámbito señalado por  la  ley.  El artículo 39 de la Constitución, precisamente, consagra el derecho  fundamental  a la asociación sindical de los trabajadores y empleadores, que es  una  modalidad  del  derecho  a la libre asociación111,   que   permite   fundar  sindicatos,  reconociendo  el  principio  de  autonomía  o no intervención del  Estado  en  los  asuntos  propios  de esas entidades, y la posibilidad de que un  sindicato   nazca   a   la   vida   jurídica  desde  su  fundación112.    

La  asociación  sindical,  en consecuencia,  tiene  un  carácter voluntario y también un carácter relacional, ya que de un  lado  aparece  como  un derecho subjetivo de carácter individual y del otro, se  ejerce con otros ciudadanos de manera colectiva.   

4.1.2. Ahora bien,  así  como  los  sindicatos gozan de autonomía para autorregularse, funcionar y  organizarse  conforme  al  orden  legal, el ordenamiento jurídico por su parte,  debe  respetar  la  autonomía  sindical  y  proteger  el derecho de asociación  indicado.  Por  ello  se  prevé constitucionalmente, la existencia de distintas  maneras  de  llevar  a  efecto  esa  protección de los intereses ligados con el  derecho  de  asociación:  (i)  la protección al trabajador y de su libertad de  asociarse   o  no  al  sindicato  (art.  25,  39-1  y  53  C.P.);  (ii)  de  las  organizaciones   sindicales   en  sí  mismas  consideradas,  en  cuanto  a  las  garantías  para  su  operatividad  y  funcionamiento  (Art.  39-2)  y  (iii) la  protección  de  sus  directivos  sindicales  (Art.  39-3).  En el caso de estos  últimos,  se  protege  tanto a los fundadores  de la asociación sindical,  como  a  los  directivos y a los miembros de las comisiones de reclamos, en caso  de  los  conflictos  colectivos,  a  partir  de  la  presentación del pliego de  peticiones113.  A  todos  ellos se les reconoce un fuero de protección, a fin de  que  no  sean  objeto de represalias por su gestión114,   en   defensa   de  los  intereses de los trabajadores (Art. 406 C.S.T.).   

La   Corte   Constitucional   en   varias  oportunidades   ha   resaltado,   precisamente,   el  nexo  existente  entre  la  protección  especial  para  las asociaciones sindicales y el fuero sindical. De  hecho,  ha especificado que se atenta contra el derecho de asociación sindical,  cuando  se  despide,  suspende  o  se  modifican  las condiciones de trabajo del  personal  sindicalizado  con el objeto de impedir y dificultar el ejercicio  de              sus             derechos115.   

4.1.3.  El  fuero  sindical,  en  consecuencia, conforme a su definición legal en el artículo 405  del        estatuto        del        trabajo116,   es  una  garantía  de  protección  jurídica  de  la  que  gozan  algunos trabajadores, establecida en  favor  de  la  organización colectiva a la que pertenecen. Tiene el objetivo de  evitar  que los trabajadores aforados puedan ser despedidos, desmejorados en sus  condiciones  laborales o trasladados sin justa causa, calificada previamente por  un  juez  del  trabajo  (Art.  405  CST).  Su  propósito,  más que proteger el  interés  personal  del  trabajador  aforado,  es el de garantizar el derecho de  asociación  sindical en su conjunto. De hecho, esta institución, consagrada en  el  artículo 39 de la Carta, es el resultado de la protección que el Estado le  confiere  a los sindicatos para que puedan actuar en defensa de sus afiliados de  manera efectiva.   

Por ende, la defensa jurídica reforzada que  ofrece  la  Carta  y  la  ley,  promueve  que los sindicatos puedan realizar las  actividades  propias  de  su  gestión,  sin  el  temor  a  la represalia de los  empleadores.  Así,  conforme  a  lo  preceptuado  en  los  artículos  39  y 53  superiores,  la  Corte ha hecho efectiva la protección de los trabajadores para  constituir  sindicatos  y  asociaciones,  continuar  con ellos y negociar en los  conflictos  laborales,  en equilibrio con la posición dominante del empleador y  la  subordinación  del  trabajador,  a  fin de que éste no pueda ser despedido  caprichosamente   ni  padezca  agravios,  en  especial,  quienes  ejercen  labor  sindical,    en    representación    de    los    derechos    de    todos   los  trabajadores117.   

Por  lo tanto, la Carta de 1991 confiere una  especial  jerarquía  a  esta  figura,  en  la  medida en que no se trata de una  institución  puramente  legal,  sino  que  se  ha convertido en un mecanismo de  rango  constitucional,  que  protege  la  libertad  sindical  y  el  derecho  de  asociación  de  los  trabajadores.  No  es  pues  una  casualidad  que la misma  disposición  constitucional  que  reconoce  el  derecho  de sindicalización, a  saber  el  artículo  39,  prevea  también  el  fuero  para  los representantes  sindicales,  a  fin  de  que  éstos  puedan  cumplir  sus gestiones118.  A  ese  respecto, la sentencia C-320 de 2000, señaló lo siguiente:   

“El  fuero sindical, en la medida en que  representa  una figura constitucional para amparar el derecho de asociación, es  un   mecanismo  establecido  primariamente  en  favor  del  sindicato,  y  sólo  secundariamente  para  proteger  la estabilidad laboral de los representantes de  los  trabajadores. O, por decirlo de otra manera, la ley refuerza la protección  a  la  estabilidad  laboral  de los representantes sindicales como un medio para  amparar  la  libertad  de  acción  de  los  sindicatos.  Por ello esta Corte ha  señalado  que  este  “fuero  constituye  una  garantía  a  los  derechos  de  asociación  y  libertad  sindical,  antes  que  la  protección de los derechos  laborales del trabajador sindicalizado”.   

4.1.4.  Entre  los  trabajadores   aforados   se  encuentran  por  determinación  de  la  ley,  los  fundadores  de  los  sindicatos,  naturalmente,  y  los  miembros  de las Juntas  Directivas,   entre   otros   (Art.   406   C.S.T.)119.   El  Presidente  de  un  sindicato,  en  ese  sentido, es uno de los trabajadores aforados que señala la  ley.   

Ahora bien, la protección a la que alude la  Carta  para  el  trabajador  aforado, se concreta jurídicamente de dos maneras:  (a)    mediante    el   procedimiento   especial   de  levantamiento   de   fuero   sindical,  que  exige  al  empleador   solicitar   autorización  al  juez  del  trabajo  para  despedir  o  desmejorar  a  un  trabajador, sobre la base de la existencia de una justa causa  para   el  efecto,  o  (b)  mediante  una  acción  de  reintegro,  que  permite  al trabajador aforado que ha  sido   indebidamente   despedido   o   desmejorado,  solicitar  su  reintegro   en   las  mismas  condiciones  previas  a  la  situación  reprochada  y  el  pago  de  los salarios dejados de  percibir  en  el  interregno  (Art.  408  CST).  La  estabilidad  laboral de los  trabajadores  aforados y la garantía del fuero sindical, se le confía entonces  a los jueces.   

Esta  calificación judicial resulta ser, en  consecuencia,  una  de  las características definitorias del fuero sindical, ya  que  corresponde al fallador ordinario determinar si se configuró o no la justa  causa  para  el despido, traslado o desmejora. Por ende, cualquier decisión que  en   ese   sentido  tome  el  empleador  sin  un  aval  judicial,  significa  la  vulneración  de  los  derechos  de asociación sindical y debido proceso, entre  otros120.   

“202. La protección que se brinda a los  trabajadores  y  a los dirigentes sindicales contra los actos de discriminación  antisindical  es  un  elemento esencial del derecho de sindicación porque tales  actos  pueden  dar  lugar  en  la  práctica  a  la  negación de las garantías  previstas  en  el  Convenio  núm.  87.  Ello  implica,  en  particular, que los  despidos  antisindicales  no  pueden considerarse del mismo modo que otros tipos  de  despido,  ya  que  el  derecho  de sindicación es un derecho fundamental. A  juicio  de  la  Comisión,  ello  implica  distinciones  en  lo  que atañe, por  ejemplo,  a  las  modalidades  de  prueba,  a  las  sanciones y a las medidas de  subsanación.   

   

203.  El  artículo  1,  párrafo  1,  del  Convenio  núm.  98  establece,  en  términos  generales, que “los trabajadores  deberán  gozar  de  adecuada  protección  contra  todo acto de discriminación  tendiente  a  menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo”. En el  párrafo  2  del mismo artículo se delimita el alcance de esa protección (Nota  4).  De  estas  disposiciones  se  desprende que los trabajadores deben gozar de  protección  adecuada  contra  toda medida de discriminación antisindical tanto  en  el  momento  de  ser  contratados como mientras ejerzan su empleo, ya que el  reconocimiento  de  la  libertad  sindical  por el consignatario del contrato de  trabajo  constituye el corolario indispensable del reconocimiento de la libertad  sindical por el Estado.”   

   

4.1.6. Precisamente,  y  en  relación con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado,  además,  que la protección reforzada a las directivas de las organizaciones de  trabajadores,   es   un  derecho  fundamental  en  defensa  de  la  institución  sindical121.   

La  organización de trabajadores de la cual  emane  el  fuero,  puede  en  consecuencia,  intervenir en los procesos de fuero  sindical,  por  conducto  de  su  representante  legal, de distintas formas: (i)  instaurando  la  acción  por  el  trabajador  aforado o (ii) participando en el  proceso  de  fuero  sindical.  En  este  último  caso,  el auto admisorio de la  demanda   instaurada  por  el  empleador  o  por  el  trabajador  aforado,  debe  notificársele al sindicato,  con  el  fin  de  que si lo considera pertinente, intervenga o no en el proceso.  Podrá  asimismo  (iii)  como  sindicato,  efectuar  los actos procesales que le  están  permitidos  al  trabajador  aforado en el proceso, menos disponer de los  derechos del litigio.    

Antes de la vigencia de la Carta de 1991, el  Código  de  Procedimiento  Laboral  no preveía nada sobre la participación de  los  sindicatos  en los procesos de fuero sindical. Esa posibilidad se introdujo  mediante   la   Ley   712   de  2001  que  en  su  artículo  118  B122  permite  que  la  organización  sindical  pueda  intervenir  en  los  procesos  de fuero  sindical123.   

A  este  respecto debe recordarse que con la  sentencia  C-381  de  2000,  se dijo precisamente que los sindicatos debían ser  parte         en        tales        procesos124.    Posteriormente    la  sentencia         C-240        de        2005125,    que    declaró   la  constitucionalidad  condicionada  del artículo 118 B del CPT indicado, enunció  que  los  sindicatos,  en  los  procesos  especiales  de fuero sindical, no eran  simples  terceros en el trámite, sino que debían tener la oportunidad legal de  participar  en  la  controversia  como  partes,  en  garantía  del  derecho  de  asociación.  Se  dijo entonces en esa providencia, que si el fuero se instituye  como  garantía  de  los  derechos constitucionales fundamentales descritos, los  sindicatos  debían  poder  ser  parte  en  ellos,  a  fin de hacer efectiva esa  protección  constitucional. De acuerdo con la sentencia:   

“Ello  implica,  entonces,  que  en  los  procesos   sobre  fuero  sindical  donde  el  sindicato  respectivo  no  sea  el  demandante,  su  participación  en los procesos debe  estar   plenamente   garantizada  en  todas  las  etapas  del  mismo.  Es  decir  el  auto  admisorio  de la  demanda   habrá   que   notificársele   al  representante   legal  de  la  organización  sindical  a  la cual pertenezca el trabajador aforado.  Esa citación al proceso con notificación del auto admisorio de  la  demanda  no  puede  realizarse  a destiempo sino oportunamente. Es decir que  el  sindicato ha de tener la posibilidad jurídica de  actuar  luego  de  la  notificación  de  ese auto en igualdad de condiciones al  demandado,  esto  es,  con término igual para que su  participación no resulte inocua, aparente, vacía de contenido.   

Desde  luego,  el ejercicio del derecho de  contradicción  en  el  proceso  de  fuero  sindical, al igual que el derecho de  acción  para  la  iniciación  de  un proceso no implican el deber jurídico de  actuar,  pues  es  claro  que a nadie se puede obligar a demandar como tampoco a  darle   contestación   a   la   demanda   (…)”126.   

Para la mencionada providencia, el derecho de  contradicción  se  satisface con la oportunidad jurídica de conocer la demanda  y  sus  anexos,  en  virtud  del traslado al demandado y de la notificación del  auto  admisorio correspondiente. Por ello, la sentencia concluyó, que notificar  al  sindicato  del auto admisorio de la demanda y correrle traslado de la misma,  era  forzoso  para  el  juez  de la causa,  en  virtud  del artículo 118 B del C.P.T. Se dijo además, que la  finalidad  de  esa  norma  no  era otra que darle al sindicato la oportunidad de  intervenir  en  el  proceso  de  fuero sindical, como parte, para la defensa del  derecho   de   asociación.   Con   fundamento  en  esas  razones,  se  declaró  exequiblemente  condicionado  el  artículo  118  B  del  Código  Procesal  del  Trabajo,   “en  el  entendido  según  el  cual  la  notificación  de dicho auto debe realizarse en la misma oportunidad procesal en  que se notifique al demandado”.   

Revisadas las características generales del  derecho  de  asociación y la protección constitucional a la libertad sindical,  así  como  lo  concerniente  al  fuero  sindical  y  a la participación de las  organizaciones  de trabajadores en los procesos laborales, entra pues la Corte a  revisar las particularidades del caso de la referencia.   

    

1. Examen del caso concreto    

5.1.   De   las  razones  de  la  tutela.   

5.1.1.  El  señor  Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez,  obrando  en su propio nombre y como presidente del Sindicato Nacional  de  Trabajadores  de la Empresa Panamco Colombia S.A.,  SINTRAINDEGA,  actuando  además   junto  con los  otros  9  directivos  sindicales  y  como  representante  de  esa  agremiación,  advierte  frente a las decisiones del Tribunal Superior de Bogotá y del Juzgado  Segundo    Laboral,    lo    siguiente:   (a)   que   existe   un   defecto  fáctico  en  tales providencias,  porque  el  Tribunal  dio  por  probado  sin estarlo, según su opinión, que el  actor  no  laboró  el  22 de diciembre de 2004; evento que además sólo daría  derecho  a  la empresa de acuerdo con la convención colectiva de trabajo,   a  aplicar  una  sanción  de  tres  días  y  no  a obtener la terminación del  contrato   laboral.   Bajo   ese  supuesto  consideran  que  se  desconoció  el  procedimiento  establecido  en  la  convención  colectiva  para  el efecto. (b)  Adicionalmente,   alegan   un  defecto  procedimental,  porque  se vulneró el derecho del sindicato al debido  proceso  y  defensa, ya que se profirió la sentencia dentro del término que el  sindicato  tenía  para  contestar  la  demanda.  Este  hecho según  SINTRAINDEGA,  desconoció la sentencia  C-240  de  2005  (M.P.  Alfredo  Beltrán  Sierra), en especial cuando en varios  procesos  de  fuero  sindical  adelantados  en  ese  mismo Tribunal, la indebida  notificación  o  la  no  notificación  del  sindicato,  sí ha dado lugar a la  anulación  de las decisiones de primera instancia. Finalmente (c) alega defecto  procedimental  por  la  no  aplicación  del  artículo  118  B  del  Código  de  Procedimiento Laboral. En  mérito  de  lo  expuesto,  solicita  que  se  invaliden  o dejen sin efecto las  sentencias  mencionadas  y  que se ordene a Panamco Colombia S.A., reintegrar al  actor.   

5.2.  Primer  asunto: el defecto fáctico y  sustantivo  invocado  por  el  sindicato,  frente a la sentencia de segunda  instancia.   

5.2.1.   El  demandante  y  el  sindicato  alegan  el yerro del Tribunal Superior de Bogotá,  Sala  Laboral,  en  la  sentencia  de  segunda  instancia, dentro del proceso de  levantamiento  de fuero sindical del actor, por dar por probado sin estarlo, que  el  señor  Martín  Emilio Muñoz no había laborado el día 22 de diciembre de  2004,   cuando  está  documentado  en  el  expediente,  según  se  alega,  que  “ese  día  en  las  primeras  horas  de  la mañana  atendió  en  las instalaciones de la demandante una querella administrativa, en  calidad  de  representante  del  Sindicato, diligencia que terminó pasadas la 9  a.m.”127.   

Por  ende,  a  juicio  del  sindicato,  el  fallador  no  puede señalar que ese día no trabajó, teniendo en cuenta que en  las  primeras  horas  de  la mañana cumplía las labores descritas. Además, no  está  probado en el proceso, qué pasó después de las 9 de la mañana, por lo  que  la  afirmación  del Tribunal no se compadece con la realidad. Si en gracia  de  discusión  se  admitiera  que  el Presidente del sindicato efectivamente no  laboró  en  esa  fecha,  esa  situación  en  todo  caso no era suficiente para  motivar  la  terminación  de  su  contrato  por  justa  causa, ya que según el  reglamento  interno de trabajo, ello significaba tan sólo una sanción por tres  días.   

Alegan los demandantes, en consecuencia, que  el   defecto  fáctico  se  consolidó en la definición  probatoria  ya  descrita, cuando el Tribunal afirmó una ausencia laboral que no  fue  probada  y el sustantivo,  cuando  la  instancia  judicial  admitió la justa causa para el despido, siendo  que  en  su  caso  lo  aplicable  era  el artículo 68 del reglamento interno de  trabajo  sobre  faltas  disciplinarias,  que  sólo  autorizaba  la  suspensión  laboral  hasta  por  3 días por la ausencia laboral de un día, si ello hubiese  ocurrido.   

5.2.2. La sentencia  controvertida  por  el sindicato y el demandante, -del 16 de noviembre de 2007-,  surgió  a  propósito del recurso de apelación presentado por Panamco Colombia  S.A.,  en  contra  de  la  decisión  del  Juzgado  2º  Laboral del Circuito de  Bogotá,  que  había  declarado  no  probada  la  justa causa para autorizar el  despido  del  trabajador aforado. Para Panamco, el juzgado incurrió en un error  jurídico  al considerar que la terminación de un contrato de trabajo era igual  a  una  sanción.  El  texto  del  reglamento interno fija el procedimiento para  imponer   sanciones,   pero  ello  es  independiente  al  despido   en  sí  mismo.   

En  la  providencia  anunciada, el Tribunal  decidió  verificar  si  existía  o  no la justa causa invocada por la empresa,  para  dar por terminado el contrato de trabajo del señor Martín Emilio Muñoz.  En  la  providencia,  esa  Sala  de  decisión  tuvo  en  cuenta para afirmar la  inasistencia  del  actor  a sus labores del 22 de diciembre de 2004, entre otras  las  siguientes  pruebas: (a) una grabación en video de esa fecha tomada en las  dependencias  de Panamco en la que aparece el señor Muñoz antes de las 7 a.m.,  colgando  pancartas  de  protesta.  (b) El acta del Inspector 5º de Trabajo que  certificó  que  el  trabajador  se  encontraba  en  la  entrada principal de la  empresa  ese  día  a  las  7 a.m. (c) Testimonios de compañeros de trabajo del  actor.  (d)  La  diligencia  de  descargos  del  ex  trabajador  aforado ante la  empresa,  por  su  no comparecencia, en la que el demandante declara que todo se  trata  de  una  persecución  sindical.  (e)  Informes  de  la empresa de que no  compareció  a  trabajar ese día y que su labor la llevó a cabo otra persona y  (f)  la  falta  de pruebas del actor de que hubiese trabajado el 22 de diciembre  de 2004.   

El  Tribunal  señaló por lo tanto que del  acervo probatorio podía inferir que:   

“[E]l  actor  incurrió en violación de  numeral  6º del Art. 7 aparte a) del Decreto 2351/65 pues faltó al trabajo sin  justa  causa,  o sin permiso del empleador No 4º Art. 58 del CST., sólo en los  casos  de  huelga puede abandonar el lugar de trabajo, evento dentro del cual no  se  encuentra el demandado, no se constató cese de actividades por el Inspector  5  de  trabajo  (…),  actitud  que  igualmente  ha  de  calificarse  como  una  violación  grave  a  sus  obligaciones,  pues  tal como lo consignó el jefe de  ventas  inmediato  superior del demandado, la labor debía empezar a las 6 de la  mañana,  los  clientes  se  encontraban  desatendidos,  en  un  día  de ventas  crítico.  (…) Lo anterior lleva a la Sala a concluir que se constituye una de  las  justas  causas  para dar por terminado el contrato de trabajo, se revocará  en fallo recurrido”.   

5.2.3.  Así  las  cosas,  a  juicio  de  la  Sala  de  Revisión,   los  defectos  fáctico y  sustantivo  que  alega  el  actor  y el sindicato respecto de la providencia del  Tribunal no se configuran en modo alguno, dado que:   

–    Las  consideraciones  vertidas  en  la sentencia de segunda instancia, demuestran que  el  Tribunal adelantó un estudio detallado del material probatorio, concluyendo  de  manera  cuidadosa  y  seria,  las  razones  que  lo  llevaron  a  estimar la  existencia  de  una justa causa para la autorización del despido. Más allá de  esas  consideraciones,  el  juez  de  tutela no tiene la posibilidad de examinar  detalles  del  proceso laboral, ya que con ello se desnaturalizaría su función  constitucional  y  se  invadiría  el  ámbito  de  competencia funcional de los  jueces ordinarios.   

En   tal   sentido,   la   formación   del  convencimiento  del  Tribunal  está debidamente soportado en la reglamentación  legal   de   la   prueba,   la  motivación  razonada  de  la  sentencia  y  las  circunstancias  de  controversia  del  proceso.  La  realidad  procesal  es  una  confrontación  entre  dos  partes  y  ambas tienen la obligación de probar sus  afirmaciones.  Panamco  afirmó  que el actor no se presentó a laborar y de las  pruebas  presentadas se evidenció que en principio el actor: (a) no compareció  al  lugar  de  trabajo a primera hora de la mañana como era su obligación, (b)  hay  prueba  de  que  estaba  en  lugar  distinto  al  de laborar colocando unas  pancartas  (video).  (c)  Se  ausentó  sin  permiso,  (d)  Esa  ausencia estaba  planeada  desde  días  antes,  (d)  los  clientes  de  la  ruta habitual fueron  cubiertos  por  otra  persona  que  reemplazó al actor y (e) el actor no logró  probar  que  sí  había  laborado ese día. De tales resultados, la valoración  del  Tribunal  no puede considerarse equivocada o violatoria de los derechos del  demandante,  ya  que  para  que se configure un defecto fáctico, éste debe ser  “ostensible,   flagrante  y  manifiesto”  y  tener,  una  incidencia  directa en la decisión128, lo que no  se   desprende  en  modo  alguno  de  la  valoración  del  Tribunal129.   

   

Ninguna de estas circunstancias se evidencian  en  el  presente  caso, por lo que la intervención del juez constitucional para  imponer  la  interpretación de otras normas que considere ajustadas, además de  ser  una  tarea  ajena a su competencia, desconocería abiertamente el principio  de  autonomía  e  independencia  de  la función judicial; conforme al cual las  autoridades  tienen  la  facultad de interpretar y aplicar las normas jurídicas  con  los  límites  del  orden  jurídico  superior  (C.P.  arts.  228  y  230).   

5.3.   Segundo   asunto:   los   defectos  procedimentales  invocados  en  contra  de  las providencias del Juzgado Segundo  Laboral  del  Circuito  y  del  Tribunal  Superior,  Sala  Laboral  de  Bogotá.   

5.3.1. Incumplimiento del deber prescrito en  el  artículo  118  B del C.P.T., de notificar oportunamente al sindicato.    

El  demandante  y el sindicato, propusieron  dos  tipos  de  defectos  procedimentales  en  contra  de  las  providencias que  decidieron   negar  la  nulidad  procesal  invocada130.   El  primero  de  tales  defectos  era  el  aparente  incumplimiento  del  artículo  118B, que ordena la  notificación  oportuna al sindicato. Y el segundo, la violación del derecho de  defensa  del sindicato, por no respetarse el término del traslado de la demanda  necesario  para  que  la  organización  sindical interviniera en el proceso. La  Sala revisará  a continuación, el primer aspecto.   

5.3.1.1.         Conforme  a lo previsto por el inciso primero del artículo 29 de la  Constitución   Política,  “el  debido  proceso  se  aplicará   a   toda  clase  de  actuaciones  judiciales  y  administrativas”.  De esta forma, las actuaciones que adelanten todas las  autoridades,  deben  observar  como  garantía  de  ese  derecho, la plenitud de  formas  de cada juicio previstas por la ley y procedimientos, y la garantía del  derecho  de  defensa  y contradicción de las partes, so pena de que se vulneren  preceptos constitucionales fundamentales.   

En  el  proceso  de  levantamiento de fuero  sindical,   en  consecuencia,  la  notificación  personal  al  demandado  y  al  sindicato    del   auto  admisorio  de  la  demanda, es una exigencia necesaria,  en  virtud  de  los artículos 41 y 118B del CPT, con fundamento en la sentencia  de  constitucionalidad  previamente  analizada.  Las  razones,  ya las vimos: el  sindicato  debe  ser  notificado  oportunamente como parte del proceso promovido  contra  un  trabajador  aforado, para que decida si interviene o no como garante  del  derecho  de  asociación  sindical.  Lo  que verdaderamente le garantiza el  artículo  118  B  del C.P.T. al sindicato, en consecuencia, es el derecho de la  organización  a  intervenir  como  parte  o  de abstenerse de hacerlo, salvo la  disposición del derecho de litigio.   

5.3.1.2.   En  reiteradas  ocasiones  la  Corte  ha  señalado que el representante legal de un  sindicato  está legitimado para interponer acciones en nombre y representación  de     sus     afiliados     -con    limitaciones131-  y  claro  está,  en  el  nombre     del    sindicato    en    sí    mismo132.   Las   asociaciones   y  fundaciones  comparecen  a  los  juicios, por medio de la persona que de acuerdo  con  los estatutos lleva la representación legal (Art. 639 C.C.). En el caso de  los   sindicatos,   quien   ostenta  generalmente  esta  representación  es  el  Presidente,   por   lo  que  será  dicha  autoridad  sindical  quien  deba  ser  notificada,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  118  B del C.P.T. Esa  notificación  debe ser personal, en virtud de lo dispuesto en el literal A. del  artículo 41 del C.P.T.   

Ahora bien, bajo tales supuestos, surgen las  siguientes  inquietudes:  ¿qué  pasa si el trabajador y el representante legal  del  sindicato,  -esto es, quien tiene la capacidad legal para actuar a nombre y  en  representación  de  la  agremiación  a  la  que  pertenece-,  son la misma  persona?  ¿Está  obligado  el  juez de instancia a hacer dos notificaciones al  mismo  ciudadano,  una  en calidad de trabajador y otra en calidad de Presidente  sindical?  O por el contrario, ¿basta con una sola notificación para que tanto  el  trabajador  como el sindicato se sientan parte del proceso? Estas preguntas,  prima    facie,   parecen  irrelevantes,  pero  en  realidad  son problemáticas, porque tienen que ver con  los  derechos  de  defensa  y contradicción de personas naturales y jurídicas,  como se ha visto en esta oportunidad.   

En  términos generales, cuando se trata de  los  demás  trabajadores  aforados, distintos al Presidente de la organización  sindical,  la  inquietud  desaparece.  Ninguno  de  ellos en sí mismo, tiene la  representación  legal  del  sindicato,  ni detenta la capacidad de actuar en su  nombre,  por lo que se trata de dos personas independientes, a quienes se les ha  de  dar  a conocer el inicio del proceso de manera separada. Un ejemplo de ello,  es  el   caso  de  un  miembro  de  la Junta Directiva de una organización  sindical,   que  resulta  demandado.  La  identidad  como  trabajador  y  líder  sindical,  independientemente  de  su  cercanía  con  la organización a la que  pertenece,  no  puede ser confundida, ya que  no ostenta la representación  jurídica  de  su  organización.  Así,  en  virtud  de  la  ley,  ambas partes  –  trabajador y sindicato  -,  deberán  ser  notificados  de  manera  pronta  y  expedita,  de  acuerdo al  artículo   118B   del   CPT,  a  fin  de  que  los  derechos  fundamentales  de  contradicción y defensa sean garantizados para ambos.   

Ahora  bien, ¿qué pasa si el trabajador y  el  representante  del sindicato son la misma persona? ¿Incurre el juez laboral  en  una  violación  del  debido proceso por no notificar al mismo ciudadano, en  sus  diferentes  roles, a pesar de haberlo notificado debidamente en una primera  oportunidad?  Procesal  y  jurídicamente, la respuesta es afirmativa, ya que es  deber   del   juez   notificar   tanto   al   trabajador,   como  al  sindicato,  independientemente  de  que  el  representante legal del organismo sindical y el  trabajador   demandado   sean  la  misma  persona.  En  materia  comercial,  una  disquisición  semejante  no  tendría duda: una cosa es la sociedad y otros sus  asociados,  así  el  representante  sea  uno  de sus socios. El rol procesal de  ambas  partes  es  distinto, y la forma de comparecer al proceso también lo es.  Se  trata  de  dos personas diversas, cuya personería para actuar procesalmente  es  independiente,  por  lo  que   cada  una de ellas debe ser vinculada al  trámite  judicial  en  debida forma, en respeto a sus derechos fundamentales de  contradicción   y   defensa.   Normativamente,   de  hecho,  dos  disposiciones  procesales  diferentes  regulan  el cumplimiento de esta exigencia en el proceso  laboral:  el  artículo 41 del CPT, para el caso del trabajador demandado,   y el artículo 118B del CPT, para el caso del sindicato.   

5.3.1.3.   La  notificación  personal  es  además,  una  garantía  procesal  que  asegura la  comparecencia  al  trámite,  en  calidad  de  parte,  de  quien  es  convocado,  contribuyendo   también  a  la  protección  del  derecho  de  defensa  de  los  involucrados.  Bajo  ese  supuesto,  la  no  notificación  al sindicato, genera  nulidad  del  proceso,  en virtud de lo señalado por la Corte Constitucional en  la  sentencia C-240 de 2005, que fija los alcances interpretativos del artículo  118B  del  CPT.  Por  lo  tanto,  lo  prudente  y  debido  conforme a la ley, es  notificar  al  ciudadano, tanto en su calidad de Presidente sindical, como en la  de  trabajador  aforado,   desde  el  inicio  del proceso, para asegurar en  cualquier  sentido  que  los  derechos  de  las  partes vinculadas a él, están  debidamente   protegidos. Con ello, se habrá cumplido con el propósito de  permitir  la  defensa,  contradicción  y  la  comparecencia  de ambas partes al  proceso, en condiciones de igualdad.   

5.2.1.4.  Esta  aclaración  exige  además  que  la Sala revise otros temas importantes y   relacionados  con que el proceso laboral es de carácter especial, por lo que en  principio,  deben  aplicarse  las reglas del Código de Procedimiento Laboral de  manera   preferente.   Sin   embargo,   el  artículo  145  del  CPT133  autoriza  que  ante  la  falta  de  disposiciones  especiales pertinentes, se apliquen las  normas  del  procedimiento  civil que sean del caso. En materia de nulidades, se  acogen  entonces,  las  reglas  generales  del  Código  de Procedimiento Civil.   

Las  nulidades procesales en materia civil,  se   encuentran   reseñadas   en   el   artículo  140  del  C.P.C.134   Son  nulidades  saneables, aquellas que con ocasión del cumplimiento de circunstancias   establecidas   por   el  legislador,  permiten   desvirtuar  la  aparente   lesión  a los derechos de defensa o al debido proceso de las partes, por lo que  las  irregularidades  derivadas de ellas se entienden subsanadas o convalidadas,  a  fin  de  asegurar  la  eficacia  de  los  procesos  judiciales y favorecer la  economía procesal.   

Las insaneables, debido a su jerarquía en  la  estructura  procesal  y  su  relación directa con las garantías judiciales  mínimas  reconocidas  por  la  legislación  y  la  Carta,  son situaciones que  constatadas        por        los       jueces135,  deben ser decretadas de  oficio   por   el   fallador   en   cualquier   etapa   procesal   antes  de  la  sentencia136.  Una  decisión  en  ese sentido, genera la nulidad de lo actuado  desde  la  configuración de la causal y la necesidad de reconfigurar el proceso  desde el evento que generó la indebida situación procesal.   

Entre  las nulidades procesales reseñadas  en  el  artículo  140  del  C.P.C.,  se  encuentra  la de indebida notificación  al  accionado  del  auto que admite la demanda. Dicha  circunstancia,  es una clara irregularidad procesal que genera ineficacia de las  actuaciones  judiciales  que  se  surtan con posterioridad a ese hecho, a fin de  proteger  el  debido proceso y el derecho de defensa de la parte que invoca esta  causal.  El enjuiciamiento del demandado, en ausencia de su participación en el  proceso,  como  es  evidente,  implica  una  grave  infracción a una formalidad  esencial  del procedimiento judicial y, por lo tanto, una afectación al derecho  fundamental   del   accionado,   garantizado   por  el  artículo  29  superior.   

Las  nulidades, adicionalmente, se convalidan  en  los  siguientes  casos:  (a)  cuando no fueron alegadas oportunamente por la  parte  que  podía  reclamarla.  (b)  Cuando  la  parte  que  no  haya sido bien  representada,  citada  o  emplazada, actúa en el proceso sin alegar la nulidad.  Y,  (c)  cuando  el  acto  procesal  cumplió con su finalidad y no se violó el  derecho  de  defensa,  a pesar de la irregularidad. En efecto, de acuerdo con el  artículo  144  del  C.P.C.,  “si la parte que podía  alegar   [la]   no   lo  hizo  oportunamente”  o  si  “la  persona  indebidamente  representada,  citada o  emplazada,     actúa     en     el    proceso    sin    alegar    la    nulidad  correspondiente”, se entiende saneada la nulidad. En  tales  casos  desaparece  el  motivo  de  la  misma,  porque la persona queda en  capacidad de controvertir y defender su derecho. (Art 144 C.P.C).   

Tales  nulidades, según el artículo 142 del  C.P.C.,   no   obstante,   deben   alegarse  en  principio,  en  “cualquiera  de  las  instancias,  antes de que se dicte sentencia, o  durante  la  actuación  posterior  a  ésta  si  ocurrieron en ella”.   

5.3.1.5.  Vistas  estas  consideraciones,  debe  recordar  esta  Sala  que  en  la causa objeto de  análisis,  tanto  el  trabajador  demandado, como quien preside el Sindicato de  Trabajadores  SINTRAINDEGA,  es  el  señor  Martín  Emilio Muñoz Jiménez, Presidente de esa organización  sindical  como  aparece  en  autos.  El  señor Muñoz Jiménez, fue debidamente  notificado  por  el  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá137,  una vez  le  correspondió el reparto del proceso de levantamiento del fuero sindical, el  10  de  febrero de 2005. La notificación oportuna al trabajador, fue confirmada  por  el  apoderado  de  la organización sindical mencionada, en la solicitud de  nulidad   del   proceso   en   su   conjunto,  presentada  el  12  de  enero  de  2007138.  La  notificación,  no  obstante,  sólo  se  hizo  en calidad de  trabajador  aforado,  y  no  se  vinculó al sindicato en esa oportunidad. Así,  desde  el  inicio  del  proceso  de  levantamiento de fuero sindical en el 2005,  hasta   el   28   de  agosto  de  2006,  SINTRAINDEGA  no había sido vinculado al proceso, como lo confirmó  el  mismo  Juez  Segundo  Laboral en el acta del 23 de agosto de 2006, en la que  suspende    la    audiencia   de   juzgamiento   y   ordena   la   notificación  sindical139.   

Procesalmente, podría afirmarse que la razón  de  la  no  participación  del  Sindicato  en  el  trámite  judicial hasta ese  momento,  se debió a la total ausencia de notificación personal y vinculación  de  la  organización  sindical  al  proceso, tal y como lo predica SINTRAINDEGA  hasta esa fecha. En sentido  contrario,  podría  considerarse, – no sin cierta razón-, que sencillamente el  Sindicato  ejerció  su  derecho  a participar o no dentro del proceso judicial,  puesto  que  era  imposible  que  el  Presidente de dicha organización  no  supiera  de su vinculación al debate procesal en curso, desde hacía más de un  año140,  habiendo sido él el directamente demandado y teniendo él mismo,  la  facultad  de  comparecer  o no en el proceso a nombre del sindicato. Nótese  además,  que  el  sindicato había sido informado del proceso laboral, mediante  telegrama141.   

Si bien ambas afirmaciones pueden ser ciertas,  dada  la  aparente  confusión frente a la identidad procesal del demandado y su  notificación,  con todo, ello no libera al  juez laboral de acuerdo con el  artículo  48  CPT,  de  ser  quien  debe  “asumir la  dirección  del  proceso”  y asegurar las garantías  procesales  dentro  del mismo, a fin de propender por el respeto de los derechos  fundamentales  de  las  partes y lograr el equilibrio entre ellas. Por lo tanto,  el  cumplimiento  de lo previsto en el artículo 118B del C.P.T., de conformidad  con  la  sentencia  C-240 de 2005, sobre el deber de notificación sindical, era  necesario,  so  pena  de verse expuesto a una nulidad por falta de notificación  del                     sindicato142   

.  

En  ese sentido, y en aras de: (i) promover  la  seguridad  jurídica y la transparencia procesal; (ii) asegurar la celeridad  y  eficacia  de  la  justicia; y, (iii) evitar disquisiciones que puedan incluso  contribuir  a  un eventual uso estratégico y no querido de las nulidades en los  procesos  de  fuero sindical, estima la Corte que lo prudente en estos casos, es  realizar  una doble notificación a las partes o especificar el doble rol con el  que  se  notifica  al  demandado,  en  circunstancias como éstas, en las que la  comparecencia  al  proceso  del  sindicato y del trabajador dependen de la misma  persona.  Lo  anterior, con el propósito de asegurar que la regla general de la  notificación  personal  a  todas  las partes, prevista en el artículo 118B del  C.P.T.  y  fijada  por  la sentencia C-240 de 2005, sea debidamente acatada y no  sea un motivo de controversia o de excepción en cualquier sentido.   

Con  todo, una conclusión semejante no puede  ser  entendida  automáticamente,  como  la  aceptación  de  la  nulidad de los  procesos  en  los  que  no  se  de  el  tipo  de notificaciones descritas en las  circunstancias  previamente revisadas. Recordemos, de hecho, que hay situaciones  procesales  que  a  pesar  de  ser  irregulares,  no  necesariamente implican la  nulidad  de  lo  actuado.  Por  ejemplo,  existe la opción de que las nulidades  hayan  sido  convalidadas,  como  cuando el representante sindical actúa dentro  del  proceso  en  su  calidad  de  tal, sin alegar la nulidad procesal. Así, la  afectación   cierta   de  un  proceso  por  vicios  de  nulidad,  debe  generar  consecuencias  ciertas  sobre  los  derechos  de  las  partes, de un modo en que  trasciendan  en  la   finalidad del proceso y en los derechos fundamentales  de quienes comparecen en él.   

De  este  modo,  entiende  la  Sala que si el  Presidente  del  sindicato,  en  el  caso  que  nos ocupa, hubiese actuado en el  proceso  en calidad de tal, y  no  hubiese alegado la nulidad, podría plantearse el presunto saneamiento de la  misma  (Art. 144 C.P.C).  Así las cosas, ante un eventual incidente en ese  sentido  en  el momento procesal anterior al 28 de agosto de 2006, eventualmente  hubiese  sido  posible  considerar  el  saneamiento,  como  lo  afirman  algunas  autoridades judiciales, ante la inactividad sindical.   

5.3.1.5.  Con todo,  independientemente  de  estas  disquisiciones,  lo  cierto  es,  que  el Juzgado  Segundo  Laboral  del  Circuito  de  Bogotá,  reconoció  para  ese  momento la  ausencia  de  notificación al sindicato, y como director del proceso, trató de  sanear  la  irregularidad,  realizando  una  notificación  directa  y expresa a  SINTRAINDEGA en ese momento.  En  efecto,  en  la  audiencia  pública  de juzgamiento que tuvo lugar el 23 de  agosto   de   2006,    el  Juez  Segundo  Laboral  señaló  lo  siguiente:   

“Sería  esta  la  oportunidad  procesal  respectiva  para  entrar  a  proferir  la  sentencia  que  ponga fin a la litis,  si  no  fuera porque se evidencia en el plenario, que  no  se  ha  enterado  a  la  organización  sindical “SINTRAINDEGA” sobre la  existencia  del  presente  proceso,  de  conformidad  con  lo  ordenado  por  la  Sentencia  C-240  de  2000 (sic), así como lo establecido en el artículo 50 de  la Ley 712 de 2001.   

Así    las    cosas,    con  el  objeto  de  garantizar el debido proceso y evitar posibles  nulidades, el despacho considera pertinente suspender  la  presente audiencia de juzgamiento, con el objeto de que por Secretaría a la  mayor   brevedad   posible   se   entere   a  la  organización  sindical  (…)  SINTRAINDEGA, de la existencia del presente proceso.   

En  consecuencia,  para que tenga lugar la  Audiencia  Pública  de Juzgamiento, dentro de la que se proferirá decisión de  fondo  que  ponga fin a la instancia, señálese la hora de las tres de la tarde  del día primero de septiembre del corriente año dos mil seis.   

Por secretaría líbrese oficio con destino  a     la     organización    sindical…Notifíquese    por    anotación    en  Estado”.143  (Subrayas fuera del original).   

El  señor  Muñoz Jiménez, fue notificado  personalmente,  el  28 de agosto de 2006, “en calidad  de  Presidente”  del sindicato, de la existencia del  proceso         en         su         contra144.  El primero de septiembre  de  2006,  “estando  dentro  de  la hora de las tres  (3:00)  de  la  tarde,  fecha  y hora señalados en el auto anterior”,  el  Juzgado  Segundo  Laboral  del  Circuito  de  Bogotá,  en  audiencia    pública   de   juzgamiento,   profirió   sentencia   de   primera  instancia145.Veamos  a  continuación,  en este nuevo escenario, las alegaciones  del  sindicato  sobre los defectos procedimentales de las decisiones que serían  tomadas  por  el  Juzgado  accionado  y  el  Tribunal,  a  raíz  del alegato de  nulidad.    

5.3.2.  La  solicitud  de  nulidad, ante el  desconocimiento  del  término  de traslado dado al sindicato para participar en  el proceso.   

5.3.2.1.  Evidenciada  la  irregularidad procesal que se ha descrito hasta el momento, por  ausencia  de notificación al Sindicato en el proceso de levantamiento del fuero  sindical  en  curso, el Juez Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, de acuerdo  a  su  competencia  legal para “garantizar el respeto  de  los  derechos  fundamentales” (Art. 48 C.P.T.) y  para   precaver   una   eventual   nulidad   absoluta   del  proceso146, decidió  realizar  una  notificación directa al órgano sindical mencionado, ya avanzado  el  trámite.  Ese  proceder,  de  acuerdo  con las normas procesales generales,  tenía  el  propósito  efectivo  de sanear la nulidad, al permitir al sindicato  esgrimir  su derecho de defensa y de contradicción en debida forma, y articular  las  garantías  sustanciales del proceso. Hasta aquí, el proceder hubiese sido  indiscutiblemente    probo    y   salvaguardado   de   cualquier   disquisición  jurídica.   

No obstante, a partir de allí se generaron  nuevas   reglas  procesales,  que  el  Juzgado  accionado  debía  respetar.  La  notificación   del  28  de  agosto  de  2006,  al  Presidente  de  SINTRAINDEGA,  daba  a esa organización  sindical  la  oportunidad  de  intervenir  en  el  proceso,  contestando o no la  demanda.  El término previsto para ello, era el establecido en el artículo 114  del  C.P.T,  según  el  cual  la audiencia en la cual se contestará la demanda  “tendrá  lugar  dentro  del quinto (5) día hábil  siguiente  a  la  notificación.”  Sin embargo, sin  esperar  que  se  cumpliera  el  término  del  traslado  indicado  y sin que el  sindicato  hubiese  sido  oído,  el  Juzgado  accionado  profirió sentencia en  audiencia   celebrada   el   1º  de  septiembre  de  2006,  cuando  el  quinto  día  habil siguiente a la  notificación  era  el  4  de septiembre de 2006, por lo que la organización de  trabajadores  alega,  que  se  le  vulneró  el  debido  proceso y el derecho de  defensa que le correspondía como parte procesal vinculada.   

5.3.3.2.  El 12  de   enero  de  2007, el Sindicato, mediante apoderado, presentó solicitud  de  nulidad  en  contra  la  sentencia  de  primera  instancia, ante el Tribunal  Superior  de  Bogotá,  aduciendo la violación de su derecho de defensa por las  razones  expuestas. En efecto, en virtud de la apelación presentada por Panamco  Colombia  S.A.,  en  contra  de  la  sentencia de primera instancia favorable al  trabajador,   el proceso se encontraba  ahora en esa sede judicial. El  Tribunal  envió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá la solicitud  del  Sindicato,  para  que  resolviera  el incidente de nulidad correspondiente.  Mediante  auto  del  9  de  mayo  de 2007,   en   fallador  de  primera  instancia  decidió  lo  siguiente:   

“El  artículo  142 del C.P.C. aplicable  por  analogía  según  lo  dispuesto  por  el  artículo  145 del CPT, (sic) el  incidente  de  nulidad procede hasta antes de proferirse la sentencia y se tiene  que  en  este  proceso  el demandado (Sindicato) propuso la nulidad cuando ya la  sentencia  se  habría  proferido por este despacho, lo que convierte la acción  en  extemporánea, motivo que conlleva su rechazo”147   

Contra el auto del Juez Segundo Laboral del  Circuito  que rechazó la nulidad, el sindicato presentó recurso de apelación,  invocando  la  causal  de  nulidad establecida en el artículo 140-6 del C.P.C.,  que  se refiere, a “cuando se omiten los términos u  oportunidades  para  pedir  o  practicar  pruebas  o  para  formular alegatos de  conclusión”.  Tomando  en  cuenta  este  hecho, el  apoderado  solicitó  la  nulidad  de  todo  lo  actuado  en el proceso, ante la  imposibilidad  de  ejercer  de  algún modo el derecho de defensa del Sindicato.   

La  apelación  fue  resuelta por Tribunal  Superior,           Sala           Laboral148,       el   15   de  agosto  de  2007.  En  esa  providencia,  el  Tribunal  afirmó  que  como  el  Sindicato en su solicitud de  apelación  nunca controvirtió el tema de la extemporaneidad, que fue la razón  por  la  que el A-quo rechazó la solicitud de nulidad, estaba en la obligación  de  confirmar  la  decisión  de  primera  instancia.  En consecuencia, dijo ese  Tribunal lo siguiente:    

“[A]l  no  existir  decisión  de  fondo  vertida  por  el A quo, mal haría la Sala en sustituirla, pronunciándose sobre  el  tema,  irrespetando los cánones de la ortodoxia, pues tal y como se dispuso  (…)  era  el  A-quo  quien debía pronunciarse en primera instancia acerca del  incidente,   su   decisión  fue  rechazarlo,  punto  que  no  controvirtió  el  recurrente,  así  que  a  la  Sala,  en  virtud  del  principio  de  consonancia  le  está  vedado  pronunciarse  sobre  el proveído  dictado  por  el A-quo, siendo las motivaciones del recurso ajenas a lo decidido  por  éste;  de  asumir  el tribunal el examen de las  argumentaciones,  se  convertiría  la  alzada en primera instancia, en desmedro  del  debido  proceso”.   (El resaltado es ajeno al original).     

Estas  razones  llevaron  al  tribunal  a  confirmar  la  decisión  del  Juzgado  Segundo,  por  lo que quedó en firme el  incidente de nulidad.   

El  apoderado  del sindicato presentó, no  obstante,      recurso     de    reposición149   contra   el  auto  que  resolvió  el  recurso de apelación del Tribunal, indicando que “en  el  asunto  bajo examen la extemporaneidad no se da, pues es la  misma  sentencia  la  que vulnera los derechos fundamentales de la organización  sindical  tales  como  el  debido  proceso  y  el derecho de defensa”.   

El  Tribunal  Superior,  Sala  Laboral,  en  decisión  del  28  de  septiembre de 2007, profirió una nueva providencia para  dar  respuesta  al  recurso anterior, señalándole al apoderado sindical,   que  la  decisión  del  juez  de  primera  instancia ya había sido conocida en  apelación       por       ese       cuerpo      colegiado,      “garantizándose  su derecho de defensa, distinto finalmente a que la  decisión  no  fuere exitosa, no siendo viable ahora, en gracia a la discusión,  revivir  nuevamente  los  términos,  lo que desde luego conduce a desatender la  petición    incoada”150.   

5.3.3.3. Teniendo  en  cuenta  que  las  providencias anteriores, tanto del Juzgado Segundo Laboral  del  Circuito  de  Bogotá  como  del  Tribunal  Superior,  son las que han sido  acusadas  de  defecto  procedimental,  concluye  la  Sala  en  este  aspecto, lo  siguiente:   

– Los términos procesales y las reglas que  establece   el   juez  laboral  como  director  del  procedimiento  judicial  en  consonancia  con  el  artículo  48 del Estatuto Procesal del Trabajo, deben ser  cumplidas  y  respetadas,  en  atención  a  la lealtad procesal y el respeto al  debido  proceso  que  es  una  garantía fundamental de las personas naturales y  jurídicas.   

–  El  derecho de defensa, en consecuencia,  puede  verse  claramente  comprometido, cuando el término para intervenir en un  proceso,  a fin de presentar excepciones o pruebas, no se respeta. En este caso,  aunque  el  sindicato como se dijo, tuvo un año para intervenir en el proceso y  no  lo  hizo,  –  y  ello  en gracia de discusión hubiese permitido un eventual  saneamiento  de  la  causal  de  nulidad  del  art. 140-8 del C.P.C.-,  las  nuevas  circunstancias  procesales generadas por el juzgado a partir de la nueva  notificación  personal  del  28  de  agosto de 2006, habilitaban ciertamente al  sindicato  a  exigir  la  garantía  de cumplimiento del término procesal   establecido  por  el  legislador para promover sus recursos. La notificación al  sindicato  se  hizo  el 28 de agosto de 2006 y la sentencia de primera instancia  se  profirió  en  audiencia  pública  el 1º de septiembre de 2006, por lo que  sólo  habían  transcurrido  4  días  desde  la notificación de la demanda, a  pesar  de  que  la  norma  ya  citada  establece  que  la audiencia en la que se  contestará  la  demanda  debe citarse dentro del quinto día hábil siguiente a  la  notificación.  El  sindicato,  contaba  todavía  con  un  día para que se  surtiera  el  término  completo  de  traslado  y  para   participar  en el  proceso, si era del caso, y ese término no le fue respetado.   

El  desconocimiento  de  los  términos  en  contra  del  sindicato  demandante,  significa   por parte del Juzgado, una  violación  flagrante del debido proceso de esa organización, ya que claramente  se  cometió  una  irregularidad  que tuvo como efecto privar al sindicato de su  defensa  procesal.  La  irregularidad  –independientemente  de  lo  absurda  que  pueda  parecer  dadas  las  características  del  caso-,  afectó los derechos fundamentales del sindicato,  porque   impidió  que  éste  fuera  oído  en  el  juicio  e  hizo  inocua  la  extemporánea  notificación  personal  que  intentó  el  juzgado,  dado que la  finalidad  prevista  con  la  solución procesal propuesta por el fallador no se  cumplió,  al impedir que la organización sindical finalmente participara en el  proceso.  Bajo  tales  supuestos,  el  sindicato  presentó solicitud de nulidad  procesal  ante el Tribunal, ahora bajo la causal del artículo 140-6 del C.P.C.,  que  difiere  de  la  anterior,  por  indebida  notificación,  por  las razones  expuestas.   

El Juzgado Laboral alegó que la solicitud era  extemporánea  y el Tribunal confirmó dicha decisión, precisando que no podía  controvertir  lo  indicado  por  el Juzgado, en la medida en que el sindicato no  había presentado razones en contra de tal  extemporaneidad.   

A  este  respecto  considera  la  Sala que el  sindicato  tiene  razón en estimar conculcados sus derechos de defensa y debido  proceso,  con las decisiones proferidas en el  incidente de nulidad, porque  la  decisión  del  juez  de  la  causa,  de  hacer  una  nueva notificación al  sindicato,  el  28  de  agosto de 2006, dirimió cualquier controversia sobre la  identidad  entre  sindicato y trabajador que pudiera predicarse decidiendo sobre  su  diferencia.  Con  ello,  impuso  la necesidad de un trato procesal idéntico  para  todos  los  sujetos  procesales  –   ya   escindidos-,   a  partir  de  ese  momento.  Por  lo  tanto:   

La  nulidad  que  alega  el  sindicato, es  predicable  de la sentencia de primera instancia, porque sin haberse cumplido en  su  totalidad  el  término  de  traslado  para  la  organización enunciada, no  existió  otra  oportunidad  procesal  para que ese organismo pudiese invocar la  nulidad  por  violación  del derecho de defensa. La sentencia, en consecuencia,  conculcó  la  oportunidad  del sindicato de presentar razones para su defensa y  de  ser  oído  en  el  juicio.  En  el mismo sentido, significó un tratamiento  desigual  frente  a  las  demás  partes, dado que en los procesos laborales, no  puede   celebrarse   ninguna   audiencia  de  trámite  o  juzgamiento,  si  con  anterioridad  no  se  ha señalado la fecha de su realización (Artículo 45 del  C.P.T.).  Ello es entendible, porque en las audiencias laborales, se efectúan y  deciden  los  actos  del proceso, se dictan las providencias y se notifica a las  partes,  por  lo que éstas no pueden verse sorprendidas en ellas, si sus fechas  no  han  sido  fijadas  con anterioridad. No obstante, en el caso del Sindicato,  una  vez  notificado, le era dable entender que la audiencia se celebraría el 4  de  septiembre  de  2006, por así disponerlo la ley, y no el 1º como en efecto  ocurrió.   

    

* Adicionalmente,  en la interpretación de  las   normas   procesales,  debe  tenerse  en  cuenta,  que  el  objeto  de  los  procedimientos  es  la  efectividad  de  los  derechos  reconocidos  en  la  ley  sustancial,  por lo que es un contrasentido, que se haya pensado en la necesidad  de  notificar  al sindicato en debida forma para evitar una nulidad y a renglón  seguido  no  se le haya permitido finalmente el ejercicio de los derechos que se  derivan  de  dicha  notificación,  como  son la contradicción, la defensa y la  participación en la actuación judicial     

– El poder conferido entonces en el 2007, a  un  apoderado  judicial  para  atacar  por  nulidad  la  providencia  de primera  instancia,  no  fue  un procedimiento extemporáneo, porque en los términos del  artículo  142  del C.P.C., las nulidades procesales que ocurrieron en virtud de  la  sentencia,  pueden  ser  invocadas  “durante  la  actuación  posterior  a  ésta”,  como  lo  era  el  trámite    de    segunda   instancia.   La  decisión  del  Tribunal  Superior  de  abstenerse de revocar la  providencia  del A-quo, por respeto a la decisión autónoma del juez de primera  instancia,  sobre  el incidente y porque no se atacó su extemporaneidad, cuando  es  de  su  competencia  el  control  de  todo  el proceso en segunda instancia,  estando  de  por  medio  derechos  fundamentales  omitidos  de  manera evidente,  desconoció  la  prevalencia  del  derecho  sustancial del sindicato y su debido  proceso.    

– Así las cosas, no le queda otro remedio a  la  Sala  en  vista  de  los  hechos  evidentes, a su pesar, -porque reconoce la  inactividad  del  Sindicato  en  la primera etapa procesal-, que señalar que en  este  caso  se  advierte  efectivamente un defecto procesal que controvierte las  providencias  judiciales enunciadas, por desconocimiento de la procedencia de la  nulidad  invocada  por  el  sindicato,  por  violación  del debido proceso y su  derecho  de  defensa  en  la  primera instancia, en virtud del artículo 142 del  C.P.C.   

Por  estas razones, la Corte Constitucional  declarará  la  nulidad  de lo actuado en el proceso laboral de la referencia, a  partir   del   auto   de   notificación  al  sindicato  del  28  de  agosto  de  2006.   

5.4. Conclusiones.  

En  consideración  a  lo  anterior,  las  decisiones  de  tutela  de  la  Sala  de  Casación Civil de la Corte Suprema de  Justicia,  del  1º  de  abril de 2008, que confirmó la decisión de la Sala de  Casación  Laboral  de la mima Corporación del 4 de marzo de 2008, dentro de la  acción   de   tutela   promovida  por  Martín  Emilio  Muñoz  y  SINTRAINDEGA,  contra la Sala Laboral del  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  y  el  Juzgado  Segundo Laboral del  Circuito  de  Bogotá,  serán  revocadas,  y  en  su  lugar,  se  concederá la  protección  constitucional  al  derecho  de defensa, libertad sindical y debido  proceso   de  SINTRAINDEGA,  representado   por  el  señor  Martín  Emilio  Muñoz.  Por  consiguiente,  se  declarará   nulo y sin valor ni efecto el proceso laboral que culminó con  la  sentencia  proferida  por  la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito  Judicial  de  Bogotá,  del  15  de agosto de 2007, a partir de la notificación  personal  al  sindicato  del  28 de agosto de 2006, a fin de que se garantice el  principio   de   contradicción  y  el  derecho  de  defensa  de  la  mencionada  organización laboral.   

III. DECISIÓN.  

En  mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de  Revisión  de  la  Corte  Constitucional,  administrando  justicia en nombre del  pueblo, y por mandato de la Constitución Política.   

RESUELVE:  

Primero.-  LEVANTAR  la  suspensión de  términos decretada en el proceso de la referencia.   

En consecuencia declarar nulo y sin valor ni  efecto  el  proceso laboral, que culminó con la sentencia proferida por la Sala  Laboral  del  Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el 15 de agosto  de  2007, desde la notificación personal al sindicato, del 28 de agosto de 2006  en  adelante,  -lo  que  implica  la  nulidad de la sentencia del primero (1) de  septiembre  de  2006  del  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y del  trámite  de  segunda  instancia-,  a  fin  de  que se garantice el principio de  contradicción y el derecho de defensa del mencionado Sindicato.   

Tercero.  ORDENAR  a  Panamco Colombia  S.A.,  proceder  al  reintegro  del  actor al cargo que ocupaba al momento de su  despido   o  a  uno  de  igual  o  de  superior  categoría,  sin  solución  de  continuidad.  Su  permanencia  en el cargo quedará condicionada a lo que defina  el  Juzgado  Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y/o el Tribunal Superior de  Distrito  Judicial  de  Bogotá,  sobre el levantamiento del fuero sindical, una  vez  se rehaga el proceso de conformidad con lo ordenado en el numeral anterior.   

Cuarto.  Por  Secretaría, líbrese la  comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.   

Notifíquese,  comuníquese, publíquese en  la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.   

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO  

Magistrado Ponente  

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB  

Magistrado  

NILSON PINILLA PINILLA  

Magistrado  

Salvamento de voto  

MARTA     VICTORIA     SÁCHICA    DE  MONCALEANO   

Secretaria General  

    

1 Folio  85,  cuaderno  No  2  de  pruebas.  Dijo  el apoderado: “Sometida a reparto la  mencionada  demanda  le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del  Circuito  de  Bogotá,  quien  adelantó  los  trámites excepto tardíamente la  notificación a la organización sindical SINTRAINDEGA”.   

2  Miguel  Rivera  Gómez,  Elbert  Jimmy Bello, José Alirio Aponte Aponte, Carlos  Enrique  Vega  Ramos,  Edgar Arley Romero Toloza, Julio Hernán Abelló Pinzón,  Jorge  Enrique  Torres  Pardo,  John  Jairo Santana Ramírez  y Luis Felipe  Báez        Gómez         y        el        Sindicato       SINTRAINDEGA.   

3 Folio  221 cuaderno No 1. Constancia Ministerio de Trabajo.   

4  Según  poderes  y  constancias,  Folios  17 y 24 a 26,  Cuaderno No 5. Los  demás  directivos  sindicales  son:  Miguel  Rivera Gómez, Elbert Jimmy Bello,  José  Alirio  Aponte  Aponte,  Carlos  Enrique  Vega  Ramos, Edgar Arley Romero  Toloza,  Julio  Hernán  Abelló Pinzón, Jorge Enrique Torres Pardo, John Jairo  Santana Ramírez  y Luis Felipe Báez Gómez.   

5 El 11  de febrero de 2008. Ver folio 229 a 243 del cuaderno No 1.   

6  Acción  de tutela presentada el 12 de febrero de 2008. Ver folios 229 a 244 del  cuaderno No 1.   

7 Ver  folio 49 del cuaderno No 5.   

8  Folios 55 a 70 del cuaderno No 5.   

9 Las  pretensiones  del  señor  Martín  Emilio  Muñoz  Jiménez  en esta acción de  tutela   eran   entre   otras:  “1-Como  mecanismo  definitivo  …se  le  tutelaran sus derechos fundamentales, 2-Subsidiariamente,  como  mecanismo  transitorio,  para evitar un perjuicio irremediable, se amparen  los  derechos  fundamentales  mencionados,  mientras  la  jurisdicción  laboral  decide  de  fondo la acción ordinaria que oportunamente se instaurara contra la  retensión  arbitraria  de salarios, suspensiones del contrato de trabajo, estas  decisiones  ilegales impuestas por la empresa hoy INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS  S.A.,  3-  Que  se  me  permita  hacer las funciones propias de mi cargo con los  elementos  necesarios  para  desarrollar  las  actividades dentro del puesto que  vengo  desempeñando  en  la  empresa  (…),  y  que  se les ordene pagarme los  salarios  dejados de percibir  (…), además de todas las primas legales y  extralegales  dejadas  de  percibir.  4.  Que  se  le  ordene a la empresa (…)  permitirme  el  ingreso  a  las instalaciones de la compañía mientras ocupe un  cargo  de  directivo  sindical  y  abstenerse de continuar con estas estrategias  atentatorias  contra  el  derecho  de asociación sindical”.      

10 Ver  folios 71 a 83 del cuaderno No 5.   

11 Ver  folios 84 a 83 del cuaderno No 5.   

12 Ver  folios 51 a 54  del cuaderno No 1.   

13 Ver  certificación  14330 expedida por el Coordinador del Grupo de Archivo Sindical,  el 25 de enero de 2008. Folio 1 del cuaderno No 1.   

14 Ver  providencia  proferida  por  el  Inspector  de  Trabajo  y  Seguridad  Social de  Zipaquirá  –Cundinamarca,  el  1°  de  diciembre  de  2006.  Folios  2  y  3, 220 y 221 del cuaderno No 1.   

15 Ver  acta  de  la  Asamblea Nacional de Delegados de SINTRAINDEGA, celebrada el 28 de  enero de 2001. Folios 30 a 32 del cuaderno No 1.   

16 Ver  folios 69 a 81, cuaderno No  1.   

17 Ver  folios 82 a 86 del cuaderno No 1 y 45 a 49 del cuaderno No 7.   

18 Ver  folios 50 a 51 del cuaderno No 7.   

19  Folio 88 del  cuaderno No 1.   

20  Folios 89 a 91, del cuaderno No 1.   

21  Folios 98 a 101 del cuaderno No 1.   

22  Folios 102 a 105 del cuaderno No  1.   

23  Folios   106   a   107   del   cuaderno  No   1.   

24  Reseña del Tribunal, folios 112 a 113 del cuaderno No  1.   

25 Ver  folios 97 a 115 el cuaderno No 5.   

26  Procedimiento  convencional  previsto  en  el  artículo  15  de  la Convención  Colectiva  vigente  para el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2004 al  31 de marzo de 2006. Ver folios 129 a 193 del cuaderno No  1.   

28 Ver  folios 407 a 425 del cuaderno No 5.   

29 Ver  folio 128 del cuaderno No 1.   

30  Folios 55 a 70 del cuaderno No 5.   

31 Ver  folios 124 a 133 del cuaderno No  1.   

32 Ver  folios 124 a 133 del cuaderno No 1.   

33 Ver  Reglamento  Interno  de  Trabajo  de  Empresa  Panamco  S.A.  Folios 35 a 67 del  cuaderno No 1.   

34  Decisiones, ver folios 195 a 218 del cuaderno No  1.   

35 Ver  folios 170 a 174 del cuaderno No  5.   

36 Ver  folios 152 del cuaderno No  9.   

37 Ver  diligencia  de  notificación personal al señor Martín Emilio Muñoz Jiménez,  el 28 de agosto de 2006 folio 68 del cuaderno No 1.   

38  “FLS 82 a 87 ib.”   

39  Folio  3 a 12 del cuaderno No  6.   

40 Ver  oficio  folios  19 a 22 del cuaderno principal y cuentas de cobro del colegio de  dos  de las hijas del actor y registro civiles de 4 de las hijas menores de edad  del accionante.   

41 Ver  folios 29 a 33 y 55 a 64 del cuaderno principal.   

42Por  Acuerdo  03  de  2007,  la  Sala  Plena  de la Corte Constitucional modificó la  integración  de las Salas de Revisión a partir de enero de 2008, por lo que al  Magistrado  Ponente  le  corresponde  decidir  actualmente  en  la  Sala Quinta,  mencionada.   

43 El  artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992, “   PRUEBAS  EN  REVISION DE TUTELAS. Con miras a la protección  inmediata  y  efectiva  del  derecho  fundamental  vulnerado  y  para allegar al  proceso  de  revisión  de  tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado  sustanciador,  si  lo considera conveniente, decretará pruebas. En este evento,  la  Sala  respectiva  podrá ordenar que se suspendan los términos del proceso,  cuando ellos fuere necesario.”   

44 Ver  acta  de  inspección judicial del 6 de noviembre de 2008, folio 40 del cuaderno  principal.   

45 Ver  folios 53 y 54 del cuaderno principal.   

46 Ver  acta  de inspección judicial del 19 de noviembre de 2008, folio 40 del cuaderno  principal.    

47 Ver  folio 25 del cuaderno No 7.   

48  Telegrama sin fecha legible, folio 27 del cuaderno No 7.   

49 Ver  folio 24, cuaderno No 7.   

50 Ver  folios 7 al 10, cuaderno  No 7.   

51 Ver  folios 2 y 3 cuaderno  No 7.   

52 Ver  folio 1 cuaderno No 7.   

53 Ver  folios 4 a 6 del cuaderno No 7.   

54 Ver  folios 13 a 23 del cuaderno No 7.   

55 Ver  folio 28 del cuaderno No 7.   

56 Ver  folios 30 a 33 y 35 a 38  del cuaderno No 7.   

57 Ver  folio 34 cuaderno No 7.   

58  Consultar  las  sentencias   C-543  de  1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994,  T-329  de  1996,  T-483  de  1997,  T-008 de 1998, T-567 de 1998, T-458 de 1998,  SU-047  de  1999,  T-1031  de  2001,  SU-622 de 2001, SU-1299 de 2001, SU-159 de  2002,  T-108  de  2003, T-088 de 2003,  T-116 de 2003,  T-201 de 2003,  T-382 de 2003 y T-441 de 2003, entre muchas otras.   

59  Sentencia T-086 de 2007.   

60  Dijo  la  sentencia  C-543  de  1992  al respecto, que:  “(…) nada  obsta  para  que  por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en  dilación  injustificada  en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a  resolver    o    que    observe    con    diligencia    los   térmi­nos     judiciales,    ni  riñe  con  los  preceptos  constitucionales la utilización de  esta  figura  ante  actuaciones  de hecho imputables al funcionario por medio de  las  cuales  se  desconozcan  o  amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco  cuando  la  decisión  pueda  causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí  está  constitucionalmente  autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio  cuyo  efecto,  por  expreso  mandato  de  la Carta es  puramente  temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez  ordinario  competente  (artículos  86  de  la Constitución Política y 8º del  Decreto  2591  de  1991).   En  hipótesis  como  éstas  no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad jurídica  de  los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la  justicia.”       (Las      subrayas      fuera  original).   

61 Ver  entre otras, las sentencias C-800 A de 2002 y T-292 de 2006.   

62 Ver  las  sentencias  C-037 de 1996, que declaró exequible de manera condicionada el  artículo  66 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y C-384 de  2000  en  la que la Corte condicionó la exequibilidad de las normas acusadas, a  que  se  admitiera  la  procedencia de la tutela contra providencias judiciales.  Ver  además,  la  sentencia T-158 de 1993, T-173 de 1993, T- 231 de 1994, T-008  de   1998,  SU-1185  de  2001,  la  SU-159  de  2002  y  T-292  de  2006,  entre  otras.   

63  Sentencia T-231 de 1994.   

64La  expresión  original  de vía de hecho, se sustituyó  en la jurisprudencia  reciente  de  esta Corporación, por la de causales de  procedencia    de   la   tutela   contra   providencias   judiciales,  con el propósito de superar una percepción restringida de esta  figura,  asociada  indebidamente  al  mero  capricho  judicial. En efecto, puede  verse  que  la vía de hecho por consecuencia no puede ser atribuida al capricho  de  la  autoridad judicial. Ver entre otras, las sentencias T-774 de 2004, T-200  de 2004 y C-590 de 2005.   

65 Ver  sentencias   T-441  de  2003,  T-742  de  2002  y  T-606  de  2004,   entre  otras.   

66  Sentencias  C-543  de  1992;   T-567 de 1998; T-511 de 2001; SU-622 de 2001  y  T-108 de 2003, entre otras.   

67  Sentencia T-038 de 1997.   

68  Sentencia T-116 de 2003.    

69  Sentencia T-440 de 2003.   

70  Sentencia T-086 de 2007.   

71  Cfr. Sentencia T-1009 de 2000.   

72  Cfr. Sentencias  SU -1159 de 2003 y  T-578 de 2006.   

73  Cfr.Sentencia T-086 de 2007.   

74  Cfr. Sentencia T-578 de 2006.   

75  Cfr. Sentencia T-086 de 2007.   

76  Cfr. Sentencia T-249 de 2008.   

77  Sentencia T-774 de 2004.   

79  Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.   

80  Sentencia SU-1185 de 2001.   

81 En  la  sentencia T-1031 de 2001, la Corte decidió que la acción de tutela procede  contra  una  providencia  judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes  aplicables  al  caso  o  cuando “su discrecionalidad  interpretativa  se  desborda  en  perjuicio de los derechos fundamentales de los  asociados”.  Puede  verse  además  la sentencia T-  1285 de 2005 y la sentencia T-567 de 1998.   

82  Sentencia T-292 de 2006.   

83  Sentencias  SU-1184  de 2001; T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001. También la  T-047  de  2005. En estos casos, si bien el  juez de la causa es quien fija  el  alcance a la norma que aplica, no puede hacerlo en oposición a los valores,  principios  y  derechos  constitucionales,  de  manera que, debiendo seleccionar  entre  dos  o  más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que  se ajuste a la Carta.   

84  Sentencia T-114 de 2002. Sentencia T- 1285 de 2005.   

85 Ver  la  sentencia  T-292  de  2006.  También  las sentencias SU-640 de 1998 y   T-462 de 2003.   

86  Sentencia  T-  1285  de  2005.  En la sentencia T-193 de 1995, esta Corporación  señaló:  “Es razonable exigir, en aras del principio  de  igualdad  en  la  aplicación  de  la ley, que los jueces y funcionarios que  consideren  autónomamente  que  deben  apartarse  de  la línea jurisprudencial  trazada  por  las  altas  cortes,  que lo hagan, pero siempre que justifiquen de  manera  suficiente  y  adecuada  su  decisión, pues, de lo contrario, estarían  infringiendo  el  principio  de  igualdad (CP Art.13). A través de los recursos  que  se  contemplan  en  cada  jurisdicción,  normalmente puede ventilarse este  evento  de  infracción  a  la Constitución”. Sobre  este   tema,   también   puede   consultarse    la  sentencia  T  -949  de  2003.   

87  Sobre  el tema pueden consultarse además las sentencias SU-1184 de 2001; T-1625  de 2000; T-522 de 2001;  T-047 de 2005.   

88  Sentencia SU-159 de 2002.   

89  Sentencia T-442 de 1994.     

90  Ibídem.   

91  Sentencia T-442 de 1994.     

92  Sentencia SU-159 de 2002.   

93  Sentencia T-774 de 2004.   

94  Sentencia SU-1185 de 2001.   

95  Sentencias  T-462  de  2003  y  T-441  de  2003  y  T-047  de 2005, entre otras.   

96 Ver  entre  otras  las  Sentencias  SU-014  de  2001;  T-407 de 2001; T-1180 de 2001.             

97  Sentencia T-1285 de 2005.   

98  Cfr.  Sentencia T-1101 de 2005.   

99  Cfr. Sentencia T-929 de 2002.   

100 El  artículo  83  de  la  Carta  reza  lo  siguiente:  “Las  actuaciones  de  los  particulares  y  de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados  de  la  buena  fe,  la  cual  se  presumirá en todas las gestiones que aquellos  adelanten ante  éstas”.   

101  El  artículo  95  de  la  Carta  reza  lo siguiente: “[…] Son deberes de la  persona  y  del  ciudadano,  respetar  los  derechos  ajenos  y no abusar de los  propios” y “colaborar con la administración de justicia.   

102  En  la  sentencia  T-1014  de  1999,  la Corte señaló que la presunción de la  buena  fe  dentro  del  proceso  y  el  respeto  al  juramento, implica a su vez  lealtad, buena fe, veracidad, probidad y seriedad.   

103  Dice  el  artículo  38  citado:  “Actuación  Temeraria.  Cuando,  sin motivo  expresamente  justificado,  la  misma  acción  de  tutela sea presentada por la  misma   persona   o  su  representante  ante  varios  jueces  o  tribunales,  se  rechazarán  o  decidirán  desfavorablemente  todas  las  solicitudes”.  Esta  norma    fue   declarada   exequible   en   la    sentencia  C-054  de  1993.   

104  Sentencia T-009 de 2000.   

105  Sentencia T-362 de 2007.   

106  Sentencia T-184 de 2005.   

107  Sentencia T-433 de 2006.   

108  Ver,  entre otras, las sentencias T-707 de 2003, T- 812 de 2005 y T-433 de 2006.  Sobre  este  punto  se  recuerda  que  en  la parte inicial del artículo 38 del  Decreto  2591  de  1991, se hace énfasis en la posibilidad de justificación de  la interposición de varias acciones de tutela.   

109  Ver  las  sentencias  T-080 de 1998,  T-502 de 2003, T-1134 de 2005 y T-706  de 2006,  entre otras.   

110  Folios 55 a 70 del cuaderno No 5.   

111  Cfr. Sentencia C-385 de 2000.   

112  Cfr. Sentencia T-789 de 2001.   

113  Cfr. Sentencia C-240 de 2005.   

114  Cfr. Sentencia C-240 de 2005.   

115  Cfr. Sentencia T-330 de 2005.   

116  Artículo  405.- Modificado  por                  el                  Decreto 204 de  1957,  Artículo  1o.  Definición.  Se  denomina  fuero  sindical  la  garantía  de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos,  ni   desmejorados  en  sus  condiciones  de  trabajo,  ni  trasladados  a  otros  establecimientos  de  la  misma  empresa  o  a  un municipio distinto, sin justa  causa,   previamente  calificada  por  el  juez  de  trabajo.  (Nota:  Declarado  exequible  por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia  C-201  del  19  de  marzo de  2002).   

117  Cfr. Sentencia T-383 de 2007.   

118  Cfr. Sentencia C-710 de 1996.   

119Artículo   406.   (Modificado  por  la  Ley 584 de 2000,  artículo  12).  Trabajadores  amparados  por el fuero sindical.  //Están  amparados  por el fuero sindical: //a) Los fundadores de un sindicato,  desde  el  día  de  su  constitución  hasta  dos  (2)  meses  después  de  la  inscripción  en  el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses; // b) Los  trabajadores  que,  con  anterioridad a la inscripción en el registro sindical,  ingresen  al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para  los  fundadores;//c)  Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo  sindicato,  federación  o  confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5)  principales  y  cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités seccionales,  sin  pasar  de un (1) principal y un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo  por  el  tiempo  que dure el mandato y seis (6) meses más; (Nota: Ver Sentencia  C-673 de 2008.). //d) Dos  (2)  de  los  miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los  sindicatos,   las  federaciones  o  confederaciones  sindicales,  por  el  mismo  período  de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir  en  una  empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos. //Parágrafo  1°.  Gozan  de  la  garantía  del  fuero  sindical,  en  los términos de este  artículo,   los  servidores  públicos,  exceptuando  aquellos  servidores  que  ejerzan  jurisdicción,  autoridad  civil,  política  o  cargos de dirección o  administración.  // Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales y procesales  la  calidad  del  fuero  sindical  se  demuestra con la copia del certificado de  inscripción  de  la junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la  comunicación al empleador.   

120  Cfr. Sentencia T-330 de 2005.   

121  Cfr. Sentencia T-330 de 2005.   

122  Artículo 118B. (Adicionado  por        la       Ley 712 de 2001,      artículo     50).   Parte  Sindical.  La  organización  Sindical  de  la  cual  emane el fuero que sirva de fundamento a la acción, por  conducto  de su representante legal podrá  intervenir  en  los  procesos  de  fuero  sindical así: (…) 1.  Instaurando  la  acción  por delegación del trabajador. // 2. De toda demanda,  instaurada  por  el  empleador  o  por  el  trabajador  aforado,  deberá  serle  notificado  el auto admisorio por el medio que el Juez  considere   más   expedito  y  eficaz  para  que  coadyuve  al  aforado  si  lo  considera.    //   Podrá  efectuar  los  actos  procesales  permitidos  para  el  trabajador  aforado, salvo la disposición del  derecho  en  litigio. [Nota: Los apartes resaltados en  negrilla  fueron  declarados  exequibles  por  la  Corte  Constitucional  en  la  Sentencia                         C-240  del  15  de  marzo de  2005.  En  la  misma  Providencia  se declaró exequible  condicionalmente el aparte resaltado en negrilla y subrayado]   

123  Cfr. Sentencia C-240 de 2005.   

124  Cfr. Sentencia M.P. Alejandro Martínez Caballero.   

125  En  esa  oportunidad  la  Corte  conoció de una demanda de inconstitucionalidad  parcial   en  contra  del  artículo  50 de la Ley 712 de 2001, mediante el  cual  se  introdujo  una  disposición  nueva con el número  118B del  C.P.T.  y  de la Seguridad Social. A juicio del actor, el artículo 50 de la Ley  712  de  2001,  en  cuanto  no  hacía  imperativa sino meramente potestativa la  intervención  de la organización sindical, por conducto de su representante en  los   procesos   de   fuero   sindical,   al   usar  el  apelativo  podrá,   desconocía   la   garantía  constitucional  del  artículo  39  superior.  En efecto, para el demandante, el  tratamiento  dado  por  la  norma  al  sindicato, – de coadyuvante  y no de  parte-  excluía  la notificación personal del auto admisorio de la demandan al  representante  legal  de la asociación sindical, como lo ordena el artículo 41  del  mismo  código.   La Corte además en cuanto a que la vinculación del  sindicato  debía  hacerse por el medio más expedito posible, sostuvo que, para  que  la  norma no quedara vacía de contenido, debía dársele la oportunidad al  sindicato  de  intervenir  como  parte.  Por  las anteriores consideraciones, la  Corte  declaró la constitucionalidad de las expresiones “podrá” del inciso  primero  del  artículo  118  B  del  C.P.T., así como el numeral 3º del mismo  artículo.  La  expresión “por el medio que el juez considere más expedito y  eficaz  para  que  coadyuve  al  aforado  si  así  lo considera”, se declaró  exequible  en el entendido de que la notificación de dicho auto debe realizarse  en la misma oportunidad procesal en que se notifique al demandado.   

126  Cfr. Sentencia C-240 de 2005.   

127  Cfr. Demanda de tutela.   

128  Sentencia SU-159 de 2002.   

129  El  principio  de  in dubio pro operario según sentencia de abril 28 de 1983 de  la  C.S.J.  se aplica a las situaciones en las que existe conflicto o duda sobre  la  aplicación  de  normas  vigentes  de  trabajo, pero “no tiene aplicación  entre  nosotros en materia probatoria y no puede ser utilizado para suplir (…)  las   omisiones    o  deficiencias  que  puedan  presentarse  en  el  campo  probatorio”.   

130  Auto  del  9  de  marzo  de  2007  proferido  por el Juzgado Segundo Laboral del  Circuito de Bogotá    

132  Cfr. Sentencia T-929 de 2002.   

133  Artículo  145  CST.-Aplicación analógica. A falta de disposiciones especiales  en  el  procedimiento  del  trabajo,  se aplicarán las normas análogas de este  decreto,  y,  en  su defecto, las del Código judicial (Código de Procedimiento  Civil).   

134  Artículo       140-Modificado      por      el      Decreto 2282 de  1989,    Artículo    1.   núm.   80.   Causales   de  nulidad. El proceso es nulo  en  todo  o en parte, solamente en los siguientes casos: //1. Cuando corresponda  a  distinta  jurisdicción.  //2.  Cuando  el  juez  carece de competencia. //3.  Cuando  el  juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un  proceso   legalmente   concluido   o   pretermite  íntegramente  la  respectiva  instancia.  //4.  Cuando  la  demanda  se  tramite  por proceso diferente al que  corresponde.  //5.  Cuando  se  adelanta  después de ocurrida cualquiera de las  causales  legales  de  interrupción  o  de  suspensión, o si en estos casos se  reanuda  antes  de  la oportunidad debida. //6. Cuando se omiten los términos u  oportunidades  para  pedir  o  practicar  pruebas  o  para  formular alegatos de  conclusión.   //7.  Cuando  es  indebida  la  representación  de  las  partes.  Tratándose  de  apoderados  judiciales  esta  causal  sólo se configurará por  carencia   total   de  poder  para  el  respectivo  proceso.  //8.  Cuando  no se practica en legal forma la notificación al demandado  o  a  su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del  auto  que  admite  la  demanda  o  del mandamiento ejecutivo, o su corrección o  adición.  //9.  Cuando no se practica en legal forma  la  notificación  a  personas  determinadas,  o  el emplazamiento de las demás  personas  aunque  sean  indeterminadas,  que deban ser citadas como partes, o de  aquellas  de  deban  suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la  ley  así  lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los  casos  de  ley. //Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de  notificar  una  providencia  distinta de la que admite la demanda, el defecto se  corregirá  practicando  la notificación omitida, pero será nula la actuación  posterior  que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó  de   notificar   haya   actuado   sin   proponerla.   //Parágrafo.-Las  demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas,  si  no  se  impugnan  oportunamente  por  medio de los recursos que este Código  establece.  (Subrayas fuera del original).   

135  Artículo 144 C.P.C. […] “No podrán sanearse las  nulidades   de  que  tratan  las  nulidades  3 y 4 del artículo 140, ni la  proveniente     de     falta     de     jurisdicción     o    de    competencia  funcional”.   

136  Artículo      145.     C.P.C.     –Modificado        por        el        Decreto 2282 de  1989,  Artículo 1. Num. 85. Declaración oficiosa de la  nulidad.   En  cualquier  estado  del  proceso  antes  de  dictar  sentencia,  el juez deberá declarar de  oficio las nulidades insaneables que observe. […]”   

137  Folio  24,  cuaderno No 7. La notificación personal se surtió el 17 de marzo e  2005.   

138  Folio  85, cuaderno No 2 de pruebas. Dijo el apoderado: “Sometida a reparto la  mencionada  demanda  le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del  Circuito  de  Bogotá,  quien  adelantó  los  trámites excepto tardíamente la  notificación a la organización sindical SINTRAINDEGA”.   

139  Folio 2, Cuaderno 7.   

140  Folio  25  cuaderno  7.  La  notificación  surtida  por  el Despacho se hizo en  general  al  señor  Martín Emilio Muñoz. No se especificó en calidad de qué  se  notificaba,  por  lo  que  en  principio  la  idea  de  que la notificación   

141  Folio 27, cuaderno 7.   

142  Podría  pensarse  que  se trató de una notificación por conducta concluyente,  que  es  una  forma  subsidiaria de notificación, que de configurarse, suple la  carencia  de  una  notificación  personal  efectiva.  En  materia  laboral esta  existe,  conforme  al Art. 41 C.P.T. y puede resumirse así: en  el caso de  que  la  notificación principal, es decir la personal, no se pudo llevar a cabo  o  se  adelantó  de  manera  irregular,  pero la persona sobre quien recaen los  efectos  de  la decisión o su defensor, no actuaron en su momento pero lo hacen  en  diligencias  posteriores  o interponen recursos o se refieren al texto de la  providencia  en  sus escritos o alegatos verbales, el legislador entiende que en  ese  caso  la  persona  tuvo conocimiento de la decisión”. En tal sentido, la  Sala  Civil  de  la  Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 16 de Octubre de  1987  consideró:  “La  notificación  por conducta concluyente establecida de  modo  general  en  el  artículo  330  del  C.  de P.C. emerge, por esencia, del  conocimiento  de  la  providencia  que  se le debe notificar a una parte, porque  está  así  lo  ha manifestado de manera expresa, verbalmente o por escrito, de  modo  tal  que  por  aplicación  del  principio  de economía procesal, resulte  superfluo  acudir  a  otros  medios  de notificación previstos en la ley”. En  este  caso  la notificación en esta forma sería discutible porque no se dieron  pronunciamientos  “del sindicato” en el proceso. El debate seguiría girando  sobre  la  identidad  personal  del  líder  sindical y del trabajador, y si sus  pronunciamientos procesales afectan al sindicato.   

143  Folio 2, Cuaderno 7.   

144  Folio 68, cuaderno 1.   

145  Folio 69, cuaderno No 1.   

146  Ver  las  copias  de  autos  del  Tribunal Superior de Bogotá, aportados por el  Sindicato,  en  donde ante la ausencia de notificación sindical, el Tribunal se  veía  forzado  a  declarar  la  nulidad  procesal  de  todo actuado Cfr. Folios  191  a 216, cuaderno 2.   

147  Folio 87, cuaderno No 1.   

148  Folio 88, Cuaderno 2.   

149  Folio 101, cuaderno 2.   

150  Folio 91, Cuaderno 2.