\u00a0 \u00a0 Sentencia C-463\/04 \u00a0<\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Asociaci\u00f3n en regi\u00f3n administrativa y de planificaci\u00f3n especial \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente D-4932 \u00a0<\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 17 del Acto Legislativo 01 de 2003.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Actor: Ricardo Bola\u00f1os Pe\u00f1alosa \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. JAIME C\u00d3RDOBA TRIVI\u00d1O\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de mayo de dos mil cuatro (2004). \u00a0<\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de tr\u00e1mite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n de inconstitucionalidad, el ciudadano Ricardo Bola\u00f1os Pe\u00f1alosa demand\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo 17 del Acto Legislativo 01 de 2003.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0TEXTO DE LA NORMA ACUSADA\u00a0 \u00a0<\/p>\n
A continuaci\u00f3n se transcribe el texto de la disposici\u00f3n objeto del proceso y se subraya lo acusado:\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u201cACTO LEGISLATIVO 011 \u00a0<\/p>\n
(julio 3 de 2003) \u00a0<\/p>\n
Por el cual se adopta una Reforma Pol\u00edtica Constitucional y se dictan otras disposiciones \u00a0<\/p>\n
El Congreso de Colombia \u00a0<\/p>\n
DECRETA: \u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo 17. Adici\u00f3nese el art\u00edculo 306 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, con el siguiente inciso: \u00a0<\/p>\n
El Distrito Capital de Bogot\u00e1, el Departamento de Cundinamarca y los departamentos contiguos a este podr\u00e1n asociarse en una regi\u00f3n administrativa y de planificaci\u00f3n especial con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda y patrimonio propio cuyo objeto principal ser\u00e1 el desarrollo econ\u00f3mico y social de la respectiva regi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
Las citadas entidades territoriales conservar\u00e1n su identidad pol\u00edtica y territorial.” \u00a0<\/p>\n
III. LA DEMANDA \u00a0<\/p>\n
Sostiene el demandante que el tr\u00e1mite legislativo del precepto acusado desconoci\u00f3 los art\u00edculos 160 y 375 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con los art\u00edculos 221 y 225 de la Ley 5\u00aa de 1992, dado que no fue aprobado en segunda vuelta en la Comisi\u00f3n Primera de la C\u00e1mara de Representantes ni en la plenaria de dicha Corporaci\u00f3n.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En su opini\u00f3n, a\u00fan cuando el contenido del art\u00edculo 17 acusado coincide con el que aparece en el acta aprobada por la Comisi\u00f3n Accidental de Conciliaci\u00f3n, ello no sustituye la obligaci\u00f3n de aprobar en los debates reglamentarios los actos legislativos. \u00a0<\/p>\n
Asegura tambi\u00e9n que la finalidad del Constituyente de 1991 al consagrar la necesidad de 8 debates para reformar la constituci\u00f3n era garantizar que ambas c\u00e1maras que conforman el Congreso de la Rep\u00fablica debatieran el proyecto de acto legislativo que se les pone a consideraci\u00f3n, estableciendo para estos casos la necesidad de ocho (8) debates a diferencia de los cuatro (4) de las leyes ordinarias, puesto que aqu\u00ed lo que se reforma es la Carta Magna.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
A partir del alcance que la Corte Constitucional ha dado a labor de las comisiones de conciliaci\u00f3n considera que la establecida en el tr\u00e1mite del proyecto de acto legislativo que contiene la norma demandada, no ten\u00eda la facultad, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 186 de la Ley 5\u00aa de 1992, de incluir un texto que no fue aprobado ni votado, ni discutido en dos de los 8 debates exigidos por la Constituci\u00f3n, por lo tanto, no pod\u00eda incluir como aconteci\u00f3, el texto demandado pues la funci\u00f3n de estas comisiones es conciliar las discrepancias surgidas de articulados aprobados de manera distinta. \u00a0<\/p>\n
IV. INTERVENCIONES\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En cumplimiento a lo ordenado por los art\u00edculos 242-1 y 244 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con lo dispuesto en los art\u00edculos 7\u00ba y 11 del Decreto 2097 de 1991 en el auto admisorio de la demanda se orden\u00f3 fijar en lista2 la norma acusada por el t\u00e9rmino de diez d\u00edas para que, por duplicado, cualquier ciudadano la impugnara o defendiera. \u00a0<\/p>\n
As\u00ed mismo se dispuso comunicar al Secretario Jur\u00eddico de la Presidencia de la Rep\u00fablica, al Presidente del Congreso, al Ministro del Interior y de Justicia sobre la iniciaci\u00f3n de este proceso de constitucionalidad para que presentaran por escrito, las razones que justifican la constitucionalidad de las normas sometidas a control. \u00a0<\/p>\n
No obstante lo anterior no se present\u00f3 ninguna intervenci\u00f3n.3\u00a0 \u00a0<\/p>\n
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n, solicita a esta Corporaci\u00f3n declarar inexequible el art\u00edculo 17 del Acto Legislativo 01 de 2003.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
VI. PRUEBAS DECRETADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL \u00a0<\/p>\n
Por Auto del 29 de octubre de 2003, el Magistrado Sustanciador admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 trasladar a este proceso los antecedentes del acto legislativo No. 01 de 2003 que reposan en el expediente D-4834 en el cual se demand\u00f3 el mismo art\u00edculo 17 del acto legislativo mencionado.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En cumplimiento a lo ordenado, se remitieron en su integridad los documentos solicitados.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION \u00a0<\/p>\n
1. Competencia \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 241 numeral 4\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Corte es competente para conocer de la presente demanda por estar los preceptos demandados contenidos en una ley de la Rep\u00fablica.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Cosa juzgada constitucional\u00a0 \u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 243 de la Constituci\u00f3n Nacional y 21 del Decreto 2067 \u00a0de 1991, las sentencias de la Corte Constitucional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, esto es, que la decisi\u00f3n plasmada en una providencia de constitucionalidad tiene car\u00e1cter de inmutable, vinculante y definitivo.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En el asunto de la referencia el demandante solicita la inconstitucionalidad del art\u00edculo 17 del acto legislativo 01 de 2003 texto normativo que fue declarado inexequible mediante la Sentencia C-313 de 20044 al haberse constatado por la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n que “el art\u00edculo demandado fue aprobado sin haberse surtido la totalidad de los debates que exige la Carta Pol\u00edtica para que pueda ser reformada por el Congreso”.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
En estas condiciones el texto objeto de la presente demanda en raz\u00f3n de la citada sentencia no es en la actualidad una norma jur\u00eddica, situaci\u00f3n \u00e9sta que obliga a la Corte, en observancia del mandato constitucional del art\u00edculo 243, a estarse a lo resuelto en dicha oportunidad, \u00a0por la existencia de cosa juzgada constitucional.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
VIII. DECISION \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-313 de 2004, en la cual se declar\u00f3 inexequible el art\u00edculo 17 del Acto Legislativo 01 de 2003, por medio del cual se adicionaba el art\u00edculo 306 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese a quien corresponda, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
CLARA IN\u00c9S VARGAS HERN\u00c1NDEZ \u00a0<\/p>\n
Presidenta \u00a0<\/p>\n
JAIME ARAUJO RENTER\u00cdA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MANUEL JOS\u00c9 CEPEDA ESPINOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
JAIME C\u00d3RDOBA TRIVI\u00d1O \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
RODRIGO ESCOBAR GIL \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARCO GERARDO MONROY CABRA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO TAFUR GALVIS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO \u00a0<\/p>\n
Secretario General (e) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 Diario Oficial No. 45.237 del 3 de julio de 2003. \u00a0<\/p>\n
2 Folio 25 del expediente. \u00a0<\/p>\n
3 Folio 26 del expediente. \u00a0<\/p>\n
4 M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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