\u00a0 \u00a0 Sentencia T-1182\/04 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por pago de pensi\u00f3n sustitutiva \u00a0<\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente: T-839125 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela instaurada por Daylard Antonia Hurtado Rosero contra grupo Interno de Trabajo para la gesti\u00f3n del pasivo social de puertos de Colombia. \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. MANUEL JOS\u00c9 CEPEDA ESPINOSA. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil cuatro (2004). \u00a0<\/p>\n
Esta Sala de Revisi\u00f3n advierte que, por tratarse en este caso de una sentencia de reiteraci\u00f3n, proceder\u00e1 a justificar su decisi\u00f3n brevemente, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 35 del Decreto 2591 de 1991.1 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
A pesar de varios requerimientos, a la fecha de la presente tutela, la entidad accionada no ha dado cumplimiento a los fallos judiciales ni ha procedido a la respectiva inclusi\u00f3n en n\u00f3mina, argumentando que existe un orden estricto para el pago de esas acreencias que no puede ser desconocido sin vulnerar el derecho a la igualdad de otros acreedores. \u00a0<\/p>\n
La sentencia de primera instancia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, Sala Civil- Familia neg\u00f3 la tutela porque considerar que existen otros medios alternativos de defensa como son la posibilidad de ejecutar a la Naci\u00f3n y a las entidades p\u00fablicas y la existencia del proceso ejecutivo de que tratan los art\u00edculos 100 y ss. del C.P. de T. Considera adem\u00e1s que la petici\u00f3n elevada por la accionante a la entidad demandada requiriendo el cumplimiento de las sentencias, fue respondida mediante oficio GPSPC-CP 004607. Este fallo fue confirmado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 7 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. CONSIDERACIONES. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
El objeto de la presente acci\u00f3n de tutela era determinar en este caso, si el incumplimiento de sentencias judiciales por parte de una entidad estatal vulneraba los derechos fundamentales de una persona que tiene a su favor dos fallos judiciales que ordenan el pago de su pensi\u00f3n de sobreviviente.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Sin embargo, mediante escrito enviado el 25 de octubre de 2004, el Grupo Interno de Trabajo, Gesti\u00f3n Pasivo Social Puertos de Colombia, \u00c1rea de Pensiones, informa que \u201cde acuerdo con el reporte de n\u00f3mina de pensionados de Puertos de Colombia, la se\u00f1ora DAYLARD ANTONIA HURTADO ROSERO y sus hijos se encuentran incluidos en la misma desde el mes de mayo de 2004\u201d y reciben una mesada pensional de $3.147.947,00 pesos. Esta circunstancia hace que el presente pronunciamiento carezca, a la fecha, de objeto, por lo cual habr\u00e1 de declararse que el hecho alegado como generador de la vulneraci\u00f3n de derechos ha sido superado. \u00a0<\/p>\n
No entra la Sala, dadas las especificidades del caso, a se\u00f1alar si el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, deb\u00eda ser o no confirmado. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero. Declarar la carencia actual de objeto. \u00a0<\/p>\n
Segundo.- Levantar los t\u00e9rminos suspendidos mediante auto de 1 de abril de 2004. \u00a0<\/p>\n
Tercero.- Por Secretar\u00eda l\u00edbrese la comunicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
MANUEL JOS\u00c9 CEPEDA ESPINOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado\u00a0 \u00a0<\/p>\n
JAIME C\u00d3RDOBA TRIVI\u00d1O \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
RODRIGO ESCOBAR GIL \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria General \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 El Decreto 2591 de 1991, art\u00edculo 35 dice as\u00ed: \u201cDecisiones de revisi\u00f3n. Las decisiones de revisi\u00f3n que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deber\u00e1n ser motivadas. Las dem\u00e1s podr\u00e1n ser brevemente justificadas.\u201d \u00a0<\/p>\n
3 La Corte Constitucional, mediante sentencia T-467 de 1998, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, revoc\u00f3 la tutela concedida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al considerar que la suspensi\u00f3n del pago de las mesadas pensionales ten\u00eda como fundamento la necesidad de despejar las dudas sobre el posible reconocimiento fraudulento de la pensi\u00f3n de Eduardo S\u00e1nchez Henao, causante y esposo de Daylard Antonia Hurtado, por falta de comprobantes sobre tiempo de trabajo, por lo cual no hab\u00eda habido violaci\u00f3n del debido proceso. Este asunto fue resuelto favorablemente para la actora Daylard Antonia Hurtado, mediante la sentencia del 9 de julio de 2002, del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Buenaventura, en la cual se comprueba el cumplimiento de todos los requisitos para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez.\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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