T-433-92<\/p>\n
Sentencia No. T-433\/92 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia\/CADUCIDAD\/ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS <\/p>\n
Consiste la caducidad en el fen\u00f3meno procesal de declarar extinguida la acci\u00f3n por no incoarse ante la jurisdicci\u00f3n competente dentro del t\u00e9rmino perentorio establecido por el ordenamiento jur\u00eddico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acci\u00f3n. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden p\u00fablico, lo cual s\u00ed ocurre en trat\u00e1ndose de la prescripci\u00f3n civil, medio \u00e9ste de extinguir las acciones de esta clase. La caducidad viene a erigirse en factor de incompetencia para esta Corte, pues, demostrada su existencia, no le es dable a ella avocar el conocimiento del negocio. <\/p>\n
SALA DE REVISION No. 6 <\/p>\n
Ref.: Proceso de tutela No. 998 <\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela contra omisiones del Juzgado Penal Municipal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., en el proceso de estafa adelantado contra el demandante. <\/p>\n
<\/p>\n
Tema: Caducidad de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Demandante: <\/p>\n
Magistrados: <\/p>\n
DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ <\/p>\n
Ponente <\/p>\n
DR. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN <\/p>\n
DR. CIRO ANGARITA BARON. <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). <\/p>\n
La Sala de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Sim\u00f3n Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, Jaime San\u00edn Greiffenstein y Ciro Angarita Bar\u00f3n, entra al examen de la acci\u00f3n de tutela que ha llegado a su conocimiento y que fue decidida en sentencia dictada por el Juzgado 33 Penal Municipal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
Con fundamento en los art\u00edculos 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 33 del Decreto 2591 de l991, la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional escogi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Con base en el art\u00edculo 34 del Decreto 2591 de l991, la Sala de Revisi\u00f3n No. 6 de la Corte entra a dictar la sentencia correspondiente. <\/p>\n
A. HECHOS DE LA DEMANDA. <\/p>\n
Se fundamenta la demanda de tutela presentada ante el Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en los siguientes hechos: <\/p>\n
Encontr\u00e1ndose Eduardo Daza Ru\u00edz a \u00f3rdenes del Juzgado 48 de Instrucci\u00f3n Criminal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, el Juzgado 18 Penal Municipal de esta capital lo llam\u00f3 a rendir indagatoria por el delito de estafa, a reconocimiento en fila y lo notific\u00f3 de que deb\u00eda pagar una cauci\u00f3n prendaria de tres salarios m\u00ednimos, los cuales se cancelaron oportunamente. <\/p>\n
Manifiesta que no es culpable del delito que se le endilga porque al practic\u00e1rsele el examen grafol\u00f3gico, no se le comprob\u00f3 la autor\u00eda de los manuscritos. Refiere que ha enviado memoriales al juzgado, sin tener contestaci\u00f3n alguna desde que la oficina jur\u00eddica de la C\u00e1rcel Modelo ofici\u00f3 a dicho Juzgado, solicit\u00e1ndole si lo requer\u00eda. Desde ese momento, no se le ha notificado nada, motivo por el cual se vi\u00f3 en la necesidad de pedir informaci\u00f3n a la C\u00e1rcel sobre su hoja de vida, apareci\u00e9ndole condena por el Juzgado 18 Penal Municipal de esta ciudad por el delito de estafa. <\/p>\n
B. DERECHOS VULNERADOS. <\/p>\n
El demandante expresa que se le ha desconocido el Derecho a la Defensa. <\/p>\n
C. PETICIONES DE LA DEMANDA. <\/p>\n
Solicita Eduardo Daza Ru\u00edz que le sean corregidas las omisiones cometidas por el Juzgado 18 Penal Municipal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, conocedor de la investigaci\u00f3n por el delito de estafa. <\/p>\n
D. DECISIONES. <\/p>\n
1. Previamente, auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Penal) de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, de 13 de febrero de l.992. <\/p>\n
En primer lugar la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, se abstuvo de conocer la acci\u00f3n de tutela promovida por Eduardo Daza Ru\u00edz, por no tener competencia para ello. <\/p>\n
Los siguientes fueron los argumentos que tuvo dicha Sala al efecto: <\/p>\n
Aduce el Tribunal que “el legislador no dej\u00f3 al capricho de los promotores la escogencia del funcionario que deba ocuparse de resolver sobre la acci\u00f3n de tutela, instrumento que como se sabe no constituye una instancia m\u00e1s, sino un mecanismo que se le ofrece a toda persona para que pueda reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o cualquier particular en determinados casos”. <\/p>\n
De igual forma se pronunci\u00f3 la H. Corte Suprema de Justicia en providencia de 11 de diciembre de l991, en caso similar. <\/p>\n
Sostiene el Tribunal que si bien el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de l991, precept\u00faa que “son competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaron la presentaci\u00f3n de la solicitud; empero, en virtud del principio de la especialidad priva la observancia del citado art\u00edculo 40 ib\u00eddem, norma que propende porque sea el inmediato superior jer\u00e1rquico del funcionario o juez, ya sea unipersonal o colegiado que dict\u00f3 la providencia, el que conozca de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Quiere esto decir, que es el Juez del Circuito en lo Penal a quien corresponde conocer de la referida acci\u00f3n de tutela, de acuerdo con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de l991, ya que el Juzgado Penal Municipal de esta capital fu\u00e9 quien dict\u00f3 sentencia condenatoria por el delito de estafa. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 en consecuencia al Juez Penal del Circuito (reparto) la acci\u00f3n de tutela de Eduardo Daza Ru\u00edz, mediante oficio n\u00famero 489 del d\u00eda 14 de febrero de l992 y le correspondi\u00f3 al Juez 33. <\/p>\n
2. Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. Proveido de 20 de febrero de l992. <\/p>\n
1. Dice que el actor fu\u00e9 condenado a la pena de 16 meses de prisi\u00f3n por el Juzgado 18 Penal Municipal de esta misma ciudad, mediante sentencia del d\u00eda 23 de octubre l991. <\/p>\n
2. La Sentencia se notific\u00f3 personalmente a las partes el d\u00eda 28 de los mismos mes y a\u00f1o. <\/p>\n
3. La sentencia fu\u00e9 publicada por edicto en la Secretar\u00eda del Juzgado, por el t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
4. El d\u00eda 30 de octubre del mismo a\u00f1o se desfij\u00f3 el edicto, lo que quiere decir, seg\u00fan el Juzgado, que la providencia qued\u00f3 debidamente ejecutoriada y en consecuencia dicha providencia hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
5. El d\u00eda 6 de febrero de l992, el condenado Eduardo Daza Ru\u00edz, presenta ante el H. Tribunal Superior de esta capital, la acci\u00f3n de tutela para que se le restablezcan sus derechos vulnerados, los cuales le han producido graves perjuicios. <\/p>\n
6. De acuerdo con el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de l991, se concluye que la presente acci\u00f3n de tutela fu\u00e9 presentada contra una providencia que pone f\u00edn a un proceso como lo es la sentencia condenatoria. <\/p>\n
7. La sentencia a que se refiere el Juzgado en comento habr\u00e1 quedado ejecutoriada hac\u00eda m\u00e1s de tres (3) meses, luego la acci\u00f3n incoada ha caducado a t\u00e9rminos del art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de l991 y por lo tanto, se abstiene de conocer dicha acci\u00f3n. <\/p>\n
E. CADUCIDAD DE LA PRESENTE ACCION DE TUTELA. <\/p>\n
1. Consiste la caducidad en el fen\u00f3meno procesal de declarar extinguida la acci\u00f3n por no incoarse ante la jurisdicci\u00f3n competente dentro del t\u00e9rmino perentorio establecido por el ordenamiento jur\u00eddico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acci\u00f3n. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden p\u00fablico, lo cual s\u00ed ocurre en trat\u00e1ndose de la prescripci\u00f3n civil, medio \u00e9ste de extinguir las acciones de esta clase. <\/p>\n
En fin de cuentas la caducidad viene a erigirse en factor de incompetencia para esta Corte, pues, demostrada su existencia, no le es dable a ella avocar el conocimiento del negocio. <\/p>\n
2. Previene el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 que “la acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducar\u00e1 a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente”. <\/p>\n
3. En la providencia del Juez 33 Penal del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 se da cuenta de que “al folio 143 del cuaderno principal, aparece la providencia por medio de la cual el Juzgado 18 Penal Municipal de esta capital conden\u00f3 a Eduardo Daza Ru\u00edz a la pena principal de dieciseis meses de prisi\u00f3n en octubre 23 de 1991; en 28 del mismo mes y a\u00f1o se notific\u00f3 personalmente a las partes, es decir al Ministerio P\u00fablico y se public\u00f3 edicto que permaneci\u00f3 fijado en lugar p\u00fablico de la Secretar\u00eda por el t\u00e9rmino legal, siendo desfijado el 30 de octubre del mismo a\u00f1o, es decir que la providencia qued\u00f3 debidamente ejecutoriada, dicha providencia ya hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada…” … “…se concluye que la presente acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 contra una providencia que pone fin a un proceso, como lo es la sentencia condenatoria…”, todo lo cual indica que para la fecha en que se introdujo la acci\u00f3n ante el Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. el 6 de febrero de 1992, se hab\u00eda producido la caducidad de los dos meses de que trata el mencionado art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Ello conduce inevitablemente a que esta Corte confirme la sentencia del susodicho Juzgado 33 Penal del Circuito que se pronunci\u00f3 en el mismo sentido y as\u00ed se resolver\u00e1. <\/p>\n
3. Habr\u00e1 pr\u00f3ximamente por esta Corporaci\u00f3n de adelantarse el examen de la procedencia o no de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias ejecutoriadas, y para entonces se tomar\u00e1 la decisi\u00f3n que corresponda por su Sala Plena. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Revisi\u00f3n No. 6 de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
FALLA: <\/p>\n
Primero: Conf\u00edrmase la providencia del Juzgado 33 Penal del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. de 20 de febrero de 1992. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese al Juzgado 33 Penal del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., la presente decisi\u00f3n para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de l991. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de que se da cuenta en la presente providencia y env\u00edese copia de esta sentencia. <\/p>\n
COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE <\/p>\n
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
JAIME SANIN GREIFFENSTEIN CIRO ANGARITA BARON <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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