T-076-94<\/p>\n
Sentencia No. T-076\/94 <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta Resoluci\u00f3n <\/p>\n
La nueva Constituci\u00f3n contempla el derecho a obtener “la pronta resoluci\u00f3n” de las peticiones respetuosas ante las autoridades “por motivos de inter\u00e9s general o particular” , aspecto que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental de petici\u00f3n, ya que “sin la posibilidad de exigir una respuesta r\u00e1pida y oportuna carecer\u00eda de efectividad este derecho. <\/p>\n
REF .: Expediente No. 25125 <\/p>\n
PETICIONARIO: EDUARDO CESPEDES ROBAYO. <\/p>\n
TEMA: Derecho de Petici\u00f3n <\/p>\n
PROCEDENCIA: Juzgado Treinta Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA. <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintitres (23) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994). <\/p>\n
La Sala Sexta de Revisi\u00f3n, integrada por los Honorables Magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, previo estudio del Magistrado Ponente, procede a revisar la sentencia que para decidir la acci\u00f3n de la de referencia, fue proferida por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, el d\u00eda diecinueve (19) de Octubre de mil novecientos noventa y tres (1993). <\/p>\n
I. INFORMACION PRELIMINAR <\/p>\n
El Se\u00f1or EDUARDO CESPEDES ROBAYO, impetr\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, prevista en el Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, en contra de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA “E.T.B., “por violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n”. <\/p>\n
A. HECHOS <\/p>\n
Seg\u00fan el peticionario, sirven de fundamento para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, los siguientes hechos: <\/p>\n
1.- “Con fecha Agosto 27 de 1993, dirig\u00ed una petici\u00f3n al Gerente de la EMPRESA DE TELECOMUNICAIONES DE SANTAFE DE BOGOTA “E.T.B”, radicada en la mencionada Empresa con No. 004637, con la misma fecha, hora 3:31 p.m., sin que hasta la fecha, a pesar de indicar la direcci\u00f3n de respuesta, el Gerente de la mencionada Empresa haya dado respuesta a mi petici\u00f3n, desconociendo un derecho que la Constituci\u00f3n consagra a los ciudadanos”. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA OBJETO DE REVISION <\/p>\n
El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, mediante Sentencia de octubre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y tres (1993), resolvi\u00f3 “NEGAR la acci\u00f3n de tutela…” de conformidad con las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1. “…la pronta respuesta de la solicitud elevada a la autoridad, no quiere decir que no hay que respetar los t\u00e9rminos consagrados por la ley para que la administraci\u00f3n resuelva las mismas, pues en desarrollo de este derecho se han dictado las normas que rigen la actuaci\u00f3n de la autoridad frente a las solicitudes de los gobernados, ya sea de inter\u00e9s particular o colectivo.” <\/p>\n
2.”…se observa que el accionante reclam\u00f3 ante la entidad accionada el pago del ajuste pensional adicional, el 27 de Agosto del a\u00f1o en curso, para lo cual dispone \u00e9sta del t\u00e9rmino de tres meses a partir de la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n y transcurrido este t\u00e9rmino sin resoluci\u00f3n alguna se entiende esta negada, por ocurrencia del silencio administrativo negativo, sin que ello quiera decir que desaparezca la obligaci\u00f3n de dicha autoridad de resolver por el n\u00facleo esencial que envuelve esta garant\u00eda constitucional contenido en el art\u00edculo 23 de la Ley de Leyes. De donde resulta que es apresurada la acci\u00f3n intentada por el se\u00f1or C\u00e9spedes Robayo por no haber transcurrido el t\u00e9rmino para que la autoridad decida la solicitud que se le impetra no puede decirse que haya violado el derecho fundamental aqu\u00ed analizado”. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA <\/p>\n
A. LA COMPETENCIA <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto por los Art\u00edculos 86, Inciso tercero y 241, Numeral noveno de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con los Art\u00edculos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar las sentencias que resolvi\u00f3 acerca de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Se procede a la revisi\u00f3n en virtud de la selecci\u00f3n practicada por la Sala correspondiente y del reparto efectuado seg\u00fan lo establecido por el reglamento de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
B. LA MATERIA <\/p>\n
En reiteradas oportunidades esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado sobre hechos similares a los de la tutela aqu\u00ed referenciada, y ha ordenado la contestaci\u00f3n de las solicitudes elevadas ante las distintas Entidades renuentes, por violaci\u00f3n del derecho Fundamental de Petici\u00f3n. As\u00ed podr\u00eda citarse entre otras, las sentencias 244\/93, 284\/93, 286\/93, 287\/93, 315\/93, 353\/93, 357\/93, 386\/93, 408\/93, 475\/93, 461\/93, 514\/93, 518\/93, 581\/93, 583\/93, 584\/93,585\/93, 590\/93. <\/p>\n
En s\u00edntesis, expresan la anteriores providencias que el derecho de petici\u00f3n es “uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado…” ( Sent. No. 12 de 1992, M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo) <\/p>\n
La nueva Constituci\u00f3n contempla el derecho a obtener “la pronta resoluci\u00f3n” de las peticiones respetuosas ante las autoridades “por motivos de inter\u00e9s general o particular” , aspecto que hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental de petici\u00f3n, ya que “sin la posibilidad de exigir una respuesta r\u00e1pida y oportuna carecer\u00eda de efectividad este derecho” y puede “incluso llegar a afirmarse que el derecho fundamental ser\u00eda inocuo si solo se formulara en t\u00e9rminos de poder presentar la respectiva petici\u00f3n. Lo que hace efectivo el derecho es que la petici\u00f3n elevada sea resuelta r\u00e1pidamente”. “Es en la resoluci\u00f3n y no en la formulaci\u00f3n donde este derecho fundamental adquiere toda su dimensi\u00f3n…”. (Sentencia T-426\/92, M.P. Dr. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, y T-495\/92, M.P. Dr.Ciro Angarita Bar\u00f3n). <\/p>\n
La precitada sentencia 495\/92 se\u00f1al\u00f3 las caracter\u00edsticas de la “pronta resoluci\u00f3n”, como que hace efectivo el derecho de petici\u00f3n; \u00fanicamente la ley puede fijar los t\u00e9rminos para que las autoridades resuelvan prontamente las peticiones; significa que el Estado est\u00e1 obligado a resolver la petici\u00f3n, no simplemente a expedir constancias de recibo. La obligaci\u00f3n del Estado no es acceder a la petici\u00f3n, sino resolverla. <\/p>\n
De otra parte, la sentencia 426\/92 se refiri\u00f3 a la figura del “Silencio administrativo” en el sentido de que “no constestar reclamaciones o solicitudes que conlleva a la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno del silencio administrativo (arts 40 a 42 c\u00f3digo contencioso administrativo) no debe entenderse como v\u00eda expedita para el desconocimiento del n\u00facleo esencial del derecho fundamental de petici\u00f3n”. <\/p>\n
Asimismo, en sentencia No. 481\/92 M.P. Dr. Jaime San\u00edn Greiffenstein se dijo: “…el derecho de petici\u00f3n que la Constituci\u00f3n consagra no queda satisfecho con el silencio administrativo que algunas normas disponen, pues esto es apenas un mecanismo que la ley se ingenia para que el adelantamiento de la actuaci\u00f3n sea posible y no sea bloqueada por la administraci\u00f3n…” <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia que, en ejercicio del Derecho Fundamental de Petici\u00f3n, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA “E.T.B.”, deber\u00e1 resolver la reclamaci\u00f3n elevada en el presente asunto dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, si para la fecha de \u00e9sta \u00faltima no ha sido resuelta la solicitud, amparando el Derecho de Petici\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n observa la Sala que en el caso sometido a estudio no existe otro medio de defensa judicial; en tal circunstancia, la v\u00eda expedita para la protecci\u00f3n del derecho fundamental en cuesti\u00f3n es la acci\u00f3n de tutela, mecanismo preferente que hace efectivo el derecho conculcado. <\/p>\n
IV. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por Juzgado Treinta Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, el d\u00eda diecinueve (19) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993). <\/p>\n
Segundo. CONCEDER la tutela impetrada por violaci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n. En tal virtud, se ordena a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA “E.T.B” resolver la petici\u00f3n elevada por el se\u00f1or EDUARDO CESPEDES ROBAYO, en el improrrogable t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, si para la fecha de esta \u00faltima no ha sido resuelta la solicitud. <\/p>\n
Tercero. LIBRENSE por Secretar\u00eda las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MATHA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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