\u00a0 \u00a0 Sentencia T-429\/04 \u00a0<\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por cuanto ISS respondi\u00f3 \u00a0<\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia \u00a0<\/p>\n
Referencia: expediente T-863523 \u00a0<\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela instaurada por Maria Amanda Jaramillo Silva contra el Seguro Social, Seccional Itag\u00fci.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. MANUEL JOS\u00c9 CEPEDA ESPINOSA \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de mayo de dos mil cuatro (2004). \u00a0<\/p>\n
La Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa, Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente \u00a0<\/p>\n
SENTENCIA \u00a0<\/p>\n
Mar\u00eda Amanda Jaramillo Silva, interpuso acci\u00f3n de tutela contra el Seguro Social, Seccional Itag\u00fci el 14 de noviembre de 2003, con el prop\u00f3sito de que se le protegiera su derecho de petici\u00f3n. Se\u00f1ala que no ha recibido respuesta a un recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n interpuesto desde el mes de abril de 2003 contra la resoluci\u00f3n que le neg\u00f3 el reconocimiento de \u201cun retroactivo.\u201d \u00a0<\/p>\n
1. Mediante oficio recibido por el juez de instancia el 1 de diciembre de 2003, el Seguro Social respondi\u00f3 se\u00f1alando que el expediente \u201cfue enviado al funcionario competente para que resuelva el recurso de reposici\u00f3n. Posteriormente el acto administrativo se enviar\u00e1 al Departamento de N\u00f3mina para la fecha y la radicaci\u00f3n, luego pasar\u00e1 al Departamento de Atenci\u00f3n al Pensionado para la firma de la Jefe. Una vez sea devuelto el expediente a este despacho por parte del Departamento de n\u00f3mina, se le estar\u00e1 notificando personalmente lo resuelto. Por lo anterior, comedidamente le solicito nos de un tiempo prudencial para surtir todo este tr\u00e1mite\u201d. \u00a0<\/p>\n
2. La sentencia de instancia, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed neg\u00f3 el amparo solicitado, se\u00f1alando que en este caso no se puede hablar de demora sino de tardanza y sumado a ello, \u201cla accionada \u00a0puede hacer uso del silencio administrativo y por consiguiente alegarlo como sustrato para entender agotada la v\u00eda gubernativa y poder as\u00ed continuar con la acci\u00f3n pertinente que la legislaci\u00f3n contenciosa contempla\u201d. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
Se discute en el presente asunto si la negativa en resolver los recursos interpuestos contra un acto administrativo, genera violaci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n. Seg\u00fan lo tiene dispuesto la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, la v\u00eda gubernativa como mecanismo que tiene el doble car\u00e1cter de control de los actos administrativos y de instrumento obligatorio para acudir a la jurisdicci\u00f3n contenciosa, es una expresi\u00f3n m\u00e1s del derecho de petici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. As\u00ed lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n en Sentencia T-033 de 2002 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), al afirmar: \u201cCuando se interpone un recurso con la finalidad de agotar la v\u00eda gubernativa, la Administraci\u00f3n se convierte en sujeto pasivo del ejercicio del derecho de petici\u00f3n, quedando obligada a dar respuesta oportuna, clara y de fondo a la solicitud formulada\u201d. En consecuencia, si \u00a0la administraci\u00f3n no resuelve un recurso interpuesto contra alguno de sus actos, o lo resuelve por fuera de los t\u00e9rminos que la ley le ha fijado, quebranta el derecho fundamental de petici\u00f3n.\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ahora bien, una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las normas que regulan el ejercicio del derecho de petici\u00f3n en materia de seguridad social en pensiones (C.C.A., Decreto 656 de 1994 y Ley 700 de 2001) ha llevado a la jurisprudencia a sostener que es de quince (15) d\u00edas el plazo con el \u00a0que cuenta la autoridad p\u00fablica para dar respuesta a los peticionarios que han interpuesto un recurso contra una decisi\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite administrativo (SU-975 de 2003, M. P. Manuel Jos\u00e9 Cepeda). \u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, contrario a lo sostenido por la sentencia de instancia, el silencio administrativo negativo no protege el derecho de petici\u00f3n, y por tanto, su ocurrencia hace procedente la acci\u00f3n de tutela.1 Por ello, la sentencia revisada ha debido favorecer las pretensiones de la accionante y conceder la tutela interpuesta por cuanto era clara la violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n y la accionante llevaba 7 meses esperando la respectiva respuesta. \u00a0<\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha enfatizado, que si durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, la vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales desaparece, la tutela pierde su raz\u00f3n de ser, pues bajo esas condiciones no existir\u00eda una orden que impartir ni un perjuicio que evitar2. Dado que en el presente caso la demandante inform\u00f3 que en efecto ya el Seguro Social hab\u00eda proferido resoluci\u00f3n resolviendo lo concerniente al retroactivo por ella solicitado,3 se est\u00e1 frente a un hecho superado, como quiera que la situaci\u00f3n que origin\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela ya desapareci\u00f3. \u00a0<\/p>\n
En consecuencia, la Sala revocar\u00e1 el fallo materia de revisi\u00f3n, pero ante la existencia de un hecho superado, declarar\u00e1 la carencia actual de objeto. Se reitera de esta manera el criterio expuesto por esta misma Sala seg\u00fan el cual, no se puede confirmar un fallo de tutela contrario a la Carta4. \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed. \u00a0<\/p>\n
Segundo.- DECLARAR la carencia actual de objeto, por la raz\u00f3n se\u00f1alada en esta sentencia. \u00a0<\/p>\n
Tercero.- Por Secretar\u00eda l\u00edbrese la comunicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
MANUEL JOS\u00c9 CEPEDA ESPINOSA \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
JAIME C\u00d3RDOBA TRIVI\u00d1O \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
RODRIGO ESCOBAR GIL \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
IV\u00c1N HUMBERTO ESCRUCER\u00cdA MAYOLO \u00a0<\/p>\n
Secretario General (e) \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 Cfr. \u00a0entre otras, \u00a0la sentencia T-788 de 2001, \u00a0M.P. Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o. \u00a0<\/p>\n
2 Sentencias T-608 de 2002, T-552 de 2002, M.P Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa. \u00a0<\/p>\n
3 Folios 27 y 28 del expediente. \u00a0<\/p>\n
4 Sentencia T-271 de 2001. M. P. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa. \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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